Prensa Obrera N° 1514

En momentos en que se debatía el proyecto de aborto en el Senado, el pasado 8 de agosto, la provincia de Córdoba protagonizó una de las jornadas más convocantes y combativas de los últimos tiempos. La vigilia que desde temprano ocupó la avenida Irigoyen -una de las arterias más importantes de la ciudad-, superó en su momento más álgido las 60 mil personas. El contrapunto con la vigilia desplegada por el sector clerical no mereció siquiera una comparación, en tanto se limitó a algunas decenas de personas. Más allá de la concurrencia, la superioridad de la marea verde se plasmó en la composición juvenil. Con varias semanas de antelación, el sector estudiantil, fundamentalmente de colegios secundarios, comenzó a gestar una movilización para confluir con la vigilia. La propuesta fue impuesta en votación por los estudiantes en la asamblea #NiUnaMenos, pese a la resistencia del kirchnerismo, nucleados en la FES y La Bisagra universitaria. Por el contrario, la marcha se transformó en un verdadero estudiantazo de cuadras y cuadras de pibas y pibes que no sólo sumó masividad a la vigilia, también en claridad en cuanto al programa y las reivindicaciones propias de la juventud, entre ellas el reclamo de educación sexual integral, laica y científica, el repudio a la regimentación clerical en las escuelas y la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. La magnitud de toda la jornada puso de relieve la situación de subordinación a la Iglesia en que se encuentra la provincia y que cuenta con el aval de más de dos décadas de gobierno del PJ provincial de Schiaretti y De la Sota. En efecto, en Córdoba se concentran la mayor cantidad de recursos de amparo interpuestos por la ONG el Portal de Belén y otras instituciones clericales, entre ellos, contra la aplicación del aborto no punible, que se mantiene bloqueado desde hace seis años. En esta larga experiencia, se fundó el repudio a las modificaciones al proyecto aprobado en Diputados. La impostura de las fuerzas políticas patronales no tardó en quedar en evidencia. Su sometimiento a la Iglesia quedó reflejado en la propia movilización, donde no aparecieron el macrismo y el radicalismo, y el kirchnerismo tuvo una presencia raquítica. Ello contrastó con el protagonismo del Plenario de Trabajadoras y otras organizaciones de izquierda. El PdT estuvo en la primera línea de la lucha siendo, además, las voceras políticas del movimiento. Arrancamos temprano con piquete, luego organizamos la vigilia y la gran marcha con una columna de cientos de compañeras secundarias, universitarias, de las barriadas del Polo Obrero y de la CSC. La jornada histórica que se vivió en la provincia deja como conclusión el profundo cuestionamiento hacia las fuerzas políticas que gobiernan junto al clero y sostienen un régimen de opresión y muerte contra las mujeres y el pueblo trabajador. En un escenario de crisis y ajuste, esta conclusión es el cimiento para un periodo de lucha y rebelión, donde la izquierda está llamada a intervenir. Por el aborto legal y todos los derechos que niega este sistema de opresión: ¡Paso a la Juventud! ¡Paso a la mujer trabajadora!

El discurso de Cristina Kirchner en el Senado tuvo dos claros propósitos. El primero, encubrir el ninguneo del aborto legal bajo su mandato. El segundo, apuntalar ahora un compromiso reaccionario con el clero y los enemigos del derecho al aborto. En el medio de las dos cuestiones, la ex presidenta encubrió otra: la participación activa del kirchnerismo en la operación política que, en las últimas semanas y días, y bajo la batuta del Vaticano, se urdió para que el Senado archivara el proyecto. Cristina arrancó, precisamente, absolviendo al clero de esta conspiración política contra el aborto legal -“no culpemos a la Iglesia”. Al presentar al apoyo a la media sanción como una decisión de “todo el bloque” (FpV), Cristina ocultó la deserción de la senadora ultra K Larrabure, que viró al voto en contra en medio de una feroz campaña mediática y sin que tuviera lugar la menor delimitación o crítica por parte de su jefa política. Formateados Para justificar el rechazo de doce años de presidencia a la reivindicación del aborto legal, CFK utilizó un curioso recurso: presentar a esta lucha como una cuestión novedosa, a partir de la irrupción de la “marea verde”. Según Cristina, y a diferencia de lo que ocurre ahora, los setentistas habríamos sido ‘formateados’ (sic) por la mística de la revolución cubana pero “no por las cuestiones de la mujer”. Sin embargo, estas “cuestiones”, y el derecho al aborto en primer lugar, formaron parte del arsenal histórico y programático del socialismo internacional y, como tales, fueron rescatadas por la generación obrera y juvenil que irrumpió con el Cordobazo. La negación del aborto legal y de otras reivindicaciones de la mujer fue perpetrada por el nacionalismo burgués, como parte del desvío y freno que operó sobre el ascenso obrero de esos años. No olvidemos que el peronismo fue el mentor de la comunidad organizada, un planteo de carácter corporativo que incluía la Iglesia como una de sus columnas vertebrales, a la cual se le reservaba la tarea de reorganizar integralmente el país. Pero a partir de esta falsificación histórica, CFK incurrió en otra impostura más grave y reciente -la de presentar a su política respecto del aborto legal como una mera “omisión”. Mucho más que eso, su gobierno actuó activa y sistemáticamente para bloquear este derecho de la mujer. Por caso, la reforma kirchnerista del Código Civil (2014) incluyó al “inicio de la vida desde la concepción”, el gran argumento de los ‘antiderechos’ para enfrentar al aborto legal. En el Congreso de esos años no hubo “grieta” entre el macrismo y los K para bloquear el progreso del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal. Las razones de esta conducta son claras: el clero fue un pilar de hierro en el sostenimiento de los “nac y pop”. Primero, para reconstruir la autoridad del Estado bajo la batuta de los K y, en el último período, para sostener la transición política entre un gobierno en declinación y el viraje al capital internacional que culminó con Macri -y que Bergoglio sintetizaba con la frase: “Cuidemos a Cristina”. Feminismo tardío Para explicar su viraje hacia el aborto legal, CFK anunció una adscripción tardía al feminismo, al cual desarrolló enseguida en su faceta más conservadora. Dijo, por caso, que la violencia a la mujer se ejerce “sobre todas las clases sociales, incluso a mujeres de elevado nivel social”. Si ello está fuera de duda, la cuestión es otra, a saber, si la violencia de género y otras reivindicaciones de la mujer pueden sustraerse -o encontrar salida- fuera de la lucha por una transformación social de carácter general. CFK, en este punto, no dejó dudas: la cuestión de la mujer es “específica” y debe ser apartada de una consideración social de conjunto. O sea que puede encontrar salida en el marco del régimen social existente. La ex presidenta definió al kirchnerismo como “nacional, popular, democrático y -ahora- feminista”. El amontonamiento de calificativos retrata al nacionalismo burgués, que propugna salidas “particulares” a los agravios más diversos bajo la batuta del actual Estado y sus partidos. Pero la “unidad nacional” con los capitalistas y el clero es antagónica a la emancipación nacional, a la democracia política y a las reivindicaciones de la mujer. El socialismo, en cambio, no necesita amontonar adjetivos: la emancipación universal de toda forma de explotación libera a todos los explotados y, como parte de ellos, también a la mujer. Pero el feminismo tardío de CFK es mucho más que una disquisición ideológica. Tiene consecuencias muy claras en lo que refiere a cómo sigue la lucha por el aborto legal: al abogar por una salida “particular” y “especifica”, Cristina sustrajo a esta lucha de la acción más general contra el régimen ajustador y la colocó, en cambio, en el terreno de un compromiso con las fuerzas “de Estado” -el clero, en primer lugar. Este fue el sentido de su llamado a buscar “alternativas” al proyecto votado en Diputados, y a discutirlas con quienes estaban votando en contra. En vez de convocar a una lucha por la victoria del aborto legal, la ex presidenta aboga por una componenda con sus enemigos. Se inscribió, de este modo, entre los que en estas horas plantean trastocar al aborto legal en una mera “despenalización”. El movimiento gigantesco de mujeres que se puso en marcha por el aborto legal debe sacar sus conclusiones políticas. También, para esta lucha crucial, necesitamos la organización política independiente de los partidos del capital y del clero, incluso -y principalmente- cuando estos se revisten de “nacionales y populares”.

En el marco de una de las movilizaciones más masivas de la historia argentina, con millones de personas expresándose en torno del Congreso, en todas las ciudades y pueblos del país, en el Senado de la Nación triunfó el Vaticano. En las calles, la movilización se multiplicó significativamente. La inclemencia del tiempo, que en el caso de la Capital fue pronunciada, no pudo frenar la decisión de millones de personas de salir a movilizarse por la conquista de este derecho. Y aunque se sabía ganadora, la movilización de la Iglesia fue varias veces inferior a la del aborto legal. No sólo el 8A, sino en cada convocatoria realizada. Las presiones de la Iglesia fueron materiales y políticas. Haciendo uso del empoderamiento que le otorgaron los gobiernos a través de la historia, desplegaron un juego de extorsiones que les permitió ganar la pulseada. Empresas, ONGs, funcionarios y gobernantes tributarios del clero hicieron valer sus presiones. El gobierno de Macri mostró la naturaleza del debate que propuso abrir, tendiente a extorsionar y limitar al clero y su política de reagrupamiento del PJ, alejada de la preocupación de la ampliación de derechos de las mujeres. A la hora de las definiciones, primó la transacción del poder a través del gobierno y de todos los partidos políticos capitalistas, con una Iglesia que, desde la media sanción, desplegó toda su influencia de contención sobre la burocracia sindical cegetista que “descubrió” los “altos costos” de la legalización del aborto, el trío San Cayetano que jugó entero a la (fracasada) movilización del 7 en Liniers , teñida de celeste y con el mensaje del obispo Poli de que “la religiosidad es más importante aún en los momentos de crisis”. El FMI y su plan de guerra contra las masas tuvieron un aliado: el Vaticano, que vendió caro el rechazo al aborto para cubrirle las espaldas al ajustazo. Las expresiones absolutorias del clero por parte de CFK -“no se enojen con los curas”- y la delimitación con él, por parte de su competidor interno Pichetto, han expuesto las inclinaciones del Vaticano dentro de esa interna. Cristina, además, aclaró que vota por el sí por falta de otra “alternativa”, abriendo las compuertas a la maniobra de la despenalización en el Código Penal. ¡A tomar nota la militancia kirchnerista! A su vez, la lucha por preservar el aborto clandestino reforzó al ala interna del gobierno que se inscribe en los acuerdos con el clero y son pesos pesados de la política de Cambiemos. Es el caso de Vidal y Larreta, quienes no se privaron de mostrar sus devociones cristianas haciendo declaraciones en favor del Vaticano y, en el caso de Larreta, hasta dejándose exorcizar en público por pastores evangelistas. La base material del seguidismo a la Iglesia es la necesidad de los gobiernos de usar sus servicios para someter a los explotados a la colaboración de clases. Así se los hizo saber temprana y directamente en el tedeum del 25 de mayo Mario Poli, y así recibieron claramente el mensaje los gobernadores. Estos sectores buscan ahora ajustar cuentas internamente, reclamando la separación del ministro de Salud, vocero de peso dentro del gobierno de la defensa del proyecto de legalización. El último caso de devolución de gentilezas fue el que protagonizó la Iglesia con Cristina Kirchner. A horas de la conversión de la senadora del FpV, García Larraburu, del apoyo al rechazo de la legalización, la ex presidenta era defendida en un raid mediático sin precedentes por el vocero del Papa, Juan Grabois, ante las imputaciones en la causa de los cuadernos de las coimas. “Estoy convencido de la inocencia de Cristina”, le dijo el dirigente con lazos con la Rosada a Luis Majul. Todas las alas del PJ dijeron presente: Manzur en Tucumán, a la cabeza de la movilización celeste, sumó en la recta final a Alperovich; Romero, en Salta, un histórico de la oligarquía, que se dio vuelta a último momento, dan cuenta del papel del peronismo en sus distintas alas. La lucha por el aborto y la crisis política La crisis política atravesó de lleno a esta etapa de la lucha por el aborto legal. La causa de los “cuadernosgate” sobre coimas a los empresarios por parte del gobierno anterior golpea con fuerza sobre el kirchnerismo. Ha sido el caballito de batalla sobre el que se subió el macrismo para opacar la causa de los aportantes truchos a Cambiemos, operatorias que muestran un funcionamiento estructural del régimen político detrás de la obtención de recursos en negro que luego son blanqueados de manera trucha. Pero su avance en el marco de la fuga de capitales, la caída de la Bolsa, de las tendencias a nuevas devaluaciones, de la inviabilidad explosiva del ajuste fiscal, del desplome industrial, del incumplimiento de las metas inflacionarias con el propio FMI, del altísimo riesgo país que sigue sacando a Argentina del mercado de deuda, cuando la única vía de negocios y de obras públicas es el régimen de PPP -hoy en signo de interrogación ante la incriminación de toda la patria contratista-, puede ser definitivamente explosivo para el conjunto del régimen. El intento del empresario Calcaterra, primo de Macri, y de los empresarios de Techint, Zabaleta y Betnaza, de presentarse como víctimas de las presiones de la política, es una maniobra inverosímil para el conjunto de la población que percibe al sistema de coimas como intrínseco a la función política y a los empresarios, pilares del régimen capitalista. En este escenario de conjunto, el gobierno se aferró al sostén del clero y no vaciló en mandar a archivo la media sanción del aborto legal. A la luz de este entrecruzamiento entre la crisis de fondo y las tensiones con la Iglesia, el movimiento de lucha por el aborto legal, y más allá, por separar a la Iglesia del Estado, deberá correr el velo de las maniobras políticas a su interior para abrir paso a la continuidad de esta lucha. Un capítulo especial merecen no sólo el faltazo total del trío San Cayetano en la jornada, sino también del sindicalismo burocrático, que tuvo una mínima movilización de aparato en el caso de la CTA Yasky y un faltazo completo del resto, sumado al boicot de la CTA Perón que dirige “Cachorro” Godoy, que a pesar de los reclamos no modificó la fecha electoral, aunque igual el ministerio les anuló la elección. Vamos por el desarrollo de la formidable marea verde Para las mujeres movilizadas, el resultado adverso no ha significado una desmoralización sino un incentivo para continuar con la lucha. Pero los partidos que bloquearon la obtención del derecho, seguirán trabajando contra un movimiento de potencialidades revolucionarias, desde el momento que sus reivindicaciones chocan con las instituciones y se plantean nuevos escalones como la separación de la Iglesia del Estado, la lucha contra la doble explotación, el Ni Una Menos, la responsabilidad del Estado en él y en todo el cuadro de la violencia de género. Los planteos de postergar esta lucha en aras de pasar a un próximo turno electoral, que hoy se ubican tanto en el campo del macrismo como en boca de la ex presidenta CFK , deben ser clarificados y a su turno fuertemente repudiados. Son la versión feminista del “votemos bien en 2019” de Moyano el 21F, que mandó a perder a todas las luchas obreras y devolvió la iniciativa al fundido Triunvirato cegetista. La pelea es hoy. Y de inmediato debemos poner en debate las iniciativas en curso, fomentando el intercambio asambleario de las que se han movilizado en todo el país. Colocamos a debate la iniciativa de impulsar una consulta popular vinculante, que es un recurso político que habilita el enorme despliegue popular. En oposición a las consultas que vienen de arriba para encorsetar al movimiento obrero y popular -usadas en América Latina como un recurso del bonapartismo para reafirmar iniciativas políticas de los regímenes nacionalistas de contenido capitalista como Venezuela, Ecuador o Nicaragua-, ésta sería una consulta surgida de un formidable movimiento de masas que viene de chocar con las instituciones parlamentarias. Unas instituciones que tanto el 13J como el 8A sesionaron rodeadas por la acción directa de las masas en la calle. El proyecto inicial de la Campaña es bandera. La mayoría de los partidos del régimen y sus integrantes, hayan votado o no por la legalización del aborto, han expresado su voluntad de enfriar el debate y proceder a devaluar la demanda a partir de la proyectada reforma del Código Penal u otros artilugios. A horas del triunfo del clero, Marcos Peña atacó la consulta popular y desautorizó a Lipovetsky, quien de inmediato se calló la boca. El resultado en el Senado, una institución totalmente antidemocrática, muestra que los 31 votos, geográficamente, representan al 60% de la población del país, mientras que los 38 votos representan aproximadamente al 40%. Tomar en nuestras manos la consulta popular nos permitiría introducir una herramienta novedosa, que tendría su anclaje en la actividad cotidiana de este enorme movimiento, buscando incentivar el debate, acercar expresiones de apoyo en todos los terrenos y así trabajar abiertamente para combatir el poder de la Iglesia, que es la base social y cultural de una amplia gama de expresiones del machismo, el sometimiento y la violencia contra las mujeres, con asiento fundamental en las barriadas más pobres y entre la clase obrera. Organicemos asambleas en todos los lugares de trabajo y de estudio donde hagamos un balance común e impulsemos la consulta popular. Es el modo de sumar nuevos sectores del movimiento de mujeres y de la clase obrera a la lucha por la legalización del aborto y la separación de la Iglesia y el Estado. El momento de proponer salidas de lucha es ahora. ¡Vamos mujeres!

Por tercer año consecutivo, un conjunto de organizaciones sociales y políticas, con el auspicio y el apoyo del Vaticano y su pastoral social se movilizó a Plaza de Mayo el pasado 7 desde Liniers. El llamado triunvirato de San Cayetano se concentró allí, donde se encuentra la mayor capilla del llamado santo del trabajo. Momentos antes de comenzar a marchar desde Liniers, el obispo Poli, que daba misa a unas cuadras de allí, arengó a los senadores para que voten en contra de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Llamaba, como toda la Iglesia, a mantener en la ilegalidad y acusadas de asesinato a las mujeres que inevitablemente seguirán recurriendo a ese derecho y muriendo en abortos clandestinos, sobre todo las más pobres, muchas de las cuales marcharon con el triunvirato que dirigen la CTEP, de Juan Grabois, el delegado del Papa, la CCC y Barrios de Pie. En cambio, el FPDS, FOL, FOB Y MTD (la llamada cuarta pata del triunvirato) rechazaron ser parte de este operativo de boicot al movimiento por los derechos de las mujeres y no marcharon el 7. La ausencia casi total el 8 en el Congreso de las corrientes centrales del triunvirato confirman el acierto de ese rechazo, que compartimos. El programa del 7 Los convocantes del 7, que estaban acompañados por representantes de la burocracia sindical (Schmid, de la CGT; Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma, y Baradel, de la CTA Yasky), anunciaron que la marcha es contra el ajuste de Macri y el acuerdo con el FMI. Sin embargo, levantaron un programa conocido y ultra-asistencial perfectamente funcional al ajuste de Macri y el FMI. Son cinco proyectos de emergencia alimentaria, urbanización, infraestructura familiar, agricultura familiar y ley de adicciones; todos proyectos a presentar en el Parlamento. A la marcha no le faltó la pata “política”: el asesino del Puente Pueyrredón y candidato a presidente, con apoyo del “Chino” Navarro (Movimiento Evita), Felipe Solá, marchó con ellos. Acuerdo Unas semanas atrás, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, acordó con el Triunvirato un plan de contención y asistencialismo enorme, pero insuficiente en el mar de miseria que plantea un ajuste de características gigantescas. Es decir, asistirá a los heridos de la guerra contra los trabajadores. El acuerdo contempla la apertura de inscripciones en programas sociales exclusivamente para el triunvirato hasta un 30% de la apertura anterior, un aumento de los planes sociales en cuotas hasta fin año de un 26,3%, y un “aguinaldo” de 3.000 pesos a fin de año y más alimentos secos a granel, un nuevo pacto social como el que firmaron en 2016. Este acuerdo “favorece” a un sector que tiene un ingreso de 5.500 pesos, menos de un tercio de la canasta de pobreza, y será en diciembre de menos de 6.000, hasta por debajo de la línea de indigencia. Un aumento del 26% contra una inflación en alimentos de más del 40% y, por otro lado, la limitadísima apertura de los programas, es una gota de agua en el desierto de la desocupación que crece en forma aluvional; es decir que el acuerdo es un ajuste a la medida del FMI. La ausencia de cualquier plan de lucha, su reemplazo por marchas multisectoriales, el apoyo acrítico a la burocracia sindical que hundió cualquier continuidad del parazo del 25 de junio y la estrategia de los proyectos parlamentarios con los partidos patronales, son un callejón sin salida para un movimiento piquetero, con una enorme tradición de lucha contra los gobiernos ajustadores. Nuestro planteo A principios de junio, un plenario de más de cien delegados del Polo Obrero lanzó un empadronamiento por trabajo genuino y asambleas en los barrios contra el ajuste, simultáneamente planteamos la apertura de comedores populares en todas las asambleas del Polo y su ampliación. El objetivo es que vamos a pelearle al hambre que azota los barrios con el método histórico del Polo Obrero. Lejos del asistencialismo y la “contención” funcional al ajuste, vamos a darle fuerza a ese músculo del Polo Obrero, donde la pelea contra el hambre encuentra un método colectivo y solidario. Pero no lo reduce a eso, sino que es la base de las asambleas que discuten la organización de esa lucha, la lucha por las reivindicaciones del barrio, por el trabajo genuino o los subsidios, la pelea contra la trata, la violencia familiar, etc. En un frente único con un conjunto de organizaciones piqueteras, venimos desarrollando acciones de lucha y vamos a impulsar la organización de los barrios y la masa de desocupados que crecen geométricamente, impulsando desde las reivindicaciones más elementales hasta un programa que parta de reclamar trabajo genuino, que quiere decir no precarizado ni tercerizado y bajo convenio, mediante un plan de obra pública. Y en él, mientras tanto, impulsar la apertura irrestricta de los programas sociales sin intermediación de los punteros, la duplicación de sus montos y la apertura a cargo del Estado de comedores populares en todos los barrios. Desde ese lugar llamamos al conjunto de las organizaciones a impulsar un plan de lucha común. Abajo el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores.

El Suteba informa en su página web que 786 escuelas -que afectan a 383.000 alumnos- están con sus clases suspendidas y bajo revisión de sus graves falencias de infraestructura. Y se queda corto. La movilización de docentes y padres en todos los distritos ha instaurado la emergencia edilicia provincial en los hechos y es una demostración del camino a seguir: la movilización directa de los docentes y del resto de los trabajadores, los padres de nuestros alumnos. La gobernadora Vidal, que sigue sin dar la cara ante los docentes y padres, salió en un reportaje en Radio Mitre y TN -el boletín oficial del gobierno- mintiendo para exculparse de toda responsabilidad. Declaró no tener informe alguno sobre la escuela 49 de Moreno, cuando hubo ocho denuncias, todas en el Consejo Escolar de ese distrito, que depende de la Dirección General de Cultura y Educación, que dirige Sánchez Zinny y que, además, estaba intervenido directamente por él. Mintió y ocultó porque es norma todos los años la discusión de las plantas funcionales de todas las escuelas (presididas por cada secretario de Inspección de cada distrito, los representantes sindicales, el inspector responsable de cada área educativa, los directores de todas las escuelas y los representantes de cada Consejo Escolar), en las que se establecen también todos los problemas edilicios. Durante dos años y medio no realizaron relevamiento alguno del estado edilicio calamitoso denunciado desde 2014 por parte del diputado Guillermo Kane, del FIT-PO. Y mintió, además, porque los Tribunales de Clasificación Centrales, presididos por el viceministro de Educación, Sergio Siciliano, tienen entre sus funciones justamente “analizar y dictaminar en materia de plantas orgánico-funcionales de servicios educativos” (Estatuto del Docente). Este es el funcionario que declaró que la responsabilidad de la explosión de la escuela 49 fue de la misma víctima, la vicedirectora Sandra, por haber habilitado la apertura de la escuela. Un verdadero miserable. Pero falta todavía lo esencial: el negociado de la patria contratista de las escuelas, que tercerizan las tareas con personal precarizado y sin recursos, y sobrefacturan cifras astronómicas. A la cabeza de esta corruptela estaba directamente el director de Infraestructura, Mateo Nicholson, que fue separado porque lo agarraron in fragantti con un sobreprecio de 20 millones de pesos en la construcción de 79 cocinas. Retomar el plan de lucha El Suteba convocó a reuniones de delegados, pero evitó plantear en ellas ningún plan de acción. La conformación de comités de crisis -con los mismos funcionarios distritales responsables de haber dado la espalda a las denuncias de las escuelas- pinta la maniobra de contención de la bronca popular. La voluntad de lucha de la docencia y de la comunidad educativa se probó en movilizaciones multitudinarias; sin embargo, el Frente de Unidad Docente, no se apoya en la energía de docentes, estudiantes y padres, prefiere reiterar la política de cartas a los funcionarios que denuncia. Reclamamos asambleas abiertas y plenarios de delegados de escuela con mandato de todos los gremios del FUDB, retomar inmediatamente el plan de lucha con paros progresivos y la convocatoria ya a una gran marcha a la ciudad de La Plata, a la Gobernación, para quebrar el ajuste de Vidal, imponer el juicio político y la renuncia de todo el gabinete educativo. Indudablemente, la explosión de la cuestión edilicia a partir de la masacre de Moreno se enlaza con la lucha salarial y el empantanamiento de la paritaria, paralizada mediante una conciliación obligatoria trucha, ya desafiada por el paro masivo de la docencia bonaerense. A ese proceso se sumaron las movilizaciones de miles y miles en Moreno y en todos los distritos por las muertes de Sandra y Rubén, verdaderos crímenes de Estado, por la responsabilidad integral de una política. Vidal tiene su propio Cromañón en el mismo momento que anuncia un recorte de 25 mil millones de pesos en el Presupuesto provincial, colocando la cuota parte del ajuste fiscal en la provincia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ha quedado claro que el ajuste que ya sufre la educación la pagan los trabajadores y estudiantes. Se abre un período de lucha por una partida de emergencia bajo control de trabajadores de la educación y comisiones de padres, y la exigencia de la triplicación del presupuesto educativo para torcer el plan de liquidación de la educación pública. El Partido Obrero reclama la renuncia del ministro Sánchez Zinny y lleva adelante el planteo de juicio político a Vidal, como parte integral de la lucha de la docencia por sus salarios, condiciones laborales y por el conjunto de la demandas de la educación pública que ha emergido ante este Cromañón de Vidal. Está por delante la votación del Presupuesto de ajuste 2019 en la Legislatura. Se abre una lucha por su rechazo, junto con los reclamos de todos los trabajadores de la provincia.

El juez Marcelo Garnica, titular del Tribunal Federal N° 1 condenó a Raquel Blas a tres meses y a Roberto Marcho a tres meses y 15 días de prisión en suspenso por acompañar a los despedidos del comedor universitario a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo y por un corte que realizaron los trabajadores de las barreras sanitarias (Iscamen) en el ingreso al aeropuerto de Mendoza. La interpretación del juez es que prima el derecho individual a circular sobre el derecho colectivo a reclamar. El fallo constituye, por lo tanto, una condena al derecho a luchar, el más importante de los derechos, ya que para los trabajadores constituye la garantía de restitución de derechos vulnerados. Si esta condena sienta jurisprudencia, tenemos que la judicialización y criminalización de la protesta da un salto en calidad, ya que cada vez que un sector se movilice estaría cometiendo un delito. Una aberración. Esta fallo es modelo en Mendoza, que no conoce antecedes al respecto, pero por sobre todo una guía para el sinnúmero de casos similares de imputaciones por el artículo 194 del Código Penal -que pena la interrupción del tránsito- sobre los luchadores sindicales, sociales y políticos. Los testigos de cargo fueron todos ellos integrantes de Gendarmería y policía aeroportuaria. Se destacó la exposición de un gendarme, quien desarrolló la ligazón entre la acción de lucha del gremio de los estatales con las consecuencias judiciales de la ley antiterrorista, dijo, porque el piquete en las inmediaciones del aeropuerto debía ser tomado como una potencial “distracción” de terroristas por tomar el control del mismo. Una barbaridad. No obstante, no extraña, pues son los criterios con los que se maneja Gendarmería frente al reclamo mapuche. Una política represiva La condena a Raquel y a Macho se inscribe en el reforzamiento represivo propiciado por el gobierno de Macri (2x1 para los genocidas, decreto para movilizar efectivos de las Fuerzas Armadas en la represión interna, Chocobar, militarización de la Patagonia, etc.), que en la provincia se complementan con modificaciones al Código Procesal Penal de corte punitivista, la subordinación de los fiscales al Ejecutivo, la discrecionalidad de los jefes policiales para actuar “in fraganti”, etc. El gobernador Alfredo Cornejo ha girado a la Legislatura un proyecto de un nuevo “Código de Faltas” provincial, que profundiza el carácter clasista de la Justicia al establecer el pago económico de multas o hasta 90 días de arresto. En la ciudad capital, por otra parte, la gestión radical viene aplicando un “código de convivencia” que implica multas de 45 mil pesos para quienes concentramos o movilizamos, y en las últimas semanas han innovado la acción represiva con las multas por ruidos molestos. Lo que tienen en común todas estas medidas es el esfuerzo, dentro de los marcos del régimen, por amedrentar y disuadir la reacción de los trabajadores y sectores populares por sus reclamos. Anulación de la condena Hemos lanzado una campaña en toda la provincia y el país por la absolución, anulación de las condenas y desprocesamiento de decenas de luchadores como Raquel, Héctor Fresina, el secretario general de la CTA-A, “Polo” Martínez Agüero y decenas de delegados y activistas de ATE, Sute y demás organizaciones sindicales. También dirigentes de uniones vecinales y organizaciones sociales. El gobierno de Cambiemos está empleando a fondo las herramientas jurídicas que heredó de los gobiernos K, como la ley antiterrorista y el espionaje de Gendarmería, agregando sus propias disposiciones. En un cuadro de creciente malestar social por la bancarrota económica, los tarifazos y la carestía lo que urge es potenciar la organización por estos reclamos, al mismo tiempo que reclamamos el cese de la persecución a los luchadores. La represión como forma de garantizar la recomposición de la ganancia capitalista y el acuerdo con el FMI o la reacción obrera y popular por nuestras vidas. Llamamos al conjunto de los trabajadores a pronunciarnos por la anulación de las condenas a Raquel Blas y de todos los compañeros e impulsar en los lugares de trabajo la elección de delegados para participar, con mandato, del plenario provincial de delgados que convoca la CTA-A.

Con bajísima participación en todo el país se desarrollaron las elecciones de la CTA dirigida por Peidró y “Cachorro” Godoy. La Lista 6 Multicolor, un frente de agrupaciones de izquierda, encabezada a nivel nacional por la Coordinadora Sindical Clasista, mantuvo sus posiciones y avanzó en nuevas minorías en provincias y regionales. El poco interés que ha despertado la participación en estas elecciones, fundamentalmente en los sindicatos, tiene profundas explicaciones. Se trata de una Central que no ofrece una perspectiva para luchar a los afiliados que representa: se ausentó -e incluso entregó- las grandes luchas por salario, en defensa de los convenios colectivos o contra los despidos que se realizaron contra el gobierno nacional y los gobernadores. A ello se sumó la negativa de cambiar la fecha para impulsar la participación en las calles por el aborto legal. Por su parte, los sindicatos docentes -universitarios o de escuela- se encuentran abocados a los paros de no inicio luego del receso invernal. En estos años, los estatales sólo hemos sido convocados por la central a medidas aisladas que no han servido para frenar el ataque que sufrimos. En este cuadro no se podía esperar interés en participar en la elección, que sí contó con importante afluencia de votantes directos -o sea, por afuera de las organizaciones sindicales. La fractura de la CTA también desestimuló la participación. Los trabajadores se encontraron con distintas convocatorias a elecciones de CTA, sin que en todos estos años hayan sido convocados para fijar una posición y un rumbo a seguir. Las causas de todo esto son políticas. El seguidismo a partidos políticos patronales ha atravesado a su dirección desde un comienzo: antes de la división, tras Chacho Alvarez y De la Rúa; luego, partidos, con el kirchnerismo o con el campo, y ahora en tentativas de rearmar al PJ o a la centroizquierda. De esta manera formaron parte de los aparatos de contención a las luchas de los trabajadores en distintas etapas. Su sumisión a la Iglesia y su Pastoral Social explican su negativa a cambiar de fecha, a pesar de contar con una base con fuerte apoyo al aborto legal. Frente a esta parálisis y división de la central, la CSC planteó en cada recorrida y actividad la necesidad de un congreso de delegados con mandatos de asamblea de todos los sindicatos de la CTA, para discutir un plan de lucha nacional y unificar a la CTA desde su base. Injerencia patronal En una nueva muestra de su disposición a arrasar con las organizaciones obreras y favorecer el unicato, este cuadro fue aprovechado por el Ministerio de Trabajo para impugnar las elecciones 48 horas antes. Desde la Multicolor salimos a denunciar esta intromisión llamando a reforzar el voto clasista para tener en la CTA una herramienta más de los trabajadores para afrontar el plan de guerra capitalista. La afirmación de la conducción de la CTA respecto a defender la elección frente a este avasallamiento del Estado, en algunas urnas, se esfumó a primera hora. Fue el caso de la votación en el Ministerio de Educación,que la lista 1 levantó en acuerdo con los agentes de Triaca. La votación La lista 1 simula una participación a través de un padrón enormemente agrandado con “afiliaciones directas” o sindicatos sin participación activa. En el marco de la baja votación, las urnas que pudieron ser fiscalizadas por la Multi mostraron un salto en la construcción clasista obteniendo muy buenos resultados. Además de mantener posiciones antiburocráticas (CTA Lomas y Brown, encabezada por Rompiendo Cadenas), se ganó la CTA Río Turbio y 28/11 (CSC-PO). Con resultados que aún estamos midiendo ya podemos asegurar que otro de los avances fue la conquista de minorías en Caleta Olivia, Río Gallegos, Córdoba capital, Lanús y Moreno. En los sindicatos y juntas internas dirigidos por el clasismo fue amplísimo el triunfo de la Lista 6 (AGD UBA, Ademys, Adiunt, ATE Educación La Plata, ARBA-Economía La Plata, Inta, Hospital Mercante, Garrahan, Mecon, INCAA). Vale subrayar excelentes votaciones como en Luján (35%) y particularmente Adunlu, en La Plata-Ensenada, en hospitales de Córdoba, en la sede de Inti de esa provincia y entre los No docentes de la UNC, en Resistencia y Sáenz Peña en Chaco, Rosario, entre otros. A lo largo del día, los fiscales de la Lista 6 tuvieron que enfrentar el fraude e irregularidades de todo tipo. En Morón impugnamos toda la votación frente al “secuestro” de urnas por parte del burócrata Darío Silva y su patota. Lo mismo en una mesa de Río Gallegos, donde la urna -abierta antes del horario establecido- llegó llena de votos. El abandono por parte del PTS de la militancia por la lista, fiscalización e incluso votación restó fuerzas en algunos lugares, como La Plata y Astilleros -donde el día anterior realizamos una recorrida sin participación de su candidato de la fábrica-, favoreció objetivamente a la Lista de Peidró-Godoy. No obstante, en ese bastión obrero obtuvimos el 17%. Sobre esta votación está la base dentro de los trabajadores y sindicatos agrupados por esta CTA para avanzar en la coordinación de acciones de lucha conjunta hasta imponer un plan de lucha y paro activo general.

Las últimas novedades que se ventilaron en la causa de los cuadernos muestran que esta crisis recién empieza. Nadie toma en serio las declaraciones realizadas por los empresarios procesados, que intentaron sostener que no existieron coimas sino aportes en negro a las campañas electorales del kirchnerismo. En la misma línea declaró el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Abal Medina, que dijo haber recibido fondos para la campaña. La diferencia no es menor, especialmente en términos judiciales. Sucede que las coimas suponen un sobreprecio pactado con los funcionarios, para quedarse con las obras licitadas; en cambio, el aporte en negro a la campaña sería un delito menor, de tipo impositivo. Para los empresarios esta versión les permite presentarse como víctimas del Estado, cuando su corruptela, en realidad, es todo lo contrario: se apropiaron de los recursos públicos de modo ilegal, y las coimas no son otra cosa que una ‘distribución de dividendos’ con los funcionarios estatales. Mediante este artilugio, los empresarios lograron conseguir rápidamente su libertad, y otros, como es el caso de Angelo Calcaterra, el primo de Macri, que ni siquiera pasaron una hora detenidos. Los periodistas que se la pasan atacando la ‘puerta giratoria’ que beneficia a los ladrones no abrieron la boca ante semejante hecho de impunidad. El carácter de clase de la Justicia quedó marcado a fuego. Pelea de buitres Según todos los medios, que repiten los chismes de los informantes de Tribunales, Bonadío ha rechazado la versión de los empresarios. Sin embargo, aceptó otorgarles los beneficios que la Justicia le reserva a los ‘arrepentidos’, como ser la libertad y penas más bajas al momento del juicio. Se trata de una incongruencia mayúscula, pues se supone que el arrepentido debe decir la verdad y no mentir para beneficiarse en la causa. Esto hubiera requerido primero verificar que las declaraciones de los empresarios fueron ciertas y sólo una vez cumplimentado este paso admitirlos como ‘arrepentidos’. Pero no fue lo que ocurrió. El juez y el fiscal acordaron liberar a los empresarios de inmediato, a pesar de sus declaraciones tramposas. Pero, incluso, la versión de los aportes de campaña no cierra la cuestión. Ocurre que las empresas presentan balances a la Afip y a la Bolsa de Valores. En los mismos no figuraban los supuestos aportes, ya que fueron entregados en negro. De aquí se deduce que los balances son truchos, algo que debiera llevar a fuertes penalidades económicas a todas las empresas involucradas. En el caso de Techint, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, estas penalidades también debieran ser afrontadas en Estados Unidos. A la vez, resta determinar el recorrido del dinero, que no estaba en bóvedas sino en los bancos. Como señala La Nación” “si Bonadio quiere, acá pueden terminar desfilando por tribunales desde los auditores internos y externos, a gerentes de las sucursales y los oficiales de cumplimiento antilavado de los bancos con los que operó cada empresa confesa”. El nivel de las multas en juego podría mandar a la quiebra a más de una de las compañías investigadas. Como puede verse, la causa de los cuadernos es sólo la fachada que esconde una disputa enorme al interior de la clase capitalista por los negocios que están en juego. La gran denunciada hasta ahora es la patria contratista ligada históricamente a la burguesía nacional. El kirchnerismo, que se había propuesto como objetivo estratégico su reconstrucción, llevó adelante esta tarea a fuerza de coimas y el saqueo del presupuesto público. Ante la falta de financiamiento internacional, el gobierno de Cristina se había apoyado en China, asociando a los grupos locales a las obras de infraestructura que se financiarían con préstamos del gran país asiático. Por medio de las denuncias, el imperialismo yanqui pretende ahora ocupar esos lugares clave, relegando a la burguesía local a una socia menor. Los choques de Carrió con Gil Lavedra por su rol de representante en Argentina de la china Gezhouba Group, socia de Electroingeniería en las represas de Santa Cruz, son expresivos de esa disputa. Derivaciones políticas El gobierno de Macri, sacudido por la crisis económica y las denuncias de corrupción contra su propia camarilla por los aportes de campaña, ha visto en el affaire de los cuadernos la posibilidad de cambiar la agenda política del país. No parece nada casual que la revelación de las denuncias lleguen justo cuando las encuestas de opinión mostraban una caída sistemática de los candidatos oficiales y una remontada de Cristina Kirchner, que todos lo atribuyen a su ‘sabio’ silencio. Versiones a tener en cuenta ven la mano del PJ no K detrás de Bonadío. En este caso, sería un recurso de emergencia ante la evidencia de que sus distintos candidatos no mueven el amperímetro y que serían derrotados en una interna opositora. Esta descripción marca las diferencias entre el Lava Jato brasilero y el argentino. Mientras que en Brasil fue utilizado como un recurso para llevar adelante un golpe de Estado que llevó primero a la destitución de Dilma y luego a la cárcel de Lula, en nuestras pampas tendría por propósito sacar del camino a un sector de la oposición. Sin embargo, los límites del macrismo para capitalizar esta situación son muy evidentes. Por un lado, enfrenta la contradicción que una investigación a fondo impulsa la fuga de capitales y la caída de los activos del país, agravando la crisis económica. Es lo que ha sucedido estos días, especialmente con las acciones del grupo Techint. Por el otro, lo lleva a un choque con un sector de su propia base social, como es la patria contratista. Esta contradicción se expresará en el hecho de que el gobierno buscará moderar la investigación, limitándola a ciertos grupos económicos rivales. Pero enfrente tiene a los yanquis y al FMI queriendo cobrarle caro el rescate de su gobierno. Para los trabajadores que enfrentan un ajuste enorme sobre sus condiciones de vida, el gran desafío es no brindarle apoyo a ninguno de los campos de esta guerra de buitres y coimeros, y desarrollar una alternativa política propia para derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

En las 27 universidades nucleadas en la Conadu Histórica se realizarán elecciones para elegir la nueva dirección de la Federación. Se ha oficializado un padrón de 21.500 afiliados y se han presentado dos listas: la Lista 6, Multicolor, y la Lista 1, Frente Unidad de la docencia de las universidades nacionales. La Lista 6, Multicolor, está integrada por la Agrupación Naranja, Rompiendo Cadenas, Roja de Adunlu (Luján), Alternativa Docente-Ancla, Docentes universitarios de Izquierda Socialista y compañeras y compañeros independientes, de 17 universidades de todo el país. La componen los secretarios generales de AGD-UBA, de Adiunt (Tucumán) y el secretario adjunto de ADU San Luis. La encabeza el compañero Antonio Rosselló, actual secretario adjunto de la Conadu Histórica. La Multicolor es la única lista que reivindica la trayectoria de autonomía e independencia de los gobiernos de turno, de los rectores y de todas las burocracias sindicales docentes que han llevado, en los últimos veinte años, a la crisis de la universidad en la que nos encontramos. Su programa de doce puntos es simple: lucha por un salario igual a la canasta familiar, la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, la defensa del 82% móvil, la finalización del trabajo gratuito y precario, el aumento del presupuesto y la derogación de la Ley de Educación Superior (LES), el régimen de trayectoria académica y la Resolución 1254, que mercantilizan y privatizan la universidad poniéndola al servicio del mercado y no de las necesidades de las mayorías populares. En resumen, es el único programa y la única lista que se opone por el vértice al acuerdo Macri-FMI y a la contrarreforma educativa que llevan adelante el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ex ministro de De la Rúa, Hugo Juri y el vicepresidente del CIN (ex vice ministro de CFK), Jaime Perczyk. Es la única lista anti-Lagarde, anti-Macri, anti-ajuste. La otra lista, desde su propio nombre (“unidad de la docencia de las universidades nacionales”), licúa a la Conadu Histórica y su trayectoria para ponerlas a remolque de las distintas direcciones burocráticas de Conadu Yasky, Fedun de Ricci, Ctera. En realidad, repiten en la Conadu Histórica la coalición “En Marcha”, que reúne al Movimiento Evita (gestión en diversas universidades y facultades), al PCR, a Libres del Sur, a Vamos (ex Patria Grande) y Unidad Popular (el partido de Claudio Lozano que dialoga con Lagarde). Sostienen que la contradicción principal es con Macri, omitiendo al conjunto de los partidos que han gobernado el país y que hoy gobiernan las provincias y las universidades. “En Marcha” (Grabois) llegó a afirmar: “No nos vengan con las contradicciones secundarias”. Apuntan a integrarse como socio menor a un frente opositor liderado por el Pejota, promoviendo a Felipe Solá, el responsable político del crimen de Darío y Maxi, como candidato a presidente. Es decir, apuntan al “hay 2019”, mientras el ajuste, los tarifazos y la caída salarial se producen hoy. En ese camino de defección de la autonomía y la independencia, destacamos el rol de la lista Marrón (PCR) y Verde (Germán Abdala), que siendo consecuente con estas afirmaciones rompieron la alianza que tenían con el clasismo y sin más (sin debate, sin balance y sin perspectiva) adoptaron en sus filas y como programa a las agrupaciones kirchneristas que militan en la Conadu Histórica. Para defender la independencia y autonomía de la Conadu Histórica, para defender nuestro programa histórico, para defender la universidad pública, la lucha es hoy. En los paros nacionales, en las calles, en las asambleas y en las elecciones de Conadu Histórica. Del 4 al 6, votemos por La Multicolor.

“Si no tienen qué poner, pasen música”, les pedía Sergio Maldonado a los medios reunidos en una conferencia de prensa el 19 de octubre de 2017, apenas 48 horas después del hallazgo del cuerpo de su hermano Santiago en las aguas del río Chubut, cuando todavía no había sido identificado. Habían transcurrido 78 días desde la desaparición de Santiago en el marco de una brutal represión de Gendarmería en Cushamen, durante los cuales arreciaron las operaciones mediáticas orquestadas desde el poder político para eximir a esa fuerza represiva y a los funcionarios a cargo de toda responsabilidad. Del análisis de estas maniobras se ocupan Mariana Romano y Diego Rojas en Pasen música - El caso Santiago Maldonado en la era de la posverdad, el primer ensayo periodístico publicado que aborda el tratamiento del tema por parte de los dos principales medios de comunicación del país, La Nación y el grupo Clarín. El libro, que disecciona cada una de esas operaciones a través de un examen exhaustivo y pormenorizado, es también una oportunidad para ver cómo el histórico entramado entre los grandes medios de comunicación y los gobiernos capitalistas se ve potenciado en sus operaciones y falsificaciones por las tecnologías digitales. El recorrido va desde la construcción de una supuesta “guerrilla mapuche”, encarnada por el ignoto grupo RAM, como fue presentada a los televidentes por el programa de Jorge Lanata el domingo 6 de agosto de 2017, hasta la más actual, que pretende cerrar el caso bajo la pretensión de que Maldonado “se ahogó solo”. El sólo repaso de todas las “hipótesis” digitadas desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, cuyos operadores periodísticos echaron a rodar durante esos angustiantes 78 días, bastan para que el lector se agarre la cabeza, desde la negación de su presencia en el corte de la ruta 40 aquel 1° de agosto, pasando por las versiones de que había sido malherido por un puestero días antes, se había refugiado en Chile, se “sacrificó” por la causa mapuche, escapó a Entre Ríos -donde habría un pueblo en el que “todos se parecen a Maldonado”- o había sido visto por una pareja haciendo dedo rumbo a Puerto Madryn, cortándose el pelo en una peluquería de San Luis, o incluso escondido en la casa de su hermano. El libro de Rojas y Romano problematiza esta secuencia infame en conexión con el desarrollo de la movilización popular por la aparición con vida primero y luego por el esclarecimiento de la muerte de Maldonado y el castigo a los culpables. También recoge la disputa por la agenda en las redes sociales, poniendo de relieve el accionar de trolls y ‘cyberpatrullas’, que asediaron a los familiares e intentaron contrarrestar el reclamo difundido por usuarios legítimos. Pasen música… documenta de manera fehaciente la construcción de una trama apuntada a justificar la militarización de la Patagonia como reaseguro para los pulpos petroleros y mineros que operan en la región y que frecuentemente chocan con las comunidades mapuche. Los autores reflotan un informe del Ministerio de Seguridad, presentado el 30 de agosto de 2016, casi un año antes de la desaparición de Maldonado, que adjudicaba a la RAM un reguero de “hechos delictivos”, los cuales, según YPF, paralizaron el funcionamiento de 200 pozos. Sin ambages, el ministerio de Bullrich destaca que el carácter estratégico que la “cuestión mapuche” asume a ambos lados de la Cordillera se vio plasmado en la detención del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, al término de una reunión bilateral entre Mauricio Macri y la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Actualmente, Jones Huala está siendo sometido a un nuevo juicio de extradición. El primero fue anulado, luego de que se comprobara que los testimonios en su contra habían sido obtenidos por la policía chilena bajo tortura. Los autores inscriben el encubrimiento del crimen de Maldonado “en una genealogía que rápidamente remite a la ignominiosa tapa de Clarín: ‘La crisis causó dos nuevas muertes’ (…) O al informe del programa “6-7-8” en la Televisión Pública que en 2010 [durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner] (…) adjudicó la autoría intelectual del crimen de Mariano Ferreyra al duhaldismo”. Esto es la relación entre el monopolio capitalista de los medios de comunicación, la impunidad del Estado y las operaciones del poder político. Pasen música… es un aporte a una lucha -la del esclarecimiento del crimen de Santiago Maldonado- vital y urgente, bien escrito y escrupulosamente documentado.

El 18 de agosto, la Unión de Juventudes por el Socialismo realizará una conferencia de la juventud porteña y bonaerense. Convocamos a la juventud secundaria, terciaria y universitaria a deliberar frente a la brutal ofensiva contra la educación pública que estamos viviendo así como al ascenso del movimiento de mujeres que nos tiene como protagonistas y a desenvolver un plan de acción para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y las autoridades. Un alza de la lucha educativa La explosión de una estufa en la Escuela Nº 49 del barrio de San Carlos de Moreno que se llevó la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez puso al rojo vivo la crisis educativa. Esto, dos días después de un parazo en Capital y provincia de Buenos Aires, desafiando la conciliación obligatoria y dos días antes del no inicio convocado por todos los sindicatos universitarios. Por otro lado, el Decreto 638 que coloca a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, junto con los protocolos anti-tomas, pintan a un gobierno que se prepara para fuertes choques con la juventud. La tragedia de Moreno pone en cuestión la política de Macri y todos los gobernadores que están empeñados en imponerle una rebaja salarial a los docentes y preparan un mazazo al presupuesto educativo para cumplir con el FMI. Las consecuencias del ajuste se revelan crudamente ante los ojos de una juventud que en los últimos meses ha copado las calles y rebelado sus escuelas por el aborto legal. La pelea que vienen librando los colegios técnicos de la provincia contra la reforma vaciadora de Vidal da la pauta de que la misma energía que mostraron las estudiantes secundarias frente a la Iglesia y sus cómplices puede expresarse en una lucha de conjunto en defensa de la educación pública y gratuita. La Conferencia de la UJS discutirá cómo encauzar esta enorme energía en la conquista definitiva de la legalización del aborto, en la implementación de la educación sexual laica y científica, en la victoria de nuestros docentes, en el presupuesto para obras y en la derrota de las reformas antieducativas. Enterremos la Unicaba El reanimamiento de un movimiento general en defensa de la educación pública coloca a los profesorados, que han sido la vanguardia durante el primer cuatrimestre, el desafío de relanzar su lucha y lograr una victoria. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ha vuelto a embestir con su Unicaba con el planteo de abrirla y luego ir a una “evaluación” de los profesorados que, sin embargo, ya afirman que son “obsoletos” (Infobae, 3/8). La Unicaba es el laboratorio de un ataque más general a los institutos terciarios. La Conferencia de la UJS servirá para preparar una gran campaña hacia el inicio de las clases en los institutos, que retome las enormes movilizaciones del primer cuatrimestre, para enterrar definitivamente la Unicaba y toda la política de vaciamiento de los terciarios. El No Inicio en la Universidad Posiblemente, el ajuste más severo del sistema educativo le toca hoy a la universidad. Los docentes han recibido un mísero 5% desde noviembre de 2017 y la paritaria está cerrada de hecho. Además, el gobierno recortó 3.000 millones de pesos del presupuesto y adeuda otros 4.000, en total casi la mitad de los gastos de funcionamiento de las universidades. La brutalidad del ajuste contrasta con la pasividad de los rectores que, más allá de alguna declamación, evitan cualquier tipo de acción de lucha contra el gobierno. A la vez, el gobierno impulsa la resolución 1254 del Ministerio de Educación que desregula la actividad profesional, devaluando los títulos y que contó con el aval de los rectores. Lo que sigue es el recorte de las carreras y el pase de contenidos a posgrados pagos que se dictan de acuerdo con las necesidades empresariales. La UJS llama a los y las estudiantes universitarios a tomar nota de la complicidad con el ajuste macrista, tanto de las autoridades de Franja Morada-Cambiemos como de las del PJ y el kirchnerismo. Convocamos a esta conferencia con la certeza de que la defensa de la universidad pública y gratuita está en manos de estudiantes y trabajadores. Las elecciones Por último, pero no menos importante, la Conferencia de la UJS deberá discutir y precisar lugar por lugar una campaña hacia las elecciones estudiantiles. El operativo estatal para colocar en la Fuba una dirección adicta muestra hasta qué punto el gobierno es consciente de que para avanzar contra la universidad se necesita neutralizar la lucha del movimiento estudiantil. Las elecciones de la UBA serán, entonces, el escenario de una gran batalla política y un caso testigo para el conjunto del movimiento estudiantil. Se pondrán a prueba los programas y las políticas de todas las fuerzas en presencia y su capacidad para enfrentar el ajuste que el gobierno, los rectores y decanos quieren aplicar siguiendo el libreto del FMI. Esta tarea plantea de una delimitación estratégica. La colaboración que el pejotismo-kirchnerismo desarrolla en el plano nacional con el gobierno, votando sus leyes en el Congreso o siendo una correa de transmisión en las provincias, en el plano de la universidad se expresa en una colaboración con las camarillas ajustadoras. En oposición a esta política, la UJS planteará a todas las fuerzas combativas e independientes de todos los bloques patronales a formar listas para disputar con mayor éxito las direcciones de los centros de estudiantes y, en esa medida, defender una Fuba de lucha. Con esta conciencia, invitamos a todos los y las activistas y luchadores del movimiento estudiantil a participar junto a la UJS de la pelea por centros de estudiantes y una Fuba independiente del gobierno y las autoridades. Es una batalla clave, para desatar las energías de un movimiento estudiantil que se vincule con los trabajadores, le dé un golpe a los planes de ajuste y abra una perspectiva de transformación social.

Así sintetiza el cuadro de situación en Brasil una analista de la Fundación Getulio Vargas (reportaje a Lara Mesquita, Clarín, 29/7). Brasil se ha transformado en una verdadera olla a presión. La reciente sublevación provocada por el aumento de los combustibles que atravesó todas las clases sociales, desde el camionero independiente hasta los grupos empresarios, es una señal del creciente impasse del golpe parlamentario de 2016, que precipitó el desplazamiento de Dilma. La recuperación económica que proclamó el gobierno Temer asciende a un 3% del PBI, que no contrarresta la recesión de años anteriores. El desempleo subió a la cifra récord de 13,1% en el primer trimestre de 2018 y un millón y medio de trabajadores perdieron su trabajo en los primeros meses de este año. Los nuievos empleos, mayoritariamente, tienen un carácter precario. La política de apertura de la economía, privatizaciones de sectores estratégicos y la reforma laboral no generaron, como se pregonaba, una nueva corriente de inversiones. Petrobras, la nave insignia de la economía nacional, sufrió un derrumbe de sus acciones, cuando fracasó el tarifazo sobre los combustibles dirigido a rescatar a la empresa y a hacer frente al déficit fiscal provocado por la abultada y creciente deuda pública. La inversión global asciende al 15% cuando promediaba el 20% en 2010. Lejos de ingresar nuevos fondos, asistimos a una sangría, que ascendió a casi 3 mil millones de dólares en 2017 y que no se ha frenado. Brasil no escapó al impacto de la crisis mundial, que viene provocando una desvalorización de las monedas nacionales y por la huida de capitales de los países emergentes hacia las metrópolis. En este contexto, las calificadoras han bajado la nota a la deuda brasilera. El tránsito de Dilma a Temer fue la tentativa de pasar de un régimen de contención a otro de ataque a las masas y de promover una alteración profunda de las relaciones de clase en todos los planos. Pero la experiencia derechista viene tropezando con escollos cada vez mayores, revelando que no logra reunir los recursos políticos y económicos para imponer semejante agenda. Con su capital político minado, Temer no ha logrado armar una sucesión controlada. La contienda electoral, lejos de ser un una vía de estabilización y salida de la crisis, ha terminado transformándose en un factor de su agravamiento. Fragmentación Bolsonaro, el candidato derechista que figura escoltando a Lula en las intenciones de voto, no supera el 20 por ciento. Por otro lado, es un elemento poco confiable para el establishment. Sus posturas en favor de la dictadura y otras de carácter fascistizante lo transforman en un elemento incontrolable y provocador. Goza de simpatías en las Fuerzas Armadas y la elección como su vice del polémico general de reserva Hamilton Mourao, y su promesa de que “habrá un montón de ministros militares” en su gobierno, afianza este nexo. En cambio, la burguesía mayoritariamente parece inclinarse por la candidatura de Alckmin. El ex alcalde paulista es “puerto seguro” para los empresarios y ha recibido todos los aplausos de la Bolsa de Valores. Promete privatizar empresas estatales, imponer una reforma previsional y terminar con la enseñanza superior pública gratuita. Alckmin ha logrado conformar una coalición de cinco partidos de “centro” y confía en que su influencia en los medios y vínculos con círculos de la burguesía lo catapulte como el candidato principal, aunque arranca con una intención bajísima de votos (7%). El nombramiento de la reaccionaria Ana Amélia es una señal de que el ex alcalde paulista está dispuesto a tomar como propia parte de la agenda ultraderechista de Jair Bolsonaro. Pero el panorama seguirá siendo incierto hasta que no quede definida la suerte de Lula. El PT acaba de oficializar la candidatura del ex presidente, que lidera los sondeos con casi un tercio de las intenciones de voto. Las normas electorales vetan la postulación de cualquier persona con una condena ratificada en segunda instancia, como es su caso, pero la Justicia electoral sólo puede pronunciarse una vez que la candidatura sea registrada. En caso de que dicha instancia confirme este criterio, el PT tendría la posibilidad de apelar ante el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) aunque el pronóstico no es alentador. El PT ha puesto en marcha un plan B, nombrando al ex ministro Fernando Haddad como candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por el ex mandatario, que aún puede ser impugnada por la Justicia. En caso de que esto ocurra, Haddad sería ungido como candidato presidencial, acompañado por una candidata del PC do B. Golpismo y Fuerzas Armadas Está a la vista que el objetivo del Lava Jato es funcional al golpe institucional. Es muy aleccionador tomar nota de esto ahora que en la Argentina se le rinde pleitesía como sinónimo de una “cruzada contra la corrupción”. El apresuramiento para condenar a Lula no ocurrió con Temer y otros miembros de la coalición gobernante. La investigación e intervención judicial ha servido de pantalla para llevar adelante el operativo destituyente y proscriptivo. Una pieza clave de este operativo son las Fuerzas Armadas, quienes, una vez más, han hecho valer su presión para que Lula continúe preso. Vocero de la demanda esta vez fue el general Luiz Eduardo Ramos Baptista, jefe del Comando del Sudeste del Ejército brasileño, quien señaló que “la ley debe ser cumplida, en forma independiente de quién sea afectado por ella”. En Brasilia, según un relato del diario Estado, no sorprendieron sus palabras, que tenían como propósito marcar la cancha ante “una eventual revisión por parte de la Corte Suprema de la prisión del ex presidente” (Clarín, 28/7). La crisis atraviesa todos los estamentos del aparato del Estado y la Justicia no es una excepción. El llamado “golpe parlamentario” que se produjo en junio de 2016 fue un golpe militar con la complicidad de todas las instituciones del Estado brasileño y el apoyo de la “comunidad internacional” -o sea, el imperialismo de Estados Unidos, la Unión Europea y las ‘democracias’ latinoamericanas. El imperialismo no apela a una intervención militar directa, como era usual décadas atrás, pero no se priva de alentar maniobras, presiones y componendas, mientras progresa en la instalación de bases militares y en el reforzamiento de las Fuerzas Armadas del continente. En Brasil, entre una proclama golpista y la siguiente, los militares -en especial retirados- van copando las listas parlamentarias, para imponer un bloque agrario-militar-evangélico luego de las elecciones de octubre. PT y la izquierda La política del PT es de apaciguamiento. Aunque la cúpula petista pretende presentarlo como una maniobra para eludir las trabas judiciales, el plan B ya es una señal de que va a allanarse la proscripción de su líder partidario. La estrategia del PT es hacer buena letra ante la burguesía, de la cual fue escrupulosamente tributaria cuando fue gobierno. Lula fue el gerente de negocios de Odebrecht, de la patria contratista y de la burguesía industrial y armó un régimen de corrupción a su servicio. Lula y compañía han dejado pasar la brutal ofensiva oficial contra los trabajadores -empezando por los sindicatos y la central obrera, encolumnados políticamente con el PT-, con el argumento de que había que esperar a las elecciones, pero la opción que ofrecen es una variante del ajuste. La presidente del PT acaba de pronunciarse en favor de una reforma jubilatoria, lo cual es toda una definición política. De todos modos, y por más señales que dé que no va sacar los pies del plato, la clase dirigente reserva la carta de Lula como un recurso último frente a una irrupción revolucionaria de las masas. En este contexto, un párrafo especial lo merece la izquierda, donde se ha creado un frente político PT-PSOL-PC do B-PDT, de contenido burgués, para cooperar en un segundo turno electoral. La izquierda se ha unido en un “Frente Ciudadano”, de programa desarrollista y de rescate y subsidios a la burguesía que llega hasta el PDT de Ciro Gomes. El PSOL no es un factor activo en el impulso y organización de la lucha de clases y de la resistencia al ajuste, sino que está sumado al electoralismo más abyecto. La primera vuelta electoral, para la cual el PSOL enarbola la candidatura de Boulus, oficia como una interna dentro de esta coalición política “amplia” que viene actuando. La pasividad de la izquierda durante la crisis de los camioneros fue llamativa. Ni qué decir de sectores petistas que hicieron frente único con el gobierno Temer, planteando que la huelga de camioneros desestabilizaba el país. Estrategia Entre los trabajadores brasileños, sin embargo, hay reservas de lucha. Lo prueba la victoria obtenida por los profesores de la red privada paulista contra la tentativa de anular conquistas de su convenio colectivo; la huelga general de las universidades públicas paulistas o la lucha de los trabajadores municipales de San Pablo en defensa de sus jubilaciones. Esta tendencia viene chocando con el chaleco de fuerza de direcciones políticas y sindicales del movimiento obrero. El planteo de poner al proletariado como furgón de cola de una colaboración de clases, en nombre de una oposición a la derecha, es completamente reaccionario. El desafío crucial de la hora es que la izquierda y la clase obrera se trasformen en alternativa política, esta vez ya no bajo las formas democratizantes, como en la década y media pasada, sino bajo una estrategia obrera y socialista. Esto plantea una firme delimitación político-programática del nacionalismo de contenido burgués, impulsar la lucha e intervención independiente de los trabajadores y la construcción de partidos obreros revolucionarios. Llamamos a combatir al golpismo, a la derecha y al imperialismo, no en defensa de un retorno de los regímenes patronales ‘nac & pop’, que son los responsables por este retroceso, sino para impulsar una salida revolucionaria de los trabajadores y la Unidad Socialista de América Latina. Entramos en Brasil en una nueva fase de la situación política. Lejos de cerrar la crisis, las elecciones abren paso a una transición convulsiva.