Prensa Obrera N° 1513

A un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales realizaron en Plaza de Mayo un acto en el que habló Sergio, hermano del joven fallecido, quien denunció la responsabilidad del Estado en el crimen y lo enmarcó en la avanzada represiva del gobierno macrista. De la concentración participaron los familiares de Santiago y numerosas organizaciones sociales, colectivos de artistas, sindicatos y partidos políticos -entre ellos el Partido Obrero, que se movilizó como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Las nuevas medidas del gobierno en el marco del pacto con el FMI, la habilitación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y la ofensiva de la Iglesia contra la legalización del aborto están, sin lugar a dudas, en el centro de la situación política actual. A un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, las fuerzas federales responsables que encabezaron aquel operativo han sido encubiertas y reforzadas por el gobierno nacional. La nueva fase del ajuste fondomonetarista, iniciada con la devaluación del 50%, se despliega ahora con otro paquete contra las masas trabajadoras. Tarifazo del 25/30% arriba del de marzo, el enésimo aumento de combustibles, rebaja nominal a la mitad de las asignaciones familiares, paritarias a la baja con ataque a los sindicatos que sacan los pies del plato, parate de la obra pública en seco y enorme recesión que acompaña los despidos estatales con cierres y despidos en industrias y comercios, ataque a los convenios colectivos y recorte de fondos a las provincias que a su vez ajustan, como Urtubey, quien acaba de sacar un decreto de virtual congelamiento salarial. Se trata de la ofensiva de todo un régimen político cómplice de los repetidos fracasos macristas. Los docentes pelean contra todo un régimen de guerra social y económica contra los trabajadores, que intenta descargar sus propios fracasos y contradicciones, sobre las espaldas de los trabajadores. Tal vez el capítulo más pérfido de esta nueva fase del ajustazo sea el ataque a los más vulnerables de todos: la promesa de un 25% de aumento en cuotas, hasta fin de año, a los planes sociales de 4.800 pesos, porcentaje coincidente con el tope máximo de las paritarias, cuando la inflación efectiva supera el 30%. El gobierno golpea más aún, no por su fortaleza sino porque no encuentra un rumbo de salida. Avanza en medio de crisis y fracturas. La Iglesia mediante las denuncias de corrupción de La Alameda contra Vidal le pasa factura y le cobra caro su rol estratégico en la contención. Frenar el aborto legal se ha transformado para el clero en la moneda de cambio de su rol ante la reacción social y en el ariete para enfrentar uno de los mayores movimientos de masas de la última etapa en la Argentina, el de la mujer, por todos sus derechos. La burocracia sindical de la CGT y también la de centroizquierda juegan este juego de contención junto a las organizaciones sociales ligadas a la Iglesia. Aborto, crisis y desafío Por estas horas, la media sanción de Diputados está sepultada debajo de las operaciones de la Iglesia. La movilización popular se reafirma como la única carta posible, para asegurar la aprobación en Senadores de la legalización del aborto con las modificaciones a la que han adherido una treintena de senadores. Las modificaciones presentadas por el PRO y el PJ hace 15 días se han convertido en la última posibilidad para la legalización, aunque de ningún modo la garantizan, como se pudo observar en la incapacidad mostrada para poder obtener un dictamen de Comisiones, aún cuando Miguel Angel Pichetto lo había prometido. A través de las modificaciones se elimina la penalización a los médicos que incumplan con la práctica, se bajan las semanas de gestación para la legalización de 14 a 12, se exceptúa del cumplimiento de la ley a las instituciones de salud confesionales y se incorpora un artículo para el financiamiento en instituciones públicas y obras sociales. En el punto de las consejerías se modifica su finalidad para que sean instruidas a fin de desanimar la interrupción, mientras que en la formulación actual estaban destinadas a proveer información. La modificación de la media sanción de Diputados mostró que dentro del campo de la legalización se acusa recibo de la presión de la Iglesia y su temprana elaboración por parte de los senadores de Córdoba, precipitó definiciones que llevaron al cuadro actual, en el cual, esas modificaciones pasaron a ser la única y desesperada tabla de salvación. A pesar de esto, la aprobación de esta ley, defectuosa, sería sin dudas un triunfo de características históricas de todo el movimiento de mujeres y una plataforma excepcional para la lucha más de fondo por la separación de la Iglesia del Estado. La lucha política El adalid de las modificaciones ha pasado a ser el presidente del bloque del PJ, Pichetto. Su lugar en el debate está orientado por la posibilidad de que este papel le otorgue el relieve que hoy no tiene a nivel nacional para ingresar al juego de los precandidateables del PJ, para lo cual ya anunció una gira por la ciudad de La Plata el 9 de agosto, al día siguiente de la votación sobre aborto en Senadores, bajo la consigna “Un peronismo de centro, nacional y democrático”. El kirchnerismo y la llamada pata “izquierda” del pejotismo post-kirchnerista, representada en el triunviro San Cayetano, con fuerte presencia del Bloque Peronismo para la Victoria y el espacio “En Marcha”, integrado por el Movimiento Evita y por Libres del Sur, juegan a reforzar a la cúpula de la Iglesia católica de la mano de los curas villeros y de los obispos más cercanos a Bergoglio. El principal referente de este espacio, Juan Grabois, es un operador fundamental contra el derecho al aborto y principal inspirador de la marcha del 7 de agosto, que no sin crisis internas, se propone levantar a la Iglesia en su función social, un día antes de la votación en el Senado. Conspirando de hecho contra la gran movilización del 8A. Las dirigencias sindicales más cercanas al kirchnerismo, como la de UTE (gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires) y la del Subte, están inscriptas en el acercamiento a los lineamientos papales, quitándole el cuerpo a la movilización para el 8, como lo hicieron para el 13J, reforzando la figura papal y convocando a la marcha del 7 de agosto con toda la fuerza, tal como se ha podido ver en estos días. La adhesión al aborto legal por parte de una secretaría de la AGTSyP no cambia el impacto de la presencia de los dos principales dirigentes de los metrodelegados en el Vaticano en medio de un conflicto gremial y del debate más histórico para las mujeres trabajadoras, como lo es el de la legalización del aborto. Esta condición política es la que ha llevado a la burocracia sindical a no dar continuidad al paro de 24 horas a través de uno de 36 horas con movilización, como venimos planteando. Todo lo contrario, aíslan la huelga de Télam y miran para otro lado ante el brutal ataque al derecho de huelga de Triaca contra Camioneros y Suteba. La base social que lucha por el aborto legal está bajo la influencia de estos campos, fundamentalmente en la expectativa de una alternativa kirchnerista al macrismo en 2019 y esto es lo que explica el juego de colocar los huevos en diferentes canastas o el silencio brutal de los principales referentes del espacio kirchnerista en estos debate cruciales. Seamos millones por el 8A, por el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado El debate sobre aborto ha pulverizado cualquier resabio de laicismo del que hacían gala sectores de ese espacio. A su vez, a 100 años de la Reforma Universitaria, que se orientó en la lucha por la educación científica y laica, Franja Morada de la UCR no puede hacer gala de la más mínima independencia con relación al clero, sólo tres de sus doce senadores apoyan la legalización y su pata más laica, la UCR Capital, pugna por reingresar al gobierno de Larreta que acaba de consagrar a la Ciudad de Buenos Aires, al “sagrado corazón de Jesús”. Este cuadro no hace más que ratificar el balance de las jornadas del 13 y el 14J. Sin movilización, sin desconfianza en un parlamento postrado ante el clero, sin acción directa en las calles no tendremos aborto legal ni educación sexual científica y laica, ni podremos obtener ninguna de las aspiraciones más sentidas de este movimiento. Si arrancaramos el regreso a Diputados sería sin dudas un logro, nuevamente, no de las maniobras, sino de la movilización popular. Pero requerirá que seamos millones en las calles. Las movilizaciones y la campaña por la legalización del último mes y la aguda confrontación con la Iglesia y sus lazos con la clase capitalista, su Estado y sus partidos, deben llevarnos a conclusiones políticas de fondo respecto de este régimen de hambre, violencia y explotación. Para reforzar la lucha contra el ajuste y la represión, para triunfar en la legalización del aborto y avanzar en la separación de la Iglesia del Estado, nos tenemos que multiplicar por millones en las calles. Si la ganamos el 8A, vamos por el paro activo nacional de 36 horas para derrotar el conjunto del ajuste y la represión.

Las multas a Camioneros y Suteba por no acatar conciliaciones obligatorias se han transformado en una avanzada vertebral del gobierno Macri contra el derecho de huelga. El punto merece la lucha de todo el movimiento obrero en defensa de estos sindicatos, porque está en juego el derecho a luchar con los métodos de clase frente al monstruoso ajuste del FMI que ejecutan Macri y los gobernadores. A Camioneros se le aplicó una astronómica multa de 809 millones de pesos por no acatar una conciliación obligatoria a principios de año, cuando el sindicato reclamaba un bono de fin de año en compensación por la inflación. El “instrumento” legal es una ley de Menem de 1998 (Ley N° 25.212), que reglamenta incumplimientos graves de fallos laborales administrativos que siempre son de las patronales, pero en su artículo cuarto incluye “las partes” de una conciliación obligatoria no aplicada. Triaca no aplica jamás una conciliación para retrotraer despidos. No lo hizo en el Inti, no lo hizo en el Turbio, no lo hace en Télam, no lo hizo en AGR ni en Pepsico, donde los conflictos colectivos con medidas de fuerza justificaron largamente la intervención del ministerio; por otra parte, reclamada en forma reiterada por los trabajadores. En cambio, aplica conciliación contra un reclamo salarial donde los trabajadores sólo pierden, porque tienen que levantar la medida de fuerza sin que la patronal otorgue aumento alguno. Sólo sirve para enfriar y desmontar el proceso de lucha de la clase obrera. El Partido Obrero rechaza el arbitraje del Estado sobre los sindicatos y las acciones de lucha de la clase obrera en general. Lo hemos rechazado en oportunidad de las infinitas conciliaciones de Tomada contra las huelgas salariales, justamente para hacer cumplir los topes paritarios que marcaba Moyano. Recordemos las conciliaciones absurdas en bancarios antes que la huelga siquiera empezara, contra su mero anuncio. Pero en numerosas ocasiones se arrancaron conciliaciones con reincorporación efectiva de los despedidos que crearon escenarios para reforzar el movimiento huelguístico teniendo a los despedidos otra vez entre sus compañeros. Macri y Triaca ejercitan el arbitraje del Estado en el sentido más reaccionario, como un instrumento unidireccional a favor de la patronal. Pero ahora van más lejos al embargar por montos multimillonarios capaces de quebrar al más poderoso sindicato. La multa al Suteba de otra friolera, 659,7 millones de pesos, viene como dardo envenenado. Le aplican una ley, la 26.941, de mayo de 2014, en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que modifica y agrava las multas de la 25.212. Justamente le aplican al Suteba el monto que surge de multiplicar la cantidad de afiliados por el salario mínimo, vital y móvil. El argumento es que se multiplica por la cantidad de “afectados” que serían los protagonistas de la huelga docente de la provincia, los que habrían parado en su totalidad porque se le aplica al total del número de afiliados. Un disparate de características monumentales que, no obstante, pone de relieve que los legisladores “nacionales y populares” no tuvieron en cuenta que agravaban las penalidades de una ley de arbitraje que puede sancionar por igual a “partes” tan desiguales como el capital y el trabajo, como los explotadores y los explotados, como los dueños de los medios de producción y los que sólo tienen su fuerza de trabajo para vender, cada día más barata. A esta altura, vamos al núcleo de la situación planteada y las tareas urgentes que de ella se deducen. Se trata de un ataque vertebral al derecho de huelga cuando recrudece el ajuste macrista, varias veces fracasado en estos dos años y medio, hacia su fase más brutal: recesión, despidos, devaluación y desvalorización de salarios, ataque al sistema jubilatorio mediante rebaja de aportes patronales, rebaja de asignaciones familiares y agravamiento del impuesto al salario por inflación, nuevos y más amplios tarifazos a los combustibles, gas, electricidad y transporte y recortes a las provincias por 100 mil millones de pesos en el marco de un ajuste general de 300 mil millones de pesos en el Presupuesto Público. Una pulseada decisiva El paro docente es revelador porque fue decretado en cinco provincias: las de Vidal y Larreta, Peppo (Chaco), Bertone (Tierra del Fuego) y la Santa Cruz de Alicia Kirchner. Es decir, todo el espinel político patronal. Atacan el derecho de huelga para defender a un régimen político entero contra la clase obrera, el régimen de los partidos que gobernaron la Argentina los últimos 40 años en función de la banca acreedora, los grupos económicos y la burguesía en su conjunto. Todas las entidades del capital agrario, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) apoyan el “rumbo” del gobierno, aunque reclaman por más concesiones. Y acaban de obtener el compromiso de Macri en la UIA y de Michetti en la Rural, de que no habrá vuelta atrás en las rebajas de aportes patronales y retenciones sugeridas por el mismísimo FMI en sus textos del acuerdo y condiciones del rescate. Por otro lado, las patronales atacan en todos los frentes. Están violando el convenio en los bancos, apretando en los ritmos de producción en toda la industria, atacando convenios colectivos emblemáticos como Luz y Fuerza (Córdoba) y el Turbio, imponiendo convenios flexibles (ferroviarios, leche, Smata), atacando los cuerpos de activistas, usando el cierre de plantas para tercerizar y/o flexibilizar (AGR, Pepsico). Estamos ante un nuevo y más profundo capítulo del pasaje de un régimen de contención (el kirchnerismo) a un régimen de ofensiva contra las masas (Macri y los gobernadores). Este ataque, no obstante, lo tiene que afrontar el gobierno tras dos años de fracasos, con un giro de las masas contra el gobierno y un aumento de la bronca popular que venimos marcando desde estas páginas desde diciembre pasado en oportunidad de la trilogía de reformas jubilatoria, tributaria y laboral. Un giro por abajo que se ha profundizado ante la corrida cambiaria, la devaluación y la apelación al odiado FMI. Por otro lado, si bien las luchas obreras no encuentran una vía de victoria -salvo excepciones como la huelga docente neuquina-, el régimen se topa todo el tiempo con nuevas huelgas como la de Télam. Las reacciones de los trabajadores que se manifiestan especialmente cuando se encuentra un canal y un objetivo de conjunto como en las jornadas de diciembre, cosa que se volvió a vivir en el paro del 25 de junio. Pero la burocracia sindical (y sus socios menores del centroizquierda sindical y el trío social San Cayetano) usa el paro dominguero del 25 como factor de reacomodamiento para mejor frenar y aislar a los movimientos de lucha. Algo que comprende a reputados miembros de la Corriente Federal kirchnerista como Palazzo, que abandona a los activistas perseguidos por las poderosas patronales bancarias. Ante tamaño ataque al derecho de huelga, todo el movimiento obrero tiene que salir en plan de lucha para defender a Camioneros y al Suteba. Le reclamamos a esas direcciones, ambas convocantes del 21F, que convoquen un inmediato plenario de sindicatos de todas las centrales para disponer un plan de lucha contra las multas a Camioneros y al Suteba. Empezando por convocar asambleas de sus propios trabajadores camioneros y docentes de Ctera en todas las seccionales del país. Las reivindicaciones se enlazan una con otras, en defensa de los salarios, contra los despidos y este ataque al derecho de huelga, hoy más que nunca vamos por el paro activo nacional de 36 horas, para enfrentar movilizados por millones al régimen del FMI. A nuestra clase obrera le sobran historia y reservas de lucha para afrontar esta ofensiva de un gobierno repudiado y fracasado. Se trata de una pulseada decisiva, y la podemos ganar. Más que nunca adelante con el programa y las iniciativas del Plenario de Lanús que marca una perspectiva y un método para superar a la burocracia sindical.

A pocos días de que se lleven adelante las elecciones de la CTA Autónoma, en su fracción conducida por Peidró y Godoy, la campaña que lleva adelante la Lista 6 Multicolor se abre paso entre los trabajadores estatales, docentes, docentes universitarios, médicos, judiciales, entre otros. Ileana Celotto, candidata a secretaria general, recorrió la provincia de Santa Cruz con positivas repercusiones entre los mineros de Río Turbio y los docentes enrolados en Adosac. La gira continuó por la provincia de Córdoba, donde se realizaron actividades en los hospitales junto a candidatos de UTS y en dependencias estatales como el Inti y Conicet. En el resto de las provincias se vienen realizando actos y recorridas por los lugares de trabajo con los candidatos locales. Jimena Lettieri y Patricio Grande presentaron la lista multicolor en el Hospital Posadas. Para el resto de la provincia de Buenos Aires se preparan importantes actividades en el Astillero Río Santiago, en los Hospitales Gandulfo, Mercante, Menéndez y de Moreno, y en dependencias estatales de La Plata como Educación, Arba, Agroindustria y Economía. El viernes 3 habrá un almuerzo de presentación de lista en el Inta Castelar. Capital Federal fue sede de la presentación de la lista nacional con una conferencia de prensa realizada en el Hotel Bauen. El importante pañuelazo, realizado frente a la sede de calle Perón por todas las agrupaciones de la Multicolor exigiendo el cambio de fecha, tuvo su réplica en otras provincias y localidades. Desde la CSC venimos montando agitaciones con nuestros materiales en 30 dependencias estatales y en más de una decena de hospitales. La campaña de docentes y docentes universitarios se desenvuelve en medio de fuertes medidas de lucha. El paro de no inicio desarrollado por las conducciones de Ademys, AGD, Adiunt (Tucumán), Adunlu (Luján), entre otros, es la mejor garantía que podemos mostrar de cara a los miles de afiliados que apuestan por una nueva dirección en la CTA. Dos políticas A contramarcha de la política que los sectores combativos desenvuelven en sus sindicatos, la actual conducción de esta CTA nada hace por intervenir en el desarrollo de los conflictos en curso. A la histórica movilización que se prepara para defender la sanción del aborto legal, ha respondido con una negativa cerrada al cambio de fecha, no existiendo impedimentos legales para hacerlo. El impedimento es político, ya que sus compromisos con la Iglesia ordenan sus prioridades. La “reapertura de paritarias” operada por UPCN y el gobierno, que valió únicamente la vuelta del nefasto presentismo, no mereció para ATE Nacional ni siquiera un comunicado de repudio. De un plan de lucha, ni hablar… Lo que sí se empeñaron en defender fue la movilización convocada por la Federación Agraria, en defensa de sus intereses patronales, disimulada con consignas en defensa de ciertas reivindicaciones de pequeños productores y trabajadores del Ministerio de Agroindustria. Significativamente, este apoyo a las patronales rurales cerró temporalmente “la grieta” entre verdes y verdes y blancos en ATE. En el fondo del asunto, lo que pone en disputa esta elección es el planteo político al que apunta cada sector: mientras la Multicolor plantea la necesidad de una nueva dirección, con independencia de clase, antiburocrática, combativa y que luche por las reivindicaciones de las mujeres, la Lista 1 de Peidró y Godoy pondrá a la central al servicio de una nueva tentativa de armado centroizquierdista (En Marcha), que, tarde o temprano, se subordinará al armado “opositor” que prepara el PJ, incluso si eso significa apoyar a personajes nefastos como Felipe Solá. Este 8 de agosto votemos la Lista 6 multicolor y seamos millones en las plazas por el aborto legal.

La huelga de 48 horas protagonizada por la docencia bonaerense fue total, con niveles de acatamiento los dos días de entre 80 y 95%, aún cuando fue sólo del Suteba y defeccionaron los demás sindicatos del FUDB. Una respuesta formidable a la provocación de Vidal, a pesar de la conciliación, de las amenazas y sanciones dispuestas al sindicato. El gobierno de la provincia y la figura política de Cambiemos sufrieron un golpe político. Y no por parte de una operación para hacer saltar la corrupción, como los aportes truchos, sino por parte de las masas. Sobre llovido, mojado. La provocación a los docentes como contraataque ante el estallido de la corrupción de la campaña electoral resultó de efecto negativo, un búmeran. Vidal volcó toda la capacidad de coerción del Estado capitalista contra los huelguistas. Primero, mediante la extorsión de adelantar 15 días el salario de julio. Segundo, mediante el apriete de decretar la conciliación obligatoria. Tercero, implementando un ataque feroz contra el derecho de huelga y contra el Suteba, que paró en el marco de la convocatoria nacional de Ctera, al que le aplicaron una multa multimillonaria de 659,7 millones de pesos, una ofensiva que tuvo el antecedente similar en el gremio camionero. Cuarto, sacando a las escuelas un ejército de jerarcas para amedrentar a los huelguistas: relevaron 9.838 escuelas a través de 135 inspecciones distritales y 1.770 inspectores de área y más de 9.000 directores de escuelas, montando una campaña de terror para quebrar el paro. En una provocación del ministro de Trabajo, propia de la desesperación, este personaje declaró que cuando la multa "se haga efectiva, por decisión de la gobernadora", el dinero se destinará "a la construcción de jardines de infantes en la provincia” (La Nación). Quinto: los docentes pasaron por arriba de la actitud sumisa de los cuatro gremios restantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense -FEB, Udocba, Sadop y Amet- que firmaron la conciliación obligatoria de Vidal. Por último, el plenario provincial de delegados convocado por los Suteba Multicolores en el segundo día de huelga, luego de la marcha al Palacio Pizzurno, resolvió ratificar las 72 horas de paro, completando la huelga del tercer día que la dirección de Suteba no garantizó. Esto, a excepción de los Suteba de Quilmes, Berazategui y Bahía Blanca, que resolvieron jornadas sin paro. Al cierre de esta edición, los datos relevados indican que la huelga es alta también este tercer día, como establecían los mandatos iniciales de todo el Suteba. En los distritos multicolores, el acatamiento es del 75% en Ensenada; del 70% en Matanza y en Tigre; del 60% en Marcos Paz y 50% en Escobar. Pero el tercer día de huelga también fue importante, con altibajos, en distritos conducidos por Baradel: por encima del 50% en La Plata; 50% en Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora, y en los municipios más bajos del orden del 20-25%. El plenario multicolor resolvió también exigir a la dirección de Suteba asambleas inmediatas y plenarios de delegados para dar continuidad a esta exitosa huelga y que Baradel convoque a parar y movilizarse el 8 de agosto en apoyo a la lucha para imponer el aborto legal. Maduración de la base docente La huelga fue resultado de la conciencia de la base del gremio de que si no se iba al paro, Vidal arrasaba definitivamente con la educación pública y con los docentes. Luego de 94 días de tregua de todas las direcciones sindicales, que permitieron el cierre de las escuelas de islas, la eliminación de los bachilleratos de adultos, el desmantelamiento de la educación especial, la eliminación de los equipos de orientación escolar de los establecimientos, la reducción de horas y de contenidos de la escuela técnica -hoy en plena rebelión contra la reforma de Vidal- y el congelamiento de ya más de siete meses del salario, cuando las direcciones de todos los gremios del FUDB pretendieron justificar en la fortaleza de Vidal la necesidad de acatar la conciliación obligatoria y levantar el paro de 72 horas, la bronca docente explotó y confluyó con el planteo votado por los Suteba Multicolores, que rechazaron la conciliación obligatoria y llamaron a cumplir la huelga ya votada. En este clima, Ctera convocó al paro en cinco provincias, entre ellas Buenos Aires. La dirección de Suteba disipa la fuerza de la huelga La andanada del régimen macrista contra el derecho de huelga y contra las organizaciones obreras que desafíen la conciliación obligatoria es un ataque contra toda la clase trabajadora, que exige de la CGT y de las CTA una convocatoria masiva a Plaza de Mayo en el marco de una medida de fuerza. Los Suteba Multicolores plantearon a Suteba la necesidad de marchar de a miles a la Gobernación, en medio de las 48 horas de huelga, para derrotar la ofensiva de Vidal. La marcha del martes 31 en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, fue administradamente restringida de parte de la dirección celeste, y en ningún momento plantearon en sus discursos la continuidad de las medidas. El tenor de las alocuciones de Eduardo López (secretario general de UTE), Hugo Yasky (secretario general de la CTA-T) y de Roberto Baradel (secretario general de Suteba) fue batir el parche de que todo esto se termina el 11 de diciembre de 2019, con la derrota electoral de Cambiemos. Al final de su discurso, Baradel reivindicó al FUDB, dijo que se reunirían inmediatamente para exigir a Vidal que los vuelva a convocar y anunció un cronograma que lleva cualquier posible acción gremial mucho después de que finalice la conciliación obligatoria de Vidal. En un furcio que eliminaron en el audio de la página del gremio, terminó sus palabras planteándole a los presentes que “se retiraran a sus hogares”. Todos los oradores caracterizaron las jornadas del 30 y 31 de gloriosas, de un antes y un después en la historia docente, pero prefieren dejarlas en tiempo pasado. Con independencia de los bloqueos que sufra el proceso de lucha abierto, sea por la ofensiva gubernamental o por las maniobras de la burocracia sindical, no se puede volver atrás en lo sucedido. Los sectores combativos de la docencia, los Suteba multicolores deben apoyarse en esta experiencia, que conmovió al gobierno y a los cimientos de todos los gremios docentes, e impulsar una política claramente independiente del Estado y de la burocracia sindical, que ayude al desenvolvimiento de un movimiento huelguístico para quebrar la política antisalarial de Vidal.

El 12 de agosto se llevarán a cabo las elecciones municipales en Santiago del Estero, en la que se van a renovar los concejos y las intendencias de casi la totalidad de los municipios de la provincia. Estas elecciones estaban previstas originalmente para septiembre, pero el gobernador Gerardo Zamora (Frente Cívico, la coalición entre la UCR, el PJ y fuerzas menores) decidió correrlas para que no coincidieran con el debate del Presupuesto nacional, que viene condicionado por el acuerdo que Macri firmó con el FMI y por el cual se va a proceder a un brutal ajuste, donde las provincias y municipios van a tener que cargar con un tercio del mismo. Zamora ha puesto la firma -al igual que durante el kirchnerismo- a todas las políticas nacionales. De cualquier manera, los medios santiagueños ya hicieron trascender que la provincia va a sufrir un recorte de 5 mil millones. Si se tiene en cuenta que gran parte de la fuerza de trabajo depende del Estado provincial y los municipios, el pronóstico conduce a un proceso de ajuste, cosa que ya está ocurriendo con jubilaciones anticipadas, pero que se profundizarán con despidos, achique salarial y mayor precarización, todo esto en una provincia que tiene el promedio salarial más bajo el país y los índices de trabajo en negro más altos. La precarización y la miseria salarial tiene directos beneficiarios: los grandes terratenientes, las empresas privatizadas y algunos grandes negocios en materia de obras públicas que explotan a fondo las condiciones negreras que se le ha impuesto a los trabajadores. No sólo esto. Bajo el régimen zamorista, la provincia se ha transformado en unos de los centros de acopio y distribución de la droga, de tráfico de mujeres y de niños más importante del país, como resultado de que el gobierno provincial y las principales intendencias, la Justicia y las fuerzas de seguridad están fuertemente entrelazadas con las mafias y, en muchos casos, son ellos mismo los jefes de esas organizaciones mafiosas. Zamora ordenó a sus diputados que votaran contra el aborto legal y en la provincia la persecución y violencia institucional contra las mujeres llega al extremo de perseguir a los abogados y abogadas que se animen a defenderlas. Como resultado de la crisis general que se vive en el país, se han producido algunos crujidos dentro del Frente Cívico que preside Zamora y con el que gobierna la provincia. A pesar de que las fuerzas patronales opositoras son raquíticas y están en crisis -ya sea Cambiemos o el massismo-, Zamora ha decidido mover todo el aparato punteril e importantes recursos públicos para perpetuar su monopolio político. Los medios han señalado que, a pesar del ajuste, el zamorismo va a gastar 100 millones de pesos en la campaña e incluso acaba de anunciar el adelanto para agosto del pago del bono aguinaldo de fin de año -de 4.000 pesos. Con esto piensa no sólo asegurarse el triunfo frente a las listas de Cambiemos o del massismo, sino que las listas apadrinadas por Zamora se impongan sobre las colectoras que se presentan dentro del Frente Cívico. La campaña del PO Con este escenario, sólo el Partido Obrero, que se presenta en los tres municipios (la capital, La Banda y Termas de Río Hondo) más importantes de la provincia (en el caso de la capital lo hace junto a Izquierda Socialista en el marco del Frente de Izquierda), ofrece un programa que incluye las reivindicaciones de los trabajadores de los municipios (referidas al salario, las condiciones laborales y el pase a planta), los derechos de la mujer, la obra y las finanzas públicas bajo control de los trabajadores, unidas a las reivindicaciones más generales de los trabajadores y campesinos de la provincia y el país contra el plan de guerra del macrismo y los gobernadores, y por una salida económica y política bajo la dirección de los trabajadores. Las listas que presenta el PO están integradas por importantes luchadores de la docencia, que se destacaron en la gran huelga del 2016, por los impulsores de la lucha de los familiares víctimas de la impunidad en la provincia y por luchadores de la Salud, entre otros. En ese marco se está desenvolviendo una importante campaña en los barrios, ferias y peatonales. El PO es gran protagonista en el movimiento de la mujer, en la juventud combativa de la universidad provincial (Unse), en algunas barriadas a través del Polo Obrero o en la docencia que es el principal gremio de la provincia. Un reflejo del impacto que está teniendo la campaña lo dio la reciente visita de Néstor Pitrola, con la asistencia de cien compañeros a una charla que luego se tradujo en importantes llegadas en los medios. El tramo final de la campaña, prevé la visita de Claudio del Plá a Termas y otros dirigentes del Noroeste, donde se va a proceder a dar el empuje final, a reunir a cientos de fiscales para que hasta el último minuto de este proceso electoral batallemos para reforzar el reagrupamiento de fuerzas con el Partido Obrero y la posibilidad, como ocurrió en el pasado a nivel provincial, de conquistar una representación de la izquierda en los concejos.

La segunda sesión del Encuentro internacional, convocado por la Red Euro-Mediterránea, debatió el informe general y un conjunto de resoluciones discutidas en las comisiones encargadas de abordar una gama de cuestiones planteada por ese informe, así como contribuciones de diversas delegaciones. Entre ellas, una propuesta de declaración internacional de apoyo a la lucha de las mujeres en numerosos países y, en forma específica, la movilización por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Como hemos señalado en un informe previo, el Centro Socialista Christian Rakovsky tuvo la iniciativa del Encuentro, con el apoyo de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI). Uno de los puntos centrales del debate giró en torno de la aseveración de que la confrontación del imperialismo con Rusia y con China con vistas a la completa recolonización del espacio de los ex Estados llamados ‘socialistas’ (Rusia, China, Cuba, etc.) constituye la contradicción principal de la etapa actual de guerras económicas y militares, en relación con los otros antagonismos que se han profundizado en el último tiempo, como, por ejemplo, el que opone a Estados Unidos y la Unión Europea (UE), o Gran Bretaña y el Brexit, o con Canadá y México. En torno de este planteo se hicieron planteamientos fundamentales de parte de diversas delegaciones. La primera es que en el combate internacional en una guerra imperialista contra estos Estados, en ningún caso corresponde el apoyo a los gobiernos bonapartistas de este espacio y que, por el contrario, se plantea la expropiación de la oligarquía de estos países, que opera como una quinta columna del capital mundial. La otra precisión fue la necesidad de desenmascarar el rol reaccionario de Moscú y Pekín en los choques políticos y en las confrontaciones militares que tienen lugar en diversas partes del mundo, en especial en Siria y en el Medio Oriente. En tanto, de un lado, la camarilla de Putin ha desembarcado en Siria para neutralizar la intervención del imperialismo, al mismo tiempo sostiene a la clique reaccionaria de Bashar al Assad y se moviliza intensamente por alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y el sionismo, lo que no sería otra cosa que una remodelación del orden imperialista golpeado por crisis sucesivas, la crisis mundial en curso y, por sobre todo, las revoluciones árabes. En tercer lugar, aunque no menos importante, es necesario señalar que las oligarquías de Rusia y la burguesía ascendente en China, con el apoyo de gran parte de la burocracia gobernante, buscan formar parte de esa completa recolonización del ex espacio ‘socialista’ -de ningún modo son antagonistas de este proyecto que es, en última instancia, la finalidad estratégica de la restauración capitalista. Para desarrollar una alternativa revolucionaria es necesaria la crítica más severa al nacionalismo y a sus tutores internacionales, y la completa independencia política del proletariado y las masas. La agudeza que ha alcanzado la discusión de este punto ha revelado el involucramiento intenso de la Red Mediterránea y de la CRCI en las crisis y en las luchas en la región, así como en la comprensión del desafío estratégico que plantea la crisis mundial en curso. Sionismo, imperialismo, Irán El Encuentro vinculó la ley de apartheid impuesta por Netanyahu en Israel, el reconocimiento de Jerusalén como capital única de la entidad sionista, la guerra de exterminio de Arabia Saudita, los Emiratos y Estados Unidos contra el pueblo de Yemen, las masacres a repetición contra el pueblo de Gaza, y el repudio unilateral de Trump del acuerdo de control nuclear con Irán, como parte de un plan de guerra en la región que apunta a acabar con las revoluciones en Oriente, desde la iraní de 1979 hasta las recientes revoluciones árabes. Se destacó en el debate el plan de dominación política del bloque formado por Arabia Saudita-Israel-Egipto-Emiratos, bajo la dirección del imperialismo norteamericano, que apunta al establecimiento de un nuevo orden internacional, lo que implica un régimen de guerra permanente. El Encuentro señaló la necesidad de desarrollar un frente revolucionario antiimperialista frente a estos planes y guerras, caracterizando, al mismo tiempo, la inmensa declinación de los movimientos nacionalistas, burgueses y pequeño-burgueses, comprometidos por décadas de capitulaciones, y la desmoralización de la izquierda frente populista y los partidos comunistas. Una lucha consecuente contra la guerra imperialista debe partir de este balance y la conclusión que emerge de él: trabajar por el desarrollo de partidos revolucionarios socialistas y una dirección revolucionaria. El Encuentro votó como consignas inmediatas: Fuera el imperialismo de Siria, Yemen y de todo el Medio Oriente; Abajo el sionismo, apoyo total a los derechos nacionales del pueblo palestino, incluido el derecho al retorno; Por una Palestina libre, laica y socialista, en una Federación socialista de pueblos libres del Medio Oriente. En este contexto de conjunto fue discutido el peligro de guerra en el Mediterráneo oriental, como consecuencia de la guerra económica (la disputa por los nuevos yacimientos de gas y su salida hacia Europa), así como la expansión de la Otan en los Balcanes y el asedio a Rusia. El Encuentro aprobó un llamamiento a la unidad de los trabajadores de Grecia y Turquía contra los designios de guerra de sus burguesías, que esgrimen sus ambiciones en Chipre y Macedonia. El Encuentro rechazó el acuerdo del griego Tsipras y el macedonio Zaev, que modifica el nombre de la República de Macedonia, con el pretexto de cancelar disputas nacionalistas, como el paso necesario para el ingreso de Macedonia a la Otan. El Encuentro votó un llamamiento a un acto público y a una movilización conjunta contra este acuerdo al Frente de Izquierda de Macedonia (Levica), un bloque democratizante que reúne a la inmensa mayoría de la izquierda. A pesar de la hecatombe social que la Unión Europea ha provocado en Grecia, este frente izquierdista apoya el ingreso de Macedonia a la Unión Europea, con el pretexto de que ayudaría al progreso social del pueblo macedonio. Lejos de un paso hacia la superación de un conflicto entre Grecia y Macedonia, que se avivó como consecuencia de la destrucción imperialista de la Federación Yugoslava, este acuerdo es la simiente de nuevas guerras, a partir de la hostilidad que genera, por razones diferentes, en Turquía y Rusia. Los refugiados, un crimen de guerra del imperialismo El tema de los refugiados de guerra fue abordado por una dirigenta de las organizaciones de derechos humanos, involucrada a fondo en el tema. La gravedad de la situación no puede ser subestimada, mucho menos la política del imperialismo frente a ellos -después de todo no son sino las víctimas de las guerras del imperialismo en el Medio Oriente, el Norte de Africa y Ucrania. La ‘benevolencia’ inicial es cosa del pasado -la distribución por cuotas entre los países de Europa ha sido liquidada (acuerdo de Dublin). Los nuevos refugiados son rechazados hacia sus países, sea por medio del cierre de puertos de acogimiento, sea por medio de patrullas militares que reconducen a quienes huyen de la guerra a sus países de origen y las muertes en el mar siguen siendo numerosas. Los campamentos que han recogido a refugiados en el pasado reciente se han convertido en campos de concentración- se ha rechazado su integración a la población existente. La Unión Europea financia a Turquía para cerrar el paso de refugiados de Siria a Europa. Una parte de la izquierda europea reclama el trato humanitario a los refugiados en oposición a su integración a los países en que se encuentran, con el pretexto reaccionario de que compiten a la baja con los obreros de la nación. Las delegaciones de Turquía y de Grecia en el Encuentro señalaron las intensas actividades que desarrollan en los campamentos, a pesar de la cuarentena que se les ha impuesto contra la presencia incluso de las organizaciones de derechos humanos, con una línea política definida: fronteras abiertas, derogación de las políticas anti-inmigratorias, abolición de los campos de concentración, por grupos de autodefensa contra los grupos fascistas que atacan a los inmigrantes. Por la Unidad Socialista de Europa desde Lisboa a Vladivostok. Los crímenes de la política inmigratoria del imperialismo yanqui en América Latina, así como la de cada uno de los Estados latinoamericanos no fueron objeto de un informe especial, pero las conclusiones no varían ni tampoco las reivindicaciones: abajo los muros, apertura de las fronteras, oposición militante a la militarización de fronteras -a cuento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (que campea libre bajo la protección de la DEA norteamericana), por la Unidad Socialista de América Latina. La lucha de la mujer El Encuentro votó entusiastamente una declaración de apoyo a las movilizaciones de la mujer en diversas partes del mundo y a la lucha internacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Decidió encarar una campaña en todas las geografías posibles. Una declaración que liga la lucha por los derechos femeninos con la lucha contra el Estado capitalista y la organización socialista de la mujer trabajadora. La contribución de las delegaciones de países musulmanes no es sólo importante sino decisiva -corrigieron, si se puede decir así, el carácter latinoamericano y europeo de la propuesta inicial, capturando la singularidad de la lucha de la mujer en Asia y en el espacio islámico. El punto de referencia no sólo queda marcado en la lucha heroica de la mujer iraní, porque lo mismo ocurre desde Arabia Saudita y Afganistán, hasta Turquía y Egipto. En el espacio donde domina el clero fundamentalista, el ‘modernismo’ intenta convertir los reclamos feministas en un ariete ‘democrático’ de la ofensiva imperialista. Es aquí donde el socialismo revolucionario debe desarrollar una política en gran escala por la unidad de la mujer con la clase obrera, y las revueltas populares en una lucha conjunta del proletariado y la mujer trabajadora. La Internacional La necesidad de la Internacional proletaria volvió a ser reivindicada. Fue subrayado, por un lado, el carácter mundial de la bancarrota capitalista y su acentuación en escala creciente y, por otro lado, la generalización de las luchas nacionales y obreras a un mayor número de países. Fue destacada la política de extorsión hacia las masas, por parte del nacionalismo burgués latinoamericano y del bonapartismo, que les advierten que una lucha de clase independiente debilitaría el frente nacional contra el imperialismo, y que pasan también de la advertencia a la represión. Es lo que ocurre en América Latina, y también en Irán, China y Rusia, entre otros. En tanto una política de desenmascaramiento del nacionalismo y el bonapartismo es absolutamente necesaria, la unidad internacionalista de la clase obrera es la única política consecuente para arrebatar la hegemonía de una y otra forma de dominación burguesa y hacer avanzar la revolución mundial. En este Encuentro, sin embargo, quedó planteado, en el debate, la necesidad de que las delegaciones presentes en la Conferencia, así como los luchadores de la nueva generación en todo el mundo, se incorporen a la lucha por refundar la Cuarta Internacional -el futuro partido obrero de la revolución proletaria internacional. Quedó planteada, de nuevo, en el debate, que la CRCI lance una política de reclutamiento, sobre la base de la clarificación política, como ocurre con estas conferencias, y por medio del impulso a campañas de acción contra el capitalismo y su barbarie. Se trata de una discusión que deberá concluir en un congreso mundial, que tendrá lugar en la primera parte del próximo año. Evaluación En lo más alto del verano en el hemisferio norte, el desarrollo del Encuentro confirmó el acierto de la convocatoria. Es que, efectivamente, los movimientos de los poderes políticos establecidos, y en particular la ofensiva de Trump, ponían en un plano de urgencia la necesidad de una respuesta de los socialistas revolucionarios y de los luchadores de vanguardia. Es todo un método político: clarificación urgente para intervenir y actuar.

Versione italiana El enorme desarrollo que ha adquirido el movimiento de la mujer, bajo expresiones cada vez más radicalizadas -la acción directa, la huelga, etc.- es indisociable de la tendencia general a la rebelión popular que recorre el mundo, acicateada por la crisis mundial. En todos lados, la movilización de las mujeres por sus derechos va acompañada con reivindicaciones contra la precariedad laboral y la miseria social, y en muchos países por demandas políticas contra los gobiernos capitalistas. Adquiere en todas partes una proyección política: ya sea cuando plantea la República en España, la rebelión popular contra la teocracia capitalista en Irán, la lucha contra el gobierno clerical-derechista de Polonia o la lucha contra los Macri y Temer en América Latina. El entrelazamiento de la movilización femenina con la lucha de clases de los trabajadores y la intervención en las crisis políticas en desarrollo anticipa una rebelión popular internacional. La lucha por el derecho al aborto es un claro ejemplo de esta tendencia. El histórico método de la huelga fue retomado por las mujeres polacas, que hicieron retroceder al gobierno clerical en sus pretensiones de restringir el acceso al aborto legal. En la ‘católica’ Irlanda, la legalización, en principio, del aborto fue arrancada en un masivo referéndum, por el 70% de los votantes. En todos lados, la lucha por el derecho al aborto enfrenta el ataque de las instituciones religiosas y de la reacción política. En América Latina, un nuevo movimiento para alcanzar el derecho al aborto está en aumento. En Argentina, el país del Papa, la sanción del aborto logró la media sanción en el Congreso, como consecuencia de una movilización de envergadura inédita, que obligó al cambio del voto en contra de una decena de diputados. Las enormes movilizaciones de masas por la legalización se combinan con una profunda crisis de régimen político. En Brasil, Paraguay, Uruguay, México, Colombia y diferentes países de Centro América están surgiendo movimientos de lucha por el aborto legal. En todos lados, la Iglesia católica interviene activamente contra el derecho al aborto. Existe una acción política organizada de la Iglesia para apartar de esta lucha al movimiento obrero, mediante la intervención de la burocracia sindical, varios sectores del nacionalismo y los “curas villeros”. En Nicaragua, el gobierno de los Ortega le ha concedido al clero la prohibición en regla del aborto. Además, las burocracias sindicales y los “movimientos sociales” son agencias del Vaticano. También intervienen las iglesias evangélicas (como en Brasil, donde proliferan como hongos) para contener el desarrollo de la tendencia a la rebelión social. En países de mayoría musulmana, el aumento de los movimientos sectarios y takfiris, así como las formas más modernas de Islam político, tales como el despotismo teocrático de Irán, o el despotismo rabioso emergente de Erdogan en Turquía, crean, en diferentes grados, un entorno general en el que todos los derechos de las mujeres son atacados. En Irán, incluso el desafío de las mujeres a la obligación legal de usar el hedjab está siendo reprimido. En Turquía, donde existe una forma restringida de aborto legal desde 1982, Erdogan lo ha cuestionado al compararlo con una masacre, aunque el gobierno se abstuvo de atacar el arreglo legal vigente bajo la presión de la impresionante ola de protestas que barrió las grandes ciudades. En países como Arabia Saudita, la nueva cara del fundamentalismo wahabí está embellecida por cambios cosméticos, como el derecho a conducir automóviles lujosos para las mujeres de la familia real y la alta sociedad rica, mientras el régimen niega ferozmente cualquier otro derecho. Donald Trump ha iniciado, en Estados Unidos, la contraofensiva para arrebatar el pueblo norteamericano el derecho al aborto conquistado hace un cuarto de siglo. Para eso pretende recurrir a la Corte Suprema de mayoría derechista. El contraataque responde al propósito de iniciar una etapa de reacción política en ese país y en el resto del mundo. Los trabajadores deben advertir que el ataque contra los derechos de las mujeres es la punta del ovillo de una ofensiva contra las libertades democráticas y contra la clase obrera. En momentos en que el movimiento femenino tiende a rebalsar el marco del Estado capitalista con reivindicaciones políticas más osadas, convocamos a una organización socialista de la mujer trabajadora. La conquista de derechos formales para la mujer ha ido acompañada por un aumento de la desigualdad social, de la discriminación social y de la miseria social de la inmensa mayoría del mundo femenino; solamente una minoría de mujeres ha avanzado socialmente por medio de la cooptación de las grandes corporaciones a sus gerencias y directorios. La emancipación de la mujer es, en definitiva, la tarea política de una revolución proletaria. En oposición a la consigna del “empoderamiento” de la mujer, planteamos la toma del poder por parte de las mujeres trabajadoras, por medio de la lucha de clases de la clase obrera. Mientras en los directorios y gerencias de las corporaciones y de las entidades financieras se libra una despiadada ‘lucha de género’ por la toma del comando de la explotación capitalista, llamamos a la unidad, al respeto, a la colaboración, a la fraternidad, el compañerismo y a compartir los sacrificios de los hombres y mujeres de la clase obrera, en una lucha por la abolición de la explotación social, la violencia de clase y las guerras. ¡Por la independencia del movimiento de la mujer de la tutela de los profesionales y políticos de la clase capitalista y por la unidad de acción con la clase obrera! Convocamos a la clase obrera a apoyar las luchas por las reivindicaciones femeninas y por el derecho al aborto, y a convertir esas luchas en una rebelión de todo el pueblo. Sólo el obrero que lucha hombro a hombro con las mujeres, por la causa de la mujer, puede reivindicar una conciencia de clase. Llamamos a las mujeres en lucha a convertirse en militantes socialistas. Por la organización socialista de la mujer trabajadora y por la construcción de un partido político independiente del proletariado. • Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Por una educación socialista, que es la única que ofrece una perspectiva humana a las relaciones de pareja. • Por la separación de la Iglesia y las instituciones religiosas del Estado y por la confiscación de las inmensas propiedades del Vaticano y las iglesias en todo el mundo. • Por el retiro de las instituciones religiosas musulmanas de la vida política, del sistema legal en general, de la educación y de la intromisión en la vida de las mujeres; sobre la base del secularismo proletario, explicamos a los trabajadores que las divisiones religiosas y sectarias enfrentan a los trabajadores entre sí y sirven al propósito de nuestro enemigo de clase común, los capitalistas. • Por la unidad de acción internacional de los movimientos de mujeres en lucha • Por partidos obreros revolucionarios y por una Internacional Obrera y Socialista Declaración votada en el Encuentro Euro Mediterráneo de Emergencia, reunido del 23 al 25 de julio, en Eretria, Grecia. De Grecia: EEK (Partido Revolucionario de los Trabajadores, anfitrión del evento), NAR (Nueva Corriente de Izquierda para la Liberación Comunista), Syntonismo/Coordinación de Sindicatos, Estudiantes y movimientos locales por los Refugiados, y activistas que trabajan por los refugiados en los “puntos calientes”. De Argentina: Partido Obrero De Turquía: el DIP (Partido Revolucionario de los Trabajadores) De Rusia: OKP (Partido Comunista Unificado) y RPK (Partido Ruso de Comunistas) De Finlandia: MTL (Liga Marxista de los Trabajadores) De España: GIO (Grupo Independencia Obrera) De Francia: ROR (Renacimiento Obrero Revolucionario) De Italia: Prospetivva Operaia De Gran Bretaña: miembros del consejo editorial de Critique De Sudáfrica: militantes del movimiento Unidad De Hungría: Revista Eszmélét De Azerbaiyán: Grupo Həqiqat (“La Verdad”). Adhiere: PT de Uruguay

Hasta fines de diciembre, el gobierno debe hacer frente a unos 10.000 millones de dólares de Letras de Tesorería (Letes), que puso en circulación para ir sustituyendo los bonos que venía emitiendo el Banco Central (Lebacs). El stock total de Letes se acerca a unos 20.000 millones de dólares, de modo tal que hay analistas que, fundadamente, hablan de una situación explosiva. La bomba de las Lebacs ha sido reemplazada por una bomba de las Letes. Es cierto que las tasas de interés de estas últimas son del 4 ó 5%, en lugar de las siderales tasas que el Estado viene pagando en pesos, pero el agravante es que el país debe desembolsar dólares que no dispone. A diferencia de los pesos, no puede apelar a la maquinita para emitirlos. Importa señalar que mediante la creación de nueva deuda en dólares ha podido desarmar 200.000 millones de pesos de Lebac, apenas un 17% de la existencia total. Es decir que todavía sigue quedando en pie una suma cercana a 1 billón de pesos, que representan un monto equivalente a toda la circulación monetaria. Este hecho obliga al Banco Central a seguir manteniendo tasas usurarias del orden del 45 % anual. Pero el panorama tiende a agravarse. Es sencillo hacer las cuentas: siguiendo el sendero del acuerdo con el Fondo, luego del desembolso inicial de 15.000 millones de dólares de junio, vendrán desembolsos trimestrales de 3.000 millones de dólares. O sea, ingresarán sumas del FMI por valor de 1.000 millones dólares al mes hasta el final del préstamo. Una suma similar se espera de otros organismos internacionales de crédito. Ahora bien: los vencimientos e intereses de la deuda externa, exceptuando Letes, llegan en 2019 a 26.000 millones de dólares. Es decir, esos 2.000 mensuales están enteramente afectados para cumplir con esas obligaciones del Estado nacional. Esto no incluye ni provincias ni sector privado. Al gobierno no le queda resto y no podrá recurrir, por consiguiente, como lo hace ahora, a la venta de 100 millones de dólares diarios parar financiar el déficit fiscal o la reducción del stock en Lebacs con dólares. Recordemos que los acuerdos con el Fondo le imponen serias restricciones para el uso de las reservas. No habrá margen tampoco para financiar las importaciones (aún con la recesión en desarrollo, la balanza comercial sigue en rojo). Y ni hablar de la fuga de capitales hacia el exterior que no se ha detenido. De modo, que la perspectiva que se avecina es una nueva corrida cambiaria y, por lo tanto, un horizonte de nueva devaluaciones. Los dólares del Fondo no alcanzan para hacer frente a la deuda, el comercio exterior, las remesas de dólares al exterior o para atesoramiento y el déficit fiscal al mismo tiempo. El macrismo necesita otras fuentes de financiamiento. La perspectiva de un mayor endeudamiento externo (el denominado mercado voluntario de crédito) se torna cada vez más sombría en momentos en que se acentúa la huida de capitales de los países emergentes, más aún cuando ya están programadas nuevas subas de la tasa de interés de la Reserva Federal norteamericana. El cristinismo de regreso En este contexto, el macrismo está apelando a los mismos métodos que echó mano en su momento el kirchnerismo: a la deuda interna con los organismos públicos. Esta semana el gobierno ha vuelto a tomar 16.000 millones de pesos de la Anses para financiarse -ya en el curso de este año había tomado un préstamo similar. A cambio, la Anses recibirá Letes y, por lo que ha trascendido, serían en pesos y de carácter intransferible. En otras palabras, las Letes en dólares y transferibles están reservadas para los bancos y bonistas, mientras a la Anses se le enchufan títulos en moneda local. Si tenemos en cuenta la perspectiva devaluatoria en ciernes, asistimos a una nueva y brutal confiscación de la Anses. Ya en los planes oficiales, acordados con el FMI, está prevista la venta de las acciones de empresas privadas en poder del organismo estatal, que integran el Fondo de Garantía Sustentabilidad, para atender el déficit fiscal. Estamos ante un vaciamiento de la caja de los jubilados. La gran pulseada De cara a este escenario, el gobierno, con más razón, coloca todas sus fichas y se juega en hacer pasar el plan de austeridad pactado con el FMI. Tiene apuro por dar señales de que se cumplirá el acuerdo con el Fondo y, en esa medida, remontar la pérdida de su capital político que viene cayendo en picada. Del desenlace de esta ofensiva dependen sus chances de una reelección y, más todavía, su sobrevivencia política, en la medida que un agravamiento de la crisis actual compromete la finalización de su mandato. Por lo pronto, el plan de la Casa Rosada consiste en apretar el acelerador y mostrar, avances en la negociación para implementar el ajustazo programado. Las tratativas abarcan a los gobernadores, tanto oficialistas como opositores, pertenecientes al PJ. El ajuste para el año que viene, que debería quedar plasmado en el Presupuesto 2019 es de 300.000 millones de pesos, que es el equivalente a los intereses que hay que pagar sólo del Estado nacional. La intención del gobierno es que un tercio de esa suma sea bancada por las provincias. Pero ya estas últimas cargan con sus propias deudas, la mayoría de las cuales están dolarizadas, en una proporción que ha ido en aumento en los años de gestión macrista. Las recientes devaluaciones han colocado en terapia intensiva a gran parte de ellas, de modo tal que enfrentan una situación explosiva. No hubo que esperar la sanción del Presupuesto, para que el ajuste se pusiera en marcha. Una prueba es la poda que acaba de anunciarse en las asignaciones familiares, por un monto de 5 mil millones de pesos y, por supuesto, el techo al salario en las paritarias de estatales y docentes. La lucha que viene librando el magisterio, en primer lugar en Capital y provincia de Buenos Aires, se ha convertido en una pulseada estratégica para el conjunto del movimiento obrero. Derrotar la ofensiva Un adelanto también de lo que se viene es la caída que se registra en la inversión pública. Datos oficiales del primer semestre revelan que la cuenta total, incluidos los fondos destinados a las provincias, anota una caída nominal promedio del 28% contra el mismo período del año pasado. Computada la inflación anual, el bajón representa 58 puntos porcentuales equivalente a 38.000 millones de pesos menos en doce meses. Previsible, esto viene echando leña al fuego a la recesión, a la cual el gobierno y sus socios en las provincias y las patronales no se privan de explotar como mecanismo de presión y amedrentamiento para hacer pasar esta ofensiva. En este marco, ya se está hablando de una revisión del pacto fiscal del año pasado, en virtud del cual se establecieron rebajas de impuestos. Los gobernadores plantean rever esta poda de modo de compensar los recortes de sus ingresos como consecuencia de los acuerdos establecidos con el FMI. Las rebajas impositivas que Buenos Aires aceptó a partir del último pacto fiscal están comiéndole, unos 20.000 millones de pesos. En la Carta de Intención con el FMI, el macrismo dejó abierta la puerta a “algunas modificaciones si fueran necesarias para alcanzar nuestras metas fiscales”. Está en puerta un impuestazo que iría de la mano del aumento ya en curso de las tarifas y, en general, con la escalada inflacionaria que ha pegado un nuevo salto. Las enormes privaciones y sacrificios que se le exigen al pueblo no aseguran, sin embargo, salir del atolladero, no eximen al país de caer en una nueva bancarrota. El fantasma de una cesación de pagos asoma nuevamente su cabeza en la economía nacional. Estamos frente a un gobierno empantanado, que al acelerar el ajuste, puede enterrar más sus ruedas. La oportunidad de desarrollar la lucha por derrotar esta ofensiva está dada justamente por la debilidad del gobierno y del régimen político en su conjunto.