Prensa Obrera N° 1509

A esta altura ha quedado claro que el golpe a la Fuba es una cuestión de Estado. Para convalidar el fraude, el rectorado y el gobierno han recurrido a todos los resortes del poder, desde los medios de comunicación oficialistas, pasando por la Policía de la Ciudad y ahora a la justicia adicta. La imputación a los co-presidentes de la Fuba por “administración fraudulenta, usurpación, desobediencia e impedimento o estorbo de acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público” (Infobae, 3/7) realizada por uno de los bull-dog del macrismo en la justicia, Marcelo Martínez de Giorgi, es la última puntada de una operación estatal para desarmar al movimiento estudiantil de cara a los próximos ataques a la universidad pública. Miente, miente, miente… Las fuerzas del Rectorado y el gobierno han dado rienda suelta a su fantasía de un negocio millonario manejado por la Fuba. Pero el balance cuatrimestral de la Fuba deja claro hasta qué punto es un despropósito hablar de un negocio de 50 millones de pesos, que parte de la suposición, completamente falsa, de que la federación tendría el monopolio de los apuntes del CBC. Está claro que “el negocio millonario de los apuntes” no existe más que como fantasía del MLI, la UES (agrupaciones de Ingeniería y Sociales que acompañaron a la Franja en el congreso trucho) y Nuevo Espacio, que nos anticipan así para qué pretenden apropiarse de la Fuba. Del golpe a la Fuba al golpe a la universidad En cualquier caso, las mentiras sobre los apuntes y la judicialización no son más que una pantalla para tapar lo que realmente está en juego: un mazazo contra la universidad pública, para el cual la fraudulenta “nueva Fuba” se postula como garante. Es lo que anticipa el acuerdo con el FMI y el compromiso del PJ para recortar unos 250.000 millones de pesos en el presupuesto 2019. No sabemos aún cuanto de esta cifra le tocará a la universidad, pero las declaraciones de Vidal, Finocchiaro y compañía son elocuentes. E incluso antes de que se empiece a discutir el Presupuesto 2019, universidades como del Comahue o la Arturo Jauretche se han declarado en “sesión permanente” y advierten que está cuestionado su funcionamiento por el incumplimiento en el envío de los fondos pautados. El gobierno es consciente que para hacer pasar un golpe de envergadura a la universidad necesita, primero, el compromiso de las autoridades y, segundo, contener al movimiento estudiantil y docente. Solo así se explica el despliegue de recursos estatales para arrebatarnos la Federación estudiantil y entregársela a Franja Morada. Por otro lado, los negocios que abre el recorte de las carreras (posgrados pagos, pasantías, etc) garantiza el apoyo de las camarillas profesorales. Campaña Es significativo que este golpe de mano contra la Federación se dé a pocas semanas de las elecciones estudiantiles en las 13 facultades. Evidentemente, el macrismo y sus socios temen que pasadas las próximas elecciones estén más lejos de reunir una mayoría de delegados. Las razones para pensar así son muy fuertes, la imagen de Macri se devalúa al calor del acuerdo con el FMI. El paro general del 25 de junio puso de manifiesto el rechazo macizo al gobierno entre los trabajadores y las declaraciones de la vicepresidente Gabriela Michetti en el Senado echan por tierra la aprobación que podía haber conquistado Cambiemos por habilitar el debate sobre el derecho al aborto. Sin embargo, el apuro puede terminar siendo un búmeran. Las agrupaciones que en las últimas elecciones de centro pidieron el voto contra Macri y terminaron habilitando el golpe macrista en la Fuba deberán rendir cuentas ante los estudiantes. En estos días, la UJS está desarrollando una gran campaña por desnudar a los protagonistas del #FraudeMacrista en cada facultad. En simultáneo, seguimos juntando pronunciamientos contra el fraude y la represión, por el desprocesamiento de nuestro compañero Federico Fernández y en rechazo a la persecución judicial a los co-presidentes de la Fuba, Julián Asiner y Adrián Lutvak. La Fuba, a su vez, sigue presente en cada lucha popular, ayer estuvo con los trabajadores de Télam y hoy marchó con los docentes, y convoca una nueva asamblea de mujeres para el martes 10 de julio. Con una gran iniciativa política y desenmascarando a quienes pretenden venderle nuestra Federación a Macri, nos preparamos también para revalidar en las próximas elecciones una conducción independiente y de lucha para el movimiento estudiantil.

El jueves 28 se produjo un hecho inusual sobre el que conviene detenerse y sacar conclusiones. Los principales funcionarios del Fondo Monetario Internacional que intervinieron en el pacto Macri-FMI, Alejandro Wernes y Roberto Cardarelli, tuvieron una teleconferencia con el triunvirato de la CGT, Gerardo “Batallón 601” Martínez (gestor de la reunión virtual) y Claudio Lozano de la CTA. El “cordial intercambio”, según relata La Nación (30/6), duró 25 minutos. Como corolario del intercambio se pactó una reunión en septiembre, cuando arribe al país la misión del Fondo, en la que participarán dirigentes de las dos centrales y “se gestionarán encuentros con diversos actores sociales, como empresarios y tal vez la Iglesia” (ídem). La burocracia de la CGT solicitó la “institucionalización del diálogo social con empresarios y gobierno, a lo que el FMI respondió que “apoyamos acuerdos económicos y sociales”. No hay desperdicio. El FMI ha tomado directamente en sus manos la tarea de promover un acuerdo político y social para enmascarar el impacto de la masacre social que implica el ajuste pactado en las condiciones del crédito stand by, lo cual da cuenta no ya de la debilidad extrema del gobierno Macri, sino de su completa colonización por parte del funcionariado del Fondo, que a todas luces ha sido el autor intelectual de los cambios en el gabinete y de la designación de Luis Caputo y Gustavo Cañonero, los ex Morgan y Deutsche Bank, respectivamente, al frente del Central. La preocupación de los representantes del prestamista de última instancia del imperialismo y el sistema financiero internacional por el impacto social de lo que viene, es directamente proporcional a la magnitud de la recesión esperada, con su secuela de quema de fuerzas productivas, cierres de empresas, despidos y suspensiones masivas; al agravamiento del hambre como consecuencia del aumento sideral en alimentos e inflación general por efecto de la devaluación todavía en marcha; al impacto del recorte del gasto en salud y educación, como lo revela el emblemático conflicto del Hospital El Cruce, entre otros efectos inevitables de la descarga de esta crisis del capital sobre las masas. Pero más trascendente aún es la reacción de la vereda del movimiento obrero argentino, con representantes de las tres vertientes de la burocracia sindical tradicional que integran el triunvirato; de un emblema de la mafia sindical como Gerardo Martínez, representante internacional durante Cristina y ahora con Macri; y de Claudio Lozano, de la autoproclamada CTA Autónoma. La burocracia sindical, toda clerical, incluida la centroizquierda degennarista es tributaria de la idea del Consejo Económico y Social, una institución que desempolva especialmente la Iglesia en tiempos de agudización de la crisis capitalista y sus consecuencias sobre las masas. Es el papel que jugó el Consejo Consultivo con estos mismos actores en tiempos de Eduardo Duhalde, acompañando su gobierno devaluacionista, que terminó en el crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, con la CTA (ni hablar de la CGT) llamando a no ganar la calle “que no se controla”, las palabras inolvidables de Marta Maffei, cuando la sangre de Maxi y Darío estaba aún caliente. El meneado Consejo Económico y Social ha sido también la propuesta recurrente del fracasado Hermes Binner, una de las últimas aventuras de la centroizquierda degennarista que hoy se reúne con el FMI. Imposible disociar de esa estrategia las mesas de diálogo, que sistemáticamente propone Hugo Godoy frente a los despidos masivos en el Estado, hoy reservadas a UPCN. El encargado de la difusión del encuentro virtual ha sido el propio FMI, quien puso de relieve la partida adicional eventual del 0,2% del PBI en caso de que las llamas del incendio amenacen devorarse la “gobernabilidad”. Precisamente, se trata de un movimiento, de un posible engranaje, consistente con el operativo de emergencia puesto en marcha con el objetivo de un acuerdo con los gobernadores, pejotismo y el Frente Renovador, alrededor del estratégico Presupuesto 2019, que debería concretar un recorte de 250.000 millones de pesos. Se trata de la política de amortiguación social que la Iglesia llama “paz social”. La cuestión de la “paz social” aparece en ocasiones como éstas donde emergen grandes huelgas y luchas (Télam, Chubut, Aluar, la huelga docente neuquina, la ocupación y huelga del Inti y los paros docentes universitarios, por mencionar algunas de ellas) y, desde luego, el enorme paro nacional que tiene el doble carácter de pronunciamiento político masivo del movimiento obrero y de descompresión por otro lado. Es decir que se trata de garantizar la “paz social” y cierto gasto asistencialista, en función de la política del FMI, no para poner a la clase obrera en pie sino contra ella. El “codeo” del FMI con la centroizquierda y el nacionalismo latinoamericano no viene de ahora, si no veamos el pacto con el FMI que precedió el ascenso de Lula a la presidencia, o el reciente pacto con Daniel Ortega en Nicaragua que ha desatado la rebelión obrera y popular, así como la brutal represión del régimen. Esto es interesante en torno a todo el debate político nacional, donde resalta el Plenario de Lanús y su planteo de paro activo nacional de 36 horas y plan de lucha, justamente alrededor de un programa integral alternativo al de la burguesía y para poner en marcha toda la fuerza social de la clase obrera para enfrentar al capital, para que la crisis la paguen los capitalistas, en lugar de apaciguarla para que pase el plan de guerra contra los trabajadores. El nombre de CTA Autónoma le queda grande al degennarismo que ahora convoca otra de las tres elecciones de la fracturada y debilitada CTA. La autonomía de las organizaciones obreras consiste precisamente en lo que le falta al degennarismo para enfrentar a los Daer y compañía, agentes de la burguesía en los sindicatos: el programa y la práctica de independencia política de la clase obrera contra todos los agentes del régimen social de explotación, los capitalistas, el Estado, sus partidos políticos, la Iglesia y el mismísimo FMI, como puede apreciarse.

A través de una gran acción colectiva, encabezada por su sindicato, los trabajadores de Fate derrotaron un lock-out patronal y defendieron sus conquistas. La provocación patronal comenzó el sábado pasado. La empresa impidió el ingreso de todos los trabajadores del sector de armado de radial camión. Los compañeros se habían negado a la imposición patronal de un nuevo método de control de la producción en el sector, sin que mediara una discusión que integrase el conjunto de problemas y reivindicaciones. La asamblea del turno definió realizar un paro de 48 horas, refrendado luego por el sindicato nacional, en rechazo a la política patronal. Culminada la medida de lucha, la patronal comenzó un lock-out ilegal para intentar condicionar al conjunto de los trabajadores. La asamblea general de planta realizada el lunes mandató a la seccional de San Fernando y al secretario general del Sutna a comandar una negociación que implicase el inmediato levantamiento del lock-out, la defensa del conjunto de los puestos de trabajo y las condiciones vigentes en el convenio colectivo. Esta asamblea tuvo una enorme importancia. Se impuso la comprensión colectiva de este cuerpo de trabajadores que cuenta con una enorme experiencia de organización y lucha. Frente a condicionamientos de todo tipo propuestos por la patronal (amenaza de despidos, trabajo continuo, control sobre las áreas de descanso, etc.) el Sutna rechazó los términos y realizó una contrapropuesta que implicaba la apertura de negociación y un período de prueba de implementación de los nuevos sistemas de control de interrupciones, exigiendo el compromiso patronal de la defensa de las condiciones laborales y mejoras salariales del sector de armado de radial camión. Junto con esto, se conquistó también el pago del premio de los días en que la planta se mantuvo cerrada por decisión de la empresa. Además, el Sutna presentó un recurso de amparo para que se declare la ilegalidad del lock-out. Esto tiene implicancias respecto de los descuentos que se pretenden imponer en el salario de los compañeros. En una nueva asamblea masiva, los trabajadores de Fate votaron favorablemente un acta-acuerdo en estos términos, y donde la patronal establece reabrir la planta. Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, los trabajadores del turno azul reingresaban a tomar tareas. Más de mil compañeros se pronunciaron favorablemente por este acuerdo, que establece un marco de negociación con la patronal. Sólo un pequeño sector de (doce) miembros de las agrupaciones Roja (PTR), Marrón (MAS), Gris (MST) y Granate (PTS) se abstuvo frente a esta definición clave del conjunto de los trabajadores de Fate. La etapa que viene Desde el mismo momento que la asamblea general de todo el Neumático definió el reclamo del 30% con cláusula de defensa del poder adquisitivo de los trabajadores, las patronales han realizado una sucesión de provocaciones ataques en todas las plantas. En extremo, el lock-out de Fate se realiza luego del pedido de la propia empresa de un ciclo de suspensiones a la producción, las cuales -también por la acción del sindicato y la asamblea de fábrica- serán sin descuentos. La discusión paritaria del Neumático se llevará adelante en este cuadro de incesantes provocaciones de las patronales que cuentan con el aval del gobierno de Macri-Triaca. El impacto de la inflación, el tarifazo y el aumento del costo de vida comienzan a hacer estragos en el bolsillo del conjunto de la clase obrera, mientras la burocracia sindical de todo color y pelaje cerró acuerdos en los límites impuestos por el gobierno y se ha mandado a guardar luego del paro dominguero del 25 de junio. La defensa del salario, el convenio colectivo y el conjunto de los puestos de trabajo en la industria se presenta como una necesidad para todo el movimiento obrero. Los trabajadores del Neumático con su sindicato a la cabeza es protagonista de un importante reagrupamiento de fuerzas que tuvo su expresión en el plenario realizado el 23 de Junio en Lanús. La lucha del Sutna es inseparable de la que todos los trabajadores tienen por delante. Cada paso en la defensa de los intereses colectivos en el Neumático será una palanca para que el movimiento obrero termine con los planes de ajuste y superexplotación de Macri y las patronales.

La suba del dólar, el nuevo salto del riesgo país y la caída generalizada de las acciones en la Bolsa sepultaron la ilusión de que el acuerdo con el FMI y la calificación de Argentina como “mercado emergente” alcanzaban para superar la crisis. Incluso las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York y que serían las primeras beneficiadas por la nueva calificación tuvieron pérdidas enormes. En relación con el riesgo país, su nuevo salto implica que el crédito está virtualmente cerrado, a no ser que se paguen tasas cercanas al 10% anual en dólares. De este modo, vuelve a plantearse una crisis de financiamiento, dado que el préstamo con el FMI está muy lejos de hacer frente a la necesidad de divisas. Los vencimientos de capitales e intereses de deuda, más el déficit de la balanza de pagos, la nueva deuda del Tesoro creciente por canjes de Lebacs del Banco Central y el agujero fiscal, superan con creces los 30.000 millones de dólares que Macri recibiría del FMI hasta el final de su mandato, siempre y cuando se cumpla el cronograma de desembolsos condicionado al cumplimiento de metas. En este cuadro, la nueva devaluación del peso puso de manifiesto “una estampida contra los activos del país” -como lo expresó un editorialista económico durante el fin de semana. Ajuste y choques El pánico en el que entró el gobierno fue reconocido por el propio Macri, cuando afirmó que “los mercados no nos creen”. Para superar esta ‘desconfianza’ se tomó la decisión de avanzar de manera directa con el ajuste. La primera manifestación de ello fue el naftazo de un 8% encabezado por la semiestatal YPF. Debe tenerse en cuenta que el despedido Aranguren había pactado un incremento del 3% mensual hasta diciembre y perdió su cargo justamente por no querer postergar el aumento. Lo ocurrido con las naftas se trasladó también a las tarifas de los servicios públicos. La caída de las acciones de las empresas energéticas fue una corrida ejecutada por el gran capital ante las versiones de que el gobierno postergaría los aumentos previstos. Ahora, anunció que mantendrá los precios dolarizados para el gas, en beneficio de los monopolios que acaparan los recursos naturales de Vaca Muerta. Sin embargo, esta confirmación conlleva un choque con las empresas que transportan y distribuyen el gas y la electricidad, y que tendrán ‘sólo’ un incremento por inflación, mientras deben pagarle precios dolarizados a los productores. Esta diferencia, que se mide en millones de dólares, planteará nuevos choques en el próximo período. La crisis ha alcanzado un nivel en el cual la salida no puede alcanzarse sólo haciéndosela pagar a los trabajadores. Dicho de otro modo: la crisis también afectará a sectores capitalistas. La cuestión es quién la paga y a qué precio. El gobierno también decidió continuar con la rebaja de retenciones, a pesar del enorme beneficio que implica para el capital agrario una devaluación que en el año ya alcanza el 60%, y en los dos años y medio de Macri más de un 200%. Esta disminución choca con el compromiso de reducción del déficit pactado con el FMI y empujará, para compensarla, a una parálisis de la obra pública. Ante esto, la Cámara de la Construcción y las camarillas de gobernadores ligadas a ella han salido a amenazar con decenas de miles de despidos. Los choques que plantea la crisis se dan al interior de la coalición oficial. El gobierno nacional quiere avanzar en el traspaso de los servicios de gas, electricidad y agua a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, sin los recursos correspondientes. Esto significa, ni más ni menos, que el tarifazo lo apliquen Larreta y Vidal o que en su defecto se hagan cargo de los subsidios. Sin embargo, a fines del año pasado, el gobierno nacional le impuso a todas las provincias una reducción de impuestos, en el marco del pacto fiscal. Ahora, los gobernadores piden que se suspenda el pacto, pero los empresarios beneficiados impositivamente se niegan. Los choques, como se ve, son en todas las direcciones. Dolarización Como este ajuste es insuficiente para superar la corrida, el gobierno ha resuelto seguir el consejo de Cavallo y avanzar en una dolarización generalizada. Es que, para los especuladores, no hay tasa de interés que contenga la corrida contra el peso y los activos en moneda nacional. Al momento de escribir este editorial, la tasa de interés de las Lebacs roza el 70% anual, lo que inmoviliza el circuito económico y rompe la cadena de pagos. La salida, por lo tanto, es lograr que quienes abandonan las Lebac (en pesos) compren los nuevos títulos de deuda del Tesoro nominados en dólares. Esta redolarización de la deuda plantea a corto plazo una crisis, porque su repago requiere contar con divisas que el país no genera ni por vía comercial ni por inversiones directas. Se trata, por lo tanto, de una medida desesperada para zafar de una corrida que no pueden dominar. Debido al retroceso en dólares del PBI por la devaluación y la nueva deuda emitida, la relación entre deuda y PBI llegará al 80% a fin de año. Así, la bandera del defol vuelve a flamear sobre Argentina. Pacto de San Isidro La aceleración de la crisis ha mostrado la incapacidad de enfrentarla con medidas económicas. La presión impuesta por el FMI llevó a que la mayoría del pejotismo dé su visto bueno al acuerdo. Los gobernadores, por lo pronto, salieron a declarar que trabajarán para la reducción del déficit fiscal tal como lo establece el pacto con el FMI. Junto con ello se abrió una negociación para la aprobación del Presupuesto 2019, que incluye también al Frente Renovador de Massa y a los bloques del Justicialismo en Diputados y Senadores. El intento de avanzar en ese acuerdo había tenido su bautismo de fuego en un restaurant de San Isidro, donde se avanzó también en materia electoral. Según los trascendidos, este sector del PJ y Massa armarían una coalición sin el kirchnerismo. De este modo, le darían tranquilidad a los inversores que si pierde Macri no habría modificaciones en el rumbo general. Para no perder el tiempo, Massa viajó rápido a los Estados Unidos a una academia que lo coucheará como candidato. Los límites de este acuerdo, sin embargo, están dictados por los propios choques que se sustancian al interior de la clase capitalista por ver quién paga la factura de la crisis. Y, más en general, por la capacidad del gobierno de controlar la situación y evitar una aceleración de la crisis que ponga en juego su propia continuidad. Pero más allá de la sustentabilidad de estos pactos políticos escritos sobre arena, lo que importa denunciar es que en la actual situación política juegan un papel central en hacer pasar el ajuste pactado con el FMI sobre los trabajadores. En este punto, el kirchnerismo no se distingue en lo sustancial, ya que su estrategia se reduce a reclamar la unidad con los Pichetto, Massa y Urtubey. E incluso donde gobiernan de manera directa, como es el caso de Santa Cruz, son ellos mismos los ejecutores del ajuste. El silencio “táctico” de Cristina expresa, en realidad, la carencia de un programa para enfrentar el pacto con el FMI. El kirchnerismo formula sólo un programa mínimo para contener las consecuencias sociales del ajuste, encubierto con distintos tipos de emergencias (alimentaria, habitacional, etc.). Están fuera de su radar los planteos de repudio al pago de la deuda, la nacionalización de los recursos naturales y de las empresas de energía, de la banca y del comercio exterior. La lucha del movimiento obrero El acatamiento masivo al paro nacional mostró la bronca contra el ajuste en marcha. También dejó en evidencia que la clase obrera es la única clase social interesada realmente en la derrota de la ofensiva capitalista pactada por el gobierno, los gobernadores y el FMI. Mientras los capitalistas negocian en las mesas del poder sus propias reivindicaciones, los trabajadores tienen que irrumpir en la escena nacional para imponer la reapertura general de las paritarias, el aumento de emergencia para los jubilados y la defensa de los puestos de trabajo ante una recesión que con seguridad conllevará una catarata de nuevos despidos. Lejos de toda continuidad, el triunvirato cegetista decidió entrevistarse con los funcionarios del FMI para negociar una mesa de concertación. El pacto con el Fondo ha parido una ‘CGT Lagarde’. La base de este pacto es admitir un reajuste salarial de entre el 20 y el 25%, cuando la inflación estará por encima del 30%. El moyanismo, que posa de ala combativa del movimiento obrero, y la Corriente Federal kirchnerista, han contribuido a este acuerdo presentando sus respectivas paritarias como victorias resonantes. En oposición a estos pactos, llamamos a darle continuidad al paro nacional del 25 de junio, mediante una gran campaña por un paro activo de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo. El Plenario Nacional de Trabajadores, realizado en Lanús, se movilizará el próximo 12 de julio con el reclamo del paro activo de 36 horas y por un programa de salida a la crisis en función de los intereses de los trabajadores. El Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, apoya y contribuye con esta campaña destacando la consigna “por la derrota del plan de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI”. Desde esa perspectiva, hemos planteado al FIT una decidida campaña de intervención política para acompañar con una salida de los trabajadores, las luchas obreras y la acción del clasismo.

El pasado lunes 25, la clase obrera le bajó el pulgar al gobierno de Macri, con un paro masivo. Pero dos días después, le bajaron el pulgar los grandes capitalistas y especuladores, que salieron a vender sus bonos y acciones para poner en marcha una nueva corrida cambiaria. Ni el pacto con el FMI –que exigirá nuevos y graves ajustes contra el pueblo- ha servido para que el gobierno remonte la cuesta de su propio fracaso. Para frenar la desconfianza de los banqueros, Macri ha decidido reforzar las clavijas del ataque a las masas: mayores despidos –como en Télam; continuidad de los tarifazos; carestía galopante, que superará el 30% anual con salarios que apenas aumentaron un 15 o 20%. Esta es la “salida” de Macri a la crisis de su propia política. Y que ya están consensuando los bloques legislativos y gobernadores que responden al pejota-kirchnerismo y a Massa. Los trabajadores necesitamos una salida propia, en términos de lucha y de perspectiva política. El paro pasado ha demostrado la fuerza de la clase obrera. A pesar del freno de la burocracia sindical, en todas sus vertientes. Vamos por un paro activo de 36 horas y un verdadero plan de lucha, para derrotar al plan de guerra de Macri, los gobernadores y el FMI. Vamos por una salida de los trabajadores a esta crisis. Que parta de la defensa incondicional del salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo. Y reorganice el país a costa de la clase capitalista, que nos está conduciendo a una nueva quiebra nacional.

Las elecciones en la CTA Autónoma de Micheli, el primero de los tres procesos electorales de una CTA despedazada, arrojaron como dato sobresaliente una gran elección del clasismo, que retuvo la conducción en Mendoza y Santa Cruz, ganó en Formosa (en una lista junto al sindicato autoconvocado docente) y en Eldorado, Misiones. Las elecciones, realizadas el último jueves 28, se podrán convertir en el último vestigio de lo que fuera la CTA conducida por Pablo Micheli. Es que se trató de los comicios más vaciados y desprovistos de participación de sindicatos de base en toda su historia. La crisis es terminal al punto de que los abanderados de la “unidad” pusieron en riesgo la misma realización de la elección. Una elección fraudulenta Todas las irregularidades y anormalidades que hemos denunciado se corroboraron el día del comicio. Incluso aquellos pocos sindicatos que nutrieron la elección, lo hicieron a duras penas. En Tierra del Fuego, donde la conducción del Sutef, en manos de Horacio Catena, fue el único sector que participó, solamente hubo dos urnas para todo Ushuaia. En el caso de Capital Federal, en donde la Verde y Blanca de ATE Capital decidió participar, no hubo urna en importantes dependencias como el Garrahan, el Ministerio de Educación o el Inti. A los auxiliares de educación los hacían votar en el Ministerio de Educación de la Ciudad, en horario laboral, aunque trabajaran en escuelas alejadas de ahí como las de Lugano o Soldati. El fraude del faltante de padrón denunciado por la Lista 3 se corroboró ese día, por ejemplo en el Inti, donde más de 200 compañeros afiliados no estaban en condiciones de votar. En el caso de Neuquén, las urnas que recorrían las escuelas no tenían el padrón de los docentes correspondientes, sólo el padrón de los auxiliares de servicio, que en su mayoría son afiliados a ATE. En Bahía Blanca, donde Enrique Gandolfo decidió aliarse a sectores del kirchnerismo, quebrando la conducción combativa de esa CTA, recurrió a maniobras fraudulentas idénticas a las que desenvuelve la conducción histórica de esta central: sumó al padrón arbitrariamente a sectores que jamás fueron parte de la central y el padrón de Suteba -¡gremio del que es parte y del que es la actual conducción!- estaba desactualizado y en él faltaban candidatos de nuestra lista. Además, se agregaron 243 supuestos afiliados de Cicop horas antes de la elección. La diferencia que marcó el clasismo se inscribe en la orientación estratégica en la cual está abocada la Coordinadora Sindical Clasista: para que los sindicatos y centrales sean órganos de lucha de los trabajadores, es necesario una nueva conducción en las CTA y en todo el movimiento obrero. El clasismo es lo que avanza: Santa Cruz - Mendoza Lo distintivo surgió allí donde el clasismo impuso una organización de la elección que garantizó la democracia sindical, así como la organización de cada urna y en cada localidad. Es el caso de Mendoza, donde la combativa conducción revalidó su mandato y pavimentó el camino para la recuperación de ATE el año que viene, usurpada por el peón del gobernador Cornejo, Roberto Macho. El fuerte reagrupamiento de estatales y las muestras de apoyo a un retorno de Raquel Blas se hicieron presentes en cada urna. También cabe destacar que en la provincia de Santa Cruz, la conducción combativa de la CTA de esa provincia, revalidó el mandato y ahora será conducida por Miguel del Plá. Las listas impulsadas por la CSC ganaron en las seccionales Centro, Norte y Río Turbio. En Formosa, la Lista 5 -que conformamos junto al sindicato autoconvocado docente- consagró a Fabián Servín, de Tribuna Docente, como secretario adjunto, y luego rotando como secretario general en los próximos dos años. Por último, en Eldorado, Misiones, la Lista 14 -que integramos con sectores combativos de la docencia y estatales- se consagró ganadora, llevando a Emiliano Descalzi, de Tribuna Estatal como secretario adjunto. Las secretarías generales de Santa Cruz y Mendoza, las únicas seccionales opositoras al michelismo, serán ocupadas por importantes dirigentes de la Coordinadora Sindical Clasista. Estas importantes posiciones son la punta de lanza para un congreso de delegados de base para unificar la central y votar un plan de lucha que derrote los despidos y el ajuste, y lleve adelante la lucha por salario y condiciones de trabajo.

El segundo acto del proceso electoral en la despedazada CTA dio comienzo con la presentación de una gran lista de todo el activismo clasista y antiburocrático, la Lista 6 Multicolor de la CTA-Perón, para enfrentar a la Lista Verde en las elecciones del 8 de agosto próximo. La lista nacional de la Multicolor está encabezada por Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA, dirigente de la enorme huelga de los docentes universitarios, en lucha contra la paritaria a la baja que intenta imponer el macrismo y en defensa de la educación universitaria. Está secundada por Guillermo Pacagnini (secretario general de la Cicop) y Juan Contrisciani (del Astillero Río Santiago). La Multicolor es un frente único del activismo que ha enfrentado los ataques del gobierno macrista y de los gobernadores peronistas, y la connivencia de la dirección de la CTA-Perón en todo este período: entre muchos otros, son los docentes universitarios de la AGD-UBA y de la Conadu Histórica, los estatales de ATE Lomas y ATE Sur, de ATE Educación La Plata, del Inti, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo, los docentes del recuperado Ademys de la Ciudad de Buenos Aires, los médicos y judiciales combativos de todo el país. Junto a Ileana Celotto, por parte de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC), integran también la lista nacional Amanda Martín (secretaria adjunta de Ademys), Lucho Cáceres (secretario adjunto de Amsafe Rosario), Lucho González (secretario de prensa de ATE La Pampa), Ariel Osatinsky (secretario general de Adiunt), Flor Stevani (delegada de ATE Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires), Juan García (delegado docente de Sitech), Gabriela Ance (delegada de ATE Santa Cruz), Norma Dardik (activista de ATE en Hospital de Villa Regina), Martín Gamron (secretario de municipios e interior de Unión de Trabajadores de la Salud) y Alejandra Soler (delegada docente universitaria Adiunsa). (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Elecciones CTA - Presentación de la lista 6 Multicolor en el Bauen Posted by Prensa Obrera on Tuesday, July 10, 2018 La Lista 6 Multicolor presenta 16 listas provinciales y más de 25 regionales y locales. En la provincia de Buenos Aires encabezará Norberto Señor, de ATE Sur, seguido de "Churi" Uro, delegada general de ATE Educación La Plata y de la CSC-PO. Por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, la lista estará integrada por Jorge Adaro (secretario general de Ademys), Lorena Itabel (delegada de ATE del Ministerio de Hacienda) y el "Pollo" Luna, delegado del Inti y dirigente de la agrupación Naranja. La Coordinadora Sindical Clasista encabeza, además, las listas provinciales de Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, Santa Fe, Santa Cruz, y listas regionales estratégicas, como CTA-Rosario y Córdoba capital, entre muchas otras. La Multicolor se sustenta en la lucha por una nueva dirección de clase y antiburocrática en la CTA, contra el pacto FMI-Macri-gobernadores, contra el pacto Macri-CGT y el colaboracionismos de todas las CTA, contra las cesantías y por la ocupación de toda repartición en la que se produzcan despidos masivos, por paritarias sin techo y por un salario igual a la canasta familiar indexado por inflación, contra la reforma laboral, por la defensa de las jubilaciones y por el triunfo de la lucha de las mujeres para imponer el aborto legal, seguro y gratuito, así como por el paro activo nacional y el plan de lucha hasta obtener nuestros reclamos. La CSC-PO, que viene de hacer una gran elección en la CTA Micheli (donde ganó en Mendoza y Santa Cruz), junto a otros sectores del arco antiburocrático, presentará lista el próximo 6 de julio para enfrentar a la burocracia K de Hugo Yasky y Roberto Baradel, en las elecciones de la CTA-T. ¡Vamos por una nueva dirección clasista de todos los gremios que integraron la CTA!

El Plenario de Lanús, que reunió a más de 4000 dirigentes y activistas sindicales combativos y antiburocráticos de todo el país, votó un programa y un plan de lucha, contra los despidos, la reapertura de paritarias y aumentos salariales que compensen la imparable inflación, aumento de emergencia a los jubilados y trabajo genuino para los desocupados y por una salida obrera a la crisis. El planteo se opone por el vértice a la parálisis y el acompañamiento a las políticas del gobierno de parte de la CGT y la complicidad de la CTA. La jornada, que constará también de actos y movilizaciones en todo el país, será encabezada por Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato del Neumático; el Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria de Oeste; Romina Del Plá, secretaria general del Suteba La Matanza y diputada nacional del Frente de Izquierda; Guillermo Pacacnini, secretario general de CICOP; Ileana Celotto, secretaria general de Asociación Gremial Docente UBA, Jorge Adaro, secretario general de Ademys, entre otros. La movilización será también un punto de apoyo para el triunfo de las luchas en curso, en especial la lucha de los trabajadores de Télam contra los 354 despidos. El sindicalismo combativo convoca a marchar el 12 de julio como parte de la lucha por poner en pie a los sindicatos y a los trabajadores contra la política de Macri y los gobernadores pejotistas.

Si algo caracterizó la campaña electoral de la CTA Autónoma fue el esfuerzo por desarrollar un programa y una movilización detrás de él. Esto tuvo expresiones en importantes asambleas, reuniones y recorridas de Raquel Blas y Soledad Sosa por hospitales y reparticiones judiciales. Muchos compañeros se sumaron a la campaña en sus lugares de trabajo y en las movilizaciones de la CTA Autónoma por la reapertura de paritarias y doble aguinaldo, así como en los paros y acciones comunes con otras centrales y sindicatos. Raquel Blas encabeza nuevamente un proceso de reorganización de la base de los hospitales y áreas de salud. Las comisiones internas de dos de los tres grandes hospitales se han sumado a esta tarea, al igual que la combativa interna de la Municipalidad de Guaymallén, que con su secretario general, Pablo Barrera, y con Alberto Acosta vienen de paralizar los sectores obreros de la municipalidad con piquetes y asambleas. Votaron en la elección alrededor de 1.500 compañeros, concentrados en el gran Mendoza (92%), con una participación marginal del sur y este provincial. La Lista 3 provincial, un verdadero frente único de trabajadores que priorizaron la posición de clase y la lucha contra el ajuste, se alzó con una victoria aplastante del 93% de los votos. La base electoral se concentró esencialmente entre los estatales de la salud y los municipales de Guaymallén, así como en los judiciales, que si bien es un porcentaje menor al total de la CTA es un número significativo al padrón del gremio. La candidatura de Raquel Blas jugó un papel destacadísimo en la elección, demostrando su gran ascendente sobre los combativos estatales mendocinos. En todos estos elementos radica la importancia de la elección y el triunfo en la CTA Autónoma que para la prensa no pasó desapercibido. “El regreso de una histórica dirigente al ruedo gremial: vuelve Raquel Blas”, “Raquel Blas vuelve al ruedo: ganó en la CTA Autónoma”, “Mendoza: paliza sindical o el retorno de Raquel Blas”, “Volvió Raquel”, fueron algunos de los titulares con los que los principales medios reflejaban la novedad. Vamos por ATE La Lista Naranja tomó la elección de CTA como el comienzo de la campaña por recuperar ATE, así fue entendido también por sectores marginales del peronismo que impulsaron la Lista 22 Verde-Blanca-Celeste (versión CTA de la Verde Blanca de ATE), con apoyo de la burocracia celeste de Sute y funcionarios de algunas municipalidades dirigidas por el PJ. La disputa nunca existió por el escaso desarrollo entre las reparticiones estatales de la Verde-Blanca, que apostó sistemáticamente a inflar los padrones con punteros de los intendentes, padrones de UPCN y otros aventureros. El objetivo de este sector fue desautorizar a la Naranja y particularmente a su principal dirigente, Raquel Blas, de cara a la elección 2019 de ATE. Es de destacar que el candidato a secretario general de la Verde-Blanca-Celeste es parte de En Marcha, el agrupamiento de Libres del Sur, Movimiento Evita y “Cachorro” Godoy, por lo cual no sorprende las similitudes en los ataques de Roberto Macho y este sector contra la lista Naranja y Raquel. La Lista 3 desarrolló una política de frente único de clase, con los reclamos y necesidades como programa; la deliberación y asamblea como método. De esta forma, garantizamos la continuidad de una CTA clasista y repelimos todo intento de aparatear la elección con padrones truchos pero, por sobre todo, establecimos una sólida base militante, sin licencias ni viáticos, enfrentando la persecución del burócrata Roberto Macho y las autoridades provinciales, y conformando un poderoso agrupamiento que se prepara para recuperar ATE. Un ATE de rodillas, subordinada al gobierno de Cornejo, o recuperar la tradición de combate de clase de ATE con la Naranja liderada por Raquel Blas es la batalla por delante.

El clasismo se ha alzado con todos los cargos en disputa en la provincia de Santa Cruz en las elecciones de la CTA Autónoma. La Lista Multicolor ganó la conducción provincial con el 66% de los votos contra un 23% de la Verde y Blanca y un 10% en blanco. El triunfo es mayor ya que la Lista 3 Naranja, de la Coordinadora Sindical Clasista, ganó las tres regionales: Río Turbio, Zona Norte y Zona Centro. Miguel Del Plá será secretario general, acompañado por Claudio Wasquin y Ada Vivanco como adjuntos y Hugo Jerez como secretario administrativo. En la Regional Norte asumirá Jessica Costancio; Daniel Barria en la Regional Centro y Samanta Galván en la Regional de Río Turbio. Balance y perspectivas En los últimos años, la CTA estuvo dirigida por un frente de conducciones sindicales (Adosac, Adiunpa, Judiciales, Aprosa, la Coordinadora Sindical Clasista y el MST). Alrededor de esta CTA han girado las grandes huelgas, movilizaciones y acampes de 2016 y 2017 en la provincia y la llamada Mesa de Unidad Sindical. Sin embargo, desde 2017, Alicia Kirchner convocó a un Acuerdo Social Santacruceño y ATE ingresó a ese ámbito, tomando distancia de la unidad sindical. Las divergencias se agravaron este año con la firma por parte de ATE de un aumento en negro y a la baja, que fue usado por el gobierno para condicionar a los demás sindicatos y sostener su plan de congelamiento salarial y jubilatorio. El Acuerdo Social Santacruceño de Alicia Kirchner es la prolongación natural del Pacto Fiscal de ajuste que la gobernadora selló con Macri. Sobre llovido, mojado, la división nacional de la CTA generó una gran confusión y buena parte de las direcciones sindicales decidieron, ante la división, abandonar sus responsabilidades en la CTA. La lista que acaba de ganar las elecciones es un frente entre la CSC y el MST, con participación de algunos dirigentes de Aprosa (profesionales de la salud). Representa, en parte, una continuidad con la conducción anterior (independiente del poder político) y, en parte, un cambio hacia la izquierda, que se va a jugar a fondo por los plenarios de delegados de base, de los cuales hubo varios ensayos sin continuidad en estos años. Este triunfo nos proyecta hacia la unidad de la CTA en Santa Cruz. Es el momento de reconstruir desde abajo lo que los dirigentes acomodaticios de la CTA rompen por arriba, por su burocratismo y sus compromisos con distintas fracciones del poder político. La conducción verde de ATE hizo todo para hacer fracasar la elección, pero no pudieron lograrlo ya que en las catorce ciudades de Santa Cruz estuvieron instaladas las urnas de votación. Los 509 votantes debieron soportar el frío, en algunas localidades incluso con temporales de nieve. Desde esa base de participación (aún minoritaria), partimos y nos preparamos para la inminente elección de la CTA-A Perón, precisamente porque en caso de ganar, produciremos inmediatamente un congreso de delegados de base para organizar el plan de lucha contra el ajuste y dar paso a la unificación de ambas centrales en Santa Cruz. Julio no puede pasar sin luchas y esta nueva CTA-A ya está apoyando la importante huelga de los compañeros viales y de los municipales de Río Gallegos, conflictos en pleno desarrollo, junto a los paros docentes por la apertura de paritarias que la gobernadora niega y contra el cierre de cursos. Atentos, además, a un inminente desenlace en la crisis de YCRT, con la amenaza de cierre de la mina y a la represión contra la huelga de los docentes de Chubut. La tarea del sindicalismo clasista es inmensa y este triunfo en la CTA-A ha venido a darle nuevas energías.

En el marco de un impresionante operativo de seguridad, desarrollado al interior del edificio del anexo del Congreso, se realizó el pasado martes 3 una audiencia pública por Télam, frente a los 357 despidos producidos la semana pasada y el vaciamiento de la agencia. La convocatoria realizada por las comisiones de Libertad de Expresión, de Comunicación y Legislación Laboral tenía como presencia estelar al titular del Sistema Federal de Medios Públicos, el ministro Hernán Lombardi, de un lado, y a los delegados de prensa, por el otro, quienes desde hace ya nueve días sostienen un paro de actividades y ocupación de las dos sedes de Télam en repudio a los despidos. Finalmente, Lombardi no dio la cara y faltó a la cita. A pesar de excusarse por problemas de agenda de último momento, el ministro sí se dio tiempo para dar entrevistas radiales en el mismo horario en que se desarrollaba la audiencia. No deja de ser un llamado de atención que la ausencia de Lombardi no hizo levantar el esquema de seguridad montado previamente en el Congreso, con triple control interior y negativa a permitir el acceso a asesores de diputados y a trabajadores de prensa. El “recibimiento” del macrismo a la gigantesca lucha de Télam, denunciado en el recinto por distintos diputados, indican la decisión política del gobierno en ir a fondo con el ajuste pactado con el FMI, que ha dejado en la agencia a centenares de compañeros despedidos. En sintonía con este operativo en el Congreso, el gobierno realizó una denuncia penal por “usurpación” de las redacciones contra los trabajadores en huelga. Como bien denunciaron los delegados de prensa, la permanencia de los trabajadores en el edificio tiene como uno de sus objetivos el resguardo del patrimonio periodístico de la agencia frente al abandono que hicieron de la misma los directivos de Télam, quienes luego del envío de los telegramas masivos, abandonaron los edificios para nunca más volver. Los delegados rechazaron la persecución política y sindical que implicaron los despidos, por la decisión del gobierno de desvincular trabajadores por cuestiones ideológicas, en franca violación a la libertad de expresión y al Estatuto del Periodista Profesional. En el recinto del Congreso, los trabajadores denunciaron que la liquidación de todo el área de Publicidad deja sin contralor alguno el destino de la pauta oficial, ya que la Agencia Télam tenía, entre otras, la tarea de supervisar el cumplimiento de lo que el Estado gasta en publicidad y que asciende a la friolera de más de 9.000 millones de pesos anuales. En el marco de esta enorme huelga se han presentado en el Congreso distintos proyectos, entre ellos, el de la diputada del PO-FIT, Romina Del Plá, que plantea la vuelta atrás con todos los despidos producidos durante el año y un esquema que prohíba a la empresa toda desvinculación por otros dos. La ausencia de Lombardi en la audiencia y el clima de intimidación que se vivió en la previa, sumado a la denuncia penal contra la huelga, intentan dar una señal de fortaleza que no se verifica en la práctica. El gobierno no ha logrado siquiera sumar al elenco estable de comunicadores que viven hoy de la pauta oficial, y que en un 90% han sido críticos de la acción brutal del macrismo. Todo esto es un logro de una huelga que ha trascendido las fronteras del gremio de prensa para transformarse en una lucha decisiva contra el ajuste en marcha. El conflicto está en una etapa ascendente de la lucha, con actividades masivas, desarrolladas a lo largo de la semana, que han tenido un eco excepcional. La base de este desarrollo se encuentra en la acertada decisión adoptada por la organización gremial interna de convocar un inmediato paro al momento de conocerse los primeros telegramas, en la mañana del martes 26, ratificado y ampliado con la ocupación de ambas sedes del barrio de San Telmo, en una asamblea posterior que contó con la presencia de más de 400 trabajadores. El paro en Télam -lanzado al día siguiente del masivo paro general del lunes 25 de junio- es, con toda razón, un producto de la propia huelga que paralizó todo el país. Indica la emergencia del movimiento obrero como un actor central contra el pacto infame con el Fondo Monetario. De ahí la fortaleza del paro a una semana de los despidos. Con los anuncios de hoy se potenciarán aún más el paro y la ocupación. Se trata de un contraste fabuloso entre esta decisión del Sipreba de ocupar inmediatamente la agencia y mantener el paro durante ya una semana, frente a la inacción de otros gremios que, salvo paritos aislados, han permitido la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo en el Estado bajo el argumento de una supuesta “fortaleza” del macrismo a la hora del ajuste y de que las ocupaciones de empresas llevan a la derrota y aislamiento de los conflictos. Con su enorme lucha, los trabajadores de Télam han demostrado que lo que hay es “un 2018 de luchas” para quebrar el ajuste. La convocatoria efectuada por el Sipreba y todos los sindicatos de prensa del país para el jueves 5, a las 13 horas, desde el Obelisco al Centro Cultural Kirchner (CCK), promete ser multitudinaria. El Sipreba garantizará la movilización mediante un cese de actividades.

Los diarios informan que “la propuesta que realizó el gobierno, de aumentar los planes sociales pero sin un bono, no convenció a las organizaciones sociales, que de todos modos dejaron planteados sus reclamos y aguardarán una respuesta oficial antes de volver a las calles. La principal diferencia fue que, finalmente, el gobierno decidió no ofrecer la suma de 3 mil pesos por única vez que se barajaba” (Clarín, 4/7). En la reunión con la ministra Carolina Stanley, el triunvirato de San Cayetano (más el FOL y el Frente Darío Santillán) se presentó con un más que modesto “pliego de reclamos”: bono de 3.000 pesos, un 25% de aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ampliación de los programas. Aún así, y como le ocurrió semanas atrás a la CGT, la respuesta fue negativa. Sólo ofrecieron un 10% para todo el año y el estudio de las leyes asistenciales que el triunvirato ofrece para “contener” la crisis social. Ni un plato de lentejas Los programas sociales -hoy en 4.850 pesos- y la Asignación Universal por Hijo -1.200-, han sido duramente golpeados por la inflación. Los ingresos de los desocupados se gastan casi exclusivamente en alimentos, por lo que el golpe es aún mayor que para cualquier otro trabajador. El crecimiento de la pobreza y aún de la indigencia, la vuelta del trueque y el crecimiento de los comedores populares dan cuenta brutalmente de esta emergencia social. Por otro lado, esta respuesta pone de manifiesto la magnitud del ajuste que impulsa el gobierno de la mano del FMI, ¡Ni siquiera se salva la asistencia social! Terminada la reunión, varios dirigentes cayetanos declararon que no están conformes, pero que van a esperar. Los representantes de la Iglesia, presentes en la reunión por pedido del triunvirato, fueron más claros en el resultado de la reunión; “Estuvieron Fernando Maletti, el obispo de Merlo-Moreno que participaba de las mesas de diálogo el año pasado; y Rubén Marchioni, secretario ejecutivo de la Pastoral Social Nacional. En momentos de máxima tensión entre el gobierno y la Iglesia, Maletti celebró que se haya retomado el canal de diálogo entre la Casa Rosada y los movimientos sociales” (ídem). La máxima tensión para la Iglesia es la marea verde por el aborto legal, seguro y gratuito, y en el rescate del “diálogo” el Vaticano quiere negociar paz social por el entierro del derecho al aborto. El FPDS, el FOL y el, MTD, presentes en la reunión con Stanley, convocaron a movilizarse el próximo 12 de julio con el reclamo de aumento del 30% y apertura de los programas, denunciando que “con 8 millones de niños y niñas pobres es una falta de respeto que la ministra sólo nos invite a tomar café”. Frente la respuesta de Stanley, o vamos por el camino de la lucha o el de la resignación que pregonan los obispos. Para derrotar esta barbarie, necesitamos un plan de lucha unificado, partiendo del programa que plantean los compañeros del FPDS y otros. Desde ya, impulsaremos el próximo 12 de julio acciones en todo el país sobre la base de esos puntos mínimos. Llamamos al conjunto de las organizaciones a unificar una acción común, con un programa y un mismo objetivo. Integramos a nuestras reivindicaciones la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y por la derrota del plan de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. En esta línea, el Polo Obrero y un conjunto de organizaciones piqueteras impulsamos para el viernes 6 una movilización a Desarrollo Social, con cortes y piquetes en varios puntos del país. Con este frente de organizaciones impulsaremos la unidad de acción que necesitamos para imponer nuestras reivindicaciones.

La gira de Romina Del Plá por las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy demostró que, lejos de lo que sostiene la vicepresidenta Gabriela Michetti respecto que en el interior la población está contra la legalización del aborto, el reclamo allí por su legalización y el rechazo a la dominación clerical ha penetrado de manera profunda. Así lo demuestra la masividad de las actividades en las que participó Del Plá, que es firmante del proyecto de legalización del aborto: a pesar de las provocaciones montadas por sectores clericales, las charlas en escuelas secundarias y en la Universidad Nacional en Tucumán fueron muy exitosas. En Tucumán, Romina participó del #Gritazo contra los travesticidios. En el norte, junto con el movimiento de mujeres, se abre paso un impresionante movimiento LGTB, que lucha contra la violencia, la discriminación, los crímenes de odio y por la defensa de sus derechos. En Salta, Romina Del Plá visitó diferentes medios de comunicación a lo largo del día, donde debatió el futuro de la campaña por el aborto legal y la necesidad de reforzar la movilización en todo el país. A la noche, participó en una masiva charla sobre el tema en la sede del Partido Obrero, donde cuestionó a los siete diputados salteños, que votaron en su totalidad contra la legalización del aborto. Romina sostuvo que la negativa a este derecho por parte de esos diputados responde a los vínculos del poder político con la Iglesia católica. La charla tuvo una importante repercusión en medios locales. Romina Del Plá planteó la necesidad de sumar a nuevos sectores a esta campaña y redoblar la movilización popular para que los senadores salteños deban responder esta demanda en favor de la vida de las mujeres de Salta. La misma presión social que obligó a la provincia a adherir, luego de años, al protocolo de aborto no punible es la que debe ahora expresarse frente a la votación en el Senado. En Jujuy, provincia cuyos senadores -tanto de la UCR como del PJ- se pronunciaron contra la ley de aborto y entre los que se cuenta Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud del Senado, Romina Del Plá participó en dos charlas muy ilustrativas de este proceso que atraviesa al movimiento obrero y la juventud jujeña. En esta provincia también se desarrolla un importante movimiento LGTB que lucha contra la persecución. Compañeros y referentes de ese movimiento participaron de la charla sobre situación política que se organizó en la mañana del sábado en la ciudad de Ledesma. Allí estuvieron además las “mujeres azucareras”, compañeras de los obreros del ingenio, que están procesando un fuerte debate respecto de la necesidad del aborto legal. Junto con docentes y municipales, debatieron la necesidad de organizarse en los lugares de trabajo y desarrollar corrientes clasistas, para recuperar los sindicatos, a la luz de la experiencia del Suteba La Matanza, del cual Romina Del Plá es secretaria general. A la tarde, en San Salvador se organizó una actividad con una importante presencia de jóvenes estudiantes secundarias y universitarias que vienen participando de los pañuelazos e impulsando la campaña por la legalización del aborto. La visita de Romina Del Plá fue un impulso a la campaña que desarrolla el Partido Obrero por el aborto legal en todo el país. Resulta de enorme interés para esta lucha que en las provincias que históricamente tuvieron mayor presión e injerencia de la Iglesia católica en la vida social y sobre el poder político -como sucede en el noroeste del país, un fuerte movimiento que enfrenta la opresión clerical en favor de los derechos democráticos del pueblo- se haya puesto de pie. Al contrario de lo que sostienen los voceros del Vaticano, que pretenden mantener las cosas como están para sostener el control social de la Iglesia y sus preceptos reaccionarios sobre la población - que sólo pueden empeorar los vejámenes que sufren los más oprimidos-, en Salta, Tucumán y Jujuy se está librando una gran lucha popular por la legalización del aborto y la separación de la Iglesia y el Estado, una pelea que ya ha logrado enormes avances para los trabajadores.

El senador Federico Pinedo es bisnieto de un intendente porteño. Su abuelo fue ministro de Hacienda de los presidentes Agustín P. Justo y Ramón Castillo -durante la Década Infame- y de José María Guido más tarde. El padre presidió, en los ’60, el bloque de diputados provinciales de la Unión Conservadora bonaerense. Y la ex esposa del actual senador es una Patrón Costas. Bingo. Un linaje sin fisuras de una clase social cuyos adolescentes varones -según coinciden historiadores, escritores y biógrafos- solían iniciar su vida sexual en las sábanas suaves del hogar familiar, violando a adolescentes muertas de miedo, las chinitas sanas que para estos fines se traía del campo. Y después, claro, se las devolvía al campo. Es esa marca brutal de clase la que exuda el proyecto número S-1825/18 que presentó Pinedo en compañía de Miriam Boyadjian. El objetivo confeso, adelantó el senador en Clarín el 1°/7, es desalentar la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y reemplazarla (o combinarla) con este engendro. En el marco del debate en el Senado, del proyecto de aborto legal aprobado en Diputados y con la intención de entorpecer su aprobación en el Senado, se pusieron a la vista en el plenario de comisiones de la cámara Alta tres proyectos alternativos sobre adopción o modificación del Código Penal. Pinedo quiere crear el programa “El Estado se hace cargo y te acompaña”, por el cual éste se compromete a mantener a las mujeres embarazadas “que decidan no asumir (...) la crianza”. Literalmente “el Estado Nacional se hará cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación, de las mujeres embarazadas que decidan no asumir la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer, a los fines de salvaguardar la integridad tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer y velar por el interés superior del niño”. Las embarazadas que sí quieren criar a sus hijos y no tienen ni habitación ni alimento, no le generan la menor preocupación al legislador, que sólo parece interesado en cuidar a las que les posibilitan capturar un bebé. El procedimiento de adopción, en el que intervendrá un juez, será sumarísimo. El proyecto de Pinedo viola la ley nacional de adopción. En el artículo 4 se otorga a la madre biológica la posibilidad de elegir dentro del Registro Unico de Adoptantes a la familia que se quedará con la criatura “teniendo en cuenta las tradiciones culturales y religiosas de la madre embarazada y el niño por nacer (sic)”. Este artículo abre el camino no sólo del alquiler de vientres sino del tráfico de recién nacidos ¿Acaso una mujer o niña que necesitó el Programa para sobrevivir está en condiciones de rechazar la familia que elija el juez? Para más escándalo, Pinedo quiere que la identidad de las gestantes sea secreta y que sus nombres sólo sean accesibles con orden judicial. Como las mujeres que en los conventos del siglo XIX, para ocultar que habían pecado, dejaban subrepticiamente al bebé en una suerte de ventana de madera anclada sobre un plato giratorio, las “acompañadas” por el Estado serán mujeres sin nombre ni voz. Pinedo quiere desconocer el artículo 595, inciso E, del Código Civil y Comercial, que garantiza a los adoptados el derecho de conocer su origen. Lo deja librado a la voluntad de la gestante, que puede elegir que se la exima de la aplicación. O sea que no quedaría registrada en ningún lugar la identidad de la madre biológica ni el destino del chico. Los adoptados tendrían vedado para siempre conocer su origen. A la altura del artículo 8, el Programa ya alcanza el rango de disparate: “Aquellos niños que nacidos no hubiesen sido adoptados serán acogidos, alojados, alimentados, vestidos y educados a cargo del Programa creado por esta ley, en hogares de acogimiento u otros hogares infantiles de gestión pública o privada, organizados, habilitados, controlados y auditados de conformidad con las pautas que fije la reglamentación”. Hay unos 400.000 abortos ilegales por año. Con esta ley se podría generar una legión de huérfanos institucionalizados “en hogares de acogimiento”, que bien podrían ser de gestión privada como los del cura Grassi o del Instituto Próvolo. Del mismo modo que su jefa política, Gabriela Michetti, Pinedo aspira a sustituir con esta adopción tutelada incluso los abortos no punibles que ya contempla el Código Penal. En los considerandos se explica: “Eliminar, o por lo menos simplificar al máximo los requisitos que actualmente existen para que las mujeres opten por la entrega en adopción, es un objetivo que pretende desalentar las prácticas abortivas”. Una vez entregado el bebé, cesa toda obligación del Estado. Como las chinitas de la oligarquía eran devueltas al campo, las donantes serán devueltas a las privaciones y a la miseria. Es hora de mandar esta clase social al basurero de la historia.

El gobierno sandinista de Ortega viene llevando adelante un plan de ajuste contra el pueblo nicaragüense, en complicidad con el FMI. Una de sus últimas medidas -una reforma previsional, que aplicaba descuentos a trabajadores y a los propios jubilados, y aumentaba un tanto los aportes patronales para las cajas jubilatorias- provocó el inicio de una rebelión popular. Esto es consecuencia del desarrollo de la crisis capitalista mundial, que ha convertido a Centroamérica en un blanco preferido. La rebelión popular ha forzado a la burguesía a romper, hasta cierto punto, con el gobierno, lo mismo que el clero. Ortega y su mujer han sido los campeones de la oposición mundial al derecho al aborto y a los derechos femeninos. La oposición burguesa está activa, toda vez que el gobierno bonapartista de Ortega tocó tímidamente sus intereses (aumentar el aporte patronal a las cajas), y porque teme que la profundización de la crisis económica pueda llevarlo a profundizar políticas ‘aventureras’. El gobierno sandinista fue hasta hace meses el ‘modelo’ del FMI, que lo premió internacionalmente por ser el mejor alumno de sus recetas de ‘ajuste’. En realidad, esto fue lo que lo llevó a la actual crisis. Las movilizaciones están acompañadas por tranques y barricadas (piquetes) en barrios, y en las rutas que sirven de nexo entre el sur y el norte centroamericano pueden avistarse largas filas de camiones bloqueados por la insurgencia popular. Los estudiantes universitarios iniciaron la protesta popular, ocupando universidades y saliendo a las calles. Pero rápidamente se extendió a las masas pobres de las ciudades y a los campesinos (parte de ellos amenazados de erradicación por planes de construcción de un nuevo canal interoceánico y procesos de concentración de tierras). La clase obrera está atomizada. No existen sindicatos regionales, los convenios son por empresa, los sindicatos existentes están muy regimentados y ni hablar de una Central Obrera. Por eso, los trabajadores aparecen en esta rebelión dentro de la masa indiferenciada del pueblo. Las fuerzas policiales han sido desbordadas: “La policía no puede salir a la calle porque son linchados, el oficialismo optó por utilizar grupos parapoliciales que azotan a la población con miedo y balas”, nos dice F.C. en una nota enviada a PO. El régimen de los ‘grupos de tareas’. El ejército sandinista -creado después de la victoria la revolución de 1979- se declara ‘neutral’. Como ocurre con otras variantes en Venezuela, lo hace para acomodarse a cualquier salida, la sangrienta de Ortega o el compromiso que reclama el clero. Se preserva como recurso último del Estado. Las cámaras patronales, la curia y la ‘embajada’ alientan una “mesa de diálogo” que no avanza en ninguna dirección. Fue aceptada, sin compromisos, por el gobierno de Ortega, para ganar tiempo y aplastar la insurgencia. Luego de alguna concesión (libertad de presos, etc.), el gobierno sandinista discontinuó este ‘diálogo’ incrementando la represión parapolicial que busca víctimas selectivas entre dirigentes y activistas de la lucha (uso de francotiradores, atentados, etc.). El acuerdo que busca la ‘mediación’ es adelantar las elecciones para marzo de 2019 -o sea, dentro de nueve meses, con la expectativa de un retiro pactado, aunque deja abierta las puertas del continuismo. La ‘oposición’ y los yanquis buscan ‘encarrilar’ a las masas, pero sin ellas en la calle no obtendrá nada de Ortega. El frente patronal-eclesiástico-ONGs decretó un paro nacional para el pasado 14 de junio. Trump podría respaldar la continuidad de Ortega si consigue que el canal interoceánico -un gran negocio en disputa- lo construyan los norteamericanos, en lugar de los chinos. En realidad, hay una dicotomía: la ‘mesa del diálogo’ con el gobierno, constituida por las cámaras patronales y la Iglesia (con apoyo yanqui), por un lado, y el protagonismo de la rebelión en curso por el pueblo trabajador, por el otro. Cualquier salida democrática elemental plantea profundizar la lucha por el derrocamiento del gobierno represor y antipopular, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana, convocada por el liderazgo de la insurrección triunfante. Ese proceso serviría para que los trabajadores puedan avanzar en la constitución de sindicatos y partidos de clase. Las masas deberán desarrollar una conciencia de sus objetivos en el transcurso mismo de la lucha. Es la carencia que procura explotar el bloque del capital y el oscurantismo. A casi 40 años del triunfo de la revolución sandinista, asistimos a la degeneración fascista de una dirección nacionalista largamente entregada al imperialismo, y que cuenta, aún hoy con el apoyo del gobierno castrista. Los gobiernos de Bolivia y Venezuela (así como sectores K, del FMLN de El Salvador, etc.) han dado su apoyo a Ortega contra las masas en lucha, aduciendo que hay en marcha un golpe de Estado derechista. Es lo contrario, algo que el chavismo continental se ufana en ocultar y tiene la expectativa de poder emular, ligando su retorno al gobierno a un nuevo pacto con el capital internacional. Cuando la realidad evidencia que es al revés, hay un operativo imperialista-papal-burgués para salvar al sandinismo cambiando la figura de Ortega. Nicaragua se incorpora al torrente de insurgencias obreras y populares que estallan contra la crisis del régimen capitalista.