Prensa Obrera N° 1515

En las elecciones municipales del 12 de agosto en la provincia de Santiago del Estero se impuso el Frente Cívico, que gobierna la provincia por medio de Gerardo Zamora. El FC triunfó en 25 de los 26 municipios en que se disputaban las intendencias y los concejos, y lo hizo con porcentajes abrumadores: en la capital, que es el municipio más importante de la provincia, obtuvo el 63% de los votos. Antes de esta elección, el FC ya gobernaba en 24 de los municipios. Ahora terminó arrebatándole a Cambiemos el municipio de Pinto. Sólo en La Banda (la segunda ciudad de la provincia) no logró triunfar el FC. Allí se impuso Mirolo, alineado con el Frente Renovador. Si se miran superficialmente las cifras y la extensión del triunfo, daría la impresión de que en Santiago nada ha pasado desde la última elección provincial ocurrida el año pasado. Sin embargo, con una radiografía más de fondo, se pudo verificar que en la interna en el FC, que existe desde su conformación en 2005, entre el sector radical liderado por Zamora (actual gobernador) y el sector peronista liderado por Neder (actual vice), el fiel de la balanza se corrió en favor de Zamora. En varios municipios, ambas tendencias presentaron listas enfrentadas y en todos ellos triunfaron las listas zamoristas. La única posición de importancia que queda en manos de peronistas alineados con Neder es en Las Termas. Aunque Gioja haya saludado el triunfo del FC y lo haya presentado como un triunfo del peronismo, procurando seducir a Zamora que no es peronista, se trata de una impostura por cómo ocurrieron realmente los hechos. Apenas 24 horas después de las elecciones se están produciendo denuncias cruzadas dentro del propio FC, donde la gente de Neder denuncia a los zamoristas por fraudes y los zamoristas de Las Termas lo hacen con los de Neder. En algunos casos han convocado a marchas. Es un fenómeno anticipado de descomposición de la alianza gobernante de la provincia El de La Banda es un caso interesante porque allí el candidato a intendente por el FC, “Chueco” Blanco, estaba alineado con Neder, ante lo cual Zamora y los zamoristas de la Banda le hicieron el vacío. El resultado fue una derrota por 13 puntos de “Chueco” Blanco a manos del candidato Renovador, Mirolo, quien ya era intendente y había mostrado durante su mandato un alineamiento con la políticas del zamorismo. Cambiemos hizo sapo. No sólo perdió la única intendencia que dirigía, sino que su principal fuerza, la UCR oficial, fue complemente desplazada de las listas por personajes que ocupan puestos en reparticiones nacionales designados a dedo y que responden al PRO. Este hecho y el desprestigio general y creciente del gobierno de Macri, hicieron el resto. En el caso de los Renovadores, importa señalar que aparte de mantener el gobierno municipal de La Banda, se presentó como una coalición en la que convergieron el PCR y Libres del Sur, quienes pusieron la mano de obra en la campaña, abandonando cualquier principio político: se quitaron los pañuelos verdes, para no chocar con los massistas contrarios al proyecto de ley que se discutió en el Congreso Nacional. La campaña del zamorismo El zamorismo hizo una campaña destacando el orden fiscal de la provincia, la paz social y la “defensa de la vida desde la concepción” y, en la política más general, mantuvo un conjunto de resoluciones con las cuales hizo tabla rasa con el estatuto y la carrera docente. Zamora dio órdenes a sus senadores para que votaran contra el proyecto en favor de la legalización del aborto. Zamora y los zamoristas se corrieron de la crisis nacional -el FMI y el ajuste no existieron- a pesar de que durante la campaña se les anunció que Santiago va a ver recortados sus ingresos en más de 3.000 millones de pesos. Para volcar a algún sector de trabajadores indecisos, adelantó el pago de un bono de fin de año por 5.000 pesos. Los sectores poderosos de la obra pública (grupo Ick) y los terratenientes de la soja se mantuvieron fieles en el apoyo al régimen zamorista en los municipios, reconociendo a Zamora como el único político que hoy en la provincia puede llevar a fondo el ajuste y, a la vez, defender sus intereses. Zamora, además de su aparato de punteros, tuvo otra pléyade de apoyos que apuntalaron la campaña del FC: las burocracias de todos los sindicatos y, más importante aún, el respaldo de la Iglesia. Las elecciones y las luchas El proceso de lucha de los trabajadores tuvo un pico en 2016 con la gran huelga docente de 44 días que termino reivindicativamente frustrada y el gobierno ha procurado escarmentar con persecución y con una reforma laboral anticipada, donde mediante resoluciones ha borrado el Estatuto y la carrera docente sin que el sindicato hasta ahora atinara a organizar un plan de lucha para recuperar las conquistas perdidas. Sólo los docentes agrupados en Tribuna Docente de Las Termas, que han logrado una fuerte influencia en la docencia, se mantienen como referentes y, expresión de ello, es que la lista municipal del PO en este distrito se conformó con los mejores luchadores docentes de ese proceso. En el caso del campo, las organizaciones que en el pasado impulsaron los reclamos campesino (los Mocase) han bloqueado todos los reclamos en nombre del mal menor y han pasado a apoyar a Zamora a pesar que éste ha sido el sostén político de la expulsión de sus tierras de los pequeños campesinos e incluso de sus asesinatos. En el campo de la gran lucha del movimiento de la mujer y a pesar de que Zamora llamó a apoyar la postura contra el proyecto en favor de la legalización de aborto, diversos movimiento feministas reivindican la política zamorista de creación de juzgados específicos -que son una nulidad frente a la enormidad de atropellos que sufren las santiagueñas a diario. A esta política de apaciguamiento se sumaron Libres del Sur y el PCR. Desde el Plenario de Trabajadoras libramos una gran batalla, casi en solitario, por abrir un curso combativo e independiente a la lucha por los derechos de la mujer. Nuestra campaña En este cuadro de bloqueo, y donde el zamorismo momentáneamente mantiene el monopolio político en la provincia, sólo el Partido Obrero salió resueltamente a denunciarlo y enfrentarlo con una importante agitación. El resultado de ello es que se ganaron importantes espacios en los medios, se amplió la periferia en diversos frentes y se conquistaron más de cien fiscales en los tres municipios donde se presentó el partido. Se debe hacer la salvedad de que en la capital se concurrió como Frente de Izquierda, aunque en la práctica sólo el Partido Obrero realizó efectivamente una campaña. Durante la misma no se pudo coordinar ninguna acción en común, ni el acto de cierre -por la negativa de Izquierda Socialista. Sólo hicieron una limitada agitación en la última semana. A la hora de la fiscalización apenas aportaron una decena de fiscales. A pesar de estas actitudes, se logró un resultado importante, con un 3,56%, se superó al MST -que obtuvo un 2,63%- y permitió ubicar al FIT como cuarta fuerza, aunque no alcanzó para conquistar una banca. En Las Termas, la campaña -que fue debut- tuvo impacto en un sector de la población juvenil y la docencia y se logró un 2,81%. Aquí se superó a los renovadores y a Cambiemos. En la Banda se logró una votación más modesta, de 0,89%. Con estos resultados, el PO ha quedado registrado como la mayor fuerza de la izquierda santiagueña, reforzado ello, además, por la capacidad de movilización e intervención en la lucha de clases provincial. El agravamiento de la crisis nacional, el ajuste en curso, el ascenso del movimiento de la mujer son señales de la fase convulsiva en la que entra el país todo y en la que también entrará Santiago. Ahora a reclutar para terminar de capitalizar el esfuerzo realizado y enfrentar los grandes y nuevos desafíos.

Recyp Erdogan se consagró presidente de Turquía hace dos meses, con el añadido de poderes extraordinarios, sin necesidad de ir a una segunda vuelta. Como Putin, en Rusia, y Macri, en Argentina, en distinto grado, se enfrenta ahora a una ‘tormenta perfecta’ -una posible cesación de pagos, crisis bancarias incluidas, una crisis política internacional con Donald Trump y la posibilidad de acabar en un abrupto corte del mandato. La lira turca se ha desvalorizado un 50% en seis meses, con tendencia creciente, arrastrando a otras divisas, como el peso argentino, el rublo ruso, el rand sudafricano y el real brasileño, y hasta a una liquidación de la deuda pública italiana por parte de inversores internacionales. Los préstamos incobrables de la banca instalada en Turquía, que habían alcanzado un peligroso 10% del total de la cartera durante la crisis de 2010 y caído al 4% dos años más tarde, llega ahora a un porcentaje superior al 7% con tendencia alcista. Una señal roja de quiebras. Las causas inmediatas de este derrumbe son comunes a la mayor parte de países ‘emergentes’. El rescate internacional, por parte del Estado y los bancos centrales, al capital golpeado por la crisis mundial, produjo un reciclamiento del dinero del centro a la periferia capitalista y provocó un endeudamiento extraordinario de esta última, que se ramificó en cada país por la expansión del crédito interno, especialmente orientado al consumo personal. El efecto multiplicador del endeudamiento externo es enorme. La guerra económica internacional y la política de suba de las tasas de intereses de esos mismos bancos centrales ha revertido la tendencia. En estas nuevas condiciones, lo que distingue a Turquía es que la deuda en divisas de las compañías capitalistas supera largamente a la deuda pública -es, ella sola, de 300 mil millones de dólares, un 62% del producto bruto interno de Turquía. De acuerdo con la prensa financiera, los bancos turcos deben refinanciar, con sus acreedores extranjeros, 55 mil millones de dólares en el plazo de un año y las compañías no financieras arriba de 20 mil millones de dólares, sin considerar su endeudamiento con el sistema bancario local. La devaluación de la lira ha elevado en forma astronómica esa deuda en moneda local. Según el Financial Times, es una deuda “unhedged” -o sea, no está asegurada contra una devaluación de la moneda. El BBVA ha anunciado ya una pérdida de mil millones de dólares. La banca europea es dominante en Turquía, donde se destacan, además, el italiano Unicredit y el francés Paribas. El principal banco de Turquía, el estatal Halkbank, uno de los más golpeados por la devaluación, acaba de ser condenado a pagar una multa gigantesca, por parte de un tribunal de Nueva York, acusado de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán. La información del Banco de Basilea muestra que los prestatarios turcos deben a los bancos españoles 65 mil millones de libras esterlinas, a los franceses 30 mil millones y a los italianos 13 mil millones. Esto debe generar una crisis financiera generalizada y una devaluación en cascada de monedas, incluido el euro y la libra inglesa. Crisis político-financiera En oposición a la feligresía financiera local e internacional, Erdogan se ha negado a elevar las tasas de interés, buscar un acuerdo con el FMI y crear un banco especial que compre la deuda incobrable de los bancos privados y estatales. Teme como a la peste provocar una recesión económica con estas medidas y la consiguiente reacción popular; las elecciones municipales que enfrenta dentro de tres meses podrían desbaratar la victoria reciente en las presidenciales. Por otro lado, los observadores estiman que Erdogan no recurrirá a controles de cambios u otras medidas intervencionistas, dada su orientación fuertemente privatista. Es decir que se encuentra en un gigantesco impasse, aunque ataque en forma reiterada al “club de la tasa de interés”, en referencia a los bancos. Debe optar entre la crisis industrial y la hiperinflación -dos formas complementarias de la cesación de pagos y la bancarrota. Trump ha elegido la oportunidad de esta crisis para apretar a Erdogan, que se ha alineado con Rusia en el tema de la salida a la guerra en Siria. Además, Turquía ha ocupado el noroeste de Siria, desafiando el apoyo del Pentágono a las milicias kurdas que desalojaron al Estado Islámico de esa región. Se apresta ahora a ocupar la ciudad de Iblid, con una población de 2,5 millones de personas, a lo cual se oponen tanto Estados Unidos como Rusia y Siria. Una información a cuentagotas ha dejado trascender que en la controvertida reunión reciente entre Trump y Putin, éste propuso la retirada del ejército ruso de Siria y una alianza ruso-norteamericana para “reconstruir” Siria con capitales norteamericanos y un acuerdo internacional con Israel. Una salida muy conveniente para Erdogan, que ha venido tejiendo con Putin esta propuesta desde hace dos años. Ese principio de acuerdo, sin embargo, ha sido rechazado por el Congreso de Estados Unidos, que en su lugar decidió reforzar las sanciones contra Rusia, en vigencia desde la ocupación de Crimea por parte de Putin. El acuerdo Trump-Putin se convirtió en un búmeran. En consecuencia, lejos de ofrecer un ‘socorro’ financiero a Turquía, Trump le ha impuesto un arancel del 25% a las importaciones de acero turco, que representan el 15% de las exportaciones de Turquía, agravando la tendencia a la bancarrota. El pretexto usado para las sanciones es que la devaluación abarata las exportaciones de Turquía en detrimento de la producción norteamericana. Es un caso de falacia típicamente trumpiana, esto porque las sanciones acentuarán más la devaluación de la lira. Giro y represalias El otro pretexto para las sanciones es la negativa de Erdogan de liberar a un pastor evangélico norteamericano, acusado por las autoridades turcas de espía. Es un diferendo que tiene más de dos años, pero que estalla muy oportunamente en esta ocasión de crisis financiera. El pastor acaba de recibir arresto domiciliario. Las razones reales para sancionar a Turquía, en medio de esta crisis en descontrol, tiene que ver con el giro internacional de Erdogan hacia Rusia, China e Irán, desde hace más de dos años, con referencia a la guerra en Siria y el conjunto de conflictos en Medio Oriente (crisis política en Irak, guerra en Yemen, sanciones contra Irán, el apartheid establecido por parte de Israel contra las poblaciones no judías). Erdogan pretende canjear la libertad del evangélico por la extradición de un pastor musulmán, que reside en Estados Unidos, al cual acusa de haber fomentado el golpe militar de 2016, que fue derrotado por Erdogan. Trump se niega al canje, simplemente porque ese golpe fue promovido efectivamente por Estados Unidos y la Unión Europea para frenar la deriva de Turquía hacia Rusia. Un intento de canje por una ciudadana turca encarcelada en Israel por colaboración con Hamas, no ha prosperado -Erdogan reclama la cabeza del jefe golpista que reside en Chicago. El sabotaje del Congreso norteamericano al acuerdo Trump-Putin agrava la situación; también rechazó la realización un referendo en la zona de Ucrania ocupada por milicias pro-rusas, que permitiera luego levantar las sanciones económicas contra Rusia. Esas sanciones han sido reforzadas, cuando se esperaba una atenuación; Putin ha reducido la tenencia de deuda norteamericana en forma sustancial. Trump ha convertido a la crisis financiera de Turquía en un rehén, a ser canjeado por un cambio de alianzas de Erdogan o directamente su caída. No es muy diferente a lo que ocurre en Argentina, donde la intervención del FMI es usada como elemento de presión para reducir la presencia económica e internacional de China, de la cual dependen, sin embargo, no solamente las exportaciones rioplatenses sino la propia obra pública. El derrumbe financiero y la guerra económica se entrelazan abiertamente y abren paso a los golpes de Estado y a la ampliación de las guerras. Erdogan ha hecho pública la amenaza de recurrir a Rusia, China y Qatar para hacer frente a la crisis financiera. Los límites de acción de los gobiernos de estos tres países son, sin embargo, harto limitados, porque atraviesan, a su turno, crisis financieras. El rublo y el yuan han sido alcanzados por la cadena de devaluaciones; Qatar enfrenta el boicot internacional de Arabia Saudita y los emiratos del Golfo. Qatar, por otro lado, se encuentra asociada con Irán en la explotación de la mayor reserva mundial de gas, precisamente cuando Trump ha anunciado sanciones descomunales contra Irán, que atraviesa un desplome de su economía. Esta constelación de enfrentamientos ha dado paso a la sospecha, varias veces mencionada, de que China, atacada por Estados Unidos, abandone al dólar como moneda de referencia del comercio de productos básicos, en primer lugar, el petróleo. El derrumbe de Turquía no está confinado a sus fronteras -es un verdadero conflicto mundial. Lo mismo ocurre con el derrumbe de la moneda, la deuda pública y la Bolsa de Argentina. El imperialismo representa una tendencia permanente a la guerra, pero se cocina en el fuego de la bancarrota capitalista que se acentúa en el derrumbe asiático de 1997 y cobra alcance histórico en 2007/8. Las crisis nacionales han perdido hace mucho su carácter local, pero ahora forman parte de una guerra internacional.

La visita de los funcionarios del FMI ha sido la excusa para una nueva vuelta de tuerca en el ajuste contra trabajadores y jubilados. El gobierno vuelve a reducir los fondos a las provincias, lo que golpeará a los estatales y maestros, a la educación y a la salud pública de los distritos. Pero, además, el FMI exigió poner en marcha la reforma laboral y una nueva reforma antijubilatoria. Todo esto, en nombre de “reunir los recursos para superar la crisis”. Pero, mientras tanto, el derrumbe económico sigue su marcha: en las barbas de los técnicos del Fondo, el gobierno vendió 1.000 millones de dólares para frenar la corrida cambiaria. Y no pudo evitar una nueva devaluación de la moneda. Los que nos piden “sacrificios” están vaciando al país. Para zafar del descrédito popular, los vaciadores de hoy nos piden que miremos los “cuadernos K”, los de los vaciadores de ayer. Pero detrás de unos y otros, está la misma clase social: los banqueros y la patria contratista de Techint, Roggio y compañía. Es necesario que los trabajadores le demos a esta crisis nuestra propia salida. Y superar la parálisis de una burocracia entregada, como nunca, a los brazos del gobierno ajustador. El programa es claro: reapertura de las paritarias e indexación mensual de los salarios, reparto de las horas de trabajo, anular los tarifazos. Enfrentar la sangría del país mediante el repudio de la deuda usuraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Luchemos por un Congreso de Bases de todos los sindicatos, con delegados mandatados, por un paro de 36 horas y un plan de lucha hasta derrotar al gobierno ajustador y al FMI.

Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero hemos abierto un debate en el enorme movimiento de lucha por el aborto legal, para dar continuidad a través de la lucha por una consulta popular vinculante, a nuestra pelea que ha conquistado una masividad sin precedentes en la historia por los derechos sociales en nuestro país. La determinación del Senado de hacer valer el peso de la Iglesia católica y quedar así de espaldas a la aprobación de la legalización del aborto, tiene ahora su continuidad en la negativa de todos los bloques del régimen a la iniciativa de una consulta popular vinculante. Esta negativa ha logrado vencer la grieta al interior de estos partidos, ya que integrantes de uno y otro bando están en contra. El diputado Daniel “Lipo”vetsky, quien viviera su primavera política mientras duró el tratamiento en Diputados, largó la propuesta y, ante la rápida desautorización de su gobierno en boca del propio Marcos Peña, no volvió a insistir. Para los partidos gobernantes, tanto a nivel nacional como en las provincias, la discusión del tema significa remover aspectos fundamentales de la gobernabilidad en la crisis. La Iglesia católica y la evangelista son pilares de la contención social. El más pérfido triunfo del clero ha sido el intercambio de favores con Cristina Kirchner. Luego de la panquequeada de su senadora por Río Negro, que todo el arco del FpV dejó pasar, como casi todo el debate sobre el aborto legal, entre el 5 y el 6 de agosto se produjo un raid mediático de Juan Grabois, absolviendo a CFK en la causa del cuaderno- gate. Luego, CFK apareció frente al juez Bonadío de la mano de Valdés y de Grabois ambos hombres de Bergoglio. Estos son los gestos de agradecimiento por dar vuelta el voto número 37. Entre los senadores, estaba claro entonces que el Vaticano había logrado perforar al bloque cuyo apoyo silencioso al aborto legal obedecía a la presión de su base electoral. El intercambio de favores incluyó el atrevimiento de la ex presidenta de pedirle a las mujeres, que esperaban afuera del Senado el día más frío y hostil del año, que no se enojaran con la Iglesia y con los curas. Días después murió Liz, como fruto de haberse introducido perejil en su útero. La realidad refutó de la manera más cruel al cura “Pepe” Di Paola, al obispo Gustavo Carrara y al operador papal Juan Grabois, cuyo discurso sobre el punto es que “las pobres no abortan”. El cinismo con sotana. El nuevo descubrimiento de una red de pedofilia que alcanza la acción de más de 300 sacerdotes en Pensilvania, Estados Unidos, y que habría afectado a unas mil víctimas, en su mayoría menores de edad, de violaciones y abusos, no motiva ni una palabra de parte de los disciplinadores de mujeres. El gobernador del PJ sanjuanino, Uñac, otrora precandidato presidencial del kirchnerismo, anunció que la educación sexual en la provincia quedaría en manos del clero, algo que ya ocurría, claro. La Iglesia no se va a quedar quieta y aprovechará estos tiempos para avanzar más. La derogación de la resolución de la era K del Anmat, que prohibía el uso ginecológico del misoprostol y su venta al sistema de salud a través del Estado nacional, no alcanza a cubrir el daño de la prosecución del aborto clandestino. Sin embargo, el movimiento de mujeres rompió todas las previsiones luchando contra todo el poder del Estado, el clerical y el sindical. Y ese poder debe multiplicarse con una acción decidida por conquistar el aborto legal mediante una votación militada y trabajada por cada una y uno de las millones de personas que en todo el país se movilizaron durante estos cuatro meses y el 8. El Parlamento no volverá a sufrir cambios positivos en favor del aborto legal en 2019, sencillamente porque el sistema de renovación de bancas no lo habilitará. El movimiento de lucha por el aborto legal no puede girar al plano de las recomendaciones electorales, ello constituiría un verdadero golpe a nuestra lucha. Hoy, que hemos conquistado una sustancial adhesión popular, deberemos recurrir a ella para conquistar el derecho al aborto, sin intermediaciones. Y salir a batallar por nuevas y mayores adhesiones a través de una acción tenaz. La vida de las niñas y mujeres, y la liquidación de este instrumento político que es el aborto clandestino son razones suficientes para disponer de todos los recursos políticos que nuestro movimiento tiene a su alcance. Promover la resolución mediante una consulta popular es nuestro derecho, el de quienes ven conculcados sus derechos. Si el Estado quisiera plebiscitar un derecho para impedir su avance en nombre de decisiones que, mediante engaños, la población podría avalar, lo denunciaríamos. Sin embargo, aquí se produce el fenómeno contrario. Mediante un instrumento de origen parlamentario, le daríamos la espalda a la decisión parlamentaria que frustró la sanción del aborto legal y procederíamos de manera directa a imponer nuestros derechos. El Estado no tiene derecho a plebiscitar lo que debería otorgar de plano. Pero eso no corresponde a este caso, porque el Estado capitalista no otorga derechos, ¡y mucho menos a las mujeres, a las que negó y colocó en el lugar de seres tutelados y minusválidos desde su propia conformación! Si reunimos asambleas en todos lados, montamos mesas en cada barrio, lugar de trabajo y universidad, nuestro movimiento será imparable. No será fácil combatir a la Iglesia, pero si fuera fácil no hubiera merecido ser emprendida la lucha. Por otra parte, tenemos la obligación de salir a la lucha, por las pibas que se la jugaron, por las y los profesionales que dieron la cara, por todas y todos los que pusieron el cuerpo. Juntemos firmas, recuperemos la voz y el grito, y preparemos nuestra próxima parada, el 28 de septiembre bajo la consigna de “Separación de la Iglesia del Estado, Consulta Popular Vinculante. Aborto Legal ¡YA!”.

La declaración de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (nada menos), le movió el piso a todos los empresarios “arrepentidos” que lo precedieron. Ocurre que mientras sus antecesores aseguraron que el dinero que le entregaron a los emisarios de De Vido-Kirchner eran “aportes de campaña”, Wagner declaró con pelos y señales que esos fondos eran la cuota social del “club de la obra pública”. El empresario relató al fiscal Stornelli: “Todos sabían que yo era el amigo de [Julio] De Vido. En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del Presidente [Néstor Kirchner] debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública -me dijo-, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos” (La Nación, 12/8). “A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador”, relató el empresario al fiscal. “Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos” (ídem). Sus palabras son un torpedo en la línea de flotación del gobierno, que empezaba a sanatear sobre una eventual reforma de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Esto era una fórmula tanto para contener a los empresarios involucrados como de acudir al rescate de María Eugenia Vidal, golpeada por el escándalo de los aportistas truchos. Wagner estaba forzado a doblar la apuesta, en la medida que se incorporó tarde a la fila de delatores. “Cuantas más personas se suman al régimen del arrepentido, más relevante debe ser la información que aporten a la investigación judicial”, sintetizó una periodista (ídem, 13/8). En este caso, en perjuicio de quienes declararon antes. Para colmo, el beneficio de la ‘colaboración’ se cobra a la hora de la sentencia. Más de uno debe estar inquieto: en un santiamén pasarían de ser víctimas de una extorsión a integrantes de una asociación ilícita. Por su parte, Macri no solamente debe estar preocupado por la suerte de su primo Angelo. Ocurre que el Presidente se desprendió de Isolux recién en 2007, cuando asumió como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -es decir, tres años después de iniciadas las actividades del malhadado club. Si las investigaciones se amplían al destino de los subsidios entregados por De Vido y los K a las empresas de servicio y de transporte, como ya reclaman algunas voces, tendremos una radiografía completa de la burguesía enriquecida durante la ‘década ganada’ y, más tarde, tributaria del macrismo. Esto recién empieza.

A menos de dos meses de que el FMI aprobara el acuerdo con la Argentina, asistimos a una nueva corrida que ha llevado el riesgo país arriba de los 700 puntos, al dólar por encima de los 30 pesos y a la tasa de interés de referencia del Banco Central al 45 por ciento. Como ya lo advertimos, de entrada, desde las páginas de Prensa Obrera, los 50.000 millones del préstamo del Fondo, incluso si se desembolsaran en su totalidad, están muy lejos de cubrir las necesidades de financiamiento del país, que enfrenta una quiebra múltiple de sus cuentas externas y de la quiebra fiscal del Estado. Las tasas de interés usurarias no sirvieron para evitar la dolarización creciente de la economía, pero sí provocaron una caída pronunciada de la industria y de la construcción. El gobierno tampoco logró reducir significativamente la bola de nieve de las Lebacs, mientras fue creando otra bola de nieve con las Letes, que son más explosivas porque están nominadas en dólares y su vencimiento también es a corto plazo. Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno, en acuerdo con la misión del Fondo Monetario, acelerarán el proceso devaluatorio, por un lado, y el ajustazo, por el otro. La reducción del stock de Lebac dejará una masa de pesos que en las condiciones actuales irán inevitablemente al dólar. Esto va de la mano con una nueva vuelta de tuerca en los planes de austeridad y ataque al bolsillo popular que están en marcha. Una nueva disparada del dólar impactará sobre las tarifas y las naftas, y, más en general, sobre el conjunto de los precios, acelerando aún más el proceso inflacionario que ya supera el 30% anual. Estamos frente a un nuevo capítulo de la ofensiva gubernamental, mediante la reducción de salarios y jubilaciones, y por una fuerte reducción de fondos girados a las provincias que impacta sobre la salud y la educación. La suspensión de las rebajas de retenciones sobre algunos derivados de la soja, sólo disimulan un nuevo golpe a las provincias al eliminar el Fondo Federal Solidario, que reparte 26.500 millones de pesos entre las provincias. Está en la gatera, asimismo, el intento de avanzar en una nueva reforma previsional y de reflotar la reforma laboral mediante un pacto con la CGT. La guerra comercial entre las principales potencias y los choques políticos que se derivan de ella son, a su turno, un factor que acelera la crisis argentina. La devaluación de la lira turca y la fuga de capitales que sufre el gobierno de Erdogán se agravaron como resultado de las sanciones comerciales anunciadas por Trump a Turquía. Los efectos de esta guerra comercial han llevado a la caída del precio de la soja. La reducción del déficit comercial de estos dos últimos meses se debe a la recesión económica, que ha impactado negativamente sobre las importaciones y no a un auge de las exportaciones, en momentos en que se cierran mercados y se multiplican las barreras proteccionistas a nivel global. El acuerdo con el FMI produjo choques al interior de la clase capitalista por ver quién paga la crisis. Macri buscó preservar un margen de autonomía al evitar volver sobre sus pasos en la reducción de impuestos otorgada a la clase capitalista, sea del agro con las retenciones o a la burguesía industrial con la rebaja progresiva de los aportes patronales. Pero las nuevas condiciones que impuso el FMI para renovar el acuerdo lo obligaron a retroceder parcialmente en este terreno, aún al costo de chocar con su base social. La suspensión de la rebaja de retenciones al capital agrario e industrial ha generado la protesta de los sectores afectados y muestra de una manera nítida la naturaleza de la disputa en marcha, que se resume en la imposición del capital norteamericano de una mayor dominación de la economía doméstica a costa del capital nacional. Estos choques colocan en el corazón de la situación política la cuestión de la ofensiva contra las masas, porque es la forma de ‘compensarle’ a las patronales el recorte de otros beneficios. Los cuadernos La división al interior de la clase capitalista ha tenido un salto con la aparición de la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista. En lo que parece ser una gran operación armada por los servicios de inteligencia, se revela una despiadada lucha por el manejo de los negocios vinculados con la obra pública. Han quedado en el banquillo de los acusados los principales grupos económicos del país, de Techint para abajo. La patria contratista que gobernó con el kirchnerismo tiene fuertes vínculos con la camarilla macrista, como lo revela la afectación de la empresa familiar IECSA o el llamado a declarar a Benito Roggio, con quien Macri en la Ciudad armó el negocio del subte y también de la basura. De fondo, la cuestión de los cuadernos plantea una ofensiva del imperialismo por desplazar a grupos económicos locales del manejo de la obra pública y acaparar el negocio. El imperialismo ha salido en auxilio del gobierno macrista, al que está interesado en sostener tanto por razones económicas como políticas -como parte de una consolidación de la derecha en la región-, pero no se priva de extorsionarlo y de hacerle pagar un precio por ese rescate. Acá aparecen similitudes y diferencias con el Lava Jato de Brasil. Allí fue utilizado para voltear al gobierno del PT por parte de la oposición derechista, incluso la que estaba dentro del gobierno de Dilma Russef; acá, en cambio, apunta especialmente al gobierno anterior y a su principal referente política, CFK. Pero tanto en Brasil como en la Argentina podrían tener el mismo efecto recesivo sobre el conjunto de la economía, en momentos donde se agudiza la crisis mundial. Potencial de lucha Para hacer pasar este ajuste, el gobierno mantiene el pacto con la burocracia sindical, que ha reforzado los mecanismos de contención. La multa millonaria impuesta al sindicato camionero es un ataque directo al derecho de huelga, que debió ser respondido por una acción de conjunto de los sindicatos. Tampoco Baradel reaccionó ante un ataque similar por el paro de 48 horas durante la conciliación en provincia. El paro del 25 de junio, aún masivo, fue manejado por la burocracia en función de descomprimir y darle una nueva vuelta de tuerca a su política de tregua, dejando pasar la ofensiva antiobrera. Han naufragado los intentos del moyanismo de armar una alianza para disputar la CGT y no pudo sostener unido el bloque que convocó al #21F. El triunvirato de la CGT ha sido reflotado, incluida la presencia de Schmid, que abandonó a Moyano. Esto vale para la CTA, sobre todo la de mayor peso que es la yaskista, donde asistimos a un bloqueo a la lucha docente en todo el país. Esta política de tregua de la burocracia sindical ha afectado la capacidad de respuesta de los trabajadores a la ofensiva capitalista en curso. Con más fuerza esto se siente en la industria, con un reguero de despidos y suspensiones antes precisado. Por el momento, las luchas del período han sufrido este corsé. Pero la disposición y potencial de lucha se puso de manifiesto en varias oportunidades, como sucedió con el paro masivo del 25 de junio o las recientes movilizaciones y paros de la docencia (especialmente Neuquén), y en las distintas luchas que se logró poner en pie, aun derrotadas como el Inti, el Posadas, ahora Télam y en su momento el Turbio. Derrotar el plan de guerra Este disposición de lucha está presente por sobre todas las cosas en la gigantesca movilización por el aborto legal. Durante la jornada del 8 de agosto ganaron la calle en el país más de un millón de mujeres. La movilización superó ampliamente la marcha de aparato del clero, que se empeñó en mover a sus huestes. El rechazo en el Senado implicó un giro de los partidos del régimen. El peronismo operó dividido y sucedió lo mismo con el kirchnerismo que, a último momento, puso a una de sus senadoras en el campo del clero. El gobierno decidió cambiar la política llevada adelante en Diputados y se jugó al voto negativo. Prefirió mantener sus vínculos con el clero y valerse de sus servicios en medio de una crisis social que se agudiza, aún sabiendo que pagaba un costo político con un sector de las masas que esperaba la aprobación del aborto legal. Pesó, sin dudas, el hecho de que un triunfo de la mujer, en medio de una ofensiva capitalista, tonificaba al movimiento de las masas para las batallas que tiene por delante. El entusiasmo que se vivió en la calle da cuenta de un movimiento que lejos está de sentirse derrotado. Se puso en cuestión la naturaleza reaccionaria del régimen político y sus instituciones y, de una manera aún más aguda, el entrelazamiento del Estado con la Iglesia. Esto pone sobre el tapete el debate sobre la continuidad de la lucha por el aborto legal y, en ese marco, la iniciativa de la convocatoria a una consulta popular. El escenario aquí señalado plantea la necesidad de una respuesta obrera y popular de conjunto para hacer frente a dicha ofensiva y derrotarla. Ni qué hablar que el desarrollo del movimiento de la mujer puede operar como una palanca para alentar esta respuesta. Una acción de conjunto debe enarbolar un programa integral de salida de los trabajadores frente a la crisis nacional. Este programa debe plantear la reapertura de paritarias, el reparto de las horas de trabajo para enfrentar los despidos y las suspensiones, y un plan de obras públicas dirigido y controlado por los trabajadores, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la eliminación de los impuestos al consumo y su reemplazo por tributos progresivos sobre el capital, la nacionalización de los recursos naturales (petroleros, gasíferos, etc.) y de transporte y distribución de energía. Este programa debe concluir con el planteo estratégico del gobierno de los trabajadores, porque sólo él puede llevar adelante un plan económico y político para que la crisis la paguen los capitalistas. El escenario actual pone al rojo vivo el reclamo a las centrales obreras de un paro activo de 36 horas y un plan de lucha, así como la convocatoria a un congreso de delegados de base. Con este planteo nos dirigimos también al Frente de Izquierda para realizar una campaña común.

Al finalizar la reunión paritaria, realizada esta semana, los centenares de docentes universitarios, convocados por AGD-UBA, Adunlu (Luján) y Adulp (La Plata), que hicieron el aguante frente al Ministerio de Educación, estaban indignados. No era para menos. Las tres horas largas que duró la reunión en el ministerio constituyeron una nueva provocación del gobierno del FMI: de ofrecer el 15% que había sido rechazado, ahora pasaron a 10,8 %, ¡incluyendo el 5% ya cobrado en mayo! Como reguero de pólvora, el estupor y la bronca se extendieron por todas las redes de docentes. Luego de meses sin convocar a mesa de negociación salarial, la enorme huelga de 190.000 docentes universitarios durante la semana pasada arrancó la convocatoria para este lunes 20 a la tarde. Pero los funcionarios de Finocchiaro no dan puntada sin hilo: condicionaron la reunión a que los gremios no estuvieran en huelga, reclamo que fue escuchado por todas las federaciones burocráticas, que suspendieron las medidas para esta semana. La excepción fue Conadu Histórica, que resolvió desoír esa exigencia aprobando en su congreso por unanimidad mantener el no inicio. Además del fuerte paro, otro ejemplo de la voluntad de lucha de la docencia se vio en las universidades de Quilmes y la Jauretche, donde se movilizaron, en una verdadera pueblada, 5.000 y 7.000 personas, respectivamente, en defensa de nuestros reclamos y de la universidad estatal. La maniobra quedó hoy bien clara. El ministerio se apresuró a intentar desarmar un gran paro en todas las universidades porque iba en ascenso día tras día, objetivo que hizo mella en quienes ahora deberán explicar frente a sus bases la obediencia al ministerio del gobierno macrista. Pero para Conadu, la federación K, ya no fue gratuito el levantamiento. Siete de sus sindicatos de base, entre ellos Rosario, Córdoba, Río Cuarto, Mar del Plata, resolvieron no acatar el levantamiento y mantener la huelga, abriendo una brecha importante en esa federación que mira hacia 2019, mientras los salarios retroceden y el ajuste en las universidades avanza. Ahora, con el resultado negativo de la paritaria, no han tenido más remedio que convocar a parar toda la semana próxima. Como expresamos los compañeros de la Multicolor en el último congreso de la Conadu Histórica, para ganarle a un gobierno que pretende hundir a la clase obrera, a la salud y la educación, mientras protege y aumenta los beneficios capitalistas, tenemos que fortalecer nuestro plan de acción. Nada conseguiremos subordinándonos ni a las maniobras del gobierno ni a propuestas dilatorias. La organización de los docentes y el frente único con los que luchan es el camino para conquistar el 30% de aumento, indexación automática, salario para los docentes ad honorem y la defensa del presupuesto para sostener la universidad estatal y gratuita.

Han pasado casi dos semanas del crimen contra la clase obrera que significaron las muertes de Sandra y Rubén, los compañeros de la escuela N° 49 de Moreno, que estalló luego de escapes masivos y reiterados de gas. Desde entonces, la rebelión de la comunidad educativa -de docentes, padres y alumnos- no deja de crecer. Y no faltan las razones: no pasa un día sin que se conozcan nuevos acontecimientos. Hace 48 horas, un docente de la escuela especial 516 de La Plata recibió una descarga eléctrica que lo arrojó tres metros y aún está en estado de shock. Al día siguiente, seis alumnos de la Secundaria N° 6 de Vicente López fueron hospitalizados, luego de que los cables de la caldera se quemaran y liberaran un gas que los intoxicó. El miércoles 15, cerca de 4.500 personas se movilizaron en La Plata en una convocatoria de los gremios docentes, ATE y la CTA, que reclamó obras en las escuelas afectadas, donde se destacó la presencia de 1.500 compañeros de Moreno. La movilización podría haber sido mucho mayor, pero estas direcciones trabajan para contener el desarrollo de la rebelión educativa. En los distritos que no están directamente involucrados por la tragedia de Moreno, Suteba restringió la participación, fundamentalmente a delegados. A su vez, denegó micros a seccionales combativas como La Matanza para reducir su presencia. La tendencia contemporizadora de estas direcciones la ilustró Miguel Díaz, secretario general de Udocba, quien prometió respetar “como monjes tibetanos” la conciliación obligatoria. En oposición a ello, los Suteba combativos plantean retomar el plan de lucha, con paros y movilizaciones, hasta obtener los reclamos de la comunidad educativa y el aumento salarial del 30 por ciento. Un panorama dantesco En un cuadro de clases suspendidas en más de 1.000 establecimientos bonaerenses por la acción de la comunidad educativa, la dirección de la gremial docente provincial Suteba señaló que un relevamiento que hizo sobre más de 2.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires daría cuenta de una situación “alarmante”. Se trata del 16 por ciento de las escuelas, que afecta a no menos de un millón y medio de alumnos, pero que es el reflejo de la realidad de todas las escuelas bonaerenses. El informe detalla que “el 61,3% las instalaciones de gas no se encuentran en perfecto estado de conservación y funcionamiento”, que el 67,1% de los artefactos no están en buen estado, y que en el 75% de los casos no se realizan controles sistemáticos sobre este servicio. Plantea también que en los colegios no se realizan análisis físico-químicos del agua en el 75,1% de los casos, ni bacteriológicos en un 69%; mientras que tampoco se trabaja en la limpieza de los tanques en un 50,6%. El informe detalla que en el 72,2% de los casos las instalaciones eléctricas “no se encuentran en perfecto estado”, en el 79,2% “no se realizan comprobaciones preventivas” y en el 57,5% no se reemplazan artefactos defectuosos. Este derrumbe de la infraestructura de las escuelas ha salido a la luz gracias a que los docentes y padres han tomado las escuelas en sus manos. La movilización popular desafía la prepotencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, que busca eludir su responsabilidad y la de su ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, echándole la culpa al gasista precarizado que intervino en la Escuela N° 49. ¡Basta de tregua! La movilización de la comunidad educativa puso de manifiesto que Vidal no puede dirigir las escuelas de su jurisdicción, así como su responsabilidad en las muertes de nuestros compañeros. Está planteado el juicio político a la gobernadora, la renuncia del ministro de Educación y todo su equipo, y que den cuenta de sus responsabilidades penales. De una punta a la otra de la provincia, la comunidad educativa está de pie. Las seccionales de Suteba, dirigidas por la combativa Lista Multicolor, reclaman la realización de un plenario de delegados mandatados por la base de toda la provincia para retomar el plan de lucha.

“Dónde está que no se ve… la famosa CGT”. La respuesta a este estribillo de los trabajadores en lucha sería: conspirando en Olivos para seguir entregando al movimiento obrero, en el marco de una de las ofensivas más profundas contra la clase obrera, en décadas. Efectivamente, el sábado 11 de agosto, el resucitado Triunvirato, con una nutrida lista de acompañantes como Cavalieri; Gerardo “Batallón 601” Martínez; Fernández, de UTA; Maturano, de la Fraternidad, y Andrés Rodríguez, entre otros, se reunieron largamente en Olivos con Marcos Peña, Triaca y una mesa chica de Macri. Fueron a pedir la escupidera, preocupados por el “cuadernogate” y la posibilidad de que por esa vía se desencadene una sangría todavía mayor de despidos en la construcción, donde todos los amigos de Gerardo Martínez están desfilando como arrepentidos del régimen de coimas y negociados que abarca a toda la patria contratista de la Cámara Argentina de la Construcción y algo más, como lo demuestran las coimas de Techint por la “gestión” de Néstor para que Chávez le pague la jugosa indemnización de 2.000 millones de dólares por la nacionalización de Sidor. Se habla de la posibilidad de 150 mil despidos en la construcción, lo que excede por completo al estallido de la corrupción, porque ahora mismo se ha infartado esa actividad como resultado del total parate del mercado inmobiliario, las tasas prohibitivas de interés, la explosiva indexación de los UVA y el corte drástico de la obra pública como resultado del ajuste pactado con el FMI para bajar el gasto público. Es una verdadera emergencia para el movimiento obrero, que debería deliberar de inmediato en todas sus filas, puesto que además se desataron suspensiones masivas en la industria automotriz y se suceden los despidos y cierres de fábricas, al punto que en julio, los más de 6.000 despidos, duplicaron a los del año pasado. El desplome económico alcanzó en junio al 8%, lo que significa uno de los comienzos de recesión económica más violentos de nuestra historia. La visita a Olivos fue una excusa para retomar la ruta del colaboracionismo que estalló con las jornadas de diciembre, cuando centenares de miles de trabajadores enfrentaron la represión de Bullrich contra las reformas previsional y tributaria, que fueron parte de un paquete junto a la reforma laboral, que ellos mismos consensuaron. Justamente, después de la reunión, se empezó a preparar la vuelta de la reforma laboral en tramos, para reintroducirla en la agenda parlamentaria. Entre esas reformas antiobreras figura la Agencia de Tecnología de Salud, destinada a enfrentar las demandas de los afiliados a las Obras Sociales. Luego, las pasantías de superexplotación, las rebajas de aportes patronales y la flexibilización laboral en Pymes, como excusa para el blanqueo -una política ya fracasada con la ley de Cristina de 2014, en esa misma dirección. Estas leyes son de destino vidrioso, porque algunas agravarían el desfinanciamiento del Estado. Pero, aunque avanzaran, el eje de los movimientos de la CGT es el acompañamiento más general de la ofensiva en marcha por parte del gobierno Macri, que conoce un nuevo capítulo cada día, al ritmo del fracaso de los anteriores, incluso de la mano del FMI. Si repasamos estos primeros ocho meses del año, tenemos: las paritarias a la baja que van del 12 al 25% en los mejores casos, frente a una inflación que superará el 32% al ritmo actual; el aislamiento de las luchas obreras contra los despidos, como el Inti, el Turbio, Télam, Luz y Fuerza de Córdoba; a su turno, la silenciada huelga general docente neuquina de 45 días -que arrancó, excepcionalmente, la indexación trimestral de salarios- y el ahogo de las fábricas que cierran, suspenden o despiden masivamente en la industria. Sin romper esta enorme tregua, el Triunvirato convocó el paro dominguero del 25 de junio, para reacomodarse ante los ojos de los trabajadores, donde crece el repudio a Macri, al FMI, al ajuste de los gobernadores, a los tarifazos y la carestía. Luego, jugaron a fondo con el Vaticano contra el aborto legal, presentándose al gobierno a decirle que las Obras Sociales no tienen dinero para financiar la legalización, que cuesta seis veces menos que el aborto clandestino y sus secuelas de traumas y muertes. De este modo, jugaron entre las distintas fracciones de una burocracia todavía más fragmentada que el peronismo mismo. Sobre la base de esta contención frente a la devaluación, los naftazos y tarifazos, incluido el decretazo de las Fuerzas Armadas que prepara un Estado de infantería contra los trabajadores, fue que el jueves 9 de agosto sellaron la vuelta de la UOM a la CGT, un pacto con el Masa, de Viviani y Sasia, de la Unión Ferroviaria, con Fernández de la UTA y Maturano, y aún la vuelta de las “62” macristas que había quedado afuera de la CGT que eligió el Triunvirato. Una unificación por derecha, con discurso peronista opositor y papal contra los derechos de las miles de trabajadoras que reclamaron por el aborto legal en el seno de los sindicatos. Desde ese lugar retomaron la senda del colaboracionismo en plena crisis política de un gobierno debilitado, que encuentra su fuerza en la unidad de la burguesía contra los trabajadores y en un peronismo que, desde Urtubey hasta Alicia Kirchner, es tributario del rescate del FMI y de su ajuste. En el fondo, el discurso opositor es para la tribuna. Por eso se le mojó la pólvora también a Moyano y su espacio del 21F. La poderosa CATT del transporte, que colocó a Schmid en el Triunvirato, se le fue al camionero con el Triunvirato. Sólo el puñado de gremios de la Corriente Federal, Pilotos y Canillitas, y el devaluado Yasky, acompañan a Moyano. Pero lo más importante en este caso es la completa falta de iniciativa política y de lucha de este espacio. Desde el 21F, cuando llamaron a “votar bien en 2019”, no hicieron más nada, o dicho de otro modo, acompañaron la política de enterrar las luchas obreras. La foto de Moyano con Cristina, en el plenario del impresentable Pignanelli, del Smata -que fuera candidato a la CGT de Macri-, es una postal de prontuario y de urgencias mutuas, más que un alineamiento político que ofrezca alguna perspectiva a los trabajadores. De iniciativa de lucha, nada. Dos pruebas ácidas son la paritaria de la poderosa Bancaria, una de las más bajas del país, firmada por la cabeza de Corriente Federal. La otra, que ante el brutal ataque al derecho de huelga que significa la multa de 1.000 millones de pesos con intereses, por no acatar una conciliación, Moyano por toda reacción hizo una presentación a la Justicia, por medio de “Huguito”, en lugar de convocar a un plenario de sindicatos para un plan de lucha, cuando se trata de un ataque a todo el movimiento obrero. Las grandes movilizaciones docentes y populares contra la conciliación en la provincia y por la masacre de Moreno, al igual que la huelga general docente universitaria y los paros en Santa Cruz, muestran voluntad de lucha. Pero tenemos que batallar para sacarlas del aislamiento, en dirección a una irrupción de conjunto de los trabajadores. En este marco, el reagrupamiento que los sectores clasistas y antiburocráticos se dieron en Lanús, adquiere una enorme importancia, como punto de referencia ante todos los trabajadores para luchar por una respuesta de todo el movimiento obrero, mediante una fuerte agitación política y fabril a la par de las iniciativas de reagrupamiento. Más que nunca, cuando la CGT prepara un plenario trucho de autoproclamación el 29 de agosto, exijamos un Congreso de Delegados mandatados por asambleas de bases de todos los sindicatos, para debatir un programa obrero de salida a la crisis: ante los despidos, que se repartan las horas de trabajo sin afectar los salarios, reapertura de paritarias para indexar los salarios que deben cubrir la canasta familiar, aumento de emergencia a los jubilados, ocupar las fábricas que cierran y despiden. Por un paro activo nacional de 36 horas, por un plan de lucha, para que la crisis la paguen los capitalistas. Fuera el FMI, por una salida de los trabajadores.

Una marcha con cerca de 20 mil personas recorrió las calles de Córdoba en rechazo a la privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) que está impulsando el gobierno de Schiaretti. Miles de trabajadores realizaron un pronunciamiento político contra la política de vaciamiento de la empresa, el ataque al convenció colectivo de trabajo, y mayores tarifazos. La iniciativa fue un golpe a la política ajustadora del gobierno provincial. Con la movilización y la lucha se reagrupan fuerzas contra la privatización A medida que se acercaba la fecha la marcha fue ganando en convocatoria. Es que la movilización fue precedida de una gran festival “Obrero estudiantil” en ciudad universitaria; y de una caravana por el departamento Colon, que fue recogiendo la simpatía de los vecinos de las sierras chicas. De esta manera se da continuidad a las medidas de lucha que vienen protagonizando los trabajadores de Luz y Fuerza. De la iniciativa fue parte el compañero Néstor Pitrola, cuya presencia en el escenario junto a Eduardo Salas arrancó el aplauso de la multitud. Sucede que la denuncia al marco regulatorio realizada por el Legislador del partido Obrero Eduardo Salas puso blanco sobre negro los objetivos privatizadores que están detrás de una política de ataque a los trabajadores de luz y fuerza. De este modo aportamos a la tenaz lucha de los lucifuercitas que hicieron retroceder a Schiaretti que venia envalentonado en su línea de ataque. Por eso es necesario que con el empuje de esta marcha redoblemos la lucha. En este marco, la burocracia de la CGT Córdoba estuvo ausente, actúan como aliados del ataque del gobierno. La Marcha se impuso por la disposición a la lucha de la base obrera. El Partido Obrero apoya con todo la victoria de los trabajadores de Luz y fuerza. Por eso con el Polo Obrero organizamos una masiva presencia en la marcha desde las barriadas obreras de la capital y el interior provincial;. Por eso plantea el paro activo de 36 hs; el llamado a un congreso de delegados de base, para votar un plan de lucha de toda la clase obrera de conjunto, para defender la Epec estatal, y por todas las reivindicaciones pendientes. Para reforzar los reclamos obreros, y llevarlos a la victoria construyamos una alternativa política de los trabajadores.

Sindicatos, dirigentes y agrupaciones antiburocráticas hemos puesto en pie una gran lista para enfrentar a la directiva de Yasky, encabezada por Daniel Rapanelli, secretario general del Suteba Ensenada, como candidato a secretario general a nivel nacional, acompañado por Andrea Lanzette, Ariel Iglesias, Marina Alonso y Alfredo Cáceres, dirigentes de los Suteba multicolores, y Daniela Vergara, de Amsafe-Rosario. En Capital encabezan Claudio Dellecarbonara y Christian Paletti, del Subte; y en Buenos Aires, Graciela Calderón, del Suteba Matanza, y Juan Carlos Moya, del Suteba Quilmes. La Multicolor se presentó también en Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y decenas de juntas regionales y locales de la provincia de Buenos Aires. Del otro lado, la Lista 10 de la burocracia celeste está encabezada por Hugo Yasky, secundado por el entregador de los trabajadores estatales de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Catalano, de ATE Verde-Blanca; Roberto Pianelli, del Subte, de reciente visita por Roma para entrevistarse con el Papa, a días del ataque al derecho al aborto, y en el lugar número 12, Pedro Wasiejko, expulsado del Sutna por la Lista Negra antiburocrática, encabezada por Alejandro Crespo. Roberto Baradel encabeza en provincia de Buenos Aires y Eduardo López en Capital, responsable de la política de connivencia de UTE con el régimen macrista desde hace más de una década. Son los que en nombre de “la unidad” han entregado las grandes luchas de todo el año: la reforma previsional, los despidos de a miles en el empleo público; adaptados a la burocracia de la CGT, boicotearon la continuidad del paro nacional y le quitaron el cuerpo a la lucha histórica por el aborto legal, en defensa de sus lazos con la Iglesia y el Papa. El contexto de la elección El gobierno de Macri-Vidal atraviesa la peor crisis desde su asunción: fuga de capitales, disparada del dólar, caída de la Bolsa, nuevas devaluaciones, parate de la industria, imposibilidad de cumplir las metas del pacto con el FMI, parálisis de la obra pública en medio del escándalo de los negociados de CFK y de Macri, etc. El gobierno macrista, como única salida, se dispone a profundizar el ataque contra el movimiento obrero. A esta política se han plegado todos los sectores del pejotismo y la Iglesia, que ha cobrado sus servicios de contención social con el alineamiento de la mayoría de los senadores de todos los bloques del Senado, que votaron contra el aborto legal. Contener la reacción popular que resulta de la explosividad del ajuste es la tarea sucia de la burocracia sindical. Esto vale para la CGT, pero también para todas las variantes de la CTA, incluida la encabezada por Hugo Yasky. La CTA Yasky bloquea toda lucha contra el gobierno El gobierno de Vidal hoy está entre la espada y la pared, como consecuencia de la rebelión educativa que emergió luego de la explosión de la Escuela 49 del distrito de Moreno, escenario del crimen contra la clase obrera que fueron las muertes de Sandra y de Rubén. Docentes, auxiliares de escuela, padres y estudiantes han salido de a miles a la calle. El Suteba de Baradel, sin embargo, hace lo imposible para evitar un plan de lucha que unifique esta rebelión educativa y quiebre el ajuste de Vidal. En la Ciudad de Buenos Aires, es la misma dirección K que en el Subte ha abandonado todo plan de lucha para quebrar el ajuste de Rodríguez Larreta y el ataque contra la organización sindical de los trabajadores de Metrovías. Esta CTA, pilar del bloque del 21F con Hugo Moyano, remarca la inviabilidad de luchar contra un gobierno al que pinta indestructible, y nos manda a “votar bien” en 2019 al kirchnersimo, sostén en el Parlamento y en las provincias de la misma política de ajuste antiobrero. Por una nueva dirección en la CTA, clasista, antiburocrática, de lucha y con perspectiva de género, el 6 de setiembre votá por la Lista 6 Multicolor.

En medio de la durísima pulseada entre la gobernadora María Eugenia Vidal y los docentes de la provincia de Buenos Aires, la explosión en la Escuela N° 49 de Moreno por una pérdida de gas, que se cobró la vida de Rubén Rodríguez y Sandra Calamano, ha desatado una fuerte crisis política, poniendo de manifiesto la responsabilidad de la gobernadora y sus funcionarios en un ajuste educativo de consecuencias terribles. Hay en marcha una rebelión de la comunidad educativa. Vidal ha elegido a la docencia como un enemigo estratégico. En su discurso de inauguración de sesiones parlamentarias de 2018 atacó a los docentes porque “toman a los niños de rehenes” para conseguir “privilegios”, los responsabilizó del fracaso educativo y afirmó que son un bloqueo para implementar una reforma educativa modernizadora -que, por ejemplo, incorporaría hasta el estudio de robótica a todos los niveles. Luego de ello, desplegó una campaña contra los “abusos” que implicaría el sistema de licencias, con el objetivo de imponer un ítem de presentismo y quebrar el Estatuto del Docente. La flexibilización laboral de la docencia también está presente en las resoluciones que desmantelan los Equipos de Orientación Escolar y en la reforma de la Educación Técnico Profesional, incorporando figuras no contempladas en el Estatuto. La finalidad estratégica es golpear a uno de los convenios laborales más importantes del país, con una de las concentraciones de trabajadores clave para definir las paritarias cada año. Vidal busca una derrota aleccionadora para erigirse como la ‘dama de hierro’, capaz de imponer el sideral ajuste que exige el FMI y que significaría para la provincia de Buenos Aires un recorte de 25.000 millones de pesos, además de hacerse cargo de los subsidios al transporte y a las empresas de energía eléctrica Edenor y Edesur. Endeudamiento Los comentaristas económicos aseguran que la única vía por la que podrá afrontar semejante poda es recurrir al endeudamiento externo. Pero resulta que, al cabo de dos años, la deuda pública de la provincia pasó de 120.000 millones de pesos a superar los 300.000; más de un 60% de ella en moneda extranjera y, por lo tanto, expuesta a incrementos automáticos por la devaluación del peso -la última corrida cambiaria aumentó en alrededor de 10.000 millones de pesos la deuda ya contraída. En estas condiciones, el gobierno sólo conseguirá financistas internacionales ofreciendo tasas usurarias. Es evidente que este esquema pone a la provincia rumbo a una cesación de pagos. Vidal tiene una sola carta para afrontar los vencimientos: recorte presupuestario en áreas como salud y educación, rebaja salarial y flexibilización laboral y despidos en el Estado. Es esa orientación, que requiere de un golpe estratégico al movimiento obrero, la que entra en crisis con la pueblada educativa que recorre la provincia y que apunta sus cañones contra la responsabilidad del gobierno en la tragedia de Moreno. Tal es así que circulan rumores acerca de una posible renuncia del titular de Educación, Gabriel Sánchez Zinny. El intento de aminorar el daño con la asistencia de su segundo -el subsecretario de Educación Sergio Siciliano- a reunirse con legisladores en Diputados, fracasó ante la imposibilidad de responder cuestionamientos elementales, evadiendo todas las preguntas que planteó el Frente de Izquierda en la reunión. Autoencubrimiento Vidal ha buscado responsabilizar por entero al intendente kirchnerista de Moreno, Walter Festa, por usar plata del Fondo Educativo para pagar salarios. Luego, han embestido judicialmente contra el gasista que había realizado la inspección. La realidad es que la desatención de las denuncias y reclamos de docentes y directivos de la escuela no corresponde sólo al Consejo Escolar (que además se encuentra intervenido por el gobierno) y al intendente, sino también a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Existe un expediente con reclamos edilicios de la Escuela N° 49 en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) que data de mediados de abril de 2016; la DPIE no sólo desoye estas advertencias, sino que se encuentra acéfala por estar su titular investigado, luego de viralizarse un audio que da cuenta del armado de sobreprecios millonarios. La DGCyE no investigó ni abrió un expediente para dar cuenta de la magnitud del desfalco. Por otro lado, con la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial y la virtual desaparición del programa de Gestión Integral de Riesgo Escolar, el gobierno evita un plan de obra centralizado que permita abordar el derrumbe edilicio de conjunto. Libra a cada Consejo la tarea de tercerizar las obras que consideren, abriendo la puerta a todo tipo de negociados con la patria contratista. Es lo mismo que impulsaron con la municipalización de los comedores escolares, con los cuales habrían desviado fondos las anteriores autoridades del Consejo Escolar de Moreno -razón por la cual habría sido intervenido. El robo de documentación posterior a la tragedia da cuenta de un esquema de sobreprecios que trasciende gestiones y colores políticos. La suspensión de clases en más de 1.000 establecimientos -y el reciente caso de un docente que se electrocutó en una escuela de Melchor Romero- da cuenta de una situación generalizada. Lejos de la desidia de un funcionario particular, estamos ante las consecuencias fatales de una política de fondo de este gobierno. El planteo de juicio político En rechazo a este autoencubrimiento de la gobernadora, desde la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense presentamos un pedido de juicio político a Vidal por su responsabilidad en estos hechos. Se trata, por un lado, de recoger el reclamo de la rebelión educativa y hacer justicia por Sandra y Rubén y, por el otro, de evitar la profundización de una política que ha convertido a las escuelas en un verdadero Cromañón. Este proyecto será un insumo para la pelea que viene librando la docencia y toda la comunidad educativa, y se inscribe en la lucha por desenvolver las reservas de lucha de los trabajadores para derrotar el plan de guerra del gobierno y el FMI, cuyas trágicas consecuencias las paga la clase obrera.