Prensa Obrera N° 1505

Una trama de financiación ilegal del partido gobernante terminó por estallarle en la cara a Rajoy. El líder del Partido Popular (PP) deja de ser presidente del gobierno de España tras perder una moción de censura. Conocida la sentencia, de dimensiones escandalosas, la permanencia en el poder de Rajoy pasó a ser insostenible. La burguesía le soltó la mano. La renuncia de Rajoy es el indicador de una crisis de régimen. En las páginas de Prensa Obrera, venimos advirtiendo que “más que una “crisis catalana”, había que hablar de una crisis española” (“Emerge el desarrollo de una crisis política del conjunto del Estado Español“, Prensa Obrera Nº 1.486). Luego de las elecciones del año pasado, pasaron varios meses sin que se pudiera formar gobierno, un hecho inédito en la península. En este cuadro, Rajoy subió sobre la base de compromisos precarios y debutó como un gobierno débil. La intervención en Cataluña terminó siendo una “victoria a lo Pirro” para el gobierno central. Este conflicto sigue abierto, y puede encenderse en cualquier momento. El nuevo gobierno El nombramiento de Sanchez, líder del PSOE, constituye una salida de emergencia y está lejos de remontar la crisis. El PSOE viene de soportar un retroceso histórico en su caudal electoral, lo que llevó al propio Sánchez a alejarse de la conducción partidaria. La resurrección del líder del PSOE no puede disimular que el socialismo representa una minoría en el Parlamento español -nuclea a 84 diputados; o sea, el 24% de los escaños de la Cámara. En este plano, también transitamos un hecho inédito, pues ninguna fuerza, desde la instauración del sistema político vigente desde el ’78, había asumido la administración con un respaldo tan exiguo. Ello fue posible gracias al apoyo de Podemos y del nacionalismo vasco y catalán. El argumento de Pablo Iglesias, al igual que el de Izquierda Unida (IU), es que lo prioritario era desembarazarse del PP y que cualquier cosa “sería mejor que lo que tenemos”. Pero si el progresismo de izquierda abrigaba la ilusión de que se iba a atenuar la política de ajuste, esto ha quedado rápidamente desmentido. Sánchez anunció que gobernará con el Presupuesto pergeñado por el PP, que en el propio Congreso fue criticado por su carácter “antisocial” y “regresivo”, incluso por sus propios diputados. El PSOE está comprometido a continuar los ataques contra la población trabajadora y a respetar los lineamientos de la Unión Europea. El apoyo de Podemos e IU al PSOE es un paso fuerte en su política de integración y sometimiento a la burguesía y al Estado capitalista. Esta colaboración ha llegado muy lejos, como lo revela la participación de IU en el gobierno del PSOE en Andalucía, que viene aplicando una política de austeridad. O la presencia de esas formaciones políticas en los gobiernos municipales que, aunque se autodenominan “del cambio”, cumplen los compromisos con la banca, sacrifican las reivindicaciones populares y mantienen la privatización de los servicios. El nacionalismo catalán, a su turno, ha dado un respaldo al PSOE con la esperanza de que con el nuevo gobierno se pueda abrir una vía de negociación. Pero estas expectativas se están pinchando, puesto que Sánchez no ha anunciado medidas siquiera en lo que refiere a los presos políticos. No olvidemos que el PSOE hizo causa común con el gobierno de Rajoy en la intervención de Cataluña y en la ofensiva represiva. Por lo pronto, ha incorporado al gabinete a Josep Borrel, uno de los más activos militantes contra el nacionalismo catalán. Ha señalado, por caso, que “antes de recoser las heridas, se deben desinfectar”, en respuesta a los pedidos de indulto a los independentistas encarcelados tras el intento de declarar la república. Sánchez, a lo sumo, estaría dispuesto a una renegociación de la financiación autonómica con Cataluña en términos no tan draconianos y, a la vez, de un nuevo estatuto catalán que recupere parte de lo recortado por el Tribunal Constitucional. La liberación de los presos, en ese cuadro, quedaría condicionada al avance de las tratativas. Esto implica enterrar cualquier ambición independentista, incluido el llamado al referéndum concertado, por el que abogan los líderes nacionalistas catalanes. Pero toda esta negociación debe pasar primero por el filtro del Poder Judicial, que viene sosteniendo una política dura contra Cataluña y que se ha erigido en un árbitro del proceso político, a medida que avanza la crisis del régimen y de sus partidos. Crisis capitalista El otro gran condicionante es la crisis económica. Aunque Rajoy se jacta de “dejar una España mejor que la encontré”, la herencia de los seis años y medio de su mandato revela otra realidad. La inversión fue cayendo año tras año. El escenario es aún peor en lo que se refiere a la deuda pública, que pasó del 70% de la economía española cuando asumió, a un 100% en la actualidad. Es una situación explosiva, en medio del agravamiento de la crisis italiana y de una amenaza de corrida contra los bonos europeos, todo lo cual conduce a un aumento del riesgo país y un encarecimiento del crédito. En tanto, el rojo fiscal supera el 3% del PBI, el triple que el estándar de la Unión Europea. La recuperación del empleo, de la que se jacta Rajoy, fue a cuentagotas y sobre la base de un aumento del trabajo precario, lo que trajo aparejada una caída de la retribución por hora trabajada. En 2017, el salario real descendió, y aumentó la población que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Partiendo de este panorama, el nuevo gobierno tiene las manos atadas para logar descomprimir las tensiones económicas y sociales crecientes. La bancarrota capitalista ha venido haciendo su trabajo de topo y Rajoy ha apelado durante estos años a descargar sus efectos contra la población. Esto se extiende también a los estados regionales, que han sido víctimas de recortes e impuestazos. El choque con Cataluña y el florecimiento del separatismo hunde sus raíces en este proceso, que alimenta las tendencias a la fractura y desmembramiento del Estado español. Los desafíos son demasiados grandes para un gobierno débil y minoritario, que depende para su sobrevivencia de compromisos con la izquierda y el nacionalismo, y tiene un escaso margen para maniobrar o dar concesiones. Esto explica la desconfianza de un sector de la clase capitalista, que plantea la convocatoria a elecciones anticipadas. La gran banca estaría presionando en esta dirección. Esto conduciría a que Ciudadanos, que encabeza las encuestas, termine asumiendo los destinos del país. Pero esa salida plantea dudas respecto de la capacidad de contención de esa fuerza, de creación reciente y sin experiencia de gobierno. Salida obrera La crisis política mayúscula plantea la oportunidad para que la clase obrera emerja como un factor político independiente, rompiendo con la estrategia de compromiso con el Estado y los partidos del régimen, que llevan adelante la burocracia sindical y la izquierda. Es necesario defender más que nunca la independencia política de los trabajadores. Con esta comprensión, planteamos impulsar la deliberación en todas las organizaciones obreras y la convocatoria de un Congreso de bases de los sindicatos para discutir un plan de lucha por todos los reclamos populares y nacionales (incluido el derecho a la autodeterminación) y una salida política de conjunto de la clase obrera. En oposición a la tentativa de salvar a un régimen corrupto, monárquico y en descomposición, es necesario oponerle la convocatoria a una Asamblea Constituyente libre y soberana, que discuta una reorganización integral de la península sobre nuevas bases sociales. Bajo esta perspectiva, reforzamos el planteo de una República federativa y socialista. Y, en oposición a la Unión Europea del capital financiero, los Estados Unidos socialistas de Europa.

Un paquete de reformas dictadas por el Fondo Monetario Internacional generó una irrupción popular en Jordania nunca antes vista, superando en masividad incluso las movilizaciones de la Primavera Arabe de 2011-2012. Las protestas tuvieron como punto de partida la huelga general, convocada por 33 sindicatos, que paralizó el país el miércoles pasado. Desde entonces, las movilizaciones callejeras fueron tomando impulso y forzaron la dimisión del primer ministro, Al Mulki, el lunes. Alarmado por la oleada de manifestaciones, el rey Abdalá intervino en la crisis, llamó al diálogo, congeló los precios de los combustibles por un mes y encomendó la formación de un nuevo gobierno a un viejo miembro del gabinete y ex funcionario del Banco Mundial: Omar Razzaz. A pesar de este relevo, las movilizaciones continúan y fue convocada una nueva huelga general contra las reformas. “De nada sirve cambiar las personas”, afirmó Al Obous, presidente del Consejo de Sindicatos Jordano. FMI, tarifazo e impuesto a las ganancias La deuda pública jordana ronda el 94% del PBI y la economía arrastra una recesión de la que no puede salir. Desde el año pasado, hundidos en su propia crisis económica, Arabia Saudita y los países del Golfo dejaron de prestar asistencia económica a Jordania. En 2016, el gobierno acordó una línea de crédito de 723 millones de dólares con el FMI, que no logró reactivar la economía ni reducir el déficit. Siguiendo las directrices del Fondo, el gobierno implementó una serie de medidas de ajuste: un recorte generalizado de subsidios que disparó los precios de la electricidad, el agua, los combustibles y, en general, de los servicios esenciales. El pan llegó a duplicar su valor. El proyecto de reforma, que fue enviado al Congreso por el dimitido Al Mulki, contemplaba una nueva suba general de impuestos, no sólo al consumo sino también al salario, rebajando los ingresos mínimos sujetos a declaración de la renta hasta los 8.000 dinares anuales (21 mil pesos argentinos mensuales). Con una tasa de desocupación del 18,5%, una inflación que se incrementa a pesar de la recesión (y que ha llevado el costo de vida en Amán por encima del de París y el de Barcelona) y dos millones de inmigrantes sirios, iraquíes y palestinos, el paquetazo impositivo fue explosivo para una situación social intolerable. La rebelión popular en Jordania se suma a los recientes estallidos en Túnez, Irán y Marruecos, donde también el movimiento obrero ocupó un lugar protagónico. En Gaza, las “marchas por el retorno”, que movilizan miles y miles de palestinos, se sostienen a pesar de la salvaje represión del gobierno de Netanyahu, que ya se cobró más de un centenar de vidas. En Medio Oriente, la bancarrota capitalista no es sólo el acicate de nuevas guerras y barbarie. Las condiciones para una nueva Primavera Arabe (y una nueva Intifada) están planteadas y abren una perspectiva para los explotados.

La Selección argentina de fútbol no jugará el partido previsto con Israel por decisión del plantel, encabezado por Lionel Messi. Es un gran triunfo contra el gobierno sionista de Benjamin Netanyahu, que pretendió utilizarlo como parte de un operativo político de blanqueo de los asesinatos masivos de palestinos y la ocupación creciente de su territorio por parte de Israel. También contra el gobierno macrista, que no sólo fomentó la realización del encuentro sino que concedió el placet al planteo del gobierno sionista de cambiar la sede del encuentro a la ocupada ciudad de Jerusalén. En medio del boicot informativo y el silencio cómplice de la mayoría de los gobiernos del mundo y de los organismos internacionales de todo tipo, las denuncias contra el gobierno de Netanyahu se fueron abriendo paso, así como también el creciente repudio a la presentación de la Selección argentina en el partido amistoso que, además, había sido declarado oficialmente en Israel como parte de los festejos del 70° aniversario de la creación del Estado sionista. El repudio fue encabezado por la Asociación de Fútbol de Palestina, quien denunció que no sólo la ciudad, sino el propio estadio donde iba a disputarse el partido habían sido elegidos con un sentido profundamente político. La entidad madre del fútbol palestino denunció que la cancha del amistoso estaba construida sobre las ruinas de lo que fuera una aldea palestina, destruida por Israel. El club al que pertenece es profundamente racista y acopló el nombre de Trump al suyo propio, en reconocimiento al mandatario norteamericano por apoyar las masacres israelíes y por haber reconocido a Jerusalén como capital del Estado sionista. El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, personalizó la campaña contra el amistoso en la figura de Lionel Messi y llamó a quemar miles de camisetas y retratos del jugador de la Selección si el partido se jugaba. El repudio fue acompañado por una nota firmada por 70 niños palestinos, descendientes de los que vivían en esa aldea, quienes le reclamaron a Messi (embajador de la Unicef) que no fuera a jugar a ese lugar donde fueron asesinados o del cual fueron desplazados sus antepasados. Los jugadores del plantel plantearon su disconformidad por jugar el amistoso en Jerusalén, luego de que se realizaran protestas de grupos pro-palestinos en el entrenamiento realizado en Barcelona esta mañana, donde los manifestantes exhibieron camisetas argentinas manchadas de sangre. En la realización del partido, a los objetivos políticos del macrismo se les sumaban los económicos de la AFA y de sus capitostes mafiosos. Así es que días atrás, formaron una comitiva conjunta el “Chiqui” Tapia y la ministra Patricia Bullrich para ir a entregar camisetas de la Selección al embajador de Israel en la Argentina. Para Tapia, suponía, entre otras cosas, embolsar 3 millones de dólares aportados por un empresario sionista para la realización del encuentro. Todo eso saltó por los aires. No deben haber jugado un papel menor las matanzas y heridas diarias masivas del ejército israelí en la Franja de Gaza, que alcanzó incluso a dos deportistas, uno de ellos jugador de fútbol y el otro ciclista, que fueron baleados en las piernas y se duda que puedan volver a competir. También el asesinato esta semana de la joven enfermera que curaba a heridos provocados por francotiradores israelíes y que tuvo una enorme repercusión internacional. Junto a distintas fuerzas sociales y políticas, desde el Partido Obrero estábamos empeñados en la campaña por la suspensión del encuentro. La concreción es un golpe contra el sanguinario Estado sionista y su cómplice argentino.

En el microestadio de Ferro, con la presencia de alrededor de 2.000 personas, el pasado martes 5 se realizó el lanzamiento de la coalición “En Marcha”, que reúne al Movimiento Evita, el PTP (sello electoral del PCR) y Libres del Sur -los partidos detrás del triunvirato de movimientos de San Cayetano-, así como a Vamos (ex Patria Grande), Izquierda Popular (MP La Dignidad y otros) y Unidad Popular (el partido de Claudio Lozano). Los oradores coincidieron en apuntar que la “contradicción principal” del movimiento popular era con Macri, omitiendo al conjunto de los partidos que han gobernado el país y que hoy gobiernan las provincias. “No nos vengan con las contradicciones secundarias”, reclamó Juan Grabois, de la CTEP, y en la idea sintetizada por Leonardo Grosso (Evita) de que “hay que sacar a Macri construyendo unidad”. Todo indica que En Marcha apunta a integrarse, como socio menor (“un ladrillo más en algo más grande”, definió Victoria Donda), a un frente opositor liderado por el PJ. En 2017, varios de los grupos de la nueva coalición, como Patria Grande y el PTP, participaron de las internas peronistas en diversos distritos. En esa línea, el PJ aportó la mayoría de los asistentes invitados: entre ellos, Gustavo Menéndez (titular del justicialismo bonaerense); diputados camporistas como Cabandié y De Pedro; referentes del Frente Renovador, como Felipe Solá; Abal Medina, Alberto Fernández y Randazzo. Junto a ellos se sentaron también referentes del Partido Socialista, del MST y de la conducción nacional de ATE. “Los invitados (…) fueron variados y mostró la búsqueda de los distintos espacios políticos opositores al macrismo de encontrar lugares en común donde poder confluir”, caracterizó Página/12 (6/6), el diario del titular del PJ porteño Víctor Santa María, también presente en el acto. Grosso y Donda fueron enfáticos en mostrar la actividad parlamentaria como un vehículo de esta unidad y reivindicaron que “construyendo mayoría en el Congreso” se logró aprobar la reforma del impuesto a las Ganancias -votación que significó perpetuar por ley su imposición sobre el salario- y la ley de Emergencia Social -una tentativa de contención social finalmente incumplida por el gobierno. Divergencias y volatilidad Como posible apéndices de una presentación electoral liderada por el pejota-kirchnerismo, los oradores terminaron refractando las disidencias al interior de éste último. Luego de que la referente de Vamos, Diana Broggi, sostuviese que es “imposible pensar esta construcción sin la dirigencia, la militancia y la experiencia del kirchnerismo”; Donda le respondió que “el límite era la corrupción”, a la que señaló como “un cáncer”. Otras divergencias quedaron bajo el tapete, como la existente entre quienes aludieron a la legalización del aborto y el antiabortismo de Grabois, que no mencionó el tema. Este centró su discurso de apertura en marcar que, si bien era importante “derrotar al neoliberalismo en 2019 o nos quedamos sin patria”, él era un “celoso defensor de la necesidad estratégica de reservar a movimientos como la CTEP de los vaivenes de la política”. La Iglesia y el Vaticano -al cual está muy ligado Grabois- no se compromete con En Marcha y guarda sus definiciones para 2019. Lo de Grabois puede indicar también que no descartan una potencial reedición de la mesa de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social y representantes de la Iglesia, que aquel estaría interesado en reimpulsar “ante la alerta por una mayor conflictividad en la calle” (Clarín, 26/5). Grosso valoró la indefinición programática de En Marcha como un mejor camino a la integración con otros bloques. Son todos indicios del carácter fuertemente provisorio de este armado electoral. Programa Las intervenciones de los oradores tuvieron como denominador común un planteo de carácter nacionalista. En esta sintonía, Bordesgaray, el orador del PTP-PCR, señaló que eran “herederos de la gesta heroica de Juan y Eva Perón”. Las sentencias de Grosso de que “no queremos que haya otra crisis en la Argentina porque la terminan pagando los trabajadores” -cuando la crisis ya se está desplegando, es que descarta cualquier programa o estrategia para que la paguen los capitalistas. Planteos como los de una “reforma del Estado” para lograr “mecanismos que den fuerza a nuestras instituciones”, muestra a En Marcha como una fuerza que se postula para contener las luchas de los explotados. Es la tarea que llevó adelante, en Brasil, el PT lulista, que contó con un orador invitado -el ex intendente de Porto Alegre, Raúl Pont. Con esta partida de nacimiento, En Marcha se ofrece como rueda de auxilio de un armado del PJ-kirchnerismo para 2019.

El gobierno anunció que conformará una comisión que “revisará”, en un plazo máximo de un año, los regímenes previsionales especiales que lograron con su lucha algunos sectores de trabajadores y que les permiten jubilarse con menor edad o que establecen haberes diferenciados para las personas que realizan tareas tóxicas, peligrosas o insalubres o que tienen cajas jubilatorias autónomas, por las que realizan aportes o sufren descuentos personales superiores sobre su sueldo. El objetivo es darle un golpe a estas mal llamadas jubilaciones de “privilegio”, que no se trata de las que permiten cobrar suculentos retiros a los jueces, presidentes, ministros o legisladores, sino de aquellas que amparan a quienes desarrollan tareas de riesgo para su salud y/o quienes tienen menor expectativa de vida o que aportan un diferencial, como es el caso de los docentes bonaerenses. Justificación ficticia y realidad La justificación ofrecida por el Ministerio de Trabajo es que “la mayoría de las normas que establecen regímenes diferenciales se sancionaron entre los años sesenta y ochenta”, en “función de las condiciones imperantes en la estructura económica y del mercado de trabajo de esos tiempos”, pero que hubo “cambios sustanciales que la tecnología y la ciencia introdujeron en la forma y en las condiciones de labor”. Esto cuando los accidentes en la construcción son moneda corriente, cuando la actividad de los choferes de la rama que sea está sometida a una tensión mayor que hace 30 ó 40 años por la super explotación patronal que los obliga a cumplir jornadas de 10 a 12 horas diarias, a lo que se suma la saturación del tránsito en ciudades y rutas, con el mayor estrés que eso conlleva y cuando los docentes deben desarrollar su actividad en condiciones edilicias deplorables y de tensión social y laboral. Y otro tanto sucede con las tareas de los trabajadores mineros o rurales, alcanzados por regímenes especiales y que siguen sufriendo las mismas condiciones que hace 50 años en cuanto a la afectación de su salud o condiciones de vida se refiere. La argumentación oficial es de un alto nivel de cinismo. La comisión sin fisuras Para que nada escape de los designios oficiales, la comisión revisora de los regímenes especiales estará integrada, en su abrumadora mayoría, por funcionarios oficiales y solo se le habilitará una participación puntual a los sindicatos “con personería gremial”, es decir dirigidos por la burocracia, cuando se trate del tema particular de su gremio. Asimismo, la Comisión, que definirá si quedan -y en qué condiciones- algunos de estos regímenes “especiales”, tendrá como integrantes a actuarios, demógrafos y economistas, provistos por la Anses, en una muestra de que lo que importa es adecuar el sistema previsional a las necesidades de caja y a la reducción de las jubilaciones reclamada por el FMI. Esto, al igual que el preanunciado aumento de la edad jubilatoria a los 65 años para las mujeres y a los 70 para los hombres y el cambio del coeficiente de cálculo inicial a la baja, se conjugan con el anuncio oficial, por ahora postergado, de reducir aún más los aportes jubilatorios (desgravar los primeros 12.500 pesos del salario) y las pasantías que se busca imponer, que reemplazarían a trabajadores estables y que no realizarían aportes previsionales. Desfinanciamiento Todas estas medidas que afectan a trabajadores y jubilados son justificadas por el gobierno con el argumento de que el sistema no se puede mantener tal como está, ya que apenas se supera la relación de 1,5 activos por cada pasivo y que al menos debe haber cuatro activos por cada pasivo para que el sistema sea sustentable. Pero el actual gobierno, al igual que sucediera antes con el kircherismo, mantiene sin atacar un nivel de informalidad (trabajo en negro) que supera el 35 por ciento, cuando los evasores están a la vista. El blanqueo como corresponde de estos trabajadores ya permitiría alcanzar a más de 2,5 aportantes por cada jubilado, y si a eso se le sumara el regreso al nivel de aportes jubilatorios patronales que fueron reducidos en 1994 por Domingo Cavallo, se alcanzaría con creces esa relación entendida como virtuosa por el gobierno. Pero, además, la jubilación es un salario diferido y es una obligación del Estado cubrir las necesidades vitales del trabajador que se retira, más allá de cualquier relación que exista entre aportantes y jubilados. El programa de los trabajadores es el opuesto al de los capitalistas: • Que no se toquen los regímenes especiales, en defensa de la salud y de la vida de quienes trabajan en condiciones de riesgo. • Jubilación equivalente al 82% del salario en actividad. El trabajador aporta a lo largo de toda su vida laboral para recibir, al jubilarse, lo que necesita para vivir. Y esto debe ser garantizado por el Estado.

Todos los sindicatos de prensa del país, nucleados en la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, se dieron cita a primera hora de la tarde del miércoles 6, en la movilización convocada por el Día del Trabajador de Prensa, que se celebra el 7 de junio. La marcha, que contó con la adhesión de más de 700 compañeros, fue organizada como respuesta al brutal ajuste que estamos sufriendo los trabajadores de Prensa. La columna recorrió desde la avenida Belgrano y 9 de Julio hasta la agencia Télam, donde el Sipreba se encuentra de paro por el despido de dos compañeros, y terminó con un acto frente a la sede de la cámara patronal, en Chacabuco y Diagonal Sur. En un gremio azotado por los despidos y bajos salarios, la convocatoria apuntó a denunciar la destrucción de puestos de trabajo en decenas de empresas periodísticas y las cesantías que se sufren diariamente. Los más de 3.000 puestos de trabajo perdidos (500 en los últimos meses) dan cuenta de un plan de guerra de las patronales adictas al macrismo y al kirchnerismo. Al cierre de la agencia DyN, que dejó más de 100 compañeros en la calle, a los despidos en la Agencia Nacional de Noticias Télam, radio El Mundo, radio Rivadavia, se suman las 26 cesantías (delegada incluida) en la ex (¿ex?) kirchnerista Radio del Plata, de Electroingeniería, la empresa de obras públicas que “la levantó en pala” durante la gestión de Julio De Vido. La gran columna de compañeros de la agencia Télam reflejó la conciencia que existe entre los trabajadores del plan de achique que se viene. Los diarios informan que el gobierno tiene como objetivo prioritario la reducción de la plantilla de trabajadores de la agencia, como parte del plan de guerra de Macri contra los trabajadores. En esta campaña, el gobierno cuenta como aliado a la burocracia miserable de Andrés Rodríguez, de UPCN, quien ha firmado un penoso 15% en cuotas, que provocará un derrumbe de los salarios de los trabajadores estatales, producto de la inflación pronosticada del 27%. En el acto final, "Tato" Dondero, secretario general del Sipreba, reclamó a las centrales sindicales (algunos de sus dirigentes estuvieron en la marcha) la convocatoria de un paro activo nacional, no de un paro dominguero, y un plan de lucha que ponga en pie al movimiento obrero para enfrentar el ajuste. La semana próxima se realizará una asamblea conjunta de la TV Pública, sometida a la "paritaria cero", Radio Nacional y Télam para discutir acciones conjuntas contra la ofensiva macrista. La agenda del Sipreba tiene también como norte su participación el 13 de junio en la multitudinaria movilización “verde” que abrazará el Congreso Nacional en reclamo del aborto legal, seguro y gratuito. Foto: Fede Imas

Jimena Lettieri, trabajadora precarizada del Hospital Posadas desde hace 17 años y militante de Tribuna Estatal, fue notificada el 5 de junio de su despido sin ningún tipo de justificativo ni indemnización. Este caso se suma a una larga lista de cesantías que involucran específicamente a todo el activismo dentro del hospital, que históricamente ha luchado por las condiciones de trabajo de uno de los principales nosocomios del país. El Posadas hoy se encuentra militarizado, las actividades gremiales y políticas están proscriptas, y se pretende instalar un cuadro opresivo de vigilancia, control y represalias a los trabajadores. Quienes ofrecen una resistencia a estos atropellos son amenazados por una ola de despidos que se ampara en el plan de ajuste fiscal y vaciamiento, que el oficialismo hizo público y puede llevar adelante gracias a una enorme población de trabajadores precarizados que gobiernos anteriores se encargaron de sostener sin ninguna estabilidad laboral y evitando que formaran parte de las plantas permanentes del Estado. El Partido Obrero denuncia este ataque a los trabajadores del Hospital Posadas y a todos los trabajadores y trabajadoras que se ven afectadas por el vaciamiento en salud. Reclamamos la reincorporación de los despedidos y planteamos la necesidad de que, tanto en el Posadas como en las demás dependencias del Estado, los trabajadores se organicen de forma independiente hacia un gran Congreso de bases para superar a las burocracias sindicales que pasivamente dejan que pasen los despidos. Convocamos a todo el activismo local al plenario de la Coordinadora Sindical Clasista de la zona oeste, este sábado 9 de junio, a las 15:30, en el Centro Cultural y Político Cata Guagnini (Machado 1040, 1° piso, Morón) para discutir una respuesta a los ataques que sufre la clase obrera y prepararnos para participar del gran Plenario Nacional de los Trabajadores y el Sindicalismo Combativo del 23 de junio en Lanús.

El llamamiento que publicamos, que lleva apenas horas en la calle, ya es motivo de todo un movimiento entre los sindicatos combativos: acaban de adherir la asamblea general (300 trabajadores) del Suteba Bahía Blanca, el plenario de 80 delegados del Suteba Ensenada y las mismas instancias del Suteba Escobar, el Suteba Tigre y la asamblea general del Suteba Marcos Paz. También la agrupación El Mandril, que integra a delegados de la Comisión Interna de Acindar UOM Villa Constitución. Los dirigentes convocantes tienen una hoja de ruta de reuniones con distintas expresiones del movimiento obrero independiente de la burocracia sindical, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y, ante el posible paro nacional, la mesa organizadora tomará distintas iniciativas para una participación activa y con las banderas del clasismo, si la medida se adelanta al Plenario de Lanús. Sindicatos, cuerpos de delegados, comisiones internas y organizaciones combativas, clasistas y antiburocráticas, acordamos la convocatoria a un gran Plenario Nacional, para definir un programa y acciones comunes frente al plan de ajuste de Macri y su pacto con el FMI. El Plenario será una instancia importante de la lucha por una nueva dirección del movimiento obrero. Coincidimos en la necesidad inmediata de un paro activo nacional y un plan de lucha de todos los sindicatos, que supere la política colaboracionista de la burocracia sindical; una respuesta obrera unificada, que permita quebrar la enorme tregua de la CGT, las acciones testimoniales de la CTA, que aíslan las luchas, y de Moyano, los K de la Corriente Federal y el espacio del 21F, enfocados en “votar bien en 2019”. Se trata de burocracias sindicales articuladas con los sectores políticos que le han aprobado a Macri las leyes del ajuste en el Congreso. Que ni siquiera reaccionaron ante el veto presidencial, para convalidar el tarifazo. Cuando decimos paro activo, nos referimos a un paro nacional con abandono de tareas, previas asambleas en los lugares de trabajo, que hoy, ante el repudio a la política en curso, movilizaría millones de trabajadores con acciones callejeras en todo el país. Las consecuencias de la profundización de ajuste tras la corrida cambiaria y el pacto Macri-FMI, las vemos ya; en la devaluación acelerada del peso, en los tarifazos permanentes, en centenares de despidos y suspensiones y en una criminalización de la protesta obrera cada vez más acentuada, como se ve en la persecución a los luchadores del Subte, de Cresta Roja o del Inti. La intención de habilitar a las Fuerzas Armadas para la represión interna expresa el temor de un gobierno, debilitado y golpeado por su propio fracaso, a una nueva rebelión popular contra la profundización del ajuste. La convocatoria al Plenario busca dar respuesta a estos brutales ataques al salario y a las condiciones de vida, de trabajadores activos y de jubilados. Viene precedida de diversos plenarios regionales y del gran encuentro combativo que tuvo lugar en Neuquén, en solidaridad con la histórica huelga de 43 días de los docentes de esa provincia (saludamos esta lucha, que culminó quebrando la política de los topes salariales del 15%, suscripta por la burocracia sindical en todo el país, así como la de los mineros de Río Turbio, que arrancó la reincorporación de un sector de los trabajadores despedidos). Este y otros ejemplos, que fueron instancias de deliberación y de resoluciones de lucha frente a los ataques de Macri y los gobernadores, expresan una tendencia de fondo de los trabajadores -bloqueada por el freno de las direcciones sindicales traidoras- a intervenir con sus métodos: la asamblea, la huelga y la movilización. El paro activo y el plan de lucha dan una respuesta de conjunto, que como se comprobó en diciembre, es convocante y puede reunir la fuerza social y el apoyo de otros sectores populares, como ocurrió con las cacerolas de la noche del 18D, contra el robo a los jubilados. Es necesario promover asambleas y plenarios de delegados y una campaña unitaria por el paro activo nacional, para que la lucha sea tomada en sus manos por las y los protagonistas en cada lugar de trabajo. Al mismo tiempo, se trata de ofrecer un programa de los trabajadores de salida a la crisis cuando todos los sectores y partidos políticos patronales apoyan el rumbo de Macri y los gobernadores, firmantes del pacto fiscal y ejecutores del ajuste contra los trabajadores. Reivindicaciones urgentes como el doble aguinaldo para compensar los desfajes inflacionarios y la reapertura de paritarias -sin topes y con cláusula de actualización automática, como consiguieron los docentes de Neuquén-, el aumento de emergencia a los jubilados, el rechazo a la reforma laboral, la defensa de los convenios colectivos y de las empresas recuperadas bajo gestión obrera, deben combinarse con otras medidas, más profundas, como la estatización de las empresas privatizadas para terminar con los tarifazos, el monopolio estatal del comercio exterior para combatir el cierre de industrias, la nacionalización de la banca para evitar la sangría de la fuga de capitales y, fundamentalmente, cesar con el pago de la deuda externa, entre otras medidas. Un programa de industrialización y desarrollo nacional, bajo la dirección de los trabajadores, que permita dar trabajo, salario, salud, educación y vivienda a todo el pueblo argentino. El Plenario será, también, desde luego, un instrumento para rodear de apoyo activo todas las luchas en curso: el subte, el Inti, camioneros, docentes, docentes universitarios, Télam, Cresta Roja, el Hospital Posadas y tantas otras. Impulsemos en todos los lugares de trabajo la más amplia deliberación y la participación masiva de las bases obreras, el 23 de junio, en el estadio cubierto de Lanús. Alejandro Crespo, secretario general Sutna; Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Seccional Oeste; Romina Del Plá, secretaria general Suteba La Matanza; Alejandro López, secretario general Ceramistas Neuquén; Guillermo Pacagnini, secretario general de Cicop; Angélica Lagunas, secretaria general Aten capital; Soledad Sosa, Sec Adjunta CTA Mendoza; Norberto Calducci, vocal de la comisión directiva de Aten provincial; Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA; Jorge Adaro, secretario general Ademys; Antonio Rosselló, Sec Adjunto Conadu Histórica; Ariel Osatinsky, Sec Gral Adiunt Tucumán; María Elisa Salgado, secretaria general Suteba Tigre; Víctor Grosi, Secretario General del Sitraic; Luciano Cáceres, Sec Adjunto Amsafé Rosario; César Latorre, delegado general Comisión Interna Hospital Italiano; Pablo Eibuszyc, Minoría C. Directiva de Foetra Bs As; Rubén Schofrin, Sec. Adjunto del Sipreba; Federico Navarro, Comisión Interna Aluar (Puerto Madryn); Pablo Busch, Sec Gral Comisión Interna Unilever; Christian Paletti, metrodelegado, Marina Ferdman, Comisión Directiva Suteba Quilmes; Cristian Míguez, Comisión Interna de Acindar; Miguel Díaz, Cuerpo de Delegados de Siderca; Roberto Muñoz, Comisión Directiva ATE Conicet (La Plata), "Pollo Luna", delegado INTI; Churi Uro, Sec. Gral. Ate Educación La Plata; Rubén Allende, Sec Gral Municipales de Cnel Suárez; Emiliano Fabris, Com Directiva Suteba Bahía Blanca; Pablo Almeida, Delegado General ATE Mecon (Ministerio de Hacienda y Finanzas); Cristian Luna, Secretario General de SITE Tucumán; Adriana Astolfo, Secretaria General ADOSAC Pico Truncado; Graciela Calderón, Secretaria General Adjunta SUTEBA La Matanza; Viviana Carranza, Comisión Directiva de FOETRA por la oposición; Mónica Méndez, Secretaria de Organización y Finanzas CICOP; Edgardo Reynoso, Comisión de Reclamos del Ferrocarril Sarmiento; Daniela Vergara, Secretaria de Derechos Humanos Amsafe Rosario; Mónica Schlotthauer, Cuerpo de Delegados Ferrocarril Sarmiento; Silvia Fernandez, Secretaria de Organización SUTEBA Tigre. Siguen firmas…

Los gremios nucleados en la Mesa de Unidad Sindical (que incluye entre otros a estatales y docentes) desarrollaron desde el lunes en toda la provincia de Chubut un paro provincial de 48 horas -toda la semana en el caso de los maestros- con piquetes y tomas de establecimientos en reclamo de la apertura de negociaciones paritarias, contra el pago escalonado de los salarios, por el pase a planta de los trabajadores precarizados, por la normalización de la obra social de los trabajadores provinciales, y por el restablecimiento del transporte educativo gratuito, entre otros puntos. Integrantes del gremio estatal y docentes mantienen, además, una toma pacífica desde hace seis días de la sede central del Ministerio de Educación provincial y de oficinas administrativas de esa institución en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew y Esquel. El conflicto está al rojo vivo, con la docencia en paro por toda la semana y 78 días de acampe en inmediaciones de la Casa de Gobierno en Rawson. El gobierno provincial de Mariano Arcioni presentó una oferta insultante que consiste en un bono no remunerativo de 3.000 pesos (para sueldos de 11.500 a 30 mil pesos; para sueldos menores se establece un aumento para llevarlo hasta 11.500) y la apertura de paritarias recién en octubre, lo que fue rechazada por los gremios y que podría ser instrumentada por decreto. “No se puede ni siquiera considerar una oferta”, evaluó Julieta Rusconi, de Fuerza Docente. La crisis es tal que peligra el pago del aguinaldo, para el cual el gobierno estaría gestionando una asistencia de la Nación. Otro de los focos del conflicto se encuentra en el sector salud. La Interhospitalaria lucha por las paritarias, el pase a planta de los precarizados y contra la reforma privatista que es la Cobertura Universal de Salud. En Esquel, los trabajadores toman desde el lunes el edificio del Area Programática de la ciudad (lugar de referencia zonal del Ministerio de Salud de la provincia). A más de un año de iniciados los reclamos y el plan de lucha en el sector, la medida fue definida en asamblea por la Interhospitalaria del Noroeste, ante la falta de respuesta por parte del gobierno. Dentro de esta ciudad se tomó en forma pacífica la Subsecretaría de Bosques. Los últimos gobiernos han conducido a Chubut a un derrumbe económico con una deuda que representa el 100% de los ingresos provinciales y cinco veces los ingresos de las regalías petroleras. El gobierno provincial de Mariano Arcioni (sucesor del fallecido Mario Das Neves), en este contexto, ha lanzado un brutal ajuste y una campaña para derogar la ley que prohíbe la megaminería contaminante con el falso argumento de que esto posibilitaría una salida a la crisis. Esta variante fue impulsada también por el ministro Juan José Aranguren en una cumbre minera en Telsen desarrollada en febrero pasado (incluso se baraja la creación de un único ministerio que englobe las áreas de Ambiente y Minería). El gobierno de Arcioni se ha valido también de la represión para enfrentar las protestas. La última vez fue el 29 de mayo pasado, cuando la policía provincial atacó en Puerto Madryn a manifestantes estatales que se acercaron a un acto oficial de inauguración de viviendas a llevar sus reclamos. El escenario se completa con un escándalo de corrupción en la obra pública que involucra a funcionarios y empresarios. De la profunda crisis provincial no sólo es responsable el gobierno actual sino también el PJ y el resto de los partidos patronales. El Partido Obrero de Chubut viene luchando para derrotar el ajuste de Arcioni-Macri y promueve un congreso de delegados surgidos de asambleas -de escuelas y reparticiones- con mandato para resolver un plan de lucha progresivo y preparar la huelga general hasta quebrar el ajuste. En esa dirección, invita a los luchadores a ser parte de la delegación chubutense al Plenario Nacional convocado por el sindicalismo combativo para el 23 en Buenos Aires.

Luego de dos meses de audiencias, en las que se expusieron posiciones en favor y en contra, llegó el momento de las definiciones sobre la media sanción del aborto legal. Es conocido que existe una paridad entre esas dos posiciones en Diputados, y unos 25 indefinidos. También se sabe que le están haciendo reformas al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en nombre de “conseguir más adhesiones”, aunque nunca se diga quiénes cambiarían su voto con una u otra modificación. Pero lo más notable es que la movilización de trabajadores y estudiantes, y de todas las vertientes del movimiento de la mujer por el aborto legal no ha parado de crecer. Como se pudo ver en la postal que captaron las cámaras de PrensaObrera.com -y que sirve de tapa a este periódico- asistimos a un “tsunami verde” imparable. El marco nacional e internacional En el contexto internacional, el triunfo del Sí en la República de Irlanda, uno de los países más católicos del mundo, ha significado un fuerte golpe a la autoridad papal. El cambio de posición en Chile, en relación con los casos de abuso infantil en el clero y a su posterior encubrimiento, está también colocado en el marco de esta crisis de la Iglesia. En su viaje por ese país, el Papa recibió muchas muestras de repudio. En la Argentina, la condena a 25 años de prisión para un cura largamente protegido por el Episcopado, Justo Ilarraz, también resulta un golpe para un clero que no le ha quitado estado sacerdotal a ninguno de sus más de 60 curas sentenciados por pedofilia. La autoridad del principal sostén del aborto clandestino en América Latina está en crisis, y la lucha de las mujeres no ha hecho más que profundizarla. Este cuadro de conjunto es el que fue abriendo paso al tratamiento del aborto en la Argentina, a la aprobación de causales de interrupción del embarazo en Chile e incluso a un moderado avance en Bolivia. Llegamos a este tratamiento con una fortalecida movilización popular. Pero también con un renovado lobby del poder clerical sobre los y las diputadas que están en el campo del aborto legal, y que en su mayoría son quienes votaron, en el pasado reciente, la reducción jubilatoria, de las AUH y más de cien leyes de ajuste. Como ya señalamos, si llegamos a tener una agenda en favor de las mujeres en el Parlamento, ha sido como corolario de movilizaciones masivas y de la incapacidad de gobierno para conformar al movimiento de la mujer con ciertos maquillajes. Es el caso de la falsa ley de eliminación de la brecha salarial, de la paridad de género en las listas electorales o de la extensión de la licencia por paternidad que presentaron este año. Detrás de la aparente hermandad transversal por la conquista del aborto legal, la naturaleza de clase y clerical de los bloques mayoritarios se sobrepone al interés por terminar con una causa de muerte y mutilaciones de mujeres. (function(d, s, id){var js; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://embedsocial.com/embedscript/ei.js"; d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(js);}(document, "script", "EmbedSocialScript")); La larga mano del Vaticano A caballo de este lobby confesional, los bloques mayoritarios buscan dar un aliciente al clero, estableciendo modificaciones reaccionarias. Es el caso de la incorporación de un artículo en la ley para las empresas de salud que pertenecen al clero, por medio del cual se permite la “objeción de conciencia”, no sólo individual sino institucional. Abrir esta compuerta en el ámbito de la salud es lo que busca el Vaticano, que ya recibió ese privilegio en la ley de Educación Sexual Integral. Bajo estos principios jurídicos, avanza la consolidación de un Estado dentro del Estado. Para el clero no hay reglas, más que las que el propio clero se autoadministra. No es inocente, en este contexto, la firma de los empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) en apoyo al veto presidencial de Macri, por medio del cual anuló la ley para retrotraer las tarifas a noviembre de 2017. Desde la orilla social, no fue casual el activismo episcopal en la Marcha Federal, con el objeto de ganar fuerza en los sectores más castigados por la descarga de la crisis capitalista, para la causa reaccionaria de bloquear la legalización del aborto. Una vez pasado el extorsivo tedeum del cardenal Poli, el 25 de mayo -donde la Iglesia se ofertó para contener la crisis social a cambio de archivar el aborto legal-, el canciller Faurie viajó al Vaticano y luego lo hicieron María Eugenia Vidal y Carolina Stanley. En medio de ajustes, de la devaluación, los tarifazos y las paritarias a la baja, el apoyo empresarial y del Vaticano a las políticas del gobierno constituye un punto que no debe subestimarse, a pocos días del debate parlamentario del aborto legal. Al exponer en el Congreso, los curas villeros, el obispo Gustavo Carrara y Pepe Di Paola, voceros excluyentes de Bergoglio, compararon al aborto con el genocidio de la dictadura, sin que les merecieran una sola reflexión las muertes de miles de mujeres por abortos clandestinos en todos estos años. Asimismo, pretendieron correr a sus aliados nacionalistas que apoyan el aborto legal, con la vaina -antiabortista- de los líderes del nacionalismo burgués continental, como Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, quien amenazó con expulsar de su bloque a dos legisladoras que intentaron colocar el aborto legal en su agenda parlamentaria. El cura enemigo de este derecho no se privó de reivindicar que bajo el gobierno de CFK se conquistó la formulación del “inicio de la vida humana desde la concepción”. Sólo se privó de exaltar al mejor de los alumnos vaticanos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, debido a la represión brutal que ejecuta en estos mismos días y a la cual no quiso quedar pegado. En pocos minutos, el lider clerical dio cuenta de una raíz profundamente oscurantista, que un sector del progresismo intentó ocultar. Mal que le pese a todos ellos, ya no se puede tapar el inmenso padecimiento de las mujeres pobres, a las que el nacionalismo dice representar, de cara al aborto clandestino. Del 3J al 13J La fuerza de la movilización popular pasó la prueba de su capacidad de acción, cuando en el tercer aniversario del Ni Una Menos enarboló la legalización del aborto como consigna principal -ello, junto a la lucha contra el ajuste y el pacto con el FMI- protagonizando otra acción de masas en todo el país. En el contexto de la caída en picada de la popularidad del gobierno y el apriete del FMI para incrementar la devaluación y, por lo tanto, liquidar aún más el ingreso de las masas, tanto el gobierno como la Iglesia recelan de esta presión popular en ascenso. El 13 de junio, la movilización está llamada a superar todo lo conocido porque crece -y tenemos que multiplicar en cada hora- la conciencia política de que esta lucha la ganamos en las calles. Al interior del movimiento que lucha por este derecho, ya es muy claro que no buscamos una simple despenalización sino que queremos la legalización del aborto. En este momento de definiciones, debemos luchar para que sea la propia acción de las mujeres organizadas y movilizadas la que desenmascare y derrote las maniobras en curso, y lleve a la “marea verde” a una primera victoria en la lucha por el aborto legal. El 13J, ¡al Congreso!

El 31 de mayo y el 1° de junio últimos se realizaron las elecciones del cuerpo de delegados de Fate. La Lista Negra de esa gran fábrica del Neumático fue la punta de lanza de la recuperación del Sutna nacional y es donde se concentra una vanguardia con vasta experiencia de lucha contra la burocracia sindical y las patronales. El dato principal de la elección ha sido la pulverización de la vieja burocracia de Wasiejko, que ni siquiera se presentó como Lista Violeta sino que intentó ocultar su historia y su pertenencia, tras el color celeste. De los dieciséis sectores donde se eligieron delegados, la Violeta-Celeste sólo se presentó en cuatro y fue derrotada en todos ellos por compañeros de la Negra. Sobre un total de 1.368 compañeros que participaron de las elecciones, los camuflados representantes de la vieja dirección del Sutna sólo cosecharon 114 votos. Por su parte, la Lista Negra ha conquistado hasta el momento quince delegados, imponiéndose en catorce sectores. Ha quedado por definir el segundo delegado del sector Ingeniería, donde hubo un empate entre un compañero de la Negra y la Lista Gris -único sector donde se presentó esta lista ligada al MST. En total, la Lista Negra conquistó 938 votos, casi el 70% del apoyo de los compañeros de la fábrica. Para completar, la Lista Roja retuvo su delegado del sector Armado-radial camión y la Granate (PTS) consagró un delegado del sector Calandras. La Negra iguala la última elección de cuerpo de delegados y espera superarla en el desempate en Ingeniería. El masivo apoyo a la Lista Negra en la fábrica más masiva del gremio y una de las más grandes plantas industriales del país es un respaldo clave a la nueva dirección clasista y sus métodos, en el marco de fuertes ataques a los trabajadores por parte del gobierno y las patronales. Los compañeros eligieron defender el rumbo trazado en la última etapa, donde la organización colectiva, sobre la base de asambleas generales y la más amplia deliberación impulsó nuevas conquistas y la defensa de los intereses de todos los trabajadores. Al mismo tiempo, esta Lista Negra, en cada una de las plantas del Neumático, atesora la experiencia y politización de un activismo que está presente y es organizador de cada reclamo, de categorías, de defensa de la salubridad y los ritmos de trabajo, de freno a todo abuso de las jefaturas, de cumplimiento del convenio y mejora de premios, de defensa del cuerpo de activistas. Por otro lado, tiene la experiencia y el fogueo en las movilizaciones y luchas de todo el movimiento obrero y del clasismo. El resultado es un pronunciamiento obrero ante las patronales y el gobierno en la etapa previa a la discusión paritaria en el Neumático. Mientras la burocracia sindical sigue su zaga de entrega del salario de los trabajadores, adaptándose a los requerimientos del gobierno, los trabajadores del Neumático acumulan fuerzas para enfrentar los intentos de liquidar el poder adquisitivo de los trabajadores. El Plenario de Trabajadores, impulsado por el Sutna, contribuye a reforzar el camino de la organización independiente y de clase en Fate y en todas las fábricas. El pronunciado retroceso de los representantes de la burocracia sindical es un dato que se repite cada día más en la clase obrera argentina. Esta gran elección de los luchadores en Fate será una palanca para la evolución de todos los que se abren paso frente a los representantes patronales en los sindicatos.

Un paro nacional es, siempre, un golpe político al poder, es un punto de crisis en el sistema de contención de los trabajadores. Y si resulta masivo, como lo sería una convocatoria en este momento de repudio popular, más aún. Pero la foto del -roto y recauchutado- triunvirato de la CGT con 17 senadores encabezados por Pichetto, es expresiva del carácter, los objetivos y los métodos del paro que se está discutiendo. Se tomaron su tiempo, se reunieron con la Iglesia, primero, y ahora con los senadores responsables de hacer pasar dos años y medio de leyes de endeudamiento y ajuste, incluyendo a las reformas previsional y tributaria, que desataron la rebelión obrera del 14D y 18D. No hubo asambleas, no hubo congresos, no hubo mandatos; tampoco por parte del “plenario unificado” del aparato afín de Yasky y Micheli, reunido entre gallos y medianoche, que por toda resolución decidió adherir al “paro que estamos construyendo”. Allí, en cambio estuvo como gran dirigente Wasiejko, cuya lista Violeta no ganó ni una de las 17 secciones de Fate en las elecciones de delegados de la semana pasada: 15 ganadas por la Lista Negra y dos por sendas agrupaciones que integran la alianza antiburocrática que dirige el Sutna. Las CTA reproducen los métodos y la política de las burocracias centrales: los dirigentes carecen de mandato y hasta de sindicatos. La gran huelga general de los docentes neuquinos, que quebró el techo paritario, indexando los salarios de todo el año, ni fue tomada en cuenta. Tampoco las luchas de la convulsionada Chubut o los grandes paros universitarios. Dejaron venir -y dejaron pasar- el veto a la ley de tarifas. El paro, si se concreta, no pretende quebrar el tarifazo ni los despidos crecientes. Tampoco tiene relación con las luchas obreras que sacuden, aisladas, a todo el país. El paro carece de un programa ante la devaluación monetaria y la carestía que han arrasado las paritarias del 12/15% en cuotas, que jamás debieron firmarse. Pero tras la corrida cambiaria, el nuevo golpe devaluatorio y el veto convalidando el tarifazo, se acaba de firmar la paritaria de UPCN: 15%, en cuotas, sin cláusula gatillo y con una revisión que sería… en marzo del año que viene. Recordemos que el Triunvirato había estallado como consecuencia de la rebelión del 18 de diciembre, protagonizada por sindicatos, seccionales y cuerpos de delegados de base junto al movimiento piquetero y la izquierda. La motivación del paro es un reacomodamiento de la CGT, en conexión con el pejota-kirchnerismo de los gobernadores que aplican el ajuste en sus provincias, ante el derrumbe de la política económica del gobierno y el desembarco del FMI, repudiado por la masa de la clase obrera. La coalición del ajuste pretende ser reformulada, ahora, en “modo” FMI. El bloque del 21F La adaptación del sector “opositor” de Moyano y Palazzo, y tras de ellos de Yasky y compañía -o sea, el bloque del 21F-, tiene razones muy profundas. El kirchnerismo acaba de ser furgón de cola del PJ de Pichetto y los gobernadores, y del FR de Massa, en una ley que sólo cuotificaba el tarifazo. No hay en ninguna variante del peronismo un programa alternativo a las privatizaciones y la enajenación de las reservas hidrocarburíferas, ni a la bicicleta usuraria que está paralizando el país ni a la fuga de capitales, ni al endeudamiento. Ese programa sólo puede provenir de la clase obrera. La postura opositora, que se radicaliza ante la caída en picada del macrismo, tiene por objeto hacer de recambio en 2019 y, de acuerdo con la marcha de la crisis, promover medidas de regulación que calmen a sectores díscolos de la propia burguesía. Lo más granado del empresariado apoyó, no sólo la intervención del Fondo, sino el veto a la ley de tarifas. Los senadores que han pactado con la CGT el “paro 2018”, dominguero y destinado a ser la válvula de descompresión como lo fue el del 6 de abril del año pasado, tienen por política reposicionar al PJ en la “gobernabilidad del ajuste”. Por eso, pactaron que el acuerdo con el FMI no pase por el Congreso. Saben muy bien que ese acuerdo irá contra los sistemas jubilatorios especiales, y es probable que apunte a la jubilación obligatoria a los 70 años. Ya se ha dispuesto congelar la planta estatal, y continúan las tandas de despidos en el Inti, el Posadas y otros. Además, vienen por los convenios colectivos, empezando por el Turbio y Luz y Fuerza, y por la sanción de una parte de la reforma laboral. La Marcha Federal de las organizaciones de San Cayetano, acompañadas del centroizquierda degennarista, tuvo por programa un conjunto de leyes asistenciales, de paliativo al ajuste del FMI. La mano del Vaticano, detrás de esa Plaza de Mayo, no es ajena a esta perspectiva de contención. Por un verdadero paro activo nacional El paro que se está gestando distorsiona por completo los objetivos del paro activo nacional y el plan de lucha que necesita la clase obrera, y que impulsamos desde el PO y el sindicalismo clasista, que es convocante de un Plenario Nacional en Lanús el próximo 23 de junio. Para el clasismo, el desafío es lanzar una campaña de asambleas y plenarios que organicen el paro desde esta perspectiva. Que impulsen un programa por la reapertura de paritarias, la ocupación de las fábricas que cierren, el triunfo de las luchas en curso, por un aumento de emergencia para los jubilados, y contra la nueva fase del plan de guerra contra los trabajadores que rodea el pacto con el FMI. Es el camino para imprimirle un carácter activo, que desenvuelva las tendencias huelguísticas que existen en el movimiento obrero. Tenemos que apoyarnos también en la colosal movilización por el aborto legal, porque rompe los diques de contención y su conquista reforzaría a todo el movimiento de los explotados. Sólo un paro activo que movilice millones desde sus lugares de trabajo puede poner la iniciativa política en manos de las masas trabajadoras, que abra un curso de huelga general para derrotar el conjunto de la ofensiva. Los organizadores del Plenario Nacional, del 23 de junio en Lanús, han tenido una iniciativa llamada a marcar un rumbo y la actitud ante al paro en discusión será un banco de pruebas para futuros saltos en el reagrupamiento del clasismo, en la victoria de luchas decisivas, en dotar a la vanguardia obrera de un programa y en reforzar el proceso de recuperación de organizaciones sindicales de manos de la burocracia.