Prensa Obrera N° 1517

El pasado viernes 24 se realizó el tercer Plenario Regional en defensa del Astillero Río Santiago. La reunión contó con una presencia de más de 300 asistentes, dirigentes y activistas sindicales de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. El plenario sesionó en un clima muy caliente, luego de la cobarde represión descargada por la gobernadora Vidal, el martes 21, contra los manifestantes del astillero, repudiada al día siguiente por una movilización de alrededor de 25.000 personas. La reunión de Ensenada tenía la densidad suficiente como para resolver un profundo plan de lucha. Paralelamente, a 60 kilómetros de Ensenada, en la Ciudad de Buenos Aires, se estaba realizando una reunión con funcionarios de la Gobernación, en la que trataron cuestiones vitales sobre el astillero. Presencias Estuvo presente la plana mayor de la dirección de los principales sindicatos estatales (Suteba, ATE y las CTA Autónoma y de los Trabajadores) y también representantes de decenas de sindicatos privados, además del intendente de Ensenada, Mario Secco; concejales y diputados provinciales del FpV de Ensenada y La Plata, entre otros. También estuvo Juan Carlos Alderete, de la CCC. Por su parte, el Plenario Sindical Combativo de Lanús participó con una numerosa comitiva, por resolución votada en su mesa nacional el mismo martes 21 de la salvaje represión. Fueron de la partida entre otros, Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza y diputada nacional del FIT-PO; Daniel Rapanelli, secretario general del Suteba Ensenada y convocante del plenario de Ensenada; Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria; Rubén Schofrin, secretario adjunto del Sipreba; Daniel “Pollo” Luna, delegado reinstalado del Inti; María Inés Churi Uro, secretaria general de ATE-Educación La Plata. Dos planteos Las deliberaciones las abrió “Cachorro” Godoy, quien anunció la realización de un paro nacional comunitario para el 12 de septiembre con cortes en todo el país, en el día de la Industria Naval, a 20 días vista. Oscar De Isasi, secretario general de ATE, anunció un paro de 48 horas de estatales. Ambos desestimaron una movilización común de todos los presentes. Juan Carlos Alderete, del bloque San Cayetano, tomó igual postura. Roberto Baradel denunció al gobierno de Macri y Vidal como un régimen autoritario, y anunció el paro de 72 horas del Frente Gremial Docente Bonaerense, pero evitó proponer una acción conjunta. Por su parte, el PTS propuso una acción mediática: marchar al Obelisco para nacionalizar el conflicto realizando “acciones que tengan repercusión” (sic). La otra postura fue la expresada por los dirigentes del Plenario Sindical Combativo. Daniel Rapanelli, secretario general del Suteba Ensenada, sindicato co-convocante del plenario, planteó que no había un minuto que perder, que el 2019 que muchos pregonan está lejos. Propuso una convocatoria unitaria de todos los presentes a la Gobernación, con paro activo, para derrotar a Vidal. Romina Del Plá planteó la lucha por la defensa de la industria naval en el campo de la defensa de la producción nacional, tanto de barcos cuanto de petróleo, energía, carbón, etc., para colocarla en función de los intereses de los trabajadores y de la juventud, y en contra de la enajenación que hoy desenvuelven de esos recursos Macri, el FMI y los gobernadores de las provincias, que son los que permiten la entrega de los recursos de cada una de sus jurisdicciones. Romina destacó la posibilidad de derrotar este ajuste, en el cuadro de luchas como la de los trabajadores de los astilleros, docentes, docentes universitarios, y reforzó la movilización contra Vidal marchando a la Gobernación. Un final frío Sobre el final del plenario, Fracisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada, sólo planteó como acción la jornada del 12 de septiembre, apoyada por todos los asistentes, pero sin un plan de acción que diera continuidad a las medidas en defensa de los trabajadores y del Astillero Río Santiago. Las asambleas de los sectores y el cuerpo de delegados del ARS votaron parar el martes 28 y movilizarse. Ese día, Tribuna Estatal, de la Coordinadora Sindical Clasista-PO, repartió un volante con el título: “Astillero, debemos parar y movilizarnos el 29 a la Gobernación”.

El segundo día de paro docente, según Roberto Baradel, el acatamiento fue del 90 por ciento, en el marco de una movilización a la plaza de la Gobernación, restringida de parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La contundencia del paro fue reconocida por el propio gobierno de María Eugenia Vidal, que lo definió como el más numeroso del año, acusando el golpe de la huelga docente En medio de una rebelión educativa, fue la respuesta al derrumbe de las escuelas, que cobró la vida de Sandra y Rubén de la Escuela 49 de Moreno, y al ofrecimiento de un 19% a septiembre, y un bono de 210 pesos por materiales didácticos en negro y por única vez, cuando desde el propio gobierno se reconoce que la inflación será muy superior. Las principales consultoras señalan que la inflación superará el 40 por ciento. Se trata de una reducción salarial sin precedentes, sobre sueldos docentes históricamente a la baja. Es una política de guerra contra la educación que se complementa con la reducción presupuestaria y el abandono completo de la infraestructura de las escuelas, más de 2.000 de ellas con clases suspendidas en reclamo de las obras necesarias, iniciativa de la movilización de docentes, padres y estudiantes, al margen de los sindicatos, que libraron a la comunidad educativa a su suerte. La estrategia de Vidal y el ministro de Educación provincial, Gabriel Sánchez Zinny es -como en la paritaria docente con el salario- dilatar un plan de obras, con fecha de inicio y de finalización y partidas presupuestarias que lo respalden, que deben estar bajo control de docentes, padres y estudiantes. La salida a la “emergencia” es cerrar la conexión de gas, y obligar a docentes y alumnos a tener clases sin comedor y sin calefacción. Suteba y el FUDB ponen el freno Desde el palco del acto realizado frente a la Gobernación, Baradel exaltó la masividad del paro, pero al igual que el resto de los oradores del FUDB, eludió plantear la continuidad de la lucha. Tampoco, en medio de una huelga histórica sin precedentes de la docencia universitaria, apoyada masivamente por el movimiento estudiantil, se convocó a sumarse a la gran concentración que el 30 marchará de Congreso a Plaza de Mayo contra el ajuste de Macri sobre las universidades. La respuesta de Vidal y de Sánchez Zinny, sin embargo, fue redoblar la apuesta: el ministro de Educación, transformado en un cero a la izquierda por la rebelión de docentes, padres y estudiantes en reclamo del arreglo de las escuelas, anunció que sería inflexible con el descuento de los días de paro. El horizonte del FUDB es congelar el plan de lucha, realizar medidas aisladas y, eventualmente, empalmar con los paros aislados convocados por la CTA de Hugo Yasky y la CGT para fines de setiembre. Los Suteba multicolores resolvieron la continuidad de las medidas La dirección de Suteba convocó en la tarde de ayer a asambleas en día de paro, por whatsapp, para debatir un plan de acción. Claramente, se trata de una ficción de asambleas. En ellas, promueven un mandato difuso de “continuidad con la máxima medida que se pueda garantizar en el marco del FUDB”. Los Suteba multicolores, en la misma plaza de la Gobernación realizaron un plenario de coordinación en el cual denunciaron esta política de desandar el plan de lucha de parte de la burocracia, afín a la gobernabilidad del Vidal. Le perdonan la vida cuando comienzan a renunciar los funcionarios de Educación, como el ex director de la Dirección Provincial de Infraestructura, Mateo Nicholson, uno de los responsables del crimen social de la Escuela 49 de Moreno, es vox populi que el que le sigue es el ministro de Educación Sánchez Zinny. En el plenario los Suteba multicolores resolvieron reclamar a la dirección de Suteba continuar la semana próxima con un paro no menor a 72 horas, renovable por medio de asambleas reales si la gobernadora no da respuesta a los reclamos de un salario básico de 20.000 pesos y el 30 por ciento de aumento con cláusula gatillo y la respuesta inmediata a los reclamos de la comunidad educativa. En caso de que el Suteba rechace, realizar una jornada provincial de lucha, con paros y movilizaciones el próximo martes 4 de setiembre.

El temor por el incremento de la conflictividad social se repite en los diarios. Hasta el FMI lo advirtió, cuando ejecutó los primeros 15.000 millones de dólares del paquete de rescate al Estado. Es consciente del impacto en el crecimiento de pobreza y miseria del plan de ajuste que exigió a Macri y que se apresta a votar el Congreso en el Presupuesto 2019. Y todavía -todos coinciden en esto- falta lo peor del ajuste. La semana pasada, con escasa cobertura de los grandes medios, se produjeron tres jornadas nacionales de lucha. El miércoles 22, el Polo Obrero, junto con el frente de organizaciones sociales con las que viene desarrollándose un plan de lucha por trabajo genuino y la inmediata apertura de cupos a los programas de empleo frente al hambre y la miseria, abrió la semana de piquetes con una masiva acción de lucha nacional con epicentro en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social (ver PO N° 1.516). Al día siguiente, planteando una “paritaria social y popular”, la CTA Autónoma junto a la CTA de los Trabajadores y el Frente Milagros Sala agruparon a una cantidad de organizaciones sociales movilizadas al Ministerio de Trabajo con cortes en todo el país por el aumento de los planes sociales (www.cta.org.ar, 24/8). Cerró la semana, el viernes 24, una concentración del Triunvirato “Vaticano” (Barrios de Pie, Ctep y CCC) frente al Ministerio de Trabajo también reclamando el “aumento de los planes”, contra “el ajuste” y “la inflación” (Página/12, 25/8). En el cuadro de aumento incesante de la miseria social y la perspectiva de agravamiento que admiten el propio gobierno y el FMI, se impone una acción de lucha común de todas las organizaciones de trabajadores desocupados y precarizados por el aumento inmediato del 30% y la duplicación del salario mínimo, sobre el que se computan los salarios de asistencia social. Esto a pesar de que no hemos compartido la política de la “emergencia social”, que casi todas las organizaciones sociales defienden (según Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, “Si esto no se desborda es por el trabajo de contención de las organizaciones”) por entender que era -y es- el taparrabo de un gobierno de ataque a los trabajadores. No nos consideramos organizaciones de “contención social”, sino de lucha por los derechos de los trabajadores y por una transformación social que ponga a los trabajadores a la cabeza de todas las clases populares, pero somos partidarios del frente único de clase para hacer avanzar nuestros intereses como trabajadores. Y el fracaso de la política oficial crea un nuevo escenario. Urgente y excepcional. Mientras la canasta de pobreza supera los 20.000 pesos, los planes sociales ni llegan a los 5.000. La expectativa de una inflación del 35% que expuso Macri no considera que el aumento de los alimentos ya alcanzó a más del 40% en lo que va del año (Ambito Financiero, 6/8). Los planes de asistencia social a los trabajadores desocupados son, contradictoriamente, los ingresos más castigados del conjunto de los asalariados. Todas las organizaciones que se movilizaron la semana pasada tienen como planteo común, el rechazo al Fondo Monetario Internacional. Pero la política de Macri está sustentada en el rescate financiero del FMI y un ajuste que golpea brutalmente a los trabajadores. Es necesario unificar las luchas y lanzar un plan de lucha unificado. Por todo esto, el Polo Obrero va a lanzar una propuesta a todas las organizaciones sociales para impulsar un plan de lucha y abrir un debate para discutir cómo derrotamos hoy el plan de Macri. Nos encontramos en un punto crítico, que merece una enérgica acción de lucha. Tenemos que organizarla y abrir un debate sobre problemas políticos estratégicos para los trabajadores, ocupados y desocupados. Es necesario poner al movimiento piquetero en las calles en una acción de lucha común empezando por las necesidades y reclamos elementales.

A partir de una iniciativa de la CTA Autónoma Santa Cruz, varias organizaciones gremiales han convocado a un plenario intersindical de bases, que se realizará en la Universidad en Río Gallegos. Entre los convocantes está la Adosac, que participó del encuentro de Lanús y otros gremios de la CTA-A como judiciales, Aprosa o docentes universitarios, pero incluso otros sindicatos que tienen a la CGT por referencia como el Soem y el gremio Vial. Al encuentro han comprometido su presencia movimientos de jubilados y centros estudiantiles, que se están movilizando junto a sus docentes en defensa del presupuesto para la universidad. También participarán delegados de base de otras actividades, entre ellos de YCRT (Río Turbio y Punta Loyola). La invitación es abierta y se sustenta en un documento de convocatoria donde se establece el principio de la unidad y la independencia política de la clase obrera, para enfrentar el ajuste de Macri, Alicia Kirchner y los intendentes. Entre sus objetivos, además de unificar acciones que podrían llevar a un paro provincial con movilizaciones, se destaca la necesidad de dotar a la clase obrera de un programa de salida ante la decisión manifiesta de los gobiernos ajustadores de descargar la crisis sobre los trabajadores. El rechazo a los planes del FMI y a la deuda externa, la exigencia de impuestos de emergencia a las corporaciones que explotan los recursos naturales de la provincia y la necesidad de una salida política dictada por los propios trabajadores forman parte de las ideas que se pondrán a debate en el plenario. La realización del evento en la universidad tiene un valor simbólico inmenso en el cuadro de la gran lucha por la defensa de la universidad pública, que se combina en Santa Cruz, con el reclamo docente contra la miserable oferta de un 2% de aumento realizada descaradamente por el gobierno de Alicia Kirchner, después de haber hundido el salario docente por debajo de la línea de la pobreza en Santa Cruz. La provincia ha logrado un superávit primario en el primer semestre sobre la base de congelar salarios. Para recuperar el poder adquisitivo de 2015, los docentes de Santa Cruz necesitan más del 60% de aumento. La canasta familiar en la provincia está entre 24.000 y 28.000, según quien la calcula y un docente gana en un cargo 16.000 pesos. La hipocresía sin límites de los K los ha llevado a aumentarse los sueldos de los funcionarios en un 34% en las categorías de director para arriba y que tiene un curioso sistema de “enganche” porcentual que equipara el sueldo de los ministros con el de los diputados. Mientras hunden en la pobreza a la masa de sus empleados, se protegen a sí mismos incluso con el aumento de los “viáticos” y otros beneficios. No hay que olvidar que a fines de 2017, la Legislatura provincial aprobaba el pacto fiscal en medio de un operativo represivo de la policía provincial que dejó varios heridos. Mientras Alicia llora lágrimas de cocodrilo por el ajuste de Macri, aplica un ajuste en la provincia que supera en muchos aspectos al del propio Macri. El gobierno nacional está hundiendo a YCRT (Río Turbio), donde se exige a los trabajadores una sustancial rebaja salarial y un negreo de parte de sus salarios, como “única salida” o “vamos al cierre de la mina y a la emigración de dos pueblos enteros que dependen de su funcionamiento”. El plenario del sábado 1° parte de constatar esta realidad de ajuste salvaje de Macri y Alicia, y de la conclusión más simple: necesitamos unir fuerzas para defender cada derecho y plantear alternativas de salida que le hagan pagar la crisis a las corporaciones y a los funcionarios corruptos. El evento será un episodio novedoso del proceso de construcción de un movimiento obrero combativo en la provincia y se conecta objetivamente con los esfuerzos de organización obrera independiente propuestos en el gran encuentro de junio en Lanús.

En la pasada semana se realizó una reunión de la Mesa Nacional del Frente de Izquierda y están previsto para los próximos días nuevos encuentros con el propósito de acordar una acción política común de cara a la crisis excepcional que está en marcha. El Partido Obrero, que desde comienzos de año viene insistiendo con la necesidad de una acción conjunta del FIT y mucho más desde mayo con la aceleración de la crisis (propuestas de acto y campaña política en junio y luego acto el 9 de julio), envió una carta de su Comité Nacional a los partidos que integran el Frente, donde desarrolla una caracterización de la situación política junto con un cuerpo de consignas que resumen los ejes de intervención en la etapa y propone un plan de acción nacional para el FIT, que parte de la necesidad de realizar un acto inmediato en la Plaza de Mayo para intervenir en la situación actual, con su réplica en las provincias y principales ciudades del interior. Por la fluidez de la situación política, y los giros y cambios que con seguridad se producirán, sólo se puede transformar en un factor activo de intervención aquella fuerza que actúe en cada fase de la crisis, actualizando sus consignas y planteos. El propósito estratégico que señalamos es que el desafío del FIT es valerse de la crisis para transformarse en un polo político de la clase obrera. Situación política y tareas En la reunión se desarrolló un debate que envuelve tanto a la caracterización de la situación política y las consignas de la etapa, como también cuál debe ser el plan de acción del Frente de Izquierda. Veremos que existe una relación estrecha entre ambas cuestiones. En relación con la situación política, el PO señaló que su carácter excepcional está dado por la combinación única de una bancarrota económica, cuyo fin está lejos de avizorarse, con una crisis política que ha pegado varios saltos con la aparición de los cuadernos, en tanto puso en el banquillo de los acusados a buena parte de los grupos económicos del país y de los partidos políticos de la burguesía. La dimensión de la crisis tiene un alcance internacional, que pone de manifiesto la decidida intervención del imperialismo norteamericano para desplazar de la región a China y a los sectores de las burguesías nacionales que se expandieron asociados a los gobiernos ‘nacionales y populares’. La crisis mundial ha acelerado los choques, agravando las guerras comerciales, las crisis políticas e incluso los enfrentamientos armados. Al pactar con el FMI, el gobierno de Macri ha incurrido en choques con su propia base social, deteniendo ciertas rebajas de impuestos al capital o eliminando parcialmente algunos beneficios. Como compensación, el gobierno ofrece llevar adelante un ajuste de enormes proporciones contra los trabajadores, reduciendo el salario en más de 10 puntos, avanzando contra el sistema previsional y laboral, contra la universidad y contra las provincias, que son quienes tienen a su cargo los sistemas de salud y educación pública. La complicidad de la oposición con esta política es manifiesta, como lo prueban las avanzadas negociaciones para aprobar el Presupuesto 2019 y su pasividad ante la eliminación del Fondo Sojero a las provincias. La burocracia sindical está en la misma orientación, al punto que ha vuelto a Olivos y no tuvo empacho en reunirse con la misión del FMI, mientras los trabajadores del Astillero Río Santiago eran reprimidos en La Plata. Las medidas aisladas y desmovilizadoras sólo apuntan a reacomodarse frente a los grandes movimientos de lucha. Ahora bien, esta ofensiva contra los trabajadores la lleva adelante un gobierno y un régimen en crisis, lo cual abre la posibilidad de que sea derrotado por la acción directa de los trabajadores. La huelga universitaria de estos días da una idea de la potencialidad de las luchas, que están contenidas por la burocracia sindical y la oposición patronal. A la luz de esta caracterización, el PO propuso una campaña nacional con la consigna de “que la crisis la paguen los capitalistas”, siendo éste el punto de partida, pues las masas abordan la situación impactadas por las consecuencias brutales que tiene la crisis sobre sus espaldas. Que la crisis la paguen los capitalistas supone desarrollar un programa integral de reorganización social, que parte del repudio al pago de la deuda, la nacionalización de los resortes fundamentales de la economía y el control obrero general. La lucha por este programa pone el eje en la intervención de los trabajadores en la crisis, para “derrotar el plan de guerra de Macri, los gobernadores y el FMI”. Por eso unimos este planteo con el reclamo del paro activo de 36 horas y el plan de lucha, y el impulso al activismo obrero que ha puesto en pie el Plenario de Lanús. Junto con estas consignas de intervención inmediata planteamos que ante la crisis de régimen y la acentuación de la bancarrota económica, es necesario establecer una respuesta de conjunto, que le permita visualizar a los trabajadores la cuestión del poder, que es finalmente lo que toda crisis de fondo plantea. Propusimos por ello una campaña por una Asamblea Constituyente libre y soberana, o sea con poder, para llevar adelante medidas inmediatas de salida a la crisis, como así también dar satisfacción a reclamos muy sentidos por las masas, como el derecho al aborto y la separación de la Iglesia del Estado. La consigna de la Constituyente soberana debe ir precedida por el planteo de “fuera Macri y todo el régimen corrupto de kirchneristas, pejotistas y macristas”, es decir una oposición general al régimen y al conjunto de sus fuerzas políticas responsables de las sucesivas crisis del país y de las corruptelas generalizadas que enriquecieron a la clase capitalista a costa de la miseria popular. La lucha por sustituir a este régimen por una Constituyente soberana servirá para desarrollar la organización independiente de la clase obrera y los explotados para luchar por un gobierno de los trabajadores. No tenemos duda que una campaña de este tipo pondría al Frente de Izquierda como un factor político en la situación política. Debate En la reunión, la delegación del PTS rechazó nuestro planteo de una Constituyente con poder, y en especial, el planteo de “fuera Macri y el régimen corrupto de kirchneristas, pejotistas y macristas”. Así, la “soberanía” que reclaman para la Constituyente no sería tal, ya que conviviría con otros poderes del Estado, como ser el Ejecutivo e incluso el Legislativo y Judicial. De ese modo, vacían a la consigna de su faceta revolucionaria que puede atraer la atención de las masas, que radica en el hecho de su poder para dar satisfacción a los reclamos populares y tomar medidas de emergencia para que la “crisis la paguen los capitalistas”. En su carta dirigida al FIT, el PTS le adjudica a la Constituyente la función de “debatir los grandes problemas nacionales”, pero eso ya ocurre en el parlamento actual, donde los temas se debaten pero no se resuelven. La atracción que puede despertar la Constituyente soberana en las masas impactadas por los efectos de una nueva crisis, es que se ponga fin a este régimen y se lo sustituya por un organismo con capacidad de resolución, es decir con poder. Por esta vía, además, establecemos una clara delimitación con el kirchnerismo, cuyo caballito de batalla es que debemos esperar a fines de 2019 para votar su fórmula presidencial. Es evidente que si excluimos de nuestros planteos centrales el “fuera Macri y el régimen corrupto de kirchneristas, pejotistas y macristas” nos colocamos en el campo de los que llaman a votar bien en 2019, sólo que diremos que ese voto debe ser al FIT y no al kirchnerismo. Por el lado de Izquierda Socialista, que acaba de realizar su Congreso, su delegación señaló que están dispuestos a incorporar la consigna de la Constituyente, pero que el eje debe estar puesto en la exigencia de un plan de lucha. Es un planteo que condena al Frente de Izquierda al marco estrecho del sindicalismo. El límite que existe para un verdadero plan de lucha está dado por la atadura de las organizaciones obreras a los partidos y al régimen de la burguesía. Plan de acción Estas divergencias en el plano de las consignas y caracterizaciones se expresaron con mayor crudeza al momento de debatir cuál es el plan de acción que debe llevar adelante el Frente de Izquierda. Nuestra propuesta de un acto inmediato para intervenir en la crisis y su réplica en las principales provincias, incluso para explotar situaciones locales importantes, fue rechazado tanto por el PTS como por Izquierda Socialista. Ambos defendieron la realización de un acto lejano en noviembre, en un estadio, lo cual supone seguir postergando una acción del FIT que venimos reclamando insistentemente desde comienzos de año. La negativa a una intervención inmediata en la crisis transforma a un acto de fin de año en un evento electoral de un Frente de Izquierda paralizado. Tenemos así las consecuencias negativas de un planteo político paralizante. ¿O no es claro, acaso, que quienes planteamos sustituir el régimen que las masas aguantan cada día menos por una Asamblea Constituyente soberana no podemos postergar una acción política que de por sí ya viene muy demorada? Los hechos dan forma a las palabras. Como partido, le damos al plan de acción un valor tan grande como a las consignas. Metodológicamente, una acción común ofrece el terreno para constatar el alcance de las divergencias y también la superación de las mismas por medio del debate y el frente único, o en su defecto, de un avance en la clarificación de las distintas posiciones. La parálisis, en cambio, es hermana gemela del faccionalismo y pone por delante los intereses de grupo y las especulaciones electoralistas. Reiteramos, desde estas páginas, nuestra propuesta de avanzar en un plan de acción del Frente de Izquierda que debe comenzar de inmediato. El tiempo perdido no se puede recuperar, pero sí podemos evitar seguir perdiéndolo. Este plan de acción debe comenzar con un acto en Plaza de Mayo a fines de setiembre, colocando al FIT con una convocatoria popular con las consignas de lucha y de poder. Planteamos que en las principales provincias, como Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Jujuy, Salta, Santa Fe y otras realicemos actos del FIT con la presencia de dirigentes locales y nacionales. Sólo una acción enérgica del FIT en cada fase de la crisis permitirá transformarlo en un polo político de la clase obrera que potencie la lucha por la revolución socialista.

Estados Unidos y México acaban de cerrar un acuerdo comercial para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta). La noticia fue celebrada por un alza en la bolsa neoyorquina y mexicana. Trump lo exhibió como un triunfo de la agenda que prometió al momento de postularse en la carrera presidencial. El magnate, recordemos, llegó a la Casa Blanca tachándolo de ser el “peor acuerdo de la historia”, culpable de la pérdida de la base industrial y de puestos de trabajo en Estados Unidos (por la competencia con costes más baratos). Las negociaciones comenzaron en agosto de 2017, atravesadas por choques y continuos ataques del mandatario estadounidense a su vecino del sur por la inmigración. El nuevo pacto aumentará el requisito de contenido regional en vehículos producidos en América del Norte, pasando del actual 62,5 al 75%. Además, se exigirá que el 40% del valor provenga de zonas con salarios de unos 16 dólares la hora. Los vehículos ensamblados en plantas existentes que no cumplan con esto pagarán aranceles de 2,5%. Otro de los temas controvertidos fue que Trump quería un mecanismo de caducidad automática cada cinco años para decidir si se renovaba. El acuerdo firmado tiene una vigencia inicial de 16 años, pero pasados los primeros seis años del pacto, se hará una revisión y así sucesivamente. Extorsión El gobierno de Enrique Peña Nieto ha terminado cediendo a la escalada de la Casa Blanca. Un sector clave lo constituye la industria automotriz. Con los nuevos parámetros, Estados Unidos confía reequilibrar el intercambio comercial que, hasta el momento, era desfavorable para Estados Unidos. El nuevo esquema establece que el 40% del contenido de los automóviles debe estar fabricado por empleados que ganan al menos 16 dólares por hora, y excluye casi en su totalidad a las autopartistas presentes en México. Otra de las principales imposiciones yanquis está referida a la solución de controversias. México ha aceptado suprimir el mecanismo de solución de disputas de los inversores con los gobiernos vigentes hasta ahora, que otorgaba a los Estados una capacidad de arbitraje que ahora se remueve. Otra logro de Washington es el referido a la propiedad intelectual, en el que se apuntalan las prerrogativas y mecanismos de protección de patentes, e invenciones de las corporaciones norteamericanas, empezando por las tecnológicas. En este sentido, se refuerzan las medidas para evitar que circulen por la zona productos falsificados o piratas, así como para combatir el tráfico de secretos comerciales. Otro de los capítulos son los servicios financieros, que le aseguran a Estados Unidos una libertad de acción en territorio azteca. El objetivo es evitar que se impongan restricciones que limiten el negocio de bancos y del gran capital norteamericano. Importa señalar que estos acuerdos han contado con el guiño favorable de López Obrador, cuyos emisarios participaron en las comisiones que tuvieron a su cargo la negociación. La prensa incluso señala que las tratativas se aceleraron a partir del triunfo del futuro presidente. La Casa Blanca quería asegurarse, antes de firmar, que tuviera el visto bueno de la gestión entrante. Uno de los puntos más sensibles en la negociación era precisamente el de la energía, pues López Obrador venía denunciando la reforma energética vigente en el país durante la última campaña electoral. La continuidad de dicha reforma es fundamental para Estados Unidos, pues buena parte de las empresas que han logrado contratos de explotación de hidrocarburos en México en los últimos años son estadounidenses. Aunque no ha trascendido el detalle de lo acordado, todo indicaría que el esquema se mantendría y López Obrador dejaría de lado sus pretensiones de revisión en la materia. En lo que se refiere a la agricultura, se preservaría una zona libre de aranceles para los intercambios entre los dos países, lo que va a contramano de las promesas hechas por el presidente mexicano electo de promover la “autosuficiencia” alimentaria, privilegiando la producción local y a los campesinos del país. La otra cara De todos modos, no todo lo que brilla es oro. En el acuerdo está ausente Canadá, la administración norteamericana aceleró las tratativas bilaterales con México con la finalidad, entre otras cosas, de aislar al gobierno canadiense y forzarlo a un pacto. Es necesario recordar que las relaciones entre Trump y Trudeau, el jefe de Estado de aquel país, han llegado a un máximo grado de tensión. Canadá es reticente a firmar varias de las cláusulas en que México ha cedido, entre ellas, las disputas por controversias, uno de los puntos más calientes en las negociaciones que ya fue uno de los mayores motivos de disputa entre Ottawa y Washington durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de 1994. Pero, además, y quizás lo más relevante sea que el litigio comercial abierto por Estados Unidos tras la aplicación del arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio no se revierte con la firma de este acuerdo. Es, también, una vía para mantener una presión sobre el gobierno canadiense -que se juega mucho más que México en este punto- para que se sume al pacto. De momento, las cosas siguen como hasta ahora: Estados Unidos mantiene sus aranceles y México sus medidas de represalia, también tarifarias. Todo esto habla de que el escenario de guerra comercial está lejos de haberse desactivado. El conflicto en las relaciones entre los socios del Nafta sigue latente y puede potenciarse en un futuro próximo. Ni qué hablar que sigue pendiente en la agenda la cuestión más urticante y explosiva de todas, el tema de los migrantes, y los planes de Trump, quien nunca ha abandonado la intención de levantar la muralla y poner una barrera al ingreso dentro de Estados Unidos de mexicanos a los que se agregan legiones, cada vez más numerosas, de centroamericanos. De todos modos, algunos analistas advierten que el pacto, aún con las concesiones del país azteca, no asegura una resurrección industrial de Estados Unidos ni una recuperación significativa de puestos de trabajo. “Los incentivos a los productos automóviles y autopartes en México siguen siendo muy grandes, debido a la gran diferencia salarial (…). En unos pocos años, quedará claro que la renegociación del Nafta y las otras medidas proteccionistas (como las tarifas del acero) están haciendo poco y nada para recuperar los empleos en Estados Unidos” (Clarín, 27/8). Mientras que las supuestas ventajas entran en un cono de sombras crecen, en cambio, las voces contra los riesgos y perjuicios económicos en torno de las creciente represalias comerciales. La burguesía norteamericana está dividida y va ganando terreno los sectores que plantean la necesidad de ponerle freno a la ofensiva comercial. “Pese al buen resultado del mercado laboral, los empresarios estadounidenses temen que la imposición de aranceles al comercio internacional frene la generación de nuevos empleos y las inversiones” (El País, 27/8). Salvo el sector siderúrgico, la mayoría de las organizaciones empresariales estadounidenses consideran decepcionante y antiproductiva la imposición de aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio importados de la Unión Europea, Canadá y México. “Es un duro golpe para el sector manufacturero estadounidense restringir la cadena de aprovisionamiento de materias primas mediante la imposición de derechos aduaneros a las importaciones provenientes de nuestros más cercanos socios comerciales”, dijo Paul Nathanson, vocero de una asociación formada por unas 30.000 empresas, cuya producción depende del acero y el aluminio (ídem). Los efectos del proteccionismo impactan igualmente en el agro, pulmón económico de los Estados que llevaron al presidente a ganar las elecciones de 2016, debido a que México y Canadá ya anunciaron represalias aduaneras contra bienes estadounidenses. Crisis política y económica A partir de lo expuesto, no es exagerado afirmar que el apuro en la firma del acuerdo obedece a la creciente presión de franjas importantes de la clase capitalista norteamericana que temen que el remedio del magnate sea peor que la enfermedad. Pero, además, y probablemente más perentorio, sea la necesidad del presidente norteamericano de atender el frente interno en el plano político. Trump está urgido por exhibir logros en sus promesas electorales, en momentos que tiene que hacer frente, por un lado, a las elecciones de noviembre de medio término, donde corre el riesgo de perder la mayoría de ambas cámaras y, por otro lado, la amenaza de un impeachment, que ha ganado en intensidad en las últimas semanas, con las revelaciones y el pago de sobornos por parte del magnate, originados en diferentes escándalos sexuales. El acuerdo Estados Unidos-México se entrecruza con la crisis económica y política norteamericana y la transición convulsiva de la nación azteca.

Una movilización de masas gana las calles para respaldar los reclamos de la docencia universitaria y de toda la comunidad educativa. Sigue a un reguero similar en todo el país. Por iniciativa de la AGD-UBA, el sindicato clasista de la docencia de la UBA e integrante de la Conadu Histórica, la marcha se dirigirá al centro político del país -la Plaza de Mayo. A la docencia universitaria se suman estudiantes de todos los niveles y contingentes de docentes en paro en la provincia de Buenos Aires. El gobierno pretende condenar a la docencia superior a un aumento del 15% y en cuotas, ante una inflación del 35% o más. Es claro que la devaluación y la carestía resultante es un brutal mecanismo de licuación de los salarios y jubilaciones. Los universitarios lo han puesto de manifiesto. Su lucha, por lo tanto, deja dos grandes conclusiones. Saca a la luz el brutal vaciamiento educativo, que quienes gobiernan -y quienes lo hicieron con CFK o Scioli- perpetraron a costa de ajustes presupuestarios, derrumbe de la infraestructura edilicia y privatización de los claustros. En la lucha de los universitarios, palpita toda la educación pública. Pero se trata, también, de la primera gran pulseada contra el acuerdo de miseria social entre Macri y el FMI, que los gobernadores seudo-opositores se aprestan a refrendar con el Presupuesto 2019. Una victoria de esta lucha abre paso, por lo tanto, a todas las aspiraciones obreras y populares que el plan fondomonetarista pretende frustrar. ¡Viva la rebelión educativa! Apoyando la lucha universitaria reforzamos a todos los trabajadores por una salida propia a la crisis. El camino que la burocracia sindical y sus jefes políticos han buscado frenar. Con esta convicción, salimos a preparar, con asambleas y plenarios, el paro activo nacional de 36 horas y la movilización del 24 y 25 de setiembre próximos. Derrotemos el plan de guerra de Macri, de los gobernadores y el FMI.

El cuadernogate va tomando la forma de una gran operación de encubrimiento, mediante un bisturí que salva a la clase capitalista y, en particular, al grupo Macri y a Techint. Bonadío ubicó el comienzo de la cartelización de la obra pública en 2008, aunque Wagner haya declarado que él mismo la dirigió desde 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Claro, Franco Macri vendió Iecsa en 2007. Por otro lado, Paolo Rocca, que autoconfesó su participación, no sólo no es citado, sino que Macri lo acompañó a celebrar su jugosa participación en la explotación de Vaca Muerta. Al cierre de estas líneas, la escandalosa maniobra llevó a la Cámara de Apelaciones a indicar ampliar la investigación hasta 2005. La moneda está en el aire. La “ley del arrepentido” en acción, como lo marcamos en oportunidad de su aprobación, es la puerta giratoria del gran capital. Los empresarios salen libres con compromiso de rebaja de penas, las cuales, en la medida que se mantengan en los límites del cohecho (coimas) y defraudación, son bajísimas. La asociación ilícita -de mayor penalización- se verá a quién afecta, si es que la mantienen en pie. Pero difícilmente se aplique a empresarios que se han presentado como “víctimas” de un sistema del que son autores intelectuales, mandantes y principales beneficiarios. Aunque la larga mano de los monopolios imperialistas busque desplazamientos y aunque algunos grupos caigan -llámense Electroingeniería, Lázaro Báez o Cristóbal López-, la clase capitalista no puede estar en discusión. Por eso, Macri y Dietrich han dado garantía de salvar a las empresas a las cuales, además, les piden “colaboración”. Apuntan a penar a las “personas físicas” (los directivos) y no a las “jurídicas” (las empresas). Ya han pensado incluso en un simple sistema de multas a las empresas, cuyo tarifario podría ser el importe de las coimas que declararon. Negocio redondo, cuando facturaron sobreprecios y recálculos mediante licitaciones amañadas de valor incalculable, sobre obras que se estiman en cerca de 200 mil millones de dólares, sólo en el período kirchnerista. En el caso de Techint, habría puesto 1,9 millones de dólares para obtener la indemnización chavista por Sidor de 1.970 millones de dólares. Una multa así sería otro negoción. Para ayudar a este encubrimiento, la Afip ya ha dado garantías de no anular el blanqueo de capitales de las empresas involucradas, lo que constituye un auténtico caso de “seguridad jurídica”. Pero las cosas se han complicado más todavía, debido a las restricciones crediticias que tienen internacionalmente las empresas acusadas de corrupción, lo que paraliza las nuevas obras que tienen financiamiento privado (sistema PPP). Para subsanar el inconveniente, están pergeñando un fondo específico (fideicomiso). Lo manejará el Banco de Inversión y Comercio Exterior que preside el fracasado ex ministro Cabrera, y ya tiene su primer aporte de 300 millones de dólares por parte del… Banco Nación. De la banca privada acreedora, por ahora, no hay noticia. Apuntemos que de la mágica Participación Público Privada y su endeudamiento estatal encubierto, estamos pasando a poner al Estado al frente del nuevo endeudamiento, como garante cierto, inmediato y aún aportante. Pero la operación impunidad es más vasta. Y discutida. El PJ apuró en el Senado la ley de extinción de dominio, una norma que rige para delitos complejos y mayores, como narcotráfico, trata y corrupción. Pichetto y compañía le devolvieron a Diputados la pelota de la media sanción macro-massista, cambiada. Transformaron una norma en lo civil y comercial, en una de base penal, reformando el viejo artículo 23 del Código Penal que dispone el decomiso. El detalle clave introducido por los pejotistas, preocupados por el involucramiento de decenas de intendentes y gobernadores del kirchnerismo y de Cristina misma, es que al ser parte de la ley penal no puede aplicarse al “cuadernogate”, porque sería de carácter retroactivo. Otro bisturí, esta vez en manos de otra camarilla política socia de la patria contratista. Pero aún cuando Diputados insista en el proyecto original, el Estado jamás recuperaría el saqueo. Es que los montos de las coimas, siendo millonarios, son menores. Las empresas, como mínimo desde la dictadura hasta acá, se han capitalizado no sólo mediante el mecanismo capitalista del trabajo no retribuido, sino mediante el saqueo al patrimonio público. La parte espuria es indivisible en empresas enriquecidas de la teta del Estado, desde Techint, pasando por Iecsa o Roggio, hasta Electroingeniería. Por otro lado, los bienes incautados por esta futura ley de extinción de dominio serían rematados o en el mejor de los casos, reprivatizados. Es lo que ha ocurrido con paquetes accionarios provenientes del narcotráfico en Colombia, donde rige una normativa similar. La única y verdadera “extinción de dominio” es la nacionalización integral sin indemnización de las empresas involucradas y de la banca que fue vehículo del lavado y circulación del dinero espurio. Sólo así los argentinos recuperarían lo robado. Por otro lado, habría que proceder a la apertura de los libros, a la incautación de los bienes personales de los accionistas y directivos involucrados y asegurar la continuidad de las obras y empresas mediante el control obrero. Esta sería precisamente una de las tareas de una Asamblea Constituyente, como la que proponemos a partir de terminar con el régimen de saqueadores que constituyen macristas, kirchneristas y pejotistas. Con esta posición política y los instrumentos parlamentarios adecuados a la presentación de esta alternativa en el debate en Diputados, intervendremos para desnudar el operativo de encubrimiento en marcha, por parte de Bonadío y de todo el régimen que gobernó y gobierna con la patria contratista.

La presencia de Mauricio Macri en Neuquén para reunirse con empresarios, funcionarios provinciales y sindicalistas, y anunciar la proyección de la duplicación de la producción de gas y petróleo en el curso de los próximos cinco años, esconde el pacto de impunidad del Presidente con el principal exponente de la burguesía nacional argentina. Sucede que entre los empresarios con quienes se reunió Macri se encuentra Paolo Rocca, el CEO del grupo Techint. La empresa petrolera del grupo, Tecpetrol, opera Fortín de Piedra, uno de los únicos tres yacimientos que ha desarrollado la producción masiva de gas en el último período en la provincia. Techint se encuentra fuertemente involucrada en la causa de los cuadernos de Centeno, a tal punto que uno de sus ejecutivos se encuentra preso. La foto entre el Presidente y el CEO de Techint se produce a días de que el juez Claudio Bonadío estableciera poner un coto hasta 2008 en la investigación de los cuadernos, justamente para absolver a las familias Macri y Rocca. En aquellos años, IECSA estaba a nombre de los Macri y participaba de mesas de cartelización y reparto de la obra pública. Por su parte, Techint admitió sobornar en 2008 a los Kirchner para que gestione el pago de una jugosa indemnización por la expropiación de Sidor en Venezuela. La foto entre Macri y Rocca representa una señal política inconfundible. El gobierno busca evitar una ruptura con el grupo Techint, tejiendo con él un pacto de impunidad. Desde la óptica del macrismo, la causa de los cuadernos de Centeno debe servir para golpear políticamente al kirchnerismo y para remover a parte de la burguesía nacional del negocio de la obra pública en favor de los grupos económicos que determine el imperialismo yanqui. Es claro, sin embargo, que el principal grupo de la Unión Industrial Argentina quedará fuera de volteada. A puro humo Como parte de su visita a Vaca Muerta, Macri ha anunciado con bombos y platillos el comienzo de exportación de gas a Chile. El anuncio no significa, sin embargo, la reversión del déficit energético nacional. Durante los meses de mayor consumo, la Argentina sigue siendo dependiente de la importación de gas natural desde Bolivia, de los buques de GNL que llegan a Bahía Blanca y desde el propio Chile. Sólo tres áreas han logrado la producción masiva (Fortín de Piedra de Tecpetrol, El Orejano de YPF-Dow y Loma Campana de YPF-Chevron). Pero eso no puede tapar que, según la información oficial, en abril de este año se produce en Neuquén apenas el 80% del gas producido en mayo de 2001. Un período de caída del PBI y recesión industrial. Sucede que toda la inversión en esas tres áreas no llega a compensar la desinversión en otras. Lo mismo vale para el petróleo, el propio gobernador ha tenido que reconocer que a mitad del año en curso, recién se está alcanzado la producción de 2009, otro período recesivo y de caída y crisis en la actividad del sector. A su vez, es necesario insistir que el llamado ‘repunte de la producción’ se logra, por un lado, gracias a un esquema de gas subsidiado que le sale muy caro a un Estado que se encuentra en busca de revertir el déficit fiscal. Por eso, sólo ocho de 20 compañías han ingresado al plan de subsidios de gas, entre las que se encuentra Tecpetrol. Por otro lado, el aumento de la producción se ha logrado a expensas de los obreros del sector, que desde hace un año y medio padecen la flexibilización de su convenio colectivo de trabajo, lo que ha multiplicado los accidentes laborales y las muertes obreras en la industria. No es casual que Macri haya visitado Vaca Muerta y haya hablado desde el área Loma Campana, el día en el que se cumple el quinto aniversario del pacto YPF-Chevron. De la mano de aquel pacto que tejió el gobierno kirchnerista con la petrolera yanqui, y que el gobierno macrista mantiene oculto, se le dio inicio a toda la política de entrega de Vaca Muerta y de flexibilización laboral que el macrismo pretende llevar hasta el final.

Cuando este número de Prensa Obrera salga a la calle, estará comenzando la gran marcha educativa en apoyo a la huelga de 190.000 docentes universitarios en todo el país. La marcha a Plaza de Mayo, con réplica en las provincias, fue precedida por tomas de facultades y colegios, marchas en el interior y, principalmente, una huelga que tronó con fuerza en todas las universidades nacionales. La pulseada de los universitarios apunta al corazón del ajuste oficial-o sea, la pretensión de salvar a los especuladores de la deuda argentina perpetrando una masacre social contra trabajadores, jubilados, la educación y la salud públicas. Días atrás, los obreros del Astillero Río Santiago protagonizaron movilizaciones masivas. En esta misma semana, la docencia bonaerense, motorizada por los Suteba combativos, desarrollaba tres jornadas de paro. Los trabajadores comienzan a abrirse paso en la crisis política planteada por el derrumbe del programa económico oficial. Es en este cuadro que la burocracia de la CGT ha anunciado un paro general para el próximo 25, que las CTA y el moyanismo acompañarán con una movilización en el día previo. Rescate de los especuladores… La jornada de este miércoles tuvo otro componente decisivo. El presidente Macri despertó al país con un breve e improvisado discurso, donde anunció un adelanto de fondos por parte del FMI para asegurar el “programa financiero” oficial. Pero las palabras de Macri, que apuntaban a frenar la corrida cambiaria y la fuga de capitales, fueron brutalmente desautorizadas por los especuladores: en sólo una jornada, la moneda nacional se devaluó en un 10%, llegando a 34 pesos el dólar. Es indudable que este traspié tendrá consecuencias políticas en el gabinete nacional: la base social capitalista del macrismo desconfía de la proclamada consistencia financiera oficial, y la dolarización sigue su marcha. Las razones son claras: el gobierno carece de cualquier financiamiento adicional al del Fondo. La caída de los bonos con vencimiento a 2019 ha elevado su rendimiento al 9-10% anual, una tasa de quebranto -una confesión de que los números no cierran y el Estado ni siquiera tiene cubiertos los compromisos del año que viene. De diciembre hasta hoy, los seguros contra un defol de la deuda argentina a cinco años casi triplicaron su valor. Por otra parte, las cuentas oficiales sobre el “financiamiento 2019” no contemplan las necesidades de divisas que emergen de la deuda privada, del comercio exterior y de la incesante fuga de capitales, todo lo cual puede añadir otros 30.000 millones de dólares que deberán ser provistos por el Banco Central. A esta mochila, se añade la bomba explosiva de las Lebacs y de los títulos creados para reemplazarlas, cuya renovación no está de ningún modo garantizada (hace diez días, el gobierno sólo pudo renovar el 54% de un vencimiento de Letras del Tesoro). La frazada es demasiado corta. Si el “adelanto” del FMI se consume en rescatar a los títulos que no se renuevan -o sea, abastecer con dólares a los especuladores que dejan la deuda- la perspectiva de una cesación de pagos se acentúa. Por el lado del Tesoro, y a pesar de los brutales recortes en marcha contra trabajadores,jubilados, educación y salud públicas, el acuerdo con el Fondo también se encuentra cuestionado: en este caso, por la caída en picada de la actividad económica, que compromete la recaudación. La impotencia oficial para contener la crisis es manifiesta. El ajuste -que funciona para golpear a los educadores y a toda la clase obrera- no rige a la hora de rescatar a los capitalistas involucrados en la causa de los cuadernos, y que conforman -de Techint a Roggio- la “crema” de la burguesía argentina. El mismo gobierno que devalúa salarios y jubilaciones no tuvo empacho en blindar a los contratistas de la obra pública -todos arrepentidos ante el juez Bonadio- con un costoso esquema de garantías bancarias y fondos públicos, con el Banco Nación a la cabeza. Este operativo se completa con la decisión del juez Bonadio de limitar sus investigaciones al año 2008. De ese modo, se pretende salvar de cualquier imputación al grupo Macri, que transfirió en ese año la empresa IECSA -involucrada en las coimas de Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento y al grupo Techint y su CEO, Paolo Rocca por sobornos realizados por la empresa en 2007. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones ha resuelto extender esta investigación al año 2005, cuando comenzaron las maniobras en torno de esta obra millonaria. La crisis de los cuadernos recién comienza, en sus alcances e implicancias. Crisis política y maniobras El derrumbe económico y la crisis de Estado planteada en torno del cuadernogate ha desatado una intensa deliberación al interior de los partidos capitalistas y del propio gobierno. Ha llegado a circular la versión de un adelantamiento electoral -para plebiscitar la gestión macrista antes de un mayor agravamiento de la crisis. Los que rechazan estos “extremos” admiten, en cambio, un adelantamiento en distritos cruciales -¡Buenos Aires!- para salvar a Vidal de ser arrastrada a una elección presidencial desfavorable. Varios gobernadores pejotistas quieren acoplarse a la variante del adelantamiento y reclaman la venia del gobierno a cambio de su voto por el Presupuesto de ajuste 2019. Duhalde ha lanzado la candidatura de Lavagna. Apunta a abrir la “grieta” en la patronal industrial, en medio de la recesión galopante y la competencia importadora que no ha cesado con la devaluación. La crisis de los cuadernos ha acentuado la dependencia del kirchnerismo a la unidad pejotista-Bonadio ha convertido a CFK en una rehén del Senado de Pichetto y, por supuesto, del Vaticano. Los delfines de Cristina -como Rossi o Kicillof- ya han adelantado su “respeto” al acuerdo con el FMI. La unidad opositora se postula para gestionar el tendal del macrismo en términos de un sacrosanto respeto de los usureros internacionales. Pero la crisis se acelera y obligará a todas las clases sociales a intervenir bastante antes que lo dispone el calendario electoral de 2019. Ello no excluye, desde luego, a la izquierda. La descomposición económica, que se descarga brutalmente sobre los explotados, plantea la necesidad de una gran acción colectiva de los trabajadores para derrotar este plan de guerra, para que la crisis la paguen los capitalistas. De Techint a Roggio, de CFK-De Vido a los Macri, los responsables del derrumbe están a la vista: ¡Fuera Macri y el régimen corrupto que comparte con pejotistas y kirchneristas! Llamamos a luchar por una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que reemplace al actual poder político y ejecute las medidas elementales para poner fin al saqueo del país y de sus trabajadores: satisfacción de las reivindicaciones obreras inmediatas, repudio de la deuda usuraria, que la devaluación ha tornado aún más gravosa; nacionalización de la banca y el comercio exterior; separación de la Iglesia del Estado, para terminar con la sujeción al oscurantismo y a los enemigos del aborto legal. Hay que abrirle paso a esta perspectiva luchando para que los trabajadores irrumpan en el escenario nacional. Después de una nueva “tregua” al gobierno, e incluso de haberse reunido con el FMI, las burocracias de la CGT y las CTA han convocado a un paro nacional. La burocracia maniobra ante la “temperatura en ascenso” y teme que la olla de indignación popular que se cuece al compás de los despidos, las suspensiones y la caída del salario termine por estallar al margen de ella. Al mismo tiempo, busca empalmar con las primeras fisuras de la clase patronal. El paro es para sus convocantes un episodio aislado y sin continuidad. Pero es también la confesión de que todos los antagonismos sociales se abren paso al compás de la crisis económica y política. Es necesario intervenir a fondo, desarrollando un programa y reclamando asambleas y plenarios de delegados para imprimirle un carácter activo en todos los sindicatos -o sea, de 36 horas y con movilización, en la perspectiva de la huelga general contra el “plan de guerra”. Así, le abrimos paso a la lucha por una salida política de los trabajadores a la crisis.

El sindicalismo combativo de Adiunt (Tucumán), ADU (San Luis), AGD-UBA, la Conadu Histórica y la COAD (Rosario), a fuerza de cuatro semanas de paro y dos semanas de movilizaciones de cientos de miles de personas, más las tomas de facultades y rectorados en todo el país, lograron imponer una marcha masiva a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país. La decisión fue el resultado de una intensa lucha política. Ocurre que Fedun, de la CGT, Fatun, sindicatos K y, en el campo del movimiento estudiantil, la Franja Morada pretendían llevar la marcha a Palacio Pizzurno, con el objetivo político de acotar la movilización a la cuestión paritaria y evitar la Casa Rosada. Sin embargo, las grandes movilizaciones que recorren el país y, en especial, las multitudinarias marchas que se sucedieron en La Plata, Córdoba y Rosario, torcieron la balanza como lo reconocieron los mismos representantes de la Conadu. Que el destino de la marcha sea el poder político nacional -y todas las plazas del país- representa un triunfo de la movilización popular. En estas cuatro semanas de huelga docente, la adhesión y la movilización fueron crecientes. La lucha universitaria se puso en el centro de la situación política y hasta Macri tuvo que citar a los rectores, como virtuales gobernadores, para contener y desviar la rebelión educativa. Todo el operativo del gobierno por quebrar la huelga -con el planteo extorsivo de que sobran docentes, que el presupuesto es el mejor de la historia o que todo sería el resultado de una “conspiración trotskista”- chocó contra la realidad: el paro cuenta con un 90% de adhesión, el movimiento estudiantil entró en escena con sus propias reivindicaciones y el método de las tomas y, sobre todo, con la participación de los trabajadores en lucha y el apoyo popular a la defensa de una universidad estatal, laica, científica, gratuita y con ingreso irrestricto. Esta universidad, que construimos con un siglo de lucha, es con lo que quieren terminar el FMI, Macri y los rectores de los “fondos propios” (negros) y sus negociados. Las burocracias sindicales y estudiantiles fueron desbordadas por el movimiento que impulsamos los sectores combativos de la docencia y los agrupamientos independientes de las autoridades de los estudiantes. Siete sindicatos de la Conadu kirchnerista desoyeron a su dirección cuando llamaban a levantar la huelga. La Franja Morada fue incluso expulsada de varias asambleas estudiantiles. La anterior presidenta de la FUA, Josefina Mendoza, fue repudiada por cientos de estudiantes y docentes en Bahía Blanca cuando fue a explicar las bondades del presupuesto universitario. Ahora la Fedun dice que “rompimos el techo” cuando nos siguen ofreciendo el 15% y una “mesa técnica”, y no el 30% más cláusula gatillo que pedimos. La dirección K de la Conadu dice que los números son los mismos, pero que la propuesta es “cualitativamente” distinta. La marcha educativa de este jueves no es para cerrar el conflicto. Es un hito más de esta huelga masiva, nacional y que cuenta con la simpatía popular para defender la educación pública. Vamos a la plaza para romper el techo salarial y frenar el ajuste del FMI, Macri y los rectores. Así como luchamos desde la Multicolor para que la marcha vaya al centro del poder político, luchemos ahora para que seamos decenas de miles en las calles para derrotar el ataque a la universidad y a todo el pueblo trabajador. Los docentes estamos dando una “clase” de lo que hay que hacer para derrotar el ajuste, mientras las burocracias sindicales lo dejan pasar.

El plenario de secretarios generales de la CGT -del que participaron 129 gremios de los 200 confederados- resolvió convocar a un paro el 25 de septiembre, sin movilización, contra el modelo “económico de Macri y el acuerdo con el FMI”. Ante el éxodo de gremios del Consejo Directivo y ante la posibilidad que el paro de un grupo menor de gremios paralice el país, el Triunvirato busca reacomodarse con otro paro aislado. El plenario cayó un día antes de la colosal movilización educativa a Plaza de Mayo, que se viene gestando con la gran huelga universitaria en todo el país. En medio del gran paro docente de la provincia de Buenos Aires y días después de la represión al Astillero en La Plata. Por lo tanto, el paro es un resultado de la presión popular y de las luchas, aisladas pero persistentes, que se multiplican al ritmo del derrumbe económico y ponen en cuestión la capacidad de la burocracia para seguir ahogándolas. Esta contención ha sido, y es, en combinación con la (no) oposición parlamentaria, un pilar del macrismo. A nadie se le escapa que la burocracia busca “descomprimir” el descontento y reiterar lo ocurrido tres meses atrás, cuando los Gordos y los Independientes, el ala de la CGT más colaboracionista con el gobierno, se reacomodó tras la medida. Duró poco. Durante estos tres meses, el Triunvirato se empeñó en ampliar la base de sustentación de su pacto con Macri -para, entre otras cosas, avanzar con la reforma laboral- sumando a los taxistas y fraternales del Movimiento Acción Sindical Argentino y a la UOM, pero se estrelló contra la crisis: el salto inflacionario, los despidos y suspensiones, los tarifazos y la devaluación permanente, socavaron la estrategia. El bloque “disidente” -el clan Moyano, los kirchneristas de la Corriente Federal y el Smata-, paralizados desde el 21F, terminaron marcándole la cancha al Triunvirato. El paro cegetista del 25 vino tras el anuncio de un paro de 36 horas junto a las CTA de Yasky y de Micheli. De ese bloque participa también el trío San Cayetano, otra pata de la contención en los barrios más explosivos que están levantando presión. La balanza de la huelga la inclinaron los “indefinidos”, donde hoy se ubican además del Masa, la Confederación de sindicatos de la Energía (Luz y Fuerza, petroleros y otros), los ex moyanistas panaderos y cerveceros, la poderosa CATT del transporte y hasta la oficialista “Seis Dos”. Los mecanismos de contención crujen bajo el peso de la mencionada huelga universitaria, de la movilización del Astillero Río Santiago, del largo conflicto de Télam, de la rebelión de la comunidad educativa bonaerense contra el deterioro escolar, de las luchas de la Patagonia, de las grandes movilizaciones de Córdoba con Luz y Fuerza a la cabeza, de la histórica lucha por el aborto legal. Apunta a un factor que no se le escapa a las gran patronal y a la burocracia: el rol importante en todas ellas del clasismo y la izquierda, y en particular de las organizaciones agrupadas en el Plenario Sindical Combativo de Lanús. La mayor debilidad de la burocracia es que, de conjunto, carece hoy de una perspectiva política homogénea. Mientras el sector “dialoguista” se referencia en el pejotismo más tradicional de los gobernadores, el bloque 21F se recuesta en una posible candidatura de CFK y hasta en tándem con el propio Hugo Moyano. Son todos tributarios del “votemos bien en 2019”, por lo tanto, la finalidad central de la burocracia en todas sus variantes no es derrotar al gobierno, sino “acumular” en función del recambio electoral. Esto mientras arman un cerco alrededor de las luchas actuales, entregan los convenios, los puestos de trabajo y el salario. Como ejemplo, basta mencionar el reciente acuerdo de Telecom-Clarín con Foetra (dirigida por el Masa y la CTA-Yasky), Foessitra (PJ), el Satsaid (Corriente Federal), para extender la jornada de trabajo y habilitar la polifunción, en una de las actividades más rentables del país, como es la telefonía y los cables. Palazzo no paró ni media hora para cerrar su paritaria adicional en 28% en cuotas, siete puntos debajo de la inflación prevista, cuando la fuerza de los 100 mil bancarios en la actividad financiera podría ser la punta de lanza de la ruptura de los techos de todo el movimiento obrero. La burocracia no parte de una premisa central, de la que tenemos que partir nosotros como parte vital del movimiento obrero: la clase obrera es empujada a intervenir ante un gobierno obligado a atacar en un marco de debilidad política, de repudio popular creciente y que actúa condicionado por el FMI. En resumen, los podemos derrotar a partir de una intervención de masas, de tal manera que el paro nacional de 36 horas movilice millones de compañeras y compañeros, pasando por encima desde abajo al paro dominguero de la CGT y abriendo el camino a un plan de lucha y la huelga general. El Congreso de delegados de bases por el que luchamos a escala nacional puede ser impuesto en algunas provincias a partir de la efervescencia en desarrollo. La CTA mendocina lo ha planteado, reforcemos su campaña con esta orientación. En esa perspectiva, el Plenario Sindical Combativo, que tiene previsto una serie de iniciativas entre ellas varios plenarios regionales, puede transformar el plenario de la Ciudad de Buenos Aires en un reagrupamiento de todos los sectores representativos de Capital y provincia, y poner los plenarios de Córdoba, Santa Cruz y otros en preparación, al servicio de esta estrategia. En definitiva, la estrategia de un nuevo Argentinazo dirigido por la clase obrera, para que la crisis la paguen los capitalistas, derrotar el plan de Macri, los gobernadores y el FMI e imponer una Asamblea Constituyente, libre, soberana y con poder, para reorganizar el país. Lanús ha planteado a todo el movimiento obrero un programa que arma a la vanguardia obrera para intervenir en esta crisis.