Prensa Obrera N° 1494

El asedio en Gouta, en las cercanías de Damasco, por parte del régimen sirio, y el bombardeo contra el cantón kurdo de Afrin y la invasión territorial subsiguiente, por parte de Erdogan, han abierto una nuevo capítulo de la guerra en Siria. Luego de la expulsión de Isis, lejos de atenuarse el escenario bélico en Medio Oriente, estamos ante un recrudecimiento y extensión de la guerra. Las crónicas coinciden en denunciar una masacre, donde tanto las huestes de Al Asad, secundadas por Rusia, como las de la oposición, fogoneada por Estados Unidos y sus aliados políticos en la región, no vacilan en apelar a los métodos más aberrantes. El exterminio tiene como principal víctima a la población civil indefensa. No se queda atrás el ejército turco, que tiene cercada a la localidad kurda de Afrin, sometida a bombardeos incesantes e indiscriminados y a un bloqueo de suministros básicos. El mismo método aplica Al Assad en Gouta. La guerra en Siria ya se ha cobrado 400.000 muertos. De los 23 millones de habitantes, 4 millones se han visto obligados a emigrar al exterior y otros 11 fueron forzados a desplazarse internamente. Un holocausto comparable, por sus efectos sociales, a lo acontecido en las guerras mundiales. El papel de Turquía La guerra en Siria asume cada vez más un carácter internacional directo. Turquía viene de incursionar en territorio sirio lindero a sus fronteras. Arabia Saudita, y en especial Israel, a su turno, están embarcados en una escalada contra Irán. Esto se potencia como consecuencia de la crisis que se verifica en Estados estratégicos, como Arabia Saudita, afectada por la competencia del combustible no convencional de Estados Unidos. Pero también por el avance del Estado segregacionista de Israel, la escalada sionista sobre Jerusalén y los nuevos asentamientos de colonos en territorio palestino. En paralelo, Trump viene de plantear una ruptura del pacto con Irán y anunciar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Putin y Trump han hecho la vista gorda frente a las incursiones del régimen turco en el territorio sirio lindero a sus fronteras, pasando por alto las garantías ofrecidas al movimiento kurdo. Pero las ambiciones de Turquía van más lejos: apuntan a crear un corredor armado bajo su control en toda la frontera con Siria y extenderlo al norte de Irak. Este plan expansionista de Erdogan plantea, más a la corta que a la larga, una colisión con Estados Unidos y con Rusia. A diferencia de Rusia, que dio luz verde a la ofensiva turca, tanto el régimen sirio como su aliado iraní se opusieron. Esto es así porque, por un lado, la persecución de Turquía a las fuerzas kurdas podría terminar fortaleciendo a otras sectores de la oposición mucho menos dispuestos que los kurdos a negociar con Damasco; y por otro lado, la captura de Afrin podría fortalecer la posición de Turquía en Siria y convertirse en un posible obstáculo para el progreso de Irán en la región. Mientras tanto, los acuerdos para un “cese de hostilidades” en los territorios en disputa han sido rotos, reabriéndose los bombardeos y ataques, tanto del lado de Bashar al Assad y Rusia, como del llamado Ejército Libre, que incluye fuerzas ‘islámicas’, apoyado por Turquía. Estados Unidos ha ratificado su apoyo a las milicias kurdas para formar una fuerza militar en la frontera norte, aunque hay que ver hasta qué punto está dispuesto en llegar a una ruptura con un aliado estratégico de la Otan, como es Turquía. El objetivo norteamericano continúa siendo derrocar al gobierno sirio y quebrar el frente político militar de Irán-Hezbollah-Siria. Israel, entretanto, apaña a milicias bajo su control en la frontera del Golán, con la finalidad última de disputar el control político del Líbano, y se han iniciado enfrentamientos entre el Estado sionista, las tropas de Irán y las milicias de Hezbollah. Putin había pactado con Netanyahu, en 2015, la apertura del espacio aéreo a la aviación israelí. De todos modos, asistimos a una deliberación interna en la burguesía norteamericana sobre los pasos a dar. La línea que prevalece por el momento es la de preservar un acuerdo con Irán. El giro brusco que han sufrido las relaciones con Corea del Norte forma parte de esta crisis interna, pues Trump no tiene el apoyo del establishment militar para iniciar una guerra. En un plano paralelo, estos choques explican la posible destitución de Netanyahu, donde hay círculos de poder y del aparato del Estado sionista que rechazan una aventura militar. Una experiencia aleccionadora El balde agua fría que recibió el movimiento kurdo, a quien Estados Unidos le soltó la mano, es altamente aleccionador para las fuerzas y corrientes que abrazan la causa de la liberación nacional y social. Los movimientos que confían sus aspiraciones a los acuerdos con las potencias en disputa, ya han sufrido varios reveses -no menor ha sido el fracaso del referendo reciente en favor de la independencia del Kurdistán en Irak. Lo mismo ha ocurrido en forma repetida con la causa palestina. La “solución” de los dos Estados en el territorio de Palestina no ha pasado de ser una ficción, llevando la lucha histórica del pueblo palestino a una frustrante encerrona. La guerra en Siria amenaza abarcar desde Asia Central al Mediterráneo. El escenario geográfico de la guerra se extiende: en el Yemen es cada vez más cruenta, mientras se agravan, entre otros, los choques entre las monarquías petroleras de Qatar y Arabia Saudita, debido al pacto de Qatar-Irán para la explotación del mayor yacimiento de gas conocido. Campaña mundial La cuestión de la guerra se ha convertido en apremiante para todos los trabajadores. Es necesario que la clase obrera se involucre en esta batalla estratégica contra el imperialismo. En este cuadro, llamamos a los trabajadores de la Argentina y del mundo a una acción internacional común por el cese de los bombardeos de Estados Unidos y Rusia en Siria; de Estados Unidos y Arabia Saudita contra Yemen, y por el retiro de sus ejércitos; por el retiro completo de Turquía de Siria y de Irak, y el cese de su guerra contra el pueblo kurdo en Turquía; por un socorro humanitario a Siria bajo control de las organizaciones obreras; abajo el régimen de Erdogan, por una Turquía obrera y socialista. Es necesario promover la guerra nacional por la expulsión de todas las potencias en presencia, con la perspectiva de una República Unica de Palestina, incluido el derecho al retorno de la población expulsada del territorio desde 1948 y por una Unión Obrera y Socialista del Medio Oriente. Bajo esta perspectiva, defendemos el derecho a la unidad nacional del Kurdistán.

Foto: Ex presidente Lula y Guilherme Boulos, candidato del PSOL. Versión en portugués La intervención militar en la seguridad pública de Río de Janeiro es posiblemente la manifestación más aguda de la descomposición política por la que atraviesa Brasil. La prótesis gubernamental que remplazó al gobierno de Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, recurre a manotazos de ahogado para contener una crisis que desborda en todos los planos. El despliegue de las fuerzas armadas con el propósito de combatir el narcotráfico amenaza convertir a Brasil en otro México -en un régimen de violación de derechos humanos, que ha dejado un tendal de 200 mil muertos y asesinatos. Otras numerosas ciudades brasileñas enfrentan situaciones aún peores que las de Río. La militarización es funcional al desarrollo electoral de candidatos de derecha que propugnan un régimen político de estado de sitio. En el plano económico, la privatización generalizada de sectores estratégicos, impulsada por las denuncias contra el llamado ‘petrolao’ (cometas de Petrobras) y las coimas de Odebrecht, no han creado ninguna onda nueva de inversiones; al contrario, las calificadoras de riesgo han rebajado la deuda brasileña, que equivale a un ciento por ciento de la producción nacional. Impasse político Este cuadro de conjunto ha creado un acentuado impasse en la gobernabilidad del país. Los escándalos por corrupción continúan afectando a capitalistas y al personal político. Es lo que ha vuelto a ocurrir con los dueños del frigorífico JBS, el principal productor mundial de carne, y con el mismo presidente Temer, a quien han abierto las cuentas bancarias por orden de la Justicia. La proximidad de las elecciones generales, en octubre, no ha servido como válvula de salida a la crisis, sino todo lo contrario. Esto explica que algunos observadores adviertan de la posibilidad de que sean postergadas, para posibilitar un cambio del régimen político hacia el parlamentarismo. La proscripción de Lula, a quien las encuestas dan ganador en las dos vueltas electorales, no sería suficiente para arbitrar un resultado que complazca al oficialismo y a los llamados ‘inversores’. Lula ha sido condenado en dos instancias, con una pena de 12 años y medio, y enfrenta además varios otros juicios por corrupción. Los círculos gobernantes temen una transferencia de votos de Lula hacia Fernando Haddad, ex presidente del PT y ex intendente de la ciudad de São Paulo -el plan B del lulismo. Una victoria de Haddad instalaría un gobierno Dilma Rousseff bis -una salida política, aunque inocua, inaceptable para el poder actual. El PSOL La izquierda de este escenario político, el PSOL, no ha escapado a la crisis, ni tampoco a los métodos golpistas ‘parlamentarios’. El PSOL fue constituido después de que varios parlamentarios del PT fueran expulsados cuando se negaron a votar la reforma previsional, en el primer año del gobierno de Lula, que atacaba derechos de los jubilados del Estado. Ha sido, desde el comienzo, un aparato controlado por políticos liberales de izquierda, donde se cobijó toda la izquierda, en especial la trotskista, que lo defendía políticamente para preservarlo como paraguas electoral y vehículo parlamentario. En las elecciones municipales fue usado también por el MRT (PTS) y hace días fue admitida una escisión del PSTU -el MAIS. Ha abrigado dirigentes de orientación clerical y emigrados tardíos del PT que ejercieron funciones de Estado. En la segunda vuelta de la última elección, en 2014, apoyó la fórmula Rousseff-Temer. Antes de que el segundo se quedara con el sillón de la primera, esa fórmula había acentuado la política de ‘ajuste’ antiobrero y llevado al gabinete a banqueros de la corriente ‘neo-liberal’. Para hacerla corta, el PSOL es una agencia de izquierda del régimen político de Brasil. Hace un par de días, el PSOL sufrió su propio golpe institucional, pero a repetición. Primero, la ‘Fundación’ del PSOL suscribió un acuerdo político con las ‘Fundaciones’ del PDT, PT y otros, cuyo programa señala la necesidad de hacer “crecer” a Brasil, con una serie de propuestas desarrollistas, casi filo macristas. El recurso a las ‘Fundaciones’ no es caprichoso, porque así se evita la consulta a los militantes de los respectivos partidos. El Frente ya ha sido bautizado de ‘Ciudadano’, y se justifica a sí mismo, como ocurre también en Argentina, como un medio para contener la vulneración de la democracia en Brasil. No plantea, sin embargo, ninguna medida concreta de contención, lo cual es coherente, porque el ejército ya fue enviado a Río bajo el gobierno de Lula -así como fueron Lula y el PT, gobernando en alianza con partidos patronales quien reanudo el ataque a los derechos previsionales que habían iniciado sus predecesores. Lo último que le pasaría por la cabeza al Frente Ciudadano sería oponerse al alto mando militar, que ya dio a entender, por medio de militares retirados, que lo tiene en la mira, incluido un veto a la victoria electoral de un candidato del PT. Candidato lulista El segundo episodio golpista vino enseguida, preparado por el anterior. El dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, Guilherme Boulos, un declarado lulista, se afilió al PSOL y fue ungido candidato a Presidente por la mayoría liberal de la dirección, no sin antes recibir un saludo de apoyo político del propio Lula. Enseguida lanzó su propio programa -del mismo corte desarrollista que presentaron las ‘Fundaciones’. La intención de Boulos es convertir al primer turno electoral en unas Paso con el candidato que designe el PT en el lugar de Lula. La maniobra es apoyada por los partidos patronales del Frente Ciudadano, y contaría con la presencia de candidatos del PC do Brasil y de los Verdes. Nada de esto significa que quedarían apartados del emprendimiento otros conocidísimos políticos patronales. Por ejemplo, Ciro Goméz, ex gobernador de Ceará, y Renato Calheiros, del PMDB y promotor del ‘impeachement’ contra Dilma, han acompañado a Lula en sus giras políticas. Es claro que la estructura política brasileña se está reacomodando a puro golpe, pues no soporta el impacto de la crisis y la dislocación política y social de la cual es responsable. El trotskismo del PSOL ha reaccionado a estos dos tortazos seguidos con mucho enojo, pues pretendía que el PSOL fuera a los comicios con otro candidato, Plinio de Arruda Sampaio, un académico de prestigio, que denuncia la corrupción y el entreguismo de los gobiernos de Lula y Dilma, y se presenta como independiente, pero no se inscribe en una corriente organizada, ni tampoco de lucha de clases. El sábado próximo deberá resignar su vocación frente al golpismo compartido de Lula, Boulos y la dirección del PSOL. ¿Qué harán los trotskistas del PSOL, tanto los que se afilian al FIT de Argentina, como aquellos que responden a la Izquierda para el Cambio? Han llegado al final de un largo camino oportunista, enfocado en una construcción política a la sombra de la pequeña burguesía parlamentaria. No tienen espacio ni para retroceder. Lo más probable es que peleen una tajada en las listas para el Congreso y Municipios. No tienen derecho al pataleo, porque han cavado, con especial cuidado, su propia fosa. Conclusiones Las elecciones de octubre están planteadas, por parte del régimen político, como un medio para legitimar, con el voto, el golpe que desplazó a Dilma -una suerte de macrismo ‘post festum’. La incertidumbre acerca de poder alcanzar este propósito anuncia tentativas de nuevos golpes. Ninguna fuerza política de izquierda en Brasil desarrolla esta posibilidad o prevé crisis políticas todavía más severas; va a las elecciones con un cálculo electoral. La crisis en el PSOL está viciada por esta ceguera -nadie advierte a las masas que el régimen político tiene su propio plan B, que es un armado electoral que le asegure la continuidad. Entre lulistas y anti-lulistas hay solamente una pelea electoralista. Tenemos que discutir la situación brasileña y la política de la izquierda, tanto de la democratizante, como de la que se pretende revolucionaria. Los brasileños llaman “efecto Orloff” a la resaca que sufren Brasil o Argentina después que alguno de los dos países hubo entrado, primero, en una crisis política.

La cercanía del 24 de Marzo plantea la necesidad de movilizarnos, de a miles, por el derecho a luchar contra el saqueo jubilatorio, la reforma laboral, la demolición del salario y las reivindicaciones de la mujer trabajadora. Ese derecho está amenazado por un gobierno y un régimen que procesa luchadores, como Ponce y Arakaki. Que ordena el crimen contra los pueblos originarios y quienes los apoyan, como ocurriera con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Que quiere meter al Ejército en la 'seguridad interior', con la venia del Departamento de Estado yanqui, en la línea de la ley antiterrorista sancionada por el kirchnerismo. Pero este 24 debe también marcar a fuego a los seudo-opositores que, desde las gobernaciones, vuelcan todo el peso de sus Estados policiales contra el pueblo. La “doctrina Chocobar”, con la cual Patricia Bullrich reivindicó un crimen policial, fue replicada en Tucumán. Allí, los efectivos del gobernador peronista Manzur ultimaron a un chico de 11 años. Mientras tanto, la policía santacruceña de Alicia Kirchner pactaba con la Gerdamería de Macri la “acción” común contra la lucha de los mineros del Turbio. El 24 debe ser de lucha contra los agravios represivos y sociales del gobierno. Pero, a la vez, independiente de quienes, diciéndose “opositores”, no vacilan en seguir el mismo camino desde las gobernaciones. La “unidad” con estos verdugos disfrazados nos debilita. En cambio, la unidad de los trabajadores contra el ajuste y la represión que perpetran el macrismo y los gobernadores es convocante de todos los que luchan, a lo largo y ancho del país. Y prepara una salida propia de los trabajadores a este régimen de entrega, represión e impunidad. Con esta comprensión, agrupemos fuerzas y marchemos masivamente este 24. LEE TAMBIEN: LA LUCHA POLITICA POR UN 24 DE MARZO INDEPENDIENTE [EDITORIAL] LA IMPOTENCIA DEL PRETENDIDO "FRENTE ANTIMACRISTA"

Este jueves, 15 de marzo, realizaremos una audiencia pública en el Congreso para debatir los alcances y consecuencias de la megafusión de Telecom con Cablevisión que se empezó a poner en práctica, mediante la unificación de la facturación, traslados y mudanzas cruzadas de trabajadores telefónicos (Foetra/Telecom) y de televisión (Satsaid/Cablevisión), tendientes a unificar las áreas que se duplican en ambas empresas; aún antes de que se expida la Comisión Nacional de Defensa de Competencia (CNDC) y el secretario de Comercio, que debe determinar sobre la misma. En la audiencia participarán diputados, especialistas en materia de telecomunicaciones, representantes sindicales, de organizaciones sociales, políticas y de medios de comunicación e información, trabajadores de toda la actividad y sectores de radios comunitarias y organizaciones sociales que han presentado un recurso a la Corte Suprema y la CNDC para que se frene la fusión. La medida está basada en una serie de decretos de “necesidad y urgencia” que benefician a las patronales, en particular a Clarín, atropellando incluso la legislación vigente en materia de telecomunicaciones. El gobierno viene anunciando la presentación de un proyecto de ley de telecomunicaciones en el Congreso que nunca se concreta, mientras favorece por medio de decretos a determinados sectores afines. Esta fusión no sólo monopoliza el mercado de las telecomunicaciones, sino que favorece a un grupo monopólico que pasará a controlar los contenidos de los medios de comunicación e información, y también las redes, transformándose en un poderoso instrumento de modelación de la conciencia social, cultural y política de toda la población. El proyecto presentado por la diputada Romina Del Plá propone suspender la fusión y abrir la discusión sobre el alcance que tendrá esta fusión sobre los usuarios y los servicios de telecomunicación en medio de la convergencia y el “cuádruple play”. El proyecto defiende los derechos de los trabajadores de la actividad, la defensa de sus puestos de trabajo y Convenio Colectivo (donde muchos están arbitrariamente tercerizados) y la necesidad de un convenio único de la actividad. Pago de los bonos adeudados Es de destacar que Telecom adeuda el pago de los bonos de participación en las ganancias establecidos en los pliegos de la privatización de Entel, con resolución favorable a este reclamo en la Corte Suprema de Justicia. La patronal que viene presionando a los trabajadores para que levanten los juicios, debería dejar de presionar y pagar la deuda contraída, previo a cualquier fusión. 18 de marzo Por último, se acerca el 18 de marzo, día de los trabajadores telefónicos, en conmemoración de lo que fue el inicio de la nacionalización/estatización de los servicios telefónicos. Más allá de la fecha, consideramos importante como parte de la audiencia introducir la perspectiva de la nacionalización/estatización de las redes y servicios de telecomunicaciones bajo control de los trabajadores, para garantizar el derecho a la comunicación e información de los trabajadores y el pueblo.

La monumental movilización del pasado 8M en todo el país ha constituido un contundente alegato de lucha contra todas las miserias que el régimen social y económico les depara a las mujeres en nuestro país y en el mundo. El feminismo, desde las más diversas expresiones y ángulos, se ha expresado con la potencia que sólo un movimiento que se arraiga en las más estructurales penurias del régimen capitalista puede expresarse. A Macri le va a resultar difícil manipular la agenda de la mujer, que ha conquistado, a fuerza de organización y de lucha, un hito histórico: que una mayoría social se haga consciente de la necesidad de que se legalice el aborto en la Argentina. Como en el primer Ni una Menos, la masividad y la radicalidad de la movilización dieron proyección internacional a la protesta, que también tuvo episodios destacados en el Estado español y Turquía, en el primer caso con un fuerte anclaje en la clase obrera; en el segundo, desafiando el “estado de emergencia” y la represión de Erdogan. En nuestro país, expresó -con sus diferencias y contradicciones- una masividad antigubernamental, crítica y dispuesta a luchar contra los poderes constituidos del Estado, que en Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza contrastó fuerte con la victoria electoral macrista de 2017. En la mayoría de las provincias, las movilizaciones fueron multitudinarias y tuvieron como eje los reclamos de legalización del aborto, contra la violencia y el ajuste, superando los esfuerzos denodados de gobernaciones e intendencias de todo el arco políticode estatizar el 8M, dando asueto frente a la posibilidad de que las mujeres no fueran igualmente a trabajar o que, “peor aún”, organizaran acciones de protesta al interior de los lugares de trabajo. A nivel nacional, la incomodidad del gobierno frente a la protesta -que quiso anticiparse habilitando el debate sobre el aborto, para bajar el voltaje de denuncia política que se preveía iba a tener, y finalmente tuvo, la marcha- ha desatado un operativo de desprestigio del Paro Internacional de Mujeres. Por caso, la embajadora del PRO ante la OEA, Paula Bertol, caracterizó al 8M como un “cambalache” que “mezcló reclamos genuinos” con fines ajenos, como sería el pronunciamiento que se hizo desde la Plaza de los Dos Congresos “por un feminismo inclusivo, radical y de intersección que nos invite a todas a unirnos a la resistencia al racismo y la explotación capitalista” (Clarín, 10/3). Junto a la clase obrera Además, el documento explicitaba que este 8M se inscribía en el camino de las movilizaciones populares del 14 y 18 de diciembre y que, desde ese lugar, reclamábamos la aprobación inmediata del aborto legal en la Argentina. Mal que le pese a Bertol, el 8M estuvo lejos de ser el cambalache que los asesores del macrismo pretendían. El paro de mujeres rechazó el intercambio espurio que proponía tácitamente el gobierno, consistente en entregar la pelea contra el ajuste a cambio de que se habilite el tratamiento parlamentario del derecho al aborto. El movimiento de mujeres, en su inmensa mayoría, demostró estar maduro para salir a dar pelea por todo. En el escenario, ello se corporizó en las despedidas en lucha del Inti, del ferrocarril, de la Casa de la Moneda, del Posadas, entre otras, y en la presencia de una mayoría de representantes sindicales combativas y clasistas portando el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito, impulsoras de este reclamo en sus propios sindicatos (AGD, Ademys, Suteba multicolores). Mal que les pese a La Nación y otros diarios oficialistas, que se refirieron a un “texto ideologizado”, ese pronunciamiento fue elaborado en masivas asambleasde mujeres, lesbianas, travestis y trans. Para reforzar el intento de difamación, ríos de tintas de escribas oficiales reemplazaron lo que enverdad se dijo en el palco, en las calles, en las escuelas y lugares de trabajo, por frases hueras, en una operación de violencia política que debe ser denunciada. Las miles y miles que marchamos ese día no salimos a pedir abstracciones de “igualdad” o “paridad”, sino reivindicaciones muy concretas: aborto legal, educación sexual, basta de despidos y discriminación, el fin de todas las formas de violencia de género y de represión estatal, la separación de la Iglesia del Estado. A este intento de vaciar el contenido concreto de la jornada se sumaron numerosas multinacionales, como Mc’Donalds o Mattel, que lanzaron medidas de maquillaje o muñequitas de Frida Kahlo para disimular que sostienen sus ganancias esclavizando a miles y miles de mujeres en todo el mundo. “Operativo tapón” El intento de licuar el contenido radical de la jornada también vino del campo patronal opositor y de la burocracia sindical. Junto con el gobierno, el kirchnerismo fue el otro gran derrotado por la lucha de las mujeres el 8M, que terminó marginado en su empeño por soterrar el reclamo del aborto legal, demostrando, una vez más, que no apuesta a ninguna movilización popular que no pueda regimentar a sus intereses electorales. El “operativo tapón” que las dos CTA, la Corriente Federal de la CGT, la CTEP, la CCC-PCR y Barrios de Pie montaron sobre Avenida de Mayo y 9 de Julio, para que la cabecera de la marcha no pudiera llegar al Congreso, demostró la impotencia política de un bloque que intenta, en nombre del Papa, incidir sobre un movimiento que se proclamó anticlerical. El frente de “unidad opositora” debutó sacrificando el reclamo popular central del 8M. Este accionar se condice con el llamado a un paro “sólo de mujeres” de parte de estos sectores, el cual tampoco garantizaron. Con esta maniobra evitaron dar la pelea de organizar un paro contra el Estado y las patronales, propiciando una división entre hombres y mujeres de la clase obrera. Estas conducciones son las mismas que han entregado la pelea por licencias específicas, lactarios y jardines, contra los despidos y la flexibilización de los convenios. Con esta modalidad, se lanzaron a minar la unidad y la moral de clase que necesitamos para enfrentar la ofensiva capitalista. Cómo la seguimos Ha quedado en claro que tenía razón Pichetto, cuando advirtió que está en duda si el gobierno podrá controlar el debate sobre el aborto. Es que esta cuestión del aborto está lejos de tipificar un asunto de “libertades individuales”, como quiere presentarlo el ala feminista liberal del movimiento. Lo que está en juego son las vidas de miles de mujeres que se arriesgan en la clandestinidad de las prácticas inseguras a las que acceden las pobres, un tema que siempre fue parte de la vida de la clase obrera, pero que hasta ahora estaba silenciado detrás del oscurantismo clerical y los gobiernos al interior de la familia. Que una mayoría social cuestione que una mujer que aborta sea una criminal coloca las responsabilidades allí donde siempre deberían haber estado: en las condiciones de miseria que impone la reproducción capitalista de la vida para los explotados y sus responsables políticos. El 8M dejó planteado la posibilidad de conquistar el aborto legal, seguro y gratuito. Existe una voluntad de lucha enorme para arrancarlo y un principio motor que debemos defender hasta el final para ganarla: la independencia de todos los gobiernos y de la Iglesia. Vamos por un plan de lucha nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ni una Menos. El Estado es responsable.

A pocos días del 24 de Marzo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia atraviesa su mayor crisis desde la ruptura de los organismos cooptados por el gobierno kirchnerista, en 2006. La razón se encuentra en la decisión del PCR y el MST, más algunos grupos menores, como “Poder Popular” -cuyos referentes integraron las listas del FIT en 2017- de avanzar en un acuerdo para unificar la convocatoria del 24 con el kirchnerismo y compartir escenario. Violentando una tradición de más de dos décadas, este sector promovió una votación inédita en la reunión plenaria, en lugar de la histórica metodología del consenso, a los fines de consumar una escisión. El grupo rupturista pretende negociar con los K el ingreso de “dos columnas y cabeceras diferenciadas, la lectura de dos documentos que representarán a cada espacio, pero haciendo evidente el enfrentamiento común a las políticas de impunidad y represión del gobierno de Macri”. Como los K difícilmente acepten la lectura de un documento que denuncie a los gobiernos K por las leyes antiterroristas, el Proyecto X, Milani, la condena a prisión perpetua a los trabajadores de Las Heras, la represión en la Panamericana y a los pueblos originarios, la desaparición de Julio López y los más de veinte muertos en protestas, y los más de 3 mil muertos por ‘gatillo fácil’ y violencia institucional, junto a la actual participación de los gobernadores pejota-kirchneristas en el ajuste, el sector acaudillado por el PCR se encamina a meter violín en bolsa con el documento propio, para capitular en toda la línea, en aras de la ‘unidad’. Esta operación política comenzó con la cerrada oposición del PCR a incluir la denuncia de los gobernadores cómplices del ajuste macrista en la convocatoria central. No cabe duda de que el llamado a un“enfrentamiento común a las políticas de impunidad y represión del gobierno de Macri” se ha convertido en la excusa para una defección política frente a los represores de los estatales y docentes de Santa Cruz y Tierra del Fuego, los azucareros de Salta y los pueblos originarios de la Patagonia a manos de los gobernadores del ‘pacto fiscal’. En el caso del PCR, la escisión tiene claras connotaciones electorales. En 2017 participaron de las Paso de Unidad Porteña, compartiendo espacio con Daniel Filmus y Guillermo Moreno. Ese mismo año, los ex maoístas ya habían promovido un acercamiento con los K, que llevaron a fondo en la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. Ahora, este grupo pretende asimilarse al “frente anti-Macri” de Rossi y CFK, junto al Pejota. El décimo aniversario de los piquetes de la Sociedad Rural contra la resolución 125 los encuentra extendiendo sus brazos al kirchnerismo. Es un típico viraje de aparato, de cuño estalinista. Por otra parte, la maniobra rupturista ha resquebrajado la alianza Izquierda al Frente, ya que el Nuevo MAS rechazó el seguidismo del MST y se ha pronunciado por un acto independiente. La pretensión de estos grupos de presentarse, en estas condiciones, como “organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia” es inaceptable. Lo que están arriesgando es la posibilidad de que, por primera vez en 22 años, no haya convocatoria del Encuentro el 24 de Marzo y, a final de cuentas, también su continuidad. La principal característica del EMVyJ al cabo de estas dos décadas ha sido su implacable denuncia de la represión y la impunidad, desde la dictadura hasta la actualidad, junto a la reivindicación de las luchas obreras y populares. Advertimos a todas las organizaciones sinceramente interesadas en construir una gran movilización contra el ajuste y la represión, que el kirchnerismo no tolerará estas denuncias, como ya ocurrió el 24 de Marzo de 2006, cuando las barras de los intendentes agredieron a piedrazos y botellazos a los representantes del Encuentro durante la lectura del documento. A diez días del 24 de Marzo, llamamos a todas las organizaciones que se reivindican parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a defender la realización de un acto de lucha e independencia política. LEE TAMBIEN: 24 DE MARZO DE LUCHA E INDEPENDIENTE [EDITORIAL] LA IMPOTENCIA DEL PRETENDIDO "FRENTE ANTIMACRISTA"

Con la participación de 200 delegados y activistas de San Pedro, Córdoba, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Carmen de Patagones y Bahía Blanca -estos últimos oficiaron de anfitriones- se realizó la Asamblea Extraordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic) el pasado 9 de marzo. La presidencia honoraria fue para Darío Ávalos -asesinado por la patota de Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, en 2014- y los seis obreros muertos hace una semana por un derrumbe en Santa Teresita. Razones estrictamente financieras impidieron la asistencia de delegaciones más lejanas como Santa Cruz o Salta. Esta fue la séptima reunión nacional en la corta existencia del Sitraic, una expresión de democracia sindical (“un hecho inédito en el gremio en los últimos 50 años”) que contrasta con la hiper-burocratizada vida interna de la Uocra. El secretario general del Sitraic, Víctor Grosi, reivindicó la actividad gremial desplegada en base a los métodos del clasismo y en estrecha relación con los principales procesos de lucha del movimiento obrero y trazó una síntesis de “los puntos para el desarrollo del Sitraic este año”: la lucha contra el trabajo en negro (absolutamente extendido en el gremio y en especial en Bahía), la lucha por la seguridad en las obras y la defensa del salario. Cada uno de estos temas fue objeto de resoluciones específicas. En relación a la inseguridad laboral, que cada día se cobra víctimas a lo largo y ancho de país, se aprobó un Protocolo que indica a los delegados cómo actuar en caso de irregularidades que pongan en riesgo a los trabajadores. Con respecto a la paritaria, que está en manos exclusivas de la burocracia de la Uocra nacional, el problema consiste en buscar incidir con una campaña por el mínimo de 20 mil pesos y un 20% entre cada categoría de la escala (y otros ítems como la elevación de dos a cuatro horas por condiciones climáticas) y establecer “acuerdos con las contratistas en todas las áreas de nuestra actuación, en camino al convenio Sitraic”. Por último se aprobó una declaración política general que plantea el Congreso de bases de la CGT y los sindicatos para resolver “un paro activo nacional y un plan de lucha para quebrar el ajuste”, que será la guía de acción política del sindicato en la etapa actual. Una fuerza para enfrentar a la burocracia de la Uocra Los coordinadores de Carmen de Patagones y Bahía Blanca presentaron breves pero valiosos informes sobre la penetración incipiente del Sitraic en la obra pública, el crecimiento de la afiliación y la “normalización” -en materia de blanqueo, elementos de trabajo, aportes y elección de delegados- de innumerables obras. En todos los casos la norma fue la acción gremial para revertir los despidos masivos y vencer la resistencia patronal. Las compañeras de la Comisión de Mujeres, integrada por esposas de trabajadores y por operarias calificadas del gremio (soldadoras, especialistas en seguridad, etc.) leyeron un documento. El método del Congreso de bases Con su desarrollo actual, el Sitraic realizó un esfuerzo monumental por impulsar el método del Congreso de bases, en un gremio de enorme complejidad (“el subsuelo de la industria”, lo definió Grosi). Presenciaron la asamblea, como invitados, importantes referentes sindicales locales: Ana Catulo, secretaria general del Suteba Bahía Blanca; Enrique Gandolfo, adjunto de la CTA local; Néstor Alende y Flavio Melle, secretarios general y gremial de los Judiciales; Jorge Holdz, secretario general de Asimbra, junto a Miguel Bravetti, secretario general de la comisión interna de Interpack y dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista y Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza y diputada nacional del PO-FIT. También estuvieron presentes y fueron especialmente nombrados por su apoyo permanente al Sitraic el dirigente del Partido Obrero, Néstor Conte, y Juan Ferro, asesor gremial del Sitraic y miembro de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC). Bravetti hizo referencia a la crisis -y los realineamientos actuales- de la burocracia sindical; rechazó cualquier expectativa en el moyanismo y en las variantes peronistas que fueron “pilares de la gobernabilidad en estos dos años: desde Massa al kirchnerismo”. Romina Del Plá (quien fue homenajeada por el Sitraic antes de su intervención) cerró el acto final reivindicando la calidad de la deliberación y sus resoluciones. Refundar al movimiento obrero El polideportivo donde se realizó la asamblea fue muchas décadas atrás punto de reunión de los obreros anarquistas y socialistas de la región. En un sentido amplio la asamblea fue expresión de un proceso de refundación del movimiento obrero sobre las mismas bases de lucha, de democracia y de independencia política que levantaron sus fundadores. La tarea es completar esa obra, expulsando a las patotas de la burocracia sindical, y construyendo una gran corriente combativa junto a la CSC del PO.

La mayoría de las provincias siguen sin cerrar sus paritarias con los docentes. En muchas de ellas siguen los paros y las movilizaciones, como en Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Chubut, Ciudad de Buenos Aires y Misiones. Santa Fe En Santa Fe, esta semana hay un paro de 48 horas, con un alto acatamiento, y una manifestación convocada en la ciudad capital, continuidad de la huelga de no inicio, arrancada por la bronca de la mayoría de la base docente. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, ya amenazó con descuentos y con la aplicación de la conciliación obligatoria. Los “socialistas” santafesinos van por la ruta de María Eugenia Vidal. Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe y de la Ctera, al levantar las medidas de la central nacional que preside aisló conscientemente a los docentes de su propia provincia. Ahora, bloquea la convocatoria de una asamblea provincial que vote la continuidad de los paros, para negociar con la patronal sin huelga, igual que Baradel, que levantó todas las medidas de fuerza del Suteba. En contrapartida, cuatro seccionales opositoras a la Celeste (Rosario, General López, Caseros y Belgrano) intervendrán en la marcha en Santa Fe con una columna independiente detrás de la bandera “Por el salario y la jubilación, continuidad del plan de lucha”, y sacaron una declaración común exigiendo a Alesso la asamblea provincial. ...el sur y el norte En Neuquén, las asambleas mandataron al plenario de secretarios generales continuar también con paros de 48 horas y una marcha que comience el miércoles 14, con pernocte en la Casa de Gobierno, permanencia ésta que la dirección celeste de Marcelo Guagliardo levantó sin autorización. En Chubut, el martes 13, comenzó una jornada de 48 horas de paro de Atech y los docentes se movilizaron de a miles a la ciudad de Rawson, a la Casa de Gobierno. Situaciones similares están planteadas en Entre Ríos y Chaco, y en Formosa hay convocado un paro de 24 horas de parte de un gremio opositor a la entidad de base de Ctera. Finalmente, al revés del colaboracionismo histórico de UTE con Macri, Ademys (sindicato dirigido por la Multicolor) convoca a movilizarse esta semana y a parar el miércoles 21, contra el 12 por ciento ofrecido por Rodríguez Larreta. Los Suteba multicolores convocan a una gran marcha a La Plata Pero, para Baradel, todo está bien en Buenos Aires. El levantamiento de los paros en Suteba, inconsulto por completo, es un gran golpe contra las huelgas que se desarrollan en todo el país. Y, por supuesto, una cachetada contra la docencia bonaerense. Baradel le aceptó a Vidal su principal reclamo: negociar con las escuelas abiertas. En la conferencia de prensa del Frente de Unidad Docente que Suteba comparte con FEB, Sadop y Udocba, declararon que “las protestas se llevarán a cabo mediante movilizaciones”, suplicaron “la urgente convocatoria a la paritaria salarial y denunciaron la situación educativa de la provincia de Buenos Aires (Clarín, 13/3). A la agachada, la respuesta del gobierno fue que verán cuándo los convocan. Pero no está “bueno” Buenos Aires: Vidal es una vaciadora serial de escuelas, cerró todos los bachilleratos de adultos de la provincia, hay un ataque histórico contra la salud de los docentes, por la inviabilidad del nuevo mecanismo virtual de reconocimientos médicos, no se pueden registrar en contralor ni las licencias otorgadas ni los cargos de los docentes que suplen a los enfermos (decenas de miles de trabajadores no cobrarán por ello sus salarios) y se está disolviendo la modalidad de la enseñanza especial, entre otras perlas. La respuesta a este ataque estalló en abrazos a centenares de escuelas, asambleas autoconvocadas, marchas de antorchas, acciones nacidas de la comunidad educativa y de los Suteba recuperados y la Lista Multicolor en todos los distritos bonaerenses, con la oposición de la dirección celeste de Suteba. Lo que se viene Impulsadas por la Multicolor, el miércoles 14, en la mayoría de los municipios, hubo marchas de antorchas en defensa de los bachilleratos de adultos cerrados y por todos los reclamos, y el jueves 15 habrá una gran marcha a la ciudad de La Plata, convocada por los Suteba multicolores, que se percibe que será multitudinaria. La docencia antiburocrática de todo el país exige a Ctera la convocatoria a plenarios provinciales de delegados, que le den continuidad a la lucha que la dirección kirchnerista de Ctera-UTE-Suteba ha entregado a Macri, Vidal y los gobernadores. Continuidad del plan de lucha con paros no inferiores a 48 horas progresivos, hasta obtener los reclamos. Esta es la política de los sindicatos recuperados y de la Lista Multicolor.

Agustín Rossi, uno de los voceros más caracterizados del kirchnerismo, ha insistido en los últimos días con el planteo de un “gran frente opositor”, que debería abarcar “desde el Pejota unificado hasta el FIT”. Rossi se ha largado a la “avenida ancha” sin poder resolver, ni por asomo, la enorme disgregación del peronismo. De todos modos, está claro quiénes son los que dictan el libreto de esta pretendida unidad: el principal socio de Rossi en estos afanes es el titular del PJ Nacional, José Luis Gioja, un reconocido agente de las mineras y de la Barrick Gold. Gioja es un lobbista de la liga de gobernadores pejotista, a quien Rossi pretende para la ‘gran unidad’. En un reportaje que brindó a Infobae días atrás, el diputado santafesino se dirigió en particular a los gobernadores ‘que no quieren a Cristina’, confiando en traerlos a su redil: “Cambiemos le va a armar un candidato. Y si quiere competir, (el gobernador) va a tener que competir… y ante la búsqueda de los votos opositores, nos va a encontrar en el mismo camino”. El ‘frente antimacrista’ corteja, por lo tanto, a los filomacristas Urtubey o Bordet. Pero ellos, y otros gobernadores opositores, traman la separación de sus elecciones locales de las presidenciales, para pelear por su reelección sin tener que pelearse con Macri. Así las cosas, la ‘gran unidad peronista’ está por verse. Pero incluso en grado de tentativa, la propuesta de Rossi es la confesión de que el kirchnerismo, después de la derrota electoral de octubre, busca un lugar bajo el sol del pejotismo -o sea, del gran aliado del macrismo en la aplicación del ajuste oficial. ¿“Antimacrista”? Surge de lo anterior la mayor impostura de este planteo político, esto es, la de pretender constituirse como una ‘oposición real’ o ‘antimacrista’. Los gobernadores aplican hoy el ajuste más feroz en sus provincias en nombre del pacto fiscal que firmaron con el macrismo, y que condiciona la posibilidad de endeudarse a que apliquen miseria salarial y los despidos de sus trabajadores. En la primera línea de esta ofensiva está la Santa Cruz de Alicia Kirchner, que paga 13.000 pesos a sus estatales, después de más de un año de congelamiento salarial. La jefatura policial de Santa Cruz acaba de suscribir un convenio con la Gendarmería para “controlar incidentes” en Río Turbio, donde los mineros llevan adelante una lucha encarnizada. Los senadores y diputados que responden a los gobiernos provinciales le votaron al macrismo más de cien leyes antiobreras y antinacionales, desde el acuerdo con los fondos buitre -que abrió paso al megaendeudamiento macrista- hasta el reciente saqueo a los jubilados, el cual, como todo el mundo sabe, contribuyó a los rescates financieros acordados en el ‘pacto fiscal’. La ‘unidad opositora’ es un gran taparrabos -y blanqueo- de esta complicidad política, que involucra a pejotistas y kirchneristas por igual. 2018 y 2019 Así las cosas, este incierto frente opositor (que tampoco es opositor) está más que en la nebulosa pensando en 2019. Pero mientras tanto, cumple una clara -y reaccionaria- función política: la de boicotear las urgentes y necesarias luchas que lleva adelante la clase obrera y el pueblo todo contra el ajuste oficial -los despidos en estatales y en privados; la pretensión de imponer paritarias con techo de un 15%, cuando la propia política oficial de devaluación y tarifazos empuja a la inflación muy por encima de este techo; una política represiva que incluye la reintroducción de las Fuerzas Armadas en la vida interior -o sea, la aplicación efectiva de la “ley antiterrorista” impulsada por el kirchnerismo en 2007. Para los partidarios de la ‘megaunidad opositora’, los preparativos de 2019 son la gran excusa para no enfrentar hoy los agravios del macrismo. Quien resumió como nadie esta orientación fue el propio Moyano en el palco del 21F cuando, después de no anunciar continuidad o medida de lucha alguna, llamó a ‘votar bien el año que viene’. Estos falsos antimacristas pretenden venderle a los trabajadores que el gobierno, incluso imponiendo su agenda antiobrera, podría ser derrotado en comicios el año que viene. Lo cierto es que, si el gobierno avanza efectivamente contra los trabajadores, Macri va firme por su reelección, y con el apoyo del gran capital. Frente impotente o frente único de la clase obrera La fuerza de un frente no reposa en la mera suma de fuerzas, sino en la decisión y firmeza con la cual está dispuesto a luchar por sus propósitos, en este caso, por una agenda obrera y popular. Cuando la “unidad” nos junta con gobernadores ajustadores y con obispos, sólo podemos parir un frente impotente. Ello es lo que ocurrió, por caso, cuando la burocracia sindical opositora, siempre en nombre de la unidad, marchó el 8M sin decir una palabra del aborto legal -la principal reivindicación de la marcha- para no “molestar” a los aliados del papa Francisco. O cuando todo un sector de la izquierda y el centroizquierda, para confluir con el kirchnerismo y el pejotismo el próximo 24 de Marzo, retira de la consigna central de la marcha la denuncia a “los gobernadores” del ajuste. En cambio, el Frente de Izquierda defendió, a través de una declaración política, la concreción de una marcha independiente. Por su parte, un sector de la burocracia sindical de Santa Cruz -con ATE a la cabeza- ha frenado la lucha estatal en nombre de no confrontar con el gobierno provincial kirchnerista, al que presenta como víctima del macrismo. El frente opositor con los seudoopositores, como se ve, es un factor de división en la lucha contra el ajuste y por las reivindicaciones obreras y democráticas. En oposición a esta ‘unidad impotente’, luchamos por el frente único de la clase obrera y sus organizaciones, para derrotar el plan de guerra del gobierno macrista y sus cómplices provinciales. Esta unidad, la de quienes no tienen ataduras ni compromisos con el plan de ajuste oficial, debe abrirse paso a través de una gran batalla que tendrá su centro en los sindicatos. Después del 18D, que puso de manifiesto la enorme disposición de lucha de los trabajadores y de sectores medios a enfrentar el saqueo oficial, la burocracia sindical ha redoblado su política colaboracionista -ello, para impedir una irrupción mayor contra el gobierno. Los “gordos” de la CGT, por un lado, anticipando la firma de paritarias a la baja. Los pretendidos “opositores”, del otro, clausurando la lucha en nombre del “volveremos en 2019”. Ni unos ni otros pueden decidir por nosotros: por eso, reclamamos un Congreso de delegados de base de la CGT y todas las centrales, para discutir un programa de fondo en defensa del salario y del derecho al trabajo, y plantear una salida de los trabajadores frente al saqueo y el hipotecamiento nacional al que nos condenan el macrismo y sus aliados. LEE TAMBIEN: LA LUCHA POLITICA POR UN 24 DE MARZO INDEPENDIENTE 24 DE MARZO DE LUCHA E INDEPENDIENTE

Con una conferencia de prensa en la Legislatura bonaerense, de la que participaron 40 trabajadores ferroviarios, presentamos el proyecto de ley del diputado del Partido Obrero-Frente de Izquierda Guillermo Kane, contra el desguace de Ferrobaires. El proyecto plantea la anulación del decreto de la gobernadora Vidal que establece el cierre de la empresa provincial a partir del 15 de marzo. La resolución, que dicta el traspaso de Ferrobaires a la Nación, deja en la calle a 1.300 trabajadores, clausura todos los ramales que servían al transporte de pasajeros -con excepción de las líneas que van de Capital a Mar del Plata, Bahía Blanca y Junín- y encarga al Ministerio de Economía la tarea de rematar todos sus bienes. Junto a la anulación del decreto, el proyecto de la banca del FIT establece como obligaciones del Poder Ejecutivo que cualquier transferencia se dé sobre la base de mantener todos los puestos de trabajo con las mismas condiciones contractuales, salariales y la antigüedad; la obligación de reactivar todas las líneas de transporte de pasajeros, revirtiendo la desconexión que padecen hoy 104 localidades de la provincia y fija, contra el intento del gobierno de pasar la factura del vaciamiento de Ferrobaires a sus trabajadores y usuarios, que sean éstos quienes tengan a su cargo la gestión integral del servicio. En la conferencia de prensa, los operarios denunciaron que habían comenzado a llegar los telegramas de despido de parte del gobierno nacional, para todos aquellos que no habían aceptado los aprietes extorsivos de la empresa para que firmaran “retiros voluntarios”. En ese marco, anunciaron que se movilizarán el jueves 15 para reclamar que la gobernadora los reciba y dé marcha atrás con la resolución. Llegan a esta acción luego de haber realizado actos en Constitución y en distintos puntos del interior. Jorge Hospital, dirigente de la Lista Gris ferroviaria (que integra la Coordinadora Sindical Clasista), denunció que se trata de una política de alcance nacional, como se ve en los cierres de ramales en Chaco, que acicatea una recolonización del país dejando en manos de grupos extranjeros el transporte de cargas para garantizar la exportación de las mineras y sojeras. A su vez, marcó el vínculo entre los masivos despidos en Ferrobaires con el ataque flexibilizador al convenio ferroviario firmado por la burocracia de los sindicatos de la rama, y denunció persecución y despidos en Sofse (Trenes Argentinos Operaciones). Llamó a toda la oposición de la Unión Ferroviaria -participaron de la conferencia también miembros de las listas Bordó y Naranja- a unirse para recuperar el sindicato de manos de la burocracia entreguista. Guillermo Kane agregó que esta ofensiva repercute sobre una gran cantidad de habitantes de la provincia, ya que el cierre del tren puede dejar un tendal de pueblos fantasma, a lo que se suma el impacto de los cierres de fábricas -como es el caso de fabricaciones Militares en Azul. Por eso llamó a desarrollar una fuerte campaña junto a los vecinos de las distintas localidades afectadas y convertir el reclamo por la reapertura de Ferrobaires en una causa popular.

Aranguren y Macri han lanzado su ultimátum a los obreros mineros de Río Turbio: deben aceptar los despidos y la anulación del convenio, rebaja salarial incluida, si quieren mantener el resto de los puestos de trabajo. La alternativa para Macri es el cierre directo de la mina y la ruina de dos pueblos que albergan 35.000 habitantes en un rincón extremo del país. Para encubrir este ajuste brutal agita las causas judiciales contra la corrupción K, y el senador oficialista santacruceño Eduardo Costa ha salido a calumniar a los trabajadores de YCRT. Después de 50 días, la huelga minera se encuentra en un dilema: seguir con el “aguante” en boca de mina y apoyarse en el gobierno provincial esperando sus “gestiones”, o movilizar a los pueblos de la cuenca ahora, llamando a una asamblea popular comunitaria, que vote organizar una gran marcha a Río Gallegos e impulsar un paro provincial, para imponer el triunfo de los trabajadores. Mientras tanto, la conducción de ATE, Apap Y UPCN, ha consumado un acuerdo con el gobierno provincial K, cerrando la paritaria por miserables 2.000 pesos en negro. La dirigencia de ATE dice que se ha visto obligada a firmar este acuerdo para llevar “algo” a la mesa de los compañeros que están con salarios de hambre, pero lo que ha guiado la acción de esta dirigencia son sus compromisos políticos con Alicia Kirchner. El plenario de secretarios generales de ATE que aprobó el acuerdo, emitió una solidaridad verbal con los mineros de YCRT, pero no esbozó ninguna acción práctica ni mucho menos un paro provincial, como fue solicitado en la gran asamblea de boca de mina el 7 de marzo. La Mesa de Unidad Sindical se encuentra fracturada por la orientación de la dirigencia de ATE al compromiso con el gobierno kirchnerista, cuando resulta más necesario que nunca unir las luchas ante la parálisis de la obra pública, los despidos irresueltos en el petróleo y en docentes, los despidos masivos en YCRT y el congelamiento salarial en la provincia y los municipios. El “arreglo” provincial de ATE aísla la huelga minera en lugar de unir a los trabajadores en un plan de lucha de conjunto. Toda la orientación de la Intersindical en el conflicto de YCRT está en esta misma sintonía de abrir expectativas en el gobierno provincial. Pero el kirchnerismo no pasa de un apoyo declarativo, al mismo tiempo que bloquea las iniciativas de las bases para profundizar la movilización. Todos los pasos adelante que han dado los mineros en esta lucha han sido por la intervención directa de los delegados de base: desde la decisión del acampe cuando se inicia el conflicto, ocupando la boca de mina y otros lugares de trabajo, pasando por la movilización para frenar a la Gendarmería cuando parte de la dirigencia quería dejarlos pasar, hasta la actividad de recorrida por el pueblo con volantes, y una campaña de firmas que también surge de abajo, al igual que los cortes de esta semana con agitación en las rutas. En esta iniciativa de abajo está la posibilidad de impulsar en forma urgente la asamblea popular comunitaria y la marcha a Río Gallegos, para relanzar la lucha minera a nivel provincial y nacional. ¡Viva la huelga de Río Turbio!

El gobierno nacional acaba de modificar, sin consulta previa ni aviso, la modalidad de trabajo de 250 mil compañeros y compañeras. Esta nueva modalidad amenaza con la quita de los planes si los beneficiarios no se inscriben en cursos y terminalidades educativas de primaria o secundaria. Con esto, sugiere el gobierno que la falta de trabajo se debe a la falta de capacitación o educación formal de los desocupados. Rechazamos este criterio por falso y perverso. Entre nuestros compañeros hay capacidad y formación para poner a funcionar miles de fábricas. Lo que ocurre es que el gobierno cierra fábricas y dependencias del Estado, dejando el tendal de miles de desocupados, tal como lo muestra el Inti, el Hospital Posadas, Fanazul o las minas de Río Turbio. El verdadero objetivo que persigue el gobierno es el ajuste fiscal aplicado a los trabajadores más pobres. O sea que lo que busca es dar la baja a miles de programas que trabajan en la limpieza y mantenimiento, de barrios, escuelas, plazas y peatonales. Muestra del brutal ajuste sobre los sectores más pobres es la baja de más de 40 mil planes y proyectos de capacitación dependientes del Ministerio de Trabajo. Por eso, el próximo 15 de marzo nos movilizaremos en todo el país a las dependencias de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social: para reclamar trabajo genuino. Hasta que se abran puestos de trabajo exigimos que se garantice la continuidad de todos los beneficiarios dados de baja por el Ministerio de Trabajo, dado que dejó sin ningún medio para paliar la desesperante situación de miseria que desplaza a miles de familias a la indigencia. El jueves 15 de marzo, a las 11 horas, en Obelisco y en todo el país.

Nuestro compañero Christian Rath, “el Colo”, se encuentra internado en terapia intensiva a raíz de una infección, luego de haber sido sometido a cirugía por el desplazamiento de una vértebra. Su cuadro actualmente es delicado, pero estable. Los médicos, aún sin conocerlo, lo describen como un paciente “combativo”. “El Colo” es uno de los más antiguos y reconocidos constructores de nuestra organización, desde los orígenes de Política Obrera hasta el presente, a lo largo de tres dictaduras, del terror de la Triple A y de las últimas tres décadas de “democracia”. Como propagandista, fue el organizador del exitoso seminario internacional por el centenario de la Revolución de Octubre que realizamos el año pasado. Actualmente integra el Consejo de Redacción de Prensa Obrera. Desde estas páginas mantendremos informados a todos nuestros compañeros y simpatizantes sobre la evolución de su salud. Enviamos un fuerte abrazo a sus hijos, Alejandro y Lisa.