Prensa Obrera N° 1511

Las declaraciones de Donald Trump en una conferencia de prensa conjunta con Vladimir Putin, en Helsinki, le han valido una ola de ataques sin precedentes de parte de los medios de comunicación, del partido Demócrata y de gran parte del partido Republicano, e incluso del jefe de la CIA, Dan Coats, designado por el propio Trump. A cuatro meses de las elecciones de renovación parlamentaria, la crisis política en Estados Unidos parece haber alcanzado un punto de no retorno. Trump, un macartista serial, ha denunciado que es víctima de “una caza de brujas” por el llamado “deepstate”, como se designa en Norteamérica al aparato de seguridad del Estado -CIA, FBI, NSA, y el ‘establishment’ económico y político del país. Frente a Putin y los medios internacionales, Trump había relativizado la injerencia que se le atribuye a Rusia en la elecciones presidenciales de hace dos años en Estados Unidos, y hasta admitido como válida la negación de esa injerencia y de ciberataques que le habría manifestado Putin. En menos de una hora, la CNN y el New York Times abrían su espacio para cualquiera dispuesto a calificar a Trump como “traidor a la patria” o para pedir que se lo lleve a un juicio político para destituirlo. Algunos entrevistados dieron a entender que apoyarían un golpe militar si los medios constitucionales no fueran viables. Las excusas posteriores de Trump (“no me expresé bien”) no han atenuado la escalada en su contra, incluso porque volvió a decir que la injerencia en cuestión bien pudo ser llevada a cabo por gente ajena a Rusia. Algunos diarios internacionales caracterizaron que el mundo se encuentra ante “un derrumbe de la potencia hegemónica”. Trump y Putin Lo curioso, si se puede usar esta expresión, de todo este asunto, es que los medios que participaron de la conferencia de prensa no se interesaron por conocer los resultados de las discusiones entre Trump y Putin. Estados Unidos y Rusia se encuentran en ruta de colisión por la ocupación de Crimea por parte de Putin y el apoyo al movimiento de secesión en el este de Ucrania; por la presencia política de Rusia en Moldavia y regiones que se han separado de Georgia, o la situación en Chechenia; por las posturas enfrentadas, entre ambos, en la guerra criminal en Siria; por la ruptura unilateral del tratado nuclear con Irán por parte de Trump y la andanada de sanciones que ha desatado contra las compañías europeas que habían decidido invertir en el petróleo iraní; o por la evolución del principio de acuerdo de desnuclearización entre Estados Unidos y Corea del Norte y, no menos importante, el ataque de Trump a la construcción del gasoducto que debe llevar el fluido de Rusia a Alemania y al resto de la Unión Europea a través del Báltico. Hay que suponer que incluso Venezuela y Cuba debían haber estado en la agenda, debido a la presencia importante de Rusia en dos países con fuertes crisis económicas y choques con el imperialismo yanqui. En resumen, Trump ha aplicado sanciones económicas contra Rusia, que han obligado al Banco Central de Rusia a salir al rescate de bancos y compañías rusas golpeadas por esas sanciones. El tenor impuesto por los medios a la conferencia de prensa puso de manifiesto una política de boicot contra las conversaciones Trump-Putin. La conferencia de prensa escenificó una enorme crisis internacional, que corta horizontalmente al interior de cada una de las grandes potencias. Cuando se toman en cuenta estos elementos en su conjunto, es claro que la oposición a cualquier tipo de acuerdo o acercamientos parciales de Estados Unidos con Rusia ha escalado en forma considerable. La reunión con Putin fue precedida por reuniones de Trump con presidentes de la Unión Europea y un encuentro de la Otan, en los que el norteamericano calificó de “delincuentes” a sus ‘colegas’; apoyó el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea; atacó a la primera ministra de dicho país por no optar por un Brexit duro contra Europa continental y exigió a sus pares que cuadrupliquen sus contribuciones a la Otan, en lugar de estar preparando la creación de una fuerza armada independiente. Trump fue a buscar a Rusia un acuerdo para que Putin apoye una desintegración de la Unión Europea e incluso un frente político común con los partidos europeos de ultra-derecha que abogan por eliminar el euro o poner fin a la unión política. En este marco podría haber ofrecido una tregua política con los otros temas estratégicos en disputa y cambiar las sanciones económicas por un acceso ilimitado al mercado de bienes y de capitales de Rusia. Si vale la analogía, así como Hitler, que quería destruir a la Unión Soviética, pactó primero con Stalin, para tener las manos libres para atacar a Francia y Gran Bretaña, y de este modo asegurar sus espaldas en el oeste. Trump ha propuesto un acuerdo a Putin para quebrar la competencia europea en el mercado internacional. Es un camino plagado de crisis internacionales. Decadencia El núcleo de esta orientación política es el reconocimiento por parte de la camarilla de Trump y de sus defensores de la burguesía norteamericana de que Estados Unidos enfrenta una decadencia imparable, que se manifiesta por sobre todo en la crisis social del país. Es un cuadro histórico similar al que determinó que en Gran Bretaña triunfara el Brexit o la tendencia disolvente en la Unión Europea. La crisis mundial penetra por los poros de todos los Estados capitalistas. China incluso enfrenta una crisis potencial, que se ha convertido en el tema más discutido en la prensa internacional: la quiebra del sistema bancario, formal y paralelo, que ha financiado el crecimiento de los últimos años. Esto explica que, en los últimos doce meses, hayan salido de China un billón de dólares y que sea el país donde más ha caído la Bolsa en el índice de los llamados mercados emergentes. Trump ha recurrido a medidas extraordinarias para sacar a la economía norteamericana del estancamiento -una rebaja fabulosa de impuestos a las ganancias para convertir a Estados Unidos en una suerte de paraíso fiscal que compita con el resto de la economía mundial y en especial contra la Unión Europea. Como consecuencia de esto, la deuda pública norteamericana aumentó en medio billón de dólares solamente en el primer trimestre de 2018 y ya equivale al ciento por ciento del PBI. Robert Mueller, el hombre encargado de investigar la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas, ha imputado por la infiltración en las computadoras del partido Demócrata a la agencia rusa de seguridad (GRU), sin presentar la menor prueba material. CNN ha calificado el hecho como una “declaración de guerra”, sin aclarar cuál debía la respuesta a esta “guerra”. Putin le ha ofrecido a Mueller la posibilidad de interrogar en Moscú a los agentes imputados, por ahora sin que la CIA acuse recibo. El involucramiento del ‘deepstate’ en la crisis política en curso, la convierte en una crisis de régimen. Los Bush y los Obama, que han desatado las guerras más criminales, apelando a las mentiras y falsificaciones más groseras para justificarlas (Afganistán, Irak -con un millón de muertos- y Siria), se indignan por ciberataques que no han podido probar y pretenden escalar la crisis en nombre de la ‘democracia’. Los trabajadores deben estar alertas ante esta evolución de la crisis internacional, porque ella anida más guerras y violencias contra los pueblos.

El Brexit forzó el alejamiento del entonces primer ministro conservador David Cameron. Ahora amenaza llevarse puesta a Theresa May, también del mismo partido, quien lo sustituyó en el cargo. May dio a conocer una propuesta de ley (también llamada Libro Blanco) sobre los términos del Brexit para votar en el Parlamento y luego presentarla a sus socios de la Unión Europea. Ello precipitó la dimisión de dos miembros de su gabinete, David, secretario para el Brexit, y Johnson, ministro de Asuntos Exteriores. El ala representada por David y Johnson acusa a May de haber traicionado al Brexit y capitular ante la Unión Europea, y plantea una negociación dura al punto de una ruptura sin acuerdo, si hiciera falta. May ha tratado de conciliar posiciones entre el ala más intransigente de su partido y el bloque pro-europeo. Lobby capitalista El gobierno ha debido hacer frente a una enorme presión de la burguesía del Reino Unido para defender el mayor nexo posible con la zona euro. Existe una gran preocupación en las filas del empresariado sobre los perjuicios de una ruptura. El sector automotriz de Gran Bretaña, por caso, teme enfrentar aranceles de hasta el 10 por ciento. Los precios de los coches podrían subir porque sus componentes vienen de varios sitios y la producción podría verse afectada por retrasos en las aduanas, si el gobierno no logra una solución al Brexit. Esto vale para otros sectores de la actividad manufacturera. Grandes fabricantes, como Airbus (que emplean a unas 14.000 personas) han declarado que trasladarían sus operaciones fuera del Reino Unido si no había una mayor “claridad” sobre los términos del Brexit. El titular de la central patronal británica, CBI, afirmó que parte del sector manufacturero del Reino Unido podría incluso “extinguirse”. El temor se extiende al sector bancario, que teme por el lugar de Londres como centro financiero de Europa y a escala mundial. Por lo pronto, varias instituciones financieras han anunciado que trasladarán sus sedes a otras plazas. Ya se ha desatado una feroz disputa entre Alemania y Francia sobre quien será el “heredero” de Londres y, por ahora, la carrera la estaría ganando el primero. Según algunas estimaciones, Londres podría perder tras el Brexit hasta 10.000 puestos de trabajo en los bancos y otros 20.000 relacionados con servicios financieros. La propuesta británica May aboga por un pacto aduanero de libre circulación de bienes y productos agrícolas, no así los servicios y las personas, en los que se adapta a los planteos del ala dura. Uno de los ejes de la campaña en favor de la salida del Reino Unido de la zona euro consistió en poner un freno a la ola de inmigrantes. Asimismo, la propuesta plantea no hacer ninguna contribución monetaria a la Unión Europea, ni que el Tribunal de Justicia de la UE tenga jurisdicción en el Reino Unido. De todos modos, un “área de libre comercio de bienes” implica una “armonización permanente con las normas de la Unión Europea sobre bienes”, lo que significa que la manufactura y la agricultura del Reino Unido seguirán estando obligadas, después del Brexit, por las regulaciones de la Unión Europea, por sus normas aduaneras e incluso por las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia. Por otra parte, esta propuesta, si fuera aceptada por la Unión Europea, reduciría la capacidad del Reino Unido para concluir acuerdos de libre comercio con países fuera de la UE, como Estados Unidos. Esto explica la reacción intempestiva de Trump, en su reciente gira por Gran Bretaña, al impugnar la propuesta de May y reclamar un Brexit duro. La presión del magnate estadounidense apunta, por un lado, a reforzar la tutela norteamericana sobre la economía británica y por el otro, a asestarle un golpe a la Unión Europea, profundizando las grietas y tendencias a la desintegración ya existentes. Quizás el punto más conflictivo sea el de la frontera irlandesa. El Brexit supone que Irlanda del Norte, como el resto del Reino Unido, se encuentre fuera de la Unión Europea, mientras que la República de Irlanda se mantendrá en el Mercado Común. El gobierno de Londres no desea volver a los controles militares en el límite entre las Irlandas, eliminados tras los acuerdos de fines de los noventa, bajo del gobierno de Tony Blair. Por su parte, la Unión Europea quiere una frontera estricta entre Irlanda e Irlanda del Norte y sus 500 km podrían volverse en un “colador” ya que, si no hay controles en Irlanda, entonces el Reino Unido podría beneficiarse de las instituciones comunitarias a través de su vecino. Contradicciones Esta propuesta híbrida, llena de contradicciones, que procura adaptarse a las presiones de la clase capitalista pero evitando romper con el ala dura de los conservadores, puede terminar siendo rechazada por todas las partes. La Unión Europea acusa a May de escoger lo que le conviene, como la libre circulación de bienes, mientras rechaza las responsabilidades, por ejemplo, las contribuciones a la UE y el seguimiento de sus políticas agrícolas y de medio ambiente, y propone limitar el movimiento de la mano de obra. Ni qué decir que la propuesta de una frontera abierta en Irlanda es inaceptable para la Unión Europea, como ya lo han adelantado varios de sus representantes. Simultáneamente, May está expuesta al fuego interno de su propia formación política. Bajo las reglas del Partido Conservador, sólo se necesitan 48 diputados para desencadenar un voto de censura, aunque es menos claro si los oponentes de May podrían conseguir los 159 votos necesarios (de 316 diputados conservadores) para tomar el control del partido y, con él, del gobierno. Pero aunque el ala dura pudiera hacerlo, se encontraría en minoría en el Parlamento. Paradójicamente, los más fervientes promotores del Brexit han quedado relegados del escenario político. Esto vale para el ala dura de los torys y en especial para la derecha nacionalista, en franco retroceso. La disputa entre los torys podría terminar precipitando un nuevo adelanto electoral que bien podría catapultar a Jeremy Corbyn, el líder del Parido Laboralista, al poder. El dirigente laborista defiende un Brexit suave, en términos parecidos a los de May, pero, al mismo tiempo, alienta un programa de nacionalizaciones, mejoras sociales e impuestos al capital que despiertan recelo en la clase capitalista. En las últimas elecciones, el dirigente laborista tuvo un crecimiento meteorítico, y todo indica que esta tendencia se ha reforzado. Por eso, The Economist exhorta a la dirigencia de la Unión Europea a una actitud contemporizadora con el gobierno inglés en terapia intensiva. La perspectiva de una consagración de Corbyn probablemente actúe como un factor inhibidor dentro de las filas de los conservadores para desplazar a May. Pero el frágil equilibrio dentro del partido gobernante puede romperse en cualquier momento, con más razón, si la Unión Europea se negase a aceptar el acuerdo propuesto por la primer ministra británica. Giro político El Brexit es una expresión del creciente impasse del capitalismo inglés, que se ha agravado al compás de la crisis mundial. El Brexit se ha revelado un salvavidas de plomo: lejos de atenuar las contradicciones de la economía del Reino Unido, las ha exacerbado. Este hecho se entrelaza con una enorme crisis social. “La campaña de recorte presupuestario, iniciada en 2010 por el gobierno encabezado por el Partido Conservador, ha provocado un cambio monumental en la vida británica. Muchos indicadores de bienestar social -tasas delictivas, adicción a opioides, mortalidad infantil, pobreza infantil e indigencia- apuntan a un deterioro de la calidad de vida” (The New York Times, 14/7). Este escenario está en la base de la severa crisis política en desarrollo, cuyos principales capítulos están por venir. El creciente malestar social unido al descrédito del partido gobernante alimenta el giro político de las masas hacia la izquierda del laborismo, que recogió el voto masivo de la clase obrera en las elecciones realizadas en 2017. Una medida del estado del ánimo prevaleciente entre la juventud y los trabajadores la tenemos en las masivas protestas que tuvieron lugar en Londres y en otras localidades del Reino Unido con motivo de la visita de Trump al país.

Desde un primer momento sostuvimos que el gobierno de Juan Schiaretti atacaba a los trabajadores de Luz y Fuerza porque perseguía la privatización de la empresa provincial de energía (Epec). Expresamos que la denuncia del Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza tenía como función allanar el camino -en términos económicos y políticos- a esa privatización, que se proyectaba con mayores negociados y tarifazos, y un proceso de vaciamiento del sistema como sucede con Edenor y Edesur. En nuestro pronóstico no erramos un centímetro. En los últimos días, Schiaretti hizo correr de manera no oficial un proyecto de ley que directamente plantea la eliminación de Epec y la privatización de todo el sistema eléctrico provincial. A pedido del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos que está a cargo de Fabián López (ex número dos de José “Valijas” López), la consultora Quantun ha presentado un borrador del “Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica”, donde se detalla el negociado que quieren imponer. De entrada, el proyecto plantea la supresión de la Epec y su suplantación por empresas concesionarias. El artículo 1° describe ampliamente el significado de términos como “área de concesión”, “comercializador”, “concesionario”, “contrato de concesión”, “distribuidor”, “subtransmisor”, “libre acceso”, entre otros; pero en todo el texto del proyecto nunca se menciona la palabra “Epec” -como si ésta no existiera. Sí se menciona un “Despacho Provincial de Carga (DPC)” y el “Mercado Eléctrico Provincial (MEP)”, que sería la forma de la privatización, entre los distintos operadores a nivel provincial. Se pretende crear una Cammesa [empresa nacional mixta que regula la energía mayorista] provincial al servicio de los pulpos energéticos. En el artículo 2° se determina el rol del Estado provincial, que ya no será el titular de la Epec, sino que se limitará a “…fijar las políticas del sector eléctrico y ejercer el control de la prestación de los servicios públicos”. El art. 5 pone los principios de prestación del servicio, los cuales orientan a promover la “competitividad” de la Generación y el Consumo. Por el art. 6, se crea la Agencia de Planificación Energética (APE), que tiene entre sus objetivos “Elaborar estudios y análisis que permitan identificar y evaluar las inversiones óptimas, públicas y privadas, en todo el territorio provincial, para asegurar el suministro energético”. Anteriormente el gobierno había planteado que quería dividir la empresa en tres partes, (generación, transporte y distribución), y se especulaba con la privatización parcial. No obstante, el proyecto plantea una privatización total y generalizada. El art. 7 dice que “La Ejecución de las obras de infraestructura y la Prestación del servicio de Subtransmisión y Distribución de energía eléctrica será responsabilidad de las empresas concesionarias”. El art. 13 reafirma esa posición al expresar “Las empresas Subtransmisoras y Distribuidoras, son monopolios naturales, requieren para su actividad un contrato de concesión expedido por el Poder Ejecutivo provincial”. Y sigue así en el resto del articulado. Como si la privatización de Epec no bastara para proceder a estos negociados, el proyecto introduce un operador más en la provisión del servicio, e incluso le otorga en forma arbitraria una función monopólica. Dice el artículo 28: “Los Comercializadores son los únicos Agentes autorizados a vender energía a los Usuarios finales”. El proyecto contiene un extenso texto en el art. 31, que representa la forma legal para proceder a un tarifazo permanente y sistemático, como lo vienen haciendo en los hechos. Para la fijación de la tarifa se toman en cuentan los siguientes ítems: “a) Precio de la Energía; b) Costo del Transporte c) Componente de Subtransmisión hasta el nodo de ingreso a la red de Distribución; d) Componente de Distribución; e) Componente de Comercialización”. Asimismo se destaca que las “variaciones del precio de adquisición de la energía serán trasladadas a la tarifa final al usuario de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al Concesionario”. Y continúa “EI Ersep no podrá suspender, limitar o rechazar tales ajustes de tarifas excepto cuando y en la medida en que se hayan detectado errores en los cálculos y/o en los procedimientos aplicados”. Entre los componentes para la fijación de la tarifa, se resalta siempre que hay que tener en cuenta el “margen de rentabilidad de la empresa”. Pero como puede haber una empresa generadora, otra transportadora, otra o varias distribuidoras y otra o varias comercializadoras, la rentabilidad empresaria se multiplica por cuatro y más. El Marco Regulatorio apunta directamente al bolsillo de los trabajadores usuarios en beneficio de los grandes capitalistas de la energía y de los nuevos negociados -ahora se explica mejor el fuerte apoyo que brindaron la Fundación Mediterránea y veinticinco entidades empresariales al proyecto, antes de que se conociera. Para hacer pasar semejante ataque al pueblo trabajador, Schiaretti ha montado un operativo de provocación sobre los compañeros de Luz y Fuerza, a los cuales pretende aislar y derrotar, sobre la base de relacionar sus derechos, que son presentados como privilegios, a las altas tarifas que se pagan en la provincia. Para ello el gobierno cuenta con la burocracia sindical como cómplice principal. Pihen (CGT Regional) está a fondo con la privatización de Epec -incluso ha llegado a votar en la Legislatura contra el Convenio Colectivo de Trabajo. Pero también la burocracia sindical ligada al kirchnerismo (CGT Rodríguez Peña y CTA), que quiere a toda costa una integración al PJ de Schiaretti y De la Sota para 2019. No obstante todo este armado, la privatización y el cambio del CCT todavía no han sido implementados. Schiaretti ha chocado contra la destacada lucha de los lucifuercistas que vienen peleando hace varios meses. Esa lucha, por enfrentar la reforma laboral, la privatización de un recurso estratégico y los planes del FMI, y por tratarse de una histórica organización obrera, es una lucha de todos los trabajadores cordobeses y del país. Por eso hay que avanzar en un plenario provincial de trabajadores y convertir la lucha lucifuercista en una causa obrera y popular. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda estamos de lleno en este sentido, en las calles y en la Legislatura, donde el compañero Eduardo Salas viene denunciando y oponiéndose a estos planes antiobreros. Y planteamos un programa de salida: no a la privatización de Epec; no a la reforma laboral; el CCT no se toca; control obrero y popular de la Epec; basta de tarifazos; nacionalización de todos los recursos energéticos, bajo control obrero; abajo el pacto con el FMI; por un congreso de bases del movimiento obrero para establecer una salida a la crisis.

La docencia universitaria protagonizó 19 jornadas de paro en el primer cuatrimestre y ahora va por un no inicio de clases, con cese de actividades a partir del 6 de agosto en las 57 universidades nacionales y los cien colegios preuniversitarios. La llegada de Christine Lagarde viene a sellar el pacto del FMI con Macri y los gobernadores, pero también con los rectores y las burocracias sindicales. Pretenden paritarias del 15% para 2018 y del 8% para 2019, despidos en el sector público, la eliminación de los convenios de las universidades con el Estado y la reformulación y eliminación del sistema previsional y nuestro 82% móvil. El no inicio y cese total de actividades deben ser la piedra de toque para los 190 mil docentes pre y universitarios, afiliados a cualquier sindicato, para imponer nuestras reivindicaciones y defender la universidad, como lo hicieron los docentes de Aten Neuquén y los becarios del Conicet. La Agrupación Naranja empeñará todas sus fuerzas en preparar y organizar el no inicio y cese total de actividades a partir del 6 de agosto, la marcha nacional universitaria, nuestra participación activa en todo el país el 8A por la legalización del aborto y el Congreso extraordinario de la Conadu Histórica -que debatirá el 10 de agosto la continuidad del plan de lucha nacional. En este marco de luchas tendrá lugar, entre el 4 y el 6 de septiembre, el proceso electoral para elegir la nueva dirección de la Conadu Histórica, en los 28 sindicatos de docentes de universidades y colegios preuniversitarios. El mismo no puede ser ajeno ni un obstáculo en el desarrollo del plan de lucha: debe ser una tribuna de organización y propaganda ante los docentes, los estudiantes, los no docentes y el pueblo trabajador en defensa de una universidad estatal, gratuita, laica y científica al servicio de las mayorías populares. Es por esto que, para estas elecciones, hemos constituido la Lista Multicolor, en defensa de la independencia política de la federación frente al gobierno nacional, los gobernadores y los rectores. La Multicolor está conformada por la Agrupación Naranja, la Agrupación Rompiendo Cadenas, Ancla alternativa universitaria, la lista Roja de Adunlu, y compañeras y compañeros independientes -todos activistas y fundadores de la Conadu Histórica. La Multicolor organiza la más amplia unidad de acción para derrotar el acuerdo del FMI, Macri y los rectores contra la universidad. Pero no somos ingenuos: la burocracia sindical de todos los colores y las corrientes que abrevan en el “volveremos” o “hay 2019” son también un obstáculo que debemos superar. Nos proponemos organizar un plan de lucha sistemático y no paros a cuentagotas a la rastra de las burocracias sindicales de Conadu, Fedun y Ctera, firmadores seriales de acuerdos a la baja con todos los gobiernos. Por eso vamos por 30% de incremento salarial ya, con indexación mensual. Salario para los docentes ad honorem. Devolución inmediata de los 4.000 millones de pesos recortados a los presupuestos de las universidades nacionales. Mil millones de pesos de fondo extraordinario para defender nuestras obras sociales. Cumplimiento irrestricto en todo el país del Convenio Colectivo de Trabajo. Derogación de la Resolución 1254 que devalúa nuestros títulos, del sistema de Reconocimiento de Trayectorias Académicas que privatiza nuestras universidades y de la Ley de Educación Superior que sostuvieron y sostienen todos los gobiernos.

Luego de 21 días de paro y ocupación en la agencia Télam por el despido de 357 trabajadores, el Ministerio de Trabajo resolvió convocar a audiencia con “carácter de urgente”. La primera reunión se realizó el martes 17 y la segunda, el miércoles 18. En las mismas, los voceros de la empresa reiteraron su negativa a dar marcha atrás con los despidos de la totalidad de los trabajadores como fue reclamado por los representantes sindicales, aunque de manera imprecisa indicaron que algunas de las cesantías serían revocadas. La decisión de la cartera laboral de convocar a las audiencias sólo puede ser entendida como un principio de cambio obligado en la estrategia del macrismo. La razón del mismo hay que buscarla en las aguerridas dos semanas largas de paro y ocupación de Télam y en las movilizaciones realizadas: en la conferencia de prensa realizada el miércoles por Macri el conflicto estuvo en la calle con una concentración de trabajadores de Télam y se filtró al interior, con la pregunta de un periodista sobre los despidos en la agencia y con los carteles alusivos levantados por los trabajadores de prensa presentes, lo que obligó al Presidente a dar una respuesta forzada. La lucha también logró una amplia repercusión pública y el apoyo de figuras periodísticas, del espectáculo y de la cultura. A su vez, han comenzado a aparecer los primeros fallos judiciales que han ordenado la reinstalación de una decena de compañeros de distintas áreas de la agencia. Este paso de sentar a la patronal en una mesa de negociaciones no debe esconder que el gobierno mostró en las dos audiencias que se mantiene firme en su decisión de desguazar a la agencia. Y que intentará utilizar la mediación del Ministerio como una vía de desgaste. Ante al requerimiento del listado concreto de la totalidad de los despedidos formulado por la parte sindical, la empresa no aportó documentación alguna. Frente a esta situación, la cartera laboral “instó” a la empresa a presentar el listado quedando abierta, sin fecha, la realización de una nueva reunión. Es posible que el gobierno esté evaluando la posibilidad de alguna otra resolución judicial que implique una traba mayor en el desguace de Télam, en el sentido de un fallo de cámara que pueda resultar más abarcativo de la totalidad de los despedidos, tomando en cuenta algunos de los fundamentos de los jueces de primera instancia. En el caso del fallo de reinstalación sobre cinco afiliados al Sipreba, es importante destacar que el juez en su resolución indica que la dirección de la empresa debe abrir primero un Recurso Preventivo de Crisis. Tal planteo no choca con la política más general de ajuste por el pacto con el FMI. Sólo fija una hoja de ruta para producir las desvinculaciones, tal como sucediera con el preventivo abierto por Carrefour que fuera aceptado por Cavalieri, mandamás del Sindicato de Comercio. Pero el preventivo debe ser aceptado por los gremios y el Estado debe demostrar la crisis que lo lleva a desmantelar la agencia y a despedir masivamente. El otro dato importante en medio de las audiencias ministeriales es que la empresa está incumpliendo los fallos de reinstalación al no enviar a los despedidos telegramas rectificatorios, lo cual indica la decisión de apelar las sentencias judiciales. A horas de la llegada de la CEO del FMI a nuestro país, esta política es un tributo de Macri a la señora Lagarde para demostrar la vocación del gobierno de ir a fondo con el ajuste. Frente a la decisión patronal de mantener los despidos, la asamblea realizada en la agencia para evaluar la audiencia en Trabajo resolvió continuar con el paro y ocupación de Télam y potenciar el conjunto de iniciativas que brotan de la toma. Una gran cantidad de trabajadores de Télam se movilizó a la residencia presidencial de Olivos durante la conferencia de prensa para denunciar los despidos. Además, todos los días se realizan convocatorias de todo orden en la agencia. Una de ellas ligada nuevamente a la lucha por el derecho al aborto. Para el sábado 28, al cumplirse un mes de huelga, se está organizando un gran festival en la puerta de Télam. La firmeza demostrada en la lucha por los trabajadores de la agencia es la única garantía de que se reviertan los despidos de todos los compañeros.

El próximo 6 de septiembre se realizará el tercer acto de la disolución terminal de la CTA: las elecciones en la CTA de los Trabajadores, la facción liderada por Hugo Yasky. Será el último episodio electoral de una CTA despedazada, precedido por los comicios en la CTA Micheli y la CTA Perón. Para recuperar la central para los intereses de los trabajadores, los sindicatos, seccionales, agrupaciones y activistas combativos y antiburocráticos de la CTA han conformado una gran lista de frente único, encabezada por Daniel Rapanelli, secretario general del Suteba Ensenada. Rapanelli es secundado por Andrea Lanzette, también de Suteba. En la Ciudad de Buenos Aires, la 6 Multicolor está encabezada por dos dirigentes de la lucha de los trabajadores del Subte: Claudio Dellecarbonara y Christian Paletti, este último integrante de la Coordinadora Sindical Clasista-PO y de la agrupación Naranja del Subte. En la provincia de Buenos Aires, Graciela Calderón, del Suteba Matanza, encabeza la lista Multicolor, mientras Juan Carlos Moya, del Suteba Quilmes y dirigente de Tribuna Docente, es el candidato a secretario general adjunto. La Multicolor se presentó, además, en otras seis provincias: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Río Negro y Misiones. El aporte de la Coordinadora Sindical Clasista Las agrupaciones que integran la CSC-PO (Tribuna Docente, Tribuna Estatal, Tribuna de la Salud en Cicop, Judiciales en Lucha, la Naranja del Subte, la Naranja Universitaria y Actuemos) sumaron miles de candidatos en todas las listas provinciales, regionales y locales que presentó la Lista 6 Multicolor. La CSC-PO encabeza, entre otras, las provinciales de Córdoba, Mendoza, Tucumán, Río Negro y Misiones; las regionales y locales de provincia de Buenos Aires de Olavarría-Azul-Saladillo-25 de Mayo; General Pueyrredón (Mar del Plata-Balcarce-Mar Chiquita-Coronel Vidal); Mercedes-Luján, General Rodríguez, San Andrés de Giles; Matanza; La Plata-Ensenada-Berisso; San Martín; Morón-Ituzaingó; Lomas de Zamora; Florencio Varela; Almirante Brown; Esteban Echeverría - Ezeiza; Merlo-Moreno-Marcos Paz; Pilar; Escobar; Campana-Zárate, Florencio Varela y Bahía Blanca (esta última en disputa con la burocracia yaskista, porque la eliminó varias semanas después de la convocatoria oficial); las regionales de Rosario y Santa Fe Capital; y en Mendoza -aparte de la provincial-, Luján. Por una nueva dirección La dirección kirchnerista de la CTA-T de Hugo Yasky es la expresión más aguda de un sindicalismo amigo del poder y de las patronales. Durante doce años fueron aplaudidores seriales del gobierno K y sostenedores del proceso de destrucción de la educación pública, actuando como instrumentadores de las leyes antieducativas del gobierno anterior; colaboracionistas con las patronales como en el gremio del Neumático, hasta la recuperación del Sutna por parte de la combativa Lista Negra, encabezada por su actual secretario general, Alejandro Crespo. Hoy son un pivote estratégico de la gobernabilidad del plan de guerra de Macri y los gobernadores contra la clase obrera. Sus principales sindicatos, Ctera y Suteba, han aislado y entregado las luchas de los docentes de todo el país, como recientemente en Chubut. Ese derrotero es consecuencia de su integración sanguínea con el pejotismo, expresado en la decisión pública de Hugo Yasky de retornar a la CGT de la mano de los Moyano y compañía, , y en el operativo “2019” detrás del PJ-kichnerismo que ha sostenido toda la política de ajuste de Cambiemos. La Multicolor sustenta la lucha por una nueva dirección de clase y antiburocrática en la CTA; contra el acuerdo FMI-Macri-gobernadores; contra el pacto Macri-CGT y el colaboracionismo de todas las CTA; contra las cesantías y por la ocupación de toda repartición en la que se produzcan despidos masivos; por paritarias sin techo y por un salario igual a la canasta familiar e indexado por inflación; contra la reforma laboral; por la defensa de las jubilaciones y por el triunfo de la lucha de las mujeres para imponer el aborto legal, seguro y gratuito, así como por el paro activo nacional y el plan de lucha hasta obtener nuestros reclamos. Sumate a la campaña de la Lista 6 Multicolor, encabezada por Daniel Rapanelli como candidato a secretario general, y el 6 de septiembre votá y fiscalizá por una nueva dirección en la CTA y en todo el movimiento obrero.

Los Suteba combativos llevarán adelante un paro de 72 horas que coincidirá con el no inicio de clases votado por la docencia universitaria contra la paritaria salarial de miseria del gobierno. En contraste, la burocracia de Baradel desmontó un paro que había sido votado mayoritariamente en reuniones de delegados convocadas por la dirección celeste del Suteba. En efecto, el jueves 12 de julio, luego de casi tres meses de paritaria cerrada unilateralmente de parte de Vidal, la Celeste se vio obligada a convocar a reuniones de delegados para resolver un plan de acción. Las reuniones tuvieron lugar en un clima de bronca, que ya se había expresado el viernes 6 de julio con una rebelión docente ante el no pago del salario, en lo que fue un paro de hecho. La reacción se explica, además, porque Vidal está desenvolviendo un ataque histórico contra la educación: cierre de Bachilleratos de Adultos, de escuelas enteras, disolución de la educación especial, desmantelamiento de los Equipos de Orientación Escolar, intento de modificar el régimen laboral de los docentes de Educación Física y la validez de sus títulos habilitantes, reducción de las plantas funcionales de las escuelas. Es decir, reforma laboral, despidos encubiertos, desmantelamiento educativo y salario, congelados desde 2017. En este clima, las reuniones de delegados votaron mayoritariamente no iniciar las clases con 72 horas de paro con continuidad, lo que ya había sido resuelto por los Suteba Multicolores en sus asambleas. Frente al inmovilismo de Baradel y compañía, la base docente volvió a señalar un rumbo para quebrar la provocación de Vidal: ir resueltamente a la huelga. El viernes 13, en la reunión de secretarios generales, presionado por los Suteba Multicolores, Baradel aceptó votar las 72 horas de huelga sin condicionar su realización a lo que planteen los demás gremios del Frente de Unidad Docente (FEB, Sadop, Udocba, Amet). Marcha atrás Sin embargo, y apenas concluida la reunión de secretarios generales, Baradel anunció que no realizaría el paro ya votado, justificado en una convocatoria de último momento del gobierno para discutir paritarias el 23 de julio, con toda la docencia en receso invernal. En un hecho bochornoso, Baradel levantó un paro que jamás llegó a convocar. Colaboracionismo conciente La reunión de última instancia para enterrar la huelga ya votada se justificó en una resolución de la Justicia bonaerense que, en respuesta a un planteo presentado por el FUD, le exige a Vidal que convoque a los gremios. Una maniobra conjunta de la Justicia, la burocracia sindical y la patronal. Pero Vidal ya declaró lo que va a ofrecer: “en julio, los docentes van a cobrar con un 15% de aumento” (Diario Líder, 12/7). ¡La mitad de lo que Baradel reclama de palabra, y ni una sola vuelta atrás de todos los atropellos sufridos por la docencia! El levantamiento provisional del paro a expensas de lo que se discuta en la reunión paritaria del 23 es un golpe de toda la burocracia sindical del FUD a la tendencia a la huelga que anida en la docencia, que debemos derrotar redoblando la organización del paro de 72 horas. También un acto de divisionism, porque los docentes universitarios también han votado huelga de no inicio. Lo mismo han hecho los docentes de Ademys. Esta es la política sistemática de la dirección de Ctera desde el comienzo del año, resguardando la gobernabilidad de Macri y de los gobernadores. La última acción de salvataje fue la entrega, por parte de la dirección celeste de Atech, de la lucha de los docentes y estatales de Chubut, junto a todo el pejotismo de la CGT local: aceptaron el 15% de aumento ofrecido por el gobierno represor de Arcioni y desmontaron los paros en curso. Los Multicolores mantienen el no inicio El jueves 12, el plenario provincial de delegados convocado por los Suteba combativos votó llevar a cabo el no inicio, aún si la burocracia celeste lo boicoteaba. Si se empeñan en el levantamiento del paro, Baradel y el FUD pagarán caro su intención de quebrar la lucha de los docentes bonaerenses. ¡Sobran motivos y energías para salir a la huelga! Llamamos al conjunto de los trabajadores de la educación a organizar y garantizar el no inicio con continuidad desde el próximo 30 de julio.

El FMI dio a conocer los detalles del plan de ajuste que exige a la Argentina, como condición para la línea de “asistencia” (desembolsos parciales), anunciada hace más de un mes. Esta “letra chica” anticipa un cimbronazo contra trabajadores y jubilados: • el Fondo exige el recorte de los empleados públicos “no prioritarios”, un término suficientemente vago como para meter en la bolsa a miles de trabajadores estatales. Si se tiene en cuenta la elevada precarización del empleo público -una “herencia recibida” del kirchnerismo-, el macrismo podrá servirse del mero vencimiento de contratos para dejar sin trabajo a muchos de los que hoy revistan en el Estado; • para estos mismos estatales, el FMI receta un aumento nominal máximo del 8% en sus salarios. Por caso, y si el gobierno lograra la “hazaña” de bajar la inflación de 2019 al 17 ó 20%, ello implicaría una caída de los salarios del Estado de unos 10 puntos, a lo que se suma un 10 ó 15% de pérdida del poder adquisitivo del año en curso. De ese modo, maestros, empleados y trabajadores de la salud pública habrían perdido la cuarta parte de su salario en dos años; • el FMI vuelve con la ‘recomendación’ de rematar el Fondo de Garantía de la Anses, para usarlo en el pago de deudas por juicios jubilatorios. Pero con ese fin, el gobierno había impulsado un megablanqueo, revelando que esos fondos se están utilizando con otros fines. El remate del Fondo de Garantía, ni qué decirlo, prepara las condiciones para una nueva reforma previsional, que eleve la edad jubilatoria y abra paso a una reprivatización del sistema; • el texto prevé la venta de tierras públicas para cubrir las “necesidades de financiamiento” (pago de deuda). Ratifica, por lo tanto, una orientación que también viene cabalgando desde el gobierno anterior: el remate del suelo en favor de grupos privados, que se lleva adelante desde la creación de la Agencia de Bienes del Estado, bajo la administración de CFK; • el Fondo reclama que prosiga la reducción drástica de subsidios a la energía -o sea, nuevos tarifazos en puerta. A su turno, emplaza al gobierno a avanzar en el ajuste a las provincias, del orden de los 150.000 millones de pesos para 2019. Abriendo el paraguas Varios observadores alertaron sobre la demora incurrida por el Fondo en dar a conocer este texto, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde el anuncio del acuerdo con el gobierno. Según parece, varios miembros de su directorio pusieron en tela de juicio la ‘sustentabilidad’ del plan de ajuste, al observar que ni el anuncio del acuerdo con el FMI había logrado frenar la corrida cambiaria y la caída de todos los activos argentinos, desde las acciones hasta los títulos públicos. Esa desconfianza en el rumbo oficial ha quedado estampada en esta letra chica y su pronóstico sobre el supuesto rescate de Argentina. El documento señala que “persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda” a causa de “la gran participación de la deuda en moneda extranjera” y las “grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda” (sic). El FMI no se priva de promover una brutal exacción contra trabajadores y jubilados… pero sin la menor expectativa de eximir a la Argentina de una cesación de pagos. Más bien, abre el paraguas en relación con un defol, y llama a cuidar… al propio FMI, cuya “liquidez podría quedar comprometida” por el elevado monto del programa de “socorro” a la Argentina. Con este argumento, el Fondo endurecerá las condiciones para los próximos desembolsos prometidos al país. Los choques que se vienen Más allá de los ataques a los trabajadores, el memorándum abre un frente de crisis al interior de la burguesía, de la coalición de gobierno y -en general- de todos los bloques capitalistas, cuando plantea frenar la baja de las retenciones al agro e incluso congelar las reducciones previstas en los aportes patronales y otras rebajas de impuestos, en nombre del ajuste fiscal. De este modo, la frazada chica de la bancarrota nacional “destapa” parcialmente a los sojeros y a la gran burguesía, en aras de asegurar el pago de la deuda. Además de augurar choques de fondo con los explotados, el plan fondomonetarista será un factor de desintegración de la base social del gobierno. Por lo pronto, una parte de la UCR -fogoneada por los gobernadores de Mendoza y Jujuy- ha salido a pedir que no sigan bajando las retenciones, entrando en choque con los radicales ligados a la ‘pampa húmeda’. La prometida reducción de ingresos brutos en las provincias, prometidas en el pacto fiscal de fines de 2017, también entró en un cono de sombras. En medio de estas tendencias disgregadoras, el FMI se preocupa por la “habilidad del gobierno para (que) las medidas que requieren sean aprobadas por el Congreso”. El FMI advierte, entonces, sobre un posible defol político del gobierno. Y exige un acuerdo -al menos- parlamentario en torno del ajuste, que es lo que se ha empezado a tejer en las negociaciones con gobernadores respecto del Presupuesto 2019. En estas discusiones, los gobernadores defienden las prebendas de sus lobbies capitalistas, como los regímenes impositivos especiales. Pero están dispuestos a entregar el salario y el derecho al trabajo de miles de estatales, así como las conquistas previsionales de sus cajas. Dejar hacer el “trabajo sucio” No puede dejarse pasar, en este cuadro, el completo silencio de Cristina Kirchner en relación con el plan fondomonetarista. Muchos de sus enemigos -y también de sus aliados- lo atribuyen a una “táctica genial” para cargarle al macrismo el costo y la responsabilidad de la crisis. Pero lo que esto quiere decir, si se interpreta bien, es que el kirchnerismo no tiene la menor voluntad política de interferir en el ‘plan de guerra’ contra las masas. Los K no quieren derrotarlo, sino ofrecerse como alternativa o relevo una vez que el macrismo haya realizado el “trabajo sucio” del ajuste. En esa orientación, los K buscan alguna combinación política con el elenco de gobernadores y parlamentarios pejotistas que han caucionado al gobierno desde 2016 hasta hoy. Pero a pesar de los que llaman a no hacer olas “hasta 2019”, la crisis nacional acelera su ritmo. El gobierno busca contener la fuga de capitales y una nueva corrida a costa de un endeudamiento recontrausurario y de muy corto plazo, lo que acentúa la recesión económica y desata los primeros síntomas de fractura en la cadena de pagos. Los nuevos tarifazos en puerta, junto a los despidos y la carestía, refuerzan la olla a presión de la insatisfacción popular. En abierta contradicción con ello, la burocracia sindical sigue la ruta de los bloques patronales y sus diferentes modalidades de colaboración con el ajuste. El triunvirato de la CGT ha autoprorrogado su mandato para la colaboración indefinida con el gobierno. Las CTA, en sus diferentes versiones, le mandan “cartas a Mrs. Lagarde”, pero no han anunciado la menor iniciativa de lucha de cara a los despidos anunciados de estatales. Es necesario que los trabajadores y sus organizaciones se pongan de pie para derrotar esta escalada sin futuro sobre el país y sus trabajadores. La oposición entre la escalada oficial y la pasividad de la burocracia plantea con más fuerza aún la lucha por un Congreso de delegados con mandatos de asamblea de todos los sindicatos, para resolver una lucha a fondo contra el plan de guerra de Macri y el FMI, comenzando por un paro activo de 36 horas. La bancarrota nacional, a su turno, plantea toda una agitación por una salida obrera a la crisis: repudio de la deuda usuraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior, reorganización económica integral bajo la dirección de los trabajadores. Los trabajadores de Argentina deben mirarse en el espejo de un continente convulsionado por la crisis capitalista y la rebelión popular, empujada por las medidas de guerra contra los trabajadores, como la reforma previsional (Nicaragua) o los tarifazos (Haití, Panamá). En esa perspectiva convulsiva debe considerarse la crisis del macrismo.

El debate sobre el aborto coloca diferentes cuestiones a desarrollar y a poner en cuestionamiento. Por caso, abre las puertas a una militancia por la separación de la iglesia del Estado, un acto de clarificación política frente a las fuerzas políticas que han fomentado la presencia del clero en la vida social y pública. La objeción de conciencia y la objeción por ideario institucional sin lugar a dudas es otro de esos temas. Hemos hablado de la cuestión y aportamos a clarificar lo que ocurre hoy al respecto. El articulado de la ley que debe aprobarse en el Senado el 8 dice en su artículo 15: “ ...Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”. Esta oración desató la queja de la mayoría de las clínicas privadas. Es que actualmente las clínicas privadas y sanatorios gozan de las más absoluta libertad de empresa, por ejemplo, para no cumplir con la realización de abortos no punibles. Para respaldar esta protesta, la CGT salió a repetir la falacia de que las obras sociales no podrían cubrir los costos. Pero las obras sociales sindicales ya no funcionan más con prestadores propios, sino que tercerizan sus prestaciones con esas mismas clínicas. Con su postura, el Consejo Nacional de la CGT se pone del lado de las empresas y el clero, y contra las mujeres trabajadoras. La solidaridad con las empresas privadas de salud también partió desde quienes se ubican en el campo de la defensa del aborto legal, como ocurre con Miguel Angel Pichetto. Lo hizo bajo la forma de un aparente acto de progresismo, que incluso varias del movimiento de mujeres defienden. Pichetto dijo que no debían existir los objetores en hospitales públicos. y sí en el sector privado. Clarito. No se trata de discutir si una creencia religiosa puede obstaculizar una práctica en salud, sino de dar libertad a la empresa para convertir a todo el personal en “objetor” en el caso de que el dueño así lo quiera, o en caso de que económicamente le convenga. Venta de niños Otro debate, en torno de una cuestión largamente denunciada por nuestro partido, es el del negocio de la venta de niños detrás del fanatismo de algunos sectores por obligar a que las mujeres lleven adelante gestaciones. Hace varios años denunciamos el robo de un bebé de una compañera del Polo Obrero de Santiago del Estero, justamente con esta finalidad. La Fundación Adoptar de Tucumán llevó adelante fundamentadas denuncias contra el jefe de la diócesis de Añatuya, el cura fascista Antonio Baseotto, quien fuera absuelto de una acusación largamente extendida en esa zona -el tráfico de niños. Este cura y sus monjitas protagonizaron durante 30 años una verdadera asociación para quitarle a las mujeres pobres sus hijos. Ello fue posible porque los gobiernos de la provincia le transfirieron al propio clero las funciones educativas y de salud de esa zona con el aval del Estado. A pocos kilómetros de allí, se produjo el escandaloso desfile militar de niños con pañuelos celestes organizado por el cura Lombardo, otro fascista que también tiene el poder total en la región. Los propios lugares que el obispo Carrara dice que abrirán en villas y barrios carenciados para contener a las embarazadas en crisis con sus gestaciones, no son más que una copia de los lugares de “contención” que el propio Baseotto en nuestro país, o Teresa en Calcuta, gestionaban, obteniendo así un enorme poder sobre personas desesperadas y vulnerables. En “El cuento de la criada”, nada fue inventado. Hace un par de años, el descubrimiento de una fosa común de fetos y niños junto a una iglesia irlandesa puso de relieve que en esa iglesia parían niños, práctica que -calculan- sucedía desde antes de la década del ‘50. Mientras escribimos esta nota, a la más perversa de las abanderadas de la doctrina católica y que alcanzó mayor relieve internacional por su predicamento de resignación para los más pobres, la monja Teresa de Calcuta, se le abrió una investigación, justamente por la venta de bebés. El campo del aborto clandestino, es un terreno donde prolifera la perversión, la oscuridad y el máximo símbolo del sometimiento de clase a las mujeres más pobres. Ese campo es el que necesitamos combatir con nuestra organización luego de que con ella misma logremos la sanción de la ley. Te puede interesar: No al operativo de modificación de la ley de aborto

Con su visita a la Argentina, la presidenta del FMI viene a refrendar el plan de miseria social y entrega nacional que ha pactado con el gobierno de Macri. Entre otras medidas, impulsan despidos masivos y reducción del salario real de docentes y estatales; la liquidación del Fondo de Garantía del Anses y la acentuación de los tarifazos, para asegurar el pago de una deuda usuraria y fraudulenta. Este ajuste brutal pretende salvar al gobierno de Macri de la quiebra a la que ha conducido su propia política. Pero hasta el mismo FMI reconoce que la deuda argentina es impagable. El Frente de Izquierda denuncia la connivencia y complicidad de la oposición patronal que, desde las gobernaciones y el Congreso, está pactando con el gobierno esas medidas de ajuste, y sólo pretende eximir de ellas a los sectores capitalistas a los cuales responden. En la misma línea, la burocracia sindical, en todas sus vertientes, no ha anunciado la menor respuesta de lucha ante los anuncios del FMI, por el contrario le han pedido una entrevista a la directora del FMI. El Frente de Izquierda sostiene que sólo los trabajadores, con un programa propio y con su lucha, pueden darle una salida a esta crisis. Por eso planteamos: no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y el comercio exterior, por un plan económico de los trabajadores. Ningún despido, reapertura de las paritarias e indexación mensual de los salarios; 82% móvil y aumento de emergencia para los jubilados. Por un inmediato paro activo de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores. Al sometimiento imperialista que encarna el G20, le oponemos la unidad internacional de la clase obrera, por el gobierno de trabajadores y el socialismo. Por todo esto, el FIT se concentra, junto a otras organizaciones, el sábado 20 a las 12 horas, en Las Heras y Pueyrredón, para marchar desde allí al Centro de Convenciones donde se reunirá Lagarde con Macri y miembros del gobierno.

La presidenta del FMI, Christine Lagarde, aterrizó en la Argentina para bendecir el plan antiobrero y antinacional que ha pactado con el gobierno de Mauricio Macri. Ese plan incluye miles de despidos y la reducción del salario de estatales; el saqueo de los fondos jubilatorios, el ajuste a las provincias y la continuidad de los tarifazos. Todos estos recortes irán al rescate de la deuda fraudulenta con los usureros internacionales, la misma que el macrismo y los que gobernaron antes contrajeron y pagaron. Pero el propio FMI advierte que ¡“la deuda argentina no es sustentable”! Quieren condenarnos a un despojo sin futuro, que no le evitará al país una nueva cesación de pagos. Lagarde y Macri han salido a buscar el aval de los seudo-opositores. Los mismos que, desde el Congreso y las gobernaciones, vienen aprobándole al gobierno todas sus leyes confiscatorias. Nos han declarado la guerra a los trabajadores. Pero una vez más, la burocracia sindical ha sido “la última en enterarse”. Ello vale para el triunvirato de la CGT, que se autoextendió el mandato por dos años… para seguir colaborando con el gobierno. Y también para los Moyano o Yasky, quienes llaman a “votar bien” en 2019 -o le mandan “cartas al FMI”-, mientras los despidos y la caída del salario están en el orden del día. A pesar de ellos, los trabajadores luchan por abrirse paso y darle una salida propia a la crisis nacional. Por eso, los docentes de diferentes niveles discuten no iniciar el cuatrimestre, en defensa de sus salarios. Por eso, sigue la lucha de Télam y la de los compañeros de la refinería bahiense Loma Paraguaya, contra los despidos. La burocracia no puede decidir por nosotros. Luchemos por un Congreso de delegados con mandato de asamblea de todos los sindicatos, por la reapertura de las paritarias y la indexación mensual de los salarios. Ningún despido, ocupar toda fábrica o repartición que cierre o despida. Aumento de emergencia y el 82% a jubilados. Por un paro activo de 36 horas y un plan de lucha hasta derrotar la escalada de Macri y el FMI. A la bancarrota nacional provocada por los capitalistas y sus gobiernos, opongámosle una salida de los que viven de su trabajo: repudio de la deuda usuraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior, reorganización económica sobre nuevas bases, gobierno de trabajadores.

En los últimos días, la Campaña Financiera ha tomado impulso en el conjunto del país, y se van cumpliendo los objetivos que hemos planificado. De la mano de las actividades en diferentes locales, como las que se realizaron en Capital, y la reinauguración del local de La Plata, con más de 200 compañeros, la Campaña Financiera involucra a un gran número de simpatizantes y nuevas relaciones, que van comprometiendo su aporte. Estas actividades son parte de una grilla que se va desarrollando en todo el país. En los locales de la zona norte del Gran Buenos Aires se han planificado almuerzos que servirán para recolectar aportes y para presentar el reciente libro El renacimiento de la Internacional. En el oeste se están desarrollando encuentros de cine- debate y actividades de la UJS, convocando a compañeros de los diferentes colegios, terciarios y universidades, para que sumen su aporte. Las actividades de la UJS están transformando a la Campaña Financiera en popular en un gran sector de la vanguardia juvenil. El ultimo fin de semana, más de 500 compañeros participaron de una fiesta convocada por la UJS, recaudando una gran cantidad de aportes. El Polo Obrero en todo el país, está desarrollando actividades a las que se suman gran cantidad de compañeros de los barrios. Próximamente, los compañeros de Mendoza capital, reinaugurarán su local y esperan convocar a decenas y decenas de compañeros, muchos de ellos jóvenes que se acercaron a raíz de la campaña por el aborto legal, pero también a los que han sido -y son parte de las listas de la CTA en los gremios estatales. En los diferentes gremios, y después del gran plenario de Lanús y la movilización del 12, se abre camino el aporte de los compañeros en los lugares de trabajo; ya hay reuniones planificadas en las diferentes fábricas del Neumático y en las alimenticias de la zona norte (donde, además de los aportes, se impulsan colectas en los sectores), así como en las gráficas -donde Morvillo, en la zona sur, encabeza la juntada de aportes. Decenas de compromisos se están haciendo efectivos en los gremios y muchos más compañeros se comprometen a aportar con la fecha del próximo cobro. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se han planificado recorridas en el subte, y en las diferentes dependencias estatales. Esto se suma a los compañeros docentes, que después del receso invernal comprometieron su aporte. La Campaña Financiera está tomando impulso. ¡Sumá tu aporte!