Prensa Obrera N° 1510

Uno de los destinatarios principales de la escalada comercial de Trump es la zona euro y en especial Alemania, a la cual acusa de acumular un superávit inaceptable. Lo que fue exhibido como uno de los puntos fuertes del país germánico, se está convirtiendo en su Talón de Aquiles. En las últimas décadas, en particular desde la conformación de la Unión Europea, el ingreso nacional de Alemania depende cada vez más del comercio exterior. La contribución de las exportaciones al PBI asciende al 50%, lo que ha transformado a Berlín en una economía extremadamente vulnerable. Si hay un país europeo dañado por la guerra comercial lanzada por Trump, ése es Alemania. Además del acero y el aluminio, Estados Unidos amenaza ampliar el listado de productos que se verían afectados por una suba de aranceles. Es el caso de los automotores y equipos electrónicos, lo cual afectaría al corazón de las exportaciones alemanas. Hay quienes pronostican que ello podría provocar miles de despidos en las automotrices, empezando por la emblemática Volkswagen. El abandono de Estados Unidos del pacto con Irán ha abierto otro capítulo de este enfrentamiento. La Casa Blanca amenaza con adoptar represalias y sanciones contra las empresas europeas que mantengan vínculos comerciales o tengan inversiones en aquel país. Esto vale para varias corporaciones alemanas que aprovecharon el acuerdo para radicarse en territorio iraní. La reforma tributaria de Trump, a su turno, no sólo alienta la repatriación de capitales con asiento en otras plazas sino que coloca recargos impositivos a las empresas extranjeras. Esto ha perjudicado la operatoria de diferentes corporaciones germanas, entre ellas, al Deutsche Bank, que tuvo que reportar pérdidas por casi dos mil millones de dólares de sus sucursales en territorio norteamericano. Desintegración de la Unión Europea Este escenario potencia las tendencias a la desintegración de la Unión Europea. Alemania ha sido la principal usufructuaria de la zona euro, a expensas de las naciones más débiles. Bajo el paraguas de la Unión Europea se han acentuado los desequilibrios económicos entre sus miembros. El superávit comercial alemán ha tenido como contrapartida crecientes déficits de las otras naciones. Esta se ha vuelto una hipoteca insostenible, alentando las tendencias nacionalistas y el separatismo. La tendencias centrífugas expresadas en el Brexit se replican con fuerza en Italia. Allí, la nueva coalición de gobierno de la derecha y 5 Estrellas, tiene en carpeta un plan B que prevé la circulación de una moneda paralela al euro, el cual seguiría operando como unidad de cuenta de activos y patrimonios financieros, pero para reemplazarla en el momento oportuno y poner fin a la unidad monetaria de la zona. La bancarrota capitalista viene demoliendo todo el edificio institucional montado por el imperialismo, alentando la fractura del mercado mundial y la disolución de la Unión Europea. Esta crisis de la Unión Europea ha abierto una deliberación a su interior, planteando cambios en su estructura. La tentativa de avanzar hacia una unión bancaria y fiscal choca, sin embargo, con la negativa de Alemania. La coalición gobernante rechaza este esquema que implicaría más costos que beneficios. No quiere saber nada con compartir el riesgo de la deuda pública de otros países, lo que constituiría un mecanismo de transferencia de recursos de Alemania en favor de las naciones más vulnerables. Se opone a establecer una unión fiscal, incluidas las propuestas de un presupuesto y un Ministerio de Hacienda comunes. Con el mismo criterio, son reacios a profundizar una unión bancaria, sin antes haber saneado los balances de los bancos de todos los países miembros de la zona euro, sobre todo, si se pretende establecer una garantía de los depósitos común. Algunas preocupaciones del gobierno alemán son compartidas por los otros países europeos que abogan por una estricta disciplina fiscal, como los Países Bajos, Irlanda, Suecia, Noruega y Finlandia. Quiebras bancarias Por otra parte, el gobierno alemán pretende reservar los recursos para el rescate de sus propios bancos. Es que el Estado germano es el que inyectó más fondos en la crisis financiera iniciada en 2008 para el salvataje de sus corporaciones. Hoy, el conjunto de la banca alemana está en terapia intensiva, y el Deutsche Banck acumula tres años seguidos de pérdidas en sus balances, lo que ha provocado la renuncia de su CEO y el derrumbe de sus acciones al punto más bajo de la última década. Ello se relaciona con la reticencia de la burguesía alemana a un recate de la Unión Europea de características más generales, pues especula con apropiarse de la banca europea en crisis y reforzar el proceso de concentración económica y financiera bajo su tutela. Ello echa leña al fuego de las rivalidades con sus socios de la Unión Europea y aviva los reflejos defensivos de la burguesía de dichos países. Con el derrumbe del Deutsche Bank, asoma el fantasma de un nuevo Lehman Brothers. Se pone de manifiesto la fragilidad de la principal potencia de Europa y de un modo general, de la economía mundial, que no ha logrado revertir la bancarrota capitalista que viene arrastrando desde hace una década. La suma de los activos tóxicos del Deutsche es varias veces superior al PBI alemán y su alto grado de apalancamiento la sitúa como uno de los principales riesgos sistémicos de la economía alemana y europea. Es una de las instituciones con mayores tenencias de bonos de Italia, cuyo valor vienen cayendo en picada. Alemania, que es exhibida como la economía “modelo”, se encuentra sentada en una bomba de tiempo. La tensión social, a su turno, crece. Es cierto que Alemania exhibe el nivel de desocupados más bajos de Europa, con excepción de la República Checa. Pero una parte importante de la fuerza de trabajo reviste un carácter precario y con salarios de pobreza. Quienes trabajan bajo ese régimen no pueden permitirse ser propietarios de su vivienda y dependen de los subsidios estatales a pesar de estar trabajando. La principal razón por la que Alemania se volvió “más competitiva” comercialmente fue por la baja de los salarios. Polarización y crisis de régimen Casi treinta años después de la reunificación alemana, las diferencias entre el Este (lo que en su momento fue la República Democrática Alemana) y el Oeste, siguen siendo notables. “Oficialmente”, el desempleo de la antigua Alemania Oriental sigue siendo el doble que en la parte occidental del país -pero estas cifras, en la realidad, son sensiblemente mayores. El PBI per cápita en el Este tiene una desventaja del 26% respecto al Oeste. La gente que vive en las regiones del Este tiende a emigrar al Oeste porque hay mejores perspectivas laborales y los salarios son más altos. En el Este no hay grandes empresas y no se estableció ninguna desde la reunificación. Este deterioro ha terminado por horadar al régimen político. Así se ha expresado en el derrumbe electoral de los dos partidos principales del sistema, que hicieron el año pasado la peor elección de su historia, que tuvo lugar a finales del año pasado. Entre los conservadores de Merkel y la socialdemocracia apenas lograron sumar al 50% de los electores. Alemania pasó varios meses sin que se pudiera formar gobierno, lo que se resolvió a través de una coalición precaria entre ambos partidos, que anda a los tumbos. Ahora, el gobierno encabezado por la otrora dama indiscutida, tambalea. Como contrapartida, asistimos al crecimiento de la derecha con el ascenso de Alternativa por Alemania (ADF), que reivindica la tradición del nazismo. La corriente reaccionaria recluta especialmente una adhesión en sectores desempleados y empobrecidos en los Estados del Este. La derecha viene promoviendo una campaña contra los inmigrantes, a quienes culpan de la crisis social y política. Pero lejos de ello, el hundimiento del régimen político responde a una crisis de fondo, que hunde sus raíces en la desintegración y fractura de la Unión Europea y de la zona euro. La cruzada contra los inmigrantes no es otra cosa que un recurso demagógico prefacista para desviar el descontento popular contra la miseria creciente. La crisis política, de todos modos, contagia a todas las clases sociales y también se extiende a los trabajadores. Hay un clima creciente de insatisfacción y malestar en la clase obrera, que viene siendo afectada por un retroceso de sus salarios y de sus condiciones de vida. En este cuadro viene de estallar a comienzos de este año la huelga de los metalúrgicos, que ha paralizado las principales empresa del sector, en primer lugar las automotrices. Ingresamos en una etapa más convulsiva de la lucha de clases en Alemania, que plantea con más fuerza la necesidad de resolver la crisis de dirección de la clase obrera y poner en pie un partido revolucionario.

Apareció El renacimiento de la Internacional , que a lo largo de casi 200 páginas recoge las principales conclusiones y documentos de la Conferencia Internacional desarrollada el 2 y 3 de abril en Buenos Aires por el PO, el PT de Uruguay, el EEK de Grecia y el DIP de Turquía. En aquella conferencia, que finalizó con un acto internacionalista en la Facultad de Ciencias Sociales el 7 de abril, participaron también compañeros de Brasil, Perú, Italia, Francia y Rusia, y recibió el saludo de organizaciones de otros numerosos países. El libro muestra las conexiones entre la crisis capitalista, las guerras y las rebeliones. “La guerra no es un ‘accidente’ del proceso político actual -se dice en el prólogo-. La guerra, por un lado, y la revolución, por el otro, son dos extremos del estallido de la sociedad capitalista”. El análisis del estado actual de la restauración capitalista en China y en Rusia es integrado a ese enfoque global, toda vez que “la recolonización de los viejos espacios ‘socialistas’ acentúa la rivalidad para apropiarse de sus recursos” por parte de las grandes potencias. En el caso de América Latina se examina con detenimiento una transición caracterizada por el ocaso de los regímenes “nacionales y populares” y la fragilidad de los regímenes políticos derechistas que los han relevado (basta ver la caída de Kuczynski en Perú). La gran cantidad de fotografías, mapas, testimonios y comentarios son una gran ayuda para el lector y le dan al material mayor agilidad y dinamismo. El renacimiento de la Internacional es un aporte a la lucha revolucionaria de los trabajadores. Conseguílo en los locales del PO, compralo online o descargalo en formato digital .

Versión en Inglés El anuncio del aumento de las tarifas del combustible y el querosén desataron, el pasado viernes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, una insurrección de masas. El gobierno había anunciado la entrada en vigor un tarifazo del 37% de la gasolina, de un 40% en el diesel y más de un 50% en el querosén (utilizado comúnmente para iluminar y calefaccionar los hogares). Las medidas formaban parte de un paquete de ‘ajustes’ firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero pasado. La Policía Nacional se encontró totalmente desbordada por la magnitud del levantamiento. Un policía murió linchado y un guardia de seguridad murió calcinado dentro de su propio vehículo. Los incendios de vehículos, las barricadas y los saqueos rápidamente se extendieron por toda la capital y diferentes puntos del país. A pesar de que el sábado, el presidente Jovenel Moïse y el primer ministro anunciaron que daban marcha atrás con los aumentos, las protestas continuaron. El domingo alcanzaron la ciudad de Cabo Haitiano (norte), Les Cayes (sur) y Malpasse (sureste), fronteriza con República Dominicana, donde fueron incendiadas las oficinas aduaneras. Los sindicatos de transportistas convocaron a una huelga para el lunes y el martes, que ha paralizado a las principales ciudades. Bronca Las brutales condiciones de miseria y atraso a las que son sometidas las masas haitianas no tienen parangón. Según datos de la ONU, más del 80% de la población sobrevive con menos de 2 dólares diarios y un 63% no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentos. Según estadísticas del Banco Mundial, sólo el 2% de sus habitantes gana por encima de los 10 dólares diarios. La infraestructura ultra-precaria hace de Haití una nación extremadamente vulnerable a las catástrofes naturales. El terremoto de 2010 se cobró 300 mil vidas, el paso del huracán Matthew casi mil. Sin embargo, su vecino República Dominicana, en la misma isla, que cuenta con casi la misma cantidad de población (10 millones de habitantes), no registró ninguna muerte producto del terremoto y, aunque sufrió el paso de Matthew en menor intensidad, sólo consignó cuatro muertos. Semejante situación social es una olla a presión. En 2004, tras el golpe de Estado perpetuado contra el gobierno de Jean-Bertrand Aristide (calificado como ‘populista’), se conformó la Minustah, una fuerza militar encabezada por tropas de Brasil (Lula) y Argentina (Néstor Kirchner) con lacolaboración de todos los países latinoamericanos, a excepción de Venezuela y Cuba, e incluso con la participación de China. El financiamiento de esta fuerza de ocupación corrió a cargo de la ONU -o sea de las potencias imperialistas. La “misión de paz” rápidamente se convirtió en el centro de la bronca popular y del repudio internacional. La Minustah protagonizó abusos de todo tipo, incluidos escándalos de explotación sexual de menores, y fue responsable una epidemia de cólera que afectó a 800 mil haitianos y provocó diez mil muertos. Esta experiencia de horrores llevó al suicidio a un general del ejército de Brasil. Superexplotación capitalista Haití no solamente es un paraíso de la superexplotación capitalista, concentrada en un reducido núcleo de exportadores. El terremoto de 2010 fue aprovechado para impulsar el gran negociado la “reconstrucción”. Lo mismo ha ocurrido en Irak y es lo que figura en la agenda acerca de la “normalización política” en Siria. La “ayuda humanitaria” fue la ocasión para gigantescos hechos de corrupción y de lavado de dinero. Envolvieron a grandes grupos multinacionales, a la Cruz Roja Internacional y a los “arquitectos” del esquema -el matrimonio Clinton. Los escombros tardaron años en removerse y miles de personas que perdieron su hogar durante el terremoto siguen viviendo en campamentos de refugiados. Una parte importante de los fondos de “reconstrucción” fue destinada a erigir nuevos hoteles de lujo para el turismo y de zonas francas industriales en condiciones de trabajo que lindan con la esclavitud. Los 30.000 trabajadores -casi dos tercios, mujeres- de las plantas que funcionan en las zonas francas se dedican fundamentalmente a la confección de vestimenta para firmas como las estadounidenses GAP, Levi’s y Walmart. Se incumplen las leyes que regulan las condiciones de trabajo, las jornadas de trabajo son extenuantes y ni siquiera se respeta el miserable salario mínimo fijado por ley de 4,84 dólares por día. Por otro lado, la explotación de los recursos naturales no cuenta con ninguna regulación. La deforestación ya es casi absoluta (se calcula que sólo queda un 2% de superficie boscosa original). Ahora, el gobierno ha otorgado grandes exenciones impositivas a las empresas mineras para la explotación a cielo abierto. Los recursos mineros de Haití se han calculado en 20.000 millones de dólares. Inversores estadounidenses y canadienses han gastado más de 30 millones de dólares en los últimos años en perforaciones exploratorias y otras actividades relacionadas con la minería. Miles de haitianos han emigrado a Estados Unidos y otros países, donde ofician como una reserva de mano de obra precarizada. Esto no impide que remesas que los haitianos en el exterior envían a su país representen el 22,4% de su bajísimo PBI. Sogebank, uno de los bancos más grandes, opera como agente local de Western Union y monopoliza el mercado formal de remesas, con comisiones abusivas. Persiste el empleo generalizado de menores en el servicio doméstico, conocidos como restavèks, en su mayoría niñas. Si bien no hay cálculos precisos, algunos estiman que entre 225.000 y 300.000 niños trabajan como restavèks. A menudo, estos menores no reciben pago alguno y, por supuesto, no tienen acceso a educación. Son abusados física o sexualmente. Además, muchos menores son víctimas del tráfico de personas o utilizados en el contrabando de armas o de drogas. El actual gobierno asumió después de un proceso eleccionario sumamente fraudulento, postergado durante dos años y en el cual participó sólo el 20% de la población. Entre otros compromisos internacionales, asumió reconstruir el ejército nacional para permitir la salida de las tropas extranjeras, cuyo financiamiento se calcula en miles de millones de dólares. En este contexto la Minustah fue sustituida por una nueva fuerza militar de la ONU, la MINUSTJUTH, una fuerza más reducida, con la cual también colabora la Gendarmería de Argentina. La cuestión de la dirección política De acuerdo con la evaluación de periodistas en el terreno, la insurrección no tiene coordinación y carece de dirección política. Fue precedida, sin embargo, por una huelga general lanzada por los sindicatos, pero obviamente sin dirección estratégica. Esto significa, en primer lugar, que el “populismo” en Haití, históricamente muy fuerte entre las masas, no ha desarrollado ningún trabajo de preparación política y que está ausente en el levantamiento, en su condición de tendencia política. Es probable que sea convocado por el imperialismo, como ha ocurrido en el pasado, cuando se fue desintegrando la dictadura de los Duvalier, padre e hijo, para desviar el movimiento popular hacia “canales institucionales”. Es lo que ha ocurrido repetidamente en América Latina. Las masas haitianas están excluidas de la educación formal, pero no por ello son menos politizadas. Llevaron al gobierno al sacerdote Aristide, que fracasó en forma miserable, luego de actuar como correa de transmisión del partido Demócrata de Estados Unidos y de la familia Clinton, para poner un freno a las insurrecciones de hace dos décadas. El año pasado, los sindicatos declararon una huelga general, sin que la prensa internacional prestara la menor atención, para reclamar el aumento del salario mínimo. Por otro lado, se ha abierto una ‘grieta’ en el gobierno, cuyo ministro de Comunicaciones, desmintió al Presidente acerca de retrotraer las tarifas al nivel precedente. La crisis de dirección de la insurrección haitiana pone de nuevo en agenda la responsabilidad política del conjunto de la izquierda de lucha de clases y de todo el activismo combativo en América Latina. Es necesario un frente único a escala continental para apoyar las insurrecciones (Haití), levantamientos populares (Nicaragua), la necesidad de una salida obrera al derrumbe social (Venezuela) y las crisis de conjunto de todos los regímenes políticos de América Latina, en la perspectiva estratégica de un gobierno de trabajadores y la Unidad Socialista de América Latina. La intervención en la crisis de conjunto de los regímenes políticos patronales en América Latina, “neo-liberales” y “populistas”, y en las luchas de los obreros y campesinos, está claramente en la agenda. La crisis mundial, por un lado, y la movilización popular, por el otro, han abierto perspectivas revolucionarias que deben ser preparadas políticamente. El gobierno actual de Haití es el resultado de elecciones fraudulentas, en las que obtuvo un cuarto de los votos. Frente a este desplome planteamos: por gobiernos de trabajadores (obreros y campesinos) y la Unidad Socialista de América Latina. En Haití, concretamente, se plantea: retiro inmediato de la MINUSTJUTH. Fuera las tropas argentinas de Haití. Confiscación de la gran propiedad agraria, de los monopolios de exportación y de los bancos. Por el control y la gestión obrera colectiva. Convertir a la huelga general en indefinida. Elección de un Comité nacional de Huelga. Formación de milicias obreras y campesinas.

El tratamiento del aborto está provocando un tembladeral al interior de los bloques políticos, y particularmente del bloque gobernante. El entrecruzamiento del tema con la crisis política y económica es total. El problema de la legalización del aborto va de la mano de los pedidos de postergación del pacto fiscal que están haciendo las provincias o de los realineamientos macro-pejotistas, que encabezan los ultracatólicos Vidal y Larreta. La Iglesia se sirvió de los actos patrios para bramar contra la legalización. El novel obispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández, llegó a reclamar un veto presidencial en caso de una aprobación, algo que rápidamente fue rechazado por el jefe de Gabinete. La “grieta” entre ambas posiciones enfrenta a facciones de un gobierno jaqueado por el desmadre económico, y que no logra disciplinar ni a sus propias filas. Lipovetzky parece preparar un recule moderado, mientras Larreta retrocede al medioevo y consagra “a la Ciudad al corazón de María y Jesús”. También hubo un cruce en el PJ del Senado, cuando José Mayans desautorizó al jefe de su bloque, Pichetto. Pañuelazo en la CGT Por su parte, la CGT volvió a hacer declaraciones contrarias a la legalización del aborto, relativas a las crisis de las obras sociales y los costos de la práctica, lo que provocó la inmediata convocatoria a un histórico pañuelazo en Azopardo y en otras sedes del país, desde un sector del movimiento sindical combativo y de mujeres, junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Las delegadas sindicales presentes y la Campaña fuimos recibidas por la secretaria de Igualdad de Oportunidades de la CGT, quien confirmó los lazos de la central con el clero. La secretaria se excusó sobre el problema de las prestaciones médicas, explicando que ya no existen obras sociales con estructura propia y buscó justificar por qué la CGT no puede pronunciarse por el aborto legal. Las sindicalistas que baten el parche de la paridad sindical, como las integrantes de la Corriente Federal, pegaron el faltazo. Mientras en las asambleas se muestran con duros discursos contra los “machirulos” burócratas y se proclaman feministas, en la realidad se disciplinan al triunvirato empresarial clerical y bajan las banderas de la defensa de las mujeres haciendo prevalecer la defensa del aparato sindical. No fueron las únicas en faltar a la cita. El ingreso de una treintena de delegadas y representantes sindicales combativas a la reunión en la CGT representa un hito que sólo el aguerrido proceso encabezado por el movimiento de mujeres y el temor al malestar contra la central de parte del movimiento pudieron lograr. Senado Mientras tanto, en el Senado, Miguel Angel Pichetto, el presidente del bloque del PJ, trata de ser el “Lipovetzky” de esta instancia parlamentaria y embanderarse con al menos una causa progresista. Cada tanto desliza algunas cuestiones que ponen a prueba su condición de clase, como ocurre con la pretensión de que el que quiera ser objetor se pase al sistema privado. Ese postulado se sostiene en base al principio de que “en el sector privado cada uno hace lo que quiere”, incluso si se trata de salud o educación. Viniendo de quien ha sido parte de un gobierno responsable de la consolidación y extensión de la presencia católica en la educación y en la salud, no es muy confiable la profesión de fe atea que ha resuelto practicar en estos momentos. Su par, Cristina Kirchner, permanece ausente de éste y de todos los debates, a la espera de no resentir su imagen hacia 2019. Ni el verso de la deconstrucción, al que echará mano nuevamente en medio de este tema, sin dudas, la salva. La libertad de empresa está muy arraigada en los principios sostenidos por peronistas, radicales y macristas. Aunque ha escandalizado, ninguna represalia institucional se ha tomado aún con el cura Lombardo, que uniformó con pañuelo celeste a todos los alumnos de un colegio que tiene el monopolio de la educación en Santiago del Estero, y bajo una marcha militar los hizo desfilar por el pueblo . Este cura, de fuertes lazos con el gobierno local pejotista, antes K y ahora PRO, pertenece a la secta católica de “El Verbo Encarnado” y forma parte de una congregación que -junto al episcopado argentino- supieron encubrir al cura pedófilo Bruela, acusado de varios abusos. La expresión de “nazis de guante blanco”, acuñada por Bergoglio contra quienes luchamos por el aborto legal, sería muy apropiada para este accionar fascista. La libertad de empresa se viene imponiendo en el debate. Desde progres hasta oligarcas, todos comparten la visión de que el privado hace lo que quiere. Aunque la objeción de conciencia y la libertad de empresa existen desde siempre en los hechos, el reclamo de que alguna ley reconozca la objeción por ideario institucional es puro reclamo de seguridad jurídica… para los beneficiarios de la clandestinidad. Si las obligaran a practicar el aborto legal, la gran mayoría de las clínicas que reclaman la “objeción” perderían el abultado negocio del aborto clandestino, que hoy les reporta entre 30 y 120 mil pesos la práctica. Las especulaciones parlamentarias en torno de una posible modificación del proyecto tienen un vuelo limitado, aunque no hay que descartarlas. Por un lado, y de conseguirse algún cambio, los mismos no se lograrían más que con una mayoría simple y con la misma proporción de votos podrían ser revocados en Diputados, la cámara madre del proyecto. No obstante, conviene tener presente que la media sanción en Diputados contó con muy escaso margen -conquistados a último momento bajo una enorme presión popular- y deberían repetirse esos mismos votos, sin que ninguno quede en el camino, para rechazar los cambios. Pero, por otro lado, las posibilidades de que los opositores lleguen a una modificación consensuada son muy bajas, ya que la mayoría está en contra aún de la despenalización existente desde 1921, tal como lo expresó en un reportaje en La Nación, la vice Gabriela Michetti -“si te violan, tenés que bancártela”. La lucha planteada El derrotero del debate en el Senado, por un lado, y el incrementado ataque del clero, por el otro, obligan al movimiento de mujeres a establecer un alerta incrementando aún más la movilización popular. La Iglesia no pudo siquiera acercar el número de movilizados a la Basílica de Luján, cuando monseñor Ojea se dispuso a dar la misa del 9 de julio. Sin embargo, sus poderes superan al de la movilización y se vinculan a cuantiosos negocios en los que está metida toda la clase dominante. Redoblar la movilización es para nosotras una tarea estratégica. Y no debemos desviarnos de este punto fundamental. Por cada manifestante del 13 y el 14 de junio debemos lograr que uno o dos más se sumen en esta nueva etapa. Van a sentir el calor popular vibrando por la conquista de un derecho. Esa fuerza no tiene comparación con ninguna otra.

Durante los últimos días y en particular en el fin de semana pasado; la Campaña Financiera en Capital comenzó a progresar de forma contundente. Se realizaron actividades en los 35 locales del PO de nuestra ciudad. El 9 de julio se cocinaron locros en Mataderos, Lugano, V. Crespo, Caballito, Liniers y Constitución. Hubo un Lentejazo en Barracas. El sábado 7 se realizó un Bondiolazo en Saavedra y Empanadazo en Parque Avellaneda. Otros locales optaron por realizar fiestas, como Flores, Palermo y Paternal. Al mismo tiempo, el masivo Polo Obrero de nuestra ciudad realizó grandes polladas en el Bajo Flores, en Soldati y en Lugano. Miles de compañeros han participado, durante un fin de semana, con actividades en todos lados por la Campaña Financiera. Con respecto a los aportes tenemos planificaciones muy importantes en sectores clave de los trabajadores, la juventud y las mujeres organizadas. Como en docentes, en el Subte, en estatales, en ferroviarios, en Salud, en judiciales, bancarios, etc. También en las barriadas más humildes, donde el Polo gana fuerza. Y en la UBA, en los barrios, en el Plenario de Trabajadoras, donde se organizan miles de compañeras por sus reivindicaciones. Para seguir desarrollando esta campaña vamos a realizar dos actividades centrales muy importantes. Una, la fiesta de la juventud este sábado en Villa Crespo, impulsada por la UJS. Y un campeonato de fútbol, llamado Futbol Obrero, masculino y femenino. Vamos por el 100% del objetivo, tanto de cantidad de aportes como del monto de dinero.

El paro y ocupación de Télam contra el despido de 357 trabajadores de prensa ingresa con firmeza en su tercera semana. En estos 15 días de lucha se han desarrollado iniciativas extraordinarias que han potenciado la pelea de los trabajadores de la agencia y que también han puesto al descubierto las enormes dificultades del gobierno para imponer a rajatabla su política de ajuste. Nacida al día siguiente del paro general de la CGT que paralizó al país, la huelga se mantiene fuerte. La base de esta fortaleza se encuentra en la comprensión común entre los trabajadores despedidos y los que han sido “confirmados” en sus puestos, de que si pasan las cesantías, Télam será tierra arrasada en cuanto a derechos laborales consagrados en el convenio y los estatutos de prensa. El odio popular al acuerdo con el FMI y la crisis política y económica desatada producto del descalabro general del macrismo, se reflejan en el acompañamiento popular masivo a las iniciativas que se vienen desarrollando, en primerísimo lugar en el gremio de Prensa, que ha reaccionado positivamente a las medidas de lucha adoptadas. La movilización realizada la semana pasada, desde el Obelisco al CCK, fue la más importante en años en cuanto a concurrencia desde las redacciones. Distintas colectas se vienen realizando para sostener el conflicto, entre las que destaca la realizada en la cooperativa Tiempo Argentino. El camarazo organizado por los reporteros gráficos (Argra), reunió a más de un centenar de fotógrafos de distintos medios. A otros tantos convocó la actividad realizada por dibujantes y artistas plásticos el fin de semana pasado dentro de las instalaciones de la agencia. Ya se habla de un gran festival en Plaza de Mayo para fin de mes, cuando se cumpla un mes de paro y ocupación. Como mencionamos también en otras notas sobre el conflicto, ha significado un fuerte golpe para el gobierno que comunicadores y periodistas considerados de “su palo”, hayan efectuado críticas públicas por los despidos. Es este cuadro general que explica el pronunciamiento de un fiscal frente a la presentación de un amparo denunciando la persecución ideológica y la violación de la ley de empleo público y fijando posición por la reincorporación inmediata de los despedidos, aunque luego el juez haya desestimado el planteo. De la misma manera debe ser entendida la segunda convocatoria efectuada por tres comisiones de la Cámara de Diputados al ministro Hernán Lombardi, responsable directo del ataque contra Télam. Lombardi faltó a la primera convocatoria con una excusa pueril. Quizá la masividad de la lucha lo obligue a reacomodarse y ahora concurra. El paro en Télam se sostiene por sus propios méritos y fuerza. Las distintas centrales sindicales se han manifestado de palabra acompañando la lucha, pero en los hechos, agregaron poco y nada. O para ser más precisos, se han colgado del conflicto para aparecer en las fotos. Pero no es eso lo que se espera de una central sindical. En el caso de la CGT hubo al comienzo del paro una reunión con el Consejo Directivo y, luego, nada más lo cual es lógico en un “triunvirato” que ha sido cómplice del ajuste. A su “izquierda”, las distintas fracciones en que se encuentra dividida la CTA han aportado con gusto a poco, tomando en cuenta que el acuerdo con el FMI amenaza fuertemente con una nueva oleada masiva de despidos en el Estado. En el caso del Subte, de la CTA Yasky, la ofensiva patronal-estatal golpea los cimientos del combativo sindicato construido por sus trabajadores. Todas estas direcciones sindicales plantean que es imposible enfrentar el ajuste, y pregonan la unidad… para “votar bien en 2019”. Lo mismo vale con la presencia en el conflicto de algunos diputados K. La izquierda, en cambio, acompaña con todo la lucha de Telam porque su estrategia empalma con la misma: el ajuste hay que derrotarlo hoy. La movilización convocada por el plenario de Lanús para el jueves 12, que irá del Congreso a Plaza de Mayo, tendrá a la lucha de Télam como uno de sus ejes. Por la reincorporación de los 357 despedidos No al vaciamiento de la agencia Télam

La situación fabril en la provincia más austral del país se encuentra a las puertas de un posible estallido. A los 800 despidos encubiertos de semanas atrás se suman suspensiones, recortes de salarios y amenazas de cierre. La baja demanda de artículos electrónicos es acompañada por el abrupto encarecimiento de materia prima importada para la producción de los mismos, dada la enorme devaluación del peso en el último período. La semana pasada, Australtex -una fábrica textil situada en la ciudad de Río Grande- despidió a 40 operarios. Rápidamente, los trabajadores bloquearon las entradas con piquetes y acampe e impidieron que entre o salga mercadería. A ello se sumó el apoyo popular que se hizo sentir en toda la ciudad, acercándose gente a solidarizarse con la lucha en todo momento. Como resultado, el lunes 2 por la tarde, la reincorporación ya era un hecho. El martes por la mañana, el secretario de la CGT local salió a “saludar” a la empresa y al gobierno por “tomar cartas en el asunto” y en ningún momento destacó que el camino de la reincorporación había sido la lucha, todo un indicio. El acuerdo al que se arribó en el Ministerio de Trabajo contempló las reincorporaciones, pero la patronal advirtió que en el corto y mediano plazo habrá suspensiones. Por su parte, la empresa Brighstar, también radicada principalmente en la ciudad de Río Grande, confirmó que intentará unificar todo en un solo turno y comenzará a “licenciar”, es decir que lisa y llanamente va a suspender y, en última instancia, a despedir. El esquema estima suspensiones de julio a septiembre, de un día por semana, quedando el jueves como último día laboral de la semana, y de octubre a diciembre seguiría con dos días por semana quedando suspendidos los operarios los jueves y viernes. Este período de “licencias” va acompañado con el descuento del 20% del salario de los trabajadores. Esto podría parcialmente modificarse en su estructura, de acuerdo con las negociaciones con la patronal que se encuentran en curso. La asamblea de trabajadores de ambos turnos rechazó este esquema de manera tajante. En Ushuaia, el Grupo Newsan no es ajeno a esta situación ya que también ha comenzado con suspensiones de un día por semana, pero aún no han recortado los salarios a condición de que a futuro, cuando la producción se reactive (acontecimiento futuro e incierto), devuelvan las horas. Este hecho es por demás gravoso y debe alertar a los metalúrgicos, porque es el preludio de recortes de salarios y una casi asegurada caída de contratos. Esta práctica de suspensiones con la posibilidad de devolver las horas no es nueva, se ha utilizado en los últimos diez años. Cuando la producción aumenta, los trabajadores, durante meses, acuden en horario de extras e incluso los sábados a “devolver”. La caída de la actividad industrial, los despidos, las suspensiones y el congelamiento salarial firmado el año pasado para el sector metalúrgico comienza a afectar fuertemente y de manera negativa la actividad mercantil en la provincia. El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande declaró recientemente por Fm Aire Libre: “La incertidumbre es muy grande y hay una recesión muy importante. Nuevamente estamos hablando de lo que ocurría a mitad del año pasado, porque hemos vuelto a un promedio de casi un despido por día”. La salida propuesta por los empresarios es mantener el congelamiento salarial y la reducción de jornadas. Dicha propuesta es apoyada por las distintas burocracias sindicales con diversos matices. Los trabajadores debemos oponerle un programa de salida a esta situación alarmante. Desde el Partido Obrero planteamos el control obrero a través de comités electos por los trabajadores en cada planta de la industria electrónica, textil y otras para abrir los libros contables y determinar exactamente lo que se puede importar, en función de impedir el reemplazo de mano de obra local. Asambleas en todas las fábricas y elección de delegados en todos los lugares de trabajo, continuidad del paro nacional del pasado 25 de junio con un paro de 36 horas, convocatoria a congresos de delegados para centralizar un plan de lucha en función de la defensa irrestricta de todos los puestos de trabajo, ocupando toda fábrica que cierre o despida. Ese congreso se debe dar la tarea de la lucha por el salario, rechazando el congelamiento salarial que pretende el FMI, el gobierno y las patronales, y reclamar el cese de las suspensiones planteando el reparto de horas de trabajo sin afectar el salario frente a la desocupación.

En la tarde de hoy, el sindicalismo combativo y la izquierda se movilizan en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Neuquén, Mar del Plata y otros numerosos puntos del país, en rechazo al pacto Macri-FMI y los despidos, por los reclamos paritarios, en solidaridad con las luchas en curso y por la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. La jornada de lucha, que había sido resuelta en el Plenario del sindicalismo combativo realizado en Lanús en junio, coloca en alto el reclamo a las centrales de un paro de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo. El acto central, frente a la Casa Rosada, cuenta con varios oradores, entre ellos los secretarios generales Alejandro Crespo (del Sutna, gremial del neumático-) e Ileana Celotto (AGD-UBA, docentes universitarios); el sindicalismo combativo denuncia el alineamiento de la CGT con el ajuste del gobierno y destaca que la clase obrera puede derrotar estas avanzadas, planteando como perspectiva el congreso de bases de todos los sindicatos y la resolución de un plan de lucha. El paro general del 25 de junio demostró con claridad el poder de fuego de la clase obrera y su predisposición a enfrentar los planes del macrismo. Sin embargo y tal como alertaba el documento votado en el Plenario de Lanús, “la CGT se vio obligada a llamar a esta medida por la presión creciente de las bases obreras, pero lo hace con el objetivo de descomprimir la bronca popular generalizada”. Por eso, los piquetes y actos que la izquierda y el clasismo protagonizaron ese día apuntaron a exigir la continuidad “mediante un nuevo paro de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo”. Con este mismo objetivo, cumpliendo con otra de las resoluciones del Plenario, el jueves 12 el Sindicalismo Combativo se movilizará de Congreso a Plaza de Mayo y en varias provincias del interior. Al reclamo de un nuevo paro se agrega el rechazo al pacto Macri-FMI, a los despidos, el reclamo de paritarias, la solidaridad con la luchas en curso y por la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. De la marcha de Capital participaran el Sutna, la UF Oeste, la AGD que votó el No Inicio de clases luego del receso, Ademys y los Suteba Multicolor, que resolvieron retener tareas en reclamo de los salarios adeudados por María Eugenia Vidal, y la comisión interna de Télam, especialmente invitada a hablar en el acto. En Córdoba, la movilización partirá desde el sindicato de Luz y Fuerza, en lucha por su convenio y por una Epec estatal; en Rosario, desde la Bolsa de Comercio, junto a delegados de La Virginia que enfrenta despidos y una intervención de gendarmería; en Neuquén junto a Aten y el SOENC, que reclama la expropiación de cerámica Neuquén; en Tucumán desde la Casa histórica junto a docentes universitario de Adiunt, el Site de Salud y otros; también habrá actos y movilizaciones en Mar del Plata y otras ciudades del interior. Significado La oportunidad de la jornada del 12 no podría ser mayor; en lugar de aprovechar el impulso del 25 de junio para redoblar las medidas, la burocracia calcula cómo utilizar el capital “prestado” (usurpado) del paro exitoso para sus propios fines. Para el bloque de los Gordos y los Independientes, representa la chance de esquivar el prometido Confederal del 22 de agosto y prorrogar hasta 2019 el desgastado triunvirato, sorteando la amenaza de Moyano y de un amplio conglomerado que, además de los camioneros y la Corriente Federal, de Sergio Palazzo, sumó a Antonio Caló de la UOM, a Ricardo Pignanelli del Smata y a los gremios del Movimiento de Acción Sindical Argentino del taxista Omar Viviani. En pocas horas se reunirá el Consejo Directivo y la disputa por los 36 votos está al rojo vivo. Los defensores de mantener todo como está esgrimen un argumento de peso: “No estamos en condiciones de reformular nada; tenemos un gobierno débil que si le pones una CGT dura enfrente lo tirás a la mierda”. Es una excusa para justificar la parálisis delante de las urgentes reivindicaciones planteadas. El moyanismo promete, en caso de prosperar la maniobra de los Gordos, llevar la disputa al nuevo congreso normalizador que debe reunirse antes de fin de año, o incluso fracturar la central. Por fuera de la CGT, Moyano, que cuenta con el apoyo de la CTA-Yasky y los movimientos sociales ligados al Vaticano -los pilares de la Multisectorial 21F- tampoco busca llevar la confrontación hasta la derrota del gobierno. Se contenta con denunciar “la entrega de la Patria” ritualmente en los feriados y presionar por “una concertación económica y social” para evitar un desmadre de la crisis. Le temen a las consecuencias sociales convulsivas del pacto con el FMI y trabajan por apuntalar el recambio electoral en 2019. La M21F, que se expande territorialmente tiene una fuerte injerencia de los obispos locales, siguiendo el modelo del “Diálogo Argentino” que diseñó Jorge Bergoglio luego de la crisis de 2001. Programa y plan de acción Mientras Macri acaba de acordar con la mesa chica de los radicales impulsar un compromiso con los gobernadores del PJ para avanzar en un ajuste draconiano, la burocracia sindical reafirma su función de dique de contención del movimiento obrero. A la luz de esto, el plenario de Lanús cobra un relieve cada vez mayor. Tanto por su programa -que combina reivindicaciones urgentes con medidas de fondo, que representan una salida anticapitalista a la crisis en desarrollo- como por su plan de movilización, que continuará con la organización de nuevos plenarios regionales y provinciales. Se trata de un gran reagrupamiento de fuerzas de cara a los choques y reacciones que la ofensiva de un gobierno en crisis seguramente provocará.

El viernes 6 la ciudad de Bahía Blanca amaneció conmocionada. Los trabajadores de la refinería de petróleo (ex Isaura, EG3, Petrobras, Pampa Energía-) Trafigura, habían tomado la misma en defensa de su fuente de trabajo, por los 200 despidos sobre un total de 560 trabajadores que la empresa anunció en una reunión con el sindicato. Trafigura alega que no puede hacer frente al "desfasaje entre los precios de los combustibles y los costos de producción e importación" (Infobae, 13/6), por lo que reclama una rebaja en el precio del crudo con el cual se abastece o, en su defecto, mayores subas en las naftas que refinan. Los despidos, por lo tanto, forman parte de un lobby patronal para arrancar mayores tarifazos. Trafigura le compró la refinería al grupo Pampa Energía que, a su vez, se la había comprado a Petrobras. Un directivo de la compañía aseguró que la refinería que compraron es obsoleta, pero los recursos para modernizarse los quiere arrancar de los propios trabajadores que tienen especializaciones, antigüedad y derechos adquiridos, apuntando claramente a ser una punta de lanza en la reforma laboral pergeñada por las patronales en nuestro país. La firme decisión de los trabajadores ha llevado al bloqueo de todos los portones para no permitir la salida de los camiones con el combustible que hay en los depósitos. Tras la reunión celebrada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la empresa se comprometió a retrotraer los despidos en la Refinería Elicabe, mientras dure la conciliación obligatoria. Sin embargo, los representantes del Sindicato del Gas, Petróleo y Biocombustibles manifestaron que más de cien trabajadores habían recibido telegramas de despido, violando así la conciliación obligatoria. En este primer round, los trabajadores han mostrado su voluntad de lucha, han desnudado también las intenciones de la patronal y la complicidad de los gobernantes que con su silencio avalaron este atropello. La lucha continúa.

El gobierno pretende salir del atolladero en el que se encuentra mediante redoblados ataques a los trabajadores y un ajuste general que afecte decididamente las condiciones de vida del pueblo. El diario BAE fue enfático cuando tituló “El empleo se derrumba en el conurbano”. Es que las estimaciones ya colocan al índice de desocupación en la zona más caliente del país en el 11,3% con una tendencia creciente. La recesión en curso llevará la desocupación a niveles récords, afectando a millones de trabajadores. Siguiendo con la cuestión del empleo, el Ejecutivo acaba de anunciar que dará por concluido miles de contratos precarios firmados a través de las universidades. Esto representará en lo inmediato nuevos despidos en la administración pública. A esto hay que agregarle los despidos en las empresas estatales, cuya reducción de partidas está prevista especialmente en el pacto con el FMI. El primer paso lo estamos viendo en Télam, con los 357 despedidos. Importa, además, como dato político, porque transforma al gobierno en la vanguardia de la clase capitalista contra la clase obrera, cuando los despidos, como consecuencia de la recesión, se multiplicarán en todas las ramas de la economía. Las provincias son otro de los escenarios de esta ofensiva. Las transferencias del Estado nacional han crecido sólo un 8% contra una inflación que en el mismo período arrojaba el 26% anualizada. O sea, una reducción presupuestaria real del 18% para la salud y la educación a cargo de las provincias. El ajuste es aún peor si se mira la obra pública, con una caída nominal del 33%, lo que -teniendo en cuenta la inflación- implica un retroceso del 60%. El periodista de Clarín” Alcadio Oña, deduce de ello que en los primeros cinco meses del año -ojo, la crisis más grave viene ahora- a las provincias les quitaron más de 22.000 millones de pesos. Ataque al salario La cuestión salarial es otro de los capítulos más importantes. El ministro Triaca acaba de anunciar que no homologará más acuerdos salariales que contengan cifras no remunerativas. Viniendo de un negrero consuetudinario, semejante apego al trabajo en blanco es sospechoso. En realidad, por esta vía se pretende reducir aún más los salarios, ya que las cifras no remunerativas suelen usarse por las patronales y la burocracia sindical para aumentar salarios eludiendo las cargas patronales. Es lo que hace, incluso, el propio Estado con sus empleados. Esta resolución llega justo cuando el impacto de la inflación sobre los salarios es enorme. La mayoría de las paritarias han quedado a más de 10 puntos por debajo de la inflación prevista. La situación de los empleados públicos y los docentes es aún peor. Para ellos ni siquiera corre el decreto de Macri de homologación simple de las dos cuotas de 2,5%, por el simple motivo que no se la piensan dar. Así, los trabajadores del Estado sufrirían una caída salarial de 15 o más puntos. Es un golpe enorme sobre salarios que, en su mayoría, ya están por debajo de la línea de pobreza -el salario inicial de un docente de la Ciudad de Buenos Aires es de 15.500 pesos. Gobierno en crisis Pero esta ofensiva sobre los trabajadores, la salud, la educación y las provincias está muy lejos de ser encabezada por un gobierno fuerte. Por caso, las medidas pactadas con el FMI están empantanadas. Uno de sus puntos centrales, la recapitalización del Banco Central, ha sido postergado para un futuro incierto. Es que el Tesoro no tiene fondos para recomprar las letras intransferibles que tiene el BCRA, ya que para ello debiera endeudarse a tasas usurarias. También está empantanado el canje de las Lebac, comprometido en el acuerdo con el FMI. El llamado ‘swap’ para recomprar las Lebac y evitar un megavencimiento la semana que viene directamente fracasó; logró adquirir menos de un 10% de los vencimientos previstos para el martes 17, aún convalidando una tasa de interés en el mercado secundario que ronda el 50%. Otro tanto ocurrió con el canje por Letes en dólares del Tesoro, el cual, aún ofreciendo una tasa más alta, no concitó la adhesión de los especuladores. Ahora el gobierno insiste con un ‘bono dual’, que asegura un rendimiento en dólares alto, en el caso de que la tasa en pesos resulte superada por la devaluación. Esta dolarización de la economía no sirve para superar la crisis, sino que agrava todas sus contradicciones. Por lo pronto, los seguros contra defol ya superaron en su cotización a los de Grecia. El empantanamiento del gobierno se pone de manifiesto con mayor agudeza en la cuestión de las tarifas y las naftas. Aranguren fue despedido por negarse a revisar los contratos y los acuerdos de aumentos, pero su reemplazante terminó convalidando un naftazo de entre el 8 y el 12%, cuando el previsto por Aranguren era del 3%. Luego, la caída de las acciones de las empresas hizo retroceder al gobierno en chancletas. Ahora, y en relación con las tarifas de electricidad y gas, el gobierno ha dicho que respetará lo firmado. De ser así, los tarifazos del segundo semestre llegarán al 80%, sobre aumentos que ya llevan acumulados más de un 1.000%. Como no es claro que el gobierno se anime a tanto, explotaron los choques entre las empresas transportadoras y distribuidoras con las petroleras por los precios que deben pagar. Estas divisiones en el seno de la clase capitalista se multiplican todos los días. La Unión Industrial Argentina cuestiona, por ejemplo, las tasas usurarias que benefician a los bancos; los sojeros lograron que se mantenga el cronograma de reducción de retenciones, pero el efecto fiscal que causará pone en alerta a la Cámara de la Construcción, que amenaza con decenas de miles de despidos si se paraliza la obra pública. El último choque ha sido con Brasil, ante los subsidios que Temer anunció para las automotrices radicadas en el país. Choques políticos Estas divisiones explican, finalmente, los choques políticos que no se limitan al gobierno y la oposición, sino que ahora abarcan a la mesa chica del macrismo. La prensa refleja estos choques bajo un modo chismoso, como las idas y vueltas entre Carrió y la UCR. Pero las versiones más audaces señalan que el cambio de gabinete está lejos de haber concluido. La tarea pendiente sería reemplazar al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por un pejotista del tipo Urtubey. Es a lo que se refiere el diario financiero Cronista cuando coloca en su tapa que “Los inversores externos apuntan a la gobernabilidad”. Las negociaciones con el pejotismo para la aprobación del Presupuesto 2019 están en el centro de la crisis y agravan las divisiones en el oficialismo. Carrió desestima un acuerdo y plantea prorrogar el presupuesto actual, lo que equivale a un gobierno por decreto. De paso, presiona para que el gobierno reste votos al aborto legal en el Senado. El pejotismo propone un acuerdo pero no está claro que haya coincidencias en los términos; su propuesta de traspasar los servicios de electricidad, gas y agua a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires es un tiro a la base de sustentación del macrismo, la dupla Larreta-Vidal. Estos choques y divisiones, sin embargo, no pueden ocultar el trabajo de colaboración de todas las fracciones de los partidos capitalistas con el ajuste en marcha. Los gobernadores son los principales ejecutores del ataque a los trabajadores de las provincias, sean empleados públicos o docentes. Lo mismo vale para el kirchnerismo. Su programa se reduce a una serie de “emergencias” (de alimentos, de tarifas, etc.), cuyo propósito no va más allá de una reducción de daños de la política diseñada por el FMI y aplicada por el gobierno nacional y los gobernadores. En su demagogia, afirman que las medidas de fondo contra el plan oficial quedarían reservadas para ser aplicadas luego de que retomen al poder a fines de 2019. De este modo, se colocan como garantes de la gobernabilidad de Macri. Derrotar la ofensiva La colaboración de la oposición patronal pejotista-kirchnerista, lo que incluye a la burocracia sindical en todas sus variantes, explica la paradoja de la situación política argentina: la de un gobierno en crisis, dividido internamente y con sus políticas empantanadas que es, a la vez, el ejecutor de un plan de guerra contra los trabajadores. Esta colaboración se pone más de manifiesto cuando se la contrasta con el paro nacional masivo del 25 de junio, que dejó planteado la necesidad de una continuidad que la burocracia sindical se niega a llevar adelante. La campaña por un paro activo de 36 horas y un plan de lucha que han lanzado las organizaciones convocantes del Plenario de Lanús, coloca justamente la cuestión donde tiene que estar: en la necesaria intervención de la clase obrera para derrotar el plan de guerra de Macri, los gobernadores y el FMI. La oportunidad de desarrollar la lucha para derrotar la ofensiva está dada justamente por la debilidad del gobierno y del régimen político tomado en su conjunto. Tenemos que desarrollar entre los trabajadores está comprensión adecuada de la situación, para erradicar el derrotismo que pregonan los burócratas sindicales. En este contexto, la convocatoria de un Congreso de Delegados mandatados por asamblea de las centrales obreras y los sindicatos cobra más fuerza que nunca. Los trabajadores y la izquierda enfrentan la necesidad de desarrollar un programa de oposición estratégica a esta coalición ajustadora. La clase obrera debe ofrecer una salida de conjunto frente al ataque y el descalabro nacional promovido por los ajustadores, tanto a nivel nacional como en las provincias. Este programa debe plantear la reapertura inmediata de las paritarias, el rechazo a los despidos y las suspensiones, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de los recursos naturales, de la banca y del comercio exterior. Sobre la base de este programa y del impulso a las iniciativas de lucha adoptadas por el movimiento obrero combativo, llamamos al Frente de Izquierda a motorizar esta perspectiva.

Al igual que el 25 de Mayo, el acto que impulsaron en el centro porteño organizaciones kirchneristas, el moyanismo y otras fuerzas partidarias de un ‘frente antimacrista’ no estuvo liderado por sus jefes políticos. En su lugar, el palco central estuvo ocupado por artistas y personalidades de derechos humanos. El documento central del acto fue leído por dos actores, mientras algunos diputados y dirigentes sindicales se mezclaban en la multitud. Cuando están en juego definiciones políticas, en el cuadro de una gran crisis nacional, este ocultamiento tiene un significado. Los dirigentes sindicales y políticos convocantes no quisieron asumir, ante la multitud presente, una responsabilidad y un curso de acción frente al mal que denunciaban -la “condena a generaciones de argentinos a pagar los negocios de unos pocos”. Entre los que miraban el palco desde abajo, se encontraban Hugo Yasky o Pablo Moyano, líderes de reagrupamientos sindicales sin la menor pretensión de llevar adelante una acción consecuente contra el “plan fondomonetarista”. El pasado 25, los sindicatos dirigidos por moyanistas y kirchneristas acompañaron el carácter “dominguero” que le imprimió la CGT al paro general, con apenas algunas excepciones en el interior. Por el lado político, la negativa a “poner la cara” también tiene sus razones. La gran “unidad antimacrista” atrae en la voz de actores y cantantes. Pero si se tuviera que corporizar, mostraría en el palco al arco de gobernadores pejotistas que viene ejecutando el ajuste en las provincias, al massismo que le ha votado todas las leyes antiobreras y antinacionales a Macri y, por último, a las administraciones provinciales y municipales del kirchnerismo que, desde Santa Cruz hacia arriba, no han vacilado en transferirle a sus trabajadores las consecuencias de la política nacional. Pero, además, ese frente no podría corporizarse a través de sus dirigentes… porque se encuentra profundamente dividido. El kirchnerismo pregona la unidad con quienes, desde el pejota, ya anticiparon que no los harán de la partida. Mientras tanto, la pata derecha del ‘frente antimacrista’ en grado de tentativa discute con Macri los términos del Presupuesto 2019, el cual tendrá que incorporar los ajustes brutales exigidos por el FMI. La (siempre pagada) deuda impagable El documento leído por Gerardo Romano y Carolina Papaleo expresó claramente el carácter encubridor de la convocatoria. Califica a “la deuda externa contraída por el gobierno de Macri” como “ilegal e ilegítima”. Pero ¿acaso la que contrajeron otros gobiernos no tuvo este carácter? El kirchnerismo pagó casi 200.000 millones de dólares de esa “deuda odiosa”, algo de lo que se ufanó Cristina Kirchner cuando era presidenta. En su consigna central, el acto plantea el rechazo al acuerdo con el FMI, pero no el repudio al pago de la deuda. ¡Tampoco impugna directamente al gobierno que trajo al Fondo, y que será el ejecutor político del plan de hambre! La convocatoria, por lo tanto, fue inscripta en los términos de la “oposición responsable” al macrismo, que critica “la decisión de recurrir al FMI” cuando “podrían haberse explorado otros caminos” -por ejemplo, llevar adelante el mismo ajuste brutal pero a través de un gran acuerdo político. El documento leído en el palco de Avenida Belgrano y 9 de Julio levantó las principales reivindicaciones de la patronal industrial -“frenar la importación, defender a nuestras pequeñas y medianas empresas”. Pero no dice que esa patronal se resarce de la competencia externa o del elevado costo del crédito precarizando trabajadores, despidiendo a otros y buscando reducir el salario. Los “nacionales y populares” atacan al FMI, pero no sonó una sola palabra sobre la principal consecuencia que hasta ahora ha tenido el acuerdo con Mrs. Lagarde, la devaluación de la moneda, pulverizando salarios en beneficio de los capitalistas que “necesitan competir”. En estas condiciones, la multitud que se congregó en el acto no encontró respuestas -ni un rumbo de acción- frente a su enorme inquietud política. Como ya había ocurrido el 25M, el nacionalismo burgués intenta asumir la representación política de la nación en quiebra, sin distingos entre oprimidos y opresores. Pero esa bancarrota agudiza los antagonismos de clase: la gran “unidad antimacrista” detrás de estos ajustadores sólo podría prosperar a costa de la resignación total de los trabajadores que deben luchar por la reapertura de las paritarias, la reforma laboral, los despidos y tarifazos. Para luchar por esas reivindicaciones y por una salida de los trabajadores a la presente crisis, es necesario que desarrollemos una alternativa política y un programa propios.

No hace mucho, Miguel Angel Broda brindó un título a Clarín que hizo correr escalofríos por la espalda de muchos argentinos: “Habrá que abrir comedores los siete días de la semana y 24 horas por día”. Así sintetizó las consecuencias del acuerdo con el FMI, cuya realización defiende el conocido “gurú” de los capitalistas. La CGT parece seguir sus consejos. La central obrera ha “empezado a evaluar sumarse el 7 de agosto a la movilización desde San Cayetano del ‘trío Vaticano’” y presentará al próximo Consejo Directivo un plan para “la creación de una red de comedores financiada por los sindicatos, porque la prioridad hoy es que la gente coma todos los días” (El Cronista, 11/7). Después del formidable paro nacional del 25 de junio, mientras arrecia el plan de guerra fondomonetarista contra los trabajadores mediante despidos, carestía, ataque a los convenios colectivos, nuevos tarifazos, congelamiento de planta y de salarios en el Estado, parate total de obra pública y recortes draconianos a las provincias, la CGT elabora este “plan de lucha”. Enredados en las internas del PJ, los burócratas sindicales, usan el paro nacional como elemento de negociación de fracciones internas en función de su perpetuación. Pero también, del colaboracionismo con Macri y los gobernadores del pacto fiscal, que llevó a la crisis del Triunvirato y la parálisis de la primera mitad del año, después de la rebelión obrera de diciembre. La idea de financiar comedores se basa en el trauma de los ’90. La CGT quedó al margen del gran movimiento histórico de una fracción de la clase obrera que conmovió al país y fue protagonista del período de la rebelión popular de 2001: el movimiento piquetero. Cuando el olor del defol se vuelve a sentir en el ambiente, de la mano de la Iglesia, la CGT le entra a la cuestión de la catástrofe social, no para organizar a los trabajadores contra ella, sino para no quedar otra vez en la banquina de la historia. Hay que hacer notar que ante la presunción certera de que se viene una desocupación masiva, la CGT no impulsa la ocupación de fábricas para enfrentarla, tampoco la formación de comisiones de desocupados que organicen a los compañeros en los sindicatos, sino el financiamiento propio de una red de comedores que “compita” y complemente la red asistencial del Estado, la de las organizaciones sociales del Trío Vaticano y la de la propia Iglesia. De esto han hablado, seguramente, en la reciente teleconferencia con los funcionarios del FMI, donde participó también Claudio Lozano, por la CTA. El Polo Obrero, en el período del Argentinazo, constituyó comedores que fueron el “músculo” del movimiento piquetero que cortaba rutas, reclamando trabajo genuino o subsidio al desocupado ante el Estado y el poder político. Como un medio de autorganización de los desocupados. La CGT en combinación con la Iglesia se curan en salud, encarando una red propia de tipo asistencial con participación de los sindicatos para evitar, no para promover la organización de los desocupados como una fracción de lucha de la clase obrera. El contraste es total con la disposición de lucha de la clase obrera que se expresa por estas horas en la gran huelga de Télam, en la ocupación de una destilería en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, en la lucha de los empleados despedidos de la Boston en Mar del Plata, en la batalla de Luz y Fuerza de Córdoba por su convenio, en el paro de 48 horas de los Suteba combativos de esta semana, en la resolución del congreso de Conadu Histórica de no inicio después del receso, entre otras luchas. El clasismo de Lanús -junto a Télam y las luchas, y junto a los movimientos piqueteros independientes- nos movilizamos el 12 de julio con otras consignas: ocupación y huelga ante los despidos, pase a planta de los precarizados, reapertura de paritarias sin techo y salario equivalente a la canasta familiar, aumento de emergencia a los jubilados, no a la reforma laboral y defensa de los convenios colectivos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, que la crisis la paguen los capitalistas, fuera el pacto Macri, gobernadores y FMI. Para ello es que impulsamos el paro activo de 36 horas como comienzo de un plan de lucha hacia la huelga general: para derrotar el ajuste de Macri, a los gobernadores del ajuste en las provincias y al FMI. Impulsemos un Congreso de Delegados mandatados por sus bases para unificar al movimiento obrero en esta perspectiva y superar esta burocracia sindical entreguista.

El decreto de “reducción de gastos” que acaba de anunciar Macri es un brutal ajuste a los trabajadores estatales. Pone fin a los convenios del Estado con las universidades, de los cuales dependen unos 6.000 trabajadores. Las provincias han recibido 22.460 millones de pesos menos en los primeros cinco meses del año. A moneda constante, en el mismo período, las obras públicas han caído en un 60%, con su secuela de despidos masivos en la construcción. El congelamiento de la planta estatal hasta fin de mandato de Macri, implica una reducción diaria de personal no repuesto. En las paritarias estatales, la inflexibilidad es total, lo que apunta a una caída de entre 15 y 20 puntos frente a la inflación real anual. El robo de la movilidad jubilatoria no ha tenido reparación, pero siguen su curso las rebajas de aportes patronales que desfinancian la Anses y las rebajas de impuestos a los capitalistas. Es el brutal ajuste que ha exigido el FMI, ya en plena marcha. Pero ¿quién es el gobierno que empuja a semejante sangría nacional? Es el mismo que dejó devaluar la moneda en un 50% en pocas semanas, cuando sus socios y beneficiarios -los especuladores- comenzaron a retirar la plata del país. Es el mismo que ha llevado al país a una nueva bancarrota, que ahora le transfiere a todo el pueblo con inflación, despidos y tarifazos que no sólo ocurren en el Estado y en la construcción. La recesión económica ya empezó y la desocupación escala en ascensor. No podemos dejar que este gobierno traslade la hipoteca de su fracaso a la mayoría del país. El paro del pasado 25 demostró cuál es la voluntad masiva de la clase obrera. Una voluntad ignorada por la burocracia sindical, que ha regresado a cuarteles de invierno, mientras sigue la ofensiva. Pero se trata de la ofensiva de un gobierno en crisis, averiado, al que se lo deja seguir golpeando a las masas trabajadoras. La seudo-oposición, que se moviliza en las fiestas patrias “contra el FMI”, el resto de los días organiza con el gobierno el ajuste “del FMI” en las provincias y en el Congreso. Necesitamos otra orientación y otra política: el que debe ser declarado “cesante” es el programa de hambre y miseria social de Macri, los gobernadores y el FMI, por medio de una lucha a fondo. Ningún despido, defensa de los convenios colectivos, reapertura de paritarias sin techo, actualización trimestral de salarios por inflación, aumento de emergencia en las jubilaciones, repudio de la deuda usuraria. Para ello, Congreso de Delegados con mandato de las Bases de todas las centrales obreras, paro activo de 36 horas y plan de lucha hasta derrotar el plan de hambre de los ajustadores.