Prensa Obrera N° 1495

Con un 74% de los votos, el candidato ‘independiente’ Vladimir Putin, consiguió otra reelección que le ofrece la oportunidad de gobernar hasta 2024. Lo viene haciendo desde el año 2000, aunque al principio rotaba entre la posición de primer ministro con los presidentes Yeltsin y Medvedev, y luego sin máscaras interpuestas. En esta ocasión dejó de lado la lista tradicional, Rusia Unida, probablemente, dicen algunos, por la reputación en caída del lema. Algunos cables de noticias informan que la participación electoral superó la de los últimos comicios, con un 65% del padrón; otros dicen lo contrario, que se redujo al 60 por ciento. La tasa de participación importa, porque revela el grado de abstención del electorado, tanto antes como ahora. Putin podría haber cosechado, al fin de cuentas, el voto del 44% del padrón. Si se descuentan los numerosos casos de fraude que fueron expuestos, el bonaparte ruso tendría un apoyo electoral bien por debajo de la mitad de los ciudadanos. El diseño electoral tuvo un tufillo chavista. Putin era el exponente del nacionalismo frente a una oposición a la que se denunció “liberal”. A la hora del cierre de listas expuso su naturaleza madurista, porque excluyó de las elecciones a los candidatos “liberales” con mayor ascendiente: Alexei Navalny, el hombre con mayor reconocimiento de esa ala, llamó a boicotear los comicios. “La alternativa Putin” Digamos que Putin reivindica su condición de alternativa a cualquier ‘restauración conservadora’. Como defensor del ‘autoritarismo’ frente a la ‘república’, extorsiona al electorado desde el ‘campo nacional y popular’. La semejanza no es, sin embargo, igualdad: Putin ha hecho carrera política reprimiendo en forma feroz a las nacionalidades que quedaron en las fronteras rusas luego del desmantelamiento de la URSS, e incluso que se encuentran afuera. Añádase a eso que el choque con el Reino Unido, en los últimos días, por el asesinato de un agente doble de los servicios de ambos países, arrimó un áurea mayor de nacionalismo para quien fuera agente de la KGB en los años de la “guerra fría”. El lugar especial de Putin en las últimas décadas de Rusia es el de haber liderado la operación política de los Servicios de Seguridad para evitar la desintegración nacional del país, como se perfilaba en los primeros años de la restauración capitalista. Algunos trotskistas esperaban que esa función hubiera sido ejercida por esos Servicios para evitar la desintegración de la URSS. Fue una de las tantas ilusiones que se manifestaron durante el período de la degeneración burocrática de Rusia. Lo que ocurrió, en definitiva, fue un operativo despótico de contenido restauracionista, que puso a los Servicios como árbitros disciplinarios de las luchas sangrientas entre mafias y oligarquías por el acaparamiento de la propiedad estatal de la época soviética. No fue un operativo ‘constitucional’ o ‘pacífico’, sino, hasta cierto punto, una guerra civil en la cúspide, ni parcial ni relativamente ‘progresivo’, porque se limitó a sustituir el latrocinio anárquico por un latrocinio ordenado. El régimen putinista representa, en forma más o menos directa, a la oligarquía confiscadora de Rusia. El asunto del asesinato del doble espía, en días recientes, puso de manifiesto, una vez más, las fortunas enormes que la oligarquía rusa ha lavado en la city de Londres -que, por eso, ha sido re-etiquetada como ‘Londongrado’. La ‘guerra patria’ de Putin En estos mismos días, la empresa de energía, EN+, ha realizado una oferta inicial de acciones en la Bolsa británica. Ni las medidas administrativas ni el aumento abusivo de las tasas de interés han podido detener la fuga de capitales de la oligarquía rusa. En el plano internacional, la función del nuevo régimen se manifestó en Ucrania, cuando la Otan impuso allí un régimen proimperialista, a pesar de las reiteradas promesas efectuadas, desde la presidencia de Bush padre, acerca de que Ucrania pertenecía a la ‘zona de influencia’ de Rusia. Putin respondió con la ocupación relámpago de la península de Crimea y con el sostenimiento condicional de la resistencia del este ucraniano. Esta operación elevó en forma considerable el bonapartismo nacionalista de Putin. En septiembre de 2015 se produjo una réplica en Siria, cuando Rusia envió parte de su flota y la aviación para controlar el espacio aéreo de Siria y reforzar el apoyo de Irán y Hezbollah al régimen de Bashar al-Assad. La presión política de estos acontecimientos sobre la población rusa ha sido enorme -para algunos, incluso, una reedición de la “guerra patria” que enfrentó al nazismo. Una oposición política socialista y revolucionaria a un régimen de estas características necesita plantar raíces muy sólidas -en primer lugar con una claridad de teoría, estrategia y programa. Más allá de la extensión de su territorio y de la importancia de su arsenal militar, Rusia es una potencia muy menor en la economía mundial. Es, por sobre todo, exportadora de gas y de petróleo, e incapaz de financiar los gasoductos que proyectan esas exportaciones a Alemania, por el oeste, y China, por el sureste. La reforma laboral y la guerra Las elecciones del pasado domingo 18 transcurrieron cuando los precios de esas materias primas estaban 25% por encima del pozo en que habían caído en 2014. En 2015 sufrió una recesión enorme, de la que empezó a emerger en 2017. La cotización del rublo y el nivel de vida de las masas cayeron en forma brutal; el salario medio oscila en los 300/400 dólares. La presión que ejerce la salida de dinero y de capital ha dado lugar a una política de tasas de interés elevadas y a un freno en el gasto social. Rusia atraviesa una crisis brutal de inversión, que aumentó un 130% desde las ruinas del desplome de 1998, mientras el producto bruto lo hizo en alrededor del 330 por ciento. La especulación financiera, y aún más la inmobiliaria, se han llevado el escaso ahorro nacional. Rusia crece al 1,5/2% anual, cuando debería hacerlo al 6% para empezar a salir del atraso. Por este motivo, la consigna de la oligarquía es: “Capitulemos ante la Otan para que nos levanten las sanciones económicas; reducción del gasto militar y de las operaciones militares en el exterior; política liberal y seguridad jurídica para atraer capital extranjero; ajuste fiscal y mayor flexibilización laboral”. Putin, ‘inspirado’ por su colega Trump, ha anunciado que “estudia” una fuerte rebaja impositiva en Ganancias, con el propósito de incentivar la repatriación de capital ruso de los paraísos fiscales. El Sberbank, el mayor banco de Rusia, acaba de informar que la salida de capitales representa la amenaza más importante para la continuidad del sistema bancario de Moscú. La guerra criminal que Rusia desarrolla en Siria no tiene futuro -Putin busca una salida. Lo demuestran las reuniones que hospedó en las ciudades de Sochi y Astrana, para organizar el reparto de Siria entre las potencias contendientes. El resultado es que ha cedido parte del norte de Siria a Turquía, a cambio de la reconquista de la ciudad de Guta, en las vecindades de Damasco y otra parte de la misma frontera a Estados Unidos. Israel se ha adueñado de partes del sur, por medio de milicias sirias pro-sionistas. La intervención de Putin representa un costo insoportable para Rusia; los precios del gas y del petróleo vuelven a retroceder. Después del pasado domingo, las agencias de noticias se verán frente a la tarea de hablar mucho más sobre lo que pasa adentro de Rusia.

La lista de represores que el Servicio Penitenciario de Macri y Patricia Bullrich enviaría a sus casas está encabezada por uno de los más feroces y reputados genocidas: Alfredo Astiz. La salida de la cárcel del 'ángel de la muerte' y de tantos otros nada tiene de 'humanitaria'. Es una clara señal política: las mismas Fuerzas Armadas que ejecutaron el genocidio videliano quieren ser hoy reinsertadas en la represión interior. Sería la coronación de un largo objetivo que también persiguió el gobierno anterior, con la ley antiterrorista y el nombramiento de un represor -Milani- al frente del Ejército. La doctrina de esta 'reinserción' es la que dicta todos los días la ministra de Seguridad, cuando elogia a la policía del gatillo fácil y la cacería a mansalva. Para demostrarlo, están los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El objetivo de este reforzamiento represivo es claro: apuntalar la política de tarifazos, despidos y despojo al salario, allí donde otra complicidad -la de la burocracia sindical- no resulta suficiente. Los motivos para que ganemos las calles este 24 de Marzo son más que claros. Y para que lo hagamos denunciando al gobierno y a sus cómplices políticos -los gobernadores- marchando junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. EL PARTIDO OBRERO CONCENTRA DESDE LAS 14 HORAS EN AVENIDA DE MAYO Y SAENZ PEÑA.

El atentado contra el ex espía ruso Skripal y su hija en Londres desató una crisis política de carácter internacional. La autoría del episodio permanece confusa. Las víctimas fueron envenenadas por un tóxico de uso militar que, según Londres, es de origen soviético Las acusaciones, sin embargo, han disparado no pocas dudas. Hay dos elementos que llamaron la atención en la conducta británica. Por un lado, omitió las disposiciones de la Convención sobre Armas Químicas, que impone que el país acusado debe recibir muestras del tóxico y en un plazo de diez días producir un descargo. Por el otro, sorprendieron las contradicciones en que incurrió el gobierno inglés, afirmando primero que Skripal fue envenenado con un opiáceo sintético más poderoso que la heroína y luego que se trató de un gas nervioso como sarín o Vx para finalmente concluir que era el temible “novichok” soviético. El ex embajador británico Craig Murray aludió a una fuente dentro de su gobierno británico que confirma que “los científicos de Porton Down no son capaces de identificar que el gas nervioso fue producido por Rusia y han cedido a la presión sobre ellos para hacerlo” (SWS, 19/3). Incluso si se aceptase la conclusión del gobierno británico de que se trata de Novichok, esto no prueba que Rusia haya dirigido el ataque. En todos estos puntos se apoyó el líder opositor laborista Jeremy Corbyn cuando interpeló a la primera ministra, Theresa May, en el Parlamento. y puso en duda las evidencias que respaldan las acusaciones del gobierno. Moscú niega cualquier vinculación con este hecho, pero las sospechas sobre su responsabilidad tienen que ver con la existencia de una gran colonia de emigrados en Londres, el centro opositor más activo contra Putin que funciona en el exterior. Dicha colonia alberga a acaudalados empresarios, ex burócratas y miembros de los servicios que fueron expulsados o quedaron desplazados durante el mandato de Putin. Putin ha intentado salvar la restauración capitalista en Rusia, reforzando la injerencia y el arbitraje del Estado entre las mafias y oligarquías, descabezando, si hiciera falta, a algunos de ellos. Quienes sostienen la responsabilidad del Kremlin plantean que se trata de una suerte de advertencia contra la acción de estos núcleos. Hay antecedentes en la materia como el asesinato de otro notorio espía ruso, Alexandr Litvinenko, en Londres en 2006, envenenado con una sustancia radiactiva. El descubrimiento en estos días de que otro desertor ruso, asilado en Londres -Nicolás Glushkov-, fue, en realidad, asesinado reforzaría esa hipótesis. No debe descartarse que haya habido una mano no directamente vinculada con el Estado ruso. Se trataría de sectores que actúan con cierta autonomía respecto del aparato oficial. Sin embargo, como lo han destacado diversos analistas “el incidente de Londres parece un precio demasiado alto para ese propósito” (Clarín, 17/3). Escalada imperialista Más allá de esas especulaciones, lo importante es ver el alcance y las consecuencias políticas que el episodio tiene. El atentado ha sido utilizado para reforzar una escalada del imperialismo mundial contra Rusia. Se anuncian nuevas sanciones contra el régimen que se sumarían a las que ya soporta desde la anexión de Crimea. Los planes de Trump apuntan a una colonización de los ex Estados obreros, llevando hasta el final el proceso de restauración capitalista, hoy inconcluso. El régimen de Putin, al igual que el chino, fue señalado por la nueva doctrina de seguridad norteamericana como “una amenaza” para el destino de Estados Unidos. Gran Bretaña está en la misma sintonía. La Oficina Central de Comunicaciones Generales, una de las principales agencias de inteligencia británicas, informó que se está preparando para una guerra cibernética con Rusia. Esta escalada contra el Kremlin es también un tiro por elevación en lo que se refiere al futuro de Siria y el derrotero más general de Medio Oriente. Luego de la expulsión de Isis, el conflicto se ha intensificado y adquire la forma de una guerra internacional directa. Los últimos acontecimientos en la zona (el asedio y la conquista de Ghouta, así como la incursión del régimen de Erdogan en Siria) hablan de la consolidación de un eje entre Rusia e Irán y, un poco más alejado, de Turquía. Ese desenlace es inaceptable para Washington y sus aliados israelíes y sauditas. El cambio que acaba de imponer Trump en su cancillería, que pasó de Tillerson al ultraconservador Mike Pompeo (al que le seguiría el relevo de otros funcionarios clave del gabinete) iría de la mano de un viraje en la política en la región y apuntaría a voltear el acuerdo nuclear con la potencia persa. Una preocupación importante en Londres y Washington es mantener la unidad de la Otan, poniendo a los países de la Unión Europea (UE) en línea detrás de la campaña antirrusa en curso. El mes pasado, en la Conferencia de Seguridad de Munich, los representantes alemanes y franceses anunciaron un reforzamiento de su potencial bélico para desarrollar una maquinaria militar independiente de Washington. Varias potencias de la UE, incluido París, señalaron su intención de desarrollar lazos económicos con Rusia y reducir las sanciones económicas impuestas a petición de Estados Unidos. Un elemento importante en el manejo por parte de la Otan-Reino Unido del caso Skripal es el intento de minar los esfuerzos de un eje Berlín-París de acercarse a Moscú. Hay quienes destacan, incluso, que el principal destinatario de esta escalada sería, en realidad, la UE, más que el propio régimen ruso, del cual Trump pretendería valerse como punta de lanza contra las metrópolis del continente europeo. El magnate norteamericano acaba de saludar a Putin por su victoria electoral. No debemos obviar, por último, que esta escalada oficia, por un lado, como un instrumento para reforzar la regimentación política, atacar los derechos democráticos y avanzar hacia un Estado policial en los países involucrados y, por el otro, como cortina de humo para amortiguar sus crecientes desequilibrios. Todos los gobiernos involucrados en la campaña en marcha enfrentan severas crisis. Reino Unido está siendo azotado por el cimbronazo post Brexit. El gobierno de Trump viene a los tumbos y está actualmente en medio de una nueva depuración de altos funcionarios. En Alemania, los partidos oficialistas pudieron recién formar un gobierno después de casi seis meses de las elecciones en setiembre. Rusia tampoco es una excepción. Putin, quien acaba de ganar holgadamente las elecciones presidenciales no se ha privado de aprovechar la campaña lanzada contra Rusia para hacer demagogia nacionalista. Pero esa victoria electoral no puede disimular las contradicciones explosivas que enfrenta (ver nota sobre las elecciones rusas). Campaña mundial Denunciamos las guerras del imperialismo norteamericano y europeo, así como los planes de guerra de la Otan, que tienen por objetivo último la hegemonía de la transición capitalista en los ex Estados obreros. Llamamos a emplear todos los medios de lucha contra esta guerra, no en defensa de la restauración capitalista de los Putin o Xi Jing Ping, sino de la revolución socialista y la dictadura del proletariado. La clase obrera sólo puede combatir el peligro creciente de guerra por medio de su propia acción política independiente, en oposición a la burguesía, sus Estados y sus partidos. Alertamos a los trabajadores acerca del uso de la amenaza de la guerra como una extorsión para deponer o ceder en sus reclamos y luchas. Lejos de amortiguar la lucha de clases, es necesario intensificarla. Llamamos a motorizar una gran campaña mundial de los trabajadores contra la guerra, que es inseparable de la lucha por la emancipación nacional y social.

A horas de la primera sesión de este año de la Legislatura bonaerense el Ejecutivo ingresó dos proyectos para su tratamiento en la sesión, vinculados a la anunciada Reforma Judicial. El acuerdo de co-gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal y el PJ, que permitió votar el presupuesto de ajuste y endeudamiento, el zarpazo a las jubilaciones de los empleados del Banco Provincia y preparar los despidos masivos a fines de año con la Ley de Ministerios, alcanzaría en este caso para que se aprueben las prórrogas de Emergencias pedidas por Vidal: la de emergencia administrativa, que permitirá seguir con los despidos, cierres de organismos y precariedad laboral; también la prórroga de la emergencia de infraestructura, que le facilita a Vidal la entrega discrecional de negocios a la patria contratista, por fuera de controles y licitaciones. No han llegado a un acuerdo en esta sesión para el tratamiento de dos proyectos vinculados a la Reforma Judicial: una modificación de la composición del jury para enjuiciar a magistrados y una comisión de “mapeo” de la Justicia bonaerense, encargada de presentar una reforma integral. La modificación del jury tiene por finalidad hacer que quien integre el de enjuiciamiento permanezca en ese cargo hasta que termine un caso abierto. La intención es prorrogar la acción de la actual presidente de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, una afiliada de la UCR que debe rotar en la presidencia el mes próximo. Quieren que sigan interviniendo en procesos como el de destitución del Juez Luis Arias, que en su momento emitió fallos contra los tarifazos y descuentos a los docentes por días de paro (así como, en el gobierno de Scioli, reconoció la cifra total de muertos por la inundación que el gobierno provincial había escondido). Arias fue suspendido y sometido a juicio con los votos de Cambiemos, el PJ y el Frente Renovador. La Corte Suprema ha aceptado en estos días el tratamiento de una demanda de los trabajadores del BaPro contra la ley que recorta las jubilaciones por las que han aportado años. Los cierres de escuelas, de modalidades educativas, de Ferrobaires, han dado lugar a presentaciones diversas. En momentos en que diversos conflictos de la provincia pueden ser dirimidos por la Justicia, el reforzamiento del apriete que supone quitar del medio a los jueces que no respalden la política oficial, es crucial. Los “republicanos” del PRO quieren una Justicia Legítima propia dentro de Poder Judicial bonaerense, replicando los manejos que criticaban del kirchnerismo. El manejo de la Justicia que se quiere aceitar por esta vía también estará al servicio de la represión a los trabajadores para hacer pasar el feroz ajuste y la “doctrina Chocobar”, de vía libre al gatillo fácil y el verdugueo policial a la juventud. El otro proyecto, el de “mapeo”, abre curso a una negociación con el PJ, la Corte, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados sobre las características de una reforma judicial. Los grandes ausentes de la comisión constituida son los trabajadores judiciales, lo cual es lógico, dada la intención expresada varias veces por Macri y Vidal de extender horarios, reducir vacaciones y responsabilizar a los empleados del actual funcionamiento del sistema judicial. Lejos de ser un proyecto inocuo, se abre con esto una gran rosca para preparar más flexibilización, despidos y achiques, en un gremio donde una masa de varios miles trabaja en negro o ad honorem. El Partido Obrero desde la banca del FIT denuncia el carácter reaccionario de la reforma judicial de Vidal y reclama la elección popular y la revocabilidad de los jueces, así como la necesidad de que cualquier modificación en el sistema judicial sea discutida en las asambleas de trabajadores judiciales, terminando con la precariedad y la flexibilidad laboral en los juzgados.

Este 24 de marzo, el Partido Obrero se movilizará a Plaza de Mayo nuevamente con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, reivindicando una tradición de independencia de ese espacio frente a todos los gobiernos desde hace 22 años. Las consignas principales son “A 42 años del golpe, ningún genocida en libertad. 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y sus cómplices”. Este aniversario tendrá lugar en un cuadro de una feroz ofensiva del Estado y del gobierno de Macri para otorgar impunidad definitiva a los genocidas y de un agravamiento de los ataques a las libertades democráticas. Ambos aspectos se unen en una estrategia dirigida a reinsertar a las Fuerzas Armadas en la represión interior. Frente al accionar de las fuerzas represivas, con los emblemáticos crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en la Patagonia; frente a la impunidad del gatillo fácil, reforzado por la nueva “doctrina Chocobar”; frente a la persecución a quienes se movilizaron frente al saqueo jubilatorio, por el desprocesamiento de César Arakaki, Dimas Ponce y Sebastián Romero y la libertad de los detenidos el 14D, este 24 sobran los motivos para salir a ganar las calles nuevamente. La convocatoria del Encuentro fue resultado de un intenso debate político, ya que un sector, encabezado por el PCR y MST, pretendía unificar el acto con el kirchnerismo bajo la fórmula “una plaza, dos documentos”. Esto, que fue rechazado por nosotros desde el primer momento, chocó con la decisión irreductible de los K de imponer un documento unificado, bajo sus condiciones, que acallara todas las denuncias del EMVyJ contra sus gobiernos y contra los gobernadores, partícipes necesarios del ajuste macrista. El ajuste, la impunidad y la represión del gobierno de Macri no hubieran sido viables sin la complicidad de los gobernadores y bloques legislativos de la oposición pejota-kirchnerista, que aplican esas mismas políticas en sus provincias y fueron corresponsables de la sanción de casi cien leyes contra el pueblo trabajador. Este 24 no podemos dejar de denunciar a quienes gobernaron durante doce años con muertos en protestas sociales, el Proyecto X, las leyes antiterroristas y el genocida Milani al frente del Ejército.

Por segunda vez, y en sesión exprés, debatido en comisiones 24 horas antes, un “decreto de necesidad y urgencia” (DNU) de vastas consecuencias, pasa por Diputados. En este caso, bajo la forma de tres leyes. El antecedente fue el robo de 100 mil millones de pesos a los jubilados y el conjunto de la reforma antiprevisional y tributaria, que el gobierno había amenazado con darle forma de DNU después del fracaso de la sesión del 14 de diciembre y luego de una feroz represión a decenas de miles de manifestantes. Otra vez, como el 18D, las leyes pasan con la complicidad del PJ. La novedad es que las leyes no incluyen la autorización de embargo de la totalidad de las cuentas sueldo y tampoco la autorización para que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses opere como actor financiero. Esos objetivos, como la reforma laboral en su conjunto, no están descartados, sino que quedan para más adelante. Tras las jornadas de diciembre, echaron lastre de los aspectos más polémicos de este decretazo que, de alguna manera, da comienzo a la reforma laboral. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la reducción de las sanciones a las empresas por infracciones cometidas en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, se reduce a sólo 30 días la exposición en el registro de infractores, lo que le impide a esas empresas acceder a contratos con el Estado, subsidios y ventajas impositivas. En nombre de una supuesta “desburocratización”, estas leyes despejan el camino para el latrocinio del presupuesto y los recursos públicos a los grupos económicos: la “revolución de los cielos” de las low cost inseguras y precarizadas, la eliminación de controles licitatorios estatales en el régimen de Participación Pública Privada -uno de los grandes negociados de la etapa, hoy trabado por los costos del financiamiento privado internacional-, la habilitación de los camiones bitrenes que reducen choferes destruyendo rutas y agravando el peligro vial, al tiempo que da la vía libre para el cierre de Ferrobaires. La aprobación de estas leyes nacidas del “megaDNU” es un campo de ensayo para reconstruir la coalición parlamentaria con el PJ y a su turno con la CGT colaboracionista en recauchutaje, con vistas a la reforma laboral prevista para fines del primer semestre. Desde luego, el voto positivo lo da el Bloque Federal de los gobernadores, que controla el Senado de Pichetto, y 32 diputados. Pero hay otra complicidad por parte del Frente Renovador y el kirchnerismo: todos se opusieron a convocar a la sesión especial para derogar el megaDNU que propuso Romina Del Plá. Eso hubiera puesto en evidencia al PJ. Macri sigue gobernando con los gobernadores del PJ y con la complicidad activa y pasiva de las distintas alas del peronismo. Nuestra acción parlamentaria e iniciativa política está al servicio de que la clase obrera enfrente en todos los terrenos la ofensiva capitalista, en las fábricas y reparticiones contra los despidos, con el paro activo nacional y el plan de lucha, mediante un congreso de bases de los trabajadores y enfrentando el operativo de “unidad opositora 2019” colocando a la izquierda obrera y socialista como alternativa política.

El diario de Víctor Santa María inventó, lisa y llanamente, que este 24 de Marzo, a diferencia de lo que viene ocurriendo desde 2006, habría “una marcha, dos documentos”, bajo una convocatoria común de los organismos de derechos humanos que fueron cooptados por el kirchnerismo y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reúne a los organismos independientes y gran parte de la izquierda política y sindical (incluido el Partido Obrero). “El rechazo al gobierno de Macri y los beneficios para los genocidas acercó a las dos corrientes de organismos de derechos humanos”, miente el diario kirchnerista en el citado artículo, publicado sin firma. Su objetivo, mal disimulado, es poner en escena un fantasmagórico “frente anti-Macri”, que es rechazado por la mayoría de las organizaciones del EMVyJ. Sin embargo, al interior de éste, el PCR y el MST se opusieron a enviar al diario una rectificación, a pesar de que era la voluntad mayoritaria de los integrantes del Encuentro. Tras fracasar en la tentativa espuria de “reunificar” los actos de ambos espacios, los ex aliados de Biolcatti-De Angelis durante el “conflicto del campo” pretenden medrar en la confusión.

Luego de un 8 de Marzo masivo, el Congreso abrió el debate sobre la metodología con la cual se abordará la discusión en torno del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mientras esto ocurría dentro del recinto, centenares de personas se concentraron otra vez frente al Congreso para reclamar que el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se convierta en ley. El “Pañuelazo” se replicó en numerosas localidades, como Tucumán, Mendoza y La Plata; el día previo, una multitud de mujeres y organizaciones se habían congregado frente a la residencia presidencial de Olivos por el mismo reclamo. La reunión plenaria de las cuatro comisiones por las que pasarán los proyectos relativos al tema de la legalización abordó la metodología del debate. A propuesta del oficialismo, cada uno de los 257 diputados podrá presentar cuatro expositores. Romina Del Plá, diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, fijó posición sobre la necesidad de establecer una metodología que garantice el curso del debate y la consecuente aprobación del aborto legal. “Estamos debatiendo cómo conquistar un derecho, no sólo cómo instrumentar un debate”, señaló la diputada, quien saludó que no se hayan escuchado los lamentos de la diputada Elisa Carrió, que presentó una carta para que el Congreso postergue el debate por acercarse la Semana Santa, demostrando que su republicanismo termina allí donde gobierna la Iglesia católica. Del Plá señaló la necesidad de atender lo discutido en la reunión de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, para evitar la extensión desmedida de intervenciones que, de acuerdo con la metodología presentada por el PRO, implica que hablen mil expositores. También reclamó que no se permita el uso de imágenes tergiversadoras respecto del debate en cuestión, metodología corriente usada por los sectores clericales. La dirigente docente y diputada planteó la necesidad de que en el debate debe escucharse a la mayoría popular que se ha pronunciado por el aborto legal en las encuestas y en las calles y, por sobre todo, a las mujeres que han sido y son víctimas del actual marco legal represivo. “Luego de tantas luchas y movilizaciones, el verdadero ‘debate amplio’ que aquí se propone, será el que atienda la voz de todas las personas que no han sido escuchadas por la imposición de la Iglesia católica y sus intereses particulares. Aquí se deben escuchar a los familiares de Ana María Acevedo, que murió en Santa Fe porque le denegaron el tratamiento contra el cáncer por estar embarazada, a Belén, que estuvo dos años presa injustamente en Tucumán, a todas las mujeres que han sufrido la clandestinidad del aborto”. La diputada del Frente de Izquierda concluyó proponiendo una banca simbólica para la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, organización que viene impulsando el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que mayor cantidad de firmas ha recogido. Distintos diputados presentes tomaron la palabra: Natalia González, del PTS, destacó el valor de la movilización popular, mientras que Araceli Ferreyra, del bloque de Peronismo Para la Victoria, planteó la incompatibilidad que supondría que en el Congreso avancen proyectos antagónicos a la legalización del aborto, como sucedería si se aprobara la ley de “libertad religiosa” que impulsa el PRO, que entre otra cosas, amplía la objeción de conciencia a todos los cultos y a todas las instancias de la vida civil. Actualmente, este instrumento reaccionario es utilizado como un ariete para bloquear el acceso a los abortos legales en nuestro país. El Plenario de Trabajadoras presentó a los medios una infografía que muestra el estado de situación respecto de las posiciones de cada uno de los integrantes de las comisiones que deben tratar el proyecto de legalización del aborto. Las comisiones fueron conformadas por el PRO con posterioridad a que los 71 diputados firmaran el proyecto de IVE, dejando fuera a diputados impulsores de la legalización, como sucede con Romina del Plá. La lucha por conquistar el aborto legal debe ser permanente y creciente en organización, conciencia y masividad, para desarmar las múltiples presiones del clero, que se irán incrementando con el correr de los días. Impulsemos el debate en las escuelas, sindicatos y en todos los barrios, llamemos a la movilización popular para terminar con la violencia contra las mujeres que supone la clandestinidad del aborto.

La asamblea de trabajadores del Inti votó el último lunes diversas medidas de lucha para toda la semana. La asamblea se desarrolló sobre la comprensión colectiva de una negativa reunión con las autoridades, y de un repudio generalizado a la colocación de vallas y del ingreso de la empresa privada de seguridad Murata -favorecida con millones de pesos en los distritos PRO y aportista de la campaña de Macri. Con los despedidos adentro del instituto y participando de la asamblea, se destacó que las autoridades -mientras piden “gestos” a los trabajadores- utilizaron la suspensión de las medidas de lucha para avanzar con un cuadro represivo dentro y fuera del Inti. En la última reunión, no sólo no sostuvieron la propuesta que habían presentado -de manera informal- a la junta interna, sino que quieren seguir reduciendo aún más el reingreso de despedidos, y además, han afirmado que no devolverán las sumas descontadas de los salarios. Los métodos del presidente Ibáñez, y de sus asesores Zlatanoff y Luna, son los de los barrabravas. No respetan ningún tipo de acuerdo, incluso con propuestas elaboradas por ellos mismos, que tienen enormes limitaciones para los trabajadores. La informalidad en las propuestas y la ausencia del respeto por lo planteado por ellos mismos, son una constante a la que nos hemos enfrentado en un conflicto que lleva 56 días y persigue un objetivo central: llevar al Inti a un desguace para explotar sus áreas más rentables y tercerizar las restantes. Una semana de lucha Durante el lunes y martes siguieron las asambleas en cada sector. Las autoridades volvieron a convocar a una reunión para el martes y a último momento la pasaron para el miércoles. Ese día, una asamblea general resolvió por unanimidad medidas que profundizan el plan de lucha y que fueron votadas en cada sector: nueva asamblea para este jueves para analizar la propuesta patronal, ruidazo a dos meses de lucha contra los despidos el lunes 26, conferencia de prensa y caravana al Ministerio de Producción, recorrida en los sectores más importantes para garantizar las medidas de lucha. Todo esto con los despedidos adentro. El viernes se hará un siluetazo, que consiste en una recorrida por los sectores donde se instala la silueta que conmemora a los desaparecidos de la Ciencia y de la Técnica, reivindicando especialmente a los dos desaparecidos del Inti. Esta es una actividad preparatoria para el 24 de Marzo, donde convocamos desde la Agrupación Naranja a participar de la marcha convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. ATE Nacional: vergonzoso levantamiento La dirección nacional del sindicato cambió a último momento el lugar del plenario de delegados metropolitanos (se iba a realizar en Inti este jueves 22 por decisión del Consejo Directivo Nacional). En repudio a esta decisión, la asamblea resolvió exigir que se respete la determinación inicial. También se votó movilizar al plenario si finalmente el CDN insiste en hacerlo fuera del Inti. Los trabajadores están haciendo un balance integral de lo que podrían hacer los sindicatos y de cómo están jugando efectivamente. A pesar de alardear combatividad, aportan a la política de desgaste del gobierno. Por eso, la asamblea votó que ATE haga un aporte significativo para los salarios descontados e incluso conformar una comisión para ir a la seccional capital y al CDN a exigir que el sindicato contribuya económicamente para sostener la lucha, a pesar de las sumas millonarias que ingresan al sindicato desde los afiliados. Al cierre de esta nota, avanza el ingreso efectivo de los delegados despedidos que cuentan con un fallo favorable sobre la presentación cautelar acerca de la tutela sindical. Esta es una primera victoria de la enorme lucha que desarrollamos, en el camino de reincorporación del conjunto de los despedidos. Mantendremos las medidas de fuerza con esa perspectiva.

Según algunos medios, la celebrada reducción de un 0,4% en la tasa de desocupación le ha dado fuerza al gobierno para volver a la carga con la reforma laboral. Si esto es así, el macrismo se da manija con un fraude: es que el ‘empleo’ que ha crecido es el de los cuentapropistas y ‘no registrados’. El gobierno festeja, en definitiva, a los desocupados que engrosan la lista de planes sociales (y que cobran como monotributistas) o a aquellos que, por haber sido despedidos, viven de changas y también deben facturar como ‘autónomos’. Pero las razones reales del gobierno para retomar el plan flexibilizador son otras. En primer lugar, es una promesa a los popes de la Unión Industrial, después de la reunión con Macri. En medio de una impasse económica manifiesta, de la irrupción de importaciones y de la quiebra del financiamiento internacional barato, el gobierno sólo puede ofrecerle a las patronales industriales la promesa de un ataque frontal a las conquistas históricas de la clase obrera. En una semana signada por la visita de los emisarios de las potencias imperialistas, el representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) abrió las jornadas del G20 con el mismo reclamo, a saber, que se aceleren las reformas antiobreras y privatizadoras como condición para considerar el ingreso de Argentina a esta organización. Pero la razón más importante para el retorno de la reforma laboral viene del otro lado -o sea, de la situación de la clase obrera y sus organizaciones. Las enormes movilizaciones de diciembre habían obligado al gobierno a cajonear provisoriamente el plan flexibilizador, por temor a una reacción obrera aún superior a la despertada por el saqueo jubilatorio. Pero por esas mismas razones -la hostilidad visceral a la acción de los trabajadores-, la burocracia sindical reforzó todavía más su colaboración con el gobierno. Después de la implosión del ‘triunvirato cegetista’ -como consecuencia de las jornadas de diciembre-, la CGT comenzó una reunificación que reposa sobre dos pilares: de un lado, el ninguneo a las luchas contra los despidos que han sacudido a los trabajadores desde comienzos de año. Del otro, la firma acelerada de paritarias a la baja -Comercio, municipales porteños, Aguas- admitiendo aumentos del 12 al 15% cuando, al compás de los tarifazos y de la devaluación, la inflación de 2018 promete volver a acercarse al 25%. En esta lista de acuerdos ruinosos figuran notorios sindicatos pejotakirchneristas, como el de los encargados porteños (Santa María) y el de los aceiteros de San Lorenzo. A esta CGT ‘reunificada’ están confluyendo Caló, el “Barba” Gutiérrez y el bancario Palazzo, después de haber coqueteado con Moyano. El camionero, por su parte, dilapidó la movilización del 21F invocando la principal excusa en boga para no luchar contra el plan de guerra oficial: “votar bien en 2019”. Pero el supuesto beneficiario de este mensaje, el pejotismo, es el que lleva esa misma escalada antiobrera en numerosas provincias del interior. La burocracia sindical, empeñada en cerrar la ‘herida’ de diciembre, es la que le ha dado al gobierno el aliento necesario para volver a la carga con la reforma laboral. La fiesta de todos Haciendo uso de un recurso remanido (y que debutó con la dictadura de Videla), el gobierno piensa darle tratamiento parlamentario al paquete de leyes antilaborales en el curso del Mundial. En la fila de las reformas, se anotan el blanqueo laboral -un verdadero indulto a los capitalistas evasores-; el plan de capacitaciones -que permitirá el empleo de jóvenes en condiciones laborales y salariales inferiores- y la llamada “Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas”. El diario La Nación recabó la opinión del burócrata de un importante gremio industrial y no dejó lugar a dudas: “Estamos tan de acuerdo con el blanqueo, las capacitaciones y la agencia médica que si es necesario levantamos las dos manos en el Congreso” (20/3). La “agencia médica” es un sistema de recorte de las prestaciones de mayor costo o complejidad y le ha sido reclamada por los burócratas al gobierno. Quieren encubrir el vaciamiento que perpetraron sobre las obras sociales que dirigen a costa de los afiliados y de sus necesidades de salud. Pero esto sólo sería el comienzo: si esa primera tanda de reformas prospera, el gobierno irá por el abaratamiento de las indemnizaciones, otra de las exigencias estratégicas de la patronal. En definitiva, el mayor objetivo de los supuestos “creadores de empleo” no es otro que el de abaratar el costo del despido. Unos y otros La decisión oficial de volver a la carga con la reforma antilaboral no ha merecido un minuto de preocupación por parte de aquellos que baten el parche de la “gran unidad opositora” con vistas a las elecciones de 2019. La ‘megaunidad’ no ha tenido otro resultado que el de juntar a un conjunto de dirigentes desahuciados en la provincia de otro desahuciado -el clan Rodríguez Saá. Pero, mientras tanto, la consigna de “hay 2019” sirve de excusa para dejar pasar el “ajuste 2018”. Los diputados y senadores pejotistas, todos ellos cortejados por esta ‘gran unidad’, negocian en estas horas cómo hacer pasar el paquete de leyes reaccionarias que el gobierno presentó primero bajo la forma de un mega-DNU. Mal que le pese al gobierno y a sus socios políticos y sindicales, hará falta mucho más que un Mundial para allanar la ruta hacia 2019. Por un lado, el fantástico quebranto con el exterior y las dificultades crecientes para financiarlo, está alentando una fuga de capitales (compra de dólares), que el gobierno financia con el remate de las reservas internacionales. Pero esa sangría de divisas es insostenible en el tiempo: una nueva devaluación agravaría todavía más el peso de los tarifazos, asociados a combustibles que el gobierno ha dolarizado. En previsión de esos futuros sacudones, el gobierno ha reemplazado a las cláusulas gatillo de los acuerdos salariales por difusas “cláusulas de revisión”, que podrían terminar en la nada. Incluso este cheque en blanco, extendido generosamente por las burocracias sindicales, puede terminar siendo un factor de crisis, y alimentar el reclamo de reapertura de las paritarias. Luchas encarnizadas, como la de los despidos en el Inti y en Río Turbio, continúan en pie, mientras la crisis industrial y fiscal hace su trabajo. El cordón industrial de San Lorenzo, por caso, está sacudido por los despidos en Cargill y la incierta situación de la refinería. Pero la demostración más clara de los tiempos en curso es la huelga que paralizó este martes a la provincia de Chubut . Miles de estatales, docentes y trabajadores privados ganaron las calles contra un gobierno que, para continuar pagando su deuda externa, está poniendo en marcha un ajuste feroz. A pocos meses de firmado, el pacto fiscal entre Macri y los gobernadores muestra su verdadera cara, y anticipa un escenario convulsivo para el conjunto del interior. Mientras tanto, el Congreso nacional es el centro de una enorme batalla que, aunque tiene en su primera fila al movimiento de la mujer, involucra a todos los trabajadores: es la pulseada por la victoria del aborto legal, que se bate contra un frente clerical “transversal”, con oficialistas y seudo-opositores. El sindicalismo clasista y la izquierda tienen la tarea de apoyarse en estas tendencias de lucha para pelear por una acción de conjunto de las grandes organizaciones obreras contra la reforma antilaboral. El puñado de burócratas que se unifica para dejar pasar este engendro antiobrero no tiene autoridad ni mandato para decidir por toda la clase obrera. Por un Congreso de bases de la CGT, las CTAs y todos los sindicatos, por asambleas y plenarios de delegados en todos los gremios, para preparar y resolver una lucha a fondo contra la reforma antiobrera, por paritarias libres y para que no pasen los despidos.

El 15 de marzo realizamos una importante audiencia pública en el Congreso contra la fusión de Telecom y Cablevisión. Con más de 20 intervenciones de diputados, trabajadores, especialistas y organizaciones sociales y sindicales debatimos los alcances y consecuencias de esta fusión que se puso en práctica de hecho. La audiencia debatió el proyecto de suspensión de la fusión (puede consultarse en el sitio de la Naranja Telefónica) presentado por la diputada Romina Del Plá, del Partido Obrero - Frente de Izquierda, acompañado con la firma de diputados como Victoria Donda, Mónica Macha, Lucila de Ponti, Silvia Horne y Nicolás del Caño, además de los diputados que participaron de la audiencia: Nathalia González Seligra, Fernanda Raverta, Leopoldo Moreau y Néstor Pitrola, quien reivindicó la defensa de los intereses de la clase trabajadora junto a una causa popular tan profunda. De la audiencia participaron trabajadores telefónicos, activos y jubilados, de decenas de edificios de Telecom, Personal, Movistar, Telefónica, Arsat, trabajadores del Enacom, de Televisión, de la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Pablo Antonini (presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco), Guillermo Goldstein (de la Comisión del Proyecto de Ley de Comunicaciones del PS), Diego Damián Rossi (de la Coalición por una Comunicación Democrática, autores de la ley de Medios), la doctora Liliana Zabala (que ganó el fallo en la Corte Suprema por el pago de los bono de participación adeudado a los telefónicos), Guillermo Robledo firmante del recurso extraordinario de salto (per saltum) ante la Corte Suprema contra la resolución del Enacom, porque "da origen a un monopolio comunicacional sin antecedentes en la historia argentina, con alcance al 85% de la población argentina", Santiago Ibarra (de Antena Negra), quien denunció la persecución a los medios alternativos, Santiago Marino, Pablo Alabarces y Santiago Gándara (doctores de la carrera de Comunicación de la UBA), Pablo Eibuszyc y Carlos Artacho, integrantes de la comisión directiva de Foetra por la oposición, Matías Tomasello, miembro rotativo de la comisión directiva de Foetra, y Belén Díaz, delegada de Personal, entre muchos otros delegados y trabajadores del gremio. En la audiencia se leyeron importantes adhesiones del Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos y Multimedios (Soetym) de Río Negro y Neuquén), del Fretac (Frente Telefónico Azul-Celeste, de Mendoza), de la Agrupación Naranja Telefónica de Córdoba y la Agrupación Alternativa Telefónica de Mar del Plata. Romina Del Plá comenzó denunciando que “el gobierno que nos habla todo el día de libre competencia y habilita el mayor y peor monopolio argentino. El proyecto que presentamos plantea suspender esta fusión y lo acompañamos con otro proyecto que obliga a las empresas a pagar los bonos adeudados a los telefónicos”. El “Proyecto Recalde” (que no incluía el resarcimiento y sometía el pago de los bonos a una decisión del ministro de Trabajo), que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en la última sesión legislativa del gobierno kirchnerista, había perdido estado parlamentario por no tratarse en el Senado, por lo que presentamos nuevamente el “proyecto Pitrola”, que sí incluye los reclamos históricos de los trabajadores y que impulsó el movimiento de lucha por el pago a nivel nacional. Romina Del Plá planteó que tenemos la necesidad de debatir entre usuarios y trabajadores cómo avanzamos en un proceso de nacionalización de las telecomunicaciones para ponerlas al servicio de la población. Por eso propuso y resolvimos en la audiencia formar una comisión de trabajadores y especialistas para elaborar un proyecto de ley de nacionalización de las telecomunicaciones bajo control obrero. Por mi parte, denuncié que este monopolio implica un avance de la reforma laboral en el gremio telefónico y de televisión. Cablevisión compró Nextel hace tres años y se produjeron cientos de despidos, que la dirección del sindicato telefónico no enfrentó. Y ahora con esta fusión se plantea un nuevo escenario de ataque a los trabajadores donde las organizaciones sindicales se niegan a dar una respuesta unificada, mientras la patronal avanza en los lugares de trabajo. Esto cuando está la fuerza y la necesidad de luchar por un convenio único de la actividad y la jornada laboral de 7 horas, que las direcciones sindicales vienen entregando hace años. Como parte de este planteo propusimos en la audiencia -y se acordó- convocar a una movilización todas las organizaciones que participaron de la audiencia a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (B. Mitre y Reconquista), el 5 de abril a las 17 horas. La audiencia abrió un amplio campo de intervención y debate que queremos extender a toda la población, sindicatos y organizaciones para poner en pie un frente de lucha por la suspensión de la megafusión de Telecom y Cablevisión. Por el pago de los bonos. Por la defensa de todos los puestos y condiciones de trabajo y por un convenio único de la actividad. Hay que enfrentar la ofensiva patronal con el objetivo estratégico de la nacionalización/estatización bajo control de los trabajadores de las telecomunicaciones. Pongamos en pie al gremio telefónico.

El compañero Javier Bertolotti se encuentra luchando por su vida luego de sufrir un duro golpe del tambor de una máquina armadora en el sector de radial camión de Fate. Esto sucedió por la falla de dos sistemas de seguridad. A pesar de la incansable lucha de todos los trabajadores y el cuerpo de delegados contra la negligencia patronal y los déficits en seguridad laboral, vuelve a suceder que un trabajador paga caro la explotación capitalista. El Sutna San Fernando rápidamente convocó al paro total de actividades en Fate y la convocatoria a asamblea general para debatir y resolver los pasos a seguir por todos los trabajadores. En respuesta a la homogénea decisión de los trabajadores, la patronal de Fate retiró los micros que llevan a los compañeros a la fábrica y cerró los portones, desarrollando un claro lock-out. La asamblea votó continuar el paro y brindarle todo el apoyo al compañero, a su familia y sus amigos. Resolvió también realizar una nueva asamblea al día siguiente para tener una mayor claridad sobre la evolución de su salud y votar nuevas medidas de lucha, así como un pliego de exigencias a la patronal. La resolución de los trabajadores fue seguir el paro por 48 horas más, la exigencia del levantamiento del lock-out patronal, la renuncia del gerente de radial camión, la paralización y completa investigación de la máquina con presencia de profesionales designados por el sindicato, la exigencia de una licencia paga para el padre del compañero, quien trabaja también en Fate, y la exigencia de un plan de revisión de todas y cada una de las máquinas de la planta con presencia del Sutna y el cuerpo de delegados, es decir bajo control obrero. En este marco se produjeron sucesos que han llamado la atención del conjunto de los trabajadores. Javier Maddanes Quintanilla, CEO del grupo Aluar-Fate se hizo presente en la fábrica intentando personalmente cargar cubiertas del depósito en un camión. En un estado de absoluto desborde, agredió a los compañeros de la seccional. Los principales dirigentes de la seccional y el cuerpo de delegados rechazaron entrar en provocaciones y dejaron al descubierto los propósitos patronales. Este intento desesperado del principal miembro del directorio de uno de los grupos capitalistas más importantes de la Argentina muestra el extremo inhumano al que lleva el lucro capitalista. Como le señalaron frente a frente los compañeros de la Lista Negra, “a vos sólo te importa cargar el camión y no que tenemos un compañero peleando por su vida”. Las patronales y el gobierno quieren llevar adelante la liquidación de los convenios colectivos, aumentar los ritmos de trabajo y liquidar todas las conquistas de la clase obrera. La burocracia sindical de todos los pelajes ha comenzado la entrega de las paritarias y se encamina a dejar pasar todos los ataques a la clase obrera. En sentido inverso, los trabajadores del Neumático y su sindicato llevan adelante duras luchas para torcerle el brazo a las patronales y avanzar en las reivindicaciones más sentidas. Los trabajadores de Fate han colocado sus condiciones para retomar la producción y la patronal ha tenido que aceptar la inmensa mayoría de ellas. Se abre una nueva etapa de lucha para impedir que vuelva a suceder un “accidente” laboral que haga peligrar la vida de un compañero. Toda ofensiva de productividad y flexibilización que agrave los riesgos y la salud de los compañeros será enfrentada en el Sutna con los métodos de clase. El Partido Obrero expresa toda su solidaridad con la familia y los compañeros de Javier Bertolloti ¡Viva la lucha de los trabajadores del Neumático y todas las luchas de la clase obrera contra este régimen de explotación!

Desde principio de año, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, sostiene que la provincia no tiene fondos para pagar la deuda externa y ha comenzado un plan de recortes a decretazo limpio que ataca fundamentalmente a los trabajadores y jubilados: pago escalonado de salarios hasta el día 23; ausencia de aumento paritario; desconocimiento de los convenios colectivos; despidos y no renovaciones de contratos y recortes en horas extras, licencias y otros beneficios en la administración pública. Mientras las calles de las ciudades chubutenses se colmaban de trabajadores, el gobernador se ausentó de la provincia. Fue a reunirse con representantes del Ministerio del Interior para recibir una suma de 983 millones que no será para atender las necesidades del pueblo trabajador movilizado, sino que será destinada a pagar intereses de la deuda externa provincial para refinanciarla. En la calle Desde la mañana temprano, trabajadores de distintos gremios como Atech (educación) y judiciales cortaron la ruta nacional 3 a la altura del ingreso a Trelew, sin impedir la circulaciones a los miles de trabajadores que viajaban rumbo a Rawson, la capital provincial, para concentrarse ante la Casa de Gobierno. En horas del mediodía, cerca de 10 mil trabajadores estatales, docentes, judiciales, de Luz y Fuerza, viales -entre varios otros- se congregaron ahí y entregaron un petitorio con los reclamos pendientes. La idea de instalar una carpa en Rawson no fue apoyada por las bases: en contraposición, el reclamo que se oyó en las asambleas que se improvisaron entre trabajadores de distintas ciudades fue la continuidad con un plan de lucha. En Comodoro Rivadavia se nuclearon dos importantes caravanas que marcharon desde el norte y el sur de la ciudad y que concentraron en la municipalidad. Desde ahí se marchó a la escribanía del gobernador Arcioni, a la obra social provincial Seros y por las calles principales, con la participación de miles de trabajadores docentes, de ATE y la CTA. La jornada estuvo precedida por numerosas asambleas en las escuelas, que abonaron el terreno para una concentración masiva y que en numerosos casos discutieron sobre la necesidad de instalar cortes en la ruta 3. A los trabajadores de la salud de Esquel, que vienen llevando adelante reclamos con retención de servicios contra el vaciamiento del hospital público y por reclamos propios, se sumaron los trabajadores de los hospitales rurales de Río Pico y San Martín. Temprano por la mañana montaron una carpa sanitaria en la plaza de la ciudad donde realizan diversos controles médicos. Luego, se movilizaron en una columna histórica de cuatro cuadras -lo que no se veía hacía mucho tiempo en la ciudad- junto a distintos gremios como docentes, estatales, Sitravich (viales), trabajadores de Corfo (fomento agropecuario), de Agricultura familiar, de Bosques, del Instituto provincial de la Vivienda y de la obra social Seros -que está en una situación crítica por el desfinanciamiento provincial- y una destacadísima participación de estudiantes y de vecinos. En la Comarca Andina se realizó un corte a la altura de El Hoyo con trabajadores de la salud, docentes, Luz y Fuerza, estatales, madereros, trabajadores de Comercio y una importante delegación de estudiantes y vecinos, entre otros. Desde estos sectores se convocaba para hoy (miércoles 21) una concentración y marcha en Lago Puelo. Cómo seguir Hay una deliberación abierta entre los trabajadores de la provincia sobre cómo continuar la lucha. La unión de gremios estatales y organizaciones sociales de Comodoro Rivadavia convocaron una conferencia de prensa para “analizar y debatir” una ley de emergencia impositiva -reforma tributaria- que gravaría a las grandes empresas, pero que no tiene ninguna esperanza de salir viva de la Legislatura. Desviar así la enorme demostración callejera de la clase trabajadora es un camino sin salida. El pueblo chubutense ha demostrado que tiene enormes reservas para luchar, pero los gremios y las centrales sindicales no han convocado a nuevas medidas. Por el contrario, hay que multiplicarlas: es preciso organizar un Congreso de delegados de bases de todos los gremios provinciales para que seamos los trabajadores los que deliberemos y resolvamos un plan de lucha, con paros activos escalonados y cortes por toda la provincia para quebrar el ajuste y reorganizar la economía del Chubut en función de las mayorías laboriosas. Seguí leyendo: Chubut: mucho más que una amenaza de defol