Prensa Obrera N° 1498

El aumento del gas del 40% en abril se suma a la seguidilla de tarifazos aplicados desde comienzos de año. La luz aumentó un 28% en enero. El transporte va a acumular una suba del 70% hasta agosto. Este golpe al bolsillo se suma a la carestía general, encabezada por los alimentos. El costo de vida ha subido un 7% en el primer trimestre, la mitad de la mentirosa “meta de inflación” del 15% para todo el año 2018, anunciada a comienzos de año. El gobierno, que se declara “preocupado” por la inflación, es el responsable directo de esta escalada. Ha asegurado que se le pague a los monopolios petroleros un precio del gas que triplica el valor internacional. También resolvió que los combustibles se coticen a valor dólar, y que el valor de las naftas siga al precio internacional del petróleo. Ello, a pesar que el trabajo de extraer y producir combustibles se paga en pesos. Hoy, los trabajadores argentinos están destinando uno de cada cinco pesos de sus ingresos al pago de servicios públicos. A pesar de esa enorme transferencia de riqueza social, la producción petrolera ha caído, y la de gas, en la mayoría de sus cuencas, también. Lo mismo puede decirse de las distribuidoras de energía, que siguen asolando a la población con cortes de luz. Los gobernadores de todos los signos han seguido esta línea de tarifazos, a la que se asocian con los impuestos provinciales confiscatorios que le imponen a las boletas de servicios públicos. El repudio al tarifazo ha “despertado” a algunos aliados del gobierno, que quieren despegarse de este mazazo. Piden que se revisen las boletas “mal calculadas”. Pero no cuestionan el corazón de este régimen expoliador, que debutó con aumentos del 400 y 500% en 2016 y luego dolarizó las tarifas. Lo mismo puede decirse del kirchnerismo, que plantea retrotraer los tarifazos “a 2017” -o sea, dejando pasar los grandes aumentos anteriores. El Partido Obrero plantea: los tarifazos deben retrotraerse integralmente. Hay que abrir los costos y libros de las privatizadas y contratistas a la consideración popular, para que se conozcan sus verdaderos números y el gran desfalco contra el pueblo. El reconocimiento de ese saqueo debe dar lugar a la nacionalización integral de estos servicios, bajo control de sus trabajadores. Las centrales obreras, al igual que lo hacen con el salario o los despidos, miran para otro lado. Es necesario integrar este reclamo al de toda la agenda de la clase trabajadora, en la lucha por un Congreso de bases de todos los sindicatos, para resolver un plan de lucha hasta derrotar la escalada oficial contra el salario y por el derecho al trabajo.

Los socios del macrismo “están cabreros”. La Coalición Cívica y la UCR vienen inundando con quejas los medios de comunicación, que se muestran solícitos en ampliar las críticas. Ahora mismo la han emprendido contra los aumentos de tarifas en ‘ingrata’ compañía con el peronismo, ladero del gobierno y el kirchnerismo. En esto hay mucho más que disputas faccionales ‘por arriba’. La inflación, sólo un síntoma En diciembre pasado, una conferencia de prensa convocada de apuro por parte del gobierno puso de manifiesto el agotamiento del planteo económico del oficialismo. La modificación de la llamada “meta de inflación” suscitó una corrida hacia el mercado de cambios y una devaluación del 20% del peso. La crisis dejó también al desnudo una disputa al interior del gabinete entre el secretario de Industria, Fernando Grasso, y el presidente (aún sin designación legislativa) del Banco Central, Federico Sturzenegger. Desde el exterior, el Financial Times advirtió que un corte de la ‘bicicleta financiera’ armada por el Central podía causar un encarecimiento de la deuda externa de Argentina y, en consecuencia, un principio de cesación de pagos. El ‘recalibramiento’ de fin de 2017 ha pasado a mejor vida. La nueva ‘meta de inflación’, de un 15% anual, ha quedado superada ampliamente en un solo trimestre. El aumento desbocado de los precios no obedece, sin embargo, al aumento de las tarifas de los servicios, que en principio deberían tener un efecto contrario, deflacionario, pues amputan o confiscan los ingresos de los consumidores y, por lo tanto, la demanda. El gobierno ha financiado esta suba de precios por medio de deuda externa y la consiguiente emisión de moneda que genera, que ha alcanzado el 30% anual y financia el crédito al consumo, así como parte del gasto y de la obra pública. Con ese método ha salvado de un derrumbe de beneficios a la gran industria, que ha trasladado los mayores costos de los servicios a los precios. Claro que lo ha logrado hasta cierto punto porque, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, “crecieron los pedidos de empresas para activar el procedimiento (preventivo) de crisis” (La Nación, 15/4). Algunas patronales han ido incluso más allá, reclamando el retorno de las Repro -o sea el pago de los salarios por parte del Estado. La crisis del consumo (y la competencia del comercio electrónico y del ‘chino’) ha alcanzado al pulpo francés Carrefour, que explota a 15 mil trabajadores aunque, según algunos, afectaría al conjunto del supermercadismo, que obviamente no está dispuesto a resignar superganancias. La inflación horada a la ‘niña bonita’ del macrismo, los créditos UVA. El recurso de alargar los plazos de rescate para aliviar la carga a los deudores ha entrado en una crisis potencial enorme, como consecuencia de la venta de esos activos, por parte de los bancos, a fondos financieros que rechazarán esa clase de compensaciones. El propósito de enchufar el muerto al Fondo de la Anses podría quebrar el sistema jubilatorio. Impasse La ‘meta’ del crecimiento vía exportaciones se encuentra mucho más que empantanada -el déficit comercial previsto para 2018 llegará a los 10 mil millones de dólares, el mayor de toda la historia. Ocurre que Estados Unidos ha bloqueado la importación de biodiesel de Argentina y lo mismo prevé la Unión Europea. A cambio de la compra de limones, Trump le ha impuesto la venta de carne de cerdo a la Argentina. Lo más significativo es, por lejos, ¡la importación de soja! por parte del agronegocio nacional, que la compra más barata en el mercado de Chicago, y desde antes en Paraguay. El gobierno choca con la ‘patria sojera’, su base por excelencia, que enfrenta un ‘dumping’ norteamericano después de haber sido acusada de ‘dumping’ por Estados Unidos en el choque por el biodiesel. El ‘vigoroso crecimiento’ del PBI, que el macrismo anuncia para el año corriente, no supera el 2% y con pronóstico en baja. El déficit fiscal de 2018 se estima en casi 40 mil millones de dólares, incluso después del ‘ahorro’ que implican los tarifazos. Para los críticos ‘neo-liberales’ del macrismo, o sea los de su mismo palo, la incapacidad para reducir ese déficit obedece al abrumador endeudamiento externo -el carísimo recurso para financiarlo. No es causado por los mentados ‘gastos sociales’, sino por los negociados de los compinches financieros del gobierno. Este impasse enorme explica la pseudocrisis que protagonizan ‘lilitos’ y radicales. Denuncian que los tarifazos ocultan arreglos, por deudas impagas, con los pulpos de servicios y petroleras. También al elevado componente de impuesto que hay en las tarifas, lo que convierte a los tarifazos en un método sigiloso de confiscación a los contribuyentes. Suponen que una prórroga de las cuotas de aumento aliviarían a los consumidores de una carga onerosa. Los tarifazos son, en realidad, una confiscación económica gigantesca, porque apuntan a lograr la dolarización del precio de los servicios, como ya ocurrió con Menem y De la Rúa. No tienen nada que ver con el costo de producción, que en gran parte se computa en pesos. “No me muevo” La respuesta del oficialismo a esta crisis ha sido reafirmar las famosas “metas de inflación” por un lado, y el cronograma de tarifazos por el otro. Sturzenegger advirtió, incluso, que volvería a aumentar las tasas de interés, aún cuando repite que la baja monetización de la economía argentina convierte a las tasas en inocuas. Sería otra vuelta de tuerca a la política de financiar la economía con mayor deuda externa y la emisión monetaria que tiene como contrapartida. Como Argentina debe pagar este año 30 mil millones de dólares solamente en intereses de la deuda externa, este recurso se estrecha. La Bolsa refleja la insolvencia potencial del país a través de una reducción del volumen que se transa, y que podría anunciar ventas masivas para expatriar el dinero invertido. Este impasse no lleva solamente a un choque de astros en el campo patronal y la economía general. El desborde inflacionario ha quebrado cualquier sombra de pauta del 15% para las paritarias -que es menor porque se paga en cuotas. Ni siquiera ha prosperado un intento de dibujar un porcentaje superior en el convenio metalúrgico. Las huelgas parciales no se han hecho esperar, incluso bajo la loza pesada de la burocracia y de los ‘anti-macristas’ que apuestan al 19. La depresión económica, a su vez, se traduce en cierres y despidos, que llevan a la lucha a un sinnúmero de empresas. La tregua por tiempo indefinido acordada por la burocracia de la CGT comienza a ser horadada desde abajo. La posibilidad del gobierno de salir de esta crisis por medio de un endurecimiento político y un ajuste económico más violento, choca con las condiciones políticas cada vez más negativas que la crisis ha ido desarrollando. En este cuadro de conjunto se ubican las consignas de paro activo nacional y congreso de bases de los sindicatos y la CGT.

En las elecciones municipales de Villa Regina, la lista del FUT-Partido Obrero, que llevó a Norma Dardik como candidata a intendenta, obtuvo el 7,5% de los votos. Se debe ponderar el resultado obtenido por el FUT-PO, si se atiende a que las elecciones fueron sólo al cargo Ejecutivo municipal. El peronismo ganó las elecciones y será el que ocupe la intendencia, al menos durante los próximos 20 meses. El oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro, cayó diez puntos porcentuales con respecto de las elecciones a intendente de 2015. Pagó, en el terreno electoral, el fracaso de su propia gestión, no sólo por haberse visto involucrado en casos de corruptela, sino especialmente por haber profundizado la crisis social que heredó del gobierno peronista que lo antecedió al frente de la intendencia. La UCR-Cambiemos, por su lado, ocupó el tercer lugar. El oficialismo provincial y nacional salieron perdidosos del proceso electoral de Villa Regina. El retorno del FpV-PJ al municipio no significará, de ningún modo, la superación del cuadro de carestía, de precariedad laboral y de crisis habitacional de Villa Regina, pues el peronismo ha sido, él mismo, responsable del crecimiento de esos flagelos. Como ‘opositores’, votando los presupuestos de ajuste; como oficialistas, dando bríos a la especulación inmobiliaria. Campaña y perspectivas El lema de la campaña del FUT-PO fue “Por una Villa Regina de los trabajadores”. Tras esa orientación, desenmascaramos, por un lado, las responsabilidades de los tres partidos patronales en el proceso de desindustrialización de Villa Regina, de crecimiento de la especulación inmobiliaria y de agudización de la precarización laboral. Por otro lado, desarrollamos todo un programa de transformación del municipio bajo la dirección de los trabajadores, partiendo de las reivindicaciones obreras más inmediatas. La campaña fue una campaña militante, a la que se sumaron decenas de vecinos que integran la Asamblea por el Techo Propio. Obreros y obreras rurales, de la fruta, de la construcción, trabajadores estatales y municipales participaron de las recorridas y de los volanteos de la plataforma del FUT-PO. En el curso de la campaña, Norma Dardik cerró dos actos callejeros, con una numerosa concurrencia de compañeros en cada uno de ellos. El resultado del FUT- PO refleja la consolidación de un voto a la izquierda obrera y socialista de Villa Regina, claramente identificada con el apoyo y el impulso de todas las luchas populares contra el ajuste y por los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Representa una importante base en la cual apoyarse, para continuar desarrollando la unidad de los trabajadores y la izquierda, para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores.

A los índices inflacionarios de marzo (2,3%) y del trimestre (6,7%), se suma otro todavía más alarmante: los precios mayoristas del trimestre sumaron 11,8%. Esto significa que en las próximas semanas y meses, irán trasladándose a los minoristas. Por eso la llamada “inflación núcleo”, la que no depende de tarifas, es altísima. Justamente, el significado de la inflación de marzo es especial porque fue un mes sin aumento de tarifas. Todos sabemos, en abril tenemos otro 40% en la luz, los transportes aumentarán hasta junio en un 66% y la liberación de precios de los combustibles ha castigado con un 30% desde el corto lapso de las elecciones hasta ahora. La marcha anual de la inflación es del 27%. Tarifas, combustibles, devaluación, altas tasas de interés, son el combo inflacionario de una política consciente. La inflación es, esencialmente, un mecanismo de confiscación del salario, las jubilaciones y los ingresos de toda la población trabajadora. Otro punto clave del debate de estas paritarias 2018 es la negativa cerrada -y la adaptación de la gran mayoría de la burocracia sindical- a incluir las cláusulas “gatillo” que fueron firmadas el año pasado. Uno de los pilares de la política económica en curso es la depreciación de los salarios reales. Por asambleas en los gremios que firmaron y en los que no En este cuadro, la burocracia sindical está firmando una, atrás de otra, paritarias en cuotas del 12/15%. No sólo los gordos o Gerardo Martínez, incluso el kirchnerista Santa María, firmó el 12%, igual que el Sutecba de los estatales de la Ciudad de Buenos Aires, lo que indica que la entrega del movimiento obrero es “transversal”. Un nuevo ejemplo es Atilra, integrante de la Corriente Federal, donde las patronales ofrecen el 10% y la dirección sindical dice que “hasta el 15% no los para nadie”, en medio de una enorme bronca de los trabajadores de la leche, tanto contra la patronal como contra la política del sindicato. El congreso de la UOM de Mar del Plata, que sesiona mientras escribimos estas líneas, enormemente regimentado, sesionó en un marco de tensión. Se trata, en realidad, del tope del 15% más una cifra compensatoria por la fuerte pérdida del año pasado. Sectores combativos como el de Chubut, con base en Aluar, han llevado el reclamo del 25% más cláusula por zona desfavorable. La UOM Córdoba mocionó paro activo inmediato, pero estas voces fueron manijeadas, la moción no se votó y se aprobó un paro con movilización para el lejano 3 de mayo, donde el único reclamo real es elevar el mínimo a 17.000 pesos (20%), prólogo de una entrega. El único motivo para que semejante robo al salario pase en la industria es el cuadro de parate en innumerables ramas. Esto se vio en el plenario de delegados gráficos, donde la clasista Naranja unificó con la directiva en el reclamo de 24%, aunque no fue aceptada nuestra propuesta de cláusula gatillo. La industria gráfica está funcionando al 51% de capacidad instalada, es decir a media máquina, lo cual es un factor poderoso de retracción entre los compañeros en los talleres. Por el lado de la docencia, ha sido soberbio el paro docente universitario de 48 horas, con alto cumplimiento y reuniendo a las dos Conadu en la medida. Incluso AGD-UBA superó en este caso la tradicional modalidad de clases públicas, con paro total. En Aten, de la docencia neuquina, triunfó la posición del clasismo: el paro de cinco días. Los bancarios han ido al paro de 48 horas con fuerte acatamiento. Un gremio fuerte como éste, ante una banca exultante de ganancias, con trabajadores en ascenso, puede ser la punta de lanza para la ruptura de los techos. Pero el carácter errático de las medidas dispuestas hasta ahora, desconcierta a los trabajadores. Hay condiciones para un plan de lucha progresivo que contribuiría con la fuerte lucha de los trabajadores del Banco Provincia contra la liquidación de su jubilación. Los choferes de la UTA, que pararon por el asesinato del compañero, mezclaron su indignación por el crimen con la bronca por la paritaria de Fernández, que además, acaba de entregar a los trabajadores del subte -que no representa- con un 14% en cuotas y descuento compulsivo del 1% para afiliados y no afiliados. Hay reservas en el movimiento obrero para quebrar el ahogo de la burocracia sindical. Mientras tanto, Barrionuevo y Moyano gastan su tiempo en recomponer a las “62” organizaciones, un sello de nefasta historia en los últimos 45 años. Son sólo maniobras políticas para disimular el colaboracionismo con el ajuste de Macri y los gobernadores, desde posiciones más o menos opositoras. El otro gran frente del movimiento obrero es la nueva ola de despidos en Comercio y otras ramas (Carrefour, Cencosud, Ford, azúcar), además de las cesantías en el Estado, donde las patronales -en complicidad con Triaca- se valen de los recursos de crisis para disminuir indemnizaciones, aplicando por esta vía la reforma laboral que aún no tienen. Exijamos asambleas, en los gremios que no firmaron paritarias y también en los que ya lo hicieron, para reabrirlas. Reforcemos la campaña por el paro activo nacional y el congreso de delegados mandatados por las bases de todos los sindicatos del país. Una acción de conjunto, como en diciembre o el 8M, puede ser decisiva en este cuadro.

El ataque criminal perpetrado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia contra Siria constituye el preludio de un nuevo ciclo de guerras internacionales imperialistas. La intención calculada de evitar una confrontación con Rusia, que controla el espacio aéreo y la mayor parte del territorio sirio, no representa otra cosa que una advertencia de acciones futuras que pueden tener lugar en cualquiera de las zonas en disputa -desde el Medio Oriente a Ucrania y Asia occidental. El bombardeo fue una suerte de ejercicio de la tecnología militar de cada lado, que se manifestó en el derribamiento de decenas de cohetes yanquis por parte de la defensa aérea suministrada por Rusia a Siria. Nuevas guerras En los días previos a este ataque, la prensa destacó un debate en el seno de la administración Trump acerca del alcance que debía tener esta nueva agresión. La decisión que se impuso fue calificada como la más ‘benévola’, pues excluía de los objetivos del ataque a las bases militares de Rusia y a los cuarteles o concentraciones del ejército sirio. El comunicado del Pentágono, firmado por el secretario de Defensa, James Mattis, enfatiza, con todo, sus objetivos políticos: poner fin al régimen de al-Assad en los términos del “proceso de Ginebra, de las Naciones Unidas”, algo muy distante del anunciado retorno de las tropas norteamericanas en Siria, por parte de Trump. Como la alianza ruso-siria ha derrotado a la mayor parte de las milicias apoyadas por el imperialismo yanqui-europeo, esta premisa se convierte en el anuncio de nuevas agresiones y guerras. El Estado sionista se ha adelantado en este menester, con ataques aéreos a las bases de Hezbollah e Irán en territorio sirio y con un incremento de la expulsión de palestinos de lo que queda de sus tierras. Turquía, por su lado, enfrentada a Estados Unidos en el norte de Siria y aliada de circunstancia a Rusia, saludó la represalia del bombardeo, ya que ha apadrinado a la milicia islámica que ha sido desalojada de Guta por los ejércitos de Rusia y Siria. El bombardeo de Siria tiene lugar también cuando el gobierno norteamericano multiplica sus presiones para modificar el acuerdo nuclear firmado con Irán, e incluso anularlo por parte de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y China. El argumento contra los defectos que tendría ese acuerdo, que paraliza por más de una década el desarrollo nuclear de Irán, es un pretexto para dejar el campo libre a las acciones agresivas de Arabia Saudita e Israel contra las luchas nacionales de los pueblos árabes. Varios periodistas especializados han caracterizado que el bombardeo de Siria, por parte del terceto criminal, sería un ultimátum de guerra dirigido a Irán. Ataque económico estratégico Si Putin y su mafia de oligarcas creían que el bombardeo de mutuo consentimiento contra Siria alejaba la perspectiva de una generalización de la guerra, las sanciones económicas adoptadas contra Rusia, por parte de Trump, deben haberle cambiado la opinión. Es que el pretexto del uso de armas químicas no fue utilizado solamente para encubrir el objetivo imperialista del ataque con un manto ‘humanitario’. El gobierno norteamericano dictó sanciones estratégicas contra personeros de Putin y, sobre todo, contra empresas rusas de envergadura internacional, enlazadas en su capital accionario y en acuerdos comerciales con grandes compañías norteamericanas, suizas y británicas. La principal afectada, la empresa de aluminio y paladio Rusal, vio caer su valor bursátil en un 50%, al principio, y luego un 18% más, y la colocó en un defol técnico por la restricción que se le impuso para renovar su enorme deuda externa. Las cotizaciones en la bolsa de Moscú se desplomaron en forma generalizada, creando una crisis enorme de liquidez. Rusal se encuentra asociada al pulpo británico Glencore, que enseguida anunció su retiro de ella. Gran Bretaña excluyó a Rusal del mercado de materias primas metálicas de Londres, provocando un aumento enorme del precio internacional del aluminio, que ha perjudicado a todas las industrias usuarias del mismo. La echó de la Bolsa, a pesar de ser una de las principales cotizantes, sin importar el perjuicio financiero que esto podría ocasionar a la City. La amenaza de quiebra de la compañía obligó al Banco Central de Rusia a crear un fondo de rescate, que carece de la profundidad necesaria para sostenerse en el tiempo. El socavamiento financiero de Rusia forma parte de una estrategia de alcance militar, que no solamente pretende una rendición en los campos en conflicto sino, a término, del conjunto de la estructura social. Todas estas acciones han derribado las cotizaciones de las divisas de Rusia y Turquía, y forzado la intervención del Banco de China. Trump se valió de las consecuencias de sus propias medidas -estas devaluaciones- para denunciar luego una guerra monetaria de parte de Rusia y de China. China La misma operación de bloqueo ha sido aplicada a China. Trump ha desatado una guerra económica en el campo de la tecnología de alta gama contra China. Esto ocurre en vísperas de la reunión prevista con el norcoreano Kim Jong-un, en donde China juega un rol hasta cierto punto decisivo. También, luego que Xi Jinping decidió una mayor apertura del mercado financiero chino al capital internacional, incluida la posibilidad de obtener una posición mayoritaria en bancos chinos. Es así que vetó la compra de Qualcom, un gigante de los superconductores, por parte de una empresa de Singapur, Broadcom, en cuyo capital influye Huawei, la productora de chips más importante de China. Asimismo, junto a Gran Bretaña, ha prohibido los negocios de la compañía de telecomunicaciones, ZTE, en ambos países, alegando motivos de “seguridad nacional”. Es la respuesta del imperialismo yanqui al “Programa Made in China 2025”, que pretende desarrollar la tecnología de punta, en abierta competencia con Estados Unidos -una ‘línea roja’ que Trump advirtió que China no debería pasar. Estas prohibiciones han desatado, contradictoriamente, reacciones negativas por parte del gran capital internacional, porque inviabilizan el ingreso en el mercado chino -la condición para la lucratividad del negocio. Las exigencias de la guerra han desatado un conflicto de intereses al interior de la burguesía mundial. En este sentido, los planes bélicos plantean, en forma paralela, una crisis de régimen político en las principales potencias imperialistas. La clase obrera Todos estos movimientos del gran capital son ocultados al proletariado mundial por sus propias organizaciones -que, en casi todos los casos, se alinean con los intereses ‘nacionales’ de sus burguesías. Pero es en esta trastienda que se encuentran las motivaciones de la guerra imperialista. El escenario de Siria es un aspecto del escenario mundial. Es imperioso que se desarrolle una clarificación en la clase obrera y la juventud. ¡Abajo el imperialismo y las guerras imperialistas! ¡Por la autonomía nacional de Siria y de todos los Estados del Medio Oriente. Por una Federación de Repúblicas Socialistas! ¡Abajo el Estado sionista, por el derecho al retorno del pueblo palestino!

• Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores. • Apoyo a las luchas contra los despidos y por el salario. • Abajo las reformas previsional y laboral. • Abajo el pacto Macri-CGT. Por un paro activo nacional y un plan de lucha. • Por paritarias sin techo y un aumento salarial y jubilatorio de emergencia. • Por la anulación de los tarifazos. Nacionalización de las privatizadas de la energía y el transporte, bajo control de los trabajadores. • ¡Fuera la burocracia sindical! Fortalecer al sindicalismo combativo y clasista. • Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. • No al pago de la deuda externa. •¡No al avance reaccionario en Brasil! ¡Fuera Temer y la intervención militar en Río! ¡Castigo a los asesinos de Marielle Franco! No a la Justicia patronal y proimperialista, que viola el derecho a la defensa de Lula. • ¡Abajo el embargo imperialista a Venezuela! Por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina. • ¡No la agresión de Trump y el imperialismo al pueblo de Siria! ¡Fuera todas las potencias extranjeras de Siria! ¡Viva la resistencia del pueblo palestino! Apoyo a las luchas de los trabajadores del mundo. Unidad internacional de la clase obrera.

Los consejeros de la mayoría estudiantil de Arquitectura (UJS-Partido Obrero+Agite) rechazaron la elección de Tauber como presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El sábado 14 se realizó la Asamblea Universitaria que consagró, con 260 votos favorables sobre 270 asambleístas, al radical Fernando Tauber como rector de la UNLP por el período 2018-2022. Tauber contó con el apoyo de casi todas las agrupaciones, desde Franja Morada y el radicalismo, hasta las que hoy componen la dirección de la FULP (La Mella, Miles, Cepa, Funap), pasando por las agrupaciones peronistas y kirchneristas. En ese marco, los consejeros que se manifestaron públicamente en contra de la Asamblea Universitaria y de la elección de Tauber, fueron los asambleístas de la UJS-Partido Obrero y de la mayoría estudiantil de Arquitectura. “Somos la voz disidente en esta asamblea, que viene a plantear que esta unidad que quieren consumar hoy entre todas las corrientes políticas que intervienen en la universidad, es una unidad por el ajuste y la aplicación de la reforma universitaria de Macri. El gobierno recortó 3 mil millones del presupuesto universitario, le quiere pagar 15% de aumento a los docentes, lanzó el sistema de reconocimiento académico que equipara las universidades nacionales con las privadas. ¿Qué hizo el Rectorado? Silencio, silencio y silencio”, expresó Martín Caracoche, tercer orador de la Asamblea, quien es militante de la UJS y el Partido Obrero. “Desde la mayoría estudiantil de la Facultad de Arquitectura venimos a rechazar la candidatura del Arquitecto Fernando Tauber”, disparó al comenzar su intervención el asambleísta Lucas Islas, también de la UJS-Partido Obrero. “Lo importante no es la unidad en sí misma, sino que lo importante es que la unidad que se está consumando en esta Asamblea Universitaria tiene un contenido profundamente reaccionario, privatista. Así como es de carácter internacional la crisis capitalista, también tiene un carácter internacional el intento de los bancos y el capital internacional de privatizar la educación. En Argentina esto tiene su expresión en la contra-reforma educativa de Macri y en el Sistema de Reconocimiento Académico, que el rector saliente Perdomo y su vice, Tauber, firmaron de forma inconsulta con el gobierno en nombre de la UNLP”, señaló Islas frente al pleno de la Asamblea Universitaria. Mientras se desarrollaba la Asamblea Universitaria, el Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEAU), realizó un acto de rechazo a Tauber y al carácter antidemocrático de la Asamblea. Allí se expresaron representantes de distintas organizaciones de izquierda de la UNLP, la presidencia de la Fuba, docentes de la Lista Magenta de oposición en Adulp y dirigentes del CEAU, tanto de la UJS-Partido Obrero como del Agite, quienes conforman el frente de conducción “Dale!”.

Los trabajadores de la empresa Carcereny Construcciones, afiliados al Sitraic, iniciaron un conflicto junto a la dirección del sindicato, el 26 de marzo. Unos días antes, un trabajador cayó en un pozo con el martillo neumático que estaba utilizando; la obra en la vía pública se desarrollaba sin elementos de seguridad, sin técnico de seguridad e higiene, con recibos de sueldo mal confeccionados, con trabajadores en negro y sin ropa de trabajo. Hasta aquí, un conflicto más, que el Sitraic enfrenta permanentemente y que rigurosamente ataca con el método de la democracia sindical, de asamblea por obra, siguiendo un procedimiento: denuncia, constatación de conflicto y convocatoria a ambas partes para la resolución del mismo, evitando de este modo que se utilice contra los trabajadores la figura de la ilegalidad del conflicto que, dada la legislación que rige las relaciones laborales en la industria de la construcción, le permite al empresario despedir sin más a los trabajadores, ante la actitud cómplice de la Uocra y los empresarios. El conflicto se politizó Un cúmulo de intereses fueron confluyendo en este conflicto: intervinieron en el mismo la Cámara de la Construcción local, la Cámara de Comercio, el municipio, la Uocra y algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia. El presidente de la Cámara de Comercio apareció en todos los medios periodísticos denunciando al Sitraic como mafioso y, lo que es peor, declarando que la obra estaba tomada, hecho que tenía la intención de judicializar el conflicto. El titular de la empresa se hizo presente en la obra, amenazando a los trabajadores para que se reafiliaran a la Uocra o, de lo contrario, serían despedidos en su totalidad. Tras esta amenaza se presentó un dirigente de Uocra, quien fue repudiado por los trabajadores y debió retirarse. En asamblea, los trabajadores, firmes en su reclamo, efectuaron la denuncia penal por las amenazas anteriormente mencionadas, dejaron muy en claro que no aceptarían la instauración del “miedo” en todas las obras de Bahía Blanca y mantuvieron firme el paro. El 12 de abril, en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, la empresa presentó un escrito donde se negaba a pagar los días caídos, la quincena adeudada y a reincorporar a los tres trabajadores despedidos en el transcurso de la medida; la asamblea de obra decidió la continuidad del paro hasta el viernes 13. Pero la empresa cambió su posición y se cerró el acta con la aceptación de todas las demandas exigidas, quedando sólo la reincorporación de los tres trabajadores como tema a resolver durante la semana entrante. Los trabajadores y el Sitraic ganamos el conflicto -lo que deja una gran enseñanza-, una pelea de fondo con el poder de las cámaras empresariales, la burocracia y el Estado. El conflicto contó con la solidaridad de los compañeros del Sindicato Aceitero, que iban a iniciar la colecta del fondo de huelga y apoyaron incondicionalmente la medida de fuerza. Otras organizaciones sindicales que asumieron igual postura fueron la CTA, el Sindicato de Cadetes, el Suteba (quien permitió hablar de su conflicto al Sitraic en su asamblea general) y también apoyaron los Docentes Universitarios. Los trabajadores de la construcción estamos ya en una etapa de discusión profunda de los pasos a seguir frente a la precarización, el trabajo no registrado, la tercerización, las muertes evitables, las paritarias a la baja, y esto lo haremos con el conjunto de los trabajadores. La asamblea extraordinaria del Sitraic, con la presencia de otros gremios, nos dio un mandato claro. Trabajar en Bahía Blanca y en todo el país por plenarios con todos los sindicatos en lucha para construir la organización obrera que nos permita avanzar contra la burocracia, con la premisa de terminar con esa lacra, y detener el ataque del gobierno a los salarios y a las condiciones de trabajo, así como la reforma laboral.

Tras el asesinato de Leandro Alcaraz,chofer de la Línea 620 en Virrey del Pino, y luego del paro del lunes, la continuidad de la huelga -desafiando a la conducción de UTA- fue votada en una masiva asamblea de choferes autoconvocados de diversas líneas de La Matanza y de zona Oeste, en el kilómetro 35 de la Ruta 3. Durante el paro del lunes ya se había sobrepasado por completo el accionar de los delegados de la UTA, que pretendían frenar la bronca contenida. Hubo piquetes durante toda la noche en General Paz y J.M. de Rosas (ex Provincias Unidas). En la manifestación que se realizó durante el mediodía en la Municipalidad de La Matanza, los delegados de la burocracia fueron insultados y tuvo que intervenir la policía local para salvarles el pellejo ante la furia de unos 400 trabajadores que reclamaban una entrevista con la intendenta, Verónica Magario. Varios choferes relataron que, en sus líneas, los trabajadores desoyeron el pedido de los delegados de hacer un paro “tranquilo en casa” y se movilizaron al kilómetro 35, donde se llegaron a reunir más de 2.500 choferes pidiendo justicia por Leandro e insultando a la dirección de la UTA por no convocar al paro general. Desde el gremio salieron a cruzar el reclamo aduciendo que era una exigencia “maligna y política”. También hubo cánticos contra el gobierno de Macri y la intendenta de La Matanza. Los choferes dieron una pelea extraordinaria en sus lugares de trabajo y lograron garantizar la medida de fuerza, en primer lugar contra las patronales, que tuvieron que amenazar con suspensiones y despidos, y en segundo lugar, cuerpo a cuerpo, contra los delegados de la burocracia de Roberto Fernández, secretario general de la UTA, que intentaron romper la huelga. Además de la 620, pararon decenas de líneas de la zona. El mismo martes, en el velorio de Leandro, mil choferes lo despidieron en una caravana que recorrió varios kilómetros de la ruta 3 hasta llegar a González Catán. Ritondo y Magario Frente al reclamo de los choferes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la colocación de botones antipánico y de unas 9.000 cámaras en los colectivos. Para implementarlo, Vidal acordó con unos diez empresarios de la Cámara de Transporte las condiciones de una línea de crédito a “tasa blanda”. Cuando estas medidas se anunciaron en la concentración que llevaban adelante los choferes en el kilómetro 35, el repudio fue general. Por otro lado, Ritondo denunció que Magario no ejecutó el dinero enviado por la provincia a través del Fondo de Seguridad en 2016. La intendenta le retrucó en conferencia de prensa que le traspase la policía local y que “vuelva a mandar a la Gendarmería”. Magario pretende reforzar su aparato represivo, metido hasta los tuétanos en la organización del delito en el distrito, y seguir militarizando los barrios con la excusa de “cuidar a los matanceros”. Pero la inseguridad es el subproducto de la descomposición de todo un régimen social, de la criminalización del Estado y de las mafias policiales que organizan el delito, explotando la miseria y la penetración de la droga en los barrios obreros. La lucha de los choferes por medidas de seguridad expresa una bronca generalizada ante la absoluta desprotección que deben padecer cotidianamente durante su jornada laboral. Un planteo para proteger a los trabajadores Desde el Partido Obrero, apoyamos la rebelión de los choferes contra la burocracia y los gobiernos. Planteamos la instalación obligatoria de cabinas de blindaje para los choferes y cámaras en cada colectivo; que se garantice personal de seguridad a cargo de las empresas en los recorridos nocturnos y que se coloque la luminaria adecuada de los recorridos. Para garantizar el cumplimiento y monitoreo de estas medidas, proponemos la creación de un Comité de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL) conformado por delegados choferes electos por sus compañeros y una representación de usuarios con plenas facultades, para que las patronales y los gobiernos, respondan ante ellos. Estos planteos se encuentran desarrollados en un proyecto de ley que la diputada del Partido Obrero-FIT, Romina Del Plá, ha presentado en el Congreso Nacional. La reacción obrera frente al asesinato de Alcaraz forma parte de un proceso de deliberación y de bronca entre las bases del gremio contra su dirección sindical, que viene de firmar una paritaria del 15% en cuotas y está dejando pasar un conjunto de ataques a las condiciones laborales de los choferes. Algunos de los carteles que se vieron en los piquetes y manifestaciones fueron “Fernández traidor, la sangre de un compañero no se negocia” y “Fuera Fernández de la UTA”. A la luz de este proceso se empiezan a manifestar reagrupamientos de choferes antiburocráticos y en algunas líneas se empieza a discutir la destitución de los delegados de la burocracia. Más que nunca necesitamos instancias de deliberación en el sindicato -asambleas, plenarios y congresos de delegados con mandato de las bases- para que los trabajadores discutan colectivamente un programa, impongan un paro activo nacional y desarrollen un plan de lucha, que desenvuelva las tendencias huelguísticas que anidan en el gremio. Por el cumplimiento de las normas de seguridad, por reabrir la paritaria firmada por Fernández y para poner en pie una nueva dirección que derrote la ofensiva capitalista de Macri y sus aliados.

El martes 17 y el miércoles 18 se realizó un paro general bancario, que incluyó una contundente movilización en la primera jornada, a pesar de la falta de impulso por parte de la mayoría de las gremiales para que los compañeros se movilicen y a la falta de las asambleas por sector para llamar a movilizarse. En la manifestación se notó la bronca del conjunto de los trabajadores por la oferta de aumento salarial de la patronal (15% en tres cuotas). Si se cerrara en un 15%, estaríamos por debajo de la pauta inflacionaria de 2018, y el acuerdo implica, además, la reducción del 50% del bono del día del Bancario y no incluye el bono no remunerativo de enero. El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó que no cerrará ningún acuerdo en tres cuotas y sin cláusula gatillo, pero ha esquivado el método para lograrlo: un plan de paros progresivos, que es lo contrario a las medidas desconectadas que se han dado hasta ahora. A su vez, aunque se mencionó el conflicto que apunta a la liquidación de la caja jubilatoria del Banco Provincia, no se lo ha incorporado como punto principal en la paritaria, pese a que se trata de un conflicto emblemático de la avanzada sobre nuestras condiciones de trabajo. Al finalizar el acto, se notificó que el jueves hay una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, de cara a la cual el sindicato debería convocar a una asamblea general del gremio, de modo que los trabajadores discutamos sobre nuestro salario y las medidas de acción necesarias para conseguir el triunfo. Reforcemos la presencia en la calle, vamos por asambleas en cada lugar de trabajo para decidir el destino del conflicto, por un congreso de bases y plan de lucha hasta romper el techo, en defensa de nuestro convenio.

La campaña hacia el Congreso Nacional de la Unión de Juventudes por el Socialismo-Partido Obrero, que tendrá lugar del 11 al 13 de mayo, se inició en el marco de grandes movilizaciones de la juventud. Los estudiantes terciarios de la Capital protagonizaron su mayor movilización de la historia, con asambleas, vigilias y una marcha multitudinaria contra el proyecto macrista de liquidar los 29 profesorados y reemplazarlos por una universidad descalificada. En la provincia de Chubut, miles de estudiantes y docentes se movilizaron contra las restricciones que el gobierno pretende imponer al Transporte Escolar Gratuito (TEG). El contundente paro de 48 horas de los docentes universitarios -con un acatamiento superior al 80%- contó en todo el país con muestras de adhesión estudiantil. En todos los establecimientos educativos se multiplican los pañuelazos y pronunciamientos por el aborto legal, seguro y gratuito, con especial fuerza en los colegios secundarios. La consulta votada por la Fuba, la CEB, la CET y la Funa es un verdadero éxito que se replica en distintos puntos del país. Derrotar a Macri y los gobernadores Todas estas luchas tienen como común denominador el desafío de derrotar la política anti-juventud del gobierno de Macri y los gobiernos provinciales. La gran marcha de terciarios dejó el mandato de ir hasta el final en la lucha contra el vaciamiento de los profesorados, que se inscribe en una orientación general de degradar las carreras de formación docente y sustituirlas por la “formación continua” en posgrados pagos. Es la contraparte de la “Secundaria del Futuro”, con sus maestros precarizados y sus estudiantes haciendo pasantías gratuitas en empresas -el eslabón inicial de la reforma laboral. El golpe al boleto educativo en Chubut, a su vez, acompaña la línea de reducción de subsidios y sus consecuentes tarifazos que los gobiernos están descargando sobre los jóvenes y trabajadores de todo el país. Bajo la mirada cómplice de la mayoría de los rectores, el recorte de 3 mil millones en el presupuesto universitario está paralizando las obras de infraestructura. La disparada de la inflación carcome las ya reducidas partidas para becas y salarios, colocando en crisis paritarias como la de media e inicial, que la burocracia celeste de Ctera daba por cerrada. El aborto y la lucha por educación sexual es otra batalla que requiere desplegar hasta el final las energías de la juventud. Los recientes acercamientos entre Macri y el Vaticano revelan la voluntad de cercenar estas demandas, cuentan para ello con el aval de la oposición pejotista y la burocracia sindical. Del frente “anti-Franja” al frente “con-Franja” El Congreso Nacional de la UJS debatirá cómo poner en pie una dirección consecuente para la juventud, que permita llevar todas estas batallas hasta el final. Coincidirá en Rosario el Congreso de la Federación Universitaria Argentina, completamente ausente de estas luchas y con una presidenta, Josefina Mendoza, de Franja Morada, que votó nada más y nada menos que la reforma previsional. Con declaraciones cruzadas, quienes se pretenden opositores -la JUP, el MNR, Libres del Sur, la Cepa, Patria Grande y el kirchnerismo- sólo han mostrado hasta el presente su incapacidad para formar un frente y disputar la conducción de la FUA. Esta impotencia tiene raíces políticas de fondo: todos ellos acaban de votar, en La Plata, al rector radical Tauber a cambio de algunas prebendas y contratos -por eso los carteles en la Asamblea Universitaria platense rezaban “votan todos morados”. La política de la Cepa y Patria Grande de formar un frente “anti-Franja” se trastocó en frente “con-Franja” cuando apareció sobre la mesa la posibilidad de ocupar un par de secretarías. La capitulación de estas fuerzas frente a la ofensiva oficial es total. En el reciente Congreso de la Coordinadora de Estudiantes de Base (secundarios porteños), el kirchnerismo hizo todo lo posible para eludir un plan de lucha. Su traducción es “esperar a 2019”, como si la educación pública pudiera canjearse por nebulosas especulaciones electorales. El derrumbe continental del chavismo y los gobiernos nacionalistas abrió, para estas agrupaciones, un camino de mayor integración al régimen vigente. Por una lucha a fondo La juventud necesita otra orientación: un plan de lucha, ahora, contra el ajuste y los ataques de Macri y los gobernadores. En estos días, la UJS se volcará a organizar asambleas en colegios, institutos y facultades para desenvolver las enormes reservas del movimiento y conquistar los reclamos planteados. No hay mejor preparación para el futuro que un golpe certero al corazón de la ofensiva oficial. Llamamos a poner en pie un bloque independiente de lucha en la FUA y a pelear por un plan de movilización unificado de toda la docencia y el movimiento estudiantil. En las universidades, a preparar con todo los próximos paros del 26 y 27 de abril. Por el salario, el boleto y el presupuesto; contra las reformas antieducativas y antilaborales; por el derecho al aborto legal y a la educación sexual laica y científica. A cien años de la Reforma y a 50 del Mayo Francés, el Congreso Nacional de la UJS hará de la bandera de la unidad obrero-estudiantil una estrategia política para el presente. Fortalezcamos la organización socialista de la juventud para una lucha sin ataduras.

“Vengo a hablar en nombre de las mujeres pobres, trabajadoras, desocupadas de los barrios y villas que estamos a favor de la despenalización del aborto”, sentenció de entrada Eva Gutiérrez, referente del Polo Obrero y trabajadora precarizada del programa Argentina Trabaja, en su intervención del 17 de abril en el debate del Congreso. En la jornada volvió a haber intervenciones en favor y en contra de la despenalización. La actriz Muriel Santa Ana hizo una encendida defensa del derecho al aborto. En las puertas del Congreso, mientras tanto, había una movilización de organizaciones de mujeres, entre las que estuvo el Plenario de Trabajadoras. Gutiérrez denunció las condiciones de miseria que condenan a miles de mujeres pobres al aborto clandestino y la criminalización que sufren, y destacó las décadas de lucha de las mujeres por la legalización de la práctica. Basta de hipocresía “Basta de hipocresía -marcó Gutiérrez-, las mujeres no vamos alegremente a abortar; fuimos condenadas [a ello] por el Estado”, responsable de las condiciones de opresión que llevan a la práctica del aborto clandestino: más del 50% de mujeres con salarios por debajo de los 12.000 pesos, un plan Argentina Trabaja en 4.800, una asignación por hijo “en poquito más de 1.000 pesos por cada uno; eso no alcanza para alimentar a ningún niño”. “Somos condenadas desde el momento que nos niegan el derecho a la vivienda, y vivimos hacinadas con nuestros hijos. Somos condenadas a abortar porque no tenemos derecho a la salud, porque se nos niega la educación para nuestros hijos, se nos niega la posibilidad de acceder a los anticonceptivos gratuitos”, remarcó Gutiérrez, quien retrató que “las niñas, las estudiantes, me dicen: ‘no tenemos los 200 pesos para compras las pastillas anticonceptivas’ y son las jóvenes las que engrosan el listado de los embarazos no deseados”. Previo a marcar las nefastas consecuencias de la ilegalidad del aborto -entre 50 y 80 mil internaciones anuales por complicaciones derivadas, amputaciones, pérdidas de útero y de ovarios “cuando no perdemos la vida”-, la militante denunció la hipocresía de los responsables de esta situación: “Después nos criminalizan, nos dicen asesinas. ¡No tienen derecho!”. 30 años de lucha Gutiérrez señaló que “desde hace más de 30 años que venimos tratando de que este tema se trate en el recinto. Somos las que logramos que acá se trate este debate. Millones de mujeres marchamos el 8M por este reclamo. Millones de jóvenes reclaman la educación sexual, científica, laica; queremos desembarazarnos de esa pata que nos mantiene oprimidas y quieren que nos resignemos”. “Hablo como mujer que lucha por terminar con la pobreza, que se organiza en los barrios, que lucha por el salario, como miles de mujeres que salen a luchar porque las despiden, por un trabajo que se nos niega a millones de argentinas, por guarderías. Hay que darle la espalda a la Iglesia y acá se tiene que aprobar el derecho al aborto legal.” Y concluyó contundente: “Queremos el aborto legal, queremos anticonceptivos. Basta de llamarnos asesinas, basta de hablar en nuestro nombre. Queremos el derecho de tener una familia. Queremos dejar de ser pobres. Les pido para mis hijas, por las hijas y las nietas, las miles de mujeres que reclaman el derecho a la vida, a tener una sexualidad plena, sancionen la ley del aborto legal, seguro y gratuito en el hospital”.

Con más del 80% de acatamiento, la docencia universitaria del país respondió al congelamiento en que el gobierno mantiene a nuestros salarios desde octubre 2017. La actitud del gobierno llegó a la provocación de convocar, hasta ahora, a una ola reunión paritaria donde no presentó ningún ofrecimiento salarial. La contundente respuesta en todas las universidades nacionales también expresa el repudio al recorte de 3.000 millones de pesos sobre un ya apretado presupuesto total de 103 mil millones para las universidades nacionales, en una clara medida de ajuste hacia la educación pública. Siendo que el 90% del presupuesto se destina al pago de salarios, queda en claro que el golpe es a todo lo que implica infraestructura, mantenimiento, becas y de cumplimiento de promesas firmadas en otras paritarias y convenios colectivos de docentes y no docentes. Este achique presupuestario en las universidades nacionales debe denunciarse en el marco de toda una política de avance en la mercantilización de la educación superior y como parte de la campaña de arancelamiento y un Sistema de Reconocimiento Académico de Educación Superior que equipara a las universidades privadas con las públicas en las posibilidades de currícula de cada estudiante. Este paro, convocado por la Conadu Histórica, en coincidencia con la Conadu, coincidió con una semana de intensos actos y movilizaciones de distintos sectores del movimiento obrero en lucha. Tanto la dirección de Conaduh como toda AGD-UBA, participaron de distintas actividades de la carpa levantada por la CTA Autónoma junto a los trabajadores del Inti, los mineros de Río Turbio, ATE y el Posadas, y de la marcha y acto del miércoles 11. También AGD-UBA estuvo presente durante toda la jornada del primer día de debate en el Congreso de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y fuimos parte de la audiencia pública convocada por diputados; entre ellos, Romina Del Plá. El paro en la UBA Con índices de entre el 80 y 100% en los colegios y facultades, el paro fue el más importante desde 2016 y su éxito es también parte de los importantes niveles de movilización que tuvo el sindicato en las jornadas de diciembre, el 24 de Marzo y el 8M. Las 48 horas, en muchas de las unidades académicas, estuvieron precedidas por reuniones en distintos horarios con los docentes y debates en las salas de profesores que fortalecieron el nivel de participación. Para lograr este nivel de acatamiento, en la UBA no sólo tuvimos que enfrentar las presiones de las gestiones que codirigen la universidad y cada consejo directivo, sino también y sobre todo, al gremio Feduba (K), la organización de base de Conadu en la UBA. Mientras en la conferencia de prensa realizada por Conadu Histórica y Conadu, dirigentes de esta última alardeaban con “aulas vacías”, Feduba pugnó por modificar la modalidad de medida resuelta para esta oportunidad convocando a clases públicas en Sociales y Exactas. En Sociales, y a pesar de haber intentado acordar previamente entre ambos sindicatos, fue donde más se expresó este debate. Justamente, en la facultad más combativa, que se ubica siempre a la cabeza de las luchas, el gremio K puso más ahínco en llevar a los docentes a una forma de paro distinta a la del resto del país. Un planteo muy negativo, pero acorde a disolver las luchas para llevarnos a la conclusión de la importancia de “votar bien en 2019”. La disputa quedó saldada. El paro sin asistencia en Sociales fue del 99%. Sigue el paro Frente a la falta de propuesta y hasta de convocatoria a reunión paritaria, con el reclamo del 25% de aumento, la cláusula gatillo, 17.000 pesos para el cargo testigo (equivalente al maestro simple) y salario para los ad honorem, la Conadu Histórica, nuevamente coincidiendo con la Conadu, volverá a parar el 26 y 27 de abril. AGD-UBA, como los distintos sindicatos en cada universidad, realizaremos en esas jornadas distintas acciones para instalar nuestro reclamo y romper el techo paritario que pretende imponernos el gobierno nacional.

Esta semana estarán listas las ofertas del concurso para las concesiones viales que el gobierno entregará bajo el sistema de Participación Pública y Privada (PPP). Este esquema que se aplicará por primera vez en la historia del país fue apoyado por el massismo y los bloques parlamentarios del PJ, incluida una parte del Frente por la Victoria. Mientras en los regímenes tradicionales el Estado aporta a medida que la obra avanza, en el esquema llamado PPP, el privado pone el dinero para realizar la obra. Y el gobierno decide qué herramienta financiera utiliza para devolver ese desembolso en una determinada cantidad de años. Como ya lo advierten diversos analistas, el adelanto privado estará cargado con intereses muy elevados. El argumento oficial es que el país no tiene los recursos suficientes y que si no acepta esta opción, la obra no podría realizarse. Lo que se omite decir es que el país ya ha tenido un endeudamiento récord, no para obras de infraestructura sino para financiar la bicicleta financiera, la fuga de capitales y el gasto corriente, parte del cual ha sido utilizado para el pago parasitario de la propia deuda y subsidios al capital. El Estado se compromete a pagarle a los privados en una cantidad de años. En el caso de las rutas, el repago saldrá de un fondo que se nutre con un porcentaje de la venta de combustibles -o sea, asociado al tarifazo en estos últimos. Por otra parte, el repago contempla la entrega de la concesión durante un lapso de tiempo, cuyos adjudicatarios embolsarán los peajes que, para asegurar el pago de la deuda a privados, también estarán dolarizados. Además, los adjudicatarios reclaman recortar el personal y una flexibilización de sus condiciones de trabajo como condición previa a asumir la concesión de los servicios viales. El sindicato que nuclea a los trabajadores anticipó medidas de fuerza en caso de que se pretendan implementar estos cambios. Habrá que ver qué otras cláusulas leoninas se incorporarán en estos contratos. Por lo pronto, y en busca de hacer más atractivas las condiciones para los inversores, el Ejecutivo dispuso que estén exentos de pagar IVA y Ganancias, y ante cualquier controversia podrán concurrir a “tribunales arbitrales extranjeros”. Pero en nombre de que la obra es financiada por privados, la deuda no se incorpora a los registros oficiales. Por esta vía, el gobierno disimula las verdaderas dimensiones de la deuda. Estamos ante una grosera adulteración de las cuentas públicas. El macrismo no tiene nada que envidiarle a sus antecesores kirchneristas. Esta operatoria leonina no es, sin embargo, ninguna panacea para la realización de las obras de infraestructura. Macri apela tardíamente a un sistema que está fracasando en las metrópolis capitalistas. Es lo que se constata con la quiebra de la contratista inglesa Carillion (40 mil empleados y miles de subcontratistas) y el riesgo que pende sobre su competidora, la contratista Capite, las empresas líderes de este esquema en Gran Bretaña. Una situación similar se verifica en España. La crisis del sistema de inversión público-privado ha replanteado la cuestión de la nacionalización de los servicios y la obra pública, aunque bajo la forma de un nuevo rescate al capital. El aumento de la tasa de interés ha terminado por hundir a estas empresas, expuestas a un gran nivel de endeudamiento que se sostenía a partir del financiamiento barato. Los consorcios interesados reclaman garantías para participar de la adjudicación. Pero no actúan con la misma vara para las seguridades que ellos deben ofrecer respecto de la ejecución. “El consorcio que gane deberá aportar el 10% del costo de la obra, en una suerte de capitalización del consorcio y, con ese dinero, iniciará la obra. Luego, tiene hasta fin de año para cerrar el financiamiento” (La Nación, 14/4). O sea que la operación está “abierta” en lo que se refiere a su financiamiento, y habrá que ver si el adjudicatario consigue los fondos y a qué costo. Estamos ante una operatoria con final incierto, y con más razón, si acelera una suba de la tasa de interés internacional. Llamamos a oponernos a este nuevo mecanismo de saqueo e hipotecamiento de los recursos del país. Planteamos crear un fondo nacional especial sobre la base de un impuesto extraordinario al gran capital junto a la nacionalización de la banca, para centralizar el ahorro nacional en pos de un plan de desarrollo industrial integral y de obras públicas e infraestructura dirigido por los trabajadores. LEER MÁS: Participación público privada: el espejo donde mirarse