Prensa Obrera N° 1499

-Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores -Abajo las reformas previsional y laboral -Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito -Anulación de los tarifazos -Abajo la guerra imperialista

El gobierno de Macri vuelve a la carga con la reforma “antilaboral”, que tuvo que archivar después de las jornadas de diciembre. A principios de mayo estarán ingresando al Congreso cuatro proyectos de ley como mínimo: la de (falso) blanqueo laboral, pasantías, Agencia Tecnológica de Salud y otra reforma a la ley de Riesgos del Trabajo. No está claro cómo y a través de qué instrumento, pero está en carpeta una nueva reducción de indemnizaciones y la creación de un “fondo de cese laboral” en los convenios colectivos de trabajo del tipo del que rige en la construcción, por medio del cual la única indemnización es la que resulta en una cuenta de ahorro de un aporte de 12% el primer año y del 8% mensual en los años restantes. La primera ley será la de “blanqueo”, que dispone una amplia amnistía a los evasores, reconoce antigüedad de aportes hasta cinco años y no acumula antigüedad a los efectos indemnizatorios, imponiendo al trabajador que deponga todo planteo judicial futuro por los años que estuvo en negro. Sin embargo, se prevé (Infobae) que podrían blanquearse no más de 200/300 mil trabajadores sobre los 4,5 millones informales que existen. Probablemente, esta ley sea la excusa para introducir un régimen indemnizatorio diferenciado para los trabajadores que se blanquean. De manera que serviría más de excusa para la flexibilización laboral que como instrumento para un real blanqueo. Pero la gran novedad es una nueva ley de Riesgos del Trabajo, que sería la tercera después de las reformas introducidas durante el gobierno de Cristina (opción de apelación a la Justicia) y la reforma macrista con apoyo del PJ y la CGT, ambas inspiradas por la UIA, al igual que esta nueva versión. La nueva ley tiene por objetivo barrer con toda la legislación en la materia que viene de los años ’70. Fue pactada en un Comité Consultivo Permanente que componen el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las cámaras empresariales, la CGT y las ART. Los responsables del agravamiento permanente de los accidentes de trabajo y su desprotección -y desinversión patronal- han elaborado una reforma de fondo. El régimen remite a las paritarias la implementación de la seguridad e higiene (artículo 13), para eliminar definitivamente toda idea de comité de control obrero o de tipo mixto en los lugares de trabajo sobre seguridad y salubridad. Serán las empresas (art. 15) las encargadas de contratar los servicios de salubridad y seguridad “para prevención de los riesgos en el trabajo”. Se hará una distinción entre empresas de mayor y menor porte, pero siempre excluida la representación de los trabajadores en los lugares de trabajo como factor de control. Es muy claro que con esta reforma de fondo se apunta a terminar con todo vestigio de la ley de accidentes de trabajo y los posibles reclamos judiciales por las amputaciones, incapacidades o la vida misma del trabajador, profundizando el régimen de las “ART de la muerte”, como se las bautizó en la industria de la construcción, donde se registra el mayor índice de accidentes de trabajo. Por otro lado, se ha desempolvado una herramienta de los ’90, para facilitar los despidos en masa: el recurso preventivo de crisis. Carrefour es el caso líder, como acuerdo de la burocracia sindical, el ministerio y la patronal para el “retiro voluntario” de por lo menos 1.000 trabajadores con indemnizaciones a pactar, con reducción salarial convencional y cierre de sucursales. El recurso preventivo de crisis rige desde 1990 y bajo su vigencia la desocupación llegó en 1998 al 18%. También se implementaron 27 modalidades de empleo basura mediante la llamada ley de Empleo. Hoy, el empleo basura vuelve con la creación de un Instituto de Formación Profesional, con las pasantías de hasta 30 meses de trabajo gratuito y mediante la introducción de categorías de “empleo joven” en los convenios colectivos. Es lo pactado para una categoría de 14.000 pesos en ese concepto para los ingresantes en el convenio ferroviario, lo que constituye un subsalario para los niveles remunerativos de la actividad, y un salario de hambre en cualquier caso cuando la línea de pobreza está en 18.000 pesos. Por esta horas se acaba de conocer un fallo de la Suprema Corte que convalida la “locación de servicios”, legalizando el fraude laboral bajo la forma de monotributo que esconde la relación de dependencia, la forma de trabajo registrado que más se incrementó en estos últimos años. Por otro lado, en dos escenarios de lucha se están atacando convenios estratégicos que costaron lucha y sangre del movimiento obrero argentino: el de los mineros del Turbio y el de Luz y Fuerza de Córdoba. Es un paquete de “seguridad jurídica” antilaboral para el capital. Todo lo cual está acompañado por un Ministerio de Trabajo que ha llevado el arbitraje al extremo más despótico desde el retorno del régimen constitucional: se homologan sólo los acuerdos salariales y convencionales que corresponden a la política de topes oficiales, a la flexibilización laboral, a la implementación de despidos, se desconocen elecciones de delegados como la del Inti para favorecer despidos antisindicales, se quitó la personería gremial a la AGTSyP del Subte para entregar a UTA la firma de la paritaria del 14%. Ante esta nueva ruta de la reforma laboral, el movimiento obrero tiene que pasar por encima del freno y la complicidad de la burocracia sindical colaboracionista que pactó todo esto a cambio de la Agencia Tecnológica de Salud -un engendro para limitar las prestaciones complejas a los afiliados de las obras sociales y proteger las cajas negras y la asociación a la salud privada en el sistema. Ese es el objetivo de la campaña nacional por el paro activo y un congreso de delegados mandatados por asambleas de trabajadores para definir programa, plan de lucha y reunir la fuerza de conjunto para quebrar la reforma laboral.

Una jornada nacional de piquetes, impulsada por el Polo Obrero y un arco de organizaciones, con epicentro en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, puso en la calle los reclamos de los desocupados en el marco de la enorme bronca popular por los tarifazos. Frente a Desarrollo Social, desbordando a las tropas policiales, se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires unos 8.000 compañeras y compañeros. Los compañeros cobran 4.800 pesos y otros no acceden tampoco a esos planes, ya que los programas siguen cerrados a pesar de la enorme crisis social que no se detiene. El impacto de la medida se puede medir por el odio que destilaron los medios de comunicación y los escribas del oficialismo, que de todas formas fueron derrotados por la contundencia de los reclamos. El récord de marzo de más de 500 piquetes en la Capital Federal es expresivo de la irrupción de reclamos de todo orden. La jornada del 24 de abril fue verdaderamente nacional; en Chaco, Salta, Córdoba, San Juan, Mendoza y Neuquén se reprodujeron concentraciones piqueteras. En El Dorado, Misiones, una enorme columna de 1.000 compañeros se movilizó por la ruta hasta el centro de la ciudad. En Tucumán también se produjo una importante concentración que reclamó por cientos de bajas injustificables. En Mar del Plata, centenares de piqueteros replicaron el frente único de las organizaciones marchando a la delegación de Desarrollo Social. Al crecimiento de la miseria y la pobreza que deparan los aumentos incesantes de los servicios de luz, gas y agua, se suma la extorsión del gobierno sobre los más de 260 mil compañeros de los programas de empleo que son amenazados con ser dados de baja si no concurren a las escuelas a “capacitarse”. La movilización planteó que la capacidad de trabajo de los desocupados no es el problema y reclamó empleo genuino. Con el 40% de capacidad ociosa en la industria, con despidos masivos en el comercio y el Estado, el problema del desocupado no es la capacitación, sino la falta de trabajo. El alcance del movimiento se aprecia en el hecho de que un sector de la CTEP y el FPDS cortó el Puente Pueyrredón al otro día, reclamando “trabajo, educación y vivienda”. Está planteado, objetivamente, la necesidad de un frente único de organizaciones que se oponga al plan de ajuste que golpea a los desocupados, más que a ningún otro sector. Como en el movimiento obrero, la cuestión pasa por la orientación de sus direcciones. Las organizaciones de San Cayetano (CCC, CTEP, Barrios de Pie) y otros grupos que los acompañan, no han convocado a acciones de lucha reales frente a la extorsión “educativa” del nuevo programa “Hacemos Futuro”. Estas organizaciones se han concentrado en el rescate de la administración de algunos de los proyectos que sostenían hasta marzo pasado, pero el ataque no es sólo a las “unidades de gestión”, el ataque es al conjunto de los desocupados. El ajuste le gana al asistencialismo en las prioridades del capital financiero, cuyo libreto sigue la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley al pie de la letra. No sólo dejan a miles sin el elemental programa social que tenían como parte de un ajuste más general contra la clase obrera, sino que, además, buscan desarticular la organización de los barrios, que jugaron un gran papel en las jornadas del 14 y 18 de diciembre. El movimiento piquetero, como en el Argentinazo, desafía la organización punteril del Estado macrista y del PJ, y desmantelar su organización es un objetivo estratégico de la burguesía. El reciente planteo de un sindicato de desocupados, y todavía más el de un partido político del trío San Cayetano, que ha trascendido en los medios, pretende “institucionalizar” un movimiento que se ha puesto al servicio de la contención (unidad opositora 2019) de las consecuencias catastróficas del ajuste, en lugar de defender sus reivindicaciones por medio de la lucha. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sin excepción. Convoquemos una gran asamblea o plenario de delegados del conjunto de las organizaciones sociales, piqueteras y de desocupados para debatir un rumbo, un programa y votar un plan de lucha: trabajo genuino mediante un plan de obras públicas y viviendas, incorporación a planta transitoria en vacantes de escuelas, hospitales públicos y municipios, duplicación del monto de los programas sociales y apertura de los mismos.

Las iniciativas anunciadas por el gobierno para ‘reducir el impacto’ de los aumentos de tarifas tienen un denominador común: apuntan al rescate integral de esta confiscación y, al mismo tiempo, a zafar de la crisis política generada por los aumentos continuos del gas, la luz, el agua y los peajes. La decisión de “suspender” una parte menor de los impuestos de carácter provincial que gravan los servicios públicos, sólo ha sido ‘acatada’ por los macristas Vidal, Larreta (“por un año”) y Gerardo Morales. Macri ha amagado con una ley dirigida a “limpiar” de impuestos distritales a las boletas de servicios -a sabiendas que sería inconstitucional, tanto por decreto como por ley. Pero le serviría al gobierno para “compartir el costo político de la suba de tarifas” (Clarín, 20/4); o sea, para echarle parte del fardo al pejotismo. Mientras tanto, el gobierno ha dejado inalterado el IVA, que llega -según el caso- a gravar hasta el 27% de las boletas de servicios. Es el impuesto más confiscatorio sobre el consumo popular y tiene un peso decisivo en la recaudación de un Estado que concentra el 14% de sus recursos al pago de los intereses de la deuda pública. Macri tampoco toca el impuesto a los combustibles, que los encarece en alrededor del 25 por ciento. Y tampoco Ingresos Brutos, que es el principal impuesto provincial. El financiamiento del Estado debe correr por cuenta de los grandes capitalistas, no de los trabajadores que, en un elevadísimo porcentaje, no cubren la canasta familiar. La especie de que la eliminación de los subsidios a los servicios públicos es necesaria para poner fin al déficit fiscal y a la emisión del dinero que lo financia es una mentira monumental. Ocurre que las tarifas dispuestas para el gas y la luz son una consecuencia del plan de precios “ascendentes” para el gas en boca de pozo, que arreglaron el gobierno y la Corte en 2016. Los valores impuestos por este acuerdo triplican los precios que rigen en el mercado norteamericano, a pesar de que los costos de extracción del shale gas o petróleo en ese mercado son similares a los de la cuenca neuquina. El encarecimiento por decreto del precio del gas en boca de pozo multiplica el costo de generación de electricidad y la tarifa, a la que se añade el IVA e Ingresos Brutos. Una periodista especializada acaba de señalar que este incentivo a la producción adicional de gas “lleva implícito un subsidio de consumidores o del propio Estado a los productores, para que superen la pereza inversora” (Cronista, 24/4). El tarifazo, justificado en nombre de la eliminación de subsidios, es un gran subsidio al capital internacional, en especial al instalado en Vaca Muerta, el único yacimiento que aumentó su producción en los últimos años. La tarifas y la deuda Las “calificadoras de riesgo” han seguido con lupa el tira y afloje de estos días en torno del tarifazo. La razón es sencilla: las tarifas dolarizadas operan, por un lado, como garantía de las compañías de servicios que apelan al endeudamiento internacional. Es lo que ocurrirá de aquí en más con los corredores viales, que pagarán los usuarios. Según Clarín (24/4), el sistema de participación pública privada “duplicará y hasta puede triplicar el (precio) de obras realizadas en base al método tradicional”, y que serán solventadas con peajes dolarizados y con nuevos cargos en el precio de los combustibles. Por otro lado, los impuestos que encarecen la tarifa funcionan como garantía de pago del aún mayor endeudamiento público. Todo esto ya se vivió bajo las privatizaciones de Menem-Cavallo -que saltaron por el aire en 2001. La PPP afectará, asimismo, a obras de transporte energético y de infraestructura para Vaca Muerta, todo lo cual deberá contar con el respaldo de las tarifas de gas y de luz. El llamado desarrollo energético es una operación del capital financiero. A su turno, la reducción de subsidios libera fondos del presupuesto público para el pago de la deuda externa. El tarifazo, la oposición y la clase obrera La crisis de estos días no es sólo un accidente o un tropiezo en el proceso político macrista. El plan en curso enfrenta una verdadera tormenta. Piénsese solamente en la suba del precio internacional del petróleo, a 75 dólares el barril, que va a repercutir en las tarifas dolarizadas. El aumento es ocasionado por la devaluación internacional del dólar; ello como consecuencia del encarecimiento de la deuda pública descomunal de Estados Unidos. Asistimos a un potencial ataque aún mayor al bolsillo de los trabajadores, a una crisis de deuda externa en perspectiva y a una crisis de financiamiento en la industria tributaria de los combustibles -en primer lugar el servicio eléctrico y gasífero. La crisis de los tarifazos expresa una impasse más general de la Argentina de Macri. Tampoco amainarán las disputas al interior de la coalición oficial, en relación con un nuevo reparto del botín energético. Carrió, una lobbista del capital internacional, además de reclamar el rápido remate de los activos petroleros de Cristóbal López, arremete también contra el grupo Mindlin, un hijo de los K convertido al macrismo, que ha distribuido dividendos fenomenales sin haber invertido un peso en energía. La oposición ha salido a fustigar el tarifazo a la cola de Carrió, que justifica su cruzada en el objetivo de asegurar que Macri… termine su mandato. El pejota-kirchnerismo no cuestiona este sistema confiscatorio. Cristina Kirchner, que plantea retrotraer las tarifas a enero de 2017, está hablando para las tribunas, porque el “sendero de precios” del gas que el gobierno y los jueces pactaron en 2016, lo inventó antes su propio gobierno -de la mano de Kicillof y Galluccio, en el último trienio del kirchnerismo. El massismo dice que quiere un ajuste de tarifas de acuerdo con la evolución del salario -algo que nunca se le había ocurrido en ocasión de los grandes tarifazos 2016/17. Toda esta complicidad subraya la necesidad de que los sindicatos se pongan de pie. La burocracia es la gran muda en esta crisis, cuando se hace más necesaria que nunca la lucha por paritarias sin techo, con piso en la inflación real, y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar -que debe computar ahora la suba de tarifas. Es necesario un Congreso de delegados mandatados por asambleas, de todos los sindicatos, sean de la CGT o la CTA, para plantear un pliego de reivindicaciones y abrir el debate en función de una reorganización social de conjunto. En primer lugar, la anulación de los tarifazos, la apertura de los libros y costos de las empresas de servicios; poniendo fin a las privatizaciones y al endeudamiento usurario; el control obrero y una contabilidad única sobre el conjunto de la economía nacional, la cual comienza por el cómputo de los propios medios de vida de los trabajadores. Frente a las reducciones provisorias de impuestos distritales dispuestas para rescatar al tarifazo, planteamos la eliminación de todos los impuestos al consumo y el establecimiento de impuestos al gran capital. Al régimen de entrega de los recursos energéticos al capital internacional, le oponemos la nacionalización sin pago de las empresas de combustibles y energía, bajo control obrero. Con esta línea intervenimos en el Parlamento y en las organizaciones obreras, y hacemos un llamado a las nuevas direcciones obreras, al clasismo y a la izquierda a luchar en común en esta dirección.

La escalada en la guerra comercial con China que viene fogoneando el gobierno estadounidense, con la elevación de aranceles a la importación de acero y aluminio, no es el principal punto de fricción en las relaciones entre los dos países. Las importaciones provenientes de China en estos rubros representan un porcentaje ínfimo del mercado norteamericano. Lo que está en juego es un paquete mayor, que quedó expuesto con las amenazas de Trump de ampliar la lista de productos, esta vez por un valor de 100.000 millones de dólares. La administración estadounidense apunta a la competencia china en la industria de alta gama, con más razón después de los anuncios del régimen de Xi Jinping para transformar a China en un líder tecnológico en áreas como la robótica, la inteligencia artificial, las comunicaciones y los productos farmacéuticos. Los teléfonos móviles manufacturados en fábricas chinas, los ordenadores y accesorios exportados a Estados Unidosascienden a la friolera de 150.000 millones de dólares, lo cual se considera como una amenaza directa para el dominio económico y militar de Estados Unidos. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, un arquitecto clave de las medidas de guerra comercial, afirmó: “Si ellos [China] básicamente se apoderan de ese terreno tecnológico robándonos, no tendremos un futuro como país en términos de nuestra economía y nuestra seguridad nacional”. La acción de la Casa Blanca incluye también el bloqueo a numerosas asociaciones de empresas de China con el capital de compañías tecnológicas estratégicas de Estados Unidos. En esta línea, vetó la operación de compra de Qualcom, un gigante de los superconductores, por parte de una empresa de Singapur en cuyo capital influye Huawei, la productora de chips más importante de China. Asimismo, junto al Reino Unido, ha prohibido los negocios de la compañía de telecomunicaciones, ZTE, en ambos países, alegando motivos de “seguridad nacional”. Apertura Este juego de represalias y presiones tienen como propósito forzar la apertura de la economía china, para colonizarla y llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de restauración capitalista. Esto se da en medio del conflicto con Corea del Norte, el cual, como lo han destacado diversos analistas, es un tiro por elevación contra China, el país que sostiene vínculos más estrechos con el régimen norcoreano. El ataque contra éste ha sido utilizado por Estados Unidos para apuntalar su presencia militar en la región y por lo tanto, una advertencia por extensión contra Pekín. El régimen chino viene dando señales de avanzar hacia una apertura. Así, presentó un calendario para levantar todas las restricciones de propiedad que afectan a los fabricantes de automóviles extranjeros que operan en China. En un máximo de cinco años se eliminará el actual límite que exige a las empresas extranjeras ser propietarias de como máximo el 50% de las empresas conjuntas (joint ventures) con los productores locales. En otras palabras, fabricantes como Volkswagen, BMW, Ford o Toyota podrán producir en China sin tener que compartir la operativa y los beneficios con sus socios locales. O al menos poseer una participación mayoritaria de sus filiales en el país. Si bien el gobierno chino ha negado que el anuncio pretenda apaciguar la actual disputa comercial con Estados Unidos, algunos lo interpretan como un guiño a Trump, que se ha quejado de forma recurrente de los obstáculos de Pekín a la importación de vehículos estadounidenses (los grava con un arancel del 25%) y las condiciones que impone para fabricarlos en su territorio. China también eliminará las restricciones a la fabricación de aeronaves y de navíos por parte de empresas extranjeras en este 2018, sectores que se enfrentan a unas cuotas máximas de propiedad similares a las del sector automovilístico. Reformas Estas medidas están en sintonía con el plan de reformas que está promoviendo Xi Jinping. Una de sus prioridades es permitir la entrada de capital privado en las empresas de propiedad estatal (SOE, por sus siglas en inglés), que tienen en general altos niveles de endeudamiento y no son, en muchos casos, rentables. La deuda de estas compañías, que se han financiado en los bancos estatales a bajo costo fomentando un apalancamiento excesivo, es uno de los principales problemas de China. La economía china está sentada sobre una montaña de deudas: pasó de 7 billones de dólares en el año 2007 a 30 billones ahora, y representa el 282 por ciento del PBI. La mitad de las deudas de los hogares y particulares, de las corporaciones no financieras y del Estado están asociadas a la actividad inmobiliaria. La deuda corporativa china ha pasado a ser una de las más elevadas del mundo (125 por ciento del PBI) y abarca tanto las empresas del estado como las privadas. Esta situación se ha hecho insostenible y no se puede prolongar por mucho más tiempo. La anunciada “desregulación” supone que las firmas que no son competitivas sean desplazadas a través de cierres o absorciones, habilitando un proceso de concentración y copamiento del mercado por el gran capital. Un temor fundado que anida en las autoridades chinas es que esto provoque un retroceso importante del PBI y, junto con esto, una pérdida masiva de puestos de trabajo, lo cual, podría conducir a una reacción social incontrolable. Esto explica las vacilaciones de Pekín a la hora de ejecutar el plan. “A pesar de que las esperanzas están depositadas en los próximos movimientos de Xi, hay cierto escepticismo en torno a la velocidad y efectividad de sus reformas”. Transición En medio de este cuadro, la cúpula dirigente ha enviado a las células del Partido Comunista chino (PCCh) a controlar las empresas. A su turno, y de acuerdo a los trascendidos, se vienen multiplicando las detenciones y el encarcelamiento de capitalistas corruptos. Por otro lado, el aumento del desempleo que traerían aparejadas las reformas en carpeta es impracticable sin una red de contención social, lo que explicaría que las autoridades chinas estén estudiando una reforma del sistema de seguridad social. Pero este intervencionismo es impotente para hacer frente a las contradicciones crecientes que va acumulando la política oficial. El Estado, en China, opera como unificador de los diversos capitales, públicos y privados. Ni en Rusia ni en China se ha desarrollado una burguesía como clase, pues en ambos casos ella está mediada por el Estado, el cual conserva gran parte de su estructura burocrática ‘pre-capitalista’. Xi Jinping, un bonapartista especial al cual se le han conferido facultades excepcionales al habilitársele la reelección indefinida, está obligado a conciliar la tendencia a la autonomía de sus proto-capitalistas con la necesidad de contener la desintegración de sus Estados. Las ex economías estatizadas han incorporado a sus contradicciones autárquicas, las más violentas aún, de la economía mundial. China ingresa a una fase más convulsiva de la restauración capitalista, lo que prepara el terreno para una intervención de mayor amplitud de la clase obrera.

Tras la sesión especial contra los tarifazos, que incluyó un proyecto de su autoría, la diputada del PO Romina Del Plá, sostuvo: “Que hoy nos vayamos de esta sesión sin ningún proyecto aprobado -a pesar de los 114 votos a favor y 103 en contra que sacó el proyecto del PO, entre otros- es producto de un conjunto de maniobras políticas para burlar al pueblo y rescatar el tarifazo. Las leyes en debate necesitaban 2/3 partes de los votos porque Cambiemos se negó a convocar a la comisión de Presupuesto para que pueda dictaminar. Pero cuando propusimos un cuarto intermedio en la sesión para que funcione Presupuesto y luego continuar, el Peronismo Federal se opuso y evitó un curso de aprobación de alguno de los proyectos en danza de revisión del tarifazo”. Del Plá concluyó: “En medio de un enorme repudio popular y una crisis política que ha paralizado la Cámara de Diputados, donde las sesiones especiales tratan temas sin dictamen y que por ello no se aprueban, y las sesiones ordinarias se caen, toda un ala del PJ se erige en garante del tarifazo y de las concesiones privadas que concentran paquetes accionarios energéticos como el grupo Midlin, ayer niño mimado del kirchnerismo y hoy socio del macrismo. Nadie repara en el contraste brutal entre las ganancias de los grupos que operan los hidrocarburos y la energía eléctrica, y el tope del 15% en las paritarias. Denunciamos la maniobra política de rebajar impuestos provinciales para rescatar el tarifazo e insistimos en retrotraerlo, en la apertura de cuentas y costos de todas las operadoras, en la derogación del decreto de liberación de precios de combustibles, en la nacionalización integral de la energía bajo gestión y control de los trabajadores, como parte de una reorganización social y económica bajo la dirección de los trabajadores, para que la crisis la paguen los vaciadores y fugadores de capitales”.

Apenas una semana antes de las manifestaciones populares masivas que se han desencadenado en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega recibía el premio al “mejor proyecto de inversión extranjera” (Forbes, 11/4). El “reconocimiento” tuvo lugar en el “Annual Investment Meeting, en la ciudad de Dubai, Emiratos Arabes Unidos”. La distinción inusitada para un gobierno que publicita su condición “nacional y popular” no se redujo a una celebración ocasional, porque de acuerdo con la misma información, “el proyecto de Inversión Extranjera Directa más innovador en Latinoamérica y el Caribe”, responde al “programa de inversiones PRONicaragua”, que el gobierno sandinista promueve con recursos fiscales. La reacción enorme que suscitó en la población y en especial en la juventud universitaria, la “reforma jubilatoria” que impuso por decreto Daniel Ortega hace casi una semana, debe ser caracterizada en este contexto. La reducción de las jubilaciones en un 5%, y el aumento de los aportes personales (de 6,25 a 7%) y patronales (de 19 a 22,5%) no solamente soliviantó a los sectores populares; también provocó una ruptura del pacto de gobierno que rige desde más de una década entre la gran patronal, nucleada en el Consejo Superior de la Empresa Privada, y el oficialismo. La “reforma”, sin embargo, había sido ‘recomendada’ por el FMI para cubrir un déficit de 75 millones de dólares de la Seguridad Social. La misma Seguridad Social que presta su fondo de garantía para subvencionar el “PRONicaragua” que saludan los inversores internacionales. “Los manifestantes fueron convocados por el poderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)”, informan las agencias a Clarín y La Nación (24/4), “que fue aliado de Ortega en sus once años de gobierno, pero que luego de la reforma del sistema de pensiones se transformó en un ente opositor”. De este modo, la gran patronal, a la que se ha sumado la Unión de Productores Agropecuarios, se ha convertido en la dirección política de la movilización popular. Forzado por la rebeldía generalizada a derogar el decreto jubilatorio, Daniel Ortega convocó “al diálogo” a los empresarios -que se dieron el gusto de rechazarlo hasta que no “se libere a todos los presos”. La Cosep fue acompañada por el clero de Nicaragua, las universidades privadas y la Embajada norteamericana. “Les abrí mi corazón y me contestaron con la billetera”, ‘reflexionó’ hace treinta años Juan Carlos Pugliese, ministro de Alfonsín, ante un inconveniente similar. Nicaragua es uno de los objetivos codiciados por China, que ha ofrecido en su momento construir un canal entre el Caribe y el Pacífico, para desagrado, provisional, de Estados Unidos. La dirección política de las movilizaciones no es disputada por ninguna otra organización fuera del frente patronal-clerical-universitario. Este es el meollo de la situación nicaragüense. Ese frente no exige la salida de los Ortega del gobierno, porque no ha armado aún una alternativa política de reemplazo. Ha quedado planteada una transición política crucial. Los medios de comunicación se esfuerzan por presentar como positiva esta acefalía de dirección, con la intención de evitar que se produzca una diferenciación política. El frente único entre la gran patronal, por un lado, y el pueblo en la calle, por el otro, oculta la contradicción entre la clase social que apoyó al orteguismo durante diez años y una masa de trabajadores y jóvenes que dieron rienda suelta a la indignación acumulada a lo largo de la década. La brutalidad de la represión ejercida por el orteguismo, el cual, sin embargo, recularía enseguida derogando el decreto, ha dejado al desnudo el bandidaje político del sandinismo. Es que al lado de los ataques brutales de la policía y el ejército contra los manifestantes, operaron ‘milicias’ del partido oficial, que no tienen nada que ver, por supuesto, con “el armamento de las masas”. En los hechos, gobierna en Nicaragua un régimen de partido único. Estas ‘milicias’ no son el arma de resistencia ‘nac & pop’ a la ‘ofensiva neoliberal’, sino un instrumento contra las masas y contra el esfuerzo por desarrollar una alternativa obrera independiente al gobierno patronal que galardonaron en Dubai. El derrumbe previsional de Nicaragua deja en evidencia el rasero que iguala a los gobiernos de diferente tendencia en América Latina: la crisis sin salida de la dominación política capitalista latinoamericana, en el marco del impasse económico y político mundial. El agotamiento de los Macri y los Ortega, de los Maduro y los Kuczinski, de los Piñera y los Lula tiene la base histórica común de la decadencia capitalista.

El Partido Obrero de Chubut realizó su segundo Congreso en un escenario convulsivo. La provincia volvió a vivir jornadas de paro activo estatal, con movilizaciones y cortes de ruta, contra la tentativa oficial de descargar la quiebra de la provincia sobre los trabajadores. El desfalco de Chubut es el resultado de décadas de sometimiento a los intereses capitalistas. El derrumbe de los ingresos petroleros quiso ser compensado con una política de endeudamiento cuantioso. A esta altura, la deuda, de más de 1.000 millones de dólares, representa el 100% de los ingresos provinciales y cinco veces los ingresos de las regalías petroleras. A su turno, los escándalos de corrupción demuestran que esta política ha enriquecido a un puñado de banqueros y funcionarios. Pero no son ellos los que pagan la crisis. Después de amenazar con un posible defol de la deuda, el gobierno de Arcioni -sucesor del fallecido Das Neves- lanzó un ataque feroz contra los estatales y docentes, en completo acuerdo con el gobierno de Macri. Además de pagar los salarios escalonados, ha suprimido horas cátedras, horas de guardia y otras formas de pago que encubren, desde hace mucho tiempo, una relación laboral precaria. Como consecuencia de ello, quedarán sin trabajo numerosos auxiliares de educación y trabajadores de la salud. Y a más de 3.000 compañeros no les han renovado sus contratos. Mientras tanto, la obra social provincial ha dejado de darle prestaciones a sus afiliados. La situación también es grave entre los trabajadores privados, como lo demuestra el cierre de plantas de la alimentación, pesqueras y la caída en la extracción de petróleo, que también pagan sus trabajadores. Oposición impotente Las medidas de ajuste de Arcioni han sido objeto de distintas impugnaciones por parte de los bloques opositores, y en particular del Frente para la Victoria. Esta oposición, ¿le ha impuesto un freno real al ajuste?` La ley que impulsó la oposición en la Legislatura -modificando el decreto ajustador de “emergencia económica” estableció de palabra la “estabilidad” de la actual planta de trabajadores estatales. Pero dejó librados al análisis “caso por caso” a los compañeros contratados, que representan el 20% de la planta del Estado. Como ese “análisis” lo hace el propio gobierno ajustador, el resultado ha sido la vía libre a miles de despidos. Esta política se traslada, a su turno, a las direcciones de los principales sindicatos estatales, asociadas políticamente a la oposición parlamentaria a Arcioni. Las medidas de fuerza resueltas por los sindicatos del Estado o la docencia agrupados en la Mesa de Unidad Sindical no forman parte de un plan de lucha progresivo y de conjunto. Mientras tanto, los partidos -y referentes sindicales- que esgrimen esta política nos dicen que el freno al ajuste actual vendrá “votando bien” en 2019. En el Congreso provincial que realizó este sábado en Madryn, el Partido Obrero ha definido otra posición: si Arcioni impone ahora su plan de guerra contra los trabajadores, se valdrá de ello para buscar su reelección en 2019, incluso con el padrinazgo de Macri. Por el contrario, una derrota del actual ajuste, a manos de la clase obrera y su lucha, abrirá un rumbo para todos los que en Chubut viven de su trabajo. Asambleas y congreso de bases Es clave poner en pie a nuestras organizaciones obreras -los sindicatos- y unirlos para una lucha a fondo hasta derrotar la escalada de Arcioni-Macri. Llamamos a todos los luchadores y activistas a impulsar plenarios de delegados y asambleas generales en todos los sindicatos; que la Mesa de Unidad Sindical realice un congreso de delegados surgidos de asambleas -de escuelas y reparticiones- con mandato, para resolver un plan de lucha progresivo y la preparación de una huelga general hasta derrotar el ajuste. Un gran ejemplo de este camino es la actual Interhospitalaria, que reúne a los trabajadores y delegados de la salud de Esquel, la Comarca, Trelew y otras localidades, sin distinción de gremio. Extorsión De cara a la actual crisis provincial, el pueblo de Chubut quiere ser sometido a una extorsión: Macri y Arcioni condicionan cualquier salida a que la provincia le otorgue vía libre a la megaminería contaminante. Para ello, preparan la derogación de la ley 5.001, que fue arrancada por la dura movilización de los pueblos de Esquel y la cordillera contra los pulpos mineros. Denunciamos este chantaje y ratificamos nuestro compromiso con la lucha contra los contaminadores capitalistas. Una victoria de las luchas en curso ampliará el horizonte político de los trabajadores, para la construcción de una alternativa obrera y socialista a la escala de toda la provincia.

El pasado viernes 20 se realizó en Neuquén, en el Centro Cultural Mariano Ferreyra, una mesa-debate sobre las tareas y los desafíos del movimiento obrero. Como panelistas participaron Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero y el Frente de Izquierda; Alejandro López, secretario general del Sindicato de Obreros Ceramistas de Neuquén; Santiago Baudino, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén, y Gustavo Burne, dirigente de Tribuna Docente y secretario adjunto de Aten capital. El debate contó con la presencia de más de 100 compañeras y compañeros de distintos sectores, muchísimos de ellos integrantes de comisiones directivas o delegados sindicales de numerosos gremios: municipales, docentes, del Inta, estatales, telefónicos, petroleros, de MAM, de la alimentación, bancarios, etc. Gustavo Burne, de Aten capital, comenzó comentando el punto en el cual se encuentra la descomunal huelga docente, que ese día había tenido un nuevo pico con la masiva movilización de 15 mil docentes a la Casa de Gobierno. Burne desarrolló el planteo de la necesidad de pelear por un Congreso de bases de la CTA neuquina, para colocar en estado de movilización al resto de los estatales de la provincia, que han sido maniatados por la burocracia de ATE-CTA, que cerró un acuerdo salarial y se colocó de lleno en la carrera electoral 2019 y en la interna pejotista. Por su lado, Santiago Baudino explicó la ofensiva anti-jubilatoria que emprende el Ejecutivo municipal de Cambiemos contra la caja previsional de los trabajadores municipales, que pretende aumentarle la edad jubilatoria y los aportes personales. Lo que apunta a armonizar la caja municipal a los parámetros de la ley votada en diciembre en el Congreso Nacional. Reivindicó el proyecto presentado por los municipales, con en el que colaboró activamente el PO-FIT en su elaboración, de blindaje de las jubilaciones. Finalmente, señaló la centralidad de la lucha contra los tarifazos. Alejandro López reivindicó la gestión obrera de las tres fábricas ceramistas de Neuquén y explicó cómo son un blanco de ataque de parte de los distintos gobiernos, especialmente por la simbología que encierran, sea a través del ahogo financiero, como sufre especialmente Zanón, o a través del intento de remate, como sucede ahora con Cerámica Neuquén. López caracterizó, a la luz de las grandes luchas libradas, que la clase obrera argentina no está derrotada. Puso el eje en la necesidad de superar la crisis de dirección del movimiento obrero. Desde ese lugar es que ponderó el avance del Frente de Izquierda como referencia política de los trabajadores. Criticó, a su vez, que la unidad conquistada en el terreno electoral no se traslade a la lucha por recuperar sindicatos, por el triunfo de las luchas en curso y, eventualmente, para la realización de un encuentro de trabajadores. Néstor Pitrola cerró la ronda de intervenciones desarrollando una serie de ejes. En primer lugar, señalando que la ofensiva capitalista que desarrollan Macri y los gobernadores contra las masas se enmarca en una ofensiva de tipo continental. En segundo lugar, desarrolló el fracaso del plan económico del propio gobierno, que se sostiene gracias al apoyo unánime de la clase capitalista por la ofensiva a fondo que lleva contra los trabajadores. En tercer lugar, coincidió con López en caracterizar que no existe una derrota histórica de los trabajadores, aunque existan conflictos derrotados, y que con convocatorias unificadoras del movimiento obrero, la masa sale a la calle, como lo demostró el 18D, el 8M, el 24M, y otros. En cuarto lugar, Pitrola llamó a desnudar el planteo de la unidad opositora con ajustadores hacia el 2019, que se opone a desarrollar las luchas en curso para concentrarse en la acumulación de fuerzas de cara al proceso electoral. Defendió, en contraposición a ese planteo, la unidad de la clase obrera para enfrentar y derrotar hoy el ajuste en curso. Finalmente, recogió la crítica de López, en torno de los límites que ha mostrado el FIT para jugar un papel más activo en la lucha de clases. Convocó a la realización de un Congreso de sindicatos clasistas y combativos, que tome iniciativas de lucha, y en ese camino congresos de tipo regionales. Desde el público, intervino la compañera Norma Dardik, dirigente del PO Río Negro, que dio un pantallazo de la situación del movimiento obrero rionegrino, y la compañera Patricia Jure, concejala del PO-FIT, que convocó a todos los asistentes a tomar con fuerza, en cada gremio, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Los docentes neuquinos llevan 23 días de paro en lo que va del año y desde el 9 de abril desarrollan una huelga ininterrumpida en defensa sus salarios, fuertemente castigado por el proceso inflacionario y los tarifazos. En febrero, el gobierno provincial del MPN les propuso a los trabajadores estatales de Neuquén extender por solo un trimestre el acuerdo salarial firmado el año pasado, que estableció una actualización trimestral de los salarios en función de la evolución del IPC. Mientras la burocracia de ATE firmó sin chistar la oferta del gobierno, las asambleas del gremio docente (Aten) las han rechazado. Los docentes neuquinos reclaman que se garantice la actualización trimestral hasta fin de año, para poder preservar el poder adquisitivo de sus salarios en el marco de la disparada inflacionaria y, al mismo tiempo, reclaman un plus salarial que ayude a recuperar lo perdido en los últimos años. El plan de lucha de la docencia tomó la forma de una verdadera huelga a partir de las asambleas del 11 de abril. La pretensión del gobierno de doblegar la lucha aplicando descuentos extorsivos, generó el efecto contrario. El gobierno se topó con una verdadera rebelión docente. Todas las asambleas que tuvieron lugar luego del 11 de abril prorrogaron la huelga estableciendo, en los hechos, una huelga por tiempo indeterminado. Los paros fueron acompañados por ocupaciones del Consejo Provincial de Educación y bloqueos a la Casa de Gobierno. El martes 24, la seccional de Aten Cutral Có-Plaza Huincul, se movilizó al acto realizado en esa localidad, que contó con la presencia del gobernador, quién huyó del palco sin poder pronunciar su discurso. Del mismo modo que la gigantesca movilización del viernes 20, en la que participaron 15 mil docentes, las masivas asambleas realizadas el miércoles 25 muestran la vitalidad de la rebelión de los docentes neuquinos ante la intransigencia del gobierno. En estas últimas asambleas se votó por unanimidad la continuidad de la medida hasta el 4 de mayo. Varias asambleas superaron la moción de la conducción provincial de restringir las acciones al bloqueo de la Casa de Gobierno. En Capital, Plottier, Zapala y Cutral Có-Plaza Huincul, donde dirige la oposición Multicolor, se impuso la moción de acciones sobre las rutas. A su vez, varias asambleas han votado la convocatoria a un acto el 1º de mayo con importantes consignas como “Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores”, “Abajo las reformas antiobreras y antieducativas”, “Por el aborto legal, seguro y gratuito” y “Unidad internacional de los trabajadores. Fuera los yanquis de América Latina. Abajo las guerras imperialistas”. Una propuesta impulsada desde Tribuna Docente. En el marco de esta extraordinaria huelga, es necesario destacar el papel carnero, tanto de Ctera como de la CTA local. La oposición Multicolor le entregó una nota a la directiva provincial de Aten, dirigida a la Junta Ejecutiva de Ctera -que integra Marcelo Guagliardo, el secretario general de Aten- exigiéndole el apoyo a la huelga y un plan de lucha. La CTA neuquina, por su lado, se ha mantenido completamente al margen de la huelga docente. Bloquea los conflictos y huelgas en aras de colocar a la central como furgón de cola de las trenzas electorales del PJ para las elecciones de 2019, impulsando como gobernador a Bertoldi, el represor de los municipales de Centenario y el diputado pejotista más tributario del MPN en la legislatura provincial. Tribuna Docente y Tribuna Estatal han emitido una declaración reclamando un Congreso de Bases de la CTA Neuquén, con delegados electos y con mandato, votados en cada repartición de trabajo, y exigiendo un paro general inmediato y un plan de lucha de la Central, en contraposición a la orientación liquidacionista de la burocracia sindical. El Partido Obrero y sus agrupaciones se juegan a fondo por el triunfo de esta lucha, aportando al fondo de huelga, como lo hizo Tribuna Docente y la concejala del PO Patricia Jure, y con su participación activa y militante en cada una de las medidas de lucha. Norberto E. Calducci, vocal por la minoría en la Comisión Directiva Provincial de Aten

En un aula llena de la Falcultad de Filosofía y Letras nos encontramos compañeras de todo el área metropolitana para compartir las experiencias de un mes y medio de intensa campaña por parte del PdT y la UJS en los lugares de estudio por el derecho al aborto. La apertura estuvo a cargo de Romina Del Plá, quien como diputada del PO-FIT es una de las cuatro principales firmantes del proyecto de ley. Romina denunció las barbaridades dichas por los disertantes pro-aborto clandestino que desfilaron en las audiencias del Congreso. Por otro lado, destacó el inmenso proceso de politización que hoy en día atraviesa a la clase obrera en torno a este debate nacional. Durante el plenario, las estudiantes que intervinieron describieron el profundo proceso de movilización que atraviesa a la juventud por los derechos de la mujer y, especialmente, por el aborto legal. Compañeras de Capital y de la provincia de Buenos Aires se pusieron a la cabeza de realizar una consulta estudiantil que ya conquistó más de 20 mil votos a favor del aborto legal, con resultados como en UNGS y el CBC de San Isidro que alcanzaron el 97% a favor. Un verdadero pronunciamiento que fue acompañado por masivos pañuelazos, paneles de debate, festivales y murales. Las compañeras más aplaudidas fueron las secundarias, representadas por Tati, del Colegio Nacional Buenos Aires, quien afirmó que las pibas “vamos a luchar hasta el final por el aborto legal y por educación sexual laica y científica y por eso nos atacan”. La ola verde alcanza el carácter de verdaderas revueltas estudiantiles en los colegios confesionales. Victoria, de Almirante Brown, indicó que: “En zona sur esta semana más de 30 colegios privados y religiosos se autoconvocaron por las redes en un viernes verde y cientos de estudiantes lograron meter el reclamo en las escuelas, aun a pesar de las autoridades”. Agregó luego: “hubo lugares donde las monjas nos tiraron los pañuelos a la basura. Pero lejos de frustrarnos, organizamos una coordinadora de estudiantes por el derecho al aborto legal”. Agenda El cierre fue realizado por Vanina Biasi, referente nacional del PdT, quien destacó el carácter de vanguardia de la juventud en esta lucha, que la coloca en un rol fundamental por una transformación social de fondo contra toda opresión. A su vez, indicó que el protagonismo actual del movimiento de mujeres en nuestro país hace más necesario que nunca una lucha que ponga como eje la separación de la Iglesia del Estado y por una organización independiente y anti-clerical de las mujeres. Ya que el clericalismo es quien domina ideológica y políticamente en los barrios a través de las iglesias católica y evangelista, ofreciendo un mecanismo de contención social indispensable para los punteros del PJ y demás partidos patronales que le son tributarios. En los ámbitos universitarios, tanto públicos como privados, que forman al sector profesional, continúa dictándose contenidos que imparten camarillas misóginas y reaccionarias en sus cátedras contra el aborto legal y demás derechos de las mujeres. El plenario resolvió una agenda de iniciativas para las próximas semanas, empezando por una campaña intensa por la separación de la Iglesia y el Estado y por una reglamentación de la educación sexual laica y científica, a partir de un folleto sobre este proyecto elaborado por nuestra banca legislativa de la Ciudad y la salida de un boletín del PdT para secundarios. También la realización de reuniones abiertas del PDT en todos los lugares de estudio y barrios para realizar 200 pintadas callejeras por el aborto legal y extender la realización de la consulta estudiantil a más colegios. Impulsaremos una nueva asamblea de mujeres y disidencias del movimiento estudiantil el 4 de mayo, que resuelva una jornada de lucha con pañuelazos y cortes de calle y un gran festival el 23 de mayo en el Congreso por el aborto legal. Por último, participaremos del Congreso de la UJS en Rosario el 11 y 12 de mayo, el cual contará con una comisión de Mujer y finalizará con un pañuelazo en el Monumento a la Bandera.

El paro docente del 25 de abril en la provincia de Buenos Aires superó el 80% de acatamiento y reflejó, de este modo, la bronca enorme que hay en la base docente frente a los ataques de Macri y los gobernadores. El paro fue especialmente importante en los Suteba multicolores. Mientras en el primer trimestre la inflación alcanzó el 7 por ciento -y los precios mayoristas el alarmante 11,8%-, la gobernadora María Eugenia Vidal ofreció un aumento del 10 por ciento en tres cómodas cuotas y sin cláusula gatillo para el primer semestre. Además, la gobernadora reiteró el presentismo de 3.000 pesos que se pierde con una simple ausencia y eliminó la suma (en negro y por única vez) de material didáctico y del plus por capacitación. Esta oferta obligó a la burocracia del Frente de Unidad Docente (Suteba, FEB, Udocba, Amet y Sadop) a impulsar el paro, aunque concebido como una medida aislada. En la misma jornada del paro se realizó una movilización a la Casa de la provincia de Buenos Aires en la Capital Federal, a la que la Multicolor y los Suteba recuperados aportaron la mitad de la concurrencia (el PTS, que desarrolló una actividad solitaria por la mañana en busca de repercusión mediática, se ausentó de la columna de la Multicolor). Los Suteba multicolores marcharon con una bandera de arrastre que decía “plan de lucha y plenario provincial de delegados”, una orientación para darle continuidad a lo que la burocracia divide y frena. La dirección del FUD -de una mayoría pejotista abrumadora- viene de seis reuniones maltratada por el gobierno, pero cumpliendo con el reclamo de Vidal de continuar las negociaciones con los chicos en el aula. Por eso, la Multicolor debe abrir un canal para que se exprese la bronca que anida en la base docente y que la burocracia impide que se exprese en una lucha callejera y en un plan de acción con paros progresivos hasta quebrar la política de Vidal. En ese sentido, los Suteba recuperados realizaron una reunión plenaria al culminar la marcha, que votó promover la realización de un plenario provincial de delegados con mandato para el 10 de mayo. Para ese mismo día, una marcha a la gobernación con paro de 24 horas como mínimo, retomando la continuidad de un proceso de lucha que la burocracia pretende colgar detrás de una incierta Marcha Federal que tiene por único objeto cerrar el año. El camino es el recorrido por la docencia neuquina. Allí, asambleas masivas, en la cuarta semana de huelga ininterrumpida, votaron el miércoles la continuidad de la medida hasta el próximo 4 de mayo. Los trabajadores de la educación protagonizaron el pasado día 20 una movilización de 15 mil trabajadores que culminó con un acto multitudinario frente a la Casa de Gobierno. El martes, a su vez, una columna de Aten de la seccional de Cutral-Có/Plaza Huincul se movilizó al acto oficial por el aniversario de fundación de esta última localidad, lo que obligó al gobernador Omar Gutiérrez a retirarse sin poder pronunciar ningún discurso. Vamos por un salario básico nacional de 17.000 pesos, 25 por ciento de aumento en todas las categorías, la defensa del estatuto y el fin del ajuste antieducativo de Vidal, reclamamos a Suteba un plenario de delegados provincial y un plan de lucha con continuidad.

En un marco de paros docentes y luchas crecientes del movimiento estudiantil, del 11 al 13 de mayo sesionará el congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en Rosario. La actual conducción de Franja Morada llega en crisis, golpeada por el repudio generalizado que provocó el aval de la presidenta de la FUA, Josefina Mendoza, a la reforma previsional. El ala que busca sucederla se inscriben la facción “crítica” de la UCR-Cambiemos liderada por Enrique “el Coti” Nosiglia, que la semana pasada “protestó” por los aumentos de tarifas. Los resultados son conocidos: después de tanto humo, en la reunión con Macri los “disidentes” terminaron convalidando los tarifazos mediante el pago en cuotas (con sus correspondientes tasas de interés). En la universidad, ambas facciones de Franja Morada apoyan la “contra-reforma” privatista que impulsan el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Hugo Juri, y el gobierno nacional con el aval de los rectores. En estos días, una asamblea masiva de los estudiantes del Comahue resolvió ocupar la universidad en rechazo a la extorsión de las autoridades que amenazaron con que, de no adecuar las carreras a los nuevos estándares oficiales, los títulos perderían validez nacional. Con este chantaje, el ministro Alejandro Finocchiaro pretende disciplinar a las universidades para que aceleren la modificación de sus trayectos académicos haciéndolos equivalentes a los de las privadas. A 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, la dirección de la FUA embanderada en el “reformismo” milita en el campo de los ataques a la universidad pública -una conquista histórica del movimiento estudiantil y el pueblo argentino. Capitulación frente al PJ Con la excusa de oponerse a este armado, la Cepa y La Mella lanzaron una campaña para formar un frente con la JUP (PJ) y el MNR (PS). Rápidamente, la JUP aceptó el convite, a sabiendas de que la propuesta la embellece: los gobernadores del PJ votaron, junto a Josefina Mendoza, la reforma jubilatoria y el ajuste fiscal. Los rectores peronistas vienen de votar en el CIN a Juri y aprobaron en el Consejo Federal de Educación el conjunto de las contra-reformas macristas. El Congreso de la FUA se realizará en Rosario, donde el PS es gobierno hace décadas al servicio de los pooles sojeros y la superexplotación obrera. En la UBA, el MNR milita en el “espacio reformista” de Emiliano Yacobitti contra la Fuba. La conformación efectiva de este frente está por verse. La disgregación del PJ y el alineamiento de los rectores con el gobierno son factores que le restan impulso. La Cámpora, por el momento, se mantendría al margen para no exhibir su minusvalía. Esta dificultad explica las denuncias cruzadas que semanalmente intercambian los supuestos candidatos a la unidad. Lo curioso es el esfuerzo de la Cepa y La Mella por presentar como una lucha lo que es una capitulación: el pedido de cobijo entre los brazos del PJ. Su voto por Tauber, en La Plata, no fue un paso aislado: expresa una orientación que tiene por eje el carrerismo al interior del régimen burgués. Lucha independiente Mientras se tejen y destejen estos armados, el movimiento estudiantil está protagonizando luchas crecientes a lo largo y ancho del país. La ocupación del Comahue fue votada en una gran asamblea contra la posición de la Cepa y La Mella, que acompañan allí también a los rectores y decanos reformadores. En la Capital, sigue en ascenso la lucha de los terciarios, que esta semana realizaron nuevas vigilias y movilizaciones contra la UniCaba -la vía para la destrucción de los profesorados. En la UBA, se tomó la Facultad de Psicología contra los ataques a la carrera de Musicoterapia, la única que existe en las universidades públicas de todo el país. En paralelo, se suceden los pañuelazos, pronunciamientos y movidas contra los códigos de vestimenta en los colegios secundarios. La lucha de la juventud requiere de una dirección independiente del gobierno y los rectores. Con este propósito, la UJS-Partido Obrero llama a poner en pie un bloque estudiantil independiente en la FUA, que centralice a todas las agrupaciones, centros y federaciones que apuntamos los cañones a derrotar las contra-reformas de Macri y los gobernadores. Para pelear a fondo junto a nuestros docentes por el salario, el boleto educativo y contra todos los ajustes a la universidad pública. Convocamos al Frente de Izquierda y a todas las agrupaciones de izquierda, a Hagamos Lo Imposible, Cauce, Izquierda Revolucionaria, Juventud Guevarista, la 29 de Mayo, Comunismo Revolucionario, El Túnel, Lupas, Inti y a todas aquellas que se reclaman independientes y de lucha a formar una lista común y dar batalla en el próximo Congreso de la FUA.

A una semana de comenzado el “plan de lucha” de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en el Subte, la patronal y el gobierno no dan signos de sentir ni cosquillas. Es que las medidas adoptadas, de apertura de molinetes un día y paros de 5:30 a 7:30 al día siguiente, de una sola línea por vez, no afectan sustancialmente el servicio. Mucho menos si se lo vincula con el calibre del ataque lanzado por patronal y gobierno: no sólo Metrovías dio por cerrada la paritaria, firmando con la UTA de un 15% de aumento en cuotas, sino que se descontará un 1% de todos los sueldos para las arcas de la burocracia de Roberto Fernández. Pero no es todo: en una combinación política evidente, el Ministerio Triaca y la Corte Suprema desconocieron la personería gremial que poseía la AGTSyP, que queda así en manos de la UTA, un gremio que la masa de trabajadores del Subte desconoce. Súmese a ello una ofensiva de sanciones y medidas de flexibilización, y los trascendidos sobre un operativo para liquidar la jornada de 6 horas por insalubridad, vinculado con la nueva licitación del Subte. Semejante ataque amerita, qué duda cabe, una respuesta contundente por parte del sindicato y sus trabajadores y no apenas medidas cosméticas para “hacer que se lucha” sin mover el amperímetro, típicas de las conducciones que revistan en la CTA. Accionar detrás del cual hay una concepción política, que pregona que no es momento de enfrentar con la acción directa a un régimen duro y que se debe colocar la energía en un frente electoral opositor con vistas al año 2019. La Naranja del Subte tiene una posición opuesta, que la dirección gremial se negó a bajar a las asambleas de las líneas. Pasar a un plan de paros crecientes de todo el Subte y movilizaciones con dos reclamos centrales: paritaria de la AGTSyP por 35% de aumento salarial y devolución de la personería gremial arrebatada. Y convocar una asamblea general para votar y salir con fuerza al plan de lucha. Se aprecia un acuerdo con esta propuesta en sectores extendidos del Subte que sienten que se está en presencia de un ataque estratégico del régimen político a los “metrodelegados”. Varias asambleas se han pronunciado por paro total de 6, 12 ó 24 horas. Es importante que los delegados combativos y el activismo se reagrupen para superar las limitaciones de la conducción. La inoperancia de las medidas actuales y la indiferencia patronal van a abrir nuevos capítulos de este conflicto clave para el futuro de los luchadores del Subte.

Frente a la falta de propuesta y hasta de convocatoria a reunión paritaria, y con el reclamo del 25% de aumento, la cláusula gatillo, 17.000 pesos para el cargo testigo (equivalente al maestro simple) y salario para los ad honorem, la Conadu Histórica, nuevamente coincidiendo con la Conadu, volverá a parar el 26 y 27 de abril. De acuerdo con lo decidido nacionalmente, esta vez AGD-UBA y los distintos sindicatos en cada universidad, realizarán en esas jornadas distintas acciones, incluyendo cortes y clases públicas, para reclamar la convocatoria a paritaria y para romper el techo paritario, que pretende imponernos el gobierno nacional. En las primeras jornadas de paro del 10 y 11 de abril, con más del 80% de acatamiento, la docencia universitaria del país respondió al congelamiento en que mantiene el gobierno a nuestros salarios desde octubre de 2017 y a la provocación de convocar a una única reunión paritaria sin ningún ofrecimiento salarial. Esa contundente respuesta en todas las universidades nacionales también expresa el repudio al recorte de 3.000 millones de pesos sobre un ya apretado presupuesto total de 103 mil millones para las universidades nacionales, en una clara medida más de ajuste hacia la educación pública. Siendo que el 90% del presupuesto se destina al pago de salarios, queda en claro que el golpe es a todo lo que implica infraestructura, mantenimiento, becas y cumplimiento de promesas firmadas en otras paritarias y convenios colectivos de docentes y no docentes. Este achique presupuestario en las universidades nacionales debe denunciarse en el marco de toda una política de avance en la mercantilización de la educación superior y como parte de la campaña contra el arancelamiento y el Sistema de Reconocimiento Académico de Educación Superior, que equipara a las universidades privadas con las públicas en las posibilidades de currícula de cada estudiante. Los rectores nada han manifestado respecto a este recorte, demostrando una vez más que son cómplices y actores del ajuste. La semana próxima será una nueva demostración de la organización de los docentes y de la bronca frente al plan de guerra del gobierno nacional que, en el plano de las universidades nacionales, aplican también los rectores. ¡Vamos por otro parazo el 26 y 27!