Prensa Obrera N° 1492

Este 8 de marzo tendrá una fuerza singular. Miles de mujeres, en los lugares de trabajo y en las calles, reclamarán, que de una vez por todas, el aborto sea legal en la Argentina. Al habilitar el debate parlamentario sobre este punto, Macri ha pedido a los diputados que voten con "libertad de conciencia". Pero esa mentirosa libertad es la de los lobbies de la Iglesia, que quieren blindar una mayoría de diputados y senadores contra el aborto legal. La única y verdadera libertad que aquí está en juego es la de la mujer. A poder interrumpir su embarazo en un hospital público, de modo seguro y gratuito. Y terminar con el calvario del aborto clandestino, la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Si Macri cree que meneando el debate del aborto legal nos olvidaremos del ajuste contra el salario y el derecho al trabajo, se equivoca de cabo a rabo. Porque la principal víctima del aborto clandestino es la mujer obrera, sin recursos para pagar clínicas costosas. Porque el derecho a la maternidad, por el cual también luchamos, está cuestionado por los despidos, la precarización y el vaciamiento hospitalarios. Porque esa opresión golpea doblemente sobre la mujer trabajadora. Porque la miseria social es la base de todas las formas de violencia a la mujer, comenzando por las redes de trata. Por todo esto, llamamos a parar y movilizarnos todos, compañeras y compañeros, en este nuevo día internacional de la mujer trabajadora.

La decisión de la Cámara de Apelaciones de disponer la prisión preventiva a César Arakaki y Dimas Ponce constituye un nuevo ataque al derecho a la movilización y a la protesta contra el plan de ajuste oficial, a días de otra enorme movilización popular, esta vez en ocasión del día de la Mujer Trabajadora. Esto salta a la vista si se tiene en cuenta el carácter contradictorio del fallo. Ante la ausencia de pruebas, la Cámara Federal de Apelaciones se vio obligada a revocar varias de las acusaciones por las que nuestros compañeros habían sido primero detenidos y luego procesados por el juez Sergio Torres. Desapareció así la figura de “intimidación pública” como también la acusación de “lesiones graves” contra un policía, restringiéndose el procesamiento a “lesiones y atentado contra la autoridad”, dos figuras que incluso en el caso de una hipotética condena, tendrían muy probablemente una pena en suspenso. En el mismo fallo se desestimaron las figuras impulsadas por el fiscal Moldes relativas al pretendido “atentado al orden constitucional y a la vida democrática”, con el cual se paseó durante varios días por los medios de comunicación. A su vez, el fallo de la Cámara de Apelaciones crea el antecedente peligrosísimo de aplicar la prisión preventiva en causas que se siguen por delitos menores y con penas excarcelables. El argumento usado para justificar semejante atropello no es menos antojadizo. Se señala que Arakaki y Ponce podrían usar su libertad para “obstaculizar la investigación”, aunque la propia Cámara no puede citar ni un solo caso en el cual nuestros compañeros hayan realizado, en el último mes que estuvieron en libertad, alguna acción de obstrucción a la instrucción en curso. La decisión está basada en el prejuicio, o lo que es lo mismo, en el desconocimiento de los hechos. Incluso frente a esta injustificada y antojadiza preocupación por preservar una etapa investigativa que César y Dimas jamás han obstruido, existen otros recursos que no son el de la detención en un penal, y que ya ha sido usado en la causa, como ser la preservación parcial del expediente bajo secreto de sumario. A partir de lo expuesto queda en evidencia que la decisión de dictar la prisión preventiva a Arakaki y Ponce debe ser caracterizada como una acción de amedrentamiento a todos los luchadores populares que enfrentan el plan de guerra de Macri contra los trabajadores y el pueblo. Es una amenaza para que no se repitan jornadas de movilización masiva como la que el pasado 18 de diciembre enfrentó la política de saqueo jubilatorio llevado adelante por el gobierno. En esa oportunidad Arakaki y Ponce soportaron una brutal represión y, como tantos otros, defendieron el derecho a permanecer en la Plaza Congreso, que pretendió ser vaciada por la fuerza para amedrentar a los trabajadores movilizados. Los abogados del Partido Obrero apelarán este nuevo ataque al derecho a la movilización, ante los tribunales de Casación. Tal medida tiene un efecto suspensivo por lo cual nuestros compañeros deben seguir en libertad. (Click en botón derecho para activar sonido) (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Presentamos apelación a la prisión preventiva contra César Arakaki y Dimas Ponce Posted by Prensa Obrera on Monday, March 5, 2018

El Partido Obrero ha lanzado una campaña política en el movimiento obrero y popular por un paro activo nacional y plan de lucha, desde las jornadas del 14 y 18 de diciembre. El planteo cobra aún más vigencia al calor de las luchas contra los despidos, las paritarias y, desde luego, contra la reforma laboral en cualquiera de sus formas. Pero en las jóvenes generaciones de luchadores surge la pregunta: ¿qué es exactamente un paro activo? Se trata de un paro con abandono de tareas desde cada lugar de trabajo que puede ser desde las 10 ó 12 horas. Con asambleas previas, que debaten los objetivos, preparan y organizan la movilización hacia el centro de la ciudad. El paro, idealmente debería ser de 36 horas para completar al otro día un paro total durante las 24 horas subsiguientes. Así fue el Cordobazo, que inició el comienzo del fin de la dictadura de Onganía, en un proceso de ascenso de luchas obreras que abriría una situación de tipo revolucionaria, con un enorme desarrollo de direcciones clasistas en Córdoba y en todo el país. Otros paros activos se desarrollarían en el período: el Rosariazo, el Mendozazo y en la propia Córdoba, el Viborazo. Iniciado por reivindicaciones obreras como el sábado inglés y las quitas zonales a los metalúrgicos, el Cordobazo fue una huelga política de masas. Tuvo a los obreros mecánicos de Ika-Renault a la cabeza, quienes derrotaron a la policía y abrieron la lucha generalizada de todo el pueblo cordobés, hasta la llegada de las tropas del Tercer Cuerpo. La burguesía, incapaz de detener el proceso gobernando como lo venía haciendo, apeló a elecciones y permitió, después de 18 años la vuelta de Perón para contener el proceso. El “desvío” de Perón, pacto social mediante, tomó una característica definidamente contrarrevolucionaria donde sobresalen el golpe al gobierno cordobés de Obregón Cano y Atilio López, y la creación de las Tres A, que precedieron a la dictadura. En junio/julio de 1975, a partir de las coordinadoras fabriles que formarían centenares de cuerpos de delegados y miles y miles de luchadores antiburocráticos, se produjo la huelga general contra el rodrigazo y los topes paritarios del 45% que fijó Isabel Perón anulando los convenios del 100/120% arrancados por los trabajadores. El 24 de marzo siguiente, la dictadura ahogaría en sangre el proceso que desató el Cordobazo. Cuando planteamos hoy el paro activo nacional es, justamente, para liberar las energías de la clase obrera contenidas por todas las fracciones de la burocracia sindical, desde la más colaboracionista hasta las alas opositoras. Hoy, un verdadero paro activo movilizaría tal vez millones de trabajadores, iniciando un proceso de iniciativa de las masas contra la ofensiva capitalista que podría ser el comienzo del fin del ajuste en marcha. Notablemente, el 21F sólo el clasismo y la izquierda defendimos la consigna. Pero en un encuentro de izquierdas en el Hospital Posadas se acordó la consigna “paro general”, para consensuar con sectores de la burocracia sindical presentes. No es lo mismo. El paro dominguero de 24 horas fue usado para descomprimir la gran presión obrera y social de los primeros meses de 2017 -ocupación de AGR, huelga docente, paro de las mujeres, revuelta del 7 de marzo. El planteo de paro activo, seguido de plan de lucha apunta al método de la huelga general, se establece como un puente hacia un movimiento decisivo para quebrar el plan de guerra de Macri y los gobernadores. No se asienta tampoco en la idea que reflotó Pablo Micheli el 21, cuando llamó a “construir un paro nacional”, lo que significa sumar burócrata por burócrata hasta tener la masa crítica. En ese caso, cuando llega el paro, es una válvula de escape. Nuestro planteo interpela a la burocracia sindical opositora. El paro activo es un punto de ruptura que debe ser impuesto contra la burocracia sindical, como se impuso la soberbia movilización del 18D, contra el Triunvirato cegetista que llamó abiertamente a no movilizar. Por ello, llamamos a todas las organizaciones y activistas de lucha, a los sindicatos clasistas y la izquierda, a batallar por un congreso de delegados mandatados por asambleas de cada gremio, sean de la CGT o CTA para definir un programa y un plan de lucha que debería empezar por un paro activo nacional.

Con la importancia de reunir unas 150 mil personas, el 21F, a diferencia de las jornadas de diciembre, no abrió una nueva situación política. En cambio, apuntó a una política de contención de aquellas movilizaciones formidables contra las reformas previsional y tributaria. Su norte fue el debut de una borrosa alianza opositora entre una parte de la burocracia sindical y el tridente social del Papa, con el objetivo de sumarse a la meneada unidad del pejota. Los punteros del peronismo, sin embargo, le dieron un apoyo retaceado a la marcha. El despliegue fenomenal del gremio camionero, movilizado desde todo el país, aunque sin paro, no alcanzó a compensar el carácter restringido del número de gremios que se movilizaron. La convocatoria “en apoyo a Moyano” tampoco representó un canal de masas de tipo espontáneo. La convocatoria no tuvo alcance nacional, con la excepción de Neuquén y Mendoza, con sendas movilizaciones de unas 10 mil personas que constituyen reagrupamientos de importancia. Ello vale también para el paro de Adosac en Santa Cruz, que apuntó al ajuste conjunto de Macri y Alicia Kirchner, lo que equivale a la lucha contra el pacto fiscal de Macri y todos los gobernadores y parlamentarios del PJ. Nada de esto estuvo presente en el discurso de Moyano. El camionero ni siquiera denunció el ataque al convenio de su propio gremio, dejando margen para negociarlo a la vuelta de la esquina. Una defensa ante el ataque flexibilizador que busca “bajar los costos de logística” a costa de los trabajadores, cuando los combustibles vuelan por la nubes, habría indicado al menos una ruta de resistencia para toda la clase obrera. Lo más definido que planteó Moyano fue que los trabajadores piensen “democráticamente a quién votamos en la próxima elección”. En buen romance, colocó la convocatoria al servicio de la interna del PJ -y de la CGT- y por fuera de una continuidad que ponga en pie al movimiento obrero contra el plan de guerra en curso. El discurso fue desmoralizador para los compañeros que, desde los ingenios salteños hasta el Río Turbio, luchan contra despidos masivos. Moyano, con apoyo sindical kirchnerista, ha buscado su lugar en un “frente opositor” centrado en el PJ, con vistas a 2019. Se trata de una estrategia de derrota para la clase obrera que lucha hoy contra los despidos, por las paritarias y contra todo el paquete de guerra contra los trabajadores. Hay que apuntar que gremios convocantes como Sutecba acaban de entregar su paritaria al 12%, o el kirchnerista aceitero de San Lorenzo por el 15%. Tampoco estos sectores juegan rol alguno, más bien todo lo contrario, para llevar a la victoria al Inti o a los mineros del Turbio, por mencionar algunas de las luchas más agudas. Para la constelación convocante del 21F, se trata de una dudosa estrategia de desgaste político, que apunta al recambio político post ajuste. La enorme contradicción de la estrategia es que si Macri -y los gobernadores- triunfan contra la clase obrera ahora, después estarán en las mejores condiciones para su reelección. Justamente, ésa es la línea que han adoptado Durán Barba y compañía. Felipe Solá, veterano mudador de camisetas, en la “mesa de unidad del PJ” (en la que por ahora ni pintan los gobernadores) planteó que se abre una “etapa de protestas”, y Kicillof, en una visita al Inti, vociferó que la unidad opositora la tenemos que ver “en las calles”. Es un ala que opera de taparrabos de los gobernadores y del enorme sector colaboracionista de la CGT, mientras hace demagogia ante las luchas obreras y sociales. Que Marcos Peña acuse a Cristina de “autora intelectual” del (modesto) palco del 21F es una exageración interesada. Cristina no fue ni se pronunció por la movilización y mucho menos por su continuidad: el kirchnerismo es tributario de la gobernabilidad del ajuste desde su política integración al PJ. El que más lejos llegó en el operativo de una unidad opositora fue el gobernador Rodríguez Saá, reciente aliado de Cristina, proponiendo una interna opositora que alcance hasta la izquierda. Frente antimacrista o paro activo nacional y congreso de bases Este pretendido “frente antimacrista”, con quienes le votaron un centenar de leyes al gobierno, es una política nefasta para los trabajadores. El desarrollo de la izquierda obrera y socialista depende de abrir una ruta de independencia política sobre la base de liberar las energías de la clase obrera contra el ajuste. El clasismo y la izquierda, que cantaron en soledad por el paro activo nacional desde la columna independiente el 21F, tienen planteada esta batalla conjunta, estrechamente ligada, por las luchas, por el paro activo nacional y el plan de lucha y por la alternativa política de los trabajadores. Es la clase obrera la que puede derrotar el ajuste oficial, y no el recambio que pergeñan, todavía en minoría, la burguesía de los Mendiguren y compañía. Las “multisectoriales” que impulsa la centroizquierda tributan en la misma perspectiva, buscando sumar una pata “progre” a la unidad opositora. Si la crisis capitalista y las luchas obreras ponen contra las cuerdas a Macri, el frente de colaboración de clases será la tabla de salvación para bloquear una salida de los trabajadores a la crisis. Tenemos que enfocarnos para llevar a la victoria la huelga y ocupación del Inti que lleva un mes de batalla colectiva de sus trabajadores, como punto fuerte entre las luchas y así contribuir al reforzamiento de las otras batallas contra los despidos, como el Posadas, el Turbio, Fanazul, el Senasa, Cargill o los ingenios azucareros. El Polo Obrero y el movimiento piquetero independiente tienen que intervenir frente al ataque en regla a los planes sociales, mucho más vasto que la quita de las prerrogativas económicas de las “unidades de gestión” otorgadas al trío papal. El frente único de clase de los desocupados y de ellos con los ocupados, está en el orden del día. El otro punto decisivo de la etapa inmediata son las primeras paritarias de bancarios y docentes, para romper la avalancha de paritarias al 12/15% en cuotas y sin actualización. El gobierno ha indexado los créditos hipotecarios, los combustibles, la deuda (70 mil millones, según índice de costo de vida más el 3,75%) y hasta “indexó” el dólar que saltó hasta 20,50 pesos con sus consecuencias sobre los precios futuros, mientras “desindexa” los salarios mediante cláusulas truchas de “revisión” en setiembre, sobre las cuales tenemos larga experiencia los trabajadores. El gremio bancario ha mostrado su combatividad y poder de fuego, lo mismo que el Banco Provincia. Lo que está en debate es disponer de un plan de lucha progresivo hasta la huelga general, lo que Palazzo acaba de descartar. Lo mismo vale para Ctera y sus gremios provinciales, donde hay que escapar como a la peste a los paros aislados tradicionales, cuando la enorme fuerza conjunta de los 800 mil docentes del país, puede ser un ariete con apoyo de todo el pueblo, para abrir paso a la derrota de los topes paritarios por parte de todo el movimiento obrero. Los despidos y las paritarias a la baja son la primera línea de batalla de una política que descarga sus contradicciones en una mayor ofensiva sobre los trabajadores. Una situación que presenta ahora el agravamiento de la crisis industrial como consecuencia de las medidas proteccionistas de Trump contra la exportación a Estados Unidos de biodiesel, de acero y de aluminio, todas con consecuencias sobre la Argentina. La ofensiva contra los trabajadores sigue en los convenios flexibles que acaban de firmar Smata y Ferroviarios, sumando a los de petroleros, leche y UPCN, que constituyen, junto al megadecreto, la aplicación por otras vías de la reforma laboral que no pudieron llevar al Parlamento después del 18D. Ningún convenio debe firmarse sin pasar por asamblea general del gremio, los paritarios deben ser electos en asamblea. Para retomar el hilo de las jornadas de diciembre, nuestro empeño estará puesto en estos ejes, impulsando el paro activo nacional y el plan de lucha, desde cada lucha y desde cada gremio, para lo cual promovemos asambleas y mandatos, congresos locales de delegados y pronunciamientos por un congreso con mandato de bases de todos los sindicatos, sean de las distintas fracciones de la CGT o de la CTA. La unidad de un gran frente de clase para derrotar el ajuste con los métodos de la huelga general. En este camino, apostamos a un 8 de marzo de masas, por el derecho al aborto y por todas las reivindicaciones de la mujer.

CRONOGRAMA DE LA CARAVANA Viernes 2, 9hs. En la puerta del INTI (General Paz 5445), para salir juntos en una gran caravana hasta 9 de Julio y Belgrano. De allí caminaremos hasta Jefatura de Gabinete, Ministerio de Producción, pasando por la Casa Rosada hasta el Ministerio de Trabajo, donde se realizará un acto y desde allí a la Sede Retiro del INTI. Paradas: 1) Villa Urquiza: Monroe y Triunvirato 2) Chacarita: Dorrego y Corrientes. 3) Corrientes y Callao. 4) Al Obelisco y de ahí a Jefatura de Gabinete, Ministerio de Producción, Casa Rosada. 5) GRAN ACTO en el Ministerio de Trabajo. 6) Sede Retiro del INTI. La iniciativa fue resuelta en una multitudinaria asamblea. También se realizó un plenario, convocando a todas las organizaciones a golpear juntos en esta lucha. Desde el viernes 26 de enero, cuando comenzaron a enviarse los telegramas y comenzó el conflicto, entre el lock-out patronal y el paro total, hace 35 días que continúa la permanencia y el paro general. Debido a los despidos y la respuesta necesaria de los trabajadores, están siendo afectadas un grupo importante de empresas ligadas a la producción industrial, las importaciones y exportaciones. La paralización de certificación de productos y procesos, el control de normas técnicas y las evaluaciones de seguridad, está impactando en la operatoria del comercio exterior, generando faltantes de insumos y productos en los procesos productivos. En la aduana se encuentran frenados una gran cantidad de importaciones. Durante el desarrollo de esta gran lucha, el gobierno sigue su curso de fondo: tercerizar y privatizar controles, e incluso dejar exento de controles a productos del exterior. La respuesta ante cada ataque La orientación política del gobierno -instrumentada por el presidente Ibañez y su staff- consiste en el vaciamiento del Inti y la privatización de sus áreas rentables. Para lograr este fin, han implementado un violento ataque a las condiciones de trabajo, a la organización gremial y al activismo, que se expresa en los 258 despidos consumados. Además, las provocaciones son moneda corriente: entre ellas, la militarización -incluso en el jardín maternal-, los cambios de cerradura en los sectores, los pedidos de listas de los adherentes al paro, las amenazas de descuento de días, la ausencia de mesas de negociación, aprietes y amenazas, el envío de personal de empresas privadas para reemplazar a trabajadores en huelga, el robo de efectos personales del domicilio de una delegada, y la lista sigue. Ante esta batería de ataques patronales, la respuesta surgió siguiendo un método riguroso: asamblea general y de sectores, las cuales emiten resoluciones y se pronuncian sobre cada uno de estos puntos. Hay que destacar el rol de la Comisión de Familiares que mantuvo dos y hasta tres actividades por día, atrayendo miles de personas y jugando un rol clave en la visibilización del conflicto. Luego, la campaña sobre los medios de comunicación -que incluso penetró los medios oficialistas- y logró revertir el argumento patronal de que éramos “todos ñoquis”. Se colocó el problema de la empresa vasca Tecnalia y el escándalo de la contratación de los 93 funcionarios -muchos familiares y socios de la gestión y del ministro de Producción, Francisco Cabrera. En este conflicto se contrapusieron dos estrategias: el lock out patronal, que tiene como norte quebrar a los trabajadores para desguazar el Instituto, y el paro general, cuyo objetivo es la defensa de los puestos de trabajo y la defensa del rol que juegan los trabajadores en el Inti. No es un secreto que Tecnalia actúa bajo la orientación de la Unión Europea, la cual condiciona su acuerdo con el Mercosur a la “flexibilización” de los controles sobre la importación, precisamente, el rol que juegan el Inti y sus trabajadores. Una lucha fuerte y con perspectivas Hemos logrado construir un frente común entre los trabajadores de base, los jefes de laboratorios, los coordinadores y directores con un método y un programa claro: la reincorporación inmediata de los 258 despedidos y la defensa del instituto y sus trabajadores. Vamos con todo a la caravana de este próximo viernes 2 desde la sede central de San Martín al Ministerio de Trabajo. El sábado 3, también como moción de asamblea, se desarrollará “TecnoInti”, donde cada Centro de Investigación expondrá sus líneas de trabajo y las potencialidades del Inti para contribuir al desarrollo de la ciencia, la técnica y la industria. Luego de las jornadas del 14 y 18 de diciembre, los trabajadores han dado muestra de enormes reservas de lucha para derrotar a los ajustadores. El paro nacional activo -ya votado en una masiva asamblea de Inti- y un Plenario de Delegados con mandato de base son la posición estratégica que defendemos para quebrar el ajuste. La lucha del Inti ha demostrado cumplir con las condiciones para derrotar el plan de despidos y desguace del gobierno. Si gana el Inti, será un importante aporte al conjunto de las luchas en curso, que se verán reforzadas si hacemos retroceder al gobierno. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); La caravana del INTI llega al Ministerio de Trabajo. Operativo represivo contra los trabajadores Posted by Prensa Obrera on Friday, March 2, 2018

La ofensiva de la gobernadora Vidal y de Macri contra los derechos docentes es incesante, violando todas las normas establecidas por el Estatuto Docente y eliminando la paritaria nacional. Ahora quieren imponer un 15% de aumento sin indexación, presentismo y eliminación de las licencias. En este cuadro, el pasado 26 de febrero, un plenario provincial de delegados de los Suteba multicolores votó una jornada de No inicio de clases de 72 horas, con paros, movilizaciones y asambleas para darle continuidad, así como el reclamo a Ctera de congresos de base en todas las provincias. Esto deberá ser refrendado en asambleas. El planteo de No inicio por 72 horas y asambleas se ratificó en el Plenario Docente Opositor del pasado 27 (en el que participaron Sutef, Adosac, Sute, Suteba Multicolores, Ademys, seccionales Multicolores de Aten, Amsafe-Rosario, directivos antiburocráticos de Agmer, seccionales Multicolores de Unter, entre otros, y delegados y congresales multicolores de todo el país), que también llamó a parar el 8M. Todo esto revela un movimiento por debajo de la docencia para tomar en sus manos el plan de lucha que Ctera no convoca. Amsafe ha votado dos jornadas de 48 horas de paro, lo mismo que Aten, en tanto que la docencia porteña también parará por 48 horas. En el caso de provincia, ni Suteba ni la FEB, ni Udocba, mucho menos la UDA (que plantea dejar de lado el camino de la “confrontación”), quieren ir a una lucha consecuente en defensa de las reivindicaciones docentes. Suteba plantea un aumento del 20%, al menos cinco puntos por debajo del piso de la inflación prevista, y acepta “conversar” sobre el ausentismo y las modificaciones del estatuto. Sin embargo, la intransigencia oficial en la mesa de negociación la podría empujar a un paro no deseado, cuestión que debería definirse este viernes. Ataques El ministro de Educación provincial, Gabriel Sánchez Zinny, está cerrando cursos y establecimientos educativos enteros en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, aunque debió recular en ocho de las diez escuelas y jardines de Islas de San Fernando -que pretendía cerrar- ante la movilización de los docentes, que se autoconvocaron, resolvieron desobedecer las apretadas de los funcionarios y exigir la vuelta atrás de la medida. Frente a la parálisis completa de la Celeste, la respuesta la están dando estas autoconvocatorias docentes, todavía incipientes. Hubo movilizaciones a las jefaturas y hacia el Concejo Deliberante. La directiva local Celeste de Baradel apenas si hizo un acto de presencia formal. En Vicente López, San Isidro, José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar, entre muchos otros distritos, las escuelas afectadas por cierres y cesantías están realizando asambleas y votando acciones para revertir los ataques. Al revés de la disposición de la base docente, la dirección Celeste actúa conscientemente para desorganizar la respuesta de los trabajadores, aislando las luchas de las escuelas en conflicto, pretende crear un clima de desánimo que le permita concluir en un acuerdo con el gobierno de María Eugenia Vidal, al menor costo posible para ambos. Jornada de No Inicio Los Suteba Multicolores y la lista Multicolor de toda la provincia tienen una enorme responsabilidad: unificar a las escuelas que las direcciones del Frente de Unidad Docente (FUD) dividen. Vamos por un salario básico unificado nacional de 17.000 pesos, y un 25% de aumento en cada una de las categorías que establece el Estatuto; por la defensa de las jubilaciones docentes y del IPS; por la derogación de la reforma secundaria que destruye la educación media. Preparemos desde ahora el No inicio. Foto: Javier Entrerriano

Durante febrero, los trabajadores bancarios llevamos cumplidas 72 horas de paro, por la defensa de nuestras paritarias. Las patronales ofrecen 9% de aumento, sin cláusula gatillo. El gremio reclama el 19,4% con la cláusula, mientras que Tribuna Bancaria reclama el 24,4%. Las discusiones están lejos de cerrarse. Las patronales -que embolsan beneficios siderales- cuentan con el riguroso apoyo del gobierno, que quiere imponer el tope del 15% en los aumentos. La última huelga, de 48 horas, incluyó dos movilizaciones en el microcentro y una movilización de 6 mil trabajadores del Banco Provincia a la Ciudad de La Plata, donde el sindicato realizó un acto frente a la sede de la Corte bonaerense para reclamar la inconstitucionalidad de la ley que ataca nuestra caja de jubilaciones (aumenta la edad jubilatoria y modifica a la baja el cálculo previsional y la movilidad). Los aprietes de la patronal del Bapro en los días previos (descuento de los días de paro), más bien alimentaron la indignación de los trabajadores que nos movilizamos para reclamar la derogación de la ley 15.008. Se demostró una vez más el caudal de fuerzas y el convencimiento de los trabajadores bancarios para defender la caja de jubilaciones y el salario, así como la importancia del método del paro activo, es decir con movilización para luchar y desenvolver nuestros reclamos. ¿Cómo continúa esta lucha? En su discurso en el acto convocado por Moyano -al que concurrió una pequeña columna del gremio, en comparación con la gran movilización a La Plata del día anterior-, Palazzo evitó darle una perspectiva a la enorme lucha de los bancarios y de todo el movimiento obrero contra los ataques que él mismo denunció. En lugar de impulsar un paro activo nacional de todas las centrales, convocó al nacimiento de un ‘frente opositor’ con el pejota, el kirchnerismo y la burocracia. En el acto de la víspera (20/2), frente a la Corte, Palazzo repudió a los legisladores que votaron la ley contra los trabajadores del Provincia, pero ¿no es con estos “traidores” que nos propone unirnos para enfrentar al ajuste de Macri y Vidal? Más que nunca es necesaria la acción independiente de los trabajadores, sin compromisos con los cómplices del ajuste. Para profundizar la lucha y que seamos los bancarios quienes decidamos en asambleas las medidas y la dirección del conflicto, necesitamos que se repliquen las asambleas en todas las sucursales y sectores para discutir cómo seguimos y elevar esos mandatos al plenario de delegados. Como parte de nuestra lucha La Bancaria y todas las comisiones internas tenemos que denunciar el plan de despidos encubiertos (retiros voluntarios) que llevan adelante las patronales, que buscan la reducción de personal y el aumento de la carga laboral, la creciente tercerización y la avanzada sobre el convenio colectivo de trabajo. Todo esto forma parte del trasfondo de la discusión de la paritaria salarial actual. • Por la progresión de los paros hasta quebrar la reforma y el techo salarial del gobierno. • Derogación de la ley 15.008. • Devolución de todos los días descontados. • Por un paro activo nacional y un congreso de delegados de base de la CGT, CTA y todos los sindicatos para quebrar el ajuste, la reforma laboral y los techos salariales del gobierno.

El plan de guerra del capital contra los trabajadores que capitanea el macrismo con los gobernadores tiene a los desocupados en la mira. A fines de enero, el gobierno dio de baja a 28 mil beneficiarios de programas de empleo a los que pagaba la mísera suma de 1.800 pesos. Desde estas páginas hicimos la convocatoria del Polo Obrero a luchar por la inmediata reincorporación, movilizando más de 10 mil compañeros en todo el país el pasado 8 de febrero. Pero los recortes serían incluso superiores. Alrededor de 80 mil planes van a ser transferidos del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Desarrollo Social (Transición al Salario Complementario, Argentina Trabaja, entre otros) y se prevé que éste sólo pueda asumir el pago de menos de 30 mil. El gobierno anunció estos días que el Ministerio de Desarrollo Social convertirá los planes “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” en un nuevo programa, “Hacemos Futuro”. No modificará los haberes que percibe cada monotributista social -apenas unos 4.730 pesos, un tercio de la canasta de pobreza-, pero sí las contraprestaciones. Impedirán que las cooperativas de trabajo sean destinadas a trabajos comunitarios como saneamiento y limpieza. Exigirán terminar los estudios primarios, secundarios y terciarios, lo cual contrasta con los cierres masivos de cursos y de escuelas enteras contra los que se movilizan los docentes hace semanas. Lo que sí parece certero es que “cada uno de los 50 entes de las organizaciones (sociales que) reciben 12.000 pesos al año por cada beneficiario de un plan social, para cubrir costos administrativos, operativos e insumos que necesitan para cubrir las actividades como entes ejecutores (…) con este giro, dejarán de recibirlos” (Clarín, 25/2). Un duro golpe a la CTEP, CCC y Barrios de Pie, el Triunvirato del Vaticano que, tras firmar en 2016 la Emergencia Social con el gobierno, se convirtió en receptor de más de 60 mil de planes como ente ejecutor. Esto es parte de un ataque más general a los trabajadores, como se ve en los despidos masivos en el Estado los techos salariales y los tarifazos. La política del Triunvirato En este contexto, el 15 de febrero, el Polo Obrero participó de la marcha a Plaza de Mayo durante la jornada de paro activo nacional de ATE. Planteamos la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y rechazamos las bajas de los planes. Ese mismo día, el Triunvirato y otras organizaciones que se alinearon con él, movilizaron 40 mil trabajadores a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata junto con Schmid (CGT), Palazzo (Corriente Federal), Baradel (Suteba-CTA) y Moyano (Camioneros). Allí reclamaron ser incorporados en la obra pública con un 25% de cooperativistas en la contratación del Estado (ctepargentina.org, 15/2). La incorporación de trabajadores precarizados en la obra pública “empalma” con la línea de flexibilización laboral del gobierno. Ya en las movilizaciones de fin de año contra las reformas previsional y laboral, estas organizaciones chocaron con el gobierno y se sumaron a la ola de movilizaciones que conmovió al país. El Triunvirato piquetero oscila en busca de un pacto con el gobierno y se abre un interrogante frente a la crisis que provoca el ajuste en el nuevo escenario político. El 21F tuvo al triunvirato como una de sus columnas, pero de allí no salió nada, ni Moyano ni los K, ni tampoco los oradores piqueteros, plantearon un plan de lucha ni un impulso a las que existen (Inti, Fanazul, Turbio, etcétera). El Triunvirato vaticano fue un aliado de la unidad de la CGT (el otro triunvirato) aun cuando los burócratas apoyaron con todo la reforma laboral y la previsional y cuando la CGT estalló producto de la lucha de los trabajadores que se oponen a ella, los Cayetanos se agarraron de Moyano y dejaron al movimiento que representan sin ninguna perspectiva. Ha quedado claro en poco tiempo que ni el pacto social por tres años, para defender un asistencialismo funcional al ajuste, ni la alianza con la burocracia sindical entregada al gobierno ajustador, son una perspectiva para los desocupados y sus organizaciones, hay que abrir un debate sobre qué política tenemos que tener los desocupados y nuestras organizaciones. Frente único y plan de lucha En los piquetes del 8 de febrero, el Polo Obrero levantó una orientación de frente único de las organizaciones sociales contra los 28 mil despedidos de los programas de empleo. Es una convocatoria extensiva a todo el arco del movimiento piquetero para abrir un canal de movilización y un plan de lucha que enfrente el plan de guerra del capital junto con los trabajadores ocupados que luchan contra los despidos en el Estado y en la industria, como los azucareros de los ingenios en el norte. Los reclamos, en estas circunstancias, deben ser bien claros: • Trabajo genuino, mediante un plan de obras públicas y viviendas. • Por un ingreso básico para todos los desocupados no inferior del salario mínimo, vital y móvil. • Basta de bajas en los programas de capacitación del Ministerio de Trabajo, reincorporación de todos los compañeros. • Apertura irrestricta de todos los programas sociales. Foto: Dionisio Dennis

Mas de 5.000 trabajadores nos movilizamos, el pasado lunes 19, unos 7 kilómetros desde Campo Santo, en las puertas del Ingenio San Isidro, hasta Güemes en donde se realizó un acto que contó con una numerosa participación de obreros de ese ingenio reclamando su reapertura. También participaron delegaciones de Ledesma, El Tabacal, La Esperanza y Río Grande, todos integrantes de la Federación Azucarera Regional (FAR). Estuvieron presentes delegaciones de ATE de varias provincias e importantes delegaciones de Salta capital, de organizaciones sociales y de la izquierda. Néstor Pitrola llegó desde Buenos Aires para apoyar esta lucha junto a las bancadas del PO de Salta y Jujuy. Pitrola, a su regreso, ha colocado la lucha azucarera en los medios nacionales, denunciando que se trata de una ofensiva flexibilizadora concertada por las patronales junto con los gobiernos de Macri y Urtubey. La movilización recogió la simpatía de la población. Es la primera acción conjunta de los trabajadores de los ingenios frente a una brutal ofensiva patronal que acumula 1.400 despidos desde diciembre y que en cada ingenio apura drásticas modificaciones negreras en las condiciones de trabajo sin esperar la sanción de la reforma laboral. Es un camino de unidad indispensable para enfrentar a estas patronales que pretenden descabezar o regimentar a las organizaciones gremiales para imponer a fondo este ajuste antiobrero de alcance histórico. Mariano Cuenca, secretario general del San Isidro, dejó planteada nuevamente la iniciativa de convocar a un congreso de bases de la FAR, ya propuesta hace unas tres semanas y que se viene postergando. Anunció también una próxima movilización a Salta capital para reclamar la expropiación del San Isidro para garantizar la zafra de este año y la continuidad de los 730 puestos de trabajo. El viraje necesario para derrotar la ofensiva patronal La política conciliatoria de las direcciones (CTA) que integran la FAR ante la ofensiva patronal ha llegado a un punto de crisis. La gran marcha debe ser el punto de partida de un viraje. Es indispensable un giro de esta política conciliatoria que permita ir a un plan de lucha en común y en unidad con los pueblos azucareros. Potenciar así la pelea en cada ingenio contra los cierres, los despidos y la flexibilización laboral. Hay que ponerle fecha al Congreso de la FAR, que sea preparado con asambleas que otorguen mandato de cada ingenio. La voluntad de lucha de los azucareros no es lo que falta. La de las poblaciones menos aún, esto se vio en el acompañamiento popular a la caravana, pero más todavía en la pueblada formidable de Yrigoyen, hace unos días, contra la represión policial a los despedidos. Los despedidos de El Tabacal siguen con cortes de ruta intermitentes y los de La Esperanza siguen movilizados por su reincorporación. La bancada del PO en Salta presentará un proyecto de ley de expropiación del San Isidro, con garantía de continuidad de los puestos de trabajo, vigencia plena del convenio colectivo, continuidad productiva garantizada por el Estado para la inminente zafra, con comisión obrera de control de cuentas electa por los trabajadores. Pero es evidente que esta salida sólo podrá imponerse desde una posición de fuerza de los trabajadores, que deberían asumir el control de las instalaciones del ingenio para evitar su vaciamiento como parte de una lucha por su reapertura incondicional.

A pesar de que aún resta la formalidad de una aprobación de la fusión de Telecom con Cablevisión por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que debería darse en abril, la patronal de Clarín viene avanzando a paso firme y de hecho con una fusión que ya está generando traslados masivos de compañeros de una empresa a la otra, así como presiones crecientes impulsadas desde el presidente de Telecom, Carlos Moltoni, para “terminar con los juicios a la empresa”, reducción del teletrabajo que se profundizó este año, “retiros voluntarios” para los que no acepten los cambios, aprietes y cambios en las condiciones de trabajo que se están extendiendo a todos los sectores y rincones del país. Frente a este cambio tan trascendental, hasta el momento la mayoría de los sindicatos y federaciones de la actividad no se han manifestado y mantienen un silencio de radio. Pero esta fusión preanuncia un ataque en regla a los trabajadores y una concentración sin precedentes de todos los servicios convergentes del famoso “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, trasmisión de datos/Internet y televisión). En materia de fusiones, contamos con el antecedente negativo de la compra de Nextel por Cablevisión que terminó con cientos de despidos y cierre de edificios. Frente a esta situación que avanza hemos planteado en una reunión de Comisión Directiva de Foetra el año pasado, y en diferentes instancias, una discusión y pronunciamiento de las organizaciones obreras sobre las consecuencias que conlleva la nueva fusión para los trabajadores. Y como parte de esto, a fin del año pasado hicimos entrega a los máximos dirigentes de Foetra y dimos conocimiento en el gremio de un proyecto de ley que elaboramos con la diputada de los trabajadores Romina Del Plá. Este plantea, en primer lugar, que se suspenda la fusión Telecom-Cablevisión hasta que se garanticen todos los puestos y condiciones de trabajo porque no queremos que ésta sea la puerta de entrada para la pérdida de empleos y la aplicación de la reforma y flexibilización laboral en el gremio. En segundo lugar, el proyecto plantea que Telecom tiene que cancelar la deuda que arrastra con los trabajadores telefónicos desde la privatización de Entel, cuando asumió el compromiso de pagar los Bonos de Participación en las Ganancias (algo a lo que se negó con argucias legales a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ratificó esta obligación de la patronal hace años). La fusión no es un problema exclusivo entre patronales privadas, como plantean algunos, sino que afecta directamente a los trabajadores y usuarios de un servicio público fundamental en todo el país. Convocamos a una audiencia pública en el Congreso Nacional para el próximo 15 de marzo (17 horas en el Anexo), con el propósito de que se discutan en la caja de resonancia que es el Parlamento, los alcances de esta megafusión. Invitamos a todos los compañeros, organizaciones gremiales, diputados e interesados a anotarse para participar.

El DIP (Turquía), el EEK (Grecia), el PT (Uruguay) y el PO (Argentina) hemos convocado a una Conferencia Internacional, que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, a principios de abril. Han sido invitadas organizaciones obreras y socialistas, y grupos combativos de diferentes países. El propósito es desarrollar un debate acerca de las perspectivas del período actual y las responsabilidades y tareas que nos caben a los que luchamos por la transformación revolucionaria del régimen de decadencia del capitalismo. La Conferencia se desarrollará en un escenario internacional convulsivo, caracterizado por la crisis capitalista mundial, desequilibrios políticos crecientes, una mayor guerra comercial y financiera, un incremento de las guerras imperialistas, crisis de los más variados regímenes políticos y tendencias a la rebelión popular. Se encuentra a la orden del día la necesidad de una acción internacional común de la clase obrera y la reconstrucción de una Internacional socialista revolucionaria. Las organizaciones convocantes nos colocamos en el terreno de la reconstrucción de la IV Internacional. Partimos de la caracterización de la decadencia histórica del capitalismo y de la crisis de la humanidad que es su consecuencia. Sostenemos que la salida a esta crisis de la humanidad transita por la acción histórica independiente del proletariado, el gobierno de los trabajadores y la revolución socialista internacional. Desde este campo político propugnamos una acción común internacional con todas las expresiones de lucha y de combate que buscan su asiento en la clase obrera y en las masas. Alentamos la clarificación de posiciones políticas y de programas, para llegar a reivindicaciones definidas y a una verificación común del resultado de nuestra lucha. Enfrentamos el desafío de una transición política de crisis capitalistas y guerras imperialistas, por un lado, y de resistencia tanto difusa como abierta de los explotados, y de rebeliones de las masas trabajadoras. Una transición que lleva a situaciones pre-revolucionarias y revolucionarias. La Conferencia internacional será, sin dudas, un foro de debates y de conocimiento y clarificación recíprocos. Marcará, en este sentido, nuevos avances en el camino de desarrollar partidos obreros y revolucionarios. Pero debe cumplir, por sobre todo, con el deber de unir a las fuerzas que participan de ella en un plan de acción. La experiencia común en la lucha es una condición y un motor de la unidad política. El éxito de la Conferencia quedará señalado por los avances que logremos en este propósito. La agenda de la Conferencia Internacional contempla el debate de resoluciones políticas, por parte de las diferentes delegaciones, para adoptar, en conjunto, iniciativas de acción común en torno de las cuestiones más importantes. Es una conferencia abierta; el propósito es verificar experiencias y conclusiones que permitan enriquecer una acción verdaderamente internacionalista. ¡Acabemos con las guerras imperialistas y reaccionarias mediante la unidad en la lucha del proletariado y las masas de todo el mundo! LEE TAMBIEN: Contribución del Partido Obrero al debate de la Conferencia Internacional

A fines de diciembre pasado y comienzos de este año, Alemania se vio sacudida por una gigantesca huelga en el sector metalúrgico y automotriz que abarcó a todos los centros industriales del país. Según los principales analistas, tuvo un alcance similar (o superior) a la de 1984, bajo el período de la Alemania dividida. Pliego reivindicativo En los últimos tres años, los trabajadores metalúrgicos han sufrido un retroceso en el salario real de alrededor del 5,9%, la prolongación de la jornada laboral, así como el incremento de enfermedades y estrés laborales, producto del brutal régimen de producción basado en la rotación del horario de trabajo. Particularmente en la industria automotriz, actualmente se está implementando un esquema de producción de vehículos ecológicos que implica un incremento de la intensidad de producción que ha llevado a prolongar la jornada laboral de 35 horas (como está establecido en el presente convenio colectivo) a 43 horas. La huelga giró principalmente en torno de dos ejes. El primero fue la exigencia por parte del sindicato de rama (IG Metal) de un incremento salarial por 6,8% anual frente a un 2,2% que ofrecía la “Suedwestmetall” (que nuclea a todas las cámaras empresariales del sector), además de exigir la eliminación de nuevas cláusulas de flexibilización laboral en el convenio colectivo de trabajo. El segundo fue la reducción de la jornada laboral a 28 horas semanales frente a las 35 horas de acuerdo con el convenio colectivo de trabajo. El desarrollo de la huelga Ante el rechazo de la cámara empresarial a la propuesta del sindicato, la medida de fuerza comenzó con un cese de actividades por 24 horas. Pero la masividad del acatamiento y de la movilización callejera en favor del pliego reivindicativo obligó a la dirección del sindicato a extender la medida de fuerza día a día, convirtiéndola en una huelga de alcance nacional. La huelga comenzó a despertar una importante simpatía y solidaridad entre los trabajadores. Una encuesta de una consultora arrojó que alrededor del 65% de la población apoyaba la medida de reducir la jornada laboral a 28 horas. Alrededor de medio millón de operarios metalúrgicos se movilizaron por las calles de Stuttgart, Baviera, Bajo Sajonia, entre otros, y realizaron piquetes en las puertas de las fábricas para garantizar el éxito de la medida de fuerza. Además de la rama metalúrgica (unas 280 empresas), se sumaron a la huelga los operarios de la industria ferroviaria, del armamento, y operarios de grandes centros fabriles como Siemens, Robert Bosch, Volkswagen y Mercedes Benz. Pero el elemento dinámico de la huelga fue la juventud. Existe una franja compuesta por trabajadores de 25 a 30 años “que desafían a los gerentes de recursos humanos con demandas de mejores condiciones laborales y no están de acuerdo con la estructura ‘obsoleta’ y vertical de los jefes sindicales” (Tageschau.es, 27/1). La extensión de la huelga equivalió a una pérdida aproximada de 1.000 millones de dólares para las principales compañías metalúrgicas y automotrices y el atraso en sus pedidos. La huelga del metal no sólo unificó al conjunto de los trabajadores metalúrgicos sino que amenazó con extenderse hacia otros sectores como el textil, bebidas y de la construcción y convertirse en una huelga general nacional, lo que hubiera significado un duro revés para el gobierno de Merkel. Sin embargo, nunca estuvo en la agenda de la dirección de IG Metal imponer una derrota a la cámara empresarial y al gobierno de Merkel en defensa de las condiciones de trabajo y del convenio colectivo de trabajo, sino la búsqueda de un compromiso “racional y de equilibrio”. ¿Qué estipula el nuevo acuerdo? El nuevo acuerdo firmado entre la cámara empresarial y el sindicato del metal fija un incremento del 4,3% y una suma de 400 euros para los trabajadores más calificados, a percibirse en un período de dos años. Los trabajadores de categoría inicial percibirán la mitad. Es decir, el acuerdo establece un aumento “raleado”, que se encuentra muy lejos de compensar el retroceso del salario real. En cuanto a la jornada laboral, el acuerdo establece una reducción a 28 horas sólo para aquellos operarios que tengan a su cuidado hijos, ancianos y enfermos que afecten su ingreso mensual, por un plazo de dos años y con carácter opcional. La reducción de la jornada laboral, además, tiene un cupo correspondiente al 10% de la plantilla laboral de cada establecimiento fabril. De superarse dicho número, la patronal tiene la última decisión de permitir que se incremente la cantidad de operarios bajo la modalidad de las 28 horas semanales. Cabe agregar, además, que la reducción de la jornada a 28 horas es seguida por la reducción del salario, la cual fue justificada por el secretario de IG Metall del distrito de Berlín, Olivier Höbel, como “un resultado excelente” y “con horas de trabajo adecuadas para la vida y una mayor participación en la empresa (IG Metall Leipzig, 16/2). La burocracia soslaya que, además, el nuevo acuerdo permite a las patronales “ofrecer” el incremento de la jornada laboral de 35 a 40 horas semanales al conjunto de los trabajadores. Sin embargo, un sector de las cámaras empresariales -como el sector de ingeniería y electricidad- que llama a no acatar el nuevo convenio y a “buscar acuerdos laborales por fuera de IG Metal” (The Telegraph, 5/2). Conclusiones Según el director de la Gesamtmetall, Rainer Dugler, “valió la pena el esfuerzo. Hemos sentado las bases para un sistema flexible de tiempo de trabajo” (BBC, 5/2). En la misma sintonía intervino el secretario general del IG Metal, Jörg Hofmann: “El acuerdo es un hito en el camino hacia un mundo de trabajo moderno y autodeterminado” (Handelsblatt, 6/2). Pero ocurre que, lejos de establecer una conquista para el conjunto de los trabajadores de la rama, el acuerdo promueve un nuevo marco de flexibilización laboral que la patronal pretenderá trasladar al resto del movimiento obrero alemán. No obstante, la huelga del metal en Alemania debe inscribirse en el marco de una tendencia a nivel internacional de la clase obrera a luchar contra la precarización laboral y por el aumento de los salarios para enfrentar la creciente carestía y endeudamiento de las familias trabajadoras. La vanguardia obrera debe prestar suma atención a lo ocurrido en Alemania y al rol de la burocracia metalúrgica de la IG Metal. Sus conclusiones son fundamentales a la hora de elaborar una estrategia revolucionaria para derrotar el plan de guerra del capital sobre el mundo del trabajo.

La habilitación del debate parlamentario sobre el aborto abre un terreno de agitación política al respecto de un reclamo histórico del movimiento de mujeres. Al dar este paso, el macrismo no está motivado por el interés en mejorar la vida de las mujeres que mueren, quedan mutiladas, van a la cárcel o son perseguidas. Tampoco en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. El macrismo, por el contrario, ha salido a levantar polvareda sobre el aborto en el contexto de ajuste que viven los trabajadores en general y las mujeres en particular. La iniciativa oficial también tiene como telón de fondo a las tensiones oficiales con la Iglesia. Pero mucho antes de estas maniobras, la cuestión del derecho al aborto ya se encontraba instalada en la agenda política, como consecuencia del creciente movimiento de mujeres en las calles. Las marchas masivas de los Encuentros de mujeres y las últimas jornadas del 8 de marzo también dan cuenta de ello. Si es cierto que el gobierno apeló a una maniobra para oscurecer la deliberación popular sobre el ajuste, mucho más cierto es que está pagando por ello un precio alto -habilitar el debate sobre una crucial reivindicación de la mujer, en el marco de una creciente movilización. Orientación reaccionaria Nada de esto disimula el carácter reaccionario con el cual los voceros oficiales se han subido a este debate. Toda la plana mayor de Cambiemos está en contra de la legalización, y aportaron su punto de vista para evitar la inquietud del clero y de otros aliados enemigos del aborto legal. Pero el debate desenmascara también a los pretendidos “nacionales y populares”. La ONG “ProVida” y otros clericales desfilan por los medios elogiando la política de Cristina Kirchner, quien en 2011 presentó el subsidio para las embarazadas en consonancia, justamente, con su oposición al aborto legal. Pero un subsidio de 1.000 pesos para una persona sin trabajo y pobre no constituye ninguna modificación de sus condiciones materiales. El desfile de clericales tampoco se priva de agitar el artículo 19 del Código Civil que CFK pactó con la Iglesia contra la opinión de los juristas que lo armaron, en el que se defiende el comienzo de la vida humana desde la concepción. El macrismo confía en un Congreso -y principalmente en un Senado- blindado por los lobbies clericales. Dispuesto a seguir ajustando y despidiendo, hace meses que el gobierno no para de caer en la consideración incluso de sus propios votantes. Aunque Macri pretende “distraer” a la opinión pública de esta realidad, el debate sobre el aborto bien podría terminar focalizado en la misma realidad económica y social que se pretende ocultar, precisamente por la fuerte cuestión de clase que subyace en esta reivindicación. El aborto clandestino golpea con fuerza especial a la mujer pobre, sin condiciones para garantizar una práctica segura y sin riesgos, y que es objeto del disciplinamiento de la Iglesia a través de los propios curas y monjas y de los “movimientos sociales” que se inscriben en la estrategia de Bergoglio. La maniobra gubernamental, en este cuadro, podría terminar echando nafta al fuego de la agitación popular, y reforzar la organización de las mujeres. Es cierto que el gobierno, con esta iniciativa, quiere amortiguar el tono antigubernamental de la jornada del 8M. Sin embargo no podrán impedir que el 8M asocie la lucha por el derecho al aborto con la denuncia general respecto del ajuste de Macri y los gobernadores, que pauperiza con particular fuerza a las mujeres. El aborto y el Parlamento Antes de que el gobierno resolviera la apertura del debate, la reunión de diputadas que están en favor del aborto legal, impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, había resuelto volver a presentar el proyecto de ley el 6 de marzo próximo y llamar a sesión especial el 8. Esta iniciativa también condicionó al gobierno, cuyo bloque anticipó su ausencia en la sesión especial. Pero cuando el bloque macrista anunció que llevaría el debate a “comisiones”, le pidió a las diputadas de la oposición el levantamiento de la sesión especial del 8. La aceptación de este ‘canje’ coloca a las diputadas opositoras de los partidos patronales en el campo de las maniobras del macrismo. Es que la sesión del 8, incluso frustrada, hubiera sido un factor de agitación política en el marco de una jornada callejera masiva y una oportunidad para advertir sobre dilaciones y presiones clericales que ya están en curso. El bloque del FpV se ha servido de la ‘oferta’ macrista para ocultar la profunda división de su bloque en este punto, abonada por la posición antilegalización de CFK y por el seguidismo al vaticano de parte de este sector. Control social, muertes y mutilaciones En los últimos 10 años, un promedio de 80 mil mujeres al año fueron externadas del sistema de salud público, luego de haber sido salvadas de complicaciones creadas por la práctica del aborto clandestino. Un 20% de ellas son niñas de entre 10 y 19 años. Dichas cifras representan sólo una parte de las mujeres que llegan a atenderse, debido a que no está registrado el sector privado y a que algunas provincias se niegan a proveer esa información al Ministerio de Salud. A partir de estas cifras, no es difícil calcular que al menos haya unos 500 mil abortos al año. Según el propio Ministerio, un promedio de 60 mujeres por año, murieron, constituyendo la principal causa de muerte de gestantes. Esta cifra también sufre un subregistro como fruto del lobby clerical entre los efectores de salud que muchas veces llevan a los médicos a disimular los fallecimientos por esta causa. La clandestinidad del aborto reporta enormes gastos al Estado a través del sistema de salud público. Sin embargo, los promotores del “recorte del gasto público” ni mencionan la legalización como forma de ahorrar el costo de miles de internaciones Al régimen social y político imperante lo tiene sin cuidado ese despilfarro, porque utiliza al aborto como herramienta política de sojuzgamiento y control de las mujeres en particular y de la sociedad más en general. Quienes intentan guiar el debate en una discusión de “aborto sí, o aborto no” falsean la realidad, ya que la ilegalidad no trae como consecuencia la inexistencia de la práctica. Lo único que provoca es mayor inseguridad para la salud de las mujeres pobres. El debate es aborto clandestino o aborto legal. El Episcopado eligió recoger el guante y alinearse en el terreno creado por el gobierno: reclamó que se escuchen “todas las voces” en el debate. La Conferencia Episcopal también quiso mostrarse como “democrática” y “dispuesta al diálogo”. El clero confía, en definitiva, en asegurarse una mayoría entre los diputados y senadores de los partidos del régimen. La vocera del PRO, Carmen Polledo, es una diputada con fuertes vínculos con el lobby empresarial de la salud. Una de las fuentes de ingresos de estos sectores son los abortos quirúrgicos, por los que embolsan no menos de 30 mil pesos por práctica. La clandestinidad constituye también un negocio de médicos privados, empresas de salud y de laboratorios. Pronunciamiento popular A despecho de estas maniobras, las manifestaciones populares a favor de la legalización son cada vez más profundas, como lo demuestran las encuestas realizadas por el reaccionario Feinmann o por Jorge Rial, que promediaron el 80% de votos en favor del aborto legal. La razón de esta respuesta popular es la persistente pelea del movimiento de mujeres, que durante más de 30 años luchó por el acceso a este derecho. Aunque el gobierno aspira al ‘entierro parlamentario’ de nuestra reivindicación, esta crisis tiene final abierto, y dependerá de la capacidad que tengamos de concentrarnos en la movilización popular para que el aborto se legalice. Desnudar el fin último del Estado capitalista al mantener la clandestinidad del aborto, el disciplinamiento social de las mayorías populares y particularmente de las mujeres, educando en el sometimiento y el tutelaje de ellas, como base misma del machismo y de la misoginia extendidas socialmente, resulta clave en esta pelea. En este escenario, debemos profundizar las condiciones de movilización de manera independiente de la estrategia de los bloques políticos que sostienen compromisos con el clero y con el interés empresarial. Esta lucha se gana en las calles, imponiéndole al Congreso el punto de vista de las mayorías populares y de las mujeres organizadas. Las que el 8M paramos el mundo podemos lograrlo.