Prensa Obrera N° 1516

En las febriles reuniones de Hacienda y en los salones de la Casa de Salta, donde se reúnen ministros de las provincias, de la Nación y -durante varios días- funcionarios del FMI-, se trama un verdadero Presupuesto de guerra para 2019. ¿Los enemigos en esta conflagración? Las provincias, la Anses, la Patagonia, las universidades, la obra pública de infraestructura en educación, salud, energía y red vial, salarios estatales y docentes, entre otros objetivos. Alguien podría argumentar que los presupuestos igual no se cumplen. Es cierto, pero la importancia de este presupuesto fondomonetarista es que constituye una ruta económica y política de ataque a las masas, para financiar la crisis de deuda, la fuga de capitales, la desinversión, el rojo fiscal y el déficit del comercio exterior, es decir el completo fracaso de la política económica. El primer capítulo se está escribiendo en 2018. Con el robo a los jubilados de la movilidad de marzo, el parate en la obra pública y los aumentos salariales por decreto a la mitad de la inflación anual, el déficit primario de julio se achicó un 35% a 14.280 millones de pesos, pero el déficit financiero trepó un ¡90,6%! a 62.380 millones de pesos. Todos los ajustes van a financiar el endeudamiento a tasas de defol, que ahoga por completo las cuentas públicas. Al punto que el préstamo del FMI no alcanza a cubrir el conjunto de las necesidades financieras de 28.000 millones de dólares en lo que resta de 2018 y de 50.000 millones para 2019 (Ambito, 20/8), esto, sin incluir los intereses de la llamada deuda intraestatal con el sector público (BCRA y Fondo de Garantía de la Anses). El ajuste en marcha de 2018 no pudo evitar el desvío de las “metas de reducción del déficit”, porque el desplome de la actividad económica en el comienzo de recesión más brutal que hayamos tenido (8% de reducción del PBI en junio) ha repercutido en una caída de la recaudación a pesar de la inflación. Se proyecta que ésta será un 25% mayor que el año pasado, cuando la inflación será de un 35%/40 -o sea, que se trata de una caída en moneda constante. Por eso llegó la anulación anticipada del Fondo Federal Solidario, el llamado “fondo sojero”, que reparte el 30% de la recaudación por retenciones a la exportación entre las provincias y municipios, lo que ha desatado un revuelo en los gobernadores e intendentes pejotistas y hasta de Cambiemos. La suspensión por seis meses de los reembolsos a las exportaciones y a la rebaja de retenciones a derivados de la soja, apenas disimulan el verdadero blanco de las medidas. Pero la madre de las batallas de esta saga de ajuste tras ajuste, será el Presupuesto que ingresa ahora al Parlamento. El FMI ha dejado sus instrucciones coloniales. En materia de energía y transporte, léase tarifas, el aumento deberá ser el doble de la inflación. Como la pauta de inflación prevista es del 17%, ello plantea un 34% en dos tarifazos, uno en el primer semestre, otro en el segundo. Para el gas en la Patagonia, zona de alto consumo por el frío, se propone la lisa y llana eliminación del actual diferencial, lo que significará la duplicación de las tarifas. Esto, en una canasta familiar altísima, contra salarios estatales congelados durante todo 2018 en la provincia de Santa Cruz, la más castigada de todas. Los estudiantes de bajos recursos verán desaparecer sus becas del plan Progresar. Los jubilados verán un recorte de 10.000 millones de pesos en el Pami, cuyos servicios no relucen por su eficiencia. Los trabajadores de la Afip perderán el premio por recaudación, lo que significará una transferencia de sus bolsillos al erario público de 5.000 millones de pesos. Contra los jubilados No obstante, se ensañarán otra vez con el sistema previsional. Está prevista una reforma contra los “regímenes especiales” y se planea una “fuerte reducción” (Clarín, 21/8) en las pensiones no contributivas, de lo cual tuvimos un adelanto en el frustrado intento de arrasar con las pensiones por discapacidad hace un año. La cuestión de los regímenes especiales abarca a los docentes universitarios, a las cajas provinciales no “armonizadas”, a los trabajadores del transporte y la construcción y demás tareas insalubres. En estos rubros se planea un recorte de 25.000 millones de pesos, pero es incalculable en términos de futuro, porque implica conquistas estratégicas contra la condición de vida. También se plantean prolongar edades jubilatorias, lo que agravará aún más la desocupación. Se trata de un presupuesto que semeja un barril sin fondo, porque establece un ajuste tras otro que van fracasando y agravando la situación de las mayorías trabajadoras. Muchos miran a Grecia, tras ocho años de depresión y ajuste sin fin de la “troika” capitaneada por el FMI. Macri, que dice mirar la tormenta de frente, nos lleva de frente al abismo del defol y de un nuevo descenso civilizatorio de hambre y desocupación. Entre bambalinas, pejotistas y macristas pactaron no debatir el acuerdo con el FMI en el Congreso. Pero Wall Street está pendiente de la “gobernabilidad” del ajuste que con choques y crisis, hoy traman oficialismo y oposición alrededor del Presupuesto 2019. Agustín Rossi ya prometió que, si es presidente, pagará la deuda con el FMI. El Plenario de Lanús ha decidido movilizar a fin de setiembre contra este plan de guerra contra los trabajadores, planteando la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda, junto a las reivindicaciones obreras salariales y contra los despidos. La enorme huelga universitaria en todo el país da cuenta de la disposición de lucha de los trabajadores, como ya ocurriera con los docentes bonaerenses y de otras provincias. No debe pasar el Presupuesto, no debe pasar el plan de guerra, por un paro activo nacional de 36 horas para derrotarlo con la huelga general. No al colaboracionismo de la CGT. Al servicio de esta estrategia actuarán nuestros parlamentarios en la Nación y en cada provincia. Que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores a la crisis.

El Polo Obrero, junto a otras veinte organizaciones populares, realizó hoy una gran jornada de lucha, "dando continuidad a la pelea por algo tan básico como el derecho al trabajo”, destacó María “Tango” Dotti, dirigente del Polo Obrero, cuando gruesas columnas de desocupados llegaban al Congreso, como parte de la jornada de cortes en accesos, rutas y autopistas, que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y en 15 provincias del país, contra el ajuste del FMI, Macri y los gobernadores de todos los colores políticos. Bajo el lema “Ganamos las calles para que no nos maten de hambre”, las trabajadoras y trabajadores desocupados y precarizados realizaron a lo largo del miércoles acciones en localidades del conurbano y ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Mar Del Plata, San Nicolás, Pergamino, Bahía Blanca. Y que también se llevaron a cabo en Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Chaco, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan y Corrientes. En la Ciudad de Buenos Aires, las columnas ocuparon varias cuadras con la participación de miles de trabajadores desocupados que marcharon desde el Congreso hasta el Ministerio de Desarrollo Social. El documento de convocatoria denuncia el crecimiento de la pobreza y los déficits alimentarios -con particular dureza sobre la niñez- y la caída del poder adquisitivo, resultante de los tarifazos y la carestía. Y señala que “Mientras miles de familias luchan por alcanzar su alimentación básica, se produce la exhibición obscena de miles de millones de dólares en coimas de la ‘patria contratista’, que se repartió y se sigue repartiendo, entre los gobiernos y los empresarios, a costa del avance del hambre sobre el pueblo”. “Venimos a decir 'basta de hambre', en un cuadro donde la inflación de los alimentos ronda el 40% anual", agregó María “Tango” y destacó la gravedad de la actual situación para los trabajadores y desocupados: “Tenemos a miles y miles de compañeros que se acercan a los comedores populares, a las copas de leche, buscando el sustento para la familia, cuando en el país crece cada día más la pobreza y la desocupación”. De la jornada también participaron el F.O.C. (M.A.R.-29 de Mayo- 19 de Diciembre) en CTA-Autónoma; MTR-Votamos Luchar; Cuba-MTR-Mido; MOT, Todu y Todel Venceremos; Bloque Piquetero Nacional; Movimiento Trabajadores Organizados para la Revolución (Torre); Agrupación Armando Conciencias; Asociación Civil Trabajadores Ocupados y Desocupados En Lucha (Todel); Frente Desocupados Unidos (FDU), Resistencia de Unidad Popular (RUP) y Organización de Trabajadores Libertarios (OTL).

En menos de un mes, María Eugenia Vidal volvió a tropezar con la misma piedra. Cuando todavía hay cientos de escuelas sin clases en la provincia -producto de la respuesta combativa de la docencia y la comunidad al vaciamiento educativo y a la tragedia anunciada que costó la vida de Sandra y Rubén-, la represión brutal a la manifestación multitudinaria de los trabajadores de Astillero Río Santiago es otro capítulo de la crisis bonaerense y del agotamiento político creciente de la gobernadora. El pasado miércoles se realizó una gran marcha a la Gobernación en repudio a la represión del 21 de agosto. Distintas organizaciones convocaron a parar, entre ellas, ATE. Los obreros del ARS hicieron abandono de tareas para marchar a La Plata. En Ensenada, la jornada tuvo el carácter de un paro regional activo. El combativo y clasista Suteba Ensenada tomó la iniciativa, llamando a parar en todas las escuelas ni bien comenzó la represión. Horas después, el Suteba Provincia de Roberto Baradel limitó la adhesión al paro a los sindicatos docentes de La Plata, Berisso y Ensenada, en el marco de un paro regional de la CTA Yasky, negándose a extenderlo a nivel provincial. Del paro activo ensenadense participaron también los municipales y auxiliares de escuelas. Por su parte, la CGT platense hizo mutis por el foro y dejó en banda al Astillero Río Santiago ratificando la tregua miserable con el gobierno. La saña con que fue reprimida la movilización popular que acompañó el reclamo de defensa del Astillero y de los 3.300 puestos de trabajo fue un operativo calculado y deliberado. Un ensayo represivo para intentar recuperar la autoridad política de Vidal y un acto de intimidación para avanzar hacia el cierre de la fábrica de Ensenada. Hubo un despliegue policial inédito y graves provocaciones, que incluyeron el atropellamiento de manifestantes y la cacería de trabajadores en las inmediaciones de la manifestación. Algunos medios informaron sobre disparos de fuego por parte de las fuerzas represivas, además de la andanada de gases y de balas de goma a mansalva. La provocación comenzó con el levantamiento de la reunión paritaria técnica que debía realizarse el martes 21 y siguió con la represión salvaje cuando se estaba negociando una nueva reunión. Iniciada la represión, la respuesta obrera hizo del golpe de Vidal un búmeran. Los compañeros y compañeras de Astillero (una cantidad muy numerosa de trabajadoras y familiares de los obreros) se reagruparon y concentraron durante horas en el centro de la ciudad, pidiendo por la libertad de los cinco detenidos (todos ellos obreros del ARS), que fueron ferozmente apaleados por la policía. A medida que transcurrían las horas, distintas delegaciones docentes, estudiantiles, de la Uocra, y partidos políticos se fueron sumando a la concentración. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda estuvieron presentes desde el comienzo de la marcha y corte de la autopista en hora temprana. La firme actitud de los trabajadores del ARS impuso la libertad de los detenidos, a quienes el fiscal se negaba a tomar declaración para demorar su libertad. El viernes 24 se realizará el Plenario Regional de Delegados convocado por Astillero Río Santiago para resolver la continuidad de la lucha contra la amenaza de cierre, de despidos y contra las podas salariales. Como parte de la ofensiva ajustadora de Vidal, la Intervención nombrada por el gobierno ha suprimido distintos ítems y conceptos salariales que son parte del convenio colectivo y que implican una reducción de hasta la mitad del salario por varios meses y para la masa de la fábrica. Quieren sitiar por hambre al Astillero. El Plenario Regional votado por la asamblea general de fábrica sesionará bajo el impacto de estas grandes movilizaciones a La Plata, sede del poder político provincial, de los reclamos de Ensenadazo con paro activo y de una gran jornada el 12 de septiembre con cortes de rutas simultáneos contra los despidos en distintas empresas estatales. Los ataques al ARS tienen el sello del pacto infame con el FMI. Una razón más para apoyar esta lucha estratégica.

La docencia universitaria lleva 34 días de paro desde el inicio del año. En el segundo semestre no se han iniciado las clases y vamos por la tercera semana de cese total de actividades. La lucha crece en todo el país. Al cierre de estas líneas, 40.000 docentes y estudiantes se movilizaban en Córdoba. El ajuste es brutal. Desde noviembre del año pasado sólo hemos cobrado un 5% de incremento en mayo y se impondrá un 5,8% en agosto, ambos en forma unilateral ante el rechazo a tal despojo por parte de los docentes. Un docente de hasta cinco años de antigüedad cobra por cargo la ínfima suma de 6.000 pesos. El 5,8% son, con suerte, dos pizzas, como le gusta decir a Marcos Peña. La bronca y el hartazgo ante esta provocación han puesto a la docencia de las 57 universidades y los 100 colegios preuniversitarios de pie contra este plan de guerra contra los trabajadores y la educación pública. Un ataque contra todo el pueblo La defensa de esta “pauta salarial” de miseria es inseparable de los planes fondomonetaristas de supuesta “reducción del gasto”. Pero en verdad, cada peso arrancado a los docentes alimenta otro gasto -el del pago de la creciente deuda usuraria. En la universidad, el 90% del presupuesto se dedica a los salarios docentes y no docentes. El derrumbe salarial que pretende el gobierno le significa un ahorro de más de 15.000 millones de pesos. Un aporte directo de los trabajadores al ajuste del FMI, Macri y los gobernadores. Pero los organismos multilaterales imperialistas y la burguesía exigen más. Literalmente: Vidal manifestó que sobran universidades en la provincia de Buenos Aires. Al igual que con Atucha II, Conicet, Arsat y otros, piden el desmantelamiento del complejo científico tecnológico y su privatización. En la universidad se realiza alrededor de dos tercios de la investigación del país y, contrariamente a lo que sucede en Chille o Brasil, el 70% de los estudiantes cursa en la universidad estatal, que es no arancelada. El recorte presupuestario de más de 4.000 millones de pesos y el atraso de más de tres meses en el pago de insumos médicos de investigación, de becas o incluso del gas y luz completan el cuadro de ataque al sistema universitario. Un choque de fondo contra el ajuste Los métodos de la asamblea general y los congresos con mandato, y el haber anunciado el paro con un mes de preparación hicieron que, desde el comienzo, la huelga contara con más del 80% de adhesión. La evaluación semanal de su continuidad puso a todos los trabajadores en constante deliberación. Cuando las burocracias sindicales de la Conadu, la Ctera, Fedun, UDA y Fagdut llamaron a la tregua durante una semana a la espera de una “oferta superadora”, hubo una verdadera rebelión. Más de siete sindicatos nucleados en la Conadu kirchnerista de Yasky y miles de docentes desconocieron la resolución de las burocracias y se mantuvieron en paro, tal como había determinado la Conadu Histórica por unanimidad. Ante la “aparición” del ya comentado 5,8%, las universidades estallaron y comenzaron acciones de huelga y movilización en todo el país. El jueves 16 de agosto, desde Ushuaia a La Quiaca, en más de cuarenta ciudades y pueblos, los trabajadores de la universidad y la ciencia ganaron las calles. Realizaron asambleas interclaustro, cortes, movilizaciones, tomas de rectorados y más de 20.000 personas se movilizaron por sus salarios, sus fuentes de trabajo y lugares de estudio e investigación. Las burocracias tuvieron que reinstalar la medida y esta tercera semana todos los gremios docentes estamos de paro. El 21 y 22 pasados, el paro trepó hasta el 90%. El 22 de agosto se realizaron actos y movilizaciones en 60 ciudades: un verdadero movimiento nacional en defensa de la universidad estatal, laica, científica y gratuita, con marchas de antorchas en Tucumán, movilizaciones masivas en Posadas, Bahía Blanca y otras 50 ciudades, mostrando que el movimiento se sostiene firme. La crisis por arriba Las camarillas universitarias vieron en este ataque hasta el temor a su propia continuidad. La parálisis absoluta de las obras hicieron desaparecer hospitales enteros, como el nuevo que les prometieron a Barbieri y Yacobitti en la UBA. Incluso se llegó al contrasentido de que en Neuquén, a pocos kilómetros de Vaca Muerta, se tuvieran que restringir los horarios de atención en la sede de la Universidad del Comahue por no contar con …conexión de gas. Con el atraso en los pagos a los proveedores y el corte de los convenios con el Estado Nacional, las camarillas entraron en pánico. En la universidad Arturo Jauretche del rector pejotista Villanueva, la deuda salarial llega a seis meses para los docentes contratados y el presupuesto aguanta hasta octubre. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se produjeron 400 despidos de no docentes contratados, al terminarse los denominados fondos propios con los que se pagaban sus salarios. Es que el Ministerio de Educación plantea terminar con la paritaria nacional en las universidades y concretar despidos (La Nación, 22/8). Esto generó en los rectores, tanto de Cambiemos como de la oposición K o pejotista un movimiento para “abrazar” las universidades. Con lo que nadie contaba era con la irrupción de las poblaciones en estos “abrazos”: más de 7.000 personas participaron del abrazo en Florencio Varela, más de 5.000 en Quilmes, 2.500 en Neuquén, más de 1.000 en San Luis, cientos en Paraná, donde se decretó el paro estudiantil. El paro de la docencia y la crisis de las camarillas provocaron una irrupción popular que lleva la huelga universitaria al centro de la situación política y abre un primer gran choque entre los trabajadores y el acuerdo con el FMI. Podemos ganar Para hacerlo, desde la Agrupación Naranja y La Multicolor de Conadu Histórica llamamos a que las asambleas de docentes con o sin afiliación y las asambleas interclaustro se mantengan en la huelga general y en la movilización general. Las burocracias sindicales quieren levantar la huelga con la marcha del jueves 30 de agosto. Pretenden que sólo se dirija al Ministerio de Educación y no a Plaza de Mayo, para hacerle un guiño a Macri y a las camarillas universitarias que no van contra el régimen ajustador y se conforman con unas monedas más. La defensa del salario docente y la universidad estatal requieren seguir con la huelga, marchar a Plaza de Mayo hasta alcanzar el 30% con cláusula gatillo, la devolución de los 4.000 millones de pesos recortados del presupuesto universitario y quebrar el ajuste. Desde esta huelga nacional, con 190 mil trabajadores en lucha, planteamos la urgencia de convocar a un paro activo de 36 horas, un plan de lucha y un Congreso de bases de todos los sindicatos y centrales para dar una salida de los trabajadores a la crisis y terminar con el régimen ajustador.

Transitando la tercera semana de huelga, el acatamiento al paro en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) supera el 80% y en algunas escuelas experimentales es del 100%. No sólo crece la adhesión docente sino también el apoyo estudiantil. En facultades que, en el pasado, fueron remisas a sumarse a la lucha, esta vez se incorporaron. Las autoridades de la UNT y la mayoría de los decanos organizaron un abrazo al Rectorado. Es claro que el ajuste presupuestario no sólo afectó a los salarios de los docentes sino también los fondos que permiten el funcionamiento elemental de las casas de estudios. En esa convocatoria, la docencia agrupada en Adiunt intervino de manera independiente con sus propios reclamos y también denuncias a las propias autoridades que, a la hora de los bifes, no dudan cuando hay que hacer algún ajuste o desconocer los derechos conquistados por la docencia. El rector García, a la par de reclamar más presupuesto, no perdió la oportunidad para atacar la lucha docente, planteando que “se necesitan más abrazos y menos paros”. La inquietud también recorre a los no docentes donde a la dirigencia se les hace cada vez más difícil contener a los trabajadores con una paritaria que ya ha sido superada por la inflación. Con todo este marco, es preciso destacar el protagonismo creciente del movimiento estudiantil, que ya fue destacado en las grandes jornadas de lucha por la legalización del aborto y que ahora se han incorporado a la lucha en unidad con la docencia. Así, el pasado jueves 16, en una marcha de antorchas se logró reunir a alrededor de 1.500 personas, de las cuales 800 eran estudiantes universitarios, 200 de las escuelas experimentales de la UNT y también un número importante de estudiantes secundarios de la escuela Normal, que sin ser dependientes de la UNT se solidarizaron con la lucha. Los secundarios están teniendo un rol organizador y convocante de las actividades, lo que permitió que al inicio de la huelga se realicen asambleas masivas junto a los docentes. Muy distinto es el caso de la Federación Universitaria, la cual, a través de su presidente, salió cínicamente a declarar que apoyan los reclamos pero no los paros, viejo cliché para justificar el carnereaje y la provocación a la docencia. Por eso, la intervención del estudiantado universitario se está organizando por medio de autoconvocatorias, como es el caso de Letras en la Facultad de Filo, o Teatro en Artes. Se ha creado el marco para impulsar una coordinadora estudiantil de lucha, que apoyada en asamblea y extendida a universitarios de la UNT y la UTN y secundarios de las Experimentales de la UNT y de otras, como la Normal, se unifiquen para superar el bloqueo de la Franja y la JUP que dirigen la FUT. Y, a la vez, marcando un rumbo para todos los secundarios y terciarios de la provincia que también están sufriendo el ajuste educativo.

En la sede del Sutna se realizó una reunión de la Mesa del plenario Sindical Combativo, que se reuniera en Lanús el 23 de junio pasado. Participaron secretarios generales y directivos del propio Sutna, de la UF-Oeste, de AGD-UBA, de Aten (Neuquén), del SOENC (ceramistas), de la CTA Lomas, de varias seccionales del Suteba, de UTS-Córdoba, de Cicop, de Ademys, de la minoría de Foetra, internas, congresales y delegados del Mecon, de Interpack, de Unilever, del Subte y del Conicet, entre otros. La reunión trazó un balance de la intervención en el paro del 25 de junio, de la jornada de lucha del 12 de julio, de la participación en las elecciones de la CTA y debatió una agenda de iniciativas de frente único. El debate político puso de relieve, con sus matices y diferencias, una comprensión general de la magnitud de la crisis capitalista, del acuerdo con el FMI y de la oportunidad que se abre para que el plenario se erija en un polo de referencia a partir de la batalla política contra el bloqueo de la burocracia sindical, la Iglesia y los partidos patronales. Las luchas que se expresaron en la reunión -la huelga indefinida de la docencia universitaria, de Télam, la movilización del ARS, el conflicto de Luz y Fuerza de Córdoba, el paro del Sutna por la paritaria, la rebelión de la comunidad educativa bonaerense, la movilización de los mineros del Turbio, la lucha del Subte- revelan un esfuerzo de los trabajadores para romper los diques de contención. Los ceramistas informaron el cuadro crítico de las gestiones obreras en las plantas de Neuquén por las tarifas impagables y el ahogo financiero. Se ratificó el apoyo al proyecto de estatización de Cerámica Neuquén, impulsando una movilización en la provincia y posibles acciones en la capital. La Junta Interna de ATE-Educación explicó la situación explosiva que se vive en el ARS, enfrentado a la amenaza de vaciamiento y cierre por parte de la gobernadora Vidal (ver artículo). Mientras se desarrollaba este debate llegó la noticia de la represión en la Plata a los obreros del Astillero, acompañados por el Suteba Ensenada que participa del plenario. De inmediato, la Mesa sacó un comunicado de repudio. El ejemplo del ARS, con sus movilizaciones y convocatorias regionales, muestra la vigencia del planteo de Lanús promoviendo plenarios obreros regionales. Empalmamos con estos procesos impulsando: 1) el programa, que constituye una contribución estratégica al desarrollo del movimiento obrero en esta etapa, y 2) el rol de las organizaciones reales de la clase obrera, que actúan bajo el mandato de las asambleas y plenarios. Desde el interior de las organizaciones obreras enfrentamos la parálisis de la burocracia sindical. Por eso, como continuidad del paro del 25 exigimos el paro activo de 36 horas y nos lanzamos a prepararlo por abajo, con plenarios, asambleas, y una gran agitación. Coincidimos en la incapacidad del moyanismo y el bloque del 21F para ofrecer una alternativa al triunvirato de la CGT; porque su estrategia de acumular para el recambio electoral de 2019 es criminal. En esa línea se inscriben también la centroizquierda de la CTA-Godoy y, desde ya, el yaskismo. Se acordó la continuidad de la lucha por el aborto legal planteando la separación de la Iglesia y el Estado, aunque no coincidimos todos en el planteo de impulsar la consulta popular vinculante. Se aprobó una declaración que resume una orientación: “Derrotemos el plan de Macri, el FMI y los gobernadores”, “Paro activo de 36 horas y plan de lucha”, “No al pago de la deuda”; y una edición masiva del programa votado en Lanús. Al mismo tiempo, organizar una gran jornada nacional de movilizaciones y actos con las banderas del plenario, cuando se trate el presupuesto, que será un momento de fuerte confrontación con el paquete de ajuste del FMI, llamando a la mayor unidad de acción a todos los sindicatos y organizaciones obreras. Se votó también participar del plenario intersindical convocado por la Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz (integrada por varios de los participantes de Lanús) el 1° de septiembre. La nutrida agenda incluye un plenario el 15 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires; en Córdoba, el 22, y el 29 en zona norte de Gran Buenos Aires. Concluimos la exitosa jornada con una conferencia de prensa y luego una mesa-debate sobre la situación y tareas del movimiento obrero en Télam. El sindicalismo combativo y clasista ha dado otro paso en su estructuración. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Conferencia de prensa: el sindicalismo combativo se posiciona ante la crisis económica y política Posted by Prensa Obrera on Tuesday, August 21, 2018

La pelea por el control de la inscripción gremial de la CTA Autónoma, lo que incluyó la convocatoria de dos elecciones distintas con un mismo padrón, ha facilitado la intervención del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que está preparando la anulación de ambos procesos electorales. La Coordinadora Sindical Clasista repudia el intento de intervención por parte del Ministerio de Trabajo de Macri. Reclamamos el reconocimiento de las autoridades electas y la soberanía de los trabajadores en nuestras organizaciones. Sin embargo, esto no exime de responsabilidades a una dirigencia que desde ambos bandos, ha elegido el camino de la fractura de aparato y sin principios claros. Que se trata de una disputa de aparato es evidente, pero merece una reflexión la puja política puesta en juego. Desde el sector de Godoy se acusa a Micheli de preparar una unidad kirchnerista de la CTA Autónoma con la CTA Yasky y el espacio pro K del 21-F. Del otro lado cuestionan el golpismo y el desfinanciamiento de la CTA, también los pactos de ATE nacional, dirigida por Godoy, con varios gobernadores y la nula unidad de acción del gremio ante el ajuste macrista, con despidos y rebajas salariales en amplios sectores del Estado, como Río Turbio, Agricultura, Inti y tantos otros. La alianza explícita de ATE con el gobierno provincial de Alicia Kirchner le quita a Godoy cualquier autoridad para cuestionar acuerdos con los K. Sin la “colaboración” de ATE el “Acuerdo Social Santacruceño” no existiría. Y ese acuerdo es el que mantiene en la pobreza a los empleados públicos en Santa Cruz. Algo similar ocurre con Roberto Macho, el peón de Alfredo Cornejo firmando los techos salariales, persiguiendo a los delegados y activistas opositores con la complicidad de las autoridades provinciales. Ambas camarillas, que han dividido la CTA-A, son tributarias del kirchnerismo, porque postulan un frente antimacri… para “votar bien” en 2019 (pero no para enfrentar a Macri ahora, que es lo que verdaderamente urge). Esta es la base política en que se apoya el acercamiento de Micheli a Yasky-Moyano, pero también el de “Cachorro” Godoy al formar “En Marcha” con la Ctep y Barrios de Pie, tributarias del Papa. El proceso contrario es el que ha llevado a la Coordinadora Sindical Clasista a ganar posiciones importantes de dirección y minorías en las dos CTA-A. El agrupamiento de activistas, delegados, comisiones internas y seccionales, prácticamente sin recursos ni licencias gremiales, muestra el avance del clasismo. Desde las posiciones conquistadas y en el camino de la recuperación de los gremios de base, llamamos a una intensa campaña por el paro de 36 horas contra el ajuste, promovemos plenarios de los sectores combativos en todas las provincias y reclamamos a todas las conducciones sindicales de la CGT y la CTA la organización de un Congreso de Bases de todo el movimiento obrero ante el derrumbe de nuestras condiciones de vida. La unidad de la clase obrera se construye desde abajo, en cada lugar de trabajo rechazando la política de guerra contra los trabajadores. (Coordinadora Sindical Clasista, 21/8)

El gobierno nacional pretende imponer 59 despidos en Fabricaciones Militares de Río Tercero y 42 en Villa María, en donde ya son 70 los despedidos en los últimos ocho meses. Las cesantías son la continuidad de una política de precarización y vaciamiento, y cierre de esta rama industrial: el cierre de la planta de Azul (Fanazul) es un caso testigo. En la mañana del 18, los trabajadores de la planta de Río Tercero ocuparon el directorio de la empresa, desde donde llamaron a una marcha multitudinaria para la noche. “Tomamos la dirección, porque acaban de entrar los gendarmes (…) la Gendarmería viene directamente para reprimirnos… Necesitamos el apoyo de toda la ciudad”. De este modo, los delegados llamaban a defender las fuentes de trabajo y a rechazar a la Gendarmería como respuesta política. Por la noche, más de 2 mil personas marcharon por el centro de la ciudad. La clase obrera muestra predisposición a enfrentar ahora los despidos. Damián Albornoz, secretario de ATE, declaró a Prensa Obrera: “Este gobierno no tiene ninguna intención de reactivar la fábrica (…) Vamos a movilizar a Buenos Aires a sede Central. Son despidos nefastos, al ser contratados no tenemos ni la indemnización. Detrás de esto se viene un decreto de necesidad y urgencia para privatizar Fabricaciones Militares. Es la misma política que tienen con Epec a nivel provincial, con el Astillero Río Santiago, con Yacimientos Carboníferos Río Turbio”. La noticia de nuevos despidos también conmueve a Villa María. Una convocatoria, encabezada por trabajadores de Fabricaciones Militares, prácticamente sitió el Concejo Deliberante que realizaba una sesión especial. Los concejales del bloque del PJ realizaron un discurso tribunero y de compromiso, en tanto que varios concejales ligados al gobierno nacional faltaron a la cita. Debemos terminar de convertir todas estas luchas en una causa popular. La CGT provincial debe convocar al paro activo, contra los despidos en Fabricaciones Militares, por el salario, en defensa del convenio colectivo de Luz y Fuerza, y por una Epec estatal y única; éste es el camino para derrotar el ajuste en curso. La lucha es ahora.

Producto de la gran lucha que dimos los trabajadores del Inti por la reincorporación de los 266 despidos, hoy fichó nuevamente Daniela Gordo, miembro de la Agrupación Naranja. Daniela trabaja hace quince años en el Instituto, es arquitecta y pertenece al sector División de Obras. Como parte de la agrupación y reconocida activista del sector, participó como candidata a delegada en la última elección de ATE. El fallo es el primero que reinstala en el Inti a una activista despedida que no es delegada, pero sí fue candidata en las elecciones del gremio. El juez, en su fallo, conecta el despido sin causa de Daniela, su actividad gremial, su candidatura a delegada y los despidos masivos en el Instituto. Y concluyendo que hubo persecución gremial y se violaron sus derechos democráticos fundamentales, ordena su reinstalación. Esta nueva cautelar desacredita una vez más los despidos ejecutados por las autoridades del Inti y abre un importante camino para los nuevos juicios que se llevan (y se llevarán) a cabo por la reinstalación de los demás compañeros. La lucha continúa por la reinstalación de los compañeros que aún siguen despedidos y contra los atropellos que las autoridades intentan infligir a los trabajadores -a fuerza de militarización- para que seamos nosotros quienes paguemos la brutal crisis económica que se desarrolla. Esta reinstalación refuerza la lucha contra el ajuste. Saludamos a los miles de trabajadores y trabajadoras, a los sindicatos y comisiones internas, la juventud, organizaciones de mujeres, sociales y políticas que masivamente apoyaron y apoyan esta lucha defendiendo las fuentes de trabajo y la importancia estratégica del trabajo científico y técnico que realiza el Instituto. ¡Viva la lucha del Inti! ¡Abajo el ajuste! ¡Reinstalación YA de todos los compañeros despedidos! ¡Fuera Murata y las fuerzas represivas! #EnIntiNoSobraNadie

Foto: Juan Diez Bajo la consigna “Por la organización socialista de las mujeres trabajadoras y la juventud”, el 1° de septiembre sesionará el primer Congreso Nacional de la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras, con contingentes y delegadas de todas las provincias del país. Esta instancia se plantea deliberar y trazar las tareas centrales de nuestra organización para la próxima etapa, signada por una extraordinaria movilización por el aborto legal y en el contexto de un agudo ataque a la clase obrera. Contexto y oportunidades El plan de guerra de Macri y los gobernadores contra los trabajadores encuentra como aliadas a la burocracia sindical y a la Iglesia, pilares de la contención social de los explotados y probadas enemigas de los derechos de las mujeres. El ascendente movimiento de mujeres ha adoptado los métodos históricos de la clase obrera, como el paro, y ha protagonizado las movilizaciones más masivas en la historia del país por el aborto legal. La frustración de este derecho en el Senado evidenció el dominio del clero en el Parlamento y el conjunto de los bloques patronales, y potenció el reclamo por la separación de la Iglesia del Estado. La enorme adhesión popular en favor del aborto legal habilita la posibilidad de una consulta popular vinculante para continuar la lucha hasta conquistar la ley. Se opone por el vértice a quienes nos quieren convencer de esperar al 2019, para frustrar y desactivar un movimiento que cuestiona resortes fundamentales del régimen de explotación social. La vigencia programática y las tareas socialistas La caracterización actual del movimiento de mujeres en el país, sus posiciones generales como sus tensiones internas, producto de las distintas vertientes políticas y orientaciones que conviven en él, van a ser elementos importantes de análisis en nuestro congreso. Las ilusiones de reformar el Estado haciéndolo menos patriarcal, colocando la lucha política contra la opresión de las mujeres exclusivamente en el terreno cultural, atraviesan de lleno al feminismo y delinean una estrategia de conciliación de clases que alientan los partidos y corrientes capitalistas que actúan en sus seno. Nacido hace veinte años para organizar a las mujeres trabajadoras y la juventud en la lucha socialista por su emancipación, el Plenario de Trabajadoras se planteó como objetivo estratégico la construcción de un movimiento de mujeres independiente de la Iglesia, el Estado y sus partidos, y aliado de la clase obrera en la lucha por la transformación socialista de la sociedad. El congreso deliberará respecto de la situación de las trabajadoras en nuestro país, caracterizada por un retroceso material y social de magnitud en los últimos 35 años, que explica la distancia brutal entre las condiciones materiales de vida de las trabajadoras y los pretendidos avances en el terreno político, como la paridad de género. Las burocracias sindicales de la CGT y la CTA, que no repudian el acuerdo con el FMI y firman paritarias a la baja, mucho menos convocan asambleas para luchar por ampliación de licencias, por igual salario por igual trabajo, por el derecho al aborto legal. La lucha contra la opresión de las mujeres trabajadoras es indisoluble de la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero. En el terreno de la juventud, que protagonizó las movilizaciones más masivas y decididas por el aborto legal -con tomas de colegios y facultades-, se abrió un rumbo de lucha por la conquista de la educación sexual laica y científica. Las disidencias sexuales incorporarán a este congreso las reivindicaciones de los sectores más oprimidos que se organizan contra travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio, contra la criminalización y persecución, y por el cupo laboral trans. En sus dos décadas de desarrollo, el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero dieron la batalla por organizar al movimiento piquetero con el programa de la mujer trabajadora y contra el clientelismo de las organizaciones ligadas al clero, que hacen culto de la precarización laboral que sufren millones de trabajadoras. La presencia de las compañeras del Polo Obrero en este congreso le imprime pasado y presente de lucha por la conquista de las mujeres de las barriadas, agrupadas en la lucha por la vivienda, el trabajo genuino y contra la desaparición de niñas y mujeres en manos de redes de trata, a una organización socialista. Una lucha que libran allí donde la Iglesia y sus agentes despliegan sus poderosos recursos para cumplir su tarea de contención social. Por último, la organización cotidiana contra todas las formas de violencia y los femicidios, que tuvo su pico de ascenso con el masivo Ni Una Menos de 2015, pero que no cesa, nos encontró diciendo que frente a cada crimen cometido: “el Estado es responsable”, no con la expectativa de un mejoramiento de éste en su carácter asistencial, sino conscientes de la necesaria unidad de las y los trabajadores contra el régimen social capitalista, su Estado y la violencia que emana de él. Con estos lineamientos generales nos preparamos para el primer Congreso Nacional del PdT, con la organización de plenarios en cada barrio y en cada ciudad, de norte a sur del país, una extensión nacional excepcional entre las organizaciones que intervienen en el movimiento de mujeres. Los plenarios abordarán éstos y nuevos elementos que se incorporen como conclusiones de la deliberación colectiva, así como la continuidad de la lucha por el aborto legal de la mano de la consulta popular vinculante, por educación sexual laica y científica en todos los niveles educativos, y por la separación de la Iglesia y el Estado. ¡Vamos por un gran Congreso del Plenario de Trabajadoras!

El bloque de diputados del Partido Obrero en Salta presentó un proyecto para que la Iglesia pague los impuestos inmobiliarios y de sellos de los que está exenta. La Iglesia tiene 212 propiedades en Salta: 15 de ellas rurales, por 400 hectáreas, y el resto urbanas, por 800 mil metros cuadrados. La mayoría de estos inmuebles fueron donados por el Estado: 32 bajo la dictadura, 35 en el romerismo y 40 durante los gobiernos de Juan Manuel Urtubey. El valor actual de las propiedades urbanas es de 14 mil millones de pesos. En el caso de las rurales, que tienen una tasación más variable, se destacan las 130 hectáreas del Potrero de Linares, dadas al clero por Urtubey en 2015, que, según estimaciones, ronda los 380 millones. A esto hay que sumar que la Iglesia realiza actividades lucrativas, como la educación: acapara carreras como Psicología, Asistente social y Abogacía, dictadas en la Universidad Católica con cuotas que superan los 6.000 mensuales y el beneficio de subsidios estatales para el salario docente. A su vez, en el mismo Potrero de Linares han puesto en pie un centro de rehabilitación para adictos con cuotas elevadas. Ante la trascendencia de la iniciativa del PO, el vicario de la arquidiócesis de Salta, monseñor Dante Bernaki, ha salido a respondernos con el argumento de que la Iglesia sólo realiza actividades sociales y caritativas. Peor aún: se animó a chantajear a la población señalando que si se le cobrara a la Iglesia “no podríamos sostener nuestra actividad social”. Bernaki no dice nada de los impuestazos que durante años vienen soportando los trabajadores sobre la vivienda única, pero defiende a su Iglesia con el argumento de que ellos, una organización de 212 propiedades por más de 14 mil millones y diferentes actividades lucrativas, no podrían pagar lo que cualquier vecino sí paga. La Iglesia acusa recibo porque su victoria en la votación del Senado se logró a duras penas, bajo enorme presión del Vaticano sobre los bloques políticos responsables de haber perpetuado la alianza del Estado con el clero, mientras la movilización popular por el aborto legal ganó por mucho el apoyo social. El clero, golpeado y desacreditado ante la sociedad, se empeña en volver a ganar terreno sobre la base del enorme apoyo del Estado. Nuestro proyecto confluye con la necesaria lucha por separar Iglesia y Estado y se suma a nuestras propuestas de incluir las carreras universitarias acaparadas por la Iglesia en la universidad pública, imponer la educación sexual científica y laica en la escuela y rescindir los convenios con Abel Albino, entre otras iniciativas. Abramos un debate amplio en las escuelas, barrios y lugares de trabajo sobre cómo impulsar esta campaña crucial. Iglesia y Estado, asuntos separados.

Venezuela está sacudida por el paquetazo puesto en marcha por el régimen bolivariano. El gobierno de Maduro ha dispuesto otra brutal devaluación del ¡96%! La medida se produjo un día después de la reconversión del “bolívar fuerte” al “bolívar soberano”, con la entrada en circulación de nuevos billetes que restaron cinco ceros a la moneda local. Estas medidas van acompañadas por la activación de un nuevo mercado cambiario que operará con una tasa única atada a la criptomoneda venezolana petro, cuya cotización estará determinada por el precio internacional del petróleo. De modo que un petro vale 60 dólares, el actual valor del precio del barril de crudo. Esto eleva el tipo de cambio de 2,48 a 60 bolívares soberanos. Estas medidas implican un enorme mazazo al pueblo, empezando por una desvalorización sensible de los salarios. Simultáneamente, Maduro anunció un aumento del salario mínimo a 1.600 “bolívares soberanos”, un valor 35 veces superior al actual. Pero que equivale a 45 dólares, un ingreso de indigencia. Dolarización El paquetazo apunta a una virtual dolarización de la economía, que va de la mano de una liberación de los precios. El gobierno dice que los precios no se deberían disparar porque los empresarios han remarcado sus productos antes de la devaluación. Lo cierto es que la estampida ya se está produciendo, licuando el magro aumento de salario mínimo. Por lo pronto, la nafta va a ser llevada, por primera vez en las dos décadas de gestión bolivariana, a precios internacionales. El combustible en Venezuela es el más barato del mundo, y su liberación lo multiplicará más de mil veces. Maduro ya había autorizado antes el incremento de los servicios públicos, a lo que se agrega una reforma tributaria para elevar del 12 a 16% el IVA. A sabiendas de este salto en la miseria popular, el régimen ha empezado a pagar a diez millones de venezolanos registrados en el “carnet de la patria” (plan asistencial) un bono de 600 bolívares soberanos. En el nuevo esquema económico, esa suma equivale… a 10 litros de nafta. Al mismo tiempo, anunció una lista de precios de los bienes de consumo con la nueva denominación monetaria. Los analistas advierten contra el riesgo de un nuevo “control de precios”, lo que da cuenta de las contradicciones de la política oficial. Plan precario El gobierno señala que este plan le permitirá reunir al Estado los ingresos que necesita, ponerle fin al financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central y, por esta vía, acabar con la hiperinflación. Pero el pretendido equilibrio de las cuentas públicas está lejos, y el gobierno no va prescindir de los subsidios. Al “carnet de la patria” a la población carenciada se le agrega una gran subvención a la burguesía nacional: el Estado se haría cargo, por los aumentos salariales anunciados, del diferencial en la nomina salarial de las pequeñas y medianas empresas privadas por 90 días. Pero ya hay quienes anticipan que deberá extenderse en el tiempo. Por otra parte, el aumento de los ingresos que se proyectan será contrarrestado por un caída de la actividad y, por lo tanto, de la recaudación cuando se pronostica una retroceso superior al 15% en la producción. Además, y desde principios de agosto, se exoneró del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) a la petrolera estatal PDVSA y sus filiales, así como para las transnacionales asociadas a aquélla a través de la figura de las empresas mixtas. La exoneración se aplicará por todo el año 2018. Para que se vea el impacto de esta medida, basta decir que en 2016, sólo PDVSA pagó al fisco 723 millones de dólares por este impuesto, pero la mayor parte de la producción petrolera corresponde a las empresas mixtas. Como lo denuncia el secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), José Bodas, esta medida implica un gran beneficio para “las grandes transnacionales petroleras como Chevron, Repsol, Statoil, ENI y Total, asociadas al gobierno nacional”. Con el paquetazo, el régimen apuesta a restablecer una corriente de ingresos de dólares cuando se han ido cerrando todas las fuentes de financiamiento. Trump ha bloqueado la posibilidad de refinanciar el pago de la deuda externa del país, aunque el Estado venezolano venía pagando tasas usurarias por ella. China interrumpió la entrega de préstamos frente a los incumplimientos, y cuando una importante parte de la exportación venezolana se encuentra hipotecada al pago de una elevada deuda con el gigante asiático. El apoyo de Rusia es también muy limitado, por la propia crisis que atraviesa el régimen putiniano. El giro económico de Maduro apunta a una salida capitalista “clásica”. La estabilización de la nueva moneda plantea respaldar al bolívar con las reservas petroleras -o sea, privatizar o subastar la cuenca petrolera del Orinoco. Sería el plan que estarían dispuestos a respaldar Putin y Xi Jinping, para seguir apoyando al chavismo venezolano en ruinas y sortear las presiones de Trump. Importa señalar que la Casa Blanca continúa su cerco económico. Una Corte en Estados Unidos acaba de aprobar una solicitud de la minera canadiense Crystallex para tomar acciones de una filial estadounidense de PDVSA, que controla indirectamente a la refinería Citgo. Crystallex busca cobrar una indemnización de 1.400 millones de dólares tras una disputa de una década, luego de que su filial en el país sudamericano fue nacionalizada en 2008. El juez suspendió el mandato judicial con una orden de confiscación, mientras se entablan negociaciones con el Estado venezolano. Lo cierto es que se activa la posibilidad de un embargo sobre los activos externos de Venezuela. La devaluación y las garantías que ofrece Maduro no aseguran una “libertad de mercado”. El gobierno adelantó que no establecerá restricciones para la oferta de divisas, pero sí mantendrá controles en la demanda de personas y empresas. O sea que persiste el cepo, un esquema endeble y muy probablemente llamado al fracaso. Clase obrera e izquierda El giro económico protagonizado por el régimen, dirigido a la perpetuación de la camarilla madurista, puede significar un salvavidas de plomo y acelerar el proceso inverso -un mayor descalabro económico y una explosión social. Esta semana tuvo lugar una protesta por el “maduronazo”. El llamado fue lanzado por los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa Radical, que integran la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD). Se trata de un paro “ciudadano” y “cívico”, que cuenta con el apoyo de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y de otras cámaras empresarias. A la protesta se sumaron algunos sindicatos y organizaciones obreras, pero el liderazgo de la convocatoria estuvo en manos de la oposición patronal. La jornada tuvo una adhesión parcial, más revelante en los comercios y profesionales que entre los trabajadores. Puso de relieve los límites de la oposición. Por un lado, en el plano institucional, donde las posibilidades de cambio han quedado alejadas en el tiempo; por el otro, en el plano social, ya que no se observa que capitalice el descontento con el gobierno por el agravamiento de las condiciones de vida. En las próximas semanas será posible hacer una evaluación más nítida de la reacción popular a las medidas. La prensa de la izquierda en Venezuela da cuenta de luchas constantes de la clase obrera contra el descalabro económico. En Valencia han tenido lugar protestas en la que han confluido trabajadores de la salud, profesores universitarios y el sector eléctrico. Está ausente, sin embargo, una unidad política y un planteo político común de la izquierda y las organizaciones sindicales combativas. La izquierda debe tomar la iniciativa y unirse en un polo político junto al movimiento obrero combativo, y empeñarse para que los trabajadores irrumpan en la crisis en forma independiente. Es necesario denunciar la escalada del imperialismo, generalizar la lucha por la derrota de paquetazo e impulsar un programa obrero y socialista de salida al actual derrumbe económico y social. El punto de partida es la más absoluta independencia política respecto al gobierno y la oposición derechista.

Derrotemos el plan de ajuste y miseria social de Macri, los gobernadores y el FMI ¡Fuera Macri y el régimen corrupto de kirchneristas, macristas y pejotistas! Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder Argentina está viviendo una crisis de fondo. Por un lado, asistimos al derrumbe del régimen económico, que se traduce en devaluación de la moneda, crisis de deuda, fuga de capitales y una recesión feroz. Para los trabajadores y jubilados, eso significa una ofensiva contra sus condiciones de vida, con más despidos, mayor carestía y caída del salario. Por el otro, el escándalo de los cuadernos coloca en el banquillo a los mayores exponentes de la clase capitalista, la misma que se benefició con un régimen de coimas con el kirchnerismo y que sostiene hoy el gobierno macrista. Es muy clara la incapacidad del gobierno capitalista y sus partidos para darle una salida a las reivindicaciones obreras, democráticas y populares. Los trabajadores tenemos que darle a esta crisis nuestra propia salida, y resolver una lucha y una acción para imponerla. Que la crisis la paguen los capitalistas La bancarrota económica de la Argentina es inseparable de una crisis capitalista de alcance internacional, que ingresa en una nueva y aguda fase. El hiperendeudamiento de los países emergentes -como Turquía, Argentina, Brasil y otros- ha terminado instalando el escenario de una cesación de pagos. Las devaluaciones monetarias en cadena no han servido para proteger a estos países de la guerra comercial que sacude a los grandes bloques -Estados Unidos, Unión Europea, China-, que se traduce en choques políticos e incluso en aprestos militares. El gobierno Cambiemos apostó a un rescate económico de la mano de este quebrado capital internacional. En dos años y medio, el macrismo ha llevado la deuda pública al 80% de la economía. El carácter impagable de esta hipoteca ha desatado una fuga de capitales y la incesante devaluación de la moneda. El gobierno ha buscado al FMI para zafar del derrumbe. Pero la situación se ha agravado: es que el Fondo sólo se ocupará de asegurar el pago de la deuda a los acreedores, a costa de un ajuste feroz. Como parte de éste, reclama una mayor devaluación de la moneda, lo que se traduce en mayor carestía y caída del poder adquisitivos de salarios, jubilaciones, y de los presupuestos destinados a salud, educación y el gasto social. Los pronósticos sobre inflación trepan hasta el 40% anual. El ajustazo nacional se replica en las provincias, donde los salarios de docentes y trabajadores del Estado tuvieron paritarias que cubren la mitad de la inflación. Los capitalistas se valen de la desorganización económica que genera la crisis para aplicar una catarata de despidos y suspensiones masivas en la industria, el comercio y la construcción. Quieren aprovechar la caída en la producción para avanzar en la reforma laboral de hecho, flexibilizando los convenios colectivos de trabajo y eliminando derechos laborales. A su turno y de la mano de la colaboración de la burocracia sindical, pretenden avanzar en las leyes de reforma antilaboral. Frente a la tentativa de endosarle a los trabajadores esta quiebra, el Partido Obrero plantea: que la crisis la paguen los capitalistas. A la destrucción salarial en curso, le oponemos el reclamo de reapertura de todas las paritarias, la indexación mensual de los salarios y la duplicación del monto de los planes sociales y la asignación universal por hijo. Ante los despidos y suspensiones, planteamos el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la ocupación de toda fábrica y repartición que cierre o despida masivamente. Al vaciamiento incesante del país en beneficio de los usureros internacionales, le oponemos el repudio a la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la nacionalización de los recursos energéticos y naturales, y el control obrero general. El pacto con el FMI ha reforzado la colaboración de las diferentes burocracias sindicales con el ajuste oficial. Ello vale para el triunvirato cegetista, socio mayor del colaboracionismo sindical. Pero también para los Moyano y Yasky, que han postergado cualquier medida de lucha para llamar a “votar bien” en 2019… ¡a los mismos partidos y gobernadores que le han votado más de 100 leyes a Macri! ¡O a los que están involucrados en las denuncias de corrupción en beneficio de los capitalistas! En aras de esa política, y después del masivo paro nacional del pasado 25 de junio, la burocracia se llamó a silencio y aísla luchas tenaces como las de los compañeros de Télam, de Luz y Fuerza de Córdoba, los estatales y docentes de diversas provincias y la docencia universitaria de todo el país. En oposición a que la burocracia decida por nosotros, llamamos a luchar por un Congreso de delegados mandatados por asambleas de todos los sindicatos y centrales obreras, para resolver en lo inmediato un paro activo de 36 horas y un plan de lucha en la perspectiva de la huelga general hasta derrotar el plan de guerra oficial. Junto a esta respuesta de lucha, un congreso de trabajadores así convocado debe discutir un programa y una salida de la clase obrera frente a la crisis, para elevarla como alternativa de poder. Aborto legal, que el pueblo decida Separación de la Iglesia del Estado Este régimen corrompido es el mismo que acaba de negarle a las mujeres un derecho elemental, como es el aborto legal. La responsabilidad por este voto negativo alcanza a todos los partidos tradicionales. El kirchnerismo gobernó durante doce años oponiéndose al aborto legal y ahora hizo lo mismo el gobierno de Cambiemos. En el Congreso, diputados y senadores de todos los bloques se coaligaron para rechazar el reclamo de las mujeres. La gran lucha librada en las calles por las mujeres, la juventud y buena parte de la población permite sacar una conclusión de fondo: la incapacidad histórica del régimen y sus partidos -incluidos los que se dicen “republicanos”- en establecer un Estado laico. El aborto clandestino integra una larga cadena de oscurantismo que es sostenido económica y políticamente desde el Estado. Los partidos del régimen han entregado la reivindicación del aborto a cambio de la colaboración de la Iglesia en contener la reacción popular contra el ajuste. Frente al rechazo del Senado y sus partidos al aborto legal, planteamos: ¡que el pueblo decida! consulta popular vinculante, que deberá ser precedida por una gran deliberación popular sobre la necesidad y urgencia del aborto legal, seguro y gratuito. Fuera Macri, los gobernadores y el FMI, Asamblea Constituyente En medio del derrumbe económico, ha estallado el escándalo de los cuadernos. No se nos escapa que, como ocurriera en Brasil, esta crisis ha sido disparada por una lucha de monopolios. El imperialismo mete la mano y manipula al Estado y a sus jueces, tan corruptos como los propios enjuiciados, para quedarse con el botín de la obra pública. Pero sale a la luz un régimen putrefacto, que envuelve a las patronales, tanto nacionales como imperialistas (Siemens, Skanska). Que desnuda a kirchneristas y pejotistas, pero también al actual gobierno. El Partido Obrero denuncia la corruptela del kirchnerismo, resultado directo de su entrelazamiento con una burguesía nacional parásita que sólo ha podido sostenerse con sobreprecios y contratos amasados a costa de trabajadores y contribuyentes. El negociado ferroviario -uno de los capítulos de esta política de “reconstrucción de la burguesía nacional”- costó la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra, asesinado por una conspiración de los mismos burócratas, capitalistas y funcionarios que hoy son enjuiciados. Pero los Roggio, Techint y otros son, al mismo tiempo, la apoyatura del gobierno actual, con el cual han sostenido y reforzado todos sus contratos. Por eso, los cuadernos son “K”, pero también “M” -cuestionan al conjunto del régimen, económico, político y sus partidos. El Partido Obrero denuncia el carácter amnistiador y encubridor del pretendido operativo “anticorrupción”, que sólo apunta a la corruptela K para salvar del banquillo a la clase capitalista, a sus gerentes “arrepentidos” y a sus lazos con el actual gobierno. Luchamos por la apertura de los libros de todos los contratos del Estado con grupos capitalistas y la nacionalización de la obra pública y de las empresas, empezando por las que están involucradas de manera directa en la corruptela denunciada, bajo control obrero. El régimen de tarifazos, agravios a los trabajadores, corrupción, hipotecamiento nacional y sometimiento al clero es incompatible con las aspiraciones de la mayoría. El Partido Obrero plantea: fuera Macri y todo el régimen corrupto de macristas, kirchneristas y pejotistas. Frente a su fracaso de décadas en sacar al país de la quiebra y el atraso, planteamos: por una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que encare medidas elementales y urgentes de reorganización social: entre otras, repudio de la deuda, establecimiento de una banca única, control obrero, separación de la Iglesia del Estado. Llamamos la atención a los trabajadores sobre el carácter corrupto y parasitario del régimen capitalista y todos sus partidos, para reforzar la lucha por un gobierno responsable ante la mayoría laboriosa -un gobierno de trabajadores. En base a estos planteos, el Partido Obrero convoca al Frente de Izquierda y sus partidos a una enérgica campaña política de alcance nacional. La crisis económica y política augura nuevos episodios, que deben ser preparados con una acción política decidida y una intervención tenaz de frente único en las organizaciones obreras, para ponerlas de pie frente al plan de guerra oficial. ¡A la lucha, para que esta gran crisis nacional tenga una salida de los trabajadores!