Prensa Obrera N° 1504

El veto de Macri a la ley que recortaba los tarifazos tiene un único y claro destinatario -el Fondo Monetario Internacional. El Presidente quiere demostrarle a los usureros internacionales que el Presupuesto nacional estará íntegramente destinado a garantizar el pago de la deuda externa, que el macrismo aumentó en 140.000 millones de dólares. El veto presidencial no sólo es la vía libre para los últimos aumentos del gas y la luz, después de dos años con tarifazos del 1.000 al 1.500%. Es también la garantía de que las tarifas seguirán dolarizadas. O sea, que seguirán acompañando la devaluación del peso. ¡Pero el propio Fondo Monetario exige que el dólar se vaya a 30 pesos! O sea que se vienen nuevos tarifazos, intolerables para el país y sus trabajadores. El veto es una declaración de guerra para todos los que viven de su trabajo, y a quienes el gobierno les ha impuesto un techo del 15% en sus aumentos salariales, de la mano de la burocracia sindical. La oposición que ha votado el recorte de tarifas se conformará con haberle hecho pagar a Macri el “costo político” del veto. Mientras tanto, seguirá haciendo lo que hizo desde que asumió este gobierno: colaborando con el ajuste, desde el Congreso y las gobernaciones. En esa línea, los Pichetto y Massa han aceptado que el acuerdo con el FMI ni siquiera se discuta en el Parlamento. Sus socios de la burocracia sindical, mientras tanto, apenas amenazan con un paro aislado, dominguero y sin perspectiva. Si queremos impedir la liquidación de nuestros salarios, necesitamos DERROTAR el tarifazo. Eso exige una gran acción popular que debe ser encabezada por la clase obrera y sus organizaciones de lucha. Necesitamos un inmediato paro activo nacional contra el veto de Macri y el FMI, que movilice a millones, a partir de asambleas en los lugares de trabajo. Y un plan de lucha hasta anular los tarifazos, reabrir las paritarias y abrirle paso a todos nuestros reclamos. En esa perspectiva, planteamos asambleas en todos los gremios, de todas las centrales, y que un único congreso con mandato de las bases debata el plan de lucha y un plan económico de los trabajadores, antagónico a la salida de Macri, los gobernadores y el FMI.

En un 25 de mayo donde la invocación a la “independencia nacional” intentó ocultar el pacto colonial con el FMI, el Presidente y cada uno de los gobernadores participaron también de sermones clericales que pusieron al desnudo el entrelazamiento entre el Estado y la Iglesia católica -nos referimos al llamado “Tedeum” (A ti, Dios). Todos los discursos de la Iglesia subrayaron su oposición al aborto legal. La mayoría recogió la fórmula expresada por Bergoglio en su tercera Exhortación Papal de marzo pasado, refiriéndose a la vez al aborto y a la “defensa de los pobres”. La crisis económica, las corridas cambiarias, la inflación y el pacto con el FMI quedaron diluidas en vagas referencias a la pobreza y a la riqueza, a través de la historia bíblica de “Zaqueo”. Terminados los discursos, Macri envió al canciller Jorge Faurie al Vaticano a negociar. Hace unos días, Bergoglio emitió un documento en el que refiere de manera crítica a las empresas off shores, pero sólo para proponer que se les cobre impuestos -o sea, su blanqueo. Hasta allí llegó la agudeza de una institución que -en materia de negocios mal habidos- no tiene nada que envidiarle al gabinete presidencial. En esa línea, el discurso de Mario Poli fue moderado y así lo recibieron los funcionarios nacionales, en medio de una brutal crisis económica y una caída pronunciada del gobierno en la consideración popular. Mario Poli señaló: “En los tiempos de crisis no dominan las fuerzas económicas sino las espirituales”. Las penurias populares deben transitarse con una buena dosis de religión, le recordó, extorsivo y paternal, Mario Poli al gobierno. Días antes de la votación en Diputados del proyecto para legalizar el aborto, las acciones de la Iglesia se intensificaron en pos de evitar la media sanción de este proyecto. Su caballito de batalla es “la defensa de las dos vidas”. “Ante el bello e inefable don de la concepción, (sic) si la propuesta es optar por una u otra, en esta bendita tierra austral apostamos decididamente a que vivan las dos”, dijo Poli (www.perfil.com). Una equiparación de la mujer con vidas embrionarias, ratifica que el desprecio bíblico por la mujer es un principio católico que hace uso de un postulado totalmente falaz. El más crítico de los discursos vino de la mano del jubilado monseñor Héctor Aguer, titular de la Catedral de La Plata, a quien le tocó hablar frente a María Eugenia Vidal. La curia platense es un verdadero centro conspirativo contra el aborto legal, dando cobijo en sus depósitos al “bebito” gigante que enarbolan en sus marchas y costeando viajes de feligreses a la Ciudad de Buenos Aires cuando hay manifestaciones. “Exaltadas de pañuelos verdes”, “cambalache de debate” y otras frases por el estilo fueron las que el gobierno provincial estuvo dispuesto a escuchar sin chistar Por su parte, Mario Cagnelo, el obispo salteño, emitió su homilía frente al gobernador Juan Manuel Urtubey un día después de que éste, frente al escándalo nacional de que una niña de 11 años embarazada fuera impedida de abortar, tuvo que derogar el Protocolo que el propio clero acuñó después que la Corte emitiera el fallo FAL en 2012. “Los políticos y los legisladores católicos deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar leyes inspiradas en los valores de la naturaleza humana”. Para el obispo, la muerte de centenares de mujeres pobres por la barbarie del aborto clandestino formaría parte de esa “naturaleza humana”. El mensaje del salteño para los médicos, en tanto, fue: “No son inocentes aquellos profesionales de la salud que, buscando el lucro, no dudan en favorecer y actuar impunemente traicionando su juramento hipocrático”, una amenaza cierta tratándose de una provincia en la que el monopolio del Derecho lo tiene la Universidad Católica Argentina. Mientras tanto, el derrotero clerical de estos días incluye el padrinazgo a la movilización de los movimientos sociales referenciados en el espacio “San Cayetano”, Barrios de Pie, Ctep y CCC. Su orientación es la de reclamar un cordón asistencial de cara al ajuste en marcha, no la de derrotar la politica oficial. Este sector coexiste al propio interior del movimiento de mujeres. Como se ve, en el juego de extorsiones entre el clero y el gobierno, el derecho al aborto es una moneda de cambio. La Iglesia le pide al gobierno que frene o malverse esta reivindicación crucial. A cambio de ello, se ofrece a jugar como “bombero” en medio de la inmensa crisis social que agravará el rodrigazo en curso y el acuerdo con el FMI. ¿Qué conclusiones sacamos de esta situación? Como nunca, el futuro del aborto legal depende de que despleguemos todas las fuerzas de lucha en estos días cruciales. En definitiva, ha sido ese camino el que arrancó el actual debate en el Parlamento. Desde el 4 hasta el 13 de junio debemos inundar las calles, la marea verde debe invadir el espacio público, porque sólo con esta convicción lograremos derrotar las maniobras en curso tendientes a limitar u obturar nuestro reclamo de #AbortoLegalYa. El 4 de junio, en un nuevo aniversario del #NiUnaMenos, volvemos a afirmar que el Estado es responsable y reclamamos por el aborto legal, contra el acuerdo con el FMI y para terminar con los femicidios y todas las formas de la violencia contra las mujeres que este régimen cultiva, adhiriendo a los principios clericales sobre la mujer, la familia y la resignación. El 13 de junio, el día del tratamiento en el Congreso, nuestra presencia en las calles deberá ser otra vez y excepcionalmente abrumadora. Como lo hicieron las trabajadoras y los trabajadores irlandesas, aquí también diremos SI A LA VIDA de las mujeres que terminan muertas o mutiladas por el aborto clandestino, desbaratando todas las maniobras en curso.

El Partido Obrero lanza su Campaña Financiera de invierno, en medio de una situación de deliberación y organización de la vanguardia obrera y popular, que busca una salida a la crisis económica y social que se acentuó en las últimas semanas. El gobierno de Macri, y su pacto con el Fondo Monetario, intenta pegar un salto en la política de ajuste, que tiene a la clase trabajadora como principal objetivo. Las paritarias a la baja, los tarifazos, la devaluación reciente son una política de ataque a los trabajadores que necesita ser contrarrestada con la organización y la movilización. Para esta política, el gobierno se ha valido de los acuerdos con la burocracia y los gobernadores. que plantean una salida donde los trabajadores también paguen la factura de la crisis. Sin embargo, la respuesta obrera, juvenil y de las mujeres, con movilizaciones y reclamos, están en el orden del día. Han sido miles las mujeres que se siguen movilizando y preparan grandes demostraciones en la lucha por la conquista del aborto legal. Los trabajadores, en sus gremios, luchan contra los despidos, con huelgas y ocupaciones, como el Inti, Cresta Roja y el Subte. Los docentes, desde las universidades, los Suteba combativos y, por supuesto, desde la enorme lucha neuquina, replantean un horizonte que rompa la orientación de la burocracia. Los gremios combativos, con el Sutna a la cabeza, se plantean organizar un gran congreso obrero que discuta un plan de intervención del clasismo y un programa que dé una salida a las reivindicaciones y coloque a la clase obrera como alternativa nacional. En esta respuesta abona la búsqueda de aportes financieros del Partido Obrero. La necesidad de una propaganda y una agitación, para el reforzamiento y orientación de las luchas y para el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores. Esta campaña se suma a la nueva etapa de Prensa Obrera, y a la extensión de su trabajo en todas las capas de los explotados y de la opinión popular. Lanzamos nuestra Campaña Financiera para enfrentar los planes del gobierno, y organizar a la vanguardia de la clase obrera, la juventud y la mujer, en la defensa de sus intereses inmediatos e históricos. Esperamos tu aporte.

La sanción de la ley que recorta el último tarifazo, de un lado, y el veto que la anula, del otro, expresan un choque al interior de la “coalición del ajuste” -o sea, el régimen de agresión a las masas encabezado por Macri y los partidos de la seudo-oposición. Pero este choque revela que ese régimen ha ingresado en un acelerado proceso de disolución política y económica. Si los tarifazos dispuestos en abril pasado ya resultaban socialmente intolerables, lo que se viene después de la corrida cambiaria y el dólar a 25 pesos es un “tarifazo sobre el tarifazo”, puesto que los valores de la energía y los combustibles se encuentran dolarizados. Sin embargo, esa misma desvalorización del peso -que empuja las tarifas hacia arriba- aún no ha concluido, y el propio FMI es su principal fogonero. En las negociaciones de estos días, los funcionarios del organismo reiteraron que “el acuerdo stand by no podrá ser utilizado para cubrir una corrida cambiaria, y mucho menos para financiarla” (Ambito, 30/5). Para ello, “el gobierno deberá comprometerse a sostener un tipo de cambio competitivo” (ídem). Sin que el rodrigazo desatado hace dos semanas haya desplegado todavía todos sus efectos, la ‘salida’ fondomonetarista anticipa un mazazo inflacionario aún superior. De cara a la inmensa convulsión que se viene, el impasse del régimen ajustador no puede ser mayor. Más allá de las chicanas al macrismo, el ultramezquino recorte al tarifazo votado por los senadores expresa el terror a una rebelión popular contra los aumentos, ello, después del antecedente de las jornadas de diciembre contra la reforma previsional. ¡El propio gobierno que veta el recorte al tarifazo ha dispuesto un congelamiento de las naftas por 60 días! Pero si este intervencionismo prospera, el gobierno dinamita sus últimas posibilidades de financiamiento internacional. Es este mismo impasse el que recorre al Macri brasileño, en estas horas, de cara a la huelga de las patronales camioneras contra los tarifazos en los combustibles. La decisión de Temer de moderar los aumentos no disipó las protestas -pero llevó al derrumbe de las acciones de Petrobras. En definitiva, el macrismo debe perpetrar la tarea devastadora del rodrigazo, pero sin los recursos políticos para llevarla hasta el final. Bloque opositor La naturaleza del bloque opositor que redactó el ‘recorte al tarifazo’ está retratada en su propio proyecto. La ley de Massa-Pichetto convalida los gigantescos aumentos del gas y la luz que se llevaron adelante en 2016/2017, del orden del 1.000 al 1.500%. El recorte “opositor” deja intacta esa inmensa confiscación, y a todo el sistema de privatizaciones. Sobre esa base, el gobierno transitó por intensas negociaciones con los senadores. En la decisión final del pejotismo ha pesado una cuestión política de fondo, la de demarcarse de un gobierno colapsado. Lo hicieron, claro está, a sabiendas de que el mezquino recorte tarifario sería vetado y, por lo tanto, no afectaría a la marcha general del ajuste que ellos han caucionado. Por caso, el “desplante” de los senadores ha convivido con el respaldo estratégico de todos ellos -y de sus gobernadores- al acuerdo con el Fondo Monetario, y el respaldo a que no pase por el Congreso. En su momento, el rol de estos “opositores” podría implicar también el ingreso a un gabinete de coalición o unidad nacional, si el proceso de disolución económica se reabre con dimensiones mayores y conduce a una crisis de gabinete y de régimen de alcance más general. En otro plano, este bloque del “recorte tarifario” ha servido de pretexto para una asimilación más completa del kirchnerismo al pejotismo, subrayada en las semanas anteriores por expresiones de CFK contrarias a postularse en 2019. El pregonado “frente antimacrista”, incluso si llegara a superar las pujas de candidaturas, se encuentra liderado por los Pichetto, Massa, Urtubey o Gildo Insfrán -o sea, el elenco de socios provinciales y parlamentarios del macrismo, con un kirchnerismo acomodado a su interior. Para la burguesía, este frente constituiría una tentativa de rescate de las “conquistas” antiobreras y antinacionales cosechadas por el macrismo en estos años, desde la garantía a los acreedores internacionales -a través de un plan de refinanciamiento de la deuda externa- hasta los propios tarifazos. En el armado del pasado 25 de mayo, el kirchnerismo se preocupó muy bien de ocultar el contenido de este frente en grado de tentativa, detrás de la música, los artistas o dirigentes de derechos humanos. A contrapelo de muchas manifestantes presentes, el documento de esa “unidad opositora” ignoró la reivindicación crucial del aborto legal. Es que el Vaticano está metido hasta los tuétanos en esta operación política. El frente Vamos, que reúne a los “muertos vivos” de la centroizquierda argentina, pretende jugar de obstáculo al desarrollo de una izquierda de independencia política de la clase obrera y, a su turno, jugar como variante izquierdizante del bloque opositor de la burguesía. Los que se prueban “el traje de 2019”, sin embargo, fingen desconocer los choques y crisis políticas que tendrán que atravesar hasta entonces, y el efecto desintegrador que tendrán esas crisis sobre los bloques políticos que contribuyan a rescatar al capital internacional y a los privatizadores. Reacción obrera La “unidad opositora” bajo la batuta del pejotismo ya tiene sus manifestaciones sindicales. Yasky anunció la intención de disolver su CTA en una CGT dirigida por el moyanismo y la Corriente Federal. La política de este bloque es conocida: no hacer olas hasta 2019 y contribuir a un relevo electoral a manos del peronismo. Micheli ha montado una elección de una fracción de la llamada CTA Autónoma, con el mismo derrotero, puesto que plantea la unidad con la de Yasky. Por su parte, el triunvirato “vaticano” gana las calles de la mano del Episcopado, con una política asistencial para acompañar la hambruna del ajuste fondomonetarista. Después del 21F, este bloque aisló rigurosamente a todas las luchas que se batieron contra los despidos y los techos salariales. Esta política no descarta un paro aislado, que podría tener lugar como respuesta al veto presidencial -pero carece de toda pretensión de derrotar al gobierno del FMI en base a la acción de los trabajadores. En oposición a esta parálisis, emerge con toda su fuerza la victoria de la huelga docente neuquina, la cual, empujada por las asambleas de base, rompió los techos paritarios y arrancó la indexación del salario con el método de la huelga general y los piquetes, aún cuando su reclamo iba más allá en función de una recomposición. Un plenario de sindicatos y delegados de base, convocado en apoyo a esta huelga, sirvió de impulso final para consagrar esta victoria. Pero entroncó también con otra gran convocatoria de alcance nacional: la que realizó el Sutna a los sindicatos combativos y el clasismo, para poner en pie de lucha a los sindicatos y batallar por una nueva dirección en el movimiento obrero. Es necesario empeñar todos los esfuerzos para que este plenario, convocado para el 23 de junio, se convierta en un polo de referencia para todos los luchadores, delegados y activistas que están pugnando por abrir un rumbo de lucha frente al cepo burocrático. La lucha por un congreso de delegados mandatados por asambleas de base de todas las centrales y sindicatos es un gran planteo de recuperación de los sindicatos para una política de clase, y hacemos de ella un método para la propia convocatoria al 23, promoviendo reuniones previas y mandatos de fábricas y gremios. La agenda inmediata tiene otro gran pilar en la lucha por el aborto legal, que se dirimirá en las próximas semanas. Una victoria de esta reivindicación crucial será un golpe a todos los partidos que han sostenido y sostienen el plan de guerra contra los trabajadores, y que -como parte de ello- son aliados de hierro del clero. Por otra parte, una victoria de esta reivindicación que acaba de arrasar en el plebiscito irlandés, reforzaría la oposición popular al régimen. Con estas banderas, marcharemos el 4J -“Ni una menos”- y el 13J al Congreso, a la sesión de Diputados. En medio de esta enorme crisis nacional, que prepara episodios mucho más agudos, el Frente de Izquierda tiene la responsabilidad de apuntalar la acción de los luchadores y el clasismo por poner en pie a los sindicatos, y de desplegar una acción política integral que presente un programa y una salida de los trabajadores al nuevo derrumbe nacional perpetrado por el macrismo y sus cómplices.

La descomunal asamblea que protagonizaron los trabajadores de Télam (Agencia Nacional de Noticias) en la tarde del martes 29 sólo puede ser comprendida, en toda su dimensión, como parte de un cambio más general en las relaciones de fuerza entre los trabajadores y el gobierno, empeñado en aplicar las recetas ajustadoras del FMI. Más de 300 compañeros se dieron cita en la convocatoria unificada efectuada (como hecho inédito en los últimos años) por los tres sindicatos de Prensa que funcionan en Télam. Tal era la cantidad de convocados que hubo que producir un desplazamiento de la asamblea a la planta baja para poder funcionar. La convocatoria, incluso, obtuvo una primera victoria: el intento de evitar el ingreso y participación de los dos despedidos, con el jefe de personal a la cabeza, fracasó. Los compañeros participaron de la asamblea e intervinieron en la misma. El paro por tiempo indeterminado arrancó el 28 de mayo, luego de conocerse el despido de dos periodistas por una nota sobre la titularidad de las Lebac, días antes del famoso vencimiento de mayo, que fue precedido por la corrida cambiaria. Dos semanas después, la empresa accionó contra los compañeros cesanteándolos. Télam denunció que la nota en cuestión tenía una “intencionalidad” de crear zozobra en el “mercado”. A pesar de esta denuncia, el texto nunca fue retirado del portal de la agencia, cosa que sucede a menudo frente a noticias que tengan datos equivocados. La decisión de la agencia de mantener el texto indica el montaje de una provocación para golpear y abrir un ajuste a fondo contra los trabajadores. Desde hace varios meses, la patronal macrista viene tanteando el terreno con golpes de todo tipo, desde suspensiones de compañeros, que motivaron paros parciales, a ataques al movimiento de la mujer, como sucediera luego del 8M, cuando la patronal inició sumarios contra delegadas y trabajadoras, para atacar al poderoso movimiento de las compañeras del Sipreba, quienes concurrieron a la movilización con un paro de actividades. La motivación de los despidos supone, en primer lugar, un ataque a la libertad de expresión y, más en general, marca la intención patronal de producir un “disciplinamiento social” que abra las vías del ajuste. Para este objetivo, la patronal se mueve en varias direcciones. A los despidos se suma el pedido de Télam al Ministerio de Trabajo de que adecue la cantidad de delegados existentes de los tres sindicatos con representación en la empresa, a la ley sindical. Una vieja aspiración empresaria, expresada por el titular de la Cámara de la Alimentación, Daniel Funes de Rioja y de toda la burguesía, que va dirigida contra todos los gremios estatales. En la asamblea, las intervenciones de los distintos compañeros reflejaron el nivel de conciencia que hay entre los trabajadores de la agencia sobre la brutalidad del ajuste que se avecina. El planteo inicial de levantar el paro en la noche del martes, para reconvocarlo el jueves al mediodía con un acto en la puerta, fue desechado ante la falta de respuestas de la patronal. Algunos compañeros mencionaron la posibilidad de que el paro ocultase un posible lock-out patronal. Se consideró entonces que era más importante aún mantener la medida de lucha y denunciar cualquier intento extorsivo del macrismo. Como dato político, la moción inicial fue retirada y se votó por unanimidad el paro hasta que la empresa revea los despidos. La asamblea resolvió también unir su lucha a todos los conflictos en curso y participar de la movilización nacional de Prensa convocada para el 6 de junio contra los despidos y agresiones estatales contra los trabajadores de Prensa. Debemos tomar nota de que se reafirmó el paro por tiempo indefinido por dos despidos, en un gremio que viene siendo golpeado desde hace dos años con miles de cesantías. El Sindicato de Prensa (Sipreba) debe asimilar este cambio de actitud entre los trabajadores y obrar en consecuencia. El jueves a las 12, en la sede de Bolívar al 500, los trabajadores convocan a una radio abierta en solidaridad con el conflicto.

Convocados por el Sutna, el pasado jueves se reunieron sindicatos, seccionales, cuerpos de delegados y organizaciones clasistas y antiburocráticas en un plenario que posiblemente sea un punto de inflexión para el movimiento obrero combativo argentino. El encuentro tuvo dos ejes centrales: 1) el llamado a un gran congreso o encuentro obrero nacional, junto a todos los sectores combativos, para enfrentar “el plan de guerra de Macri, los gobernadores pejotistas y el FMI”, mediante un plan de acción y un programa de salida al derrumbe capitalista, y 2) lanzar inmediatas iniciativas que coloquen -en la calle y en agitación en los lugares de trabajo- la necesidad de un paro activo nacional y un plan de lucha de todos los sindicatos, venciendo la política de postración de la burocracia -tanto de la CGT como de las CTA en sus diferentes variantes. En su intervención inicial, Alejandro Crespo, secretario general del sindicato anfitrión, explicó que la iniciativa había sido producto de una deliberación masiva en la base de las fábricas del neumático de todo el país; miles de trabajadores suscribieron un pronunciamiento y votaron en asambleas por sector el mandato a sus delegados, que luego se reunieron en un plenario general. De allí surgió la convocatoria al encuentro y las líneas generales que se pusieron a consideración. “Somos conscientes -dijo Crespo- que ante la política colaboracionista de la burocracia sindical, la lucha que nos espera exige de una inmediata respuesta obrera unificada, que debemos motorizar los aquí presentes. Las consecuencias del pacto FMI-Macri no se hicieron esperar: devaluación del peso, tarifazos, más despidos masivos, mayor persecución a nuestras organizaciones -lo demuestra la situación actual de los compañeros del Subte-, recrudecimiento de la represión contra las protestas obreras. No podemos dejar pasar sin lucha paritarias del 15%, la eliminación de nuestros convenios, el enorme ajuste de los tarifazos”. El Sutna, con este método que desarrolló para arribar al encuentro, hace una de las mayores contribuciones al movimiento obrero combativo; coloca como motor de la gestación de un reagrupamiento de lucha general a la base de los sindicatos en torno de un planteo previamente definido. Es una ruta de acción, un método, para el conjunto del sindicalismo clasista. Asistencias destacadas Dijo presente el grueso del sindicalismo que viene enfrentando el plan de guerra en curso contra la clase obrera, empezando por representantes de las principales luchas del momento: delegados del Subte, del Inti (nuevamente enfrentado despidos), de Cresta Roja y una representativa delegación del encuentro de trabajadores realizado en Neuquén la semana pasada, en apoyo a la huelga indefinida de Aten, que votó participar. En su condición de secretaria general del Suteba-La Matanza, y diputada nacional del FIT, Romina Del Plá reivindicó la propuesta del Sutna y propuso, además, en nombre de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, una acción inmediata el 30 de mayo, en apoyo a los trabajadores del Subte, a los docentes neuquinos, al Inti y todas las luchas actuales. La CSC participó con una importante delegación, integrada por secretarios generales de sindicatos (además de Romina, Daniel Rapanelli, del Suteba Ensenada; Ileana Celotto, de AGD-UBA); numerosas comisiones y juntas internas (Unilever, Interpack, Morvillo, ATE-Educación, etc.; Cristian Paletti, delegado del Subte; delegados de Siderca y Christian Míguez, de la interna de Acindar-Villa Constitución; Antonio Rosselló, secretario adjunto de la Conadu Histórica; Pablo Eibuszyc, minoría de la directiva de Foetra; Claudia Consiglio, secretaria adjunta de Suteba Escobar; Marcelo Mache, del Sitraic, entre otros. También fueron parte, dirigentes de Ademys y de ferroviarios del Sarmiento, con el "Pollo" Sobrero, Edgardo Reynoso y Mónica Schlotthauer (diputada provincial por el FIT); una delegación de Ancla, la corriente sindical del MST, encabezada por Guillermo Pacagnini, de la Cicop; el MAC (Movimiento de Agrupaciones Clasistas) del PTS, y militantes sindicales del Nuevo MAS, de RyR (Razón y Revolución), de Opinión Socialista, entre otros. De la provincia de Neuquén participaron Angélica Lagunas, secretaria general de Aten-Capital; Norberto Calducci, comisión directiva de Aten provincial por la minoría; Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén y delegados de la maderera MAM. Una tendencia de fondo El plenario de Neuquén, que “recuperó -según dijo López en su intervención- el camino abierto por la Coordinadora del Alto Valle” se ubicó en total sintonía con la convocatoria del Sutna. Fue también López quien afirmó que “hay que dejar de reclamarle a la burocracia sindical, hay que denunciarla”. Otra intervención muy aplaudida fue de la de Eva Gutiérrez, del Polo Obrero, que explicó la importancia de la lucha por el aborto legal como un aspecto del programa reivindicativo de todos los trabajadores. El plenario votó la constitución de una mesa de organización del congreso del 23 de junio, integrada por todas las organizaciones sindicales dispuestas a ser convocantes, que ya realizó su primera reunión y avanzó en una serie de resoluciones: emitir una declaración de convocatoria para agitar masivamente, una carta dirigida a las direcciones sindicales independientes, conformar una delegación para entrevistarse con sectores del campo combativo con los que hay abiertos debates (como la dirección Aceitera, Adosac o los mineros del Turbio). Fue, sin dudas, un paso fundamental de una tendencia que se expresó en Neuquén y en los plenarios regionales del Astillero Río Santiago, cuyo horizonte es un Congreso de delegados mandatados por la base de todos los sindicatos de la CGT y las CTA, por el paro activo nacional y un plan de lucha que desemboque en la huelga general; por la derrota del gobierno y el FMI y una salida obrera y socialista al desastre actual. Seguí leyendo: La gran movilización del 30

La movilización del 30, resuelta por el plenario, fue un acierto político. Desde el Obelisco hasta el Congreso, unos 5 mil trabajadores, hostigados por un impresionante operativo policial, marcharon encabezados por el Sutna y la Unión Ferroviaria de Oeste. Se destacaron las delegaciones del Inti, de Ademys, de los Suteba multicolor, telefónicos, gráficos, del OSTV (sindicatos de Vigiladores) y Alimentación. Ya con la huelga de la docencia neuquina concluida (un triunfo que tendrá un impacto general), la actividad se centró en el apoyo a los trabajadores del Subte y del Inti -víctimas de una escalada de provocaciones, por parte del gobierno, con nuevos despidos y persecuciones-, a la profundización del paro de la AGD-UBA y a la huelga de los estatales de Chubut. El triunfo de las luchas, el rechazo al pacto de Macri y el FMI y de la contención de la burocracia, que fueron las consignas de la convocatoria, marcaron el tono del acto: tanto el "Pollo" Sobrero, que lo abrió, como Cristián Paletti -por los metrodelegados-, Guillermo Pacagnini y Jorge Adaro, coincidieron en la justeza del llamado al Plenario Nacional del 23. Otra reivindicación central, planteada por Giselle Santana, del Inti, fue redoblar la movilización por el aborto legal. Alejandro Crespo, el último orador, explicó la necesidad de una acción de conjunto del movimiento obrero para derrotar la ofensiva del gobierno y el FMI, que supere un eventual “parito” de la CGT, sólo para “descomprimir”. Crespo defendió el carácter político de un paro activo nacional, con abandono de fábricas, retomando en una escala superior las jornadas de diciembre. Seguí leyendo: ¡Todos al Plenario Nacional de Trabajadores, convocado por el sindicalismo combativo!

Las asambleas docentes del pasado lunes 28, luego de 42 días de paro y de siete semanas de huelga ininterrumpida, resolvieron la aceptación de la propuesta hecha por el gobierno. Las 22 asambleas realizadas en las distintas seccionales de Aten congregaron a más de 3.600 docentes para definir el futuro de la huelga. La aceptación se impuso con 2.204 votos contra los 1.512 que mocionaron rechazar y realizar una contrapropuesta. El domingo por la noche, luego de sucesivas mesas de negociación entre los funcionarios del gobierno y los representantes del gremio y cuartos intermedios, que tuvieron lugar durante todo el fin de semana largo, el gobierno hizo una propuesta que finalmente valió la consideración y su aprobación en las asambleas de Aten. El gobierno tuvo que ceder lo que negó desde marzo: la actualización salarial trimestral por cláusula gatillo hasta marzo de 2019. En el salario de julio, los docentes recibirán un aumento al básico equivalente a la inflación acumulada entre abril y junio, medida por el IPC. Y habrán nuevas actualizaciones en octubre y en enero, equivalentes a la inflación acumulada en el trimestre inmediatamente previo. El gobierno ofertó también el pago de 4.000 pesos de bolsillo por cargo por única vez, y a diferencia de años anteriores, debió bajarse de su pretensión de recuperación de los días de clases caídos por la huelga. Sólo se recuperarán contenidos. Se trata, a las claras, de un recule del gobierno y de importantísimas conquistas arrancadas por la huelga. Más aún si se evalúa el contexto nacional, pues el de la docencia neuquina se anota como el mejor acuerdo salarial del año, producto de su histórica huelga. La actualización trimestral por inflación tiene un valor especial en el marco del proceso devaluatorio del peso y de descalabro económico nacional. Sin embargo, también es cierto que fuera del acuerdo quedó un punto importante del pliego levantado por la huelga, el de avanzar en una recomposición salarial. Es decir que, además del blindaje del salario frente a la inflación con la cláusula gatillo, exista un plus que permita mejorar el poder adquisitivo de los salarios docentes. Los 4.000 pesos por única vez ofician como un simulacro de cobertura de los días de paro descontados en marzo y abril, cuya devolución no figura en el acuerdo. Recule oficial Es indudable que fue la fortaleza de la huelga lo que hizo recular al gobierno. Y esa misma fortaleza y los bemoles del acuerdo fueron lo que llevó a Tribuna Docente y a las agrupaciones de la Multicolor mocionar el rechazo a la oferta del gobierno y a plantear una contrapropuesta. Esta moción, que a escala provincial acumuló más de 1.500 votos, agrupó tras de sí a lo más activo de la vanguardia de la huelga. La lucha docente enfrentó a un gobierno provincial claramente alineado con la política macrista, que intentó por todos los medios cumplir con el techo del 15% impuesto en la mayoría de los gremios. Y una sistemática demonización de parte de los medios de comunicación oficiales. Cada intento del gobierno del MPN por quebrar la lucha docente se transformó en un búmeran. Los descuentos masivos en abril ejecutados por el gobierno fueron el catalizador que transformó el plan de lucha de paros escalonados en una verdadera huelga general docente. Más tarde, el decretazo del gobierno, imponiendo un acuerdo unilateral, desató movilizaciones de 10.000 y hasta 15.000 docentes que respondieron a la nueva provocación. Finalmente, el envío del gobierno de “tutores” carneros para reemplazar a los huelguistas llevó la adhesión al paro ¡en su día 41! a un 100 por ciento. El jueves 24, previo al feriado largo, hubo un cierre masivo de establecimientos con cadena y candado en repudio a la patoteada oficialista. Se derrumbaba así el enésimo intento de quebrar la huelga. Bloqueos Pero la huelga docente también enfrentó el sabotaje, por un lado, de las burocracias de la CTA Neuquén y de Ctera, que durante meses le dieron la espalda a esta histórica lucha. La burocracia de Quintriqueo, el secretario general de la CTA local, aliado al PJ, salía a los abrazos con el gobernador Gutiérrez en el momento que se desataba de lleno la rebelión docente. Por otro lado, la huelga también enfrentó, en un primer momento, el conservadurismo extremo de la dirección provincial de Aten, Trabajadores por una Educación Popular (TEP, kirchneristas), que ante una propuesta irrisoria del gobierno a principios de mayo se jugó a fondo por la aceptación. Luego de ser derrotados en las asambleas, el conservadurismo del TEP mutó a un boicot y a un sabotaje deliberado de la huelga, haciendo propias las maniobras típicas de la burocracia sindical. La estrategia del TEP, de poner en pie multisectoriales, junto a los partidos patronales y a la Iglesia, se demostró como una vía muerta, pues el pejotismo y la centroizquierda le rehuyeron a la huelga docente como a la peste. Y la Iglesia, tanto la católica como la evangélica, operaron como un factor de presión contra la huelga, reclamando cínicamente “por el futuro de los chicos”. La huelga general Muy por el contrario, lo que permitió arrancarle al gobierno las conquistas que figuran en el acta acuerdo, fueron los métodos clasistas: la huelga general, la ocupación de edificios públicos, el bloqueo a la Casa de Gobierno, las movilizaciones multitudinarias, los piquetes masivos en las rutas y el frente único de clase, que tuvo su hito en la realización del Encuentro de Trabajadores, que sirvió para unificar a varias luchas en curso, superando la negativa del TEP a organizarlo y superando el boicot de la CTA. Al calor de la huelga, se pusieron en pie decenas de comités de fondos de lucha para paliar los descuentos masivos de salarios y se convocó a los padres, madres y a la comunidad a apoyar la lucha. El balance de esta histórica huelga, que ya ha quedado inscripta en la historia del movimiento obrero neuquino, deja planteada una agenda excluyente para la docencia y en especial para su vanguardia. En primer lugar, es necesario hacer de la lucha por la expulsión de la burocracia de Quintriqueo de la dirección de la CTA una causa popular, apoyando e impulsando a la Lista 3 del clasismo en las elecciones del 28 de junio próximo. Esta pelea será el prólogo para barrer de la dirección de Aten al TEP, que ya se ha cristalizado como una burocracia sindical, y colocar al frente de nuestro sindicato a una dirección clasista. Norberto Calducci (vocal por la minoría de la comisión directiva Aten provincial), Gustavo Burne (secretario adjunto Aten capital), Oscar Fuentes (secretario general Aten Plottier), Gustavo Meliqueo (secretario general Aten Cutral Có - Plaza Huincul), Lautaro Palma Parodi (secretario gremial Aten Zapala)

El 11 de junio, Macri y su ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, inaugurarán en la ciudad de Córdoba la Conferencia Regional de la Educación Superior (Cres), que reunirá a rectores de universidades públicas y privadas de toda América Latina y el Caribe. La Cres tendrá lugar en un cuadro agitado. La resolución 1254/18 del Ministerio de Educación, que se conoció la semana pasada, representa un salto cualitativo en los ataques a la universidad pública. De la noche a la mañana se amputaron brutalmente las actividades reservadas a los títulos de 37 carreras -entre ellas, Ingeniería Civil, Arquitectura, Psicología, Agronomía, Farmacia y Biología. Los colegios profesionales pusieron el grito en el cielo, pese a lo cual el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a respaldar al gobierno y se declaró co-autor de la nueva normativa. En nombre de fomentar “carreras cortas y flexibles”, la medida golpea a las históricas disciplinas y su desempeño profesional. No es casualidad que el único rector que rechazó la resolución haya sido el de la UTN, bajo la enorme presión de los ingenieros de todo el país. Es un dato fuerte para un gobierno presidido por un “colega” que ‘chamuyaba’ con jerarquizar esta carrera por encima de otras “menos útiles” (sic). El recorte de actividades reservadas tiene un sentido claro: permitir la proliferación de carreras low cost, ultra-especializadas y dictadas en general por instituciones privadas, que en tres años habiliten a hacer algunas de las tareas por las que hasta ahora se debía cursar una carrera integral de cinco. De esta forma, se desregula el mercado profesional, dando lugar a trabajadores menos calificados que depriman el costo laboral. Con la excepción de la UTN, el aval de los rectores fue total -va desde el decano Jorge Biglieri, de Franja Morada de Psicología de la UBA, a la ultra-cristinista Sandra Torlucci, de la Universidad de las Artes- y se explica por el negocio privatista que abre la 1254. Además de servir para bajar salarios, los pseudo-profesionales low cost estarán forzados a pagar por nuevas especializaciones y pos-títulos ante los requerimientos cambiantes del mercado. Es el sueño de los “CEO-rectores”, quienes desde siempre quisieron recortar las carreras para alimentar los posgrados arancelados, la caja privada de la camarilla que parasita la universidad. La educación (y el trabajo) made in FMI La resolución 1254 se inspira, además, en un rediseño más profundo del sistema universitario inscripto en el Plan Maestro que Macri y Finocchiaro defenderán en la Cres ante los rectores de todo el continente. Las carreras “chatarra” (cortas y al servicio del mercado) son la esencia del nuevo “Sistema de Reconocimiento Académico” (SRA), que pretende completar el trabajo pendiente de la LES y la Coneau, aplicadas sin solución de continuidad durante las dos últimas décadas, la de los ’90 y la “ganada”. A través de la conversión de las materias por “créditos”, que plantea el SRA, se busca crear “trayectos equivalentes” que igualen a la universidad pública con la privada, con la excusa de permitir la libre movilidad de los estudiantes entre ellas. Esta convergencia está en la base de las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el FMI para la educación. Y es en lo que se comprometieron a avanzar 600 rectores reunidos la semana pasada en Salamanca por el Portal Universia, del Banco Santander. El encuentro entre el Rey de España, el secretario general de la OCDE y la presidenta del Santander estuvo presidido nada más y nada menos que por Alberto Barbieri, el rector de la UBA, que propuso a Buenos Aires como sede para el próximo cónclave universitario-financiero en 2023. La ‘convergencia público-privada’ universitaria es el primer paso para un achique a fondo del presupuesto, en línea con la reducción del “gasto” fiscal reclamada primero por Macri, hoy por el FMI. El “Plan Maestro” se remata con el cierre de los profesorados y la sustitución del quinto año de la secundaria por trabajo (gratuito) en empresas. “Secundaria del Futuro”, “UniCaba”, “resolución 1254” y “Sistema de Reconocimiento Académico” son todas formas de descalificación de la formación, es decir, de ejecutar en el terreno educativo la reforma laboral, la otra exigencia que apuntaló la titular del FMI, ‘madame’ Lagarde. El cuento de la “preparación para el mundo del trabajo” es el intento de degradar la educación para ponerla a tono con la destrucción de los convenios colectivos y las nuevas pasantías basura que el gobierno quiere imponerle a la juventud con el aval de la burocracia sindical. Todas las variantes del capital son tributarias de esta política, como lo prueba el hecho de que la Cres estará co-dirigida por Hugo Juri, el rector radical de Córdoba, y su antecesor, el kirchnerista Francisco Tamarit. Todos a Córdoba El pacto contra la universidad y la educación pública que Macri y los rectores consumarán en la Cres deja por entero la defensa de nuestra formación en manos de estudiantes y docentes. La UJS-Partido Obrero, en la presidencia de la Fuba y de la Funa, convoca a todos los centros de estudiantes, federaciones y coordinadoras a pronunciarse y organizarse para viajar a Córdoba el 11 de junio, junto a los docentes de la Conadu Histórica. Vamos a la Cres a derrotar el techo salarial, por la derogación de la 1254 y contra todos los ataques a la universidad y la educación pública. La lucha es ahora.

La estampida del dólar, de los tarifazos impagables, de la carestía, de la financiación de una fuga de capitales por más de 8.000 millones de dólares -que al tipo de cambio actual es similar a la suma de los 100 mil millones robados a los jubilados en diciembre y todo el presupuesto universitario- no han sido pruebas suficientes para el imperialismo y los acreedores, y han hecho caer el plan económico del macrismo. El gobierno nacional se ha encontrado con la imposición de recurrir “al prestamista de última instancia”, el FMI, ratificando el principio del fin de todo el armado gradualista. Sin embargo, este armado ha contado con sólidos apoyos de sectores enteros de la burguesía nativa y de su representación política local, empezando por los gobernadores del PJ y concluyendo por las burocracias sindicales. Es por esto que el gobierno pudo confiscar a los jubilados, enviar el proyecto de reforma laboral por cuotas y, por sobre todo, hacer pasar las paritarias del 15% en la mayoría de los gremios, incluidos aceiteros y La Bancaria. En la universidad, el proceder de Macri, Finnocchiaro y los rectores es una provocación alevosa que redobla cuando intenta “enchufar” esta rebaja salarial, luego de seis meses de congelamiento y ofreciendo un 2% de incremento hasta junio. El gobierno nacional eliminó, de hecho, la paritaria de los docentes universitarios, ya que sólo hubo tres reuniones. Lo ha hecho con la absoluta complicidad de Fatun, que ya firmó su paritaria -como parte del “club del 15%”-, y de Fedun, UDA, Ctera y Fagdut, que no han llamado ni a un solo día de paro durante todo este proceso. La responsabilidad del kirchnerismo, expresada tanto en la conducción de la Conadu Yasky como en sus posiciones dentro de otros gremios, es también fundamental: se han negado consecuentemente a estructurar un plan de lucha progresivo y con continuidad para derrotar semejante ajuste en los salarios y en el presupuesto. Si bien la Conadu Histórica ha desplegado acciones en las jornadas de diciembre, ha convocado al paro y la movilización el 15 de febrero, y a paros de 48 horas desde el 5 de marzo, no ha superado la implementación de cuatro paros rutinarios que no son suficientes para quebrar el plan de gobierno. Por lo tanto, en los hechos, se ha ido a la rastra de las propuestas de la Conadu Yasky, que centra todo su programa en “que le vaya mal al gobierno” y “votar bien en 2019”. La lucha es hoy Más que nunca está planteada la necesidad de imponer en todos los sindicatos asambleas generales que voten el mandato de paros progresivos y de una semana, hasta romper el techo del 15%; la realización de congresos de delegados en cada federación docente, sean de la CGT o de las CTA, para poner en pie un movimiento huelguístico que quiebre el plan de Macri, los gobernadores y los rectores contra la educación pública en general y la universidad en particular, y congresos de delegados con mandatos surgidos de asambleas de docentes en cada universidad para discutir cómo imponemos los reclamos docentes y también, de todos los sindicatos, de la CGT y de las CTA, para poner en pie el paro activo nacional y el plan de lucha de todos los trabajadores para decir: “Fuera el FMI”, “Abajo la reforma previsional”, “No a la reforma laboral” y a toda la política antiobrera y antipopular. Para deliberar y resolver el despliegue de una política de independencia del gobierno, los gobernadores, los rectores y las burocracias sindicales, y reforzar a nuestros sindicatos de base con ese mismo rumbo, convocamos al congreso de la Agrupación Nacional Naranja de docentes universitarios e investigadores, el sábado 9 de junio, desde las 10 horas, en la Facultad de Sociales (Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires).

El Cordobazo fue el punto culminante de una cadena de rebeliones obreras y populares que sacudieron al país desde principios de aquel año 1969. Dio inicio a un ascenso revolucionario que se prolongó hasta la huelga general de junio y julio de 1975 y que, finalmente, sería ahogado a sangre y fuego por la dictadura genocida de Videla, Massera y Agosti. Antecedentes Entre enero y abril de 1969 se produjo el Ocampazo: una pueblada y una huelga obrera contra el cierre del Ingenio Arno en Villa Ocampo, Santa Fe. El 15 de mayo de ese año estalló el Correntinazo: el asesinato del estudiante Juan José Cabral en el marco de una represión contra una movilización de estudiantes correntinos y chaqueños, que protestaban por la privatización del comedor de la Universidad del Nordeste, produjo una verdadera rebelión popular y una batalla campal contra la policía en la ciudad de Corrientes. Al día siguiente, comienza a gestarse el Rosariazo con una protesta estudiantil. En la represión asesinan al estudiante Adolfo Bello y el 21 se produce una verdadera batalla campal cuando una masiva movilización se enfrenta a las fuerzas de represión y las obligan a replegarse. La situación llevó a que un grupo de 38 sindicatos declare un masivo paro industrial. Entre el 21 y el 25 de mayo se produjo el Salteñazo, que se inició con una huelga de estudiantes secundarios. La decisión de la dictadura de Onganía de cerrar once ingenios llevó al estallido del Tucumanazo el 27 de mayo. Todas estas rebeliones fueron la respuesta a la debacle de la política de la dictadura de Onganía, que en 1966 desplazó al radical Arturo Illia de la presidencia, cerró el Congreso e intervino todos los poderes provinciales. El gobierno de Onganía Onganía asumió con el apoyo de la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Argentinas, pero también con el de la Unión Industrial Argentina y la Confederación General Económica -es decir de la burguesía “nac and pop”, con un compañero de ruta del Partido Comunista, José Gelbard, a la cabeza. También recibió el aval de las principales cámaras empresariales del imperialismo. En la ceremonia de asunción, en primera plana estaban los dirigentes de la CGT, es decir la burocracia sindical peronista. Por su parte, Perón, desde su exilio en Madrid, declaraba que “el gobierno militar surgido del golpe... ha expresado propósitos muy acordes con los que nosotros venimos propugnando desde hace más de veinte años” y llamaba a “desensillar hasta que aclare”. Mientras las “62 de Pie” saludaban a la llamada Revolución Argentina, el peronismo revolucionario referenciado en Las 62 hacía un significativo silencio. Nuestro partido, Política Obrera, caracterizó el golpe como “una síntesis reaccionaria del peronismo y la Libertadora”. Del primero, adopta la política de estatizar y controlar al movimiento sindical, para integrar al peronismo por la vía de la cooptación de sus dirigentes sindicales. De la Libertadora, retoma la política de eliminar la base sindical en las fábricas y remover toda legislación que impidiera la flexibilización laboral. Onganía revela sus propósitos reaccionarios muy rápidamente, con la feroz represión a los estudiantes de la UBA y luego a los de la Universidad de Córdoba (donde cae asesinado Santiago Pampillón). Introduce el arbitraje obligatorio (lo que de hecho liquida el derecho a huelga), impone despidos masivos de ferroviarios y portuarios y el cierre de ingenios azucareros en Tucumán. A fines de 1966 designa a Adalbert Krieger Vasena como ministro de Economía, un liberal que arranca su gestión derogando la ley de Salario mínimo; suspende los convenios colectivos de trabajo y las paritarias, congelando los salarios por dos años; eleva a 60 años la edad para jubilarse, sanciona una ley para permitir la participación de las empresas privadas en el negocio del petróleo y una ley de Alquileres que facilita los desalojos. En síntesis, desarrolla un plan de guerra contra los trabajadores. La situación argentina empalmaba con una crisis económica capitalista de alcances internacionales y que comenzaba a gestar grandes movimientos de masas. Cordobazo En el marco de una crisis económica generalizada, las movilizaciones recorrían el país y bajo la presión de éstas, las CGT de Vandor y la de Ongaro (CGT de los Argentinos) convocaron a un paro general para el 30 de mayo. Su función era descomprimir, ya que no estaba atado a ningún plan de lucha y no preveía movilizaciones. Es decir que no tenía el carácter de un paro activo. Pero en Córdoba el alza obrera, bajo el impulso de un creciente activismo independiente -no controlado por las direcciones gremiales-, llevó a la CGT local a decretar un paro a partir de las 10 de la mañana del 29 de mayo con abandono de fábrica. A la cabeza de esta decisión estaba el joven proletariado de la industria metalmecánica, afectado por los despidos, los aumentos de los ritmos de producción y un deterioro general de las condiciones de trabajo. La gota que colmó el vaso fue la decisión del gobierno de derogar el “sábado inglés”, que estaba en vigor en Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Una asamblea general de los mecánicos, realizada el 14 de mayo en el Córdoba Sporting Club, fue disuelta violentamente por la policía, pero reveló que la decisión de ir a una lucha frontal contra el régimen estaba tomada por las bases obreras. El estudiantado secundario, una semana después, ganaba las calles y también era reprimido. A su vez, en la empresa de energía -donde la representación de los trabajadores recaía en el sindicato de Luz y Fuerza de Agustín Tosco- se vivían suspensiones y la pretensión de imponer un plan de “racionalización” y privatizarla. Para completarla, Carlos José Caballero, el interventor de Onganía, aumentó los impuestos a la propiedad. En todo el período previo, los ataques que Onganía venía perpetrando contra los trabajadores no tenían respuesta por parte de la dirigencia sindical. El 1º de marzo de 1967, la CGT convocó a un simulacro de paro general y un “plan de acción”. Miles de trabajadores salieron al paro en medio del más profundo sabotaje de su dirección, absolutamente desmoralizada y entregada, y abrió un período de derrota del movimiento obrero. Las jornadas perdidas por huelga alcanzaron, entre los años 1967-1968, el nivel más bajo en toda la historia. La burocracia sindical era parte del acompañamiento que el peronismo venía dando al gobierno de Onganía. Todo esto provocó un proceso de deliberación en el seno de las organizaciones obreras. En las fábricas del Smata crecían las agrupaciones de lucha y antiburocráticas, ligadas a la izquierda, que luego llevaría a la clasista Lista Marrón a la dirección del gremio, derrotando al burócrata Elpidio Torres. En las plantas de Fiat (Concord y Materfer), los trabajadores desplazan de la dirección de los sindicatos Sitrac y Sitram a la conducción amarilla que había puesto la misma patronal. La cuestión del poder Todos estos elementos dieron al Cordobazo una característica distintiva respecto de los anteriores “azos”. Lo colocaron como el responsable directo de la caída de Krieger Vasena y de haber herido de muerte a la dictadura de Onganía, abriendo una situación revolucionaria en el país. En la burguesía se operó un cambio de frente para atender a la grave crisis económica y al alza de las masas ante el peligro de quiebra del Estado. Por lo tanto, estaba planteada una cuestión clave: la cuestión del poder, y esto no sólo para las distintas fracciones de la burguesía y el imperialismo, sino también para la clase obrera. Los trabajadores cordobeses, a la cabeza de un levantamiento popular que incluía a estudiantes y sectores medios, habían ocupado las calles de Córdoba al grito de “Luche, luche, luche y no deje de luchar / por un gobierno obrero y popular”. Es decir que las masas tenían frente a la crisis un planteo de poder propio. El Cordobazo fue una acción al margen, y hasta en oposición, a la burocracia sindical peronista que se había asociado a la dictadura, de lo cual no zafaba Perón. Política Obrera (Nº 61, 29/11/69) caracterizaba que “por el nefasto rol del peronismo en la oposición, la masa obrera ha dejado de tener como preocupación central su retorno al poder bajo una forma de gobierno peronista”. Pero para Política Obrera, al “no estar clarificado entre los obreros de vanguardia la naturaleza del programa que se identifica con el gobierno obrero como forma estatal de dominación política del proletariado... especulan las variantes izquierdistas del peronismo y de los grupos pequeños burgueses que todos los días dedican una parte de su tiempo a ‘peronizarse’. Es sobre esta carencia, también, sobre la que especula el Partido Comunista”. Esta caracterización de Política Obrera se vio confirmada. El proceso de “peronización” para transformar el “luche por un gobierno obrero” en “luche y vuelve” tuvo su principal empuje con el secuestro del general de la “Fusiladora”, Pedro Eugenio Aramburu, en manos de un grupo ligado al nacionalismo católico que daría lugar al nacimiento de Montoneros. La peronización buscaba involucrar a Perón, incluido su retorno, para llevar adelante el principal operativo: cerrar la crisis mortal del Estado. Esto implicaba terminar con la iniciativa de los trabajadores y con los sindicatos, comisiones internas y delegados antiburocráticos. En definitiva, implicaba doblegar al movimiento obrero para imponerle un feroz retroceso de sus condiciones de vida y laborales. Y esto es lo que va a iniciar el gobierno de Perón-Perón, de la mano de la Triple A, y luego continuará la dictadura genocida. 49 años no es nada La lectura de la crónica nos lleva a la actualidad. La crisis capitalista ha pegado un salto enorme en relación con la de aquel momento. Las necesidades de la clase capitalista de producir un ataque sustancial a las condiciones de vida de los trabajadores, a sus ingresos, al régimen laboral, están potenciadas. Los trabajadores enfrentan el plan de guerra oficial. El crecimiento del clasismo en el terreno del movimiento obrero y la autoridad conquistada por la izquierda revolucionaria se sostienen, en contraposición a la pérdida de autoridad del peronismo y de su burocracia sindical. Las condiciones para llevar el Cordobazo y sus premisas históricas a un triunfo definitivo están planteadas. Nuestro planteo de paro activo nacional frente al ajuste de Macri y los gobernadores y al pacto con el FMI es, en definitiva, el de un Cordobazo nacional para derrotar el ajuste y abrir paso a una perspectiva política y de poder de la clase obrera.

El último aumento de combustibles en Brasil generó el estallido de un paro de medio millón de camioneros que se fue extendiendo rápidamente por todo el país, en el que intervienen medio millón de choferes, con cortes de ruta y movilizaciones y un amplio apoyo popular desde hace diez días, sumiendo en la parálisis y el caos a prácticamente toda la economía. Al igual que en la Argentina, los precios de los combustibles para el transporte automotor suben en Brasil en forma sistemática: porque están indexados en dólares al precio internacional del petróleo y el dólar acompaña la devaluación creciente de la moneda brasilera, el real. En el último año aumentó el 50%, muy lejos de la evolución salarial. Características del movimiento Se trata de un movimiento heterogéneo, que va desde las grandes empresas transportistas hasta una masa de decenas de miles de camioneros independientes (muchos de ellos choferes asalariados que se han visto obligados a ‘aceptar’ su camión de empresas monopólicas y pagarlo en larguísimas e infinitas cuotas. Los empresarios del transporte tienen un peso relevante en la dirección de la lucha en curso. Esto se evidencia en el programa que levanta este masivo movimiento. En el mismo no figuran reivindicaciones propias de los choferes trabajadores, que son de los que tienen peores condiciones laborales en el movimiento obrero: se autoexplotan trabajando doce y más horas por día (porque suelen cobrar a destajo por kilómetro recorrido), carecen de protección social y soportan un elevado número de accidentes. Nada de esto figura en los reclamos de la lucha camionera. Pero, con independencia de ello, la lucha ha hecho detonar una crisis general, ya que la política ajustadora del gobierno Temer tiene en el tarifazo uno de sus pilares. Dicha política es un reflejo directo de la crisis mundial capitalista que obliga a estos ajustes a los gobiernos semicoloniales para continuar pagando la deuda externa alimentada en forma usurera por la banca imperialista. Estas recetas de ‘ajuste’ fondomonetaristas están provocando revueltas y sublevaciones (Nicaragua, ahora Brasil, Argentina, etc.). El gobierno El gobierno ha debido retroceder en varias oportunidades -pasó de reducir el precio del combustible, primero de un 10% a un 13%, congeló las tarifas de 30 a 60 días, disminuyó el costo del peaje-, pero no ha logrado aún levantar la protesta activa: el paro camionero continúa. La lucha pone más que nunca al descubierto la parálisis en que se encuentran las centrales obreras y las direcciones sindicales que llaman a postergar la resistencia y lucha de los trabajadores al brutal ajuste en marcha, a la espera de un ‘cambio’ por vía electoral en octubre próximo. Es la estrategia que viene enarbolando no sólo al PT de Lula, sino también el PSOL y los grupos satélites que giran en torno de ellos. Este electoralismo los ha llevado a contener y desviar las tendencias de lucha en el seno de las masas trabajadoras (boicot a paros generales, etc.) y a formar frentes de conciliación de clases con partidos burgueses, incluyendo a los que participaron del golpe que destituyó al gobierno del PT. La acción directa contra los ataques del gobierno, como lo revela la lucha camionera, es el arma más efectiva no sólo para defender al pueblo trabajador y frenar la política de entrega (privatización de Petrobras, pago usurario de la deuda externa, etc.) sino para enfrentar también las maniobras políticas represivas, reaccionarias y proscriptivas, como la militarización y la prisión de Lula, etc.). Huelga general La izquierda revolucionaria debe intervenir frente a esta irrupción, producto de la crisis del régimen capitalista brasilero, lanzando -y trabajando enérgicamente- la consigna de huelga general, dirigida a la CUT y todas las centrales y sindicatos obreros. Por los reclamos de las masas trabajadoras que buscan unirse para frenar los ataques de Temer y compañía: derogación de la reforma laboral, retiro del proyecto reaccionario de reforma previsional, anulación de los tarifazos, aumento de emergencia de salarios y jubilaciones e indexación mensual de los mismos, reincorporación de todos los despedidos. Esta tendencia está planteada: ahora, el sindicato de los petroleros (FUP) ha convocado a un paro general de 72 horas “de advertencia”. Reclama la reducción del precio en el combustible y la oposición a la privatización de Petrobras (ya hay pliegos licitatorios para ir entregando de a partes este gigante petrolero). Ha declarado que si el gobierno no responde, lanzará posteriormente la huelga general por tiempo indeterminado. Asambleas en todos los sindicatos para extender y organizar la huelga general. La derecha de Bolsonaro salió a apoyar a los camioneros con declaraciones y videos. Es -no cabe duda- una posición electoralista. Este intento de canalizar en términos político-electorales la lucha camionera, puede ser neutralizado por una intervención masiva del movimiento obrero. Se debe aprovechar la crisis abierta con la irrupción de los camioneros para intervenir con todo el peso social de millones y millones de trabajadores de la ciudad y el campo y, en ese marco, organizar a la masa de choferes asalariados (incluso a los ‘patrones’ cuentapropistas autónomos) en forma independiente. Las patronales del asfalto quieren ampliar el programa de lucha incorporando exenciones impositivas (entre ellos, a la previsión social) y otros subsidios. Pero defender estos reclamos no es defender la fuente de trabajo del obrero, como pretenden hacer creer las patronales, sino sus ganancias. Las grandes patronales van a levantar el paro si éste avanza en su radicalización y extensión a nuevos sectores del pueblo trabajador y/o apenas consigan sus reclamos. El movimiento obrero camionero debe organizarse en forma independiente y bregar junto al resto de la clase obrera brasilera por una huelga general. Un dirigente de los camioneros de la refinería de Canoas (Porto Alegre) señaló: “Nuestra reivindicación no es sólo por el diésel, sino por la nafta que el padre de familia usa, por el gas de la cocina que impacta mucho en el presupuesto del ama de casa… Es por todos los brasileros”.

Irlanda acaba de dar el primer paso hacia el aborto legal. El referéndum celebrado el viernes arrojó un resultado de casi un 70% a favor del Sí a la reforma de la octava enmienda constitucional que anuló ese derecho. La juventud, donde el voto por el Sí fue aún más abrumador, se puso al hombro la campaña por la conquista del derecho al aborto legal en un país donde la influencia de la Iglesia católica es enorme. El clima de movilización se reflejó en los miles de irlandeses residentes en el extranjero que viajaron a su país a votar, como dio cuenta el hashtag #HomeToVote. El gobierno enviaría ahora al Parlamento un proyecto que permite el aborto sin restricciones hasta las doce semanas de gestación. En 2015, un referéndum había logrado la aprobación del matrimonio igualitario. Así como ocurre en Argentina, el movimiento de mujeres en Irlanda lleva una lucha de muchísimos años por esta reivindicación. El último 8 de marzo, por ejemplo, congregó a miles de personas, incluidos sindicatos como el ICTU, que salieron a las calles bajo la consigna “Mi cuerpo, mi elección”, exigiendo el acceso al derecho al aborto legal. Este avance dado por el movimiento de mujeres tiene una larga historia. En 1983, una intensa campaña de la Iglesia logró la aprobación en un referéndum (por estrecho margen y con una escasa participación del electorado) de la reforma constitucional que, en nombre del “derecho a la vida del niño nonato”, prohibió el aborto. En 1992 se avanzó aún más en las restricciones con la prohibición de los viajes a los países extranjeros para abortar y, en 2002, otro referéndum ratificó la octava enmienda. Sin embargo, la investigación que en 2009 sacó a la luz que 30.000 niños fueron abusados durante tres décadas en los orfanatos y hogares del país golpeó duramente a la Iglesia. La denuncia incluía a la Orden de las Magdalenas, donde las mujeres eran esclavizadas y obligadas a prostituirse. Esto generó un repudio generalizado de la población. En 2012, la muerte de una mujer de origen indio (Savita Halappanavar) a causa de una septicemia después de habérsele negado el aborto conmueve al país (un caso con semejanzas con el de Ana María Acevedo en Argentina). El caso de Savita obliga al gobierno a promulgar la primera ley en la historia del país que permite la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre (incluyendo la amenaza de suicidio), pero a la vez excluye a los casos de incesto, violación o malformaciones del feto. Pero lo más importante es la imposición de una pena de 14 años para las mujeres que se practiquen un aborto y para los profesionales de la salud que lleven adelante la práctica. Todas estas restricciones que se impusieron desde el Estado en unidad con la Iglesia, claramente no impidieron que los abortos siguieran llevándose a cabo, en condiciones precarias o en el extranjero. Las mujeres trabajadoras, con enormes dificultades para costear los casi 2 mil dólares para viajar al exterior, fueron las más golpeadas por las prohibiciones. La prohibición del derecho al aborto actúa como una gigantesca herramienta de disciplinamiento social. Las mujeres irlandesas han dado un gran paso adelante en un referéndum que capturó la atención del continente europeo y del mundo entero.