Prensa Obrera N° 1507

Estamos en presencia de una agudización en la guerra comercial. La decisión de Donald Trump de colocar aranceles al aluminio y al acero apenas fue un anticipo de lo que se venía. Una vez confirmada la decisión de la Casa Blanca de estas medidas, la Unión Europea, Canadá y México impusieron tarifas de importación a motos, carne de cerdo, jeans y otros productos. Versione italiana Esto empalma con el agravamiento de las tensiones con China. Estados Unidos impuso tarifas a más de cien productos provenientes del gigante asiático -la mayoría de la industria aeroespacial, robótica, manufacturera y automotriz- por un valor de 50.000 millones de dólares. Pekín, a su turno, replicó disponiendo aranceles a 545 productos norteamericanos del sector agrícola, pesquero y automotriz. Este proceso ha desatado una caída de las bolsas del mundo, empezando por las de Shanghai y Tokio. También generó pérdidas en los principales mercados de Europa y en Wall Street. Estados Unidos Existe un temor fundado de que las represalias comerciales tomadas por la Casa Blanca puedan asfixiar a la economía norteamericana. El primer caso es el del sector agrícola y ganadero, afectado por las barreras interpuestas por China. Por lo pronto, esto ha provocado un descenso del precio de la soja. La economía norteamericana está sentada en un tembladeral. Sus dos déficits gemelos -fiscal y comercial- se han transformado en una verdadera bomba de tiempo. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin planteó, a comienzos de año, el interés de la Casa Blanca de promover una depreciación del dólar, para mejorar su condición en el comercio exterior. Contrariamente, la divisa norteamericana se ha fortalecido en estos meses. Es que el crecimiento de la deuda pública -que ya asciende a 20 billones de dólares y supera el 100% del PBI- ha obligado a Washington a aumentar la tasa de interés para atraer fondos y financiar así los vencimientos previstos. El aumento de la tasa de interés pone de relieve las contradicciones de la política económica oficial: la necesidad de atender el rojo fiscal conspira con la posibilidad de remontar el déficit comercial. La suba de los intereses plantea, además, un enfriamiento de la economía. En contraste con los pronósticos de una recuperación económica sólida, “los indicadores de actividad manufacturera y servicios han estado retrocediendo. Las ventas minoristas llevan tres meses consecutivos cayendo, los gastos en construcción se desaceleraron a comienzos de año y las ventas de automóviles se han estancado en gran medida” (The Wall Street Journal, extraído de SWS, 14/4). El aumento de la tasa de interés compromete a una parte importante de las empresas privadas. La deuda corporativa se aproxima a los 7 billones de dólares. Casi un 40 por ciento de las empresas manufactureras y comerciales se encuentran en dificultades y están pagando tasas usurarias, propias de los países en defol. El desplome de la Bolsa en febrero y los cimbronazos bursátiles últimos son señales de una burbuja que puede estallar. Existe una divergencia ostensible entre las cotizaciones de la Bolsa y los magros resultados operativos que obtienen las empresas. El enorme capital ficticio acumulado responde, en realidad, a la ausencia de una tasa de ganancia que justifique inversiones en capital productivo. La política de Trump aumenta estos desequilibrios de manera explosiva. El magnate ha dispuesto un aumento extraordinario del gasto público para los próximos dos años, junto con una baja significativa del ingreso fiscal. Así, el déficit alcanzará al 5% del PBI. Según el FMI, en 2018 la deuda ascendería al 117% del PBI. Con la reforma impositiva, Trump logró concitar un apoyo de la burguesía norteamericana. Sobre esa base, recobró la iniciativa política y hasta reestructuró su gabinete, desplazando a los miembros que había convocado por imposición del partido Republicano y el establishmet. En su lugar, colocó a hombres de su estricta confianza. Trump se montó en este envión para romper el acuerdo con Irán y poner en marcha las represalias comerciales en curso. De todos modos, se sigue moviendo en arenas movedizas y estos pasos en el plano económico y político pueden terminar siendo un búmeran. Está lejos de reinar una homogeneidad en la clase capitalista norteamericana y las medidas comerciales adoptadas por Washington despiertan resistencias en círculos empresariales, en el partido Demócrata y en el propio partido Republicano. Esta división se puede agravar si los costos son superiores a los supuestos beneficios. Diversos analistas alertan sobre el peligro de una fractura del comercio internacional de resultados imprevisibles y una disolución del orden político mundial a partir del enfrentamiento de Trump con los socios históricos de Estados Unidos, como acaba de darse en la cumbre del G7. En este cuadro, el panorama político en Estados Unidos es extremadamente volátil. Un terreno de disputa entre las fuerzas de la burguesía serán las elecciones de medio término en noviembre, donde está en juego la continuidad de la mayoría republicana de ambas cámaras. La pérdida de esa mayoría sería un golpe letal al experimento bonapartista de Trump. Siempre queda la carta reservada del impeachment. China Aunque este panorama vuelve a confirmar que el epicentro de la crisis está en Estados Unidos, no es casualidad que el principal desplome de la Bolsa se haya producido en Shanghai. El gobierno chino viene tratando de cortar un endeudamiento cada vez más abultado. Pero esa política ya está afectando el crecimiento de la segunda economía del planeta. La inversión, las ventas minoristas y la producción industrial perdieron empuje durante mayo, planteando la posibilidad de una caída económica de mayor aliento. Gran parte de las empresas dependen del crédito barato para poder subsistir. Esto incluye a las de gestión estatal, pero también a las pymes, responsables de más del 60% del PBI de China. Estas empresas deben recurrir al crédito en el sector informal, el llamado sistema financiero en las sombras, pagando tasas de interés que duplican a las oficiales. Este panorama ha determinado que el Banco Popular de China, la banca central del país, no haya subido la tasa de interés, para ajustarla al aumento anunciado por la Reserva Federal. El gigante asiático ya soportaba una crisis de sobreproducción en el acero y el aluminio, que buscó resolverla apelando a la fabricación de bienes con mayor valor agregado. Pero esta tentativa choca con Estados Unidos, que rechazan una competencia china en las industrias de punta. “El enorme excedente financiero chino utilizado para adquirir tecnología, por medio de fusiones y compras de acciones de empresas, es ahora bloqueado, privando de financiamiento al capital internacional. El excedente financiero también es usado para la compra de deuda pública extranjera -en especial la norteamericana, de la cual tiene 2 billones de dólares en bonos-, de modo que el bloqueo también podría afectar la continuidad del financiamiento de la deuda norteamericana por parte de China” (Ver Prensa Obrera digital, “Una guerra que no es sólo comercial”). Esta disputa no se circunscribe exclusivamente a una competencia comercial. Detrás de la guerra económica desatada por la Casa Blanca, hay un interés por poner fin al proteccionismo industrial y financiero de China y avanzar con el proceso de apertura y colonización de su economía, para completar la restauración capitalista. En última instancia, someter a China y, de un modo general, al espacio de los ex Estados obreros, a la condición de semicolonias del imperialismo. Perspectivas El recrudecimiento de la guerra comercial expresa un salto de la crisis mundial, que está atravesada por las amenazas de un nuevo desplome bursátil, desequilibrios económicos explosivos de Estados Unidos, ralentización del crecimiento chino y hasta el peligro de un derrumbe . A esto habría que agregar las tendencias a la desintegración de la Unión Europa y la amenaza de una crisis bancaria y de deuda en desarrollo, en ese continente. Este escenario, a su turno, alimenta las tendencias a la crisis política, al derrumbe de regímenes políticos y a la guerra misma. Pero también es el caldo de cultivo para las rebeliones populares y grandes giros políticos, acentuando las tendencias a la reacción política, por un lado, y la revolución social, por el otro. Esto pone en el orden del día la necesidad de una acción internacional común de la clase obrera y poner en pie una Internacional sobre bases socialistas y revolucionarias, reconstruir la IV Internacional.

Una enorme movilización a la Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) de más de 10.000 docentes universitarios, secundarios, primarios y terciarios y de los gremios estudiantiles, sacudió a la ciudad de Montevideo. En el marco de una huelga general de 24 horas, se reclamó por incrementos presupuestarios, exigiendo un mínimo de 6% del PBI para la educación. La jornada de lucha estuvo precedida por un plan de ocupaciones de liceos por parte del sindicato de profesores de secundaria, que continúan ahora motorizadas por los estudiantes, que han desatado una verdadera ola de ocupaciones con piquetes. También se movilizó y realizó un paro con alto acatamiento la Federación de Salud Pública. Presupuesto del FMI El cuadro general de esta pelea es la presentación al Parlamento del presupuesto nacional por parte del gobierno de Tabaré Vázquez el próximo 30 de junio. Se trata de un diseño presupuestario que profundiza el endeudamiento nacional, llevándolo a casi 40.000 millones de dólares (un 70% del PBI), y mantiene enormes subsidios y exoneraciones fiscales a los sojeros, las pasteras y la banca. Como contrapartida, el peso de la recaudación estatal recae sobre los trabajadores mediante impuestos directos e indirectos al salario. El 80% de los ingresos llega por esta vía. El Presupuesto presentado congela el gasto en salud, educación y vivienda. Los partidos del Frente Amplio ya adelantaron que lo apoyarán con su voto en el Parlamento, mientras que la oposición derechista pidió más ajuste. El ministro de Economía, Danilo Astori, afirmó que los incrementos en el gasto serían igual a 0%, pues el objetivo número uno es bajar el déficit fiscal. Ocurre que el nivel de endeudamiento del gobierno se encuentra en zona crítica. La devaluación de la Argentina y Brasil, el aumento de las tasas de interés de la FED y la reversión del carry trade, preanuncian un derrumbe de las finanzas estatales que han sobrevivido en base al financiamiento de capital especulativo. Junto a este derrumbe, se encuentra una crisis industrial imparable con miles de despidos y envíos al seguro de paro, como ocurre ahora en la fábrica de la multinacional Bimbo, ocupada por los trabajadores. En una visita reciente, el FMI le exigió al gobierno continuar con los recortes del gasto público y rebaja salarial, que garantice el pago de la deuda externa y los subsidios al gran capital. El ataque a la educación y la salud pública es parte de una política de ajuste fondomonetarista. Un planteo de guerra de clases contra los trabajadores. En Nicaragua, Brasil, Argentina y Jordania esta orientación está desatando enormes procesos de lucha y actuales o potenciales rebeliones populares. Astori y Vázquez deberían poner las barbas en remojo. Lucha política y programa El PIT-CNT votó un paro parcial y movilización para el próximo 28 de junio. La orientación del paro se encuentra condicionada por la caracterización política de la etapa que votó recientemente -aunque no por unanimidad- el congreso de la central de trabajadores, que señala al gobierno del Frente Amplio como parte de un ‘bloque social y político de los cambios’ junto al movimiento obrero. Es decir, un apoyo político al FA, que opone al ascenso de gobiernos derechistas en la región. El planteo político debe ser el contrario, pues la lucha educativa y de la salud pública se oponen por el vértice, en los hechos, a esa caracterización: son una muestra del carácter fondomonetarista del gobierno del FA. El Partido de los Trabajadores se encuentra en la primera fila de esta pelea, como parte de las direcciones sindicales y estudiantiles, impulsando la necesidad de una huelga general educativa y un plan de lucha del movimiento obrero para imponer las reivindicaciones populares y derrotar el ajuste del gobierno y el FMI. La huelga activa de la clase obrera implica ofrecer un programa de salida inmediata: la eliminación de todos los impuestos al salario y fuertes impuestos progresivos al gran capital, la suspensión inmediata del pago de la deuda externa, el congelamiento de todos los títulos de deuda financiera en circulación y el control obrero de los bancos y de los mercados financieros y el comercio exterior, control que debe extenderse a toda empresa que cierre o despida. En primer plano debe figurar el salario mínimo igual a la canasta familiar y el ajuste mensual de salarios y jubilaciones por inflación. La lucha que se abre debe abonar para el desarrollo de una alternativa política propia de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas.

En la semana en la que el gobierno de Macri cerró un acuerdo con el FMI que conllevará gravísimos ataques contra la universidad pública y el pueblo argentino, el Rectorado de Barbieri y la pata estudiantil de Cambiemos, Nuevo Espacio/Franja Morada, se proponen dar un golpe de mano para apoderarse de la conducción de la Fuba, la principal federación estudiantil de nuestro país. El gobierno es consciente de que disciplinar a la juventud argentina, que en estos días copó las calles por el derecho al aborto, es una tarea fundamental para hacer pasar el ajuste. Esta ofensiva fraudulenta, orquestada de espaldas al movimiento estudiantil, solo es posible gracias al pasaje de buena parte del PJ-kirchnerismo al bando del macrismo y el Rectorado. Como ocurre a nivel nacional, donde el peronismo le garantizó al gobierno que el pacto con el FMI no pasará por el Congreso, en la UBA sus pibes se alinean para que la vieja y corrupta Franja Morada, hoy enrolada en Cambiemos, intente recuperar –tras 17 años- el control de la federación. Fractura “anti-macrista” Los mascarones de proa de esta Fuba de Macri y el FMI tienen nombre y apellido: el “Movimiento Linealmente Independiente” (MLI) de Ingeniería y la UES, los ex aliados de la Cámpora en Sociales. Ambas fuerzas vienen de participar del autodenominado “frente anti-macrista” que se presentó en el reciente Congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA) de Rosario. En el primer caso a través del kirchnerista “Movimiento de Participación Estudiantil” (MPE), con centro en la universidad de Córdoba. En el segundo caso en alianza con Miles, la agrupación peronista que co-dirige con la Mella la federación de La Plata y cuya definición ahora podría ser determinante en el futuro de la Fuba. En la UBA, tanto el MLI como la UES votaron la reelección de Alberto Barbieri, el rector peronista ligado al Banco Santander, recibiendo los debidos “adornos” en cargos y negocios por parte del líder de Nuevo Espacio/Franja Morada, Emiliano Yacobitti. Congreso trucho y extorsión Como toda tentativa reaccionaria contra el movimiento estudiantil, el congreso de Franja-MLI-UES fue convocado en la mayor clandestinidad y de forma completamente irregular. Está claro que la moción de entregar la Fuba a Cambiemos y el Rectorado no pasaría la prueba de ninguna asamblea estudiantil de la UBA. Tampoco cuentan con mayoría para eso en las comisiones directivas de los centros, un requisito que establecen los estatutos pero que quienes se jactan de querer ‘normalizar la Fuba’ no tienen empacho en violar. La convocatoria, por eso, fue realizada de la noche a la mañana, incumpliendo todos los plazos fijados por el estatuto, en una reunión de Junta Representativa que careció del quórum estipulado para sesionar. Este carácter fraudulento del Congreso, al cual hay que sumar el “pegado” de boletas de centro a las elecciones obligatorias para las autoridades universitarias con la finalidad de incrementar la cantidad de delegados, fue denunciado desde el primer minuto por las agrupaciones de la presidencia de la Fuba. No ocurrió así con el kirchnerismo, que hasta este momento mantiene un silencio de radio sobre el punto y sobre el pasaje de sus ¿ex? compañeros al bloque del Rectorado. Esta negativa a repudiar las maniobras en curso se mantienen aún hoy, cuando el golpe franjista-macrista-pejotista ha sido lanzado a plena luz del día. En una reunión de centros y fuerzas realizada el día de ayer, la Cámpora rechazó suscribir un comunicado de denuncia, quedando así con las manos libres para todo tipo de maniobras. Llamamiento La UJS llama al conjunto del movimiento estudiantil y a todas las agrupaciones que se reclaman opositoras al gobierno y al Rectorado a movilizarse para derrotar el intento de copamiento de la Fuba por los representantes de las camarillas universitarias y del gobierno nacional. En estas 48 horas, es fundamental el pronunciamiento de todos los centros y agrupaciones para defender la federación de las garras de Barbieri y Cambiemos, denunciando el congreso trucho convocado por éstos. Hay que hacer sentir en la Fuba el repudio mayoritario al ajuste de Macri y el FMI que se vive en las aulas y el apoyo a las grandes causas emprendidas por la federación, desde la lucha por el salario docente a la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. Convocamos a todas las agrupaciones a formar un acuerdo para derrotar el operativo de copamiento de la Fuba, cuyo ordenamiento naturalmente deberá respetar el mandato que cada fuerza obtuvo en las elecciones estudiantiles. Advertimos contra todo intento de extorsión que apoyado en la ofensiva oficial pretenda usurpar un lugar en la Federación que no se corresponde con el voto de los estudiantes. El sábado, ¡todas y todos a la Fuba, a defender nuestra herramienta de organización y de lucha! También te puede interesar: Cómo es el fraude que Barbieri y Cambiemos preparan contra la FUBA

Luego de doce audiencias de juicio, el acusado por el asesinato de la referente LGBT Diana Sacayán, Gabriel Marino, fue condenado con los agravantes “violencia de género” y por “odio hacia identidad de género”. La gran movilización popular que provocó el asesinato de Diana logra así un triunfo de grandes alcances: es la primera vez en América Latina que un travesticidio se califica como tal, y será clave para pelear contra el manto de impunidad que encubre a los asesinatos de nuestras compañeras -que en su mayoría ni siquiera son investigados y cuyas cifras son realmente alarmantes: en lo que va de 2018 ya son 39 los casos. Estos crímenes forman parte del genocidio silenciado que vive este colectivo, con una expectativa de vida promedio de 35 años, resultante de las condiciones de marginalidad que encuentran en el Estado su principal responsable. Diana no sólo fue una referente del movimiento LGBT, también lo fue del abolicionismo, ya que luchó contra el destino que les otorga este sistema a la mayoría de las compañeras trans y travestis, que es el de la prostitución. En nombre de Diana y de todas continuaremos su lucha por la inclusión laboral trans, ley que en la provincia de Buenos Aires se aprobó y aún no se ha implementado. Esta victoria contra el Estado que nos criminaliza, sumada a la media sanción por el aborto legal, nos tiene que dar impulso para continuar organizándonos. El 28 de junio se realizará la marcha nacional contra los travesticidios y transfemicidios, que concentrará a las 18 horas en Plaza de Mayo. Debemos continuar en las calles de manera independiente del Estado, los gobiernos y la Iglesia. Vamos por la absolución para Joe, Mariana e Higui. El Estado es responsable.

Entre los que votaron en favor de la legalización del derecho al aborto fue muy común escuchar que se trata de una cuestión de “salud pública”. Este concepto fue repetido por diputadas y diputados de distintos partidos políticos. En el caso de la Legislatura de la Ciudad, donde el tema se debatió el jueves último, adquirió casi un carácter excluyente. Así, derecho al aborto equivaldría a una cuestión de asepsia social, que sólo puede ser rechazado en nombre de preceptos religiosos o dogmáticos. ¿Pero, es correcto afirmar que el derecho al aborto es una cuestión de “salud pública”? Pese a que indudablemente lo es, siendo que la prohibición de ese derecho conlleva a la muerte y la mutilación de centenares y miles de mujeres, presentarlo como una medida de “salud pública” es un reduccionismo equivocado -en tanto no logra captar todas las determinaciones que le dan su contenido concreto. En particular, se termina omitiendo los condicionamientos sociales que producen, primero, los embarazos no deseados, y en segundo lugar, la decisión de las mujeres o en otros casos de las parejas, a realizar una interrupción de dicho embarazo. Los embarazos no deseados y muchísimos tipos de enfermedades tienen en común que con una política de prevención pueden reducirse significativamente -el embarazo no deseado, por ejemplo, con una política pública que incorpore la educación sexual y la difusión y entrega gratuita de anticonceptivos. Hasta aquí, entonces, la comparación es completamente legítima. Pero sólo hasta aquí. Sucede que una vez que una mujer está embarazada debe decidir si sigue adelante o no con su embarazo, algo que no ocurre con las enfermedades, que más allá de las diferencias entre sí, requieren tratamientos para combatirlas. Las causas que determinarán su decisión son de diferente índole: desde cuál es su deseo de vida en ese momento, los vínculos de pareja establecidos, hasta la situación social que enfrenta y le posibilitan o no llevar adelante una maternidad en condiciones adecuadas. Estas determinaciones, como se ve, ya no dependen de la mujer sino que son independientes de ella y escapan a su dominio individual. Son condicionamientos establecidos por un régimen social, que condiciona por completo una decisión “libre”. Veamos un ejemplo: una mujer puede decidir interrumpir su embarazo porque ella y su pareja están desocupados. Su decisión, en este caso, difícilmente puede ser calificada como “libre”, dado que fue impuesta por las condiciones de explotación y miseria del capitalismo que ella, obviamente, no eligió. En este caso, el derecho al aborto legal se transforma en una cuestión de salud pública para evitar el daño ulterior que produciría un aborto ilegal en condiciones inadecuadas; pero la interrupción del embarazo estuvo determinado por cuestiones sociales que escapan al domino de la mujer y se le presentan ante ella de manera hostil. ¿Entonces, el “derecho al aborto es el FMI”, como dijo en una audiencia de la Cámara de Diputados un cura villero? Obviamente, no. El clero aquí se valió de su ‘pata izquierda’ para defender una política reaccionaria y oscurantista. Por nuestra parte, no tenemos dudas que de imponerse el pacto con el FMI, dadas las graves consecuencias sociales que traerá aparejado para el pueblo, se crean condiciones propicias para que más mujeres decidan interrumpir su embarazo o, dicho al revés, se afectan decididamente las condiciones necesarias para llevar adelante la maternidad. Pero la Iglesia, en vez de llamar a luchar contra el FMI -o sea, contra el capitalismo-, quiere negarles a las mujeres el derecho elemental a defenderse, obligándolas a seguir adelante con embarazos que no pueden afrontar. Así, además de los planes de ajuste del FMI, deberán soportar la clandestinidad del aborto. La afirmación unilateral de que el derecho al aborto es sólo una cuestión de “salud pública” responde a una visión liberal de la sociedad, que omite las determinaciones sociales que condicionan la libertad de decisión y elección. No es casual, por lo tanto, que sea el argumento más usado por las diputadas y diputados de los partidos de la clase capitalista, que quieren limitar la acción del movimiento de la mujer a la ampliación de ciertos derechos dentro del marco capitalista, mientras se niegan otros, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a un salario equivalente a la canasta familiar, etc. El programa socialista de la mujer es otro: para conquistar la verdadera capacidad de decidir, incluido el más elemental de todos que es sobre el propio cuerpo, es necesario terminar con un régimen basado en la explotación y opresión. El capital reclama una explotación cada vez mayor de los cuerpos y la energía de las trabajadoras y los trabajadores, con sus reformas laborales y la suba de la edad jubilatoria. Las necesidades sociales no están dictadas por la libre decisión de la sociedad, sino determinadas por la acumulación capitalista; es el mercado el que ‘crea’ las necesidades, y no al revés. El monopolio de los medios de comunicación por parte del capital le otorga también un instrumento de dominación ideológica que busca justificar y naturalizar a la sociedad de explotación. Por todo lo dicho, la “interrupción voluntaria del embarazo” será realmente tal cuando la sociedad capitalista sea sustituida por otra en la cual cada uno pueda aportar, según sus posibilidades, y recibir, según sus necesidades. La gigantesca lucha que permitió conquistar la media sanción del proyecto de aborto legal es el método que, a una escala aún mucho más vasta, deberemos desarrollar para terminar con el capitalismo y abrir camino a una sociedad realmente humana.

Sobre el cierre de esta edición, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto de Aluar Puerto Madryn. Los más de 1.200 trabajadores de la fábrica habían cumplido esta semana su segundo paro total por 48 horas en reclamo de un aumento salarial del 25% con actualización por inflación, apoyado con un piquete en el ingreso de la planta. El jueves 14, una masiva asamblea había resuelto un plan de lucha por tiempo indeterminado como respuesta a la intransigencia de la patronal que, siendo una gran beneficiaria de la devaluación, insiste luego de cinco reuniones paritarias con una propuesta a la baja del 18,5% al básico, en línea con lo firmado por la UOM con las cámaras empresarias -cuando la inflación prevista no baja del 25%. La modalidad adoptada por el paro de esta semana fue que los trabajadores ingresaban a la planta y permanecían durante todo su turno en sus refrigerios (comedores), sin realizar tareas. El piquete fue sostenido por trabajadores de otros turnos, la comisión interna y el cuerpo de delegados. En su ataque contra los obreros en lucha, la patronal echa mano de todo tipo de maniobras. La semana pasada indicó al personal jerárquico que saliese con sus autos personales antes del fin de un turno, para quebrar el piquete; y ante la negativa de los trabajadores a levantar el mismo envió a la policía, aunque sin mayores resultados. A su vez, la empresa emitió un comunicado acusando a los trabajadores de violar un acta de servicios esenciales firmada años atrás por la burocracia y amenazando con tomar represalias. El acta, de características carneras, establece que a partir del tercer día de huelga la dotación de las guardias mínimas se amplía enormemente, obligando a ingresar trabajadores no sólo para tareas de control y mantenimiento sino también para la producción. Con todo, la acusación es falsa, ya que los trabajadores levantaron la huelga entre el mediodía del sábado y el del domingo. El 18 de junio, también, los obreros realizaron una conferencia de prensa para recabar la solidaridad de otros sectores en lucha, en el marco de una Chubut convulsionada. ¡Viva la lucha de los metalúrgicos de Aluar!

Desde que el juez Gallardo intervino en el conflicto del subte, la situación ha empeorado notablemente. El juez dictaminó que se abriera una mesa de negociación sobre la paritaria por un período de 60 días, que incluyera, además de la UTA, Metrovías y SBASE, a la AGTSyP. Que quedaran sin efecto las sanciones aplicadas y se devolviera el dinero descontado por las mismas, y que la AGTSyP, por otro lado, se abstuviera de tomar medidas gremiales durante ese lapso. A la patronal y al gobierno esa resolución no les movió un pelo. No sólo no han convocado a la AGTSyP a ninguna mesa, sino que además le han hecho saber que no será recibida por la empresa para tratar ningún reclamo. Las sanciones no fueron levantadas ni se ha devuelto un solo peso de los descontados, que en varios casos llegan a los 29 días de sueldo. Rodríguez Larreta ha declarado que el dictamen del juez “es un disparate” y que fue apelado, interpretando arbitraria e ilegalmente que la falta de personería gremial quita todo derecho a un sindicato, sin importar que sea el de mayor cantidad de afiliados en una proporción de 8 a 2 y el único con autoridad sobre la masa de los trabajadores. Como si esto no alcanzara para calificar este ataque como una ofensiva en regla contra los luchadores del subte, dirigida desde el propio poder político, ser produjeron dos hechos más. El Ministerio de Trabajo y el Banco Central dieron la orden a los bancos de no tramitar aportes gremiales de las cuentas de sus clientes, con el objeto de desfinanciar a la AGTSyP. Como novedad, ha trascendido -según informan los abogados del gremio- que el mismo ministerio, basado en ciertas impugnaciones contra la AGTSyP de 2013, colocaría en suspenso la designación de autoridades y la elección de delegados que se viene produciendo desde hace casi diez años. Esto equivale a disolver el sindicato. La resolución del juez Gallardo pretendió imponer una tregua en el conflicto totalmente favorable a la parte patronal, porque con las manos atadas, la AGTSyP no podría modificar en una mesa de “negociación” lo que ya fue firmado con la UTA: un 15% de aumento en cuotas -anualizado menos de 10%- y un descuento de 1% de todos los sueldos para las arcas de la camarilla del “narigón” Fernández. En 60 días, además, pueden pasar muchas cosas en el país. Si aún con estas ventajas el gobierno rechaza el fallo del juez es porque piensa llegar hasta el final. Un objetivo, éste vinculado con el programa de ajuste más general, ahora monitoreado por el FMI, pero también una condición de las empresas que se presentarían a la licitación de la nueva concesión del subte. La otra es una reducción drástica del personal, que implica la extensión de la jornada laboral y la liquidación de las seis horas por labor insalubre. El hecho de que una dirección sindical no reaccione a semejante ataque, que cuestiona la propia existencia de la organización, no puede deberse a un estado de ánimo. Las medidas tomadas, hasta el momento, se limitan a gestiones legales y a una colecta entre los trabajadores para compensar los descuentos de sueldo de los sancionados. Ni siquiera una marcha. Son los abogados los que toman la palabra, llamando a aplacar los ánimos en nombre de la ilegalidad de la política patronal. Se trata, en cambio, de toda una concepción política, la del gremialismo kirchnerista, que pregona que no es tiempo de lucha sino de culpar a Macri de toda felonía, para cobrárselas en las elecciones de 2019 -“Nosotros cumplimos con el juez, los malos no”. Yendo más lejos, una política de avestruz, objetivamente funcional al avance del ajuste sin resistencia. Muy distinta es la experiencia de los docentes de Neuquén, que conquistaron la indexación de los sueldos con 45 días de huelga. O, más contundente aún, la de la ola verde de la lucha de las mujeres que arrebataron la media sanción de diputados a la ley de aborto legal a fuerza de movilización, ocupaciones y paros. En el subte se debe realizar un paciente trabajo de convencimiento a favor de la resistencia activa al ataque macrista, contrarrestando la desmoralización que infunde una conducción que se ha limitado a convocar con fecha incierta a una volanteada al usuario con ofrecimiento de café gratis. No hay mejor oportunidad para realizar una asamblea general que resuelva un plan de acción. No hay mejor oportunidad para que la AGTSyP convoque un plenario de base de gremios de la Capital que se encuentran también a merced del desamparo salarial.

Centenares de trabajadores de las tres fábricas del neumático -Fate, Pirelli y Firestone- se dieron cita el pasado martes 19 en el Club Atlético Banco Nación para la asamblea ordinaria y extraordinaria de su gremio, el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La asamblea obrera aprobó, casi por unanimidad, la propuesta de la comisión directiva frente a las paritarias, de exigir un aumento del 30% junto a una cláusula que garantice que ningún trabajador pierda poder adquisitivo ante la inflación. La metodología de definir el pedido salarial -y a los paritarios que lo defiendan- en asamblea general distingue al Sutna de la amplia mayoría de los sindicatos, conducidos por burocracias que negocian de espaldas a la base del gremio. La demanda gremial -la más alta del año- “deberá ser apoyada con la lucha”, destacó ante los trabajadores el secretario general, Alejandro Crespo, tras recordar cómo los docentes de Neuquén lograron quebrar los topes salariales con 40 días de paro. Desde el palco, Crespo llamó a los trabajadores a participar masivamente del plenario de sindicatos antiburocráticos del día 23, que tiene al Sutna como uno de los convocantes, y del paro nacional del 25. Memoria y Balance La asamblea ordinaria se concentró en la votación de la memoria y balance del gremio. Por unanimidad fueron aprobadas tanto la del ejercicio 2015-2016 como la del 2016-2017. Tras señalar los manejos fraudulentos por parte de la burocracia de Pedro Wasiejko (desplazada por la actual conducción en 2016), que dejó a la obra social con enormes deudas, Crespo y el contador del sindicato señalaron que fue una decisión de la actual comisión directiva no descargar el quebranto sobre los trabajadores y destacaron que el grueso de los ingresos del sindicato han sido destinados a una mejora sustancial de las prestaciones de la obra social -lo que fue ratificado con vivos aplausos por los afiliados presentes. Una mejora que, como señaló el contador, hubiese sido imposible sin la lucha colectiva, que permitió conquistar un 27% de aumento en la paritaria pasada. Finalizada la asamblea ordinaria, se dio inicio a la extraordinaria. En la misma se resolvieron, además del pedido paritario, modificaciones estatutarias y medidas para paliar la deuda, heredada de la anterior conducción. Hacia el 23 y el 25 En diálogo con Prensa Obrera, Crespo destacó las resoluciones de la asamblea, en “un año en que la mayoría de los sindicatos han entregado la paritaria”. En relación con el paro nacional del 25, afirmó que “el Neumático viene parando fuerte en cada paro nacional, en las tres fábricas”, y señaló que la jornada “no puede quedar limitada a las acciones dentro de planta” y debe asumir un carácter activo. En esta línea, señaló que el plenario de sindicatos combativos del 23 tendrá como tarea inmediata organizar medidas para darle un carácter activo al paro nacional -en contraste con la burocracia de la CGT, que convocó sin movilización ni ningún tipo de acción callejera. Sobre el plenario, afirmó que “el movimiento obrero argentino está sufriendo un ataque total, y es necesario que nos juntemos todas las organizaciones que peleamos por los trabajadores de todo el país”, y enfatizó en que “va a ser el inicio de una nueva herramienta para que los trabajadores enfrentemos el ajuste y peleemos por nuestros derechos”.

El 8 de agosto se realizarán las elecciones en la CTA Perón. La diáspora electoral producida por la cada vez más fracturada CTA tendrá en esa ocasión su segundo capítulo luego de que se realicen las elecciones promovidas por el sector de Micheli. El tercer capítulo será la elección en la CTA Yasky. El clasismo presentó una lista nacional y en la mayoría de las provincias y regionales con dirigentes y luchadores del movimiento obrero. Luego de una década de abstenciones y divisionismo por parte de varios sectores antiburocráticos, se ha logrado una representativa lista de frente único de la casi totalidad de los sectores combativos, antiburocráticos y clasistas, en el camino de lo que han sido las listas de frente único de los Suteba multicolores o de la Bermellón de ATE. En esta oportunidad participarán de la elección sindicatos y federaciones nacionales tales como ATE, la Conadu Histórica, Fesprosa y otros como Ucra (conductores), FAAPROME (Propaganda Médica), la Federación Nacional Docente y Uettel (tercerizados telefónicos). También participarán sindicatos provinciales importantes como los que integran la Federación Azucarera Regional y la combativa Ademys de Capital Federal. En un cuadro, donde el gobierno nacional y los provinciales preparan una ofensiva mayor sobre el movimiento obrero a partir del acuerdo con el FMI (que golpeará con particular fuerza a docentes y estatales, principales gremios de las CTA), la Lista 6 Multicolor del clasismo aparece como la expresión de las luchas que se desarrollan contra estos ataques. La lista nacional es encabezada por Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA que, junto a la Conadu Histórica, viene desenvolviendo una enorme lucha contra la paritaria de hambre del macrismo. Completan los primeros lugares Guillermo Pacagnini (secretario general de la Cicop), Juan Contrisciani (activista en el Astillero Río Santiago), Hernán Izurieta (delegado general del Ministerio de Trabajo) y Pablo Almeida (delegado general del Ministerio de Hacienda). Por parte de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC), integran también la lista nacional Amanda Martín (secretaria adjunta de Ademys), Lucho Cáceres (secretario adjunto de Amsafe Rosario), Lucho González (secretario de prensa de ATE La Pampa), Ariel Osatinsky (secretario general de Adiunt), Flor Stevani (delegada de ATE Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires), Juan García (delegado docente de Sitech), Gabriela Ance (delegada de ATE Santa Cruz), Norma Dardik (activista de ATE en Hospital de Villa Regina), Martín Gamron (secretario de municipios e interior de Unión de Trabajadores de la Salud) y Alejandra Soler (delegada docente universitaria Adiunsa). El clasismo tendrá también su expresión en 16 listas provinciales y en más de 25 regionales y localidades. En la provincia de Buenos Aires encabezará Norberto Señor de ATE Sur, seguido de "Churi" Uro, delegada general de ATE Educación La Plata. Por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, la lista estará integrada por Jorge Adaro (secretario general de Ademys), Lorena Itabel (delegada de ATE del Ministerio de Hacienda) y el "Pollo" Luna, delegado del Inti y dirigente de la agrupación Naranja. La CSC ha sumado compañeros directivos y delegados de sindicatos como ATE, AGD-UBA, Adiunne (docentes de la Universidad del Nordeste), Adiunt (docentes universitarios de Tucumán), Adiunsa (docentes universitarios de Salta), Ademys, Ateca (docentes de Catamarca), Utem (Educación y Minoridad), Unter (docentes de Río Negro), Sutef (Tierra del Fuego), Sitech (Chaco), Adosac, Amsafe, AJB (judiciales bonaerenses), UTJCH (judiciales de Chaco), Uettel, Cicop, UTS, OSTV (vigiladores), Ucra. Por la vereda opuesta se presentará una lista que es parte de la dispersión política y electoral que las distintas burocracias que conducen las CTA tienen a partir de una orientación política de fondo: el seguidismo a armados políticos patronales. La central creada a principios de los ’90 para alternativizar a la CGT, rápidamente reprodujo sus métodos antidemocráticos (las minorías son una farsa o incluso ni existen como en ATE), fraudulentos (con padrones inflados con “afiliaciones directas”, proporcionadas por punteros del PJ u otras fuerzas patronales) y de patotas (con el caso más reciente de Darío Silva, de ATE Morón, ligado tanto a la Verde nacional como a los kirchneristas, contra los trabajadores del Posadas). Ocurre que desde sus orígenes, estos sectores jamás pretendieron ser una alternativa independiente para los trabajadores. Más bien, han dado apoyo a variantes patronales, empezando por la Alianza. Fueron cooptados a los Consejos Consultivos en época de Duhalde y se acercaron políticamente al kirchnerismo, el cual fue abandonado por el sector de Micheli y Hugo “Cachorro” Godoy (aliados en ese momento) para apoyar los reclamos de la Sociedad Rural y las patronales agrarias en 2008. Esta trayectoria de seguidismo a distintas variantes patronales derivó en el quiebre definitivo de la CTA en 2010, sobre la base de acusaciones cruzadas de fraude entre los dos sectores. El reacercamiento posterior de Micheli al kirchnerismo y la nueva tentativa de hacer resurgir a la centroizquierda (En Marcha) por parte de Víctor De Gennaro y Godoy propició una nueva quiebra en función de disputar la caja de esos sindicatos, particularmente la de ATE. En este cuadro, la Lista 6 Multicolor se propone el objetivo de conquistar decenas de comisiones ejecutivas regionales y locales. Iremos también por la conquista de minorías, luchando para que la directiva de Godoy las reconozca, quebrando la histórica proscripción existente en CTA y rompiendo el control monolítico de la central por parte de la burocracia sindical. Con esta perspectiva, la inmensa mayoría de los que integramos la lista Multicolor seremos parte del Plenario Nacional de Trabajadores de Lanús.

La fecha del próximo 23 de junio para el Plenario Nacional de Trabajadores, convocado por el sindicalismo combativo en Lanús, parecería haber sido escogida conociendo el futuro. Hasta cierto punto es verdad, porque fue pactada por sus convocantes iniciales, a partir de la comprensión de la urgente necesidad de un reagrupamiento del clasismo y la izquierda del movimiento obrero. La magnitud de la crisis del gobierno, el hundimiento de su programa económico y los renovados golpes a las masas, como consecuencia de ello, la apelación al FMI, las grietas en la coalición gobernante, los choques y realineamientos con la oposición que sostuvo toda la política de Macri desde las gobernaciones, el Parlamento y la CGT, la fractura de la burocracia sindical, por un lado, y las tenaces luchas del movimiento obrero, por otro, configuran un escenario excepcional e inspiraron la tarea. El crecimiento diario de la convocatoria prueba la oportunidad y potencialidad de esta gran asamblea de trabajadores. Después de la adhesión de la asamblea general de Luz y Fuerza de Córdoba, se han sumado la directiva de ATE Turbio, el Congreso Provincial de Adosac, la comisión directiva de UTS Córdoba (salud), delegaciones del Sipreba y la Comisión Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Adhiere la Asociación Gremial de los Docentes Universitarios de San Luis, convoca la CTA Mendoza, dirigentes azucareros de Salta y delegaciones de grandes metalúrgicas como Siderca, Acindar y Aluar, todo lo cual se suma al Sutna, los Suteba Combativos, Ceramistas de Neuquén, la UF Oeste, AGD-UBA, Ademys, el Sitraic, seccionales de Aten Neuquén, entre otros. A partir del núcleo convocante, hoy son más de treinta sindicatos y centenares de cuerpos de delegados, que agrupan a casi la totalidad de las corrientes del clasismo y la izquierda, los que deliberarán en función de un programa de reivindicaciones y un plan de lucha. Pero también de un programa obrero de salida a la crisis y de un plan de acción para dar nuevos saltos en la lucha por una nueva dirección del movimiento obrero. Presencia de luchas Ninguna lucha del último período estará ausente, sea el Inti, Cresta Roja, la docencia universitaria de Conadu Histórica, los mencionados mineros del Turbio, los sindicatos docentes que no han cerrado su paritaria y la huelga general de Aluar, que se erige como una de las grandes luchas obreras del momento contra los techos paritarios. Los trabajadores de esa fábrica, una de las plantas industriales más importantes del país, desafían la paritaria de hambre firmada sin lucha por la UOM y desarrollan su huelga mediante asambleas y piquetes que diariamente sostienen frente a la ofensiva patronal. La conciliación dictada al cierre de esta edición da cuenta de una patronal que no pudo quebrar el movimiento. Ellos procurarán unir su accionar, en ocasión del próximo 25, a la lucha de estatales y docentes contra el leonino ajuste del gobernador pejotista Arcioni. También estarán delegados camioneros, desde luego, opuestos a la burocracia moyanista. El plenario rescatará la lucha de ese gremio, aunque seguramente será motivo de análisis una paritaria que, aunque alcanza en forma acumulada el 25%, carece de una fórmula de respaldo de acuerdo con la inflación, que ya varios estiman en el 32/35% para 2018. El contraste político y metodológico en materia de paritarias lo ofrece el Sutna, uno de los sindicatos centrales convocantes del encuentro, que votó en asamblea general el reclamo del 30% con cláusula de actualización, frente a los desfasajes inflacionarios causados por el desbarranque económico oficial. El planteamiento de la asamblea obrera del Sutna, impulsado por su dirección clasista, concentra dos cuestiones: la actualización del porcentaje bruto y el respaldo de una cláusula de revisión o actualización. En este punto, lo arrancado por la huelga general docente neuquina, es el mayor antecedente paritario de todo el movimiento obrero. Delimitación, en el programa y en la acción El plenario debutará con su accionar en el paro del 25. El reclamo del paro activo nacional con abandono de tareas, movilización y plan de lucha que preside el plenario será llevado a las asambleas obreras, a toda instancia del movimiento obrero y, fundamentalmente, a la calle en la misma jornada del 25, a través de un plan de cortes de ruta y movilizaciones, así como de un acto en el centro de la Capital. De ese modo, las fuerzas del plenario denunciarán los límites brutales del paro dominguero, concebido para descomprimir la tensión social, en lugar de organizar al movimiento obrero para derrotar el plan del gobierno y el FMI. Lo mismo vale en cada provincia, donde los trabajadores, como en Chubut, enfrentan el ajuste. Pero también en Santa Cruz, que sufre el mayor de todos los ajustes provinciales. El plenario está delimitado de las burocracias opositoras convocantes del 21F, que tienen por eje a Moyano y el kirchnerismo; al igual que del degennarismo, que busca reciclarse como pata izquierda de una unidad opositora que subordina al movimiento obrero a la oposición patronal. Al mismo tiempo que se desarrolla el Plenario Nacional, se han concretado dos listas para las respectivas elecciones de la nueva división de la CTA Autónoma. En la CTA Micheli se trata de una tarea encarada principalmente por el PO, pero que tendrá paradas muy importantes en Mendoza, en Santa Cruz, Capital y otras localidades. Y en el caso de la llamada CTA Perón, se agrupó a toda la izquierda argentina en una lista -a excepción del PCR, que reproduce en el plano sindical su frente de colaboración de clases con la centroizquierda y sectores ligados al Vaticano. En el debate y en el programa, con toda seguridad, aparecerá la cuestión de la ocupación de las fábricas que cierren, como eje de un planteamiento frente a la ofensiva capitalista que inevitablemente estará plagada de despidos. Pero se pondrá a discusión también un planteo de salida a la crisis desde el campo de los trabajadores: el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca, los hidrocarburos y recursos estratégicos, del comercio exterior, la apertura de libros de las privatizadas, el control obrero, en el marco de una reorganización económica bajo dirección de los trabajadores. La discusión del poder asoma en la realidad política argentina y ella será parte, como perspectiva estratégica, en este formidable reagrupamiento de la vanguardia obrera. Ayer y hoy Un emprendimiento de este tipo no tiene antecedente en las últimas décadas en el movimiento obrero. En realidad, retoma la tradición de los ’70, pero en una clara delimitación del nacionalismo de contenido capitalista y de colaboración de clases, que dominó en aquellos años y hoy lo hace sobre la burocracia sindical, incluso en sus variantes de centroizquierda. Su desarrollo tendrá que pasar las pruebas de la lucha de clases, el debate y la clarificación política, en el marco de la experiencia común. Se trata de una tarea apasionante en el marco de la crisis capitalista mundial, que tiene en la Argentina una expresión concentrada, que ha puesto en terapia al gobierno de Macri y que obligará al movimiento obrero a múltiples batallas. La izquierda sindical ha sido parte activa en la primera línea de la descomunal movilización popular por el aborto legal del 13J. El planteo está en el programa del plenario, a diferencia de todo el sindicalismo burocrático, adaptado al clero. El plenario contribuirá a las próximas movidas por esta lucha y lo hará desde una perspectiva de clase, luchando por todas las reivindicaciones de la mujer trabajadora. Los organizadores propondrán un plan de lucha con acciones centrales en todo el país, y otras específicas en torno de grandes luchas, y una convocatoria masiva para cuando el Senado trate el aborto legal. Pero también se prevé una continuidad mediante plenarios provinciales, que retome el método de su antecedente inmediato -el soberbio plenario provincial de Neuquén, que reunió a 500 delegados y activistas en apoyo a la huelga docente. Mientras rueda la pelota del Mundial, se echa a rodar una enorme iniciativa política del clasismo por una nueva dirección del movimiento obrero. Nos empeñaremos en su éxito que será el de todos los trabajadores.

El martes 19 de junio, el PO fue parte de una sesión especial fracasada, en la que participaron el kirchnerismo, el Evita, el FIT y un par de monobloques pejotistas. Los cincuenta diputados del PJ-FR voltearon el quórum, mostrando su pacto no escrito con Macri para que semejante endeudamiento no pase por el Congreso. El PO defendió allí sus propios proyectos: de no pago de la deuda externa y de interpelación a los ministros sobre la crisis, el ajuste y el pacto con el FMI. Nuestro proyecto plantea la derogación del articulado de la ley 24.156 de Menem y Cavallo que, anticonstitucionalmente, exime al Congreso del tratamiento de las deudas con los organismos multilaterales de crédito. Plantea, además, la investigación y el no pago de la deuda externa, la protección de los fondos de los jubilados y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, así como la reposición de los aportes patronales rebajados por la reforma tributaria aprobada en diciembre. Con estos proyectos, la intervención de Romina Del Plá en la sesión estuvo al servicio de una agitación revolucionaria en el Parlamento alrededor del “no pago de la deuda, de la denuncia de la fuga de capitales, de la nacionalización de la banca, como parte de un plan económico de los trabajadores”, lo que constituyó una clara delimitación del kirchnerismo y los demás sectores pejotistas, presentes y ausentes en la sesión especial. Romina, en su intervención reglamentaria de cinco minutos, desarrolló no sólo el planteo del paro activo nacional, sino que explicó que su función es promover la irrupción de los trabajadores en la crisis, “los únicos capaces de derrotar, movilizados y en la calle, al FMI y al gobierno”. Fue también oportunidad de colocar el Plenario Nacional de Lanús, del cual, ella misma, como secretaria general del Suteba Matanza, ha sido gran impulsora en la asamblea de ese sindicato. Más allá de la oportunidad política, decidimos acompañar recíprocamente con el PTS su proyecto (y ellos el nuestro) de consulta popular sobre el pacto con el FMI. El planteo de consulta popular tuvo sus antecedentes en las consultas que impulsamos contra la reforma previsional y, hace unos años en oportunidad de la crisis con los fondos buitre, en ambos casos por iniciativas del Partido Obrero. Hemos desnudado desde nuestra banca parlamentaria la política de entrega al capital financiero internacional como lo hicimos también bajo el kirchnerismo, pagador “serial” de la deuda que hoy coloca otra vuelta de tuerca semicolonial sobre el cuello de los trabajadores argentinos. Y desde las propias bancas -como lo hicimos en las sesiones fracasadas contra el kirchnerismo por la derogación del impuesto al salario-, impulsado la superación de la burocracia sindical para promover la intervención de la clase obrera en la crisis con los métodos de la acción directa.

La salida de Sturzenegger del Banco Central fue sólo el debut de una crisis de gabinete cuyo alcance definitivo aún está por verse. Los que salieron no son dos ministros menores: en primer lugar, J. José Aranguren, el hombre de los pulpos petroleros que comandó la política de tarifazos brutales bajo la gestión macrista; luego, Francisco Cabrera, un funcionario del riñón del macrismo a cargo de la relación del gobierno con la burguesía industrial. Los despidos de Aranguren y Cabrera revelan que la desintegración del esquema económico oficial -incluso después del acuerdo con el FMI- está fracturando a la base social del gobierno -o sea, del gran capital. En el plano de la política energética, la devaluación incesante instaló una verdadera bomba de tiempo en la cuestión de los tarifazos. Para el gas, por ejemplo, la combinación de la devaluación con los aumentos ya programados para su valor en “boca de pozo” implicaría un aumento del 70% en octubre. Con las refinadoras, Aranguren había pactado aumentos en las naftas -también dolarizadas- del 3% mensual, para evitar un zarpazo del 40% de un solo saque. Pero este esquema también voló por los aires en medio de la última corrida cambiaria. La inviabilidad de los tarifazos terminó con su gran ejecutor, Aranguren. ¡Pero la dolarización de tarifas era uno de los ejes del programa oficial! La imposibilidad de aplicarla integralmente es un golpe severo al régimen económico del macrismo. Por caso, buena parte de las inversiones de la propiedad ‘pública privada’ -financiada por préstamos en dólares- depende de los tarifazos, en obras asociadas a la energía o en los peajes. Ahora, Javier Iguacel “será el encargado de darle malas noticias a la industria petrolera” (La Nación, 17/6), ya que “tendrá que sentarse a negociar con el sector privado para ir más lento en los aumentos”. A su turno, la posibilidad de que ese freno parcial a los tarifazos sea compensado con mayores subsidios está cuestionada por el acuerdo con el FMI. Se abre la perspectiva de una nueva “huelga de inversiones” energéticas o, en su defecto, la tentativa de ‘arreglar’ a los pulpos petroleros con mayores concesiones de fondo y nuevas agresiones a las conquistas de los trabajadores. Para ello, el nuevo ministro Iguacel ‘acredita’ una gestión de despidos y vaciamiento en Vialidad Nacional. Por su parte, la salida de Francisco Cabrera se produce en medio de otros choques -en este caso, entre el gobierno y la burguesía industrial. Cabrera venía discutiendo con la UIA una política de tasas de interés “preferenciales”. El tándem Caputo-Dujovne, sin embargo, le bajó el pulgar a esas gestiones de Cabrera. El nuevo ministro de la Producción, Dante Sica, comandó la Secretaría de Industria bajo los devaluadores Duhalde y De Mendiguren. En esa línea, ya anticipó que “habrá poco lugar para un nuevo atraso del tipo de cambio real” (ídem, 17/6). La ofrenda del gobierno a la burguesía industrial es un régimen de devaluación permanente -o sea, de ataque permanente a los salarios y jubilaciones- y, desde luego, la prometida reforma laboral. Abandono del barco La crisis de gabinete es un intento de rescate del rodrigazo oficial y del propio acuerdo con el FMI, prematuramente golpeado por una corrida que es expresión, no de una “corrección cambiaria”, sino de la desconfianza del gran capital respecto del rumbo de la gestión macrista. La última corrida fue acompañada de un derrumbe general de las acciones de bancos y empresas de energía, en Wall Street y Buenos Aires. Las petroleras cayeron como resultado de las medidas intervencionistas sobre las tarifas, y los bancos, a su turno, por el temor de que la carrera contra el peso se convierta en una corrida bancaria. Para retener a los tenedores de Lebacs, el gobierno tuvo que llevar la tasa de interés al 47%, agravando todavía más la recesión económica. Aún así, un 40% de esas letras no fueron renovadas. El gobierno absorberá sólo una parte de los fondos que salieron de las Lebacs, a costa de emitir títulos de deuda en condiciones leoninas. El gobierno intenta frenar una fuga de capitales protagonizada por los grandes beneficiarios del régimen macrista. Crisis de régimen El cambio de gabinete, en este cuadro, expresa la inadecuación del gobierno macrista a las condiciones impuestas por su derrumbe económico. Macri se enfrenta a un rodrigazo sin condiciones políticas para pilotearlo. Los mentores de la “normalización” y la “desregulación económica” están aplicando medidas de intervención y arbitraje sobre su propia base empresarial. El más importante editorialista de La Nación filtró los reclamos de los “actores económicos y políticos, incluidos algunos miembros del gabinete”, en favor de una “mayor apertura hacia adentro y hacia fuera de la coalición Cambiemos”: así, y en relación al nombramiento de Sica, le reprochan a Macri que, si era por traer a un ‘amigo de los industriales’, “hubiera aprovechado para abrirse a algún sector del PJ a cambio de votos estables en el Congreso” (ídem, 18/6). El ‘círculo rojo’ y sus voceros barajan un gobierno de unidad o salvación nacional. Los Massa y Urtubey, en tanto, apuestan a dejarle hacer el trabajo sucio a Macri, mientras se preparan para las elecciones. El kirchnerismo, por su parte, aspira a un frente con ellos. La crisis capitalista, sin embargo, podría llevarse puestas estas especulaciones, y empujar a la seudo-oposición patronal al rescate del gobierno. A este régimen sin futuro hay que oponerle una lucha en serio, en defensa de todas las reivindicaciones amenazadas y por una salida de los trabajadores a la crisis.

El “memorándum” de intención entre el gobierno y el FMI no deja dudas: es la hoja de ruta de una verdadera masacre social. En su letra está la licuación de los salarios, despidos de trabajadores estales y la liquidación del fondo de garantía de las jubilaciones. El acuerdo con el FMI intenta rescatar a un gobierno en caída libre. Pero el ajuste de cuentas con este régimen fracasado no vendrá de parte de quienes han cogobernado con él desde el Parlamento o las provincias. Esa tarea le cabe a los trabajadores y a sus organizaciones de lucha. La burocracia sindical, que pactó con Macri la reforma laboral, no quiere derrotar el plan del gobierno y el FMI. Por eso, ha convocado a un paro dominguero y aislado, con el único propósito de descomprimir la bronca popular. Para doblarle el brazo al gobierno necesitamos un verdadero plan de lucha, que debe comenzar con un paro activo nacional. Para ese plan de lucha necesitamos poner en pie a nuestras organizaciones obreras. Para recuperar a los sindicatos ¡necesitamos una nueva dirección! Esto es lo que va a debatir y resolver el gran plenario de los sindicatos combativos, el próximo sábado 23 en Lanús. Su primer paso de lucha será una gran jornada de cortes y movilizaciones en ocasión del paro del 25. El 23 y el 25, ¡a movilizarnos y a luchar! Por la reapertura de las paritarias, contra los despidos, por la ocupación de toda fábrica o repartición que cierre o despida, por la indexación automática de salarios y jubilaciones, por una reorganización social integral bajo la dirección de la clase obrera.