Prensa Obrera N° 1512

En los diálogos con Lagarde no habrá estado ausente la reforma de las Fuerzas Armadas que vio la luz con el Decreto 683. Tampoco en los contactos íntimos del G20, cuando la aplicación de los planes del FMI está produciendo rebeliones populares -y sangrientas represiones- en Nicaragua, Haití y Panamá. Los anuncios son un claro complemento en materia de reforzamiento represivo del Estado, de la enorme ofensiva contra los trabajadores pactada en el memorándum del crédito del FMI. El combate al narcotráfico invocado para la reforma, es la excusa clásica del Pentágono norteamericano para justificar el emplazamiento de bases militares por toda América Latina y para promover la militarización de los Estados y sus regímenes políticos. Ya conocemos sus resultados en México, país largamente militarizado, donde el narcoestado ha avanzado de la mano de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas hace décadas. Al mismo tiempo, hemos conocido las masacres de las rebeliones y movimientos populares como la de los estudiantes de Ayotzinapa o el ahogo en represión de la rebelión de Oaxaca, a partir de la huelga general de los maestros de esa provincia en 2006, entre tantas. El decreto implica una alteración del régimen político, aunque eluda reformar las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, porque las “interpreta”, de tal manera que habilita una intervención permanente de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, cuando la Constitución habilita esto sólo en el dictado del estado de sitio. El decreto es, por lo tanto, una vuelta más de tuerca en el carácter represivo y de clase del Estado. Coloca la respuesta a un agravamiento de la lucha de clases que cuestione a ese Estado y sus instituciones, no sólo como emergencia sino como cuestión permanente. Siguiendo este hilo, el decretazo calza como anillo al dedo con la ley antiterrorista que prevé como acto de alzamiento contra el Estado aquel accionar “que tenga por finalidad obligar a las autoridades” a tomar ciertas determinaciones o a no tomarlas. Justamente la función de la movilización popular, por ejemplo, para que no se apruebe una ley que le robó 100 mil millones de pesos a los jubilados, como la que tuvo aprobación el 18 de diciembre. No casualmente, Bullrich ha dicho, justificando la escalada legal represiva, que no tolerará otros 14 y 18 de diciembre. Se valen de un difuso concepto de “agresión de origen externo”, que contempla el accionar “contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país”, lo cual es suficientemente genérico como para justificar cualquier intervención. Ya no se trata de la hipótesis de un Estado como enemigo, sino de fuerzas indeterminadas. Pero el articulado del Decreto 683 es más alarmante todavía. En el artículo 24 bis establece que “el sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de objetivos estratégicos”. Esos los dispondrán Aguad y Bullrich, y bien podrían ser puentes, campos de Benetton, mineras, rutas o pozos petroleros, lo cual es una militarización de aquellos lugares que puedan ser sensibles al conflicto con la clase obrera y el movimiento popular en general. La maniobra prevé en lo inmediato enviar miles de efectivos del Ejército y la Armada a las fronteras a cumplir las funciones de la Gendarmería, cuyas fuerzas serán volcadas al control social interno, es decir a la represión al movimiento popular como ya las vemos actuar hace tiempo, incluso mucho antes de la gestión Macri, con Berni y con Milani como comandante en Jefe. La continuidad entre este gobierno y el anterior está dictada por la adscripción a la política “antiterrorista” que dio origen a la nefasta “ley antiterrorista”, que ciertos “republicanos” macristas cuestionaron en tiempos del kirchnerismo, pero de la que jamás volvieron hablar, y está vivita y coleando más que nunca con estos anuncios. El anuncio es una continuidad del Decreto 721 del año 2016, conocido como de “autonomía de las Fuerzas Armadas”. Por esa vía se dio autonomía en la designación de mandos y traslados, y se dio vía libre a la participación de militares retirados, acusados de crímenes de lesa humanidad, en la formación de los nuevos cuadros. Toda una concesión estratégica de “reconciliación” que tuvo luego expresión en el “2x1” a los genocidas, abortado por la movilización popular que impidió lo que sería una virtual amnistía. El Decreto 721 fue denunciado por Prensa Obrera como una medida de “excepción” que refleja una tendencia profunda del Estado y de las democracias capitalistas para descargar la crisis sobre las masas trabajadoras. Su derogación debe ser unida a la acción parlamentaria contra el nuevo decreto por parte de las bancadas obreras y socialistas en el Congreso. No se trata, como plantean las distintas alas del pejotismo y Unidad Ciudadana, de que el Congreso “diseñe” las políticas de seguridad. De allí sólo podría salir un producto reaccionario; se trata de que actuemos desde el Congreso para reforzar al movimiento popular por la caída del decreto y clarificando sobre su alcance político. Precisamente, el alcance político es muy vasto, puesto que, en Campo de Mayo, Macri prometió reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Algo tan importante como el decreto. Se trata de un rescate de las Fuerzas Armadas de la mano del alineamiento con las políticas del Pentágono y de la compra de armamentos a quienes dictan la política de seguridad mundial, de guerras e intervenciones armadas que hoy acompañan la guerra comercial. Macri coloca a la Argentina como peón de esa política y los “apoyos” yanquis conseguidos ante la fragilidad de la política económica y sus peligros de defol han sido seguramente moneda de cambio. Por ello la premura del anuncio, no bien terminó el G20. No se trata sólo de una cuestión de derechos humanos, que sin dudas lo es, sino de la preparación de un régimen para descargar su fracaso sobre la mayoría trabajadora nacional, que de eso se trata la letra grande y la letra chica del pacto con el FMI. Es un aspecto de la garantía de su aplicación y, por lo tanto, la anulación de todas estas medidas merece ser incorporada a una campaña política de las organizaciones obreras y populares. La CGT, en lugar de pedir reuniones con el FMI y atención a las “consecuencias sociales del ajuste”, debería llamar a un congreso de todos los sindicatos argentinos con mandato de sus bases, para enfrentarlos con la huelga general y la movilización popular. Así derrotamos el estado de sitio de De la Rúa, así derrotamos el plan represivo de Duhalde en 2002, así derrotamos el 2x1 de Macri. Desde luego, impulsamos movilizaciones inmediatas en todo el país contra el decretazo.

En Memoria Verdad y Justicia (MVyJ) se desenvolvió un debate respecto al acto convocado frente al Ministerio de Defensa. El Frente de Izquierda planteó realizar el acto de MVyJ en Plaza de Mayo y luego participar de la actividad en Defensa con una columna independiente que denunciara el decreto de Macri, el ajuste del gobierno-FMI y la ley antiterrorista –planteo histórico del EMVyJ- para influir con nuestros planteos y consignas en la concurrencia que participará del acto convocado por los organismos de derechos humanos vinculados al kirchnerismo. Este planteo que realizamos pensando en quienes participarán genuinamente de ese acto, fue rechazado en nombre de convocar a las organizaciones kirchneristas a una “confluencia unitaria” en Plaza de Mayo. Para ello la consigna contra la ley antiterrorista fue eliminada de los principales ejes de convocatoria. El PCR, sectores de Poder Popular y el MST fueron los fogoneros de esta posición. Especial ahínco en la confluencia unitaria con los K puso el MST, que agregó el llamado a “la unidad de acción” al comunicado de prensa. Pero la “unidad de acción” no puede ser convocada sin trazar una delimitación política. En este caso, la “confluencia” se hace no bajo los términos de una lucha independiente contra la represión estatal sino en una disolución de las diferencias políticas. El Frente de Izquierda convoca a participar de la concentración que desde las 15.30h se realizará en Plaza de Mayo junto con Memoria, Verdad y Justicia y al acto que allí realizaremos desde las 17h y a movilizar con una columna independiente al Ministerio de Defensa.

Si algo faltaba para desmentir las frases oficiales de que “lo peor ya pasó”, alcanzó y sobró con el informe difundido por el Indec sobre la actividad económica de mayo. La caída del 5,8% anunciada sepultó definitivamente a quienes avizoraban que el año culminaría con un crecimiento económico y que la crisis actual sería rápidamente superada. Todas las consultoras ligadas al oficialismo han debido recalcular sus proyecciones. Ya nadie niega que lo que resta de 2018 será de fuerte retroceso y postergan para el próximo año los pronósticos de crecimiento. Saben que si esto no ocurre, la suerte de Macri estará echada. El gobierno ha pretendido explicar esta brutal caída -la más fuerte desde 2009- por las consecuencias que habría tenido la sequía sobre la cosecha de este año. Pero el retroceso abarcó a otros rubros y lo hará aún con más fuerza en los meses subsiguientes. Por lo pronto, junio habría concluido con un caída del 5% interanual en la industria -según la consultora Ferreres y Asociados. A este retroceso fuerte en la industria habrá que sumarle con total seguridad el que se opere en el consumo, como resultado de la desvalorización del salario ante la inflación creciente y la parálisis de la obra pública que el gobierno deberá llevar adelante para cumplir con las metas fiscales pactadas con el FMI. En estas condiciones, no es casual que la única actividad que crece es la intermediación financiera, que tuvo un salto del 10%. Sigue la fuga La recesión en la que ha entrado la economía argentina está muy lejos de servir como un instrumento de reequilibrio. Más bien, se puede afirmar que la recesión y la caída generalizada de la actividad seguirán agravándose, junto con la bancarrota financiera del país, que el acuerdo con el FMI no ha logrado de ningún modo superar. Los números hablan por sí solos. La llegada de los primeros 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario no detuvo la sangría de divisas. Desde el 22 de junio, cuando entró el primer tramo del préstamo, se fugaron del país más de 3.000 millones de dólares. A este ritmo, en lo que queda del año, la fuga superaría los 18.000 millones superando los ingresos previstos. Así, y contra lo que planteaba el memorándum, la deuda contraída con el Fondo está siendo usada lisa y llanamente para financiar una fuga de capitales. Pero aunque el volumen de la fuga parezca enorme, ésta podría haber sido mucho mayor si el gobierno no hubiese recurrido a la maniobra de emitir títulos del Tesoro en dólares (Letes) con una tasa de interés superior al 5%. Las Letes son la forma más parasitaria y peligrosa de una deuda en dólares, ya que el Tesoro recibe pesos y se compromete a devolver dólares. De hecho, funciona como un dólar futuro, que sólo sirve para postergar por unos meses la presión sobre el tipo de cambio a un costo altísimo. Así, mientras los funcionarios se jactan de haber detenido la corrida, lo que tenemos en realidad es sólo una bomba de tiempo de mecha muy corta. No debe sorprender, por lo tanto, que las señales de alarma ya se hayan encendido dentro de la propia clase capitalista, que ve a esta bola de Letes como mucho más peligrosa que la de Lebac, ya que al ser en dólares no puede ni desvalorizarse con una devaluación ni pagarse recurriendo a la emisión monetaria. Sólo en lo que queda del año, los vencimientos de Letes rondan los 9.800 millones de dólares, a lo que hay que añadirle el resto de las cancelaciones de deuda más las divisas necesarias para la totalidad del déficit de cuenta corriente. En este contexto no debiera sorprender que J.P. Morgan acaba de alertar a sus clientes acerca de la “vulnerabilidad de la deuda argentina y los posibles riesgos de sostenibilidad en el futuro”. Ambito Financiero ha calculado que la deuda pública nacional alcanza al 80% del PBI, lo que da cuenta del sideral endeudamiento y de la caída de valor de la producción nacional medida en dólares, que es como se mide y lo que importa desde el punto de vista del repago de la deuda. El fantasma del defol recorre la Argentina. Estas condiciones de precariedad extrema explican que el gobierno deba mantener la tasa de interés del Banco Central por arriba del 45%, agravando la recesión económica y colocando en peligro la cadena de pagos. El propio acuerdo con el FMI pende de un hilo, dado que el gobierno tiene enormes dificultades para cumplir las metas firmadas. En especial, el techo inflacionario del 32% amenaza ser superado por todos los flancos. Sólo en el primer semestre, la inflación mayorista rondó el 30%, lo que más temprano que tarde deberá llegar a los precios minoristas. Y resta aún el impacto más fuerte de la devaluación y los aumentos de tarifas previstos para setiembre y octubre, tanto en el gas, la electricidad como en el transporte. Quién paga la crisis económica… La inviabilidad de la política oficial está agravando las divisiones al interior de la clase capitalista y sus partidos. El FMI se ha mostrado partidario de terminar con la reducción de las retenciones al agro y de las cargas patronales votadas en la reforma fiscal de diciembre del año pasado. Es que sólo en concepto de los aportes patronales que se dejarán de pagar, el Estado perderá aproximadamente unos 80.000 millones de pesos, un tercio del ajuste pactado con el Fondo. La UIA, como es lógico, ha puesto el grito en el cielo contra ese intento y ha reclamado, además, que se le baje la tasa de interés a la industria, sin importarle (o quizá sí) que eso llevaría a una mayor devaluación. El agro, por su lado, está en pie de guerra para defender el cronograma de reducción de retenciones. La UCR, que se había pronunciado por detener la rebaja, acaba de dividirse sobre el punto. El sector cordobés, ligado al capital sojero, se ha puesto del lado del capital agrario. Los choques más fuertes siguen dándose entre los capitalistas vinculados con el negocio energético. El reemplazante de Aranguren acaba de anunciar que los aumentos del segundo semestre rondarán el 30%, cuando por la dolarización de los contratos esos aumentos debieran ser superiores. Las petroleras, las transportadoras y las distribuidoras pelean por ver quién gana y quién pierde en esta disputa. Mientras tanto, los subsidios han vuelto a crecer para compensar los beneficios capitalistas con dinero público. …y política Estos choques económicos se traducen al interior del gabinete y del oficialismo sin respetar ya el “estilo” PRO. Que lo diga Vidal, si no, que está siendo arrasada con las denuncias de corrupción en su contra por el financiamiento espurio de la campaña electoral. Muchos ven la mano negra de Marcos Peña detrás de la andanada, como una devolución de favores contra la dupla Larreta-Vidal, que le serruchó el piso a la dupla Quintana-Lopetegui, que responde directamente a la jefatura de Gabinete. Las divisiones en el peronismo no son menores, sin embargo, que las que vive el oficialismo. El sector que responde a Pichetto y los gobernadores está embarcado en el armado de una lista sin el kirchnerismo, pero enfrenta un problema: carece de un candidato, por un lado, y por otro lado, la política de los gobernadores contra las masas hace estragos, como lo muestra que en el eje de la situación política de la Córdoba de Schiaretti está la privatización de Epec y el arrasamiento del convenio de los obreros de Luz y Fuerza. Es así como los ojos se han vuelto a posar sobre Cristina Kirchner, a quienes muchos le asignan un crecimiento en las encuestas. Propios y ajenos afirman que la maniobra inteligente de Cristina es mantenerse en silencio, lo cual sería una señal de debilidad y no de fortaleza. ¿O caerá en las encuestas una vez que empiece a hablar? Por lo pronto, Agustín Rossi, temprano presidenciable K, ha dado garantías de repago de los créditos del FMI. De todos modos, el punto principal es éste: en un momento de ajuste brutal contra los trabajadores, el silencio de Cristina Kirchner debe entenderse como una señal a los capitalistas de que no quiere sacar los pies del plato. Esa señal va también en dirección al peronismo, para que la acepte como candidata. La clase capitalista enfrenta una crisis de envergadura en condiciones políticas de enorme precariedad de sus partidos históricos y de los nuevos que venían a sustituirlos. En este río revuelto, propicio para los oportunistas, empiezan a sonar incluso candidatos como Tinelli. La pelea entre el PJ y el macrismo por anotárselo como candidato es demostrativa de la crisis de fondo de las fuerzas políticas. Pero van a contramano de la conciencia popular. El movimiento impetuoso de mujeres que crece en el país no verá con buenos ojos a quien se hizo famoso cortando polleras en el prime time de la televisión. Por ahora, el único que se ha dado cuenta de ello es el propio Tinelli, que ha preferido evitar todo compromiso como candidato. Las luchas que se vienen Como hemos venido insistiendo desde estas páginas, la ofensiva capitalista que se ha desatado contra los trabajadores tiene pies de barro, porque la comanda un gobierno en crisis. Agregamos ahora: un gobierno en crisis y una oposición cómplice en una crisis igual o superior. Una modificación de la situación dependerá de una intervención activa y masiva de los trabajadores. La burocracia sindical está jugada a que eso no ocurra, por eso se niega a convocar medidas de acción de cualquier tipo. Así, luego de amenazar con un “conflicto infinito”, ante la llegada de Lagarde, no convocaron ni a una suelta de globos en el Obelisco. El “conflicto infinito” debe ser leído como el aislamiento de las luchas obreras que salen a enfrentar la ofensiva -o sea una estrategia de derrota. El moyanismo y sus aliados no pasan tampoco de las bravuconadas verbales, y esto luego del fallo infame contra el sindicato camionero, que afecta el derecho a huelga de todo el movimiento obrero. Corresponde llamar la atención a los trabajadores sobre la posibilidad de derrotar la ofensiva actual. En oposición al derrotismo de la burocracia, señalamos que los trabajadores podemos derrotar esta ofensiva mediante un plan de lucha en serio. El primer paso en esa dirección es darle continuidad al paro masivo del 25 de junio con un paro activo de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo, para reclamar la reapertura de paritarias para conquistar un ajuste salarial que evite perder con la inflación, la defensa de los puestos de trabajo contra los despidos, un aumento de emergencia para los jubilados, y para enfrentar todas las medidas represivas impulsadas por el gobierno, como ser el decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior. De manera inmediata, tenemos por delante la lucha por la conquista del aborto legal. La Iglesia, el gobierno, el PJ y hasta el centroizquierdismo vaticano han colocado este derecho elemental de las mujeres en la mesa de negociación de las salidas capitalistas a la crisis. Hay que preparar una movilización masiva el próximo #8A en todo el país para derrotar estas maniobras y conquistar el aborto legal.

Con la caída del recurso de amparo del juez Gallardo, que proponía una instancia muy condicionada de negociación, el conflicto del subte quedó librado a las fuerzas en pugna. La dirección de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), luego de una prolongada tregua estéril, a la espera del accionar de la Justicia, quedó estuporosa y retrocede al punto de partida, retomando un camino que lleva cuatro meses de fracaso: apertura de molinetes, una línea día por medio, seguida de paro de dos horas en esa línea, en el horario de cierre. Una manifestación de impotencia que sólo puede provocar la desmoralización y descreimiento de los trabajadores. En cambio, la patronal y el gobierno avanzan a paso redoblado. Crecen las sanciones, los trámites de desafuero y las causas de todo tipo contra delegados, directivos y activistas. A un delegado de estaciones de la Línea B, sin esperar el desafuero, le impiden tomar servicio -un despido de hecho. Se mantiene el bloqueo bancario para el aporte de las cuotas gremiales a la cuenta de la AGTSyP y hay evidencias de la existencia de una lista negra de potenciales despidos. A todo ello se han agregado ahora una serie de provocadoras sanciones arbitrarias en diferentes sectores, sin prueba alguna, que están creando en la base un principio de resistencia. Más allá de la estafa paritaria urdida de la mano de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) -5,7% de aumento en el semestre, contra una inflación de 16% en este período- o la amenaza a la propia legalidad de la AGTSyP, estas sanciones son como el cruce de un límite. La sensación extendida es que “si esto pasa, la patronal va a imponer el reino del terror”. En la Línea B, sanciones de este tipo están siendo consideradas por asambleas de sector con vistas a tomar medidas de acción directa. Lo que la conducción viene frenando por arriba, amenaza desbordarse por abajo. La combatividad de los trabajadores del subte -hoy sin canalización- está, a pesar de todo, viva. La Agrupación Naranja del Subte está realizando una fuerte campaña en favor de la realización de una asamblea general que vote y organice un plan de lucha para quebrar la ofensiva macrista, y por un llamado a los gremios opositores de la Ciudad a organizar un plan de lucha común contra el ajuste y los despidos. La Ejecutiva del sindicato, tanto en su mayoría kirchnerista como en su minoría Bordó-Violeta (PTS más kirchneristas disidentes), se oponen a convocar la asamblea general. En su lugar se monta una rutina de “mandatos” que, en teoría, debe elegir la base de los sectores, de un “múltiple choice” de alternativas ofrecidas por el cuerpo de delegados, cuyo resultado se informa por WhatsApp. Cero debate y un sinfín de manipulaciones posibles, que terminan siempre con la hegemonía del oficialismo sobre la base de resultados de no más de un tercio de los sectores del subte. Detrás de esta resistencia a la asamblea, existe la convicción de evitar una lucha frontal contra el ajuste oficial. Prima la concepción de acciones mediáticas anodinas, de cotillón -como repartir café a los usuarios-, que mantengan una ficción de lucha, mientras el gobierno “se quema”, con vistas a una salida electoral en 2019 que coloque al kirchnerismo en el podio. Mientras tanto, es hoy, en este 2018, que se pierden las conquistas y se disipa la fuerza de la organización obrera. Todo consiste en preparar activamente el momento, no lejano, en que los trabajadores pasen a la ofensiva. El activismo debe reagruparse alrededor de estas conclusiones.

María Eugenia Vidal, la enlodada “dama de hierro” bonaerense, aún salpicada por el escándalo de los “aportistas truchos”, se atrevió a mantener su absurdo 15% para 2018, cuando el semestre arrojó 16% de inflación. La burla del gobierno de Cambiemos se completa con un adicional de 1.470 pesos de enero a julio, modalidad Fonid, es decir en negro, equivalente a 245 pesos por mes, un 1,7% más. El resto de la “oferta” es patear para adelante una nueva reunión para discutir acerca de los cinco meses restantes. Después de 95 días, convocaron a reunión paritaria por orden judicial, en tanto no han aumentado un peso sobre el salario conformado. Sólo otorgaron algunos importes en negro, de tal suerte que cobramos en junio el mismo aguinaldo que en diciembre pasado. La huelga general no ha estallado, simplemente porque las direcciones sindicales evitan organizarla. Un Baradel que los medios pintan como el ogro bombástico kirchnerista, ni siquiera ante este cuadro reaccionó planteando esa perspectiva a la salida de la reunión. Baradel nuevamente ignora un paro ya votado Cuando la gobernadora Vidal convocó públicamente a los gremios a discutir paritarias, Baradel disolvió el paro de 72 horas de no inicio que brotó producto de los mandatos de la mayoría de las reuniones de delegados convocadas por el Suteba el jueves 12 de julio, y que había sido resuelto previamente por un plenario de coordinación de los Suteba multicolores. La maniobra de Baradel generó un amplio repudio, expresado, en medio de las vacaciones, en las redes sociales. Ese repudio cristalizó en la enorme movilización a La Plata del lunes 23, en la cual miles de docentes voceaban "con esto no va a alcanzar, vamos al paro general" y "si no hay aumento vamos a parar". La discusión paritaria se realizó condicionada por la presencia de los trabajadores, fundamentalmente organizada por los Suteba Multicolores. En este clima, el secretario general de Suteba había declarado que el levantamiento de la medida de fuerza estaba condicionado a lo que ocurriera en la reunión paritaria de este 23 de julio. Pero no fue así: los que salieron condicionados ante un gobierno cada vez más impopular fueron los dirigentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que por única respuesta solicitaron “una inmediata convocatoria y que el gobierno provincial obre con responsabilidad planteando una propuesta digna” (Conferencia de prensa del FUDB). El ruego de Baradel, Petroccini (FEB), Díaz (Udocba) y compañía reclamando “responsabilidad” al Poder Ejecutivo provincial es un intento extremo de evitar el paro de 72 horas ya votado, en resguardo de la gobernabilidad de Vidal. Y, si a pesar de todo, esta burocracia sindical docente termina “cayendo en el paro”, lo hará tratando de evitar su continuidad. A sabiendas que la tendencia que se está debatiendo, es que sea renovable -o sea en la modalidad de la huelga general. Esto requiere su organización, su discusión en asambleas y en un plenario de delegados de escuela mandatados por la base que le dé profundidad y continuidad a las medidas. La exigencia de “responsabilidad” al gobierno del pacto con el FMI es una fina manera de hacerse cargo de no patear el tablero en una situación de crisis económica y política provocada por ese gobierno. La burocracia sindical opositora se suma al conjunto de la burocracia colaboracionista de la CGT que está dando tiempo a un gobierno que encabeza un plan de guerra contra los trabajadores. Macri no pierde tiempo, el día anterior anunció el decretazo que pone a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Los Suteba multicolores y Ademys sostienen el no inicio. Paremos con ellos La mayoría de las seccionales multicolores del Suteba y Ademys, el gremio multicolor de la Ciudad de Buenos Aires, ya han definido que si las burocracias docentes vuelven a carnerear la huelga, ellos las mantendrán. No es un rayo en cielo sereno. En Santa Cruz, el combativo Adosac definió paro de 48 horas de no inicio y en Catamarca, los docentes van al paro por la avanzada del gobierno contra las titularizaciones y la reforma del estatuto docente en esa provincia. En Santa Fe está planteada la reapertura de la paritaria, luego del bochornoso acuerdo del 18% firmado por la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso. Amsafe-Rosario tiene por delante el desafío de avanzar en un plan de lucha. La tendencia de los docentes a enfrentar al ajuste de Macri y de todos los gobernadores crece. El 30 de julio impulsamos que todas las seccionales del Suteba y de los gremios del FUDB vayamos al no inicio de clases, por un salario básico no inferior a los 20.000 pesos, la defensa de las escuelas, de la educación pública y del estatuto docente. Los aires de huelga general se respiran aún durante el receso escolar.

La presión del ataque del gobierno y el capital sobre los trabajadores toma un carácter desesperante y todos coinciden en que recrudecerá. El Fondo Monetario Internacional es un rescatista de última instancia en la crisis financiera que provocaron el gobierno de Macri y los especuladores, cuya contrapartida será un ataque más intenso a las condiciones de vida de los trabajadores. Los gobernadores del PJ dan aliento al gobierno para que avance en este plan de guerra y ya se enfilan para votar un Presupuesto 2019 de ajuste, acorde a las exigencias del FMI. La Iglesia, en tanto, se ofrece como garante de contención social frente a las luchas a cambio del entierro del reclamo por aborto legal. El régimen político de conjunto se alinea para descargar la crisis sobre los trabajadores. Los desocupados, el sector más vulnerable, deben dar una enérgica respuesta poniendo en pie un plan de lucha reforzando la organización en cada barrio. La inflación pronosticada por el propio gobierno superará el 30% sobre una canasta de pobreza que, según el Indec, ya llega a los 20.000 pesos. Todavía están pendientes tarifazos y aumentos de las naftas, mientras el efecto de la devaluación del 50% de los últimos meses sigue trasladándose a los alimentos, lo cual aumenta el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos. Los planes sociales hoy representan apenas un cuarto de la canasta de pobreza y los pobres pasan a ser a indigentes en forma masiva. En este cuadro, el Banco Central llevó las tasas de interés al 60% generando una recesión económica que golpea directo a los trabajadores con el aumento de las suspensiones y los despidos, sobre una economía que tiene en desuso el 60% de la capacidad industrial instalada. Entierran, por un lado, la perspectiva de trabajo y hasta de changas para los desocupados, y por otro, las obras de viviendas e infraestructura en los barrios. Este es el contexto real del nuevo programa Hacemos Futuro, que abarca a 260.000 trabajadores desocupados, el cual prevé “capacitarlos para el mercado laboral”, responsabilizando por la falta de capacitación a los desocupados. Así la terminalidad educativa y las capacitaciones de oficio se vuelven una extorsión aberrante que apunta a producir miles de bajas en los planes sociales. El triunvirato, la Iglesia y la contención social En las vísperas del encuentro de Macri con Christine Lagarde, el triunvirato de San Cayetano (Ctep, Barrios de Pie, CCC) emitió una carta de rechazo al acuerdo con el FMI, firmada junto con la CGT, la CTA y el kirchnerismo. Oponen como salida un nuevo marco legal de contención social sobre la base de las cinco leyes por las que se movilizaron en la pasada Marcha Federal, tras la cual descartaron la posibilidad de un plan de lucha. Sin embargo, están en la línea del planteo del FMI que le permitió al gobierno utilizar 15.000 millones de pesos del paquete de endeudamiento en asistencia social para “evitar la conflictividad”. El acuerdo con el Fondo Monetario “contempla la ampliación de la cantidad de beneficiarios de los planes sociales, pero a costa de un ajuste nominal promedio individual inferior a la suba prevista en los precios al consumidor” (Infobae, 22/7). Es decir que continuarán ajustando -vía inflación- el ya miserable plan social de 4.800 pesos. Por eso, el triunvirato salió con las manos vacías de la reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, hace tres semanas. Les rechazó los 3.000 pesos por única vez para todos los planes sociales y les dijo que sólo aumentarán un 10% en relación con el aumento del salario mínimo, el cual se encuentra en la mitad de la canasta de pobreza, mientras postergan la reunión del Consejo del Salario para decidir el aumento. Con todo esto, la Marcha de San Cayetano, impulsada por la Iglesia, el Triunvirato, la CTA y sectores de la CGT para el 7 de agosto es sólo una maniobra contra la sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que se tratará en el Senado al día siguiente. No porta ningún carácter reivindicativo real. Frente al ajuste, la CGT anunció que se prepara para “abrir comedores en los barrios” (El Cronista, 11/7). Sin embargo, deja pasar la convocatoria a un paro nacional de 36 horas para continuar el mandato de lucha que dejó el masivo paro del 25 de junio. Programa y plan de lucha En este escenario, el Polo Obrero va a dar la pelea en cada barrio reforzando la organización y desarrollando un plan de lucha. Empezando por la convocatoria a multiplicar la movilización el 8 de agosto por el aborto legal, seguro y gratuito, cuando tendrá tratamiento en el Senado. Exigimos la participación de las organizaciones sociales en el Consejo del Salario y reclamamos la duplicación del salario mínimo. Frente a la inflación es imprescindible el aumento de emergencia del 30% de los planes sociales y la apertura irrestricta de los programas de empleo. La perspectiva de lucha por trabajo genuino, bajo convenio, contra la idea de contención social del FMI, Macri y la burocracia sindical es el gran punto del programa de los trabajadores desocupados de salida a la crisis. Y requiere que apuntemos a desarrollar una gran deliberación popular para postular a los trabajadores como salida política a la enorme crisis nacional, mediante un congreso nacional de delegados de la CGT, la CTA y todos los sindicatos, como lo impulsamos estratégicamente en el plenario del sindicalismo combativo una gran cantidad de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados.

Al cumplirse los primeros 28 días de paro y ocupación de Télam contra los 357 despidos, se realizó el 24 de julio, convocado por su comisión interna, un plenario sindical abierto de apoyo al conflicto. La reunión congregó a distintas expresiones del movimiento obrero. Estuvieron presentes trabajadores recientemente despedidos de Coca-Cola de Pompeya, quienes informaron de más de 40 cesantías; delegados de la Línea 60, de la Unión Ferroviaria, de la Cicop, de la directiva de Foetra, de Ademys, de la CTA Autónoma y delegados del Subte. Estos plantearon la necesidad de una lucha común de todos los sindicatos combativos de la Ciudad. El común denominador de las intervenciones fue la denuncia del ajuste extremado por el pacto con el FMI y el reclamo del paro de 36 horas frente a la inacción y parálisis de las centrales sindicales. En el marco de una huelga que se sostiene con firmeza, los delegados de la agencia trazaron un informe de situación del conflicto y plantearon una importante agenda para las próximas dos semanas, que dará comienzo mañana jueves con la participación de Télam en la movilización contra la participación de las fuerzas armadas en la represión al pueblo. El calendario de lucha de la agencia continúa con el festival que realizarán el sábado en la puerta de Télam (Av. Belgrano 347), al cumplirse un mes del inicio del conflicto en el que participarán importantes bandas. Para la próxima semana está planteada una actividad nacional en todas las corresponsalías de Télam del país, habida cuenta del vaciamiento y cierre de varias de ellas por el despido de todo su personal. Para la batalla en el Senado del #8A por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las compañeras de Télam y del Sipreba volverán a colocar una carpa en las inmediaciones del Congreso para que salga la ley que intenta ser bloqueada por las huestes “civiles” y eclesiásticas del Papa. Entre los despedidos de la agencia se encuentran todas las compañeras que escribían sobre cuestiones de género. Finalmente, a mediados de agosto se volverá a convocar una nueva movilización popular de apoyo al conflicto. Con esta agenda, los trabajadores de Télam marcan una disposición de lucha que contrasta con la nula acción de las distintas centrales sindicales contra el plan de guerra que el macrismo está descargando sobre los trabajadores. El reclamo de una acción común de los sindicatos combativos de la Ciudad es un planteo dirigido a quebrar el ajuste que no sólo golpea el salario y los puestos de trabajo, sino que amenaza a las organizaciones de lucha de los trabajadores, con la persecución a delegados y sindicatos combativos. Existe en Télam plena conciencia de este ataque a la organización gremial colectiva y esto suma a la voluntad enorme de lucha por la reincorporación de todos los despedidos.

Finalmente se conocieron algunas versiones sobre el contenido de las modificaciones en el proyecto de ley de aborto legal que proponen los tres senadores por Córdoba (Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado -de Cambiemos- y el peronista Carlos Caserio). La modificación central es la inclusión de la objeción por ideario institucional, a lo que se suma la reducción del tiempo de legalización (de 14 a 12 semanas de gestación) y un presupuesto y la producción de misoprostol. Como se puede observar, el único objeto de las modificaciones es el de atender las protestas de los grupos empresariales de la salud, que, estando ligados o no al clero, salieron a manifestarse en rebeldía anticipada contra la ley. El sanatorio Mater Dei directamente emitió un comunicado público explicitando las prácticas que no realiza como la ligadura tubaria, la vasectomía, el aborto y la fertilización. Con este pronunciamiento, confiesa que no cumple con la Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, algo que ocurre frente a la completa inacción del Ministerio de Salud de la Nación, de este gobierno y de los anteriores. Justamente, la aplicación de ley de fertilización fue arrancada por medio de la presentación (ante cada efector privado y obra social), por parte de las afiliadas, de recursos de amparo para obligar a las empresas y a los sindicatos a cumplir la ley. Así se les impuso el tratamiento a varios de los grupos privados que ahora -como antes o incluso haciendo más ruido- se alzan contra las decisiones legislativas, incluso en potencia. Cubriéndose detrás de idearios religiosos, el grupo Bazterrica, San Camilo, Hospital Universitario de Córdoba, Sagrada Familia, Grupo Austral y tantos otros efectores de salud privados (regenteados por algún sector de la Iglesia católica y que son los únicos prestadores en infinidad de obra sociales, sindicales o no) protestan en defensa de sus intereses económicos, conspirando así contra el acceso a la salud de las trabajadoras. La propuesta explicitada por integrantes de Cambiemos y del PJ une en definitiva aquello que venía manifestando el diputado oficialista Daniel Lipovetzky, que en salidas mediáticas (por ejemplo, en El Intransigente” de Salta) abrió la puerta a modificaciones. A su vez, el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, concedió en las audiencias que en el sector privado las empresas y médicos fueran objetores de conciencia si así lo deseaban. Anteponer el interés del clero y el de las empresas conspira contra el derecho a la maternidad y contra el derecho a la anticoncepción y a no continuar gestaciones no deseadas. La modificación no integra en nada a los senadores enemigos del aborto legal, que son incapaces de poner por escrito lo que realmente quieren, porque ello implicaría eliminar, incluso, las tres causales despenalizadas que existen desde 1921. La propuesta de modificación surge del trío de representantes políticos de una provincia en la que en materia de salud reproductiva y anticoncepción gobierna la ONG “Portal de Belén”. La reforma propuesta por estos incansables clericales es también la confesión de lo difícil que les es ir completamente a contramano de este reclamo que es un grito popular. El extenso brazo del poder vaticano está y sus maniobras están colocadas en los dos campos. Las presiones de los empresarios de la salud llegaron incluso a encontrar en el triunvirato de la CGT a sus voceros, quienes al decir que las obras sociales no podrían costearlo, estaban saliendo en defensa de las empresas -de las que muchas veces son parte societaria- en las que tercerizan la atención de las trabajadoras, luego de haber vaciado las obras sociales de prestaciones propias. Si bien la práctica legal del aborto no es onerosa, el lobby empresarial de las instituciones con “ideario religioso” levanta la voz también porque la legalización pone fin a prácticas que esas empresas cobran entre 30 mil y 120 mil pesos. La clandestinidad vip. Con esta maniobra, el Senado se apresta también a salvar a Macri de tener que proceder mediante un posible veto parcial en favor de estos grupos empresariales, o al menos de colocar ese peso sobre sus debilitadas espaldas. Sabido es que la defensa de los intereses patronales es el norte que rige la estrategia política y económica del gobierno y de los gobernadores. La reducción del ya limitado tiempo de legalización que establece la media sanción no hace más que mostrar la insistencia del Estado de aferrarse a leyes y disposiciones de tutelaje contra las mujeres, especialmente trabajadoras. La reducción perjudica de manera directa a las que no podrán resolver una gestación no deseada con dinero. En Estados Unidos, justamente, se está trabando el derecho a los abortos seguros a través de la reducción de las semanas de gestación para su legalización, un ataque directo a la población con menos recursos y menos acceso a la información, así como a la posibilidad de detectar embarazos no deseados. En cuanto a la producción nacional de misoprostol, no necesita ser incluida en esta ley, puede disponerse a través de cualquier otra que también debiera incluir la producción nacional de otros medicamentos, que hoy el Estado paga al precio que indican los monopolios internacionales. Es sólo una fachada para preservar la “seguridad jurídica” para las empresas de salud y acercar posiciones con el clero. A repudiar fuertemente este intento de modificaciones con nuevas manifestaciones callejeras.

La denuncia realizada por el periodista Juan Amorín ha dejado al desnudo a la gobernadora María Eugenia Vidal y el financiamiento de la camarilla de gobierno con fondos de los capitalistas, para los cuales luego deberán gobernar. La suma de aportistas truchos ya supera los cuatro mil, por una suma de 85 millones de pesos. Frente a tamaña estafa, se presume que una enorme porción de este dinero para financiar las campañas de Cambiemos, no sólo vino de parte de empresas que evadieron la prohibición legal de aportar a las campañas, sino también de los negocios multimillonarios que se encuentran fuera de la ley como el narcotráfico, la trata y todo tipo de negocios turbios que el gobierno deja proliferar. Uno de los listados de aportistas truchos que salió a la luz es la presentada por la empresa de seguridad privada Murata, quien “brinda sus servicios” al gobierno de la Ciudad, pero también al propio Macri. Esta patota organizada es la que el propio gobierno contrató para amedrentar al conjunto de los trabajadores del Inti, que han dado una enorme lucha contra los despidos masivos y continúan con ella. También aparecen centenares de trabajadores de los barrios más empobrecidos que son utilizados por Vidal para “blanquear” los aportes millonarios. Para quienes hicieron de la corrupción del gobierno kirchnerista su principal caballito de batalla, la emergencia de sus propias corruptelas se ha transformado en un búmeran. Una larga nómina de concejales del PJ bonaerense han lanzado un “pedido de explicaciones” a Vidal y se han abierto causas judiciales que amenazan con voltear a la propia gobernadora. Vidal y el gobierno han quedado atrapados en su propia telaraña. Las denuncias sobre los aportistas truchos que apuntan a Vidal forman parte de la crisis económica y política abierta en la Argentina. No es una casualidad que en los mentideros se escuchen voces que denuncian que “el destape” de la olla viene del propio Poder Ejecutivo nacional. Sucede que el plan de ajuste pactado con el FMI ha abierto una puja entre el gobierno nacional y los gobernadores de la mayoría de las provincias, por un lado, y la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, por otro. Los gobernadores del interior impulsan que la provincia y la Ciudad se hagan cargo de los costos y la inversión que generan Aysa, Edenor y Edesur, y los subsidios al transporte. Vidal y Larreta han mostrado su oposición a pagar el costo de este traspaso, lo que estiman lapidario para su futuro político, ya que se trasladaría a la población a modo de bruscos tarifazos por sobre los aumentos siderales de la actualidad, por un lado, y vaciaría las cajas de prebendas de la gobernación, por el otro. Vidal, junto con intendentes de todos los partidos patronales, había denunciado que este traspaso se consumía los 25 mil millones de pesos que ingresan a la provincia a través del retorno del “fondo de resarcimiento del conurbano”, vaciando la principal caja de reparto de Vidal hacia los intendentes. Las denuncias que involucran a Vidal han mostrado cómo se financian los partidos que gobiernan para las patronales y el capital financiero, y cómo manipulan -invirtiendo miles de millones de pesos- los procesos electorales. El origen del dinero deja al descubierto el carácter de la clase social que viene gobernando la Argentina hace décadas, con aportes a las campañas de quienes luego gobernarán para sus intereses. Las luchas intestinas entre las diferentes camarillas del Estado se desenvuelven de espaldas a los intereses populares. Están discutiendo cómo van a implementar un ajuste y quiénes van a pagar el “costo político” de llevarlo adelante. El cumplimiento del acuerdo con el FMI por parte de todos los que gobiernan abre una nueva fase de crisis políticas. El golpe a Vidal pega no sólo en el proyecto reeleccionista de la gobernadora, sino que también impacta en la línea de flotación de todo el macrismo, que no podría ganar la presidencial sin ella en la provincia y, más aún, si la gobernadora tuviera que suplantar a un Macri hundido de cara a las presidenciales. La pelea de los docentes de la provincia, las luchas contra los despidos, por la defensa del salario, contra los cierres de empresas, cuentan con un nuevo escenario de debilidad política de Vidal. Los trabajadores enfrentamos el desafío de derrotar el plan de ajuste, despidos y mayor explotación en el marco de una crisis política en pleno desarrollo. En ese camino hay que seguir avanzando a paso firme en la construcción de una alternativa política de la clase obrera, para que la crisis la paguen los capitalistas.

Tras el receso de invierno, en el segundo cuatrimestre se realizarán las elecciones de centros de estudiantes y delegados a la Fuba en todas las facultades de la UBA. La votación tendrá lugar en un cuadro convulsivo, ya que el propio inicio de las clases está en cuestión. El ajuste del gobierno y el FMI golpea a la UBA con la complicidad del rector Alberto Barbieri y los decanos. La UJS sale a la pelea contra el intento de Franja Morada y el PJ de avasallar la organización estudiantil independiente -espionaje, fraude y represión mediante-, para poner en pie un gran bloque de la izquierda y el movimiento estudiantil combativo para pelar por centros de estudiantes y una Fuba de lucha, ligada a las grandes batallas que el pueblo argentino deberá emprender en defensa todas sus conquistas. Achique Las vacaciones de invierno comenzaron con noticias fuertes en Económicas. A la decisión de Vidal de echar a María Fernanda Izna, consejera directiva de Franja Morada/Nuevo Espacio -involucrada en el escándalo de los aportes truchos-, se suma la voluntad de despedir a 400 empleados por parte de la administración de Emiliano Yacobitti. Este achique sería sólo para empezar. El recorte presupuestario y la sub-ejecución de partidas ya afectó las obras que estaban planificadas en la UBA: el “nuevo Hospital de Clínicas”, anunciado con bombos y platillos por Nuevo Espacio el año pasado, pasó a mejor vida. En estas condiciones, el hachazo que promete el Presupuesto 2019 sería sencillamente brutal. El rector Barbieri rechazó el pedido de algunos de sus pares de plegar a la UBA a un no inicio de actividades en el segundo cuatrimestre. La camarilla franjista-pejostista, enquistada en Viamonte 444, apuesta a una negociación bilateral con el macrismo para salvar su propio status quo (los negocios). Tampoco hay reacción de los decanos kirchneristas: Barañao dio de baja a 96 guías de Exactas en Tecnópolis sin que la facultad moviera un pelo. Los que sí votaron el no inicio en la UBA son los docentes, que sólo cobraron un 5% de aumento en lo que va del año y no tienen otra oferta que llegar a un 15% en cuotas, frente a una inflación de al menos el doble. Golpe El golpe urdido contra la Fuba por Franja Morada, la UES y el MLI (agrupaciones de las facultades de Sociales e Ingeniería, respectivamente) es inseparable de este cuadro de ajuste a la universidad. La convocatoria a la Policía de la Ciudad para que reprima y encarcele a estudiantes, y la reactivación de una causa judicial que incluyó el accionar ilegal de servicios de inteligencia al interior de la UBA, delató un inusitado operativo de Estado para desarticular a la principal federación estudiantil del país. La debilidad relativa del macrismo estudiantil de Franja Morada, que a pesar de cambiarse el nombre (“Nuevo Espacio”) nunca logró reconstruirse de su implosión en 2001, obligó a ocultar a sus dirigentes detrás de dos agrupaciones kirchneristas. Pero los votos no alcanzaron y debieron pasar a la lisa y llana falsificación de delegados. En las elecciones estudiantiles, estos sectores buscarán conquistar una mayoría en la Fuba que no tuvieron a la hora de armar el congreso trucho. Sin embargo, Franja Morada tendrá que vérselas con el descrédito cada vez mayor que su gobierno cosecha entre una juventud cada vez más movilizada. Su papel nulo en el principal movimiento de los últimos años, el de las mujeres y su lucha por el derecho al aborto, evidenció su condición de aparato para-estatal. Integración El golpe del Rectorado se apoya en la crisis que arrastra la actual conducción de la Fuba, a raíz de la progresiva integración de La Mella al kirchnerismo y al régimen universitario en general. Lejos de detenerse por el fraude y la represión, este recorrido sigue a toda máquina. Estos sectores buscaron valerse de la ofensiva morada para presionar por un copamiento K (“anti-macrista”) de la federación. Esta orientación pretendía quebrar la tradición consecuente de la Fuba, que se caracterizó por enfrentar de forma independiente los ataques de todas las autoridades y gobiernos de turno, incluido particularmente el kirchnerista. Quienes hoy quieren “borrar delimitaciones” son los mismos que colaboran todos los días en el Congreso, las provincias, desde la Iglesia y las centrales sindicales para que se aplique la política macrista. Estas fuerzas denuncian a sus ex compañeros de listas, pero se resisten a revisar la estrategia que los llevó hasta ese lugar. Finalmente, todos pugnan por volver a reunificarse en 2019, con la UES, el MLI y el que venga. Es lo que indica la propia experiencia en el movimiento estudiantil: en el Congreso de la FUA, La Mella, Libres del Sur y La Cámpora fueron juntos en una lista encabezada por el Miles, otra agrupación que luego puso sus delegados en el fraude morado-pejotista. Lucha consecuente La tarea del segundo cuatrimestre es clara: derrotar el intento de achique contra la universidad y el golpe a nuestra organización de lucha. Esto requiere una pelea consecuente y la completa independencia respecto del gobierno y el régimen universitario. La UJS convoca a todas las agrupaciones de izquierda y al movimiento estudiantil combativo a unir fuerzas para hacer de las próximas elecciones un gran pronunciamiento contra la ofensiva de Macri, el FMI y las autoridades. El movimiento estudiantil necesita representantes que sean garantía de lucha, y eso sólo puede proporcionarlo la izquierda, que no tiene compromisos con el régimen actual. Para ello, la propia izquierda debe dejar de “balconear” lo que pasa y aplicarse a desarrollar las tareas del movimiento estudiantil. La UJS y el Partido Obrero llaman al conjunto del Frente de Izquierda a asumir este desafío. Vamos a una gran campaña para que el movimiento estudiantil y sus banderas emerjan en la escena nacional junto a la clase obrera.

La presencia de la titular del FMI, Christine Lagarde, en nuestro país, y la marcha del acuerdo de Argentina con el Fondo acapararon la atención de la opinión pública nacional. Las deliberaciones del G20, en ese marco, quedaron relegadas a un segundo plano. Pero, más allá de esta circunstancia, el cónclave fue una vidriera del escenario convulsivo que hoy domina la economía mundial. La guerra comercial marcó la agenda de los ministros de Finanzas reunidos en Buenos Aires. Aunque el cónclave concluyó con una declaración común, la misma no pasó de ser una fórmula de compromiso diplomático vaga y anodina, que no puede disimular los enormes antagonismos entre las principales economías del mundo. El escenario del comercio mundial cambió dramáticamente desde la última reunión de ministros de Finanzas realizada en Buenos Aires, en marzo. Las advertencias de Estados Unidos hacia China y la Unión Europea son ahora una realidad y el desafío no es ya cómo evitar una escalada sino cómo administrarla. Escalada yanqui El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, fue más medido que en otras ocasiones. No usó el tono de amenaza al que suele apelar su jefe político, Donald Trump, pero puso sobre la mesa la posibilidad de aplicar aranceles a la totalidad de los bienes chinos que cada año ingresan a Estados Unidos. El gobierno de Trump impuso a principios de mes un arancel del 25% a productos chinos por 34.000 millones de dólares, a los que podría sumar otros 16.000 millones. Está en estudio, además, un impuesto de 10% a bienes valorados por 200.000 millones. Trump venía de anunciar que estaba “listo para ir por 500”, en referencia al déficit comercial de 505.000 millones de dólares que Estados Unidos tiene con China. El representante norteamericano se refirió a que su país tuvo “muchas reuniones privadas” con China con el objetivo de alcanzar una relación comercial “más balanceada”. Lo cierto es que las autoridades chinas han ofrecido aumentar en 100.000 millones de dólares la compra de productos provenientes de Estados Unidos, pero eso ha sido desechado por la Casa Blanca. Es que el problema reside en otro lado: las represalias comerciales son un pretexto y una extorsión para frenar la competencia china en la industria tecnológica y de alta gama, que Estados Unidos considera estratégicas, por un lado, y avanzar en una penetración económica en el gigante asiático a partir de una mayor apertura de su economía, por el otro. Estados Unidos y la Unión Europea Tampoco pasaron desapercibidas las tensiones comerciales con la Unión Europea. Los ministros de Economía de la zona euro mostraron sus dientes: condenaron la suba de aranceles dispuesta por Trump y, al mismo tiempo, dejaron abiertas las puertas para profundizar las represalias ya tomadas si Estados Unidos no detenía la ofensiva. Una de las preocupaciones fundamentales de los líderes europeos giró en torno de la próxima jugada que tendría en carpeta la Casa Blanca: la imposición de aranceles sobre las importaciones de automóviles europeos. Alemania y los Países Bajos serían los principales afectados por la medida, que podría provocar miles de despidos en las fábricas locales. Cuando se habla de guerra comercial, no sólo se circunscribe a los aranceles. El secretario del Tesoro norteamericano apuntó contra las barreras no arancelarias y los subsidios. “Tienen que tratarse las tres cuestiones juntas”, dijo, haciendo referencia al hecho de que la Unión Europea tiene un complejo sistema de subsidios y otras normativas, especialmente en lo que respecta a la agricultura. Pero, además, la guerra comercial amenaza potenciarse con una guerra monetaria. La cuestión de las devaluaciones de la moneda de distintas naciones rivales de Estados Unidos había sido puesta en el candelero en vísperas del G20. El magnate yanqui venía de denunciar que las monedas de la Unión Europea y China estaban siendo devaluadas a expensas del dólar. El valor del renminbi (moneda china) cayó un 4 por ciento frente al dólar estadounidense en el último mes. El euro, en menor medida, ha seguido la misma tendencia. En Davos, a principios de año, el propio Mnuchin había anunciado la aspiración norteamericana por una depreciación del dólar para abaratar y mejorar la competitividad de los productos estadounidenses en el mercado mundial. Sin embargo, asistimos al proceso inverso, al fortalecimiento de la divisa norteamericana. Pero este fenómeno deriva, más que de una acción externa, de las propias contradicciones internas del imperialismo norteamericano, inmerso en una decadencia irrefrenable. La economía norteamericana carga con déficits gemelos: comercial y fiscal. El crecimiento de la deuda pública -que ya asciende a 20 billones de dólares y supera el 100% del PBI- ha obligado a Washington a aumentar la tasa de interés para atraer fondos y refinanciar la deuda. La necesidad de atender el rojo fiscal conspira contra la posibilidad de remontar el déficit comercial. La suba de los intereses pone palos en la rueda en una recuperación económica que hasta el día de hoy tiene un carácter precario. El aumento de la tasa de interés compromete a una importante parte de las empresas privadas. Casi un 40 por ciento de las empresas manufactureras y comerciales se encuentran en aprietos y están pagando tasas usurarias, propias de un país en defol. Rusia En este escenario, hay que incorporar a Rusia. Más de un comentarista exaltó el idilio Trump-Putin en la reciente cumbre de Helsinki, que reunió a ambos mandatarios. Pero lo cierto es que no se pueden tapar los conflictos que enfrentan ambos regímenes, empezando por la ocupación de Crimea por parte de Putin y el apoyo a los rebeldes en el este de Ucrania y las sanciones comerciales contra Moscú y por la presencia política de Rusia en Moldavia y regiones que se han separado de Georgia, o la situación en Chechenia; siguiendo por los choques entre ambos en la guerra criminal en Siria y por el abandono del tratado nuclear con Irán por parte de Trump. Y, no menos importante, el ataque del magnate norteamericano a la construcción del gasoducto que debe llevar el fluido de Rusia a Alemania y al resto de la Unión Europea a través del Báltico. Trump viene de acusar a Merkel de peón de Moscú, a lo que se agrega un nuevo salto en la ofensiva judicial en territorio norteamericano contra doce espías rusos acusados de injerencia en las elecciones estadounidenses. Putin, por su parte, acaba de responder la gentileza y disponer la venta de gran parte de los bonos del Tesoro norteamericano, lo cual ha despertado inquietud en el mundo de negocios. Si bien Rusia no es uno de los principales tenedores, esta decisión podría tener un efecto cascada, en especial una reacción similar por parte de China y Japón, que reúnen entre ambos más de 2 billones de dólares de títulos norteamericanos. Esto podría abrir un cataclismo de la economía internacional y llevar la guerra económica a un plano más violento, alentando las salidas de fuerza y las tendencias belicistas ya en desarrollo. Por lo pronto, Japón, al igual que el gigante asiático, se ha mantenido cauto en la materia, pero el imperio del sol naciente, entretanto, no se ha privado de tomar sus propias iniciativas, a contrapelo de Trump. El gobierno nipón acaba de anunciar su decisión de continuar, por cuerda separada, con el Tratado Transpacífico (TTP), desahuciado por el magnate yanqui. Países emergentes En vísperas del G20, el FMI advirtió que “las acciones comerciales en aumento y sostenidas” amenaza con tener un “impacto serio y adverso en el crecimiento mundial”. Ni qué hablar que esto impacta de lleno en los mercados emergentes. Dichas naciones sentirán aún más el golpe, debido a la fuga de capitales hacia plazas más seguras. China, en este último período, viene de soportar la huida de sus fronteras de ni más ni menos que la friolera de un billón de dólares. En esos países, representados en el G20 por Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica (integrantes del BRIC), además de Argentina, el anfitrión de la cumbre, “el crecimiento es hoy más improbable de lo que era en abril”, opinó Lagarde. Argentina es, probablemente el eslabón más vulnerable de esa cadena. Por supuesto, en este escenario de guerra comercial, la esperanza de avanzar en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea está más verde que nunca. Con más razón, la posibilidad de que Argentina logre una salida a través de un auge de sus exportaciones. Ni siquiera se sostiene el Mercosur, del cual hoy quedan sus despojos, cuando Brasil está atravesando una recesión récord de su economía. Es necesario que los trabajadores tengamos una clara conciencia de la envergadura de la crisis internacional y sus consecuencias en Argentina para que actuemos a la altura de las circunstancias.