Prensa Obrera N° 1503

Para el próximo 9 de junio está prevista la visita de la Selección Argentina de fútbol a Israel, con cuya selección jugaría el último partido amistoso previo al Mundial. Tras haberse barajado como ciudad para el encuentro a Tel Aviv, finalmente se determinó que sería en Jerusalén, ciudad donde Donald Trump acaba de montar la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos -una señal favorable a la matanza de los palestinos que el Estado sionista recogió al vuelo, perpetrando en estos días una nueva masacre en Jerusalén y la Franja de Gaza. Clarín señalo que “el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió una invitación especial para que el presidente Mauricio Macri se haga presente, y todo indica que el jefe de Estado argentino viajará a Jerusalén” (aunque el jefe de gabinete, Marcos Peña, respondió hoy al PO en la interpelación que se hizo en el Congreso de que Macri no tiene previsto viajar a Israel). Igual el gobierno busca usar el deporte nacional para un operativo político de apoyo al carnicero Netanyahu y a Trump, en su limpieza étnica contra el pueblo palestino y en su actuación en las guerras imperialistas en Medio Oriente, incluido el reciente boicot económico yanqui a Irán y las masacres contra Siria. Los más de 100 muertos y 2.000 heridos palestinos en estos días por parte del Ejército de Israel (que no sufrió ninguna baja) son el último episodio del genocidio sionista contra el pueblo encerrado en la Franja de Gaza, considerado el campo de concentración más grande de la historia: 2 millones de personas sometidas a un bloqueo sistemático que impide el ingreso de medicinas, alimentos y todo tipo de artículos y somete a cortes de luz y agua constantemente a la población. La selección sería utilizada para ‘blanquear’ a estos genocidas. Vale recordar, del Mundial de 1978, el ejemplo del “Pato” Fillol, uno de los grandes jugadores argentinos, quien contó cómo la dictadura de Videla presionaba a los jugadores del seleccionado y dejó impresionado a Maradona al negarse a estrechar la mano de Lacoste, el marino que dirigía el Mundial y que trataba de usarlo como pantalla de que la dictadura era “derecha y humana”; en el mundo hubo fuertes denuncias contra los dictadores que hicieron desaparecer 30 mil trabajadores y jóvenes argentinos, y varios jugadores de diversas selecciones se negaron a saludar a Videla y Massera. Para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se trata también de un negocio de 3 millones de dólares. Si bien el seleccionado argentino se enfrentará con el de Israel, el partido está organizado por una empresa privada, el Comtec Group, que regentea un club de fútbol reconocido históricamente como racista y antiárabe, del cual es hincha el primer ministro Netanyahu y que desde hace una semana fue rebautizado por su dueño como “Beitar Trump Jerusalén” (en homenaje al presidente yanqui, por haber trasladado la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén). La situación plantea dar una lucha para evitar que la Selección nacional sea usada nuevamente para fines espurios. El 15 de mayo, en una marcha realizada frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, en repudio a la masacres contra los palestinos, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo de Línea Fundadora llamó a que la Selección argentina no vaya a Jerusalén. En aquella marcha también hubo un cartel que señalaba que “las balas que matan a los palestinos las usan contra el pueblo argentino”, denunciando así que Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compran al Estado sionista el armamento ‘antidisturbios’ que utilizan para reprimir las luchas contra el ajuste. Hagamos una campaña. Llamamos al FIT, la izquierda, los movimientos de derechos humanos, la juventud estudiantil, los movimientos de la mujer, las organizaciones obreras, deportivas y que se reclaman democráticas: ¡Que la Selección Argentina no vaya a Jerusalén!

Los seis millones de votos que obtuvo Maduro en la elección del pasado domingo implican un fuerte retroceso respecto de la elección constituyente del año pasado -con la reserva de que muchos observadores señalaron que sus datos estaban inflados. Incluso si se tienen en cuenta las cifras oficiales, la caída del domingo pasado fue superior al 30 por ciento. La abstención fue elevada -la menor participación desde 1958. Sobre el total del padrón, los votos por Maduro no superaron el 35%: el “chavismo plebiscitario” es un recuerdo lejano. El resultado es todavía más pobre si se considera el despliegue del clientelismo punteril, en un país asolado por la necesidad. A pesar de la instalación de 12 mil “puntos rojos” a la salida de los comicios, para escanear “los carnets de la Patria” -que permiten el acceso a una canasta de productos racionados-, el chavismo hizo la peor elección de su historia. Incluso con estos resultados, el ‘madurismo’ es el único poder existente en Venezuela. Es un poder en manos casi exclusivas del alto mando militar. La alternativa opositora de la MUD se ha desvanecido, como consecuencia, en primer lugar, de la incapacidad para ofrecer una salida a las Fuerzas Armadas. El mando militar se encuentra acosado por denuncias de corrupción, a nivel internacional, pero más allá de esto debe cuidar que una salida traumática a la inmensa crisis por la que atraviesa Venezuela, no desate un estallido social y destruya la cohesión militar. La oposición de derecha debería ofrecer, como alternativa política, la seguridad de un plan internacional de rescate de la economía venezolana, que se ha calculado en 200 mil millones de dólares, cuando lo que tiene enfrente son acreedores y fondos buitre que se han coaligado para obtener el lucro más alto para cuando se produzca el deseado ‘cambio de régimen’. Al mismo tiempo, Venezuela es un sitio privilegiado de la guerra económica internacional, debido a la necesidad que tiene de reestructurar y reactivar sus recursos petroleros. La Cuenca del Orinoco es disputada por las compañías norteamericanas, de un lado, y las europeas, rusas y las chinas, del otro. La última decisión de Trump, de prohibir la venta de activos venezolanos en el exterior, apunta a evitar que Maduro entregue a Rosneft -la petrolera rusa- la red de Citgo, la expendedora de petróleo de PDVSA, en Estados Unidos. El tamaño de la crisis de PDVSA se mide en el hecho que, de acuerdo con los especialistas, la suba espectacular del precio del barril del petróleo en los últimos meses obedece a la caída de la producción de Venezuela, de 2,5 a 1,5 millones de barriles diarios. Cuatro de las cinco refinerías de PDVSA se encuentran fuera de servicio y el servicio de la deuda con proveedores está paralizado. Economía y política Entre 2014 y 2017, la economía venezolana acumuló una contracción del 33,4%, por un lado, por la caída fenomenal del precio del petróleo en ese período; por el otro, por el desmadre de la gestión burocrática de la petrolera y del Estado; las denuncias de una corrupción fabulosa vienen de afuera como de adentro del régimen político. Las expectativas para este año no son mejores, incluso a pesar de la suba de los precios internacionales del petróleo, debido a ese desmadre. Venezuela tiene la tasa de extracción más baja del mundo: sólo es capaz de comercializar cada año el 0,5% de sus reservas probadas, a pesar de haber firmado acuerdos de asociación con el 95% de los monopolios internacionales. Más todavía que en Brasil, estos acuerdos son insatisfactorios para los monopolios -incluidos los rusos y chinos- debido a que reservan el control operacional en manos de la petrolera estatal. Las negociaciones de Maduro con Rosneft, acerca de la explotación de la cuenca del Orinoco, apuntan a poner fin a esta situación -como ya ocurre en el Arco Minero, donde las privatizaciones son irrestrictas. PDVSA posee incumplimientos por 3 mil millones de dólares y acaba de perder un litigio por la nacionalización, hace varios años, de la empresa ConocoPhilips, por dos mil millones de dólares. La misma situación atraviesa la industria minera: se les deben 1.500 millones a compañías por expropiaciones no pagadas, algo que en el caso de la minera Rusoro ya tiene dictamen favorable en tribunales; a Crystallex, una minera canadiense, y a otras como Gold Reserve se les debe cerca de 3.000 millones más. Los acreedores internacionales no han salido a plantear la “aceleración” de los contratos de deuda, o sea su pago integral, como consecuencia del defol. Esto la habilitaría a pedir el secuestro de propiedades y/o cargamentos de petróleo en el exterior o, incluso, el embargo de los más de 40 mil millones de dólares en activos que posee Venezuela fuera del país. Estados Unidos y la Unión Europea han prohibido la colocación de deuda de Venezuela en los mercados internacionales, pero no la negociación de la deuda existente. Aunque sorprenda a muchos, esta deuda se transa en gran volumen y a un precio que se estima elevado (subió de 25 centavos a 33 desde febrero), debido a las expectativas en una caída del gobierno, que se calcula “en meses”. Esto sobrevendría de un embargo o bloqueo del comercio exterior de Venezuela. De acuerdo con el corresponsal de La Nación (23/5), el continuismo de Maduro “echar(on) por tierra los acercamientos secretos de los últimos meses con la administración republicana”. Como parte de estos “acercamientos”, Maduro postergó las elecciones de abril a mayo y alentó la presencia electoral de Henri Falcón, un ex del chavismo, y luego fundador de la MUD. La derecha y el imperialismo La derecha se encuentra en un estado de desorientación política. Es el resultado de los fracasos de las intentonas golpistas e intervencionistas del pasado, por un lado; y de la incapacidad de hacerse una base popular para vencer en las urnas al chavismo, por el otro. Henry Falcón se presentó como una falsa salida a este impasse. Una nueva pista para la derecha venezolana podrá aparecer como consecuencia del derrumbe del madurismo. Desde antes de la campaña electoral, el gobierno dio indicios de una salida a la crisis monetaria (hiperinflación), cuando lanzó el petro -una moneda digital que tenía como garantía el barril de petróleo. Aunque los críticos la denunciaron como un intento de fugar dinero o de negociar la deuda pública a pesar de las prohibiciones, señalaba un planteo de dolarización de la economía, algo que enseguida sería el eje de campaña de Falcón. El reemplazo del bolívar por el dólar debía ir acompañado con el cese de la financiación monetaria del Tesoro, por un lado, y de los cortes de gastos sociales y la privatización integral del petróleo, por el otro. En los ambientes financieros, muchos se preguntan si el aseguramiento de la reelección de Maduro no es, precisamente, el paso previo a la dolarización. Es un punto en el cual Putin y Xi Jing Pin estarían por completo de acuerdo. El FMI y los Tesoros de los países principales serían llamados a financiar el cambio de moneda y la reestructuración del Banco Central. Sería la contraseña para un reingreso de la derecha a la cancha, pero dividida. La dolarización dejaría al desnudo la inmensa confiscación que han sufrido los trabajadores de Venezuela, a manos del gobierno ‘nacional y popular’. Es la salida que impulsa la derecha continental, que vería acompañada con una probable elección en un plazo a pactar. El ecuatoriano Correa, un K, conservó la dolarización impuesta al país por gobiernos previos, asesorados por Cavallo. La clase obrera y la izquierda A pesar de luchas cotidianas y peleas de todo orden, la clase obrera de Venezuela es la clase más alejada a la hora de ofrecer una salida política. La confusión que ha creado el chavismo en sus filas, a la que suma el proto-chavismo de la totalidad de la izquierda, en el ‘período revolucionario’ del régimen, ha sido pagada muy caro. La transición política que iniciará el giro de la crisis, deberá crear un nuevo escenario y nuevos realineamientos políticos. Las organizaciones obreras independientes del Estado tienen el desafío de ofrecer un programa transicional para la nueva etapa y convocar en torno de él al conjunto de la clase obrera. La crisis en Venezuela se desarrollará en un nuevo cuadro mundial y latinoamericano, como lo demuestran las crisis de Brasil, por un lado, y Nicaragua, por el otro, así como el naufragio del macrismo y las luchas obreras en Argentina. Es necesario, como nunca, una conferencia latinoamericana de la izquierda que luche por la independencia política de los trabajadores y por la dirección política de la clase obrera. Servirá para ofrecer conclusiones de conjunto para las masas en lucha y para abrir una perspectiva antagónica al capitalismo y sus crisis.

La especie oficialista de que “lo peor pasó”, difundida en estas horas por alguno de los miembros del gabinete nacional, apunta a dar por terminada la crisis de fondo que se evidenció con la corrida cambiaria, la megadevaluación y la convocatoria al FMI. Pero, estrictamente y fuera del propio gabinete, la expectativa “optimista” ni siquiera es comprada por los propios propagandistas del macrismo. El cimbronazo de días pasados ha agravado todos los desequilibrios económicos y, naturalmente, anticipa choques sociales de enorme magnitud. La devaluación le permitió al gobierno degradar los salarios estatales y los gastos sociales del Presupuesto. Pero ha acentuado el peso de la deuda pública externa sobre el PBI: algunas estimaciones que calculaban esta relación en el 59% hace un mes atrás, señalan ahora que se elevó al 69% con el dólar a 25 pesos (Página/12, 20/5). En el meollo de la corrida de días atrás, que no es otro que el de una crisis de deuda y, por lo tanto, de financiamiento del Estado y de la propia burguesía, la situación es hoy más aguda. El gobierno puede solazarse de que, en alguna medida, se ha licuado la deuda pública en pesos. Pero un componente fundamental de esa factura, la deuda del Banco Central (Lebac), compensa esa desvalorización con la pesada carga de intereses al 40%, el precio comprometido para que puedan renovarse estas letras. El próximo vencimiento implicará mayor capital e intereses a reciclar, si se quiere impedir una nueva corrida. No sorprende, en ese cuadro, que los “ultraliberales” vuelvan a plantear la conversión forzosa de esta deuda en títulos del Tesoro nacional. Así, los tenedores de los “ultraseguros” pagarés del Banco Central serían obligados a cambiarlos por deuda de un país en manos del FMI. Estaríamos ante una variante parcial de defol, y -cuanto menos- ante una crisis de gabinete. Por otra parte, el 63% de las (abultadas) deudas provinciales están nominadas en dólares o “linkeadas” al dólar, que es lo mismo. Dujovne y las provincias Precisamente, el gobierno ya atraviesa en estas horas una crisis de gabinete disimulada, con el nombramiento de Nicolás Dujovne como “ministro coordinador” del abanico de carteras ministeriales relacionadas. No es un secreto que la unificación, en manos del ministro que trata con madame Lagarde, es la aspiración de “ordenar” esa agenda económica bajo la batuta directa del Fondo Monetario. Pero las crisis políticas y choques sociales que resultarán de ello recién comienzan a verse. El gobierno ha comenzado a negociar con los gobernadores un “acuerdo nacional” que consiste, esencialmente, en “recortes para el Presupuesto 2019 y todas las políticas incluidas en esa ley: obras públicas prioritarias, planes sociales, inversiones, subsidios, empleo público” (La Nación, 20/5). Aunque se afirma que no serán tocadas las jubilaciones, se prevé revisar “regímenes especiales de jubilaciones” y pensiones de discapacidad mal otorgadas” (ídem) -o sea el latiguillo que el gobierno viene planteando para atacar conquistas jubilatorias arrancadas por diferentes gremios, así como las obtenidas por los discapacitados y las jubilaciones especiales por insalubridad, todas consideradas como “privilegios”. Pero este ajuste sobre las provincias deberá hacerse encima de otro -el que ya está en marcha en los distritos con importantes niveles de deuda externa, como Jujuy, Chubut, Mendoza, entre otros- y que han visto crecer sustancialmente el peso de esa hipoteca después de la devaluación. La voluntad de los gobernadores de la seudo-oposición por aportar a la “gobernabilidad” del macrismo ya ha sido probada durante dos años. Hoy, está presente en la decisión de los senadores del pejota de “adormecer” o negociar el proyecto de recorte de tarifas votado por el Congreso. Ninguno de ellos ignora, sin embargo, que el “acuerdo” fondomonetarista transformará al interior en un polvorín social. Por eso han pactado eludir el Congreso en el pacto con el FMI. El gobierno se evita, de este modo, el escarnio público de tener que discutir la letra inevitablemente leonina del acuerdo, y la oposición pejotista de dejar sus huellas en esta entrega. Otra vez las tarifas Finalmente, la megadevaluación ha instalado una sorda crisis en el mundo de las privatizadas de la energía. Ocurre que los recientes aumentos confiscatorios en la luz y el gas -y que desataron una crisis política al interior de la propia coalición gobernante-, fueron calculados en base a un dólar del orden de los 18,50 pesos. Pero de acuerdo con el esquema organizado por el propio gobierno en 2016, los productores de gas, de combustibles líquidos y los generadores de energía arrancaron un “sendero de precios” ascendentes y dolarizados. En consecuencia, “queda descartado que en octubre las tarifas de gas puedan aumentar menos del 15%, según había anticipado Aranguren. Porque además en esa fecha, el precio del gas tiene que subir a 5,26 dólares, según el cronograma oficial, lo que a un dólar de 25 pesos, ya sumaría otro 14,5% en las facturas” (ver en www.elentrerios.com). Lo mismo ocurrirá con la electricidad, la cual, en noviembre, “debería subir un 30% por la devaluación, sin mencionar lo que se quiera trasladar al público por estos meses de desfase, más una nueva reducción de subsidios” (ídem). La magnitud de este ‘tarifazo sobre el tarifazo’ ha llevado a Macri a maniobrar. Por caso, postergó por unas semanas el aumento de las naftas que correspondía por la devaluación y la suba internacional del precio del crudo. En el caso de la energía, acaba de anunciar un subsidio de 40.000 millones de pesos para atenuar el impacto del aumento de los valores de la generación eléctrica. Va de suyo, sin embargo, que estas maniobras se dan de cabeza con el programa que exigirá el FMI. Macri se ha quedado sin financiamiento para patear hacia adelante un choque de mayor envergadura con las masas. Pero, al mismo tiempo, nunca tuvo tan pocos recursos políticos para imponerlo. La precaria “tregua” cambiari, que el gobierno pagó a precio de oro, no lo va a eximir del escenario convulsivo que ha dejado la ‘megadevaluación’. El movimiento obrero -y en primer lugar, el clasismo y la izquierda- debe tomar cuenta de ello.

Toda la tarde duró la audiencia en el Ministerio de Trabajo entre la Intervención de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y la Intersindical de los cuatro gremios de la empresa (ATE, Luz y Fuerza, Personal Superior y La Fraternidad) más la representación del ramal ferroportuario de Río Gallegos. La audiencia fue convocada en el marco del procedimiento preventivo de crisis presentado por la Intervención de YCRT y viabilizado por el ministerio de Triaca en tiempo récord. La Intersindical reclamó contra este encuadre y dejó planteada la impugnación del procedimiento. En este marco controvertido y después de cuatro meses de huelga se discutió la reincorporación de unos 170 compañeros que no aceptaron el retiro voluntario. Desde el 24 de enero, las instalaciones están ocupadas por los trabajadores. Cuando el gobierno, en marzo, intentó enviar la Gendarmería, una pueblada le cortó el paso en el puente de acceso a la cuenca sobre la ruta 40, hasta que después de horas de negociación los gendarmes decidieron retirarse. Esta posición de fuerza, el apoyo de toda la comunidad, el viaje a Buenos Aires que instaló la lucha a escala nacional, las reiteradas movilizaciones en Turbio y también en Río Gallegos, explican este primer gran triunfo. Como contrapartida la empresa logró, bajo presión, la salida de varios centenares de compañeros por medio de los “retiros voluntarios” y ha instalado en el ministerio un ilegal “preventivo de crisis” que pretenderá usar para imponer la anulación de los convenios. El triunfo de los mineros premia la firmeza de las medidas adoptadas por las sucesivas asambleas, el aguante del acampe a pesar de los temporales y del frío, así como la decisión de los 170 compañeros, que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con la liquidación final depositada en sus cuentas bancarias, aceptaron el despido. La empresa intentaba poner la reincorporación como carnada para que los gremios aceptaran la rebaja del convenio y el preventivo de crisis, lo cual los trabajadores y la Intersindical han resistido durante toda una semana llegándose a este desenlace, que es un gran paso adelante (se les reconocen los sueldos caídos y se reincorporan a la misma situación laboral anterior al despido) en un conflicto que sin lugar a dudas no ha terminado. Desde enero, el Partido Obrero y la CTA regional hemos reclamado que se convoque una Asamblea Popular Comunitaria, planteo que en las nuevas circunstancias está más vigente que nunca ante las tensiones que se vienen en la empresa y en el marco de un conflicto salarial de los gremios provinciales y municipales que han apoyado la causa de los mineros. ¡Vamos los mineros! Unidad de los trabajadores.

El ataque oficial a los obreros del Subte forma parte de una acción consciente de vasto alcance, no sólo para los compañeros que trabajan en los túneles, sino para todo el movimiento obrero. La represión al Subte fue un hecho premeditado, al igual que la detención de Segovia y otros 15 delegados y activistas. El ataque montado implica un desconocimiento del derecho de huelga y la decisión política de sostener los techos paritarios a sangre y fuego. El operativo, además, formó parte de una acción represiva más vasta, como la que sufrieron los despedidos de Cresta Roja en la madrugada del jueves 17 de mayo o la militarización del Inti, impidiendo el ingreso al predio de quienes vienen luchando hace tres meses por su reincorporación. El Subte y sus implicancias Los compañeros de la AGTSyP vienen realizando, desde hace más de 20 días, distintas medidas progresivas, que comenzaron con aperturas de molinetes, siguieron con paros parciales y alternados en horarios no pico y, finalmente, con paros en horarios importantes también de a una línea por día. Su reclamo es incuestionable: el rechazo a la paritaria del 14% en cuotas (con descuento sindical compulsivo general del 1%) firmada por la patota de UTA, en lugar de la verdadera representación obrera. Y, por ende, el reclamo de una mesa de negociación paritaria con la AGTSyP, para reabrir la discusión. Cuando se debatía entre los trabajadores cómo seguirla (la Línea B reclamaba un paro de 24 horas), se produjo la andanada de sanciones de la patronal: 150 suspensiones, de las cuales 114 son a delegados o directivos, muchos de los cuales empezaron a recibir la notificación del pedido de desafuero por parte de la patronal. El gobierno de Rodríguez Larreta se puso a la cabeza del operativo de represión e ilegalización de la huelga. Se pretexta que la AGTSyP es un sindicato ilegal, lo cual es completamente falso, aún después de habérsele usurpado la personería gremial, ello, porque de cualquier manera es un sindicato inscripto, al igual que decenas de otros sindicatos y centrales en la Argentina, como las distintas CTA. Ciertamente, Tomada le otorgó al Subte la personería pocos días antes del fin del gobierno kirchnerista, cuando ya había perdido las elecciones. En los doce años anteriores, el kirchnerismo priorizó a la UTA, e incluso fue blanco de la gran huelga de más de diez días que conmovió al movimiento obrero de la época, precisamente contra la connivencia de Tomada con la UTA y el resto de la burocracia. Un fallo de la Corte ordenó repetir la compulsa para determinar qué sindicato tiene más representatividad, cuestión que Triaca jamás implementó. El objetivo es muy claro, ilegalizar al sindicato al que sigue el 85% de los trabajadores del Subte, y que encarna la tradición histórica del cuerpo de delegados clasista que conquistó las seis horas. En la mira del gobierno está el ataque al convenio, especialmente las seis horas, la gran conquista del post Argentinazo a la que contribuimos desde la banca de Altamira en la Legislatura porteña. Y esto tiene especial relevancia cuando a fin de año vence la concesión de Metrovías. En este cuadro, el ataque a la organización sindical apunta a flexibilizar las condiciones laborales para el propio grupo Roggio o cualquiera de los grupos nacionales o internacionales que se preparan para explotar la concesión de los subtes. Para ello, Larreta y Macri apuntan contra el derecho de huelga (se habla ya de declarar la actividad servicio esencial), pero también contra las huelgas que no sean dictadas por los sindicatos centrales con personería gremial. En la mira están todos los sindicatos simplemente inscriptos -la docencia universitaria, la construcción, estatales y otros sectores. Pero también los cuerpos de delegados fabriles o seccionales locales que encabezan luchas contra despidos masivos, ataques a condiciones convencionales, reclamos salariales o por accidentes de trabajo. Los pactos del gobierno con los Barrionuevo y los Daer han tenido siempre esta perspectiva. Primer capítulo de la ofensiva del FMI Este ataque es parte indisoluble de la “solución FMI” al derrumbe de la política económica del gobierno, y cuyo estallido sólo logró postergar al precio de concesiones leoninas a los banqueros. La más importante es la rebaja de los encajes, que les permitirá a los banqueros obtener rendimientos del 40% anual por el dinero que antes se encontraba inmovilizado. Con un endeudamiento reforzado, la devaluación y el conocido tarifazo, se comienza a negociar un acuerdo con el FMI que podría alcanzar 50.000 millones de dólares, y que estará destinado a asegurarle el pago de los compromisos de deuda al capital internacional. Aunque el eje del ajuste vendrá en el Presupuesto 2019, el gobierno debe mostrar hoy señales respecto de su capacidad política para imponer ese plan. Luego, están los aumentos tarifarios que alimentarán la caldera inflacionaria del segundo semestre, junto a los que serán disparados por la devaluación. A este paso, la inflación anual difícilmente baje del 30%, un escenario que estará acompañado por una mayor recesión. Hay que quebrar la entrega de la burocracia sindical Los desafíos del movimiento obrero marcarán la próxima etapa. Somos la fuerza social capaz de enfrentar a Macri, al FMI y a sus socios políticos. Sintetizando, podemos decir que enfrentamos la tercera fase del ajuste de Macri -y los gobernadores-, tras los dos primeros años y las reformas previsional, tributaria y laboral lanzadas después de las elecciones de octubre pasado. Ahora, con “ministro de economía fuerte”, el FMI, que delega en el ministro Nicolás Dujovne el monitoreo de la tarea sucia. La presente fase, sin embargo, es el resultado de la quiebra de la propia política macrista, un dato crucial para los trabajadores que salen a enfrentarla. La burocracia sindical, golpeada por las rebeliones de diciembre y su acompañamiento al gobierno, sufre el mismo desconcierto de la oposición patronal que cogobernó con Macri. Los gobernadores del PJ y sus legisladores advierten la inquietud política de los trabajadores y la caída del capital político del propio Macri. Sus senadores negocian cómo evitarle un veto por tarifas a Macri, que puede terminar ocurriendo de todos modos. Pero ya han hecho un pacto de caballeros: que el acuerdo con el FMI no pase por el Congreso, para no quedar pegados a un obligado voto a favor, cuando el conjunto de la burguesía volvió a cerrar filas con el pacto fondomonetarista y la devaluación. La CGT acompaña las maniobras de “gobernabilidad” y evalúa el momento de un paro para descomprimir, del tipo del 6 de abril del año pasado. Quieren seguir marcando el paso en el mismo lugar, mientras enormes luchas obreras soportan el aislamiento. Moyano, en tanto, organiza un 25 de Mayo “patriótico”, no dirigido a una lucha sino a un rescate personal de su figura. Las CTA se reagrupan con Moyano, la Iglesia, o ambos a la vez. La Marcha Federal de fin de mes, motorizada por el trío papal, la pastoral social y la conferencia episcopal, levanta las consignas de emergencia alimentaria, asistencia a la economía popular y otras demandas apoyadas por el Banco Mundial e incluso por Lagarde, a sabiendas que la magnitud del ajuste significa un mar de pobreza a contener. Una ruta del clasismo para toda la clase obrera En oposición a estas políticas de derrota, la dirección clasista del Sutna y el plenario de delegados del gremio han convocado a todo el sindicalismo clasista, antiburocrático y a las luchas, a un encuentro para el 24 de mayo. En Neuquén, un plenario de 500 dirigentes, delegados y activistas en apoyo a la formidable huelga docente de esa provincia, que lleva más de 40 días, resolvió adherir. El propósito es rodear las luchas con iniciativas de apoyo, convocar a la calle a luchar contra el pacto con el FMI, por la reapertura de paritarias en rechazo a la reforma laboral, por aumento de emergencia a los jubilados, y por la ocupación de las fábricas que cierren o despidan masivamente. Con ese objetivo se pondrá a discusión la convocatoria conjunta a un congreso obrero en fecha próxima, por parte de los sindicatos y cuerpos de delegados presentes. Su propósito es el impulso, en todos los sindicatos, a un paro activo nacional con abandono de tareas y un congreso de delegados mandatados por asambleas para arrancarlo. Es el camino para la irrupción de la clase obrera y el movimiento popular con carácter de masas, la multiplicación por diez de las jornadas de diciembre, el camino de la huelga general. De inmediato hay que reforzar el apoyo a los docentes neuquinos, al subte, a Cresta Roja, al Inti, a Crivea, a los docentes universitarios y a todos los sectores en lucha. La iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de decenas de sindicatos, es un gran punto de apoyo para orientar a un movimiento obrero que todos los días demuestra sus enormes reservas de lucha. El punto es superar el freno de la burocracia sindical para derrotar al enemigo de clase. Se acercan momentos decisivos, tenemos que actuar a la altura de ellos.

La jornada represiva en el subte del martes fue digna de una dictadura militar. El aparato policial y de propaganda volcado para provocar a trabajadores que ejercían pacíficamente su derecho de huelga, fue insólito para propios y extraños. Cientos de policías ocuparon los túneles, golpearon a trabajadoras y trabajadores, lanzaron gases, balas de goma y produjeron detenciones de delegados y activistas, a los que prometen procesar. Lanzaron ciento cincuenta nuevas sanciones y el gobierno -no ya Metrovías- anticipó en una conferencia de prensa oficial que habrá despidos masivos e incorporación de carneros. La respuesta obrera, con el paro general del Subte a partir del mediodía, logró la liberación de los detenidos. Pero lejos está de torcer las nefastas intenciones del gobierno. Las acusaciones a la AGTSyP, difundidas por el aparato de propaganda macrista, fueron absolutamente falsas. Al revés de lo que han dicho, se trata de un sindicato reconocido, con plena potestad para realizar medidas de fuerza y discutir convenios. La importancia del operativo, falaz y fraudulento, es sentar la base “legal” de la destrucción lisa y llana del sindicato. La conclusión que hay que extraer de esta artillería de agresiones que comenzaron con el arrebato de la personería gremial y la imposición del convenio UTA de rebaja salarial, es que el gobierno revela su intención de ir a fondo contra los luchadores del subte. La razón de base es elemental: organizaciones como la del Subte, son un escollo para la aplicación de los planes de ajuste que el gobierno está acordando con el FMI. Quieren extirparla. Y cuentan para ello con la complicidad de la conducción de la UTA, que se cobra en el subte el apoyo a las reformas antiobreras del macrismo. Si esto es así -y estamos convencidos de que lo es-, no hay que perder tiempo y preparar una lucha sólida, con toda la fuerza de movilización de los miles de compañeros del Subte. Preparar el paro general del Subte si el gobierno mantiene los juicios, las sanciones o produce despidos. Asambleas de los sectores y una masiva asamblea general, con cese de servicio para concurrir, para afianzar la organización de la masa de compañeros. Todos tienen un lugar en la lucha. Apelar a la solidaridad activa del movimiento obrero mediante la convocatoria por la AGTSyP de un congreso de delegados de base de todos los gremios de la Capital para tomar medidas de acción conjuntas. Contra la campaña oficial de desprestigio de los compañeros del Subte, reivindicar al sector que arrancó, con organización, unidad y lucha, grandes conquistas para todo el movimiento obrero. Son momentos decisivos para los trabajadores del Subte y para toda la clase trabajadora. Levantamiento de todas las sanciones y juicios. Ningún despido. Rechazo al “convenio UTA” y al descuento humillante para la patota. Apertura de negociaciones para revisar el convenio. Preparar el paro general con permanencia, mediante asambleas, plenario de delegados y asamblea general. ¡Viva la AGTSyP!

El Encuentro de Trabajadores, realizado el sábado 19 en la ciudad de Neuquén, ha tenido un enorme valor. Tanto por el número de asistentes, como por su composición y las resoluciones consensuadas en él. Convocado por Aten en huelga, el Sindicato Ceramista, los obreros de MAM y las obreras textiles, el Encuentro reunió a más de 500 compañeras y compañeros, y reagrupó a sectores representativos del movimiento obrero neuquino. Estuvieron presentes representantes de las comisiones directivas de los sindicatos de trabajadores municipales de Neuquén y de Centenario, del sindicato de profesionales de la salud, del sindicato telefónico, de las seccionales de Cipoletti y Allen del sindicato docente de Río Negro, delegados de la Planta Industrial de Agua Pesada (Piap), del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (Epas), del Inti, del Inta, compañeros de la Agrupación Obreros del Petróleo y militantes del Polo Obrero. Referentes nacionales del sindicalismo clasista y combativo hicieron uso de la palabra: Alejandro Crespo, secretario general del Sutna (Neumático); Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza y diputada nacional del PO-FIT; Jorge Adaro, secretario general de Ademys; Mónica Schllotauer, de la Unión Ferroviaria de Haedo, y Claudio Dellecarbonara, por la minoría de la Comisión Directiva de la AGTSyP. También estuvo presente la concejala neuquina del PO-Frente de Izquierda, Patricia Jure. Planteos e iniciativas El Encuentro se pronunció por: el triunfo de la huelga docente y contra el ajuste de Macri y los gobernadores; poner en pie una Coordinadora para unificar las luchas; exigir a las CGT y CTA el paro nacional activo y el plan de lucha para decirle no al FMI y al pago de la deuda externa, y enfrentar la reforma laboral y previsional. También votó el repudio al intento de desafuero de la diputada Angélica Lagunas y a las amenazas de la patota de ATE al diputado Raúl Godoy. En el comunicado de convocatoria al Encuentro, está la reivindicación de reapertura de paritarias y la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Entre el Sindicato Ceramista y las seccionales combativas de Aten, se puso en marcha la Coordinadora de trabajadores en lucha de la región, tal cual quedó planteado en el Encuentro. Fue así que se organizó el piquete del miércoles 23, que se sostuvo durante cuatro horas en el Parque Industrial de Neuquén, al que se sumaron los madereros y las textiles. Esta Coordinadora deberá jugar un papel ante las nuevas convocatorias consensuadas en el Encuentro. El 24 por la tarde, Aten realizará una movilización junto a la comunidad por el triunfo de la huelga, y el Encuentro estableció otra para el 29 de mayo, el día del aniversario del Cordobazo, contra los tarifazos, la reforma laboral y previsional y la carestía. Finalmente, se impulsará la movilización del #NiUnaMenos del 3 de junio, por los derechos de las mujeres trabajadoras y al aborto legal. El Encuentro de Trabajadores neuquinos adhirió a la convocatoria realizada por el Sutna para el día 24, con el objetivo de sentar las bases entre el sindicalismo clasista, combativo y antiburocrático, y agrupaciones independientes, para impulsar un Plenario Obrero nacional. El significado El Encuentro de Trabajadores es el fruto de la enorme huelga docente y del mandato de sus asambleas. El planteo del Encuentro, por el cual Tribuna Docente batalló hasta que se votó en las asambleas docentes, encontró el apoyo del sindicato ceramista, que rápidamente se hizo eco de la iniciativa, antes incluso de que sea aprobado por el plenario de secretario generales de Aten. Tuvo el valor de haber reagrupado a todos los sectores en lucha de la provincia, con sus representaciones sindicales a la cabeza. La deliberación abundó: funcionaron seis comisiones donde todos los sectores de trabajadores y agrupaciones pudieron expresar sus posiciones y perspectivas. Sin embargo, no fue sólo una instancia de deliberación, fue un impulso a iniciativas de lucha, coordinadas entre los distintos sectores, y un punto de apoyo en favor de un Plenario Obrero nacional. De la convocatoria del Sutna para el 24 de mayo en Buenos Aires, con vistas a un Plenario o Congreso Obrero Nacional, participará una delegación de ceramistas mandatados por sus asambleas y miembros de directivas de los Aten combativos. Ni la burocracia sindical ni el peronismo son capaces de unir a los trabajadores. Sólo el sindicalismo clasista y de izquierda puede ponerse al frente de la tarea de unificar a la clase obrera para enfrentar el plan de guerra que Macri y todo el régimen político, de la mano del FMI, refuerzan contra los trabajadores. Es lo que se evidenció muy nítidamente en el Encuentro de Neuquén, y es por eso que marca un rumbo para todo el movimiento obrero argentino.

La Marcha Federal Educativa, convocada por Ctera, comenzó este martes, sin paros. Las excepciones fueron la continuidad de la ya histórica huelga de los docentes de Neuquén, que está por alcanzar los 50 días, Chubut y Buenos Aires. Las cabeceras de salida de la marcha fueron actos del sindicalismo pejota-kirchnerista, al servicio de la vuelta de la CTA Yasky a la CGT y del “volveremos” 2019. Por caso, en su discurso en la cabecera de Santa Fe, Sonia Alesso no mencionó ni una sola vez la huelga indeterminada de los neuquinos ni anunció continuidad alguna de plan de lucha de parte de Ctera. Hizo eje, en cambio, en los treinta años de la Marcha Blanca del 23 de mayo de 1988. En una suerte de confesión, Sonia Alesso dijo "esta marcha se realiza a 30 años de la histórica Marcha Blanca. El 23 de mayo de 1988, los docentes marchaban para exigir lo mismo por lo que peleamos hoy nosotros: paritaria nacional y financiamiento educativo". En aquella ocasión, Ctera entregó una enorme huelga en nombre de la “gobernabilidad” de Raúl Alfonsín, mediante un pacto sellado con el entonces jefe de la reorganización pejotista, el ya fallecido Antonio Cafiero. Hoy como ayer, la política de sumisión a los gobiernos de turno de la dirección celeste ha conducido a la pérdida de conquistas y salarios, incluyendo los 12 años del gobierno kirchnerista. El eje del planteo de la burocracia sindical de Alesso y Baradel fue marchar por una “gran unidad” contra el gobierno macrista en 2019 y “construir” el paro nacional. Vale aclarar que la marcha federal fue anunciada por la secretaria general en marzo pasado. Desde entonces, Macri y los gobernadores impusieron despidos masivos, paritarias a la baja, tarifazos astronómicos y una devaluación que ha volatilizado los salarios. En Buenos Aires, la huelga de 48 horas del 10 de mayo, convocada por iniciativa de los Suteba Multicolores, a la que luego se sumaron Suteba y el Frente de Unidad Docente, fue masiva. Vidal hace más de un mes que no convoca a discusión paritaria y aplicó por decreto un aumento salarial, en tramos, del 10 por ciento semestral. La dirección de Suteba tampoco plantea en este caso la continuidad de las medidas de fuerza, a la espera de retomar las reuniones con la gobernadora. Baradel, Petroccini (FEB) y Díaz (Udocba) declaran para la tribuna que no van a aceptar una paritaria a la baja, pero permiten que la gobernadora las instrumente por decreto. La continuidad de la lucha En una nueva reunión de coordinación, los Suteba Multicolores resolvieron la convocatoria a un plenario provincial de delegados para el 30 de mayo. Allí se discutirá la continuidad del plan de lucha con una jornada de 48 horas que incluya paros, en defensa de un salario básico nacional de 17.000 pesos y el conjunto de los reclamos. En ese camino, para superar el bloqueo de las burocracias sindicales de todo pelaje a una acción única de los trabajadores para quebrar el ajuste de Macri y los gobernadores, varias seccionales multicolores han resuelto participar de la convocatoria del Sutna del 24 de mayo, en la que se discutirá la realización de iniciativas conjuntas de lucha y la convocatoria a un gran congreso obrero de los sectores combativos para desenvolver un plan de acción hacia el paro activo nacional.

El Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático de la Argentina ha convocado a un plenario de sindicatos, cuerpos de delegados y agrupaciones antiburocráticas de trabajadores, para deliberar, reagrupar fuerzas y enfrentar el ataque a la clase obrera con diversas iniciativas, y apuntando a la convocatoria colectiva de un congreso obrero, lo más inmediato posible. Frente al pacto con el gobierno, o bien la parálisis de las diferentes alas de la burocracia sindical, la principal conquista del clasismo y los trabajadores antiburocráticos da el puntapié para avanzar en la lucha contra el pacto Macri-FMI. El Sutna empezó por casa, se ha dado un método de deliberación y resolución colectiva. Los delegados de cada uno de los sectores de las fábricas que componen el gremio han trabajado un pronunciamiento que incentivó el debate y enriqueció posiciones y mandatos. Ese texto, firmado por miles de compañeros, fija posición sobre los principales puntos que están en cuestión para todos los trabajadores. Allí, los trabajadores del Neumático se pronuncian “en rechazo a los planes de ajuste y explotación del gobierno, reafirmados con el nuevo acuerdo con el FMI cuyas exigencias son ir a fondo con un ataque en regla a la clase obrera. En este cuadro, llamamos a todos los trabajadores a luchar y organizarse por paritarias sin techo, por el rechazo a la reforma laboral en todas sus variantes, por la anulación de los tarifazos, por la defensa de los convenios colectivos de trabajo y contra todo despido de trabajadores. En este sentido, impulsamos el paro activo nacional y un plan de lucha para derrotar estos planes contra la población trabajadora en el marco de la entrega o la inacción de las centrales sindicales. Llamamos a todos los trabajadores que luchan a organizarse y realizar un congreso de todos los que defienden los intereses de la clase obrera”. Con este mandato masivo se realizó un plenario de delegados de todos los sectores que -en la misma línea de la comisión directiva nacional- aprobó la convocatoria del 24 así como promover la realización de un gran congreso obrero, que sirva como ámbito de deliberación colectiva de la vanguardia obrera y de canal de lucha para todos los trabajadores. La asamblea general del gremio del año pasado había resuelto mandatar a la dirección del Sutna a tomar todas las medidas necesarias para enfrentar cualquier avance de la reforma laboral anunciada por el gobierno. Así, los trabajadores del Neumático estuvieron presentes masivamente en las jornadas del 14 y 18 de diciembre. Aunque no pudieron impedir la aprobación de la reforma previsional, esas movilizaciones obligaron al gobierno a dejar en carpeta el “reformismo (antiobrero) permanente” anunciado luego de las elecciones legislativas. El Sutna realizó dos paros generales (los días 15 y 18), a pesar de la marcha atrás de la CGT en la convocatoria al paro general del 14 y el llamado de último momento del 18. La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero estará presente en esta iniciativa con todas sus delegaciones. El reciente Encuentro de Trabajadores, realizado en la provincia de Neuquén en apoyo a la huelga docente, ha resuelto participar de esta convocatoria. Será un punto de referencia de todos los trabajadores que se encuentran luchando contra los despidos, los nuevos regímenes laborales, el ataque a los convenios colectivos, las paritarias a la baja y todos los ataques que Macri y los gobernadores desenvuelven a lo largo y a lo ancho del país. La multiplicación de reuniones y asambleas fabriles que se pronuncien por un programa de lucha será la mejor preparación para la realización de un gran congreso obrero que cuente con el mandato de miles de trabajadores. La CSC colocará a debate del activismo que este congreso sea un punto de apoyo para la campaña por un paro activo nacional y un plan de lucha, y en la lucha por un Congreso de delegados mandatados por las bases de la CGT, la CTA y todos los sindicatos. Se trata de poner en pie al movimiento obrero para llevar las luchas a la victoria, para irrumpir por millones en las calles contra la nueva ofensiva de un gobierno fracasado. Mientras el kirchnerismo y el PJ llaman a “votar bien” en 2019 evitan toda reacción de conjunto de los trabajadores y son bomberos de las luchas en esta etapa. El Frente de Izquierda tiene la tarea de impulsar con todas sus herramientas este reagrupamiento de fuerzas obreras. Esta es la ruta que transformará a los trabajadores, y a la izquierda con ellos, en alternativa de poder político.

Tras el anuncio del pacto con el FMI, Macri convocó a los gobernadores del PJ para solicitarles su apoyo a las negociaciones. El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, no demoró ni 24 horas en hacerlo. Rápidamente salió a desmarcarse del proyecto que limita el tarifazo, que sus propios diputados habían votado (entre ellos, su esposa), señalando que el Senado debe rechazar el proyecto porque la “fijación de tarifas es atribución del Poder Ejecutivo”. Una semana después, Schiaretti recibió a Macri en Córdoba y también apoyó el planteo de “acelerar la reducción del déficit fiscal”. Schiaretti ha montado en la provincia un esquema de endeudamiento usurario que sigue el colapso macrista y que en los últimos dos años ha hecho crecer la deuda provincial en un 333%, pasando de 18.500 millones al 31 de diciembre de 2015 a los 61.745 millones de pesos actuales, luego de la devaluación. Además, Schiaretti ya emitió los decretos respectivos para contraer nueva deuda por 700 millones de dólares, lo que llevaría el total de deuda a 79.203 millones de pesos, que representa más del 50% del presupuesto provincial. Pero allí no termina la historia. Córdoba tiene gestiones de préstamos con el Banco Mundial (BM) por 300 millones de dólares. También con el Deutsche Bank por 100 millones de dólares, con el BBVA, con fondos de los Emiratos Arabes y de Kuwait, y con la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep). El conjunto de esas operaciones puede hacer llegar la deuda de la provincia a los 100.000 millones de pesos en el corto plazo. La provincia también se lanzó de manera desembozada a timbear con las Lebac (11.733 millones de pesos). El fenomenal endeudamiento ha tenido como objetivo refinanciar deuda anterior y sostener un plan de obras públicas que regentean los Odebretch y los Calcaterra. Para seguir alimentando este saqueo de las finanzas provinciales, Schiaretti apoya el pacto de Macri con el FMI. Considerando que el 95% de la deuda ha sido emitida en dólares, el programa del gobierno es entregar la provincia al capital financiero. Schiaretti apoya el curso adoptado por Macri porque el programa del FMI plantea la agenda de los capitalistas que mandan en la provincia. En primer lugar, la devaluación de la moneda ha sido saludada por el capital sojero (que mantenía retenida la cosecha en silos-bolsas a la espera de una depreciación del peso) y por las terminales automotrices. En la visita de Macri mencionada, Fiat anunció una inversión en la planta local cercana a los 100 millones de dólares. Ese programa establece mayores beneficios para los empresarios, como la baja de ingresos brutos que el gobierno dispuso de acuerdo con el pacto fiscal y, por otro lado, mayores cargas a los trabajadores con la “reducción del déficit fiscal” y la desvalorización de los salarios. Una parte fundamental de ese programa se está discutiendo en las calles de Córdoba. Schiaretti viene lanzando provocación tras provocación a los trabajadores de Luz y Fuerza, con el objetivo de modificar su convenio colectivo, hacer pasar la reforma laboral y los despidos, y finalmente privatizar la empresa de energía pública (Epec). En la visita de Macri hubo una reunión con las principales patronales metalmecánicas y metalúrgicas, y con la burocracia del Smata y UOM, donde el tema central fueron los convenios colectivos de trabajo. Esto se complementa con otra parte del ajuste que ya se impuso a comienzo de año con las paritarias a los trabajadores estatales y de salud del 11% y a los docentes del 15%; el salario inicial de maestro no llega a los 16.500 mensuales de pesos. Crisis del PJ El apoyo de Schiaretti a Macri también busca una salida a la crisis terminal del PJ local. En las últimas elecciones, el peronismo alcanzó apenas el 30% de los votos y Cambiemos le sacó 18 puntos de ventaja. Al mismo tiempo, la Legislatura viene siendo el escenario de un acercamiento entre Schiaretti y Cambiemos, cuyas partes (UCR-PRO-Juez) han votado toda la política oficial. La última maniobra, en este sentido, fue levantar la sesión especial por el aborto legal, que se había resuelto a iniciativa de Eduardo Salas del PO-FIT. El “gran acuerdo nacional” puede ser la prenda de cambio de un acuerdo en desmedro de la oposición burguesa provincial, o incluso excusa para una integración, que le despeje el camino de la reelección a Schiaretti. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda rechazamos el pacto con el FMI y planteamos una salida de los trabajadores a la crisis: inmediata reapertura de las paritarias de estatales, docentes y de todos los trabajadores; no a la reforma laboral, abajo el ataque a los CCT; anulación de los tarifazos, la nacionalización de los recursos energéticos y control obrero de la Epec; no pago de la deuda usuaria provincial y nacional; que se retire de inmediato de los fondos de Lebac, para comenzar ya un plan de viviendas populares. Al valor actual se podrían construir cerca de 17 mil casas. Por un paro activo y un plan de lucha y un congreso de delegados de base de todo el movimiento obrero cordobés.

El sábado 19, el Polo Obrero realizó un plenario nacional que recogió la experiencia y el balance de nuestro desarrollo de este primer semestre 2018. La mesa reunió a 17 distritos del Gran Buenos Aires de las zonas sur, oeste, norte y La Plata, a referentes del interior de la provincia de Buenos Aires (estuvieron San Nicolás, Mar del Plata y Bahía Blanca), Chaco, Salta, Tucumán, Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y Neuquén. Por distintos problemas no pudieron llegar los responsables de San Juan y Tierra del Fuego. Al plenario lo abrió el compañero Néstor Pitrola, con un completo informe de situación política. Pitrola remarcó que “explotó el programa económico por sus propias contradicciones. El plan de guerra de Macri sigue su camino, intentan apagar el fuego con nafta”. La primera conclusión fue tomar iniciativas para promover la irrupción de los trabajadores, impulsando una campaña por el paro activo nacional y por un plenario de delegados de base con mandato. Los movimientos sociales La necesidad del frente único por las reivindicaciones frente al ataque del gobierno, a la vez que la delimitación con las otras organizaciones sociales y piqueteras, fue un punto de debate político. El triunvirato de San Cayetano discute un nuevo acuerdo con el gobierno y su inclusión en la CGT, la misma que pacta con Macri las reformas antiobreras. Es el mismo camino del “partido piquetero” anunciado por De Gennaro, que querrá venir a disputar el espacio conquistado por la izquierda (FIT-PO). Cada regional presentó un informe de su provincia y algunas intervenciones fueron muy destacadas por la concentración de problemas políticos que se cristalizan, como por ejemplo Santiago del Estero. Allí, el gobierno provincial (Frente Cívico) está integrado por el Movimiento Evita y Barrios de Pie, y se expande en los barrios con caja y apoyo del Estado. En septiembre habrá elecciones en la capital y uno de los candidatos por el oficialismo es el dirigente de Barrios de Pie (¡!). Algo similar ocurre en Mendoza, donde esta agrupación forma parte del gobierno antiobrero de Alfredo Cornejo. La lucha por las reivindicaciones Un tema clave del plenario fue la lucha por al aborto legal. La compañera Silvina, del Plenario de Trabajadoras de Córdoba, intervino sobre el tema y llamó a profundizar esta agitación en todo el país. Concluimos su intervención realizando un pañuelazo. La lucha por las reivindicaciones incluyó también la cuestión de la vivienda. En Córdoba capital (Cabildo) ganamos las viviendas para más de 130 familias con la ocupación. Formamos un cuerpo de delegados y con esta experiencia nos dimos el trabajo de abrir más de 20 barrios, que están extendiendo nuestro trabajo a toda la provincia. El problema de las inundaciones también nos ha tenido a la cabeza de la lucha con movilización y corte de puentes; en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en Moreno, también se realizarán marchas en reclamo de asistencia integral de los damnificados por las lluvias y por un plan de obras hídricas para terminar con este flagelo. Perspectivas El Polo Obrero debe trabajar intensamente en la organización de las masas agredidas por el gobierno y en defensa de todas las reivindicaciones populares, desde la lucha por la tierra y la vivienda, contra los tarifazos, el reclamo de trabajo genuino y la defensa de los planes sociales ante la amenaza de las bajas y la pulverización de los ingresos por la inflación. Con el método del empadronamiento, la asamblea barrial, y la lucha piquetera en frente único, debemos abordar el desafío de ser un canal de organización de las masas contra el ajuste en unidad con los trabajadores ocupados. Con esta caracterización, el plenario votó un programa de emergencia y un plan de resoluciones, que incluye el empadronamiento por trabajo genuino, movilización a los municipios, plan de lucha nacional junto al bloque de organizaciones y los sectores que estén dispuestos a romper la tregua, campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, participación en la marcha Ni Una Menos del 4J y movilización a la reunión del Consejo del Salario mínimo. (function(d, s, id){var js; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://embedsocial.com/embedscript/ei.js"; d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(js);}(document, "script", "EmbedSocialScript"));

Luego de las movilizaciones de diciembre, la burocracia sindical, en especial la de la CGT, desempeñó a fondo su papel de contención. Aceptando los topes paritarios, reflotando una reforma laboral “segmentada” y aislando las huelgas (docentes, Inti, Turbio, entre otras). El sayo le cabe también a la fracción “combativa” de los K y el moyanismo. La declinación del gobierno, al ritmo de la crisis económica, convenció a la CGT de la necesidad de reacomodarse: emitió un par de pronunciamientos críticos al rumbo de la política oficial y produjo una minúscula movilización al Obelisco contra los tarifazos y el FMI. En ese acto, sin embargo, Juan Carlos Schmid tuvo que cruzar el reclamo de un paro inmediato, de parte de su propia tropa, explicando que había que “prepararlo”. “No es tiempo de paro” La mesa chica de la central -integrada por el Triunvirato y un puñado de gremios “pesados”, como UPCN, la Uocra y Comercio- concluyó que “hacer un paro hoy, en soledad, no nos sirve para nada. Tenemos que tener los apoyos políticos necesarios para que no nos acusen de desestabilizadores”, dijeron, para iniciar luego “una ronda de diálogo con senadores y gobernadores”. Quien más batalló por la “cautela” fue Barrionuevo. Sus críticas al gobierno y su renovada alianza con Moyano duraron poco, hasta que una gestión personal del ministro Triaca le habilitó un nuevo convenio gastronómico (que entre otras cosas le permite agrupar al personal de comidas rápidas, un coto exclusivo de Pasteleros). Moyano: entre la interna y los expedientes judiciales Moyano, que mantuvo un perfil bajo desde el 21F, agita la bandera de un posible paro (“si vetan la ley para frenar el tarifazo”), con un doble objetivo: 1) responder al embate judicial que lo tiene arrinconado. Los allanamientos al sindicato de Camioneros, por denuncias de extorsión a empresarios del transporte, no cayeron nada bien en el mundo sindical, donde todos tienen muertos que esconder. De hecho, el mismísimo Cavalieri fue citado por la Justicia para explicar el desvío de más de 50 millones de pesos de la obra social de Comercio; 2) intentar alinear a algunos gremios oscilantes, en el conteo de porotos para el Congreso del 22 de agosto cuando se elegirá la nueva conducción de la CGT (que deberá pasar por el Comité Central Confederal, aún sin fecha). Hay un abanico de gremios determinantes -como la UOM, ferroviarios, UTA o Smata- que pueden salir para cualquier lado. Por caso, en el mismo momento que Triaca sellaba su acuerdo con Barrionuevo, Ricardo Pignanelli -uno de los favoritos del presidente- le daba el apoyo del Smata a José Luis Gioja en la guerra por el control del PJ, marcando así un distanciamiento respecto del gobierno. Moyano acaba de lograr que la Justicia dé vía libre a la elección de autoridades de las 62 Organizaciones (hoy próximas al camionero), que el Ministerio de Trabajo pretendió bloquear con el fin de mantener el sello como brazo sindical afín al gobierno. Moyano-Palazzo, para negociar La fórmula Pablo Moyano-Sergio Palazzo, lanzada para competir con el bloque de los Gordos y los Independientes, no parece ser más que un recurso para forzar una negociación por el reparto de cargos en el Consejo Directivo y consensuar una nueva conducción. Pablo Moyano afirmó que “con el titular del gremio bancario Sergio Palazzo coinciden en una CGT firme y no arrastrada ni callada, y confió en que puedan alcanzar un acuerdo para presentar una única lista”. La vuelta de Camioneros al Consejo Directivo, del que Pablo se había retirado dando un portazo (ese sillón ahora lo ocupa Omar Pérez, hombre de confianza de Hugo), es más que un simple gesto. Multisectorial 21F o en un mismo lodo La nueva “plataforma” del moyanismo es la multisectorial M21F, que nuclea a las organizaciones del espacio convocante a aquella marcha de febrero: Camioneros, la CFT (Corriente Federal), las CTA, la CTEP y, en un lugar protagónico, a la Iglesia. La Conferencia Episcopal acaba de dar una fuerte señal política de apoyo a la jornada “La patria está en peligro” del 25 de Mayo y a la Marcha Federal por Tierra, Techo y Trabajo. En este espacio confluyen Moyano y los K -que tributan a la unidad del PJ (“esperemos -declaró Pablo- que todos los sectores del peronismo nos unamos de cara al 2019”)- y el tándem Movimiento Evita-Barrios de Pie-PCR, que acaba de anunciar la formación de un frente electoral con la Unidad Popular de Víctor De Gennaro. Una vez más, la centroizquierda actuando como furgón de cola del nacionalismo burgués. En conclusión: hay en marcha una tentativa de reacomodamiento de la burocracia, en sintonía con la tortuosa reunificación del PJ y siempre con la vista puesta en el recambio de Macri, en 2019 o antes, si el devenir de la crisis empuja un adelantamiento. Y, sobre todo, para prevenir el protagonismo de la izquierda, como se expresó en las jornadas de diciembre. Una enorme oportunidad para el clasismo La represión a los obreros de Cresta Roja, del Inti y del Subte es consecuencia directa de la renovada injerencia del FMI en la política argentina y sus programas de “shock”. Se vislumbran grandes choques de clase. El plenario convocado por el Sutna, con el propósito de impulsar un congreso obrero, que vote un plan de acción y un programa, será un punto de apoyo importante para el clasismo y su tarea histórica: superar a la burocracia y poner al movimiento obrero en acción.