Prensa Obrera N° 1493

En las vísperas de las elecciones que tuvieron lugar en Italia, la expectativa de que los resultados no encallaran todavía más a la Unión Europea en otra de las crisis que la van hundiendo en forma inexorable, reposaba en la posibilidad de que surgiera de las urnas un gobierno de coalición entre el gubernamental Partido Democrático (PD) y la opositora Forza Italia, de Silvio Berlusconi. El PD había nacido de la asociación del Partido Comunista y una fracción liberal de la Democracia Cristiana, en los años ’90. Fue una versión fantasmagórica del diseño estratégico (Compromiso Histórico), con el que el stalinismo pretendía llegar al gobierno mediante un entendimiento con el Vaticano. Más prosaicamente, fue un intento de amnistiar a los políticos clericales de una pesada carga de corrupción, luego de tres décadas ininterrumpidas de gobierno, y de cooptar a la burocracia obrera al Estado burgués. La tropa que quedó afuera de este enjuague fue adquirida por el magnate mediático Silvio Berlusconi. La gestión de Italia, en los últimos treinta años, quedó a cargo, alternativamente, de unos y otros. El gobierno que acaba de ser barrido el domingo se había convertido en un espectro de esa rotación, porque nació de una alianza entre el PD y una fracción que rompió con Forza Italia; sufrió varios golpes de palacio ulteriores; consagró a un primer ministro ‘renovador’, Mateo Renzi, sin pasar por elecciones, y cayó finalmente cuando el ‘renovador’ intentó perpetuarse por medio de un referendo. Los ungidos para salvar a Italia de una crisis que la saque de la Unión Europea quedaron, sin embargo, en el tercero y cuarto lugar, en una competencia entre cuatro fuerzas mayoritarias -con el 14 y 18 por ciento de los votos. El derrumbe del PD fue calificado como “catastrófico” por la prensa europea. El primer lugar quedó para el ‘euroescéptico’ 5 Stelle (35%) y el segundo para el nacionalismo reaccionario -la Lega (16%). Como consecuencia de esto, Italia se ha incorporado al pelotón de países que cuestionan, de uno u otro modo, la continuidad de la Unión Europea, desde el Brexit a los gobiernos nacionalistas del este de Europa, y a la derecha nacionalista de Francia, Alemania y Austria. El ascenso espectacular de 5 Stelle, un ‘partido anti-sistema’ carente de principios, expresa el enorme voto de repudio del electorado italiano hacia las fuerzas tradicionales, que ninguna fuerza de izquierda y de las direcciones obreras fue capaz de captar. Potere al Popolo, una coalición encabezada por Rifondazione Comunista (RC), quedó relegada a la marginalidad. RC había surgido en respuesta a la disolución del Partido Comunista. El fracaso es entendible: Rifondazione Comunista integró el gobierno del PD y ejecutó su política antiobrera. Potere al Popolo justifica la política antiobrera, militarista y pro-Otan del gobierno griego de Syriza, con el cual integra un bloque en el Euro-parlamento. Para Potere al Popolo, la derechización de Syriza constituye “un sacrificio” obligado de su dirección para poder mantener a la izquierda en el gobierno. La tradición ilustre de Italia ha sufrido los estragos de su izquierda ‘anticapitalista’. La dirección del Nuevo Partido Anticapitalista de Francia le dio su total e inútil apoyo completo. Escenario de quiebra Italia “é il malato de Europa”, con crecimiento cero en la última década -que contrasta con casi el 30% de Alemania o el 14% promedio de la Unión Europea- lo que da, de todos modos, menos del 2% anual. La desocupación es del 12% promedio -en la juventud llega al 34%. Tiene la deuda pública más alta de Europa -dos billones y medio de euros, que paga una tasa de interés superior a la de sus competidores. Alimenta a los bancos con pagos anuales de 350 mil millones de euros, aunque un tercio de los acreedores son extranjeros. Para salvar a una parte de sus bancos de la bancarrota se ha visto forzada a violentar la nueva ley de quiebras de la Unión Europea. La apelación a este recurso de emergencia la ha puesto en conflicto con la intención de la Comisión Europea de desarrollar una “unión bancaria” y, por lo tanto, con un pie afuera del Banco Central Europeo. Los ‘euroescépticos’ y nacionalistas que quedaron al frente en los comicios dan cuenta de esta crisis con el planteo de llamar a un referendo para salir del euro y, potencialmente, de la Unión Europea. Xenofobia Como ocurrió en Gran Bretaña, una de las palancas electorales más importantes de los partidos xenófobos, fue culpabilizar a la inmigración por la ruina social de Italia. El planteo, fuera de lugar en relación con la naturaleza y causa de la crisis, adelanta el pronóstico de que fracasarán en forma miserable si llegan al gobierno. Para atacar a la inmigración, la democracia italiana, mucho antes que los fascistas, ha impuesto el derecho al patrullaje aéreo de Libia y a la injerencia en su política interna y de seguridad, es decir a restablecer una política colonial y militarista. Pero ha sido, precisamente, la reconversión de Libia en colonia de los Estados imperialistas, bombardeo e invasión mediante y destrucción de su gobierno y asesinato de sus dirigentes, lo que ha desatado la llamada ‘crisis migratoria’. La crisis política de Italia, como por otra parte la de los Balcanes, el este de Europa y el área euromediterránea, azuza y agrava la crisis política catastrófica del conjunto del Medio Oriente -y en primer lugar de Turquía, primera escala de la fuga de los pueblos afectados por las guerras que manipula el imperialismo. En medio de la crisis por la que atraviesa el Brexit y las represalias comerciales anunciadas por Trump, los observadores temen que el resultado electoral desate en Italia una fuga de capitales y la consecuente crisis bancaria. En los últimos días se ha visto una crisis de liquidez en Europa (financiamiento de corto plazo), que ha provocado un alza importante en la tasa de interés de referencia, el Libor, lo cual ha encarecido los refinanciamientos de empresas con deudas elevadas. La economía y la política en Europa se encuentran atadas con alambres. Giro político Asistimos a un giro político hacia la derecha en medio de una enorme crisis social y de un agotamiento de las relaciones económicas de Italia con el mercado mundial. El margen de explotación del chovinismo anti-inmigratorio como canal de desvío de la presión de las masas es ultralimitado. Una salida de derecha reclama un cambio de régimen político y este cambio de régimen está condicionado a la capacidad de ofrecer un programa de conjunto. Estos requisitos no están reunidos en Italia, dependiente por sobre todo de Alemania. Europa, en su conjunto, ha entrado en un período de grandes crisis, que es donde van a ponerse a prueba las fuerzas en presencia, y en especial de su poderosa clase obrera. En Francia y Alemania se avecinan e incluso anuncian luchas estratégicas (Macron quiere privatizar el sistema ferroviario francés). Lo que ha quedado claro es que el ‘populismo anticapitalista” y los partidos “amplios” o “plurales” no son instrumentos de clarificación, de organización ni de luchas.

Unos mil trabajadores y vecinos bloquearon, en la noche del lunes 5, el paso de la Gendarmería en el puente que cruza el río Turbio sobre la ruta 40, a escasos metros de la monumental estructura de la usina, cuya construcción está parada desde hace años. Los 125 gendarmes y un carro hidrante debieron replegarse ante la pueblada, y el pueblo festejó esta retirada, que es provisoria. Es la segunda vez que el gobierno ordena el repliegue de Gendarmería ante la movilización de trabajadores y vecinos: el viernes anterior habían llegado a unos 300 kilómetros de la localidad y luego retrocedieron. Por la mañana, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, reunido con los sindicatos, había dado un ultimátum: nada de reincorporar a los despedidos, caducidad del contrato con Isolux por la usina y compromiso de reanudar esa obra, a condición de que se proceda a una “reestructuración”, que significa reducción del personal y negociación a la baja de un nuevo convenio colectivo de trabajo (reducción directa de salarios y la renuncia a varias cláusulas de convenio, como pasajes vacacionales, reintegro de impuesto a las Ganancias y bonificación anual, entre otros). Horas después de este ultimátum, ocurrió el envío de Gendarmería. En este marco, los interventores pretenden mantener abierto el retiro voluntario hasta el 31 de marzo. La reducción de personal se estima que alcanzará a unos 700 trabajadores, y existe una complicidad de la que se habla poco: ha sido el voto del PJ en el Congreso el que viabilizó el achicamiento violento del presupuesto de YCRT. Ahora, el gobierno provincial de Alicia Kirchner se rasga las vestiduras y hasta ha enviado un contingente de la policía provincial a Turbio con el argumento de “proteger” la integridad de los mineros ante una eventual acción de la Gendarmería. La asamblea ha recibido con escepticismo esta “ayuda” de una policía que, en diciembre pasado, reprimió en la Cámara de Diputados, para hacer pasar el Pacto Fiscal, hiriendo seriamente a una docente. La indudable responsabilidad del kirchnerismo en la crisis de YCRT es el espantajo que agitan el interventor Omar Zeidán, Eduardo Costa -el hombre fuerte de Cambiemos en Santa Cruz- y Aranguren. El mismo día lunes se detuvo por causas de corrupción al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, quien fuera interventor de YCRT, y se pidió el desafuero del ex intendente y actual jefe de bancada del PJ en la Legislatura provincial, Matías Mazú. Los mineros tomaron con indiferencia estas noticias, que intentan enlodar la lucha minera contra los despidos y el ajuste. Se concentraron en frenar la llegada de la Gendarmería y lo lograron. Nada tiene que ver la justa lucha de los mineros con los enjuagues de las camarillas que el kirchnerismo puso a dirigir YCRT. Se aguarda para las próximas horas la realización de una asamblea general, que deberá adoptar decisiones fundamentales para continuar la lucha por la reincorporación de los despedidos. Los trabajadores luchan por abrirle una perspectiva de futuro a la empresa carbonífera, reincorporando a los cesanteados y exigiendo la puesta en marcha del complejo carboeléctrico, sin anular derechos de los trabajadores. Desde el Partido Obrero apoyamos las medidas de acción que desarrollen los trabajadores de YCRT y proponemos movilizar a toda la población en apoyo a la causa de los mineros que es la causa de todos. Vamos por la asamblea popular comunitaria y un plan de lucha que unifique los reclamos.

-Aborto legal, seguro y gratuito -Educación sexual, científica y laica -Ni una menos: el Estado es responsable -Desmantelamiento de las redes de trata -Por el triunfo de todas las luchas. Contra los despidos, la preacarización y por el salario: paro activo nacional y plan de lucha Foto: Ber Cornejo

La columna de 10.000 trabajadores, del viernes 2 de marzo, frente al Ministerio de Trabajo, culminando una caravana masiva, obligó al ministerio de Triaca a habilitar una reunión entre una delegación de los trabajadores y Mauricio Riafrecha, director de Análisis laboral del sector público. Allí, el funcionario reconoció que todos los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) estamos regidos por la ley de Empleo público -cualquiera sea la modalidad contractual. Además, admitió que el conflicto había alcanzado “un alto vuelo político”. Quedó el compromiso de una nueva reunión. De este modo, la caravana tuvo el mérito de colocar el conflicto en un ámbito que hasta ahora había omitido actuar: el Ministerio de Trabajo, que debe actuar en los conflictos laborales, vino haciendo la vista gorda a 258 despidos, un lock-out de dos semanas y un paro de trece días, que continúa. Esto, para rescatar al director Javier Ibáñez y a su staff. Pero no pudieron, después de un mes de lucha y de la imponente caravana, seguir esquivando el problema. Ahora debemos exigir una mesa negociadora para esta misma semana. Somos los trabajadores los que queremos la resolución inmediata del conflicto, reincorporando a los 258. El golpe de la caravana fue sentido por las autoridades y como respuesta decidieron nuevas provocaciones: profundizaron aún más la militarización del instituto, ordenando a la Policía cerrar con candado la puerta principal y negando el ingreso y egreso de trabajadores durante todo el fin de semana. Además, intentaron impedir con este bloqueo policial la realización de una gran iniciativa como fue TecnoInti y fracasaron nuevamente. 3000 concurrentes pasaron durante todo el sábado por la feria, brindando un apoyo total -uno más- a los trabajadores que luchan. Una nueva semana de actividades y lucha El fin de semana se desarrolló, en el Parque Tecnológico Migueletes (PTM), un plenario nacional de delegados de ATE-Inti. Allí se resolvió un Acampe nacional de trabajadores del Inti este 7 y 8 de marzo. Luego del acampe vamos masivamente a la marcha por el día internacional de la mujer trabajadora. A la par de las medidas de lucha, se conoció un audio escandaloso en el que Sara Civile, secretaria general de UPCN-Inti, anuncia y festeja que las autoridades del instituto van a “resolver las cosas a las patadas en el culo” mediante una “empresa de seguridad con 80 monos” para “poner orden en el Inti con los modos que trabajan los patovicas”. Denunciamos el rol patronal de la dirección de UPCN, que ha hecho todo lo posible, en conjunto con las autoridades, para quebrar la huelga. Descuentos, asamblea y plan de acción Las autoridades descontaron los días de paro a más de mil trabajadores en una verdadera confiscación del salario que en algunos casos llega al 45%, con la intención de quebrar la lucha. En una masiva asamblea realizada el mismo día de cobro, la respuesta de los trabajadores fue contundente: * Se ratificó el paro y la permanencia en el Parque Tecnológico Migueletes. * La creación de un fondo de lucha especial para paliar los descuentos conformado por el aporte del equivalente a un día de trabajo de todos los compañeros que no sufrieron descuentos y aportes del Consejo Directivo Nacional y los consejos directivos provinciales de ATE, sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones. * Ratificar el acampe federal junto a todos los centros del interior. * Realizar una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio de Trabajo con personalidades, abogados laboralistas, diputados y dirigentes sindicales para exigir la apertura de una mesa de negociación que resuelva el conflicto. La lucha del Inti sigue. Vamos por la reincorporación inmediata de los 258 despedidos.

Superando la desorganización consciente de Ctera, el paro docente, aunque dispar, fue muy contundente. En la provincia de Buenos Aires, la huelga alcanzó al 80 por ciento. En muchas provincias del interior, el acatamiento fue todavía superior: en Chaco, donde los sindicatos paran por una semana entera, los huelguistas superaron el 90 por ciento y realizaron una marcha multitudinaria; en Santa Fe, el paro fue casi total; 90 por ciento en Río Negro y en La Pampa; prácticamente total en Tucumán; 80 por ciento en Neuquén; 60 por ciento en Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires, aunque con medidas menos fuertes en Santa Cruz y Mendoza, provincias en las que la docencia ha sido duramente perseguida por Macri y los gobernadores Alicia Kirchner y Alfredo Cornejo, y ahora directamente abandonadas a su suerte por parte de Ctera, que no dará continuidad a las medidas. En la mayoría de las provincias citadas continúan las medidas la semana próxima, y el conflicto paritario está completamente empantanado. El cuelgue de botines de Alesso y Baradel es un guiño a Cambiemos y a los gobernadores del pacto fiscal de que harán lo imposible por cerrar los reclamos a la baja y lo más rápido posible. Roberto Baradel lo confesó en el programa de radio de Ernesto Tenenbaum, en el que dijo claramente que no ve un conflicto largo en marzo y que van a cambiar por medidas alternativas pero no paros. Baradel le dice al gobierno que no se confunda; que ellos no son el problema sino la solución al conflicto. En medio de la ofensiva más feroz contra la educación pública en Buenos Aires, con cierres de escuelas, cursos, cesantías de oficio y desconocimiento del estatuto, la dirección celeste de Suteba actúa buscando un entendimiento cordial con el gobierno bonaerense de Vidal. El desmantelamiento de las medidas de fuerza tuvo como escenario una movilización devaluada del aparato de Ctera el primer día de paro: la marcha congregó a unas 15.000 personas, menos de la mitad de los educadores movilizados a comienzos de marzo del año pasado cuando comenzó el conflicto docente. Fueron 40 minutos de discursos completamente vacíos en el Palacio Pizzurno, en los que no se mencionó jamás qué reclamaba Ctera al gobierno, salvo que los convoque a la paritaria nacional. Sin consultar a nadie, en los últimos cinco minutos de su alocución, Sonia Alesso (secretaria general de Ctera) dijo “nos vemos en abril”. La tercera parte de esa movilización fue aportada por los sindicatos, seccionales y delegados multicolores, que se encolumnaron detrás de la consigna de plenarios de delegados de escuela provinciales y continuidad del plan de lucha. Exactamente lo contrario de lo hecho y dicho por Sonia Alesso y Roberto Baradel. Ctera no organizó nunca el paro, pero lo cerró en un abrir y cerrar de ojos. La acción de bloqueo de parte de la burocracia sindical docente incluyó a los ex socios de Ctera, UDA y Amet, que carnerearon la medida y fracturaron el malogrado Frente Docente Nacional. Plenarios de delegados de escuela La tarea de los sectores combativos es la de impulsar las medidas de fuerza que están en curso, en cada provincia, ante la entrega de Ctera. Los Suteba muticolores tienen asambleas el próximo viernes para debatir la continuidad de las medidas de fuerza, y el reclamo a Baradel de Plenario provincial de delegados de escuela para organizarlo; las seccionales antiburocráticas de Amsafe-Rosario, de Aten, los sindicatos recuperados con sus congresos, como Adosac, Sutef o Sute, los docentes del Chaco, los compañeros de Ademys de Ciudad de Buenos Aires, los sindicatos ajenos a la conducción kirchnerista de Ctera del Noroeste, las seccionales antiburocráticas de Atech, los delegados y activistas de todo el país tienen su mirada puesta en defender y profundizar las medidas, para imponer un salario básico nacional de 17.000 pesos y un incremento salarial del 25 por ciento. Ante la reiteración del gobierno de Vidal de la oferta miserable del 15%, Suteba debe convocar a un paro de 72 horas y un plenario provincial de delegados. Para superar la entrega de Sonia Alesso, Roberto Baradel, Eduardo López, de UTE, y compañía, deben decidir los docentes.

En estos días se aceleraron las reuniones en Sanidad y el Sindicato del Gas para armar una nueva conducción de la CGT, lo que tendría lugar en mayo, al vencimiento del mandato del actual Triunvirato. De esas reuniones participan los gordos de Daer y compañía y los “independientes” de Andrés Rodríguez y Gerardo “Batallón 601” Martínez. También se incorporaron a la rosca sectores como las devaluadas “62”, capitaneadas por Uatre, los agentes más directos de Macri en el movimiento obrero. A excepción de Pablo Moyano que renunció al Consejo Directivo -y de un pequeño grupo de dirigentes que lo siguen, entre los que no se cuenta Schmid-, hay más actores en la conversación, al punto que además de Héctor Daer, suenan para el cargo de secretario general, Sasia, de la UF, y Pignanelli, del Smata. Ambos firmaron últimamente convenios de flexibilidad laboral en sus gremios, adelantando el rumbo que toma la reforma laboral, que no pudieron tratar como ley después de las jornadas de diciembre: arrasar los convenios y paritarias desindexadas a la baja, a la par de la salida de los DNU y las posibles leyes fraccionadas que reemplacen a la ley ómnibus que había pactado el Triunvirato. Es significativo. Tras las combativas jornadas de diciembre y el giro popular contra la reforma jubilatoria, se acentúa el colaboracionismo de la burocracia sindical. Los trabajadores hacia un lado, la burocracia sindical hacia el otro. La razón profunda es que el rumbo de la burguesía en su conjunto es agravar la ofensiva contra la clase obrera, intentando contrarrestar los desequilibrios económicos capitalistas -la avalancha importadora, la inflación y el endeudamiento, mediante un incremento de la tasa de explotación de los trabajadores. El combo propuesto a los mineros del Turbio concentra esta perspectiva: despidos, rebaja salarial y convenio a la baja. En el Inti, un golpe antisindical para viabilizar el desmantelamiento. Es un horizonte que estará plagado de choques y contradicciones. Los despidos están en el orden del día, no sólo por el ajuste privatizador en el Estado, sino también por la crisis industrial de ramas enteras y porque a los convenios flexibles, como el de petroleros, le siguen miles de despidos. El desfinanciamiento progresivo de la Anses hará estallar incluso la nueva fórmula de actualización jubilatoria. A término, la viabilidad de la política macrista requiere una derrota de la clase obrera. Las luchas están y estarán en el orden del día. La nueva CGT se anota para defender la casta de la burocracia sindical en medio del vendaval, aún en el caso que la nueva conducción se declare pejotista y opositora a Macri, su línea central es el colaboracionismo. En este cuadro debuta el grupo opositor de Moyano, Yasky, Palazzo y Grabois. Ya analizamos desde estas páginas la falta de continuidad y de perspectivas del 21F en el que Moyano llamó a “votar bien” en octubre de 2019, cuando el ajuste y la ofensiva hayan transitado cuatro años de Macri y su pacto fiscal con los gobernadores, del propio PJ en la mayoría de los casos. Ahora, ante el paro internacional de la mujer del próximo 8M, superponen una convocatoria alternativa a la de las organizaciones de lucha de la mujer, en la que no organizan paro alguno y en la que amputan (ver artículo) el reclamo por el aborto legal. La mano de Bergoglio, a través de la CTEP parece evidente en esta maniobra de neto corte burocrático, porque ninguna de las organizaciones firmantes ha abierto debate alguno en las organizaciones obreras respecto del flagelo que implica el aborto clandestino para la mujer trabajadora. Así las cosas, el 8M será para el clasismo un nuevo escenario de lucha política en las fábricas y lugares de trabajo contra la burocracia sindical oficialista y también la opositora. El paro activo nacional y el plan de lucha para llevar las luchas a la victoria y derrotar el plan de guerra de Macri y los gobernadores no pasa por las maniobras de la oposición pejotista y clerical, sino por poner en pie a la clase obrera como fuerza social en la lucha y como alternativa política. Por un 8M masivo, por un Congreso de delegados mandatados por asambleas de todos los sindicatos, sean de las fracciones de la CGT o la CTA. Al ajuste le hacemos frente con los trabajadores.

A pesar de los buenos resultados de la zafra 2017 y de la suba en los precios del azúcar y el alcohol, la patronal administradora del Ingenio San Juan finalizó la zafra del año pasado adeudándoles a los trabajadores cerca de 15 millones de pesos en salarios y más de 100 millones a proveedores y cañeros. Estas deudas ponen en peligro el inicio de la nueva zafra y la fuente laboral de 500 trabajadores. Frente a esta situación, los obreros del ingenio tomaron cartas en el asunto y, junto a sus familias, tomaron el ingenio como forma de protesta concreta y lugar donde reunirse y debatir en asamblea los pasos a seguir. Los reclamos son: que se les pague el total de la deuda del año pasado y que se garantice el inicio de la zafra con todos los trabajadores. Estos reclamos son llevados tanto a los arrendatarios del ingenio como al gobierno provincial. Ya se ha conformado una comisión de mujeres, esposas e hijas de trabajadores, que se encarga de la olla comunitaria y está impulsando actividades para paliar situaciones graves, como la falta de útiles escolares para los hijos de los obreros ante el inminente inicio de las clases. Esta comisión de mujeres ya anticipó su participación en la marcha del 8 de marzo para hacer oír sus reclamos. La dirigencia burocrática de la Fotia está interviniendo activamente en este conflicto, a diferencia de una lucha similar que se desarrolló hace dos años en la que se mantuvo al margen. Ahora, anticipándose al conflicto que se estaba incubando, procedieron a intervenir al sindicato obrero de la fabrica designando como interventor al secretario general del sindicato obrero del Ingenio Aguilares, quien se rodeó de un sector del activismo de aquella lucha. Este sector especula que, apoyando la intervención burocrática, podrá hacerse del sindicato una vez que la burocracia convoque a elecciones. Si se tiene presente que el actual secretario general de la Fotia es Roberto Palina, quien es, a su vez, el actual secretario de Trabajo del gobierno de Juan Manzur, está claro que por la vía de la burocracia, es Manzur el que está arbitrando una salida a la crisis del ingenio. Son varios los grupos que están interesados en el Ingenio San Juan, especialmente por la instalación de alcohol y en especial por las 1.500 hectáreas de tierra aptas para el cultivo de caña de azúcar. Para poder asegurar la zafra 2018 y los puestos de trabajo, los obreros y los empleados del ingenio deben responder a las decisiones que se adopte en las asambleas de la fábrica ocupada -o sea al margen de las disposiciones del interventor de la burocracia. Y reclamar que se convoque a un congreso de bases de la Fotia que sesione en el propio ingenio para votar medidas de solidaridad, a la par de preparar los reclamos para la paritaria azucarera, frente al atraso salarial y la precarización laboral.

El juez Oyarzún confirmó la detención de Martín Méndez y Jorge Moreno, obreros del Ingenio Tabacal con más de 15 años de antigüedad. La detención reafirma una línea de la empresa y del poder político nacional y provincial, que han militarizado los pueblos de Orán e Hipólito Yrigoyen para garantizar los despidos masivos en el ingenio. El juez ha confirmado ahora la medida que había sido dispuesta por la fiscal del caso y que supone que Méndez y Moreno puedan estar todavía hasta 15 días más detenidos por luchar. Se trata de una decisión política de mantener como rehenes a compañeros con una amplia tradición de lucha, como muchos de los 180 trabajadores que integran la lista de despedidos por Seaboard Corporation-Tabacal. Es un acto de amedrentamiento que se suma al comunicado del 6 de marzo de Seaboard, que advirtió a los obreros sobre las consecuencias negativas de sumarse a la lucha. La preocupación de la empresa y la Justicia tiene que ver con que la asamblea obrera del domingo pasado votó, terminada la conciliación obligatoria, proponer un paro por tiempo indeterminado, uniendo la lucha de despedidos, trabajadores en actividad y trabajadores que todavía no se incorporan a la zafra. Seaboard y el poder político están a toda máquina en una campaña para dividir esa fuerza obrera. Por estas horas se discute una movilización al juzgado del doctor Oyarzún y la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado. Apoyamos incondicionalmente la lucha de los obreros de El Tabacal contra los despidos, el ajuste y la criminalización de la protesta sindical.

*Ileana Celotto (secretaria general de la AGD-UBA), Amanda Martín (secretaria adjunta de Ademys) y María Tango (Mesa Nacional del Polo Obrero) El 6 de marzo se conoció una solicitada firmada por la CGT, la Corriente Federal, las dos CTA y el trío de organizaciones sociales de San Cayetano que excluye del 8M la reivindicación del aborto legal. Publicamos, a continuación, una crítica a dicho documento. Al mismo tiempo que una imponente audiencia pública y movilización en el Congreso lanzaba el proyecto de ley del aborto legal, toda la burocracia sindical se unía para extirpar esa consigna de una convocatoria al 8M por parte de: CGT (presumimos moyanista), CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, Corriente Federal, CTEP, Barrios de Pie, CCC y el Sipreba. En el presente cuadro político, no incluir esta consigna, es movilizarse contra ella. La larga mano de la Iglesia se metió de lleno para este manijazo de la burocracia sindical opositora, que guitarrea contra el ajuste, detalla un número de genuinas reivindicaciones -por las cuales muchos de ellos no luchan- y rechaza la reforma laboral que la misma CGT pactó, cuando Schmid integraba el Triunvirato. Quienes no se unieron siquiera el 21F (el deggenarismo no estuvo) se unieron para convocar al 8M, dos días antes, mediante un documento que ignora la reivindicación central de este día internacional de la mujer. La maniobra contra el colectivo convocante es tan profunda que montaron una conferencia de prensa propia en el monumento al Trabajo y pretendieron encabezar una marcha que, por derecho propio, pertenece a los movimientos de lucha que vienen organizando, año a año, las reivindicaciones de la mujer. No lograron el segundo objetivo, pero marchan como columna para regimentar en este grupo antiaborto a las trabajadoras de sus gremios. Pero la contradicción y el cinismo de esta convocatoria van mucho más lejos. Estas centrales sindicales llaman a movilizar el día del paro internacional de mujeres sin organizar ni llamar a parar, ni siquiera, por ejemplo, una hora en todos los lugares de trabajo de sus sindicatos. Es de hacer notar que el centroizquierda sindical, tanto kirchnerista como no kirchnerista, se ha plegado a esta amputación política y sindical de una reivindicación femenina de la magnitud del derecho al aborto. Por supuesto, para variar, el manijazo no ha sido motivo de debate en asambleas de los sindicatos de los que se alinean en esta perspectiva, contraria a las organizadoras de la movilización y contraria al movimiento internacional de la mujer por este derecho. A esta maniobra se han sumado dirigentes del Sipreba, el flamante sindicato de trabajadores de prensa, con la oposición de los directivos de la Naranja. La frutilla del postre es que se reivindica la libertad de Milagro Sala, pero no el levantamiento de la prisión preventiva de Arakaki y Ponce, así como la libertad de los presos del 14 de diciembre y de todos los procesados por esas formidables movilizaciones obreras contra el robo a los jubilados, que justamente desoyeron el llamado de la CGT a desmovilizar. Párrafo aparte merecen firmas como la de Barrios de Pie, mientras su legisladora Victoria Donda es la primera firmante del proyecto en Diputados. Llamamos a las compañeras y compañeros de Barrios de Pie y de todos los movimientos sociales a movilizarse por el derecho al aborto que, como causa de muerte adolescente, azota a las más postergadas. Llamamos en cada sindicato y en cada lugar de trabajo a organizar desde abajo, como fuera posible, el paro que la burocracia sindical en su conjunto no llama. Llamamos a movilizarnos en forma independiente de esta convocatoria negativa, que atrasa y desorganiza, que divide y desorienta. Llamamos a movilizarnos desde asambleas de base y convocatorias de activistas en todo el movimiento obrero y popular, en los términos de la que ya fuera una gran movilización el 8M del año pasado, un día después de la rebelión contra el palco cegetista. Ahora llamamos a rebelarnos contra esta convocatoria que amputa la reivindicación central de este 8M. Adelante compañeras, vamos por todos nuestros derechos contra la superexplotación capitalista, contra el oscurantismo clerical, por el derecho al aborto, por la emancipación de la mujer como parte de la emancipación de toda explotación humana.

Hay motivos de sobra para que las movilizaciones y actos que tendrán lugar el próximo 24 de marzo sean masivas. En primer lugar, porque a 42 años del golpe genocida, nos encontramos ante un nuevo intento de amnistía para los represores condenados: el gobierno giró a la Justicia un listado de un centenar de genocidas presos -entre ellos, “El Tigre” Acosta y “El Turco” Simón-, “sugiriendo” su salida de la cárcel para que cumplan “prisión domiciliaria”. Queda más claro que nunca que el fallo del 2x1 y la liberación de Etchecolatz fueron parte de una política de Estado, dirigida a reinsertar a las fuerzas armadas en la vida política del país y en la represión interna, bajo el eufemismo de “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Los cuestionamientos de funcionarios a la cifra histórica de los 30 mil, en un intento de relativizar el alcance del genocidio; su reivindicación de la “teoría de los dos demonios” y sus llamados a la reconciliación; la reivindicación de los militares caídos en el asalto al cuartel de Azul y la presencia de las esposas de los represores durante el acto de asunción del nuevo jefe del Ejército, son expresiones brutales de la plena vigencia de la lucha contra la impunidad de los crímenes dictatoriales. La profundización de la represión y la criminalización de la protesta están íntimamente conectados con esto. Los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en la Patagonia, los violentos desalojos en los ingenios azucareros en el norte del país; la represión, detención y procesamiento de decenas de manifestantes -entre ellos, nuestros compañeros César Arakaki y Dimas Ponce- del 14 y 18 de diciembre contra el saqueo previsional; el enaltecimiento del “gatillo fácil” del policía Chocobar como “doctrina” de seguridad y el mayor entrelazamiento del aparato represivo local con los del imperialismo forman una unidad política. Detrás de esto, se encuentra la voluntad del gobierno de apelar al garrote para enfrentar un eventual levantamiento popular contra el ajuste y sus planes de guerra contra los trabajadores. Como todos los años, desde el Partido Obrero impulsamos una movilización independiente de todos los gobiernos, encabezada por el EMVyJ a Plaza de Mayo, para denunciar esta orientación y todos los atropellos que se encuentran en la base del régimen “democrático”, desde las leyes de impunidad de Alfonsín hasta la designación del genocida Milani al frente del Ejército por parte del kirchnerismo, pasando por los indultos de Menem, la represión criminal del 19 y 20 de diciembre de 2001 de De la Rúa y la masacre de Avellaneda del duhaldismo. Junto a esto, levantaremos la denuncia contra el ajuste y la reivindicación de todas las luchas obreras y populares contra la explotación y miseria capitalistas. La izquierda, furgón de cola del kirchnerismo En estos días, un profundo debate se está procesando al interior del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Ocurre que una parte de la izquierda, fundamentalmente el PCR y el MST más algunos grupos menores, promueven realizar una convocatoria en común con los K, con las mismas consignas. El precio, resulta obvio decirlo, es omitir en la consigna principal la denuncia sobre el rol de los gobernadores, que aplican el ajuste con represión en sus provincias y suscribieron el ‘pacto fiscal’; y de los bloques parlamentarios de la oposición, que hicieron posible la aprobación de todas las leyes fundamentales pedidas por el macrismo, desde el acuerdo con los fondos buitre hasta la ‘reforma previsional’. También significaría omitir la delimitación frente al kirchnerismo, al cual el EMVyJ enfrentó durante doce años (Milani, leyes antiterroristas, apoyo “logístico” de las fuerzas armadas en operativos contra el narcotráfico, Proyecto X, Julio López, gatillo fácil, condena a los petroleros de Las Heras, crimen de Mariano Ferreyra y casi 30 muertos en protestas, entre muchos otros). Siguiendo esta orientación liquidacionista, diez días atrás, el PCR ha llegado al extremo de romper -junto a la CTEP y la CTA- la convocatoria unitaria de la Multisectorial de La Plata-Berisso-Ensenada contra la domiciliaria a Etchecolatz. El kirchnerismo ha lanzado su convocatoria, con estética y consignas que delatan su pretensión de colocar el 24 de Marzo al servicio del operativo “volveremos”. En una declaración conocida este lunes, el Frente de Izquierda ha llamado a defender un acto y una columna independiente de los responsables actuales y pasados de la represión y la impunidad. Este 24 vamos por una gran jornada de lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores. LEE TAMBIEN: MURIÓ BIGNONE, EL GENOCIDA DE LA “TRANSICIÓN” MILES MARCHAMOS EN LA PLATA POR CÁRCEL COMÚN A ETCHECOLATZ EL GOBIERNO PREPARA UN INDULTAZO

Los editorialistas de los dos diarios más afines al gobierno no dejan dudas en relación al origen de la decisión oficial de habilitar el debate sobre el derecho al aborto. En La Nación, Morales Solá señala que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó “advirtió al gobierno que no estaba en condiciones de asegurar el control de la sesión especial sobre el aborto pedida por un grupo de legisladoras de varios partidos”. Una fuente oficial citada por el editorialista añade que “era preferible conducir un debate moderado que dejarlo en manos de los fánaticos” (ídem, 4/3). Los “fanáticos” serían aquellos que, con el telón de fondo de la multitudinaria movilización del 8, procurarían sancionar o al menos debatir sobre el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en un hospital público, y de un modo gratuito y seguro. Los “moderados”, en cambio, son los bloques y lobbyes político-clericales que ahora, en nombre del debate “en comisión”, van a maniobrar contra aquel derecho. En Clarín (5/6), Ignacio Zuleta revela que el gobierno “temió que las ligas abortistas ocupasen la calle y se pusieran al borde de lograr una sesión especial el 8 de marzo”. Hay que tomar nota de la relación (antagónica) entre esta crisis y la grandes jornadas de diciembre contra el saqueo previsional: cuando el Congreso se aprestaba a cercenar un derecho -como ocurrió el 14 y 18 con los jubilados- el gobierno acusaba a los manifestantes de “no dejarlo sesionar”. Ahora, cuando un grupo de diputadas -y una marcha multitudinaria- iban a reclamar la sanción de un derecho -al aborto legal- es el propio Congreso el que se las arregla para “no sesionar”. Nada retrata mejor al carácter reaccionario de este Estado y sus poderes que la imagen de un Congreso “con candado”, en el mismo momento en que millones de mujeres irán por un derecho crucial. La sesión especial, acompañada de una gran movilización afuera, hubiera echado por tierra la supuesta “iniciativa positiva” del macrismo, para convertirla necesariamente en una respuesta al movimiento de mujeres en lucha y a los bloques políticos que aceptaran la sesión especial. En cualquier caso, la conclusión es clara: si el gobierno ha tenido que abrir el debate sobre el aborto, ha sido bajo la inmensa presión del movimiento de la mujer, como ya se expresó en las movilizaciones de estos años y volverá a manifestarse el próximo jueves 8. “ Distraccionista ” Es frecuente escuchar hablar -incluso de parte de esos mismos editorialistas oficiales- del objetivo “distraccionista” de la iniciativa oficial, en medio de los despidos, la carestía y la impasse más general del gobierno macrista. Pero para que una reivindicación sirva para “desviar” o “distraer”, al menos en grado de tentativa, tuvo que ganarse antes un lugar crucial en la consideración popular. Ello ocurre con el derecho al aborto, al cual los sondeos de todas las encuestadoras -de las más a las menos oficialistas- lo dan con la aprobación mayoritaria de la población. También se ha dicho que el gobierno maniobra con el derecho al aborto para “dividir a la oposición”. Pero lo que el macrismo explota es el carácter furiosamente clerical que domina a esa oposición patronal, como se manifiesta en la posición antilegalización que va desde Cristina Kirchner a “Chiche” Duhalde, pasando por Graciela Caamaño. A caballo de estas maniobras, el gobierno ha redoblado la apuesta y anunció “la equiparación salarial entre el hombre y la mujer”. La medida oficial podría atender algunas situaciones de discriminación salarial o de carrera, las cuales suelen afectar a los estratos gerenciales o profesionales (éste era un reclamo central del feminismo burgués del siglo XIX). Pero no puede dar cuenta de las diferencias salariales que se originan en trabajos de menor calificación, como resultado de las trabas a la formación profesional o dedicación laboral que resultan de condenar a la mujer a las tareas domésticas, o la obligan a desplegarse entre éstas últimas y el trabajo. O sea que el anuncio no subsana la situación salarial de la absoluta mayoría de las mujeres. Finalmente, el peregrino proyecto oficial pone a la misma mujer discriminada y coaccionada a controlar la pretendida “igualdad” salarial en los lugares de trabajo, una verdadera impostura. Cómo intervenimos Es necesario que el movimiento de la mujer -y toda la clase obrera- aprecie las contradicciones de la situación que tenemos por delante. Por un lado, es claro que si el gobierno, empujado por el vendaval de la lucha de la mujer, ha sido obligado a considerar estas reivindicaciones, no se va a privar de explotarlas en pos de una cooptación política. Esta maniobra buscará dirigirla, con toda seguridad, al feminismo liberal, que se ha empeñado en escindir a la lucha de la mujer de la lucha de clases y de todo movimiento de conjunto por la emancipación social general. Esa tentativa chocará, de todos modo, con los límites de la reaccionaria política oficial. No es un secreto que el macrismo ha colocado la reivindicación del aborto legal en un juego de extorsiones con el devaluado papa Francisco, a quien Macri amenaza con un traspié “en la propia casa” después de los varios fracasos sufridos por la diplomacia internacional vaticana. En este campo de maniobras, el oficialismo especula con un “proyecto de mínima (para) llevar a la ley la actual jurisprudencia de la Corte” (La Nación, 5/3), que autoriza a los llamados ‘abortos no punibles’. A su turno, un acuerdo “transversal” de quince diputados -pejotistas, massistas, kirchneristas y macristas- ha presentado un proyecto que prohíbe cualquier forma de aborto legal. Es necesario poner de manifiesto todas estas maniobras, y convocar a una intensa acción del movimiento de la mujer para desbaratarlas y abrirle paso, de una vez por todas, al aborto legal. En cambio, y en nombre del carácter “distraccionista” o maniobrero de la iniciativa macrista, el arco político de las organizaciones sociales ligadas al Vaticano, el pejota-kirchnerismo y el ex maoísmo local –que es una agencia de todas las anteriores- quieren’subalternizar’ la reivindicación del aborto legal para la marcha de este 8. Con ello, protegen al clero -y a sus propíos diputados y senadores clericales- frente a la deliberación en curso respecto del derecho al aborto. Pero además, le prestan un valioso servicio al macrismo: si éste “agita” los derechos de la mujer con el propósito de ningunear a la crisis social y las luchas obreras, los “clericales y populares” han resuelto acordarse de estas luchas… pero para ningunear el derecho al aborto. Los partidarios de la “gran unidad opositora” son ellos mismos un factor de división de los explotados. En oposición a unos y otros, las y los socialistas revolucionarios trabajamos por la unión de los dos campos en lucha, los cuales, por otra parte, nunca han dejado de estar férreamente ligados. Luchamos por un derecho al aborto legal cuyo telón de fondo es la miseria social, la violencia doméstica, la coacción laboral (donde un embarazo puede conducir a un inmediato despido), la falta de educación sexual o de recursos anticonceptivos. Por eso mismo, el derecho al aborto es inseparable de toda la agenda de lucha de los explotados –el fin de los despidos, de la precarización y flexibilidad laboral, o las paritarias con techo. Pero también, de sus métodos de lucha, el paro activo y la huelga hasta derrotar el plan de guerra oficial contra la clase obrera. La decisión de acompañar la jornada del 8 con un paro se inscribe por completo en esa línea, con la cual nos estaremos movilizando masivamente en este jueves.

En medio de su programa de ataques múltiples a la clase obrera, el gobierno ha presentado lo que llama “iniciativas positivas”. La modificación de la ley de contrato de trabajo para achicar la brecha salarial entre hombres y mujeres sería una de ellas, junto al debate del aborto en el Congreso y la ampliación de la licencia por paternidad. Sin embargo, este proyecto es una estafa comparable a las que entrañaron las leyes y proyectos aprobados antes por el kirchnerismo y luego por el macrismo de “combate” al trabajo en negro. Naturaleza de la brecha salarial En la Argentina, la brecha salarial entre hombres y mujeres asciende al 27%, de acuerdo con las cifras que ofrece el Indec. Esta brecha se amplía a un 40% en el terreno de la actividad informal. Lo que se mide es la presencia de hombres y mujeres en el mercado laboral y la masa salarial a la que accede cada sector. A su vez, se miden también la masa salarial entre hombres y mujeres en diferentes rubros de la producción, la industria y los servicios. En la única actividad productiva en la que la mujer supera salarialmente al hombre es en la construcción, rama en la que la mujer constituye una minoría absoluta y en la que ocupa lugares administrativos centralmente. La brecha salarial está determinada fundamentalmente por el hecho de que las mujeres acceden a actividades con menor remuneración. El millón de mujeres que trabajan como “empleadas domésticas” tienen hoy la paritaria más baja del país, con salarios equivalentes a 8.500 pesos por jornadas de 8 horas de trabajo. Otro rubro en el que el peso de la mujer es determinante es el docente, en el que más del 80% son mujeres. El proyecto El proyecto gubernamental implica la modificación del artículo 172 de la LCT, que establece la “prohibición de trato discriminatorio” por razones de género o estado civil, y la inclusión del 173. Actualmente, el artículo 172 establece lo siguiente: “La mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo o estado civil de la misma, aunque este último se altere en el curso de la relación laboral. En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren se garantizará la plena observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor”. La modificación gubernamental propone la siguiente redacción: "Los hombres y las mujeres tendrán iguales derechos en todo lo relativo a su acceso al empleo, a su selección y contratación, a sus condiciones de prestación, a su desarrollo o evolución en la carrera, y a su participación y representación en la empresa". En cuanto a la inclusión del artículo 173, el texto de éste tiene el mismo tenor que el anterior: "se garantizará la plena observancia de la igualdad de género en la aplicación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea" (El Cronista, 1/3). En pocas palabras, el proyecto gubernamental no pasaría de constituir un caso de sinonimia sintáctica, con contenidos ya incluidos, tanto en la ley de contratos de trabajo como en la Constitución Nacional. Pero lo más importante es que, en la práctica, el gobierno plantea que habilitará medios para que las mujeres que estén cobrando menos que un hombre por igual tarea, en un mismo ámbito laboral, puedan hacer las denuncias. Pero actualmente ya existen mecanismos para reclamar la equiparación salarial. Lo único realmente innovador al respecto hubiera sido que el Estado fuera el que, con auditorías y controles, detectara cuándo las patronales ejercen esta discriminación y, en consecuencia, ordenara modificar la situación de la mujer. Sin embargo, una vez más se coloca la responsabilidad de la acción en la mujer trabajadora. Como ocurría con los trabajadores “en negro” y las cínicas campañas organizadas por el gobierno anterior, nuevamente se le pide a la trabajadora discriminada que sea ella la que actúe en su defensa frente a las patronales, sin poner por delante ninguna acción del Estado. La medida es puro humo por partida doble. Porque apunta a “atacar” un aspecto de la brecha salarial que es totalmente minoritario, aquel que refiere a la discriminación por sexo entre dos personas que realizan la misma tarea en el mismo lugar de trabajo (sería el caso de las actrices de Hollywood que vienen denunciando esto) y porque una vez más descarga la responsabilidad de librarse de la discriminación al eslabón más débil de la cadena, la mujer discriminada. Las “iniciativas positivas” del gobierno en el campo laboral son una agenda de maquillaje a la feroz reforma laboral -que ya está en curso, con las modificaciones de los convenios por actividad- dirigidas a precarizar aún más el mercado laboral y, por lo tanto, a profundizar todas las tendencias existentes a mantener e incluso incrementar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sin ir más lejos, la primera medida que profundizará esa brecha es la negativa oficial a ofrecer a la docencia una paritaria que supere la inflación anual, que hoy ya se encuentra en el 25%. Puro humo para ocultar las políticas rabiosamente antiobreras.

La diputada nacional del Frente de Izquierda-Partido Obrero, Romina Del Plá, es una de las cuatro firmantes originales del proyecto legislativo impulsado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que este año tomará estado parlamentario por séptima vez. En la audiencia pública hizo una vibrante intervención de cierre, que hizo estallar la sala en un aplauso cerrado y fue saludado de pie por todos los presentes. “Buenos días a todas, a todos. ”Creo que este clima que vivimos acá, de momento histórico, tiene que ver con este compromiso que hemos arrancado de que se trate este proyecto en el Congreso. Lo hemos arrancado luego de doce años de cajoneo parlamentario, con la enorme fuerza de la movilización popular, las que estamos aquí y las miles que en todo el país están luchando y han venido luchando por este derecho tan elemental, que tenemos que defender con este método de la movilización para evitar los lobbies clericales, que se van a desenvolver para tratar de frenar el avance de esta ley. ”En ese punto se va poniendo de relieve quiénes son las principales víctimas del aborto clandestino. Porque el debate no es aborto sí o aborto no, acá el debate es aborto clandestino, muerte de mujeres pobres, miles de mutiladas; o aborto legal seguro y gratuito (aplausos). ”Y justamente los que niegan este derecho en nombre de la vida y otras cosas representan la hipocresía de un régimen social que, a la vez, es profundamente abortista, porque es el régimen social del 40% de las trabajadoras en negro y precarizadas, que le quita perspectivas a la juventud; el que obliga también al aborto en las peores condiciones, porque niega el derecho y las condiciones para la maternidad a miles y miles de mujeres. “Por eso tenemos que ver que este proceso de la movilización popular entronca con la lucha más general de las mujeres y por eso va a encabezar la marcha y el paro internacional de mujeres, 8M, el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito (aplausos). ”Porque entronca con un profundo movimiento popular, de las mujeres y en especial de la juventud. Les debemos a las y los jóvenes el derecho a la educación sexual en las escuelas, barrios, casas, y no que sea un tema del oscurantismo más profundo. Y le debemos a toda la población la anticoncepción gratuita para terminar no sólo con los embarazos no deseados, sino para terminar con todos los flagelos a la salud pública que significan las enfermedades de transmisión sexual que, como todos sabemos, por ausencia de campañas, están aumentando en forma exponencial. ”Por eso tenemos enfrente un debate de derechos y de salud pública que vamos a defender con toda esta incansable movilización. Tomemos el ejemplo de las mujeres polacas que, con su movilización, hicieron temblar a una sociedad conservadora defendiendo este derecho. Vamos a defender adentro y afuera del Congreso este reclamo porque no solamente queremos un debate. Nosotros lo que necesitamos es que se apruebe la ley. Vamos por Diputados y luego vamos por el Senado (aplausos). Conquistemos el aborto legal, seguro y gratuito.”

Como parte de la campaña de la Coordinadora Sindical Clasista por el conjunto del programa reivindicativo de la mujer trabajadora y por la legalización del aborto, desde la Agrupación Naranja, dirección de AGD-UBA, planteamos en la primera asamblea del año un programa de intervención desde nuestro sindicato por los derechos de la mujer trabajadora. Como parte del mismo se propuso a la asamblea poner a toda la AGD al servicio de impulsar la campaña por la legalización del aborto legal seguro y gratuito en toda la universidad. Para sellar ese compromiso nos sacamos una masiva foto, todos con pañuelos verdes, previamente cortados por compañeras y compañeros de nuestro gremio. Y, por supuesto, este 8M pararemos y marcharemos junto a nuestros compañeros. Resolvimos, además, impulsar campañas especiales en todas las unidades académicas y proponer a las y los docentes el uso del pañuelo verde en todas las mesas de exámenes. Fijamos, también, comprendiendo que este derecho deberá ser arrancado por el conjunto del movimiento de mujeres, llevar adelante nuevas iniciativas hacia adentro de la universidad a lo largo de todo el año. Parte de ellas son la presentación de proyectos a los consejos directivos y Superior, y asambleas de trabajadoras por lugar de trabajo confluyendo con las compañeras no docentes. Tenemos en claro que si hoy el Presidente habilitó el debate, es porque el mismo fue arrancado por las grandes movilizaciones que venimos protagonizando las mujeres, por lo tanto, nada podemos esperar de un Congreso de cajoneó durante años otros proyectos por el mismo reclamo. Lamentablemente, no es el derecho al aborto el único reclamo pendiente para las docentes. Por eso resolvimos trabajar con dos petitorios: uno, por salas materno/paternales en todas las unidades académicas y ampliación del cupo en las que ya hay; el otro, por licencia por violencia de género/familiar, hasta ahora negada por las autoridades UBA. Estos reclamos, junto a la efectiva licencia post parto y la suplencia paga para el/la reemplazante, son parte de otro gran reclamo, la aplicación del convenio colectivo de trabajo nacional también en la UBA. Estas serán las tareas que desde AGD impulsaremos las y los trabajadores docentes.