Prensa Obrera N° 1523

En medio de un escándalo nacional, el gobierno dice haber retrocedido con el tarifazo retroactivo sobre el gas. Querían transferirle a los usuarios –en cuotas ¡y con intereses!– el aumento del gas que es resultado de la devaluación de la moneda. Pero la medida oficial, ¿ha parado realmente el tarifazo? –Las gasíferas VAN A COBRAR el tarifazo “retroactivo”. Sólo que ahora se lo pagará el Estado. Por lo tanto, lo que no paguemos en la tarifa, lo pagaremos con impuestos al consumo. –El aumento de tarifas –que llega al 50% para los consumos de las familias- queda en pie. Lo vamos a pagar a partir de ahora y se sentirá con toda su fuerza en el próximo invierno. Ello, sin contar los futuros aumentos previstos para el gas… y los que vengan por nuevas devaluaciones. –El gobierno ha anulado, en los hechos, la tarifa social, porque sólo regirá para un mínimo de consumo. Por encima de ello, las familias tendrán que pagar el 100% de la tarifa. Condenan a los más empobrecidos a no calefaccionarse, si no quieren ser saqueados. La mayoría de los supuestos “opositores” ha saludado esta mentirosa “marcha atrás” del gobierno, que deja en pie al tarifazo, y que convalida el régimen de resarcimientos leoninos a las petroleras y gasíferas. La conclusión es clara: el tarifazo debe ser derrotado con la movilización y la lucha de los trabajadores. Impulsemos asambleas populares para organizar el rechazo popular. Que se retrotraigan todos los aumentos de los últimos años. Por la vigencia integral de la tarifa social, sin restricciones al consumo. Que los sindicatos –donde la burocracia mira para otro lado– rechacen los tarifazos, junto al reclamo por la reapertura de las paritarias. El gobierno ha señalado que “no dará marcha atrás”, porque se trata de un compromiso “firmado” con las petroleras. Es el mismo compromiso que tienen con los acreedores de la deuda externa y al FMI. La conclusión es clara: gobiernan para los usureros y para las petroleras, aunque ello implique condenar a la miseria social a la mayoría de los trabajadores. Para salvar los derechos elementales de trabajadores y oprimidos, que se vayan Macri y el régimen confiscatorio de los tarifazos. Por una Asamblea Constituyente libre y soberana, que resuelva la nacionalización integral de los recursos energéticos bajo control de los trabajadores.

La crisis política desatada por el nuevo tarifazo llevó a que el Estado se haga cargo del llamado pago “retroactivo”, como resultado de la devaluación producida entre abril y septiembre. Para resarcir a los pulpos, el gobierno había resuelto recargar 24 cuotas futuras a partir de enero, sobre facturas enormes que ya pagó el usuario. Es un atropello económico y jurídico para salvar los contratos leoninos que han dolarizado el punto de partida de la cadena energética. Pero la decisión de que el Estado banque el retroactivo, deja en pie el resarcimiento a los pulpos y sólo enmascara el golpe al bolsillo de los usuarios. En efecto: lo que no paguemos como tarifa, lo terminaremos costeando a través de los impuestos al consumo. El gobierno cambió al “retroactivo” para salvar al Presupuesto del FMI, que podía llegar a no reunir los votos del Congreso. Pero lo hizo también para salvar al propio tarifazo, que los usuarios tendrán que afrontar en sus próximos consumos. En efecto: el aumento de las boletas llega al 50% para los consumos bajos y medios, y es del 30% para el resto. O sea que, en la estructura interna del tarifazo, los de abajo subsidian a los de arriba, lo que incluye a las empresas y grandes consumidores. En medio de la crisis y padecimientos populares, Macri mantiene en todos los planos una línea de subsidio al capital a expensas de las masas laboriosas. La cosa no termina allí, porque han amputado la tarifa social, que sólo regirá para un consumo máximo de 26 metros cúbicos. El excedente por arriba de ese tope se paga al 100% de la tarifa. No sólo hay que ser casi indigente para ameritar la tarifa social, sino que hay que consumir como tal, aunque la vivienda esté habitada por más de una familia como ocurre habitualmente en los barrios populares. El reclamo de la tarifa social integral se impone para todos los barrios, como una bandera urgente de las organizaciones sociales. Los móviles del robo Tenemos que politizar a fondo la bronca popular. Lo que ha ocurrido expresa las contradicciones violentas de un régimen de entrega del petróleo y el gas, que hunde sus raíces en el pacto YPF-Chevron y del programa “Gas-Plus” del kirchnerismo. Fueron Miguel Galluccio y Axel Kicillof los que empezaron a garantizar en boca de pozo un precio en dólares más alto que el precio internacional, que luego Aranguren diseñó como política general con el llamado “sendero” de aumentos. Hoy ese precio está en 4,68 dólares la unidad calórica y seguirá subiendo, cuando el costo argentino se estima en sólo 2,50 dólares y en Estados Unidos apenas supera los 2 dólares. Además, el gobierno les aseguró a las petroleras que esos precios mantendrán su valor en dólares a lo largo del tiempo. El origen del impresentable pago retroactivo es esta política de subsidios por parte de los consumidores a los monopolios, con el argumento de la inversión y extracción en Vaca Muerta. Pero, en ese caso, los “inversores” no son los capitalistas sino los usuarios, a través de tarifas confiscatorias. El gobierno argumenta también que debe resarcir el “alto costo” de la importación de gas. Lo cierto es que el 70% del gas que se consume en invierno y todo el que se emplea en verano es de producción nacional. Y una parte de lo que importa viene de Bolivia, a un costo que es la mitad de lo que el gobierno pretende pagarle acá a los monopolios petroleros. La gestión de la moneda, que perdió el 50% de su valor, es responsabilidad del Banco Central y del gobierno, no del usuario de gas. Ellos han dolarizado media economía, a excepción de los salarios, por lo que la vida se va tornando insoportable para trabajadores y jubilados. Crisis política La magnitud del atropello y el rechazo popular dispararon otra crisis política en Cambiemos, a la que no son ajenos varios grupos económicos que operan también en la energía y en las obras de gasoductos. La salida que han armado es precaria: puede alterar los nervios del FMI y abrir un “retorno” a los subsidios. La transferencia del “retroactivo” a las arcas del Estado -que compartió la mayoría de la oposición- deja pasar el grueso del tarifazo y no cuestiona al conjunto de la política confiscatoria en beneficio de los grupos petroleros. Por ejemplo, Metrogas cosechó, en 2017, 750 millones de pesos de ganancias y así de corrido todas las distribuidoras, lo que son cifras menores al lado de las beneficios de quienes extraen el gas. El Partido Obrero plantea la apertura de libros, el corte de concesiones, la nacionalización integral de toda la cadena y su puesta bajo control obrero, por un lado. Por otro, el centro de la cuestión no está en las iniciativas judiciales o parlamentarias. Ya Macri vetó la restringida ley de tarifas que aprobó el Parlamento y, por el lado de la Justicia, han dado el golpe palaciego en la Corte con Rosenkrantz a la cabeza, para garantizar la “dolarización asimétrica” de la que somos víctimas. Acompañaremos las iniciativas de todo orden contra el tarifazo, pero el centro debe estar puesto en la organización popular mediante asambleas barriales, cacerolazos o ruidazos, y organizar la rebelión civil de no pago masivo de las boletas. Eso requiere que las organizaciones obreras se pongan también al frente del reclamo como parte del planteo de reapertura de todas las paritarias para duplicar los porcentajes recibidos acorde con la inflación del año. Y en el movimiento piquetero, el frente único por el reclamo de tarifa social integral. La lucha para que se vaya Macri suma otro poderoso motivo. Paro activo nacional y huelga general para derrotarlos y que una Asamblea Constituyente con poder reorganice el país, incluyendo la nacionalización integral de todos los recursos energéticos bajo control obrero.

La distancia que separa los votos del ultraderechista Bolsonaro de los del resto de quienes participaron en el primer turno de las elecciones en Brasil, el pasado domingo, ha funcionado de hecho como un balotaje. Bolsonaro quedó a cuatro puntos de los necesarios para ganar la presidencia de Brasil, con cerca de cincuenta millones de sufragios -una ventaja de 18 millones de votos y dieciocho puntos porcentuales sobre el segundo, el candidato del PT, Fernando Haddad, apoyado por veintinueve millones de electores. Ninguna combinación con las restantes fuerzas políticas que fueron a las urnas podría alterar, dentro de tres semanas, el resultado favorable a la derecha. Para que eso ocurra deberían intervenir factores excepcionales. La disputa en el balotaje La derecha, de todos modos, necesita reforzar el aluvión de la primera vuelta -una disminución significativa de la diferencia de votos produciría un gobierno débil. Bolsonaro ya ha declarado que no tiene la intención de modificar su campaña reaccionaria para acercar votos ajenos, precisamente por la necesidad de establecer un Ejecutivo fuerte que le permita gobernar por encima del Congreso. Haddad, por el contrario, pretende que el resto de los candidatos participen de su campaña electoral, en un Frente Democrático explícito. Con ese propósito se ha reunido incluso con el derechista Alckmin, el primer preferido de la burguesía brasileña antes de cambiar presurosamente hacia Bolsonaro, y con el banquero Meirelles. Mientras el lumpen politicastro Bolsonaro apunta a acentuar su rechazo al viejo orden político, Haddad busca en ese viejo orden un salvavidas. Es difícil, sin embargo, que lo logre, pues nadie ha aceptado hasta ahora subirse a su tribuna, e incluso han demorado el anuncio de intención de voto. El escenario político brasileño se explica por la envergadura colosal de la crisis sistémica del orden social y político de Brasil. El déficit fiscal (en especial el financiero) es del orden del 10% del PBI, alrededor de los 130 mil millones de dólares; la deuda pública supera el ciento por ciento del PBI, más de un billón de dólares; la recesión de la industria ha entrado en su cuarto año; la desocupación más la subocupación alcanza a más de treinta millones de trabajadores; Brasil tiene el índice internacional más alto de víctimas mortales de la delincuencia común; el Ejército interviene en la seguridad de varias ciudades, notablemente en Río de Janeiro. El empeoramiento de las condiciones económicas y financieras internacionales y la guerra financiera y comercial que se ha desatado entre sus principales potencias, amenazan llevar a Brasil a la cesación de pagos. Revanchismo militar El ascenso político de la escoria social de Brasil obedece a varios fenómenos relacionados entre sí. El de mayor relevancia es la bancarrota de la experiencia de Frente Popular, animado por el PT, que gobernó entre 2003 y 2016, en asociación estrecha con el gran capital brasileño e internacional, y con los principales partidos corruptos de la burguesía. Con el planteo de construir “campeones nacionales”, en alusión al desarrollo de compañías brasileñas asociadas a negocios internacionales, se embarcó en un enorme esquema de corrupción y en una ruinosa política de subsidios. El muy difundido apoyo económico a las familias más pobres -una migaja en este festival- pretendió operar como la hoja de parra de los grandes negociados. El segundo factor del giro político ha sido el fracaso miserable del gobierno Temer -fruto del golpe de Estado que derribó al Dilma Rousseff-, en cuanto a superar la crisis económica y crear una referencia política estable desde su seno. Lo que, por último, caracteriza a esta arremetida de la derecha es el operativo del alto mando militar, que ha ido ocupando posiciones estratégicas en el Estado -desde la recuperación del Ministerio de Defensa hasta la intervención militar en Río. El enviado de Ambito Financiero a Brasil ha dado a conocer un detallado informe acerca de la estrategia político-militar desde 2014 (8/10). El diario El País, de España, informa que el comandante en jefe del Ejército ha impuesto a un general de reserva como asesor del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia (5/10) -el equivalente a la Corte Suprema de Argentina. Jair Bolsonaro es el instrumento político del alto mando militar -un golpe de Estado bajo ropaje electoral. El alto mando militar ha logrado reunir bajo su ala a los bloques parlamentarios del ruralismo y de las iglesias evangélicas, que se encuentran mimetizadas en frentes políticos con partidos diversos. Además, ha logrado imponer en el Congreso a unos setenta militares de la reserva. La patronal brasileña, que hace dos décadas aupó a Lula al gobierno, ha desarrollado una campaña de coacción entre los trabajadores, para contrarrestar cualquier propaganda contra Bolsonaro e incluso exigiendo el voto por el derechista a través de comunicaciones internas. Fascismo, crisis, perspectivas Es cierto que el apoyo a Bolsonaro es abrumador en la clases más altas y que el rechazo al derechista es también elevado, según encuesta de Ibope, entre los brasileños que ganan hasta un salario mínimo, aquéllos que apenas cursaron la primaria y la población negra. Es claro, sin embargo, que millones de trabajadores han votado al agente militar abrumados por la crisis económica y por la descomposición de la vida urbana. Brasil no es una excepción en este aspecto; el derrumbe de la izquierda tradicional y de la burocracia sindical produce una atomización de la clase obrera, que pasa a ser presa de la demagogia fascistizante. Según las primeras informaciones, el PT perdió en el ABC industrial de São Paulo y tampoco fueron elegidas sus figuras históricas: Dilma Rousseff y Fernando Pimentel en Minas Gerais, Eduardo Suplicy en São Paulo y Lindberg Farías en Río de Janeiro. No se trata, sin embargo, de una regresión de alcance histórico sino coyuntural, cuya duración dependerá de la evolución de conjunto de la crisis y de sus protagonistas políticos. La tutela militar de un gobierno electo es una operación por demás peligrosa. La crisis económica, bajo el gobierno Bolsonaro, tendrá un alcance mayor que la que ha enfrentado Temer, por el peso de los problemas no resueltos, por un lado, y por la acentuación de la crisis mundial, por el otro. Ni la burguesía brasileña ni el Estado brasileño tienen los recursos propios para lidiar con una crisis de esta envergadura. El corresponsal del Financial Times advierte que “no está claro si el derechista que lidera el segundo turno siquiera será capaz de cumplir con lo que los mercados quieren en el caso de que se convierta en presidente” (LatAm Viva, 5/10). La madre de todas las batallas -la reforma previsional- pondrá a prueba la capacidad de todas las clases en disputa para defender sus intereses y objetivos. En la clase capitalista, y en las fuerzas armadas en especial, una privatización completa de Petrobras o la entrega de la aeronáutica Embraer a Boeing desatarán conflictos agudos. Estas privatizaciones han sido planteadas por el ministro de Economía ‘in pectore’ de Bolsonaro, Julio Guedes, un ex Banco Pactual, para reducir la deuda pública con lo que se recaude. #EleNão Las elecciones han puesto de manifiesto el derrumbe de las organizaciones obreras (petistas), como ya había ocurrido en ocasión del golpe contra Rousseff. Tampoco enfrentaron la reforma laboral y el ajuste llevados adelante por el gobierno Temer. Más allá de su verborragia, no advirtieron que estaba en juego una pelea contra el revanchismo militar y sus grupos de tareas, por eso no convocaron a la acción directa y a la movilización; manejaron las elecciones como un trámite burocrático. Es lo que puso en evidencia el movimiento de mujeres con la movilización, hace diez días, contra Bolsonaro, bajo la consigna #EleNão, que repetirán el 20 de octubre próximo -mientras la CUT, la UES y el MST siguen paralizadas. La política del Frente Democrático con los partidos patronales (que repudian la lucha de calles) y de la resistencia a la derecha por medios institucionales es incompatible con el pueblo en la calle. En el caso de la movilización de mujeres, estamos en presencia de un fenómeno de masas, en el desarrollo de la crisis política presente, que será el hilo conductor de los explotados en las distintas instancias de esta crisis. En esta línea de acción llamamos a los sindicatos obreros y campesinos y a la juventud, a una campaña para convocar a Congresos de delegados electos para discutir una política de lucha de clases contra el candidato fascistizante del aparato militar y su eventual gobierno. Como partido, impulsamos la consigna y los métodos del movimiento de mujeres: #EleNão, a la calle, a la huelga, a la formación de piquetes antifascistas. No apoyamos, por lo tanto, ni a Haddad ni al PT, ni a sus políticas, nos declaramos en oposición a ellas. Adherimos e impulsamos con nuestra política la posición de votar a Haddad contra Bolsonaro -o sea, no con la política del PT sino con la política que esboza el movimiento femenino. Adoptamos esta posición como un método para desarrollar la unidad y la convergencia con el movimiento popular de mujeres, que vuelve a ganar la calle contra el fascismo. Coherencia El Partido Obrero ha desarrollado una política ejemplar en toda esta crisis, desde el juicio político a Rousseff, que caracterizamos como un golpe de Estado (o sea, de todas sus instituciones, especialmente el ejército), no como un golpe parlamentario o palaciego. El balotaje será una culminación provisional de este desarrollo político. En el pasado hemos llamado a votar el PT como un canal de desarrollo potencial de la clase obrera, con claras diferencias políticas con su dirección. En 1995 convocamos a votar solamente a sus candidatos obreros, debido a que Lula inauguraba una política de Frente Popular con un latifundista como vice. De ahí en adelante, dejamos de apoyar electoralmente al PT, porque se había convertido en el instrumento preferente de la burguesía -rechazamos votarlo en 2002. Nuestro llamado actual es enteramente diferente: el PT es el partido de una camarilla en descomposición, no un canal de lucha. Convocamos a votarlo contra Bolsonaro, porque es un puente con las masas que buscan, a pesar del PT, un camino de combate contra el fascismo. Lee también: Primera vuelta: Apoyamos a la lista encabezada por Vera Lúcia

En la primera vuelta, acompañamos a los compañeros de Tribuna Classista, grupo simpatizante de la CRCI, en su llamado a votar las candidaturas obreras independientes encabezadas por la obrera negra Vera Lúcia y secundada en la fórmula por Hertz Dias, profesor y activista del movimiento negro, impulsadas por el PSTU. El escenario en Brasil se caracterizó por la ausencia de una alternativa política de relevancia del lado de los trabajadores. La tendencia mayoritaria de la izquierda se inclinó por un seguidismo al PT, por una política de colaboración de clases y un electoralismo desenfrenado. El caso más emblemático es el del PSOL, que conformó un frente político con el PT y el PC do B-PDT, de contenido burgués. La izquierda se unió en un “Frente Ciudadano”, de programa desarrollista y de rescate y subsidios a la burguesía, que incluyó hasta el PDT de Ciro Gomes. El PSOL dista de ser un factor activo en el impulso y organización de la lucha de clases y de la resistencia a la ofensiva que vino llevando adelante el gobierno de Temer. La primera vuelta electoral, para la cual el PSOL enarboló la candidatura de Boulos (un hombre históricamente próximo a Lula) oficiaba como una “interna” dentro de esta coalición política “amplia” que se terminó enhebrando. La izquierda “radical” que actúa dentro del PSOL se acomodó a esta política, con la ilusión puesta de conquistar, a su sombra, algún concejal o diputado. Esta expectativa se vio totalmente defraudada. El PSOL terminó siendo devorado por el derrumbe del PT, conquistando apenas un 0,6 % de los votos. El planteo de poner a los trabajadores como apéndice de un frente opositor bajo la batuta del PT, en nombre de la batalla contra la derecha, es un camino de derrota y lleva a la clase obrera a un callejón sin salida y a una frustración. La situación política brasilera pone, más que nunca, al rojo vivo la necesidad de una delimitación político-programática del nacionalismo de contenido burgués. El llamado de Tribuna Classista a favor de los candidatos obreros del PSTU fue en nombre y defensa de la independencia política de los trabajadores. Por supuesto, no se nos escapa el carácter marginal de las candidaturas del PSTU ni tampoco las diferencias que nos separan de dicha organización, entre ellas, su abstencionismo y neutralidad frente al desplazamiento de Dilma, que, como lo confirma el derrotero actual, fue la expresión de un avance militar y de una salida de fuerza. El voto a favor de Vera Lúcia se inscribió en la batalla por impulsar una intervención de los trabajadores en la crisis y lograr que la clase obrera emerja como un factor independiente en ella. Lee tambien: [Editorial] Balotaje en Brasil: cómo luchar contra el fascismo

Su concurrencia masiva de unas 7.500 compañeras y compañeros, su carácter callejero frente al Congreso, sus oradores, todos constructores socialistas en el movimiento de masas y, por sobre todo, su contenido, abriendo una ruta a la clase obrera de intervención y de poder político, así como las tareas planteadas al Frente de Izquierda, lo transformaron en un gran acto de lucha política en un escenario nacional marcado por la crisis excepcional del régimen y los esfuerzos de la burguesía por encapsularla en el ajuste fondomonetarista y la perspectiva electoral 2019. El acto tuvo como oradores a Romina Del Plá y Néstor Pitrola, Julián Asiner (presidente de la Fuba) y Alejandro Crespo (secretario general del sindicato del Neumático), y contó en su concurrencia con numerosos referentes del sindicalismo combativo, del movimiento estudiantil, de la lucha de la mujer y del Polo Obrero, partícipes y organizadores de las grandes luchas del período: la marea verde por el aborto legal, la rebelión educativa, los piquetes del clasismo en el paro del 24 y 25 y las jornadas nacionales de lucha contra el hambre. El contenido del acto preparó a la vanguardia obrera para la etapa: la Argentina como emergente de la crisis capitalista mundial, la lucha continental contra Bolsonaro, una posición de clase ante la crisis política de la corrupción, las contradicciones explosivas del nuevo pacto colonial, el método de la huelga general, el rol de la Asamblea Constituyente en el sistema de consignas del Partido Obrero, la oportunidad del FIT en la crisis excepcional y su rol como herramienta de frente único en todos los terrenos de la lucha de clases, la unidad del movimiento estudiantil con el movimiento obrero, la construcción del Plenario Sindical Combativo y la lucha por un Congreso de bases como parte de la lucha por una nueva dirección, la perspectiva de emancipación social en el movimiento de la mujer, la continuidad en la lucha por el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado, el papel del Polo Obrero como líder de un movimiento piquetero independiente de la concertación y el asistencialismo de colaboración de clases, la lucha política contra todas las variantes del peronismo y el kirchnerismo, que política y sindicalmente son un camino de derrota de los trabajadores. Una salida de poder a la crisis “Venimos a plantear que se vaya Macri. Pero no es cualquier ‘Fuera Macri’. Los que no comprendan que esta crisis en Argentina es el emergente de una crisis internacional capitalista, podrán guitarrear mucho sobre el cambio de modelo -como los pejotistas, kirchneristas y centroizquierdistas- pero jamás abrir una salida de los trabajadores a la crisis”, sentenció Pitrola en la apertura del acto. Allí destacó que “en toda América Latina la cuestión del poder se plantea y se replantea porque la crisis mundial se devoró a los gobiernos autodenominados nacionales y populares, se devoró a gobiernos de centroizquierda y ahora a sus sustitutos de derecha”. Denunció el intervencionismo yanqui en el continente y la avanzada militar en Brasil encabezada por el candidato “fascistizante” Jair Bolsonaro, anticipó la forzada polarización y llamó a reforzar la movilización política independiente de la clase obrera contra el gobierno “cívico militar” en ciernes marcando la responsabilidad del PT por su política de desmovilización y alianzas con Temer y el capital financiero. Abordó la causa de los cuadernos y la crisis política desatada al interior de Cambiemos entre Carrió y Garavano que escalaría todo el fin de semana que, “impulsada por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para disputar también aquí los negocios de la patria contratista” ha puesto a “toda la clase capitalista en el banquillo de los acusados” y mentó el espiral de quiebra económica, ahora con endeudamiento a tasas usurarias que paralizan la economía. Pitrola llamó a “desnudar a los falsos nacionales y populares” que rechazan “romper con el FMI y no pagar la deuda externa. Planteo que sólo levanta el Frente de Izquierda”. Y concluyó que “se ha planteado un abismo entre las masas trabajadoras y este régimen” y que “no hay salida más democrática que una huelga general que acabe con el gobierno de Macri y lo reemplace por una Asamblea Popular Constituyente”. Resaltando el método del frente único llamó al FIT a no desperdiciar una oportunidad excepcional e intervenir de inmediato “levantando al FIT como alternativa política con un programa de poder para intervenir en la crisis”. La rebelión universitaria Asiner subió al escenario junto a dirigentes de la UJS-PO en el movimiento estudiantil, y enfatizó en la “unidad estratégica” de este con la clase obrera. Marcó que “el triunfo de la lista independiente encabezada por el PO en Medicina (UBA) fue la mejor respuesta a Feinmann, Macri y el ajuste contra la universidad pública. La ola verde y las tomas en apoyo a los docentes mostraron la potencialidad de una juventud que se rebela frente a los mandatos preestablecidos y el intento del régimen de neutralizar su capacidad de acción”. Y destacó que “la izquierda fue el canal de esta rebelión y no el kirchnerismo, enredado en garantizar la gobernabilidad del macrismo”. La burocracia sindical “Hay una burocracia sindical tambaleando y un sindicalismo combativo que tiene que salir con fuerza para ser la nueva dirección de los trabajadores”, apuntó Crespo en su discurso, llamando a “reagrupar las fuerzas” y destacando en ese sentido el Plenario del Sindicalismo Combativo. Sobre la crisis del triunvirato de la CGT, marcó que es “la crisis de una burocracia sindical que está dispuesta a entregar todo pero que, al mismo tiempo, teme enfrentarse con las tendencias de lucha de los trabajadores de sus gremios”, al tiempo que denunció la política de parálisis del kirchnerismo sindical, cuando la “lucha no es en 2019, es acá y ahora”. Tras plantear el congreso de delegados de base de todas las centrales, Crespo concluyó contundente: “ya se levantaron las mujeres, luego la juventud; ahora se tiene que levantar la clase obrera”. El Presupuesto antiobrero Cerró el acto el discurso vibrante de Romina Del Plá. La diputada y dirigente docente resaltó primero la gran lucha del movimiento de mujeres por el aborto legal seguro y gratuito que la tuvo a la cabeza y señaló que “nuestra propuesta de ir a una Consulta Popular Vinculante tiene la virtud de colocar la continuidad de la lucha de manera inmediata y no posponerla hasta un eventual cambio en la composición del Congreso, que es una vía segura para la desmoralización del movimiento”. A su vez, denunció las conspiraciones clericales junto a Macri y Vidal contra la educación sexual laica y científica, y marcó que “la consigna de separación de la Iglesia del Estado, que siempre formó parte de nuestro programa, va ganando terreno”. Del Plá llamó a reforzar el frente único del activismo combativo y clasista en los sindicatos. Finalmente, señaló que “el Presupuesto 2019 de ajuste “cuenta con el apoyo de los gobernadores y contiene las exigencias del FMI”. Ajuste brutal contra la población “al servicio de garantizar el pago de los intereses de la deuda y de la fuga de capitales”. Tras denunciar a los “falsos opositores” que “reclaman un maquillaje para poder votarlo” -tras haber aprobado 110 leyes al macrismo-, llamó a “rechazar y derrotar en las calles” el Presupuesto, movilizando al Congreso el 24 de octubre y luchando por un paro general para esa fecha. Del Plá dijo “que la propia clase obrera puso en la agenda este año el método de la huelga general en Neuquén con los docentes, con el INTI, con Telam, con la gran huelga docente universitaria, en el Turbio” y llamó a superar a la burocracia sindical para que sea el método de toda la clase obrera para terminar con Macri y todo el régimen del FMI y abrir paso a una Asamblea Constituyente con poder, para reorganizar el país en los términos de los trabajadores y abrir paso a su propio gobierno.

En una sesión especial del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén se aprobó una reforma antijubilatoria para los trabajadores municipales, gracias a los votos aportados por los concejales de Cambiemos y del MPN. El atropello antiobrero se ha consumado en el marco de una brutal represión, que dejó como saldo decenas de trabajadoras y trabajadores heridos. Esto ha motivado el lanzamiento de un paro con movilización de Sitramune (el sindicato de municipales) y de toda la CTA Neuquén para el jueves 11. La reforma La reforma plantea el aumento en tres puntos porcentuales de los aportes personales y un aporte extraordinario de los empleados municipales en cada oportunidad que se eleven los salarios, equivalente al 100% de ese aumento del primer mes para los activos y del 50% para los pasivos. A su vez, habilita a que el Concejo de Administración del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) ejecute nuevos aumentos de los aportes personales. La confiscación salarial que representa la aprobación de esta ordenanza se da cuando los municipales neuquinos han obtenido un aumento salarial del 23%, contra una inflación anual que se proyecta por encima del 45%. El proyecto no establece el pago de la deuda de más de 300 millones de pesos, que el Ejecutivo municipal mantiene con el IMPS, por el no pago de contribuciones patronales. Por eso, durante 2019, la caja previsional seguirá siendo deficitaria. A diferencia del proyecto que Cambiemos presentó en febrero, en la ordenanza aprobada no figura el aumento de la edad jubilatoria para los 700 compañeros ingresados antes de 2006. Es decir que podrán seguir jubilándose con 30 años de aportes, sin edad mínima. Pero, a partir de lo aprobado el miércoles, podrán optar por un régimen de compensación que apunta a evitar la jubilación del compañero, tentándolo con beneficios salariales. También se dejó fuera de la ordenanza votada la habilitación de la venta de los pasivos del IMPS. Que Cambiemos haya debido recular, por el momento, de su plan original, representa una conquista de la lucha que los trabajadores municipales han dado a lo largo de todo este año. Represión y persecución política La sesión sólo pudo realizarse gracias al enorme operativo represivo orquestado por los gobiernos del intendente Horacio Quiroga y del gobernador Omar Gutiérrez. Durante tres horas consecutivas, la policía disparó gases y balas de goma contra los trabajadores movilizados. Primero, en las puertas del Concejo Deliberante, luego en las puertas del Palacio Municipal, una vez que la sesión había terminado. El día previo a la sesión, el intendente Horacio Quiroga y el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Monzani, formalizaron una denuncia penal contra dirigentes de Sitramune, ATE y la concejala del Partido Obrero por el Frente de Izquierda Patricia Jure. La denuncia invoca el artículo 241 del Código Penal, que establece una pena de quince días a seis meses de prisión para “quién perturbe el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos”. Esta nueva ofensiva criminalizadora se anota como parte de una larga saga de persecución a los dirigentes de Sitramune y a las trabajadoras municipales despedidas en 2017. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Represión en Neuquén Entre gases y balas de goma, los bloques de Cambiemos y el MPN aprobaron la reforma jubilatoria que afecta a los empleados municipales. https://loom.ly/AuhtoLg Posted by Prensa Obrera on Wednesday, October 10, 2018 La criminalización contra los dirigentes sindicales y la concejala del PO apunta a aleccionar al conjunto de los trabajadores. La lucha de los municipales tuvo un hito el 27 de septiembre pasado cuando, fruto de la represión desatada por la policía contra la manifestación obrera, se debió suspender la sesión del Concejo en la que se pretendía consumar la reforma antijubilatoria. En aquella jornada, Patricia Jure jugó un papel determinante, defendiendo e impulsando la lucha de los municipales y clarificando ante los trabajadores las maniobras parlamentarias de los bloques mayoritarios. Primeras conclusiones El MPN ha otorgado los votos clave para que sea aprobada la reforma antijubilatoria impulsada por Cambiemos. Eso, luego de haber hecho demagogia con los trabajadores municipales desde febrero. Han repetido lo realizado el 18 diciembre pasado por la diputada Chani Sapag, que votó en favor de la reforma jubilatoria, luego de haber realizado una campaña electoral con eje en el rechazo a esa reforma. Los emepenistas que le aportaron los votos a Cambiemos son del sector más alineado con el gobernador Omar Gutiérrez. Esto debe poner en alerta a docentes y estatales, que siempre tienen bajo amenaza al Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Como adelantaron en numerosas ocasiones, en sus materiales y recorridas, las compañeras y compañeros de Tribuna Municipal y la propia Patricia Jure, los municipales sólo pueden confiar en su propia fuerza. Los rodeos parlamentarios se revelaron como un factor de distracción de la tarea central, que era la organización de los municipales para una lucha a fondo y decidida contra los atropellos de Quiroga. Ahora es necesario organizar la pelea contra la persecución a los compañeros y por una recomposición salarial acorde al aumento del costo de vida.

La pretensión oficial de que el escándalo de los cuadernos sólo actuaría como un ariete contra el viejo elenco de funcionarios kirchneristas se ha derrumbado definitivamente. Con la declarada “pérdida de confianza” de Carrió hacia Macri, el cuaderno-gate ha detonado en el corazón del gobierno. Las valijas de Carrió comenzaron a armarse cuando el ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó la “inconveniencia” de una eventual prisión preventiva a Cristina. Pero se afirmó después de la decisión oficial de apartar a tres altos directivos de la Afip, los cuales investigaban movimientos “extraños” en las cuentas bancarias de IECSA, la empresa que Macri transfirió a su primo Calcaterra en 2008. IECSA se encuentra involucrada en el régimen de coimas perpetrado para la adjudicación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en asociación con el grupo Odebrecht. El gobierno argentino estuvo demorando durante un año las revelaciones de la Justicia brasileña en torno de la participación de empresas argentinas en el Lava jato. Las primeras indagaciones sobre IECSA apuntaban solamente a lo ocurrido después de 2008 -cuando los Macri se habían desprendido de ella. Pero una resolución de Cámara extendió las investigaciones al año 2005, cuando los Macri tenían las dos manos adentro. Mientras tanto, empresarios como Rocca o Mindlin, inicialmente apartados de las citaciones judiciales, comenzaban a desfilar por Comodoro Py. Un comentarista de La Nación tituló certeramente la nueva situación: “A los cuadernos los carga el diablo” (29/9). Encapsular La indulgencia de Garavano hacia Cristina no es un exabrupto, ya que se considera al ministro como el vocero judicial de Marcos Peña y Macri. Algunos atribuyen una decisión oficial de mantener a Cristina Kirchner en libertad a un cálculo político, o sea, favorecer una polarización electoral entre el kirchnerismo y Macri, cargando a la primera con la picota de las acusaciones, pero sin la “victimización” que implica una prisión preventiva. Todo indica, sin embargo, que la indulgencia hacia Cristina sería el mascarón de proa de una operación de mayor alcance, dirigida a contener y a encapsular a las consecuencias del cuaderno-gate en su conjunto. Esto explica, a su vez, el ataque de los kirchneristas a Carrió, en un indisimulado apoyo a Garavano. Se trata de un operativo de rescate de los empresarios de la corrupción K y M. El mismo Garavano confesó recientemente su empeño en “ayudar (sic) a las empresas que durante muchos años participaron de este mecanismo de corrupción, para que puedan reconvertirse (y) sigan con las obras públicas”. Garavano viajó semanas atrás a Estados Unidos con la funcionaria “anticorrupción” Laura Alonso, a convencer a financistas norteamericanos de que el cuaderno-gate no debía interrumpir las decisiones de financiar al programa de Participación Pública Privada (PPP), en un escenario donde las principales empresas locales que aspiran a participar se encuentran involucradas en el régimen de coimas que investiga Bonadio. Desde entonces, el gobierno ha redactado varias disposiciones relacionadas con este indulto a la burguesía contratista: por caso, que los coimeros queden habilitados a licitar a cambio de un régimen de multas, o aquella otra que busca separar a la “persona física” de la “persona jurídica”, para que las investigaciones sobre ciertos personeros o gerentes no interrumpan los negocios capitalistas. Si el derrumbe económico ha colocado en disolución a varias de las principales instituciones del régimen capitalista, como el Banco Central, el sistema de crédito o la moneda nacional, el affaire de los cuadernos ha completado esta labor al paralizar otro de los resortes del presente régimen social -el sistema parasitario de contratos que une a la gran burguesía con las finanzas públicas. Carrió y la Embajada Carrió ha salido a levantar el estandarte de la transparencia y el republicanismo. Pero esa virulencia no se le conoció cuando saltaron las cuentas bancarias de Gustavo Arribas, el jefe de la Side macrista, largamente mencionado en el Lava jato brasileño. Tampoco para denunciar el reciente sobreseimiento del propio Macri en la causa de las pinchaduras telefónicas en la Ciudad. La “moralidad a medida” de Carrió es sólo un ariete del imperialismo, que juega sus propias cartas en el cuaderno-gate argentino. El ya citado comentarista de La Nación asocia esta escalada judicial al “desafío de una renovación total del establishment”, citando a continuación “la presencia de empresas extranjeras husmeando licitaciones”. Como en Brasil, la caída en desgracia de la burguesía contratista es la ocasión para el copamiento de diversos filones de negocios por parte del capital internacional. Esta cuestión, a su turno, está también presente en la mesa donde se discute un defol de la Argentina: no es un secreto que cualquier reestructuración de deuda con una intervención activa del gobierno norteamericano estará asociada a una operación más general de recolonización económica, pero también de penetración política y militar. Ello no sólo implica el desplazamiento de la burguesía nacional, sino un alineamiento más claro de la Argentina en la guerra comercial internacional entre Estados Unidos y China. Por caso, y en los mismos días en que estalló la crisis de los cuadernos, la administración Trump ‘alertó’ sobre la instalación de la base militar china en Neuquén. La bancarrota argentina ha multiplicado estos conflictos: después de haber ‘cerrado’ con el FMI, la administración macrista tramitó un nuevo auxilio de divisas entre China y el Banco Central, asociado con acuerdos comerciales. Cualquier salvavidas de Trump entrará en choque con este tipo de operaciones. La “reconfiguración” de la Argentina capitalista sólo podría operar a través de choques y crisis políticas de envergadura, que se enlazan con la propia crisis mundial. Que se vayan La fractura del gobierno macrista, como se ve, envuelve a todo el andamiaje social, político y judicial que sostuvo, no sólo a Cambiemos, sino a todos los regímenes y gobiernos que en las últimas décadas gobernaron en favor del endeudamiento nacional, del vaciamiento de las finanzas del Estado a favor de la patria contratista, de la explotación y precarización de los trabajadores. En medio de un derrumbe económico sin precedentes, la clase capitalista ha perdido toda autoridad política -e incluso moral- para exigir que los explotados paguen la crisis. En oposición a la tentativa de “recauchutar” al régimen y sus partidos -de Cristina a Techint, de Roggio a Macri- planteamos que se vayan, y que una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder ejecute las medidas elementales para poner fin al régimen corrupto -entre otros, nacionalizar al conjunto de la obra pública bajo control de los trabajadores, la elección de los jueces por el voto popular y el desconocimiento de los pactos económicos y militares con el imperialismo, comenzando por la fraudulenta deuda externa.

El 9 de abril de 1952 comenzaba la revolución obrera más importante de la historia de América Latina. Las masas bolivianas salieron a las calles y asaltaron los cuarteles contra el gobierno de “La Rosca” (un puñado de “barones del estaño” y terratenientes), que había ensayado un autogolpe para no reconocer la victoria del MNR en las elecciones presidenciales de 1951. La insurrección obrera abrió una situación revolucionaria que tomó por sorpresa al MNR, cuando negociaba su rendición en la embajada chilena, luego de que intentara un fracasado golpe militar palaciego. El doble poder El nacionalista Paz Estenssoro, del MNR, volvió de su exilio para asumir la presidencia, pero las milicias obreras “desde el primer día, se presentaron en el Palacio Quemado [la Casa de Gobierno de Bolivia] montando guardia (…) estas turbas manejaban ahora las mejores armas automáticas (...) y estaban dispuestas a mandar.”1 Pocos días después se fundó la Central Obrera Boliviana (COB), que funcionaba como órgano de deliberación y organización de los obreros y sus milicias. Liborio Justo señala que la COB fue, desde su fundación, el poder real y efectivo en Bolivia; la otra autoridad en el Palacio Quemado era una sombra que se mantenía sólo porque la COB le permitía existir bajo su propio control. El propio Lora, dirigente del POR, decía que durante los primeros meses “Paz no era más que un prisionero de la COB”2. Los sindicatos más importantes, sobre todo los mineros, pero también los fabriles y campesinos, tomaron durante un tiempo en sus manos la solución de los problemas vitales en cada lugar y las autoridades, si no eran destituidas, debían someterse a sus decisiones. La movilización obrera y campesina, que había creado sus propios organismos de poder (la COB) y sus milicias, había entregado el gobierno al MNR. Esta situación de doble poder, tal como ocurrió con el febrero ruso de 1917, podía ser la antesala de una segunda revolución que llevara a los trabajadores al poder, pero también de la contrarrevolución. La escisión de la sociedad en dos campos irreconciliables sólo podía ser transitoria. Los primeros meses serán decisivos. La política del POR Antes de las jornadas de abril, la consigna central del Partido Obrero Revolucionario (POR), frente al golpe militar que desconoció las elecciones, era el llamado al frente único al MNR y al stalinismo para luchar por la “constitucionalización inmediata del país mediante la entrega del mando a Paz Estenssoro, para cumplir la voluntad de las masas expresada en las elecciones de mayo de 1951”3. La insurrección obrera de abril rebalsó el alcance inicial de esta consigna creando el doble poder. La entrega del mando a Paz Estenssoro dejaba en manos de la pequeña burguesía nacionalista los frutos de la revolución de abril. En una entrevista a La Verité, el periódico trotskista francés, el 17 de abril de 1952, Lora (exiliado en París al momento de la insurrección), ante la pregunta de si el POR estaba en la vanguardia de la lucha respondió “Sí, y apoya a la fracción de izquierda del nuevo gabinete”.4 A diferencia de Lenin que, en sus “Cartas desde lejos”, enviadas desde su exilio suizo, llamaba a no confiar en el gobierno provisional y preparar las condiciones de una nueva revolución que desplazara al gobierno provisional y llevara a los obreros al poder, la orientación del POR fue la contraria. Apoyar al ala izquierda del gobierno. También apoyó el ingreso de los dirigentes de la COB como ministros del gobierno, en un cogobierno subordinado a la dirección del MNR (Lechín, secretario general de los mineros y de la COB, pasó a ser ministro de Minas y Petróleo). El POR no levantó una posición independiente frente al gobierno del MNR, no reclamó “todo el poder a la COB” ni agitó en favor de medidas prácticas que permitieran a las masas completar su experiencia con el gobierno como la ocupación de las minas. Esta orientación colaboró para que las masas consideraran al gobierno del MNR como propio y le dio a éste el tiempo suficiente para debilitar el doble poder mediante la estatización y burocratización de la COB y, más adelante, la desarticulación de las milicias y la reconstrucción del Ejército. Inicialmente, el POR tuvo una presencia numerosa en el “Ampliado” de la COB, pues sus militantes habían recibido mandatos de delegaciones del interior. Pero esto no era el resultado de una estructuración política propia, pues ésta era muy débil y no se estaba llevando adelante una política de delimitación. Por eso, cuando en octubre del ’52 el POR logra aprobar en un Ampliado una carta abierta al Presidente, rechazando al decreto que nacionalizaba las minas mediante una compensación económica, el MNR logró desplazar a los delegados poristas por propios y revirtió la votación. La maniobra fue llevada adelante por el “ala izquierda” del MNR y contó con la colaboración del stalinismo, que se había reconvertido subordinándose al MNR y ayudándolo a desplazar al POR de sus posiciones sindicales. La campaña contra el POR la justificó Paz Estenssoro en un discurso desde el balcón del Palacio Quemado: “Las acciones de nuestro gobierno están de acuerdo con la etapa histórica en la que se encuentra el pueblo boliviano y, precisamente por eso, no podemos llevar a cabo una revolución social. En consecuencia, aquellos que plantean demandas extremistas están saboteando la Revolución”5. Para mediados de 1953, el POR había perdido la dirección de todos los sindicatos de La Paz y el 50% de los delegados de la COB eran funcionarios de gobierno. La posición de la IV y de las corrientes trotskistas argentinas Como señalamos en la primera nota en el número anterior, el III Congreso de la Cuarta Internacional de agosto de 1951 había orientado al POR al seguidismo al MNR. Después de la Revolución de abril, una resolución del Secretariado Internacional (SI), de noviembre de 1952, ratificando esa orientación, planteaba que el POR debía “continuar evitando aislarse de las masas sobre las que ejerce siempre una fuerte influencia el MNR, y sobre esto no aislarse de la base del ala izquierda de aquél (...) Esta doble preocupación se concretó en el apoyo crítico acordado al gobierno del MNR”6. Es decir, un aval al apoyo al gobierno del MNR con la excusa de que se “apoyaba a su ala izquierda”. Posadas, en vísperas de convertirse formalmente en la dirección del Buró Latinoamericano (BLA), acompañando esta posición, sostenía que el papel de los trotskistas en los países atrasados debía ser apoyar críticamente al estalinismo o al nacionalismo pequeño burgués, quienes llevarían a cabo las tareas revolucionarias. Nahuel Moreno, por su parte, caracterizaba que “las dos alas existentes en el seno del MNR expresan actualmente los intereses del proletariado y la burguesía (...) Exigid la integración del gobierno de Paz Estenssoro con ministros obreros, elegidos y controlados por la Federación de Mineros y la nueva Central Obrera. Exigid a vuestros ministros obreros el fiel y rápido cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB)”7. Es decir, la lucha de clases quedaba encerrada en una disputa dentro del MNR, el partido pequeño burgués nacionalista que estaba estrangulando la revolución. Nada de marcar una orientación independiente. Esta posición de Moreno es la que va a fundamentar al poco tiempo su largo entrismo en el peronismo “bajo la disciplina del general Perón”. La X Conferencia del POR En la X Conferencia del POR, de junio de 1953, se delinean dos corrientes, una subordinada al SI y una fracción liderada por Lora (la Federación Obrera Local -FOL) que se le oponía. La resolución aprobada, a propuesta del FOL, no impuso un verdadero viraje sino que sostuvo que “la tarea inmediata del POR no es gritar ‘abajo el gobierno’ sino exigir que realicen las reivindicaciones fundamentales de la revolución (...) Se podría plantear la eventualidad de un gobierno de coalición del POR y el MNR, que sería una manera de realizar la fórmula ‘gobierno obrero-campesino’ que, a su turno, constituía la etapa transitoria hacia la dictadura del proletariado”. Como señala Pablo Rieznik, “se postula la variante de una ejecución por parte del MNR de las ‘reivindicaciones fundamentales de la revolución’ y de un gobierno obrero-campesino (…) que no emergería como fruto del desplazamiento del poder hacia las organizaciones soviéticas de las masas (…) esto significa que se plantea en los marcos del Estado burgués, lo que constituye la esencia menchevique de la formulación”.8 El resultado fue que la mayoría de la fracción lorista del FOL, liderada por Edwin Moller, el principal dirigente sindical del POR durante el ’52, termina rompiendo en 1954 para llevar a fondo su integración al ala izquierda del MNR. Conclusiones La revolución boliviana deja lecciones. El POR no supo enfrentar las presiones del nacionalismo y se terminó diluyendo políticamente en el ala izquierda del MNR. Su retroceso no fue un problema organizativo sino político. Pero tampoco se puede reducir el balance a la utilización más o menos adecuada de una consigna (“Todo el poder a la COB”, en este caso). Una consigna correcta en un escenario de doble poder es necesaria pero no siempre suficiente. El POR, a pesar de su ascenso en 1947, no había podido lograr una estructuración partidaria basada en una delimitación del nacionalismo pequeño burgués. El fracaso de la revolución boliviana muestra también los límites de los organismos de doble poder de los trabajadores, cuando falta un partido estructurado entre las masas que lo oriente por un rumbo revolucionario. La emancipación de los trabajadores fue y será obra de los trabajadores mismos, a través de sus organismos propios de deliberación y organización, pero con la presencia de un partido revolucionario que los oriente. 1. Ostria Gutiérrez A. (1956): Un pueblo en la cruz. El drama de Bolivia” citado en Liborio Justo (2007), “Bolivia: La revolución derrotada”, Ediciones RyR, Buenos Aires, pág. 247-248. 2. Lora, G. (1964): La Revolución boliviana (Análisis crítico), La Paz, pág. 125. 3. Citado por Sándor John, S. (2016): “El trotskismo boliviano: revolución permanente en el Altiplano”. La Paz: Plural editores, pág. 178. 4. Citado por Sándor John, S. (2016), op. cit. 5. “El pensamiento revolucionario de Paz Estenssoro” (1954), Secretaría Ejecutiva del Comité Político Nacional del M.N.R. 6. Citado por Lora, G. (1978): “Historia del POR. Contribución a la historia política de Bolivia”. Tomo III, Ediciones Isla, La Paz, pág. 38. 7. Frente Proletario (29/5/52). 8. Rieznik, P. (1991): “El POR en la Revolución Boliviana de 1952”, En Defensa del Marxismo” Año 1 N° 2, pp. 93 a 97. Leé también: La Revolución boliviana irrumpe en América Latina y en la IV Internacional (I)

Miles de trabajadoras sindicalizadas, adolescentes, estudiantes, jubiladas, de las barriadas, artistas, llegarán este fin de semana al 33 Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. Tenemos mucho para discutir y decidir. Saludamos a las mujeres brasileñas, las únicas que se lanzaron a las calles contra Jair Bolsonaro para advertir que #Ele Não. Y convocan a una nueva movilización para el 20 de octubre. Ellas le disputan las calles al fascismo y marcan el camino. No ha sido fácil llegar a Chubut: la inflación, los tarifazos, los despidos, el ataque en regla contra el pueblo trabajador se acentúa contra las mujeres, las más precarizadas, las más desocupadas, las primeras despedidas. Para nosotras, se traduce en más penurias y más horas de trabajo diario. El pacto colonial entre Macri, los gobernadores y el FMI desmantela la salud, la educación, los programas contra la violencia hacia las mujeres, contra la trata. Necesitamos definir cómo derrotar a un gobierno que está en guerra contra el pueblo trabajador e intenta -junto con los gobernadores- reservar todos los recursos del Estado al pago de la deuda usuraria que ellos mismos contrajeron. Rechazamos la propuesta de “votar bien” dentro de un año mientras vienen facturas de luz que dejan a familias enteras viviendo a oscuras o en la calle, las escuelas se derrumban y cancelan hasta los más elementales planes de vacunación. Nuestras reivindicaciones se defienden con la huelga general y en las calles. Cuando nos movilizamos, la tierra tiembla, es preciso que tiemble una vez más. En 2017 arrancamos un paro general cuando todas las corrientes burocráticas decían que era imposible frenar el embate del gobierno. Este año, la lucha por la legalización del aborto movilizó a millones, mientras las burocracias decían que “no daba” o pactaban la paz social con el gobierno y se comprometían a defender la gobernabilidad con el Papa. Cientos de miles de jóvenes levantaron la bandera del aborto legal y se vistieron de verde hasta en las escuelas confesionales, mostrando el enorme descrédito de las iglesias católica y evangélicas. Siervos de Francisco Los responsables de que no hayamos logrado el aborto legal tienen nombre y apellido. El voto reaccionario fue transversal a todos los partidos patronales, que andan de peregrinación al Vaticano. Hombres y mujeres del oficialismo, del PJ, del FR y del FpV. El voto vergonzante de CFK concluyó con una prueba de amor a la ccuria. Mientras la burocracia sindical y el PJ escribían comunicados antiabortistas, las CTA y el Triunvirato Piquetero (Barrios de Pie, CCC y la CTEP) se movilizaron a San Cayetano, un día antes de la votación en el Senado. Traicionando a sus bases, las mujeres que mueren o quedan mutiladas en las cuevas del aborto clandestino, le armaron una tribuna al obispo Poli y su séquito de curas villeros. Con las fuerzas del movimiento intactas, con las más jóvenes insistiendo en sus pañuelazos, las corrientes que dominan el movimiento de mujeres decidieron derivar la lucha a “votar bien” en el próximo turno electoral. Son las mismas corrientes que peregrinan al Vaticano e integran la Comisión Organizadora de este ENM, que pasará a la historia por haberse negado a pronunciarse por el aborto legal. Las mismas que desconocieron la votación masiva para que el ENM fuera en Buenos Aires, el corazón del poder político. Ni “espíritu” ni “mujeres que hablan por su propia voz”: son las voceras de los partidos del régimen -o de la “izquierda” que se somete a ellos (PCR). Anteponen el beneplácito del Papa a las reivindicaciones del movimiento de mujeres. Este escenario envalentonó a las iglesias, que avanzan contra la educación sexual laica y científica y contra el aborto no punible. Los evangélicos han llegado al extremo de pedir la suspensión del encuentro. Patotas católico-militaristas entran a los hospitales a amedrentar. El Papa llama a los médicos sicarios y asesinos. Hay que parar esta embestida clerical: son parte de las fuerzas que le dieron la victoria a Bolsonaro. Proponemos organizar una Consulta Popular Vinculante, que vuelva a vestir de verde las calles. Unir esta lucha a la separación de la Iglesia y el Estado, y a la aplicación de una ley de educación sexual laica y científica. No hay separación de la Iglesia y el Estado disociada de los derechos de las mujeres: el aborto legal y la ESI en primera instancia. A rezar a la Iglesia, la lucha por nuestras reivindicaciones se pelea con la huelga general y en la calle, sin componendas con el oscurantismo paidófilo que pregona la reconciliación con los genocidas. Vamos por el paro activo y la huelga general hasta derrotar el ajuste. Por la ocupación y puesta en funcionamiento de toda fábrica que cierre o despida. Basta de crímenes de odio con las sexualidades disidentes. Cupo laboral trans. Por la incautación de los bienes del clero. Ni un peso del Estado a las iglesias. Educación sexual laica y gratuita. Aborto legal ya. Asistencia integral a las mujeres violentadas bajo control y gestión de las organizaciones de mujeres. Elección directa, y desde los 13 años, de la conducción del Instituto Nacional de las Mujeres. Abajo el pacto con el FMI. Fuera Macri. Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que consagre los derechos de la mujer y la separación de la Iglesia del Estado.

Miles de trabajadoras sindicalizadas, adolescentes, estudiantes, jubiladas, de las barriadas, artistas, llegarán este fin de semana al 33 Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. Tenemos mucho para discutir y decidir. Saludamos a las mujeres brasileñas, las únicas que se lanzaron a las calles contra Jair Bolsonaro para advertir que #Ele Não. Y convocan a una nueva movilización para el 20 de octubre. Ellas le disputan las calles al fascismo y marcan el camino. No ha sido fácil llegar a Chubut: la inflación, los tarifazos, los despidos, el ataque en regla contra el pueblo trabajador se acentúa contra las mujeres, las más precarizadas, las más desocupadas, las primeras despedidas. Para nosotras, se traduce en más penurias y más horas de trabajo diario. El pacto colonial entre Macri, los gobernadores y el FMI desmantela la salud, la educación, los programas contra la violencia hacia las mujeres, contra la trata. Necesitamos definir cómo derrotar a un gobierno que está en guerra contra el pueblo trabajador e intenta -junto con los gobernadores- reservar todos los recursos del Estado al pago de la deuda usuraria que ellos mismos contrajeron. Rechazamos la propuesta de “votar bien” dentro de un año mientras vienen facturas de luz que dejan a familias enteras viviendo a oscuras o en la calle, las escuelas se derrumban y cancelan hasta los más elementales planes de vacunación. Nuestras reivindicaciones se defienden con la huelga general y en las calles. Cuando nos movilizamos, la tierra tiembla, es preciso que tiemble una vez más. En 2017 arrancamos un paro general cuando todas las corrientes burocráticas decían que era imposible frenar el embate del gobierno. Este año, la lucha por la legalización del aborto movilizó a millones, mientras las burocracias decían que “no daba” o pactaban la paz social con el gobierno y se comprometían a defender la gobernabilidad con el Papa. Cientos de miles de jóvenes levantaron la bandera del aborto legal y se vistieron de verde hasta en las escuelas confesionales, mostrando el enorme descrédito de las iglesias católica y evangélicas. Siervos de Francisco Los responsables de que no hayamos logrado el aborto legal tienen nombre y apellido. El voto reaccionario fue transversal a todos los partidos patronales, que andan de peregrinación al Vaticano. Hombres y mujeres del oficialismo, del PJ, del FR y del FpV. El voto vergonzante de CFK concluyó con una prueba de amor a la ccuria. Mientras la burocracia sindical y el PJ escribían comunicados antiabortistas, las CTA y el Triunvirato Piquetero (Barrios de Pie, CCC y la CTEP) se movilizaron a San Cayetano, un día antes de la votación en el Senado. Traicionando a sus bases, las mujeres que mueren o quedan mutiladas en las cuevas del aborto clandestino, le armaron una tribuna al obispo Poli y su séquito de curas villeros. Con las fuerzas del movimiento intactas, con las más jóvenes insistiendo en sus pañuelazos, las corrientes que dominan el movimiento de mujeres decidieron derivar la lucha a “votar bien” en el próximo turno electoral. Son las mismas corrientes que peregrinan al Vaticano e integran la Comisión Organizadora de este ENM, que pasará a la historia por haberse negado a pronunciarse por el aborto legal. Las mismas que desconocieron la votación masiva para que el ENM fuera en Buenos Aires, el corazón del poder político. Ni “espíritu” ni “mujeres que hablan por su propia voz”: son las voceras de los partidos del régimen -o de la “izquierda” que se somete a ellos (PCR). Anteponen el beneplácito del Papa a las reivindicaciones del movimiento de mujeres. Este escenario envalentonó a las iglesias, que avanzan contra la educación sexual laica y científica y contra el aborto no punible. Los evangélicos han llegado al extremo de pedir la suspensión del encuentro. Patotas católico-militaristas entran a los hospitales a amedrentar. El Papa llama a los médicos sicarios y asesinos. Hay que parar esta embestida clerical: son parte de las fuerzas que le dieron la victoria a Bolsonaro. Proponemos organizar una Consulta Popular Vinculante, que vuelva a vestir de verde las calles. Unir esta lucha a la separación de la Iglesia y el Estado, y a la aplicación de una ley de educación sexual laica y científica. No hay separación de la Iglesia y el Estado disociada de los derechos de las mujeres: el aborto legal y la ESI en primera instancia. A rezar a la Iglesia, la lucha por nuestras reivindicaciones se pelea con la huelga general y en la calle, sin componendas con el oscurantismo paidófilo que pregona la reconciliación con los genocidas. Vamos por el paro activo y la huelga general hasta derrotar el ajuste. Por la ocupación y puesta en funcionamiento de toda fábrica que cierre o despida. Basta de crímenes de odio con las sexualidades disidentes. Cupo laboral trans. Por la incautación de los bienes del clero. Ni un peso del Estado a las iglesias. Educación sexual laica y gratuita. Aborto legal ya. Asistencia integral a las mujeres violentadas bajo control y gestión de las organizaciones de mujeres. Elección directa, y desde los 13 años, de la conducción del Instituto Nacional de las Mujeres. Abajo el pacto con el FMI. Fuera Macri. Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que consagre los derechos de la mujer y la separación de la Iglesia del Estado.