Prensa Obrera N° 1491

La crisis en Venezuela avanza todos los días un paso más al frente, con mayores implicancias internacionales, incluida una intervención militar. El éxodo poblacional está alcanzando proporciones elevadas en las zonas fronterizas -o sea que va más allá de la clase media que hace filas en las embajadas. Colombia, Brasil, Perú y Ecuador han comenzado, en grado diverso, a adoptar medidas de control y restricción al ingreso de venezolanos. El colombiano Santos, que enfrenta elecciones en poco tiempo, ha comenzado a desplegar a las fuerzas armadas en las fronteras. Reclama que Maduro acepte lo que llama una “ayuda humanitaria” y la realización de “elecciones libres”. Macri no se ha detenido en estos detalles y viene planteando, desde noviembre pasado, un embargo petrolero por parte del gobierno de Trump -o sea, el cese de la compra de petróleo venezolano, por un lado, y por el otro, el corte de la venta a Venezuela de productos refinados. El embargo llevaría a Venezuela a una parálisis industrial y del transporte, y sería el preludio de una intervención militar. En la misma línea, el senador Marco Rubio, del estado de la Florida, ha convocado a un golpe militar, incluso por parte del alto mando que apoya a Maduro. Desde otros ámbitos se exige una intervención norteamericana ‘clásica’. El tema fue meneado por Macri y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, durante el paso de éste por Buenos Aires, sin que se insinuara siquiera una queja de parte del peronismo ni del kirchnerismo. Se está desarrollando un conjunto convergente de presiones. Si el éxodo de venezolanos se incrementa o si se producen estallidos sociales mayores, como asaltos a supermercados y almacenes, algunas de estas salidas intervencionistas o golpistas se convertirían en inminentes. Ha habido un incremento, ya elevado, de delitos a mano armada e incluso de la tasa de homicidios. Cualquier salida que sea impuesta por el gobierno imperialista de Trump, con el concurso de sus vasallos, conmocionaría políticamente a América Latina y desataría, potencialmente, una polarización política de grandes alcances. No ha habido pronunciamientos, campañas ni movilizaciones de oposición a una intervención externa a Venezuela, lo cual denuncia una fuerte desmoralización política de los aliados ‘populistas’ del chavismo y también de la izquierda democratizante. Gran parte de esta última ha estado apoyando a las fuerzas ‘democráticas’ que el imperialismo ha armado y entrenado desde los Balcanes y Ucrania hasta Siria. La situación económica de Venezuela ha empeorado de un modo considerable, y no solamente por la hiperinflación y el desabastecimiento. De acuerdo con la Opep, la producción de petróleo de PDVSA ha caído a 1,6 millones de barriles diarios, desde un nivel de dos millones hacia fines del año pasado y casi tres millones en el pasado reciente. Los servicios tecnológicos se han paralizado como consecuencia de la deuda impaga creciente a los proveedores. El precio internacional del petróleo, que llegó a cotizar a 66 dólares el barril, oscila con frecuencia y ya ha retrocedido varias veces a cerca de 50 dólares. Una parte importante de la exportación venezolana se encuentra hipotecada al pago de una elevada deuda con China. La hiperinflación se espiraliza debido a una imparable emisión monetaria. Trump ha bloqueado la posibilidad de Venezuela de refinanciar el pago de la deuda externa, incluso cuando Maduro estaba pagando por ella tasas usurarias. Una reestructuración integral de ella supone la imposición de un plan económico por parte de los acreedores y sus Estados. La alternativa de un apoyo de Rusia es muy limitada, incluso si Maduro convino en entregar a la rusa Rosneft una parte de la cuenca del Orinoco. El gobierno residual devaluó, hace diez días, el bolívar (llamado ‘fuerte’), a cerca de 30 mil el dólar, para aumentar los ingresos de PDVSA en moneda local por sus exportaciones. No se trata, como dicen algunos, de que esta cotización aún sigue siendo baja, cuando en el mercado negro se cotiza a cerca de 300 mil. Simplemente es una medida inútil porque no restablece un equilibrio cambiario, mientras empuja los precios internos más arriba todavía. Pero tampoco es inocua, porque muestra que el gobierno está buscando una salida capitalista ‘clásica’, que le permita reanudar el pago de la deuda externa. Algunos círculos opositores aseguran que la nueva tasa de cambio podría ser adecuada si fuera acompañada con la ‘libertad de mercados’. Ingresarían dólares para arrebatar los activos baratos de Venezuela. La amplitud de la crisis pone en juego las reservas petroleras y mineras de Venezuela, cuya privatización es el botín principal del gran capital. Elecciones adelantadas En este marco convulsivo, la Asamblea Constituyente votó el adelantamiento de las elecciones presidenciales, condicionadas por una Junta Electoral oficialista y con los principales dirigentes opositores imposibilitados de presentarse porque se encuentran presos o proscriptos. La impugnación que recibieron de parte de Trump y la derecha latinoamericana en el gobierno, es una orden para que la oposición no se presente. El sector partidario de concurrir no consigue ponerse de acuerdo en un candidato único. En el caso inverosímil de una victoria de la oposición, debería esperar seis meses para asumir el gobierno. La campaña electoral es de 40 días. Luego de la victoria electoral, en 2015, para la Asamblea Nacional, la derecha sufre un proceso implacable de división. En la trastienda de esta división se manifiestan los choques en torno al despojo de las reservas petroleras y el destino de PDVSA. Las ‘calificadoras de riesgo’ pretenden poner en defol la deuda de PDVSA, lo que habilitaría operaciones de embargo internacional sobre sus activos. Llamativamente, el oficialismo no irá a elecciones bajo el emblema del PSUV sino de Somos Venezuela. Maduro y su camarilla han roto con su propio partido, cuya cúpula, de todos modos, sigue bajo el control del gobierno. La movida apunta a privar de una tribuna política al chavismo disidente u opositor. Oficializa la quiebra del chavismo histórico. Es un paso hacia “la restauración conservadora”. Estas maniobras de perpetuación de la camarilla madurista no resuelven la crisis sideral de Venezuela. Tomadas en su conjunto sólo pueden entenderse como un intento de legitimar un giro posterior de la política económica, en la línea que anticipa la mega-devaluación reciente del bolívar. El anuncio de inaugurar una moneda virtual, respaldada en las reservas petroleras, haría suponer que el gobierno tiene en carpeta el reemplazo del bolívar por una nueva moneda, cuya cotización fluctuaría con el precio del barril del petróleo. Esta reconversión monetaria supone acompañar la mega-devaluación con una apertura cambiaria. Este programa podría ser la condición que han puesto China y Rusia para dar un respaldo financiero que evite trajinar los pasillos del FMI. Un operativo de “estabilización monetaria”, sin embargo, encierra el peligro de un ajuste brutal de precios y una explosión social. La prensa de la izquierda en Venezuela da cuenta de luchas constantes de la clase obrera contra el caos económico, el desabastecimiento y la desvalorización tanto del salario como de los ingresos del pueblo. Está ausente, sin embargo, una unidad política y un planteo político común de la izquierda y las organizaciones sindicales independientes del Estado. Está ausente, por lo tanto, una agitación política común. Abajo el embargo y la intervención extranjera Venezuela se enfrenta, por un lado, a un escenario de agravamiento aún mayor de la crisis y a un éxodo más intenso y, por lo tanto, a una crisis internacional y a la amenaza de embargos e intervención extranjera. En este punto se plantea una campaña de alcance internacional contra una salida liderada por el imperialismo norteamericano y europeo, y por Trump. Por otro lado, se encuentra en marcha un plan electoral fraudulento, adoptado por una camarilla con apoyo militar, acompañado por una política de ajuste y entrega, bajo control, de las reservas petroleras. La izquierda debe unirse en un frente político, junto al movimiento obrero independiente, para enfrentar ambos escenarios con un programa obrero y socialista. La izquierda latinoamericana tiene la responsabilidad de encarar una campaña, que viene muy demorada, contra el embargo a Venezuela y una intervención militar de los Macri, Santos, Piñera -y los Macron y los Trump. Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/

Las movilizaciones previstas para este 15 y 21 de febrero tienen un claro telón de fondo: 6.000 compañeros despedidos en dos meses, desde Río Turbio hasta el Ingenio Tabacal, desde el Inti a la Fábrica Militar de Azul. Mientras tanto, la devaluación de la moneda ha desatado una escalada de aumentos en los combustibles y, desde allí, sobre todos los precios. El gobierno indexa y garantiza los beneficios de los especuladores que lucran con la deuda pública. Pero se niega a cualquier indexación de los salarios. En un año donde la inflación no será inferior al 25%, quiere paritarias con un techo del 15% y una mentirosa “revisión” que no representará aumento alguno. Los motivos para movilizarse y luchar están a la vista. ¡Pero la burocracia sindical está muy lejos de dar una respuesta a nuestros reclamos! Los Daer, Gerardo Martínez y otros han resuelto boicotear el 21, en función de sus acuerdos de fondo con el gobierno. Moyano, Baradel y Yasky, convocantes del 21, no han asegurado ninguna continuidad a esa jornada. Tampoco, en sus sindicatos, preparan una lucha en serio por el salario y por los amenazados convenios colectivos. Por todo eso, es necesario que los que queremos luchar -los sindicatos combativos, el clasismo, la izquierda, las fábricas y reparticiones que están en lucha- concurramos el 21 en una columna independiente, detrás de un programa común: -Ningún despido. Reapertura inmediata de las fábricas y establecimientos, bajo control de los trabajadores. Ocupación de los lugares de trabajo que cierren o despidan. -Paritarias libres y con indexación automática de los salarios. -Abajo la reforma laboral, defensa de las conquistas de los convenios colectivos. -Abajo la reforma previsional, aumento de emergencia y 82% móvil para los jubilados. No podemos dejar que un puñado de burócratas decida por nosotros. Reclamamos un congreso de bases de la CGT, la CTA y todos los sindicatos, para votar un paro activo nacional y un plan de lucha hasta derrotar el plan de guerra de Macri y los gobernadores.

El derrumbe de Wall Street, el viernes 2 y el lunes 5 pasados, provocó temblores en todo el sistema financiero internacional, justo cuando Donald Trump, en Estados Unidos, y Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, se jactaban del “repunte sólido” de las economías de ambos lados del Atlántico. El índice Vix, que mide la volatilidad del mercado, se destacaba por su ‘calma’; el lunes se disparó un 300%. Los bancos provocaron esta sacudida en un intento de amortiguar pérdidas. Acelerador de partículas En cierto momento del desplome, la Bolsa de Nueva York había caído más de 1.820 puntos, una pérdida de valor bursátil de más de un billón de dólares. La cifra, que tiene una apariencia virtual, porque en definitiva no altera el valor real de las compañías, medida por su tasa de beneficios, implica lo contrario para los capitalistas reales, que han comprado las acciones a crédito, por lo cual deben aumentar las garantías entregadas a los prestamistas con esas mismas acciones que ahora han sufrido una desvalorización espectacular. Lo que causó una impresión mayúscula fue que la mayor parte del derrumbe tuvo lugar en solamente once minutos, para seguir luego a un ritmo menor. Aunque al lector le parezca inverosímil, el hundimiento de las Bolsas fue atribuido al aumento de los salarios en Estados Unidos, que el informe laboral del día previo había cuantificado en el 2,7%. La versión convencional le imputaba a ese aumento un carácter inflacionario, que produciría una suba en las tasas de interés y afectaría la ‘salud’ financiera de las empresas. Las tasas de los bonos a 10 años del Tesoro norteamericano ya habían subido, sin embargo, un 40%, antes del anuncio de ese aumento de salarios. Por otro lado, la aprobación por el Congreso estadounidense de una rebaja impositiva espectacular a los beneficios, ofrecía una ganga descomunal al capital para financiar esa suba salarial -al punto que compañías como Apple, Facebook o Walmart habían anticipado que pagarían bonos adicionales a sus empleados con ese dinero extra. La Casa Blanca respondió al derrumbe con un comunicado que reivindicaba que “los fundamentos de la economía son más sólidos que nunca”. Una frase vacía, porque el ascenso de la economía capitalista se desarrolla en forma contradictoria y antagónica, que crea un escenario de sobreproducción o un punto final al aumento de la tasa de beneficios. Apple y su competidora china, Alphabet, con una cotización bursátil enorme y creciente, cayeron por encima del 10% -y del promedio del 4,6% de Wall Street. Apple registró una caída de ventas de iPhone, compensada por precios más elevados. El desplome de estos días tiene otras explicaciones. Ocurre que el rescate del capital por parte del Estado y los bancos centrales, desde el derrumbe de 2007/8, ha permitido la supervivencia de empresas cuya ganancia operativa era inferior a los intereses de sus deudas -las que podían refinanciar, una y otra vez, a tasas cada vez menores. Un ejemplo de estas características lo acaban de ofrecer las mayores contratistas del Estado británico, que pagaban dividendos a sus accionistas por medio de préstamos bancarios, debido a la caída de sus ganancias. El gurú Lawrence Summers, secretario de Tesoro de Bill Clinton, acaba se señalar lo elemental (Financial Times, 5/2): “Los valores de los activos y los niveles de endeudamiento no pueden crecer, por tiempo indefinido, más rápido que el producto interno bruto, aún cuando la habilidad para hacerlo ha contribuido al éxito de los últimos años”. Apple El porcentaje de empresas que pagan dividendos por encima de sus beneficios es elevadísimo: lo hacen las más débiles y las más fuertes. En el inicio de 2018 se ha producido un aumento sideral de la tasa que pagan los llamados ‘bonos basura’. El Financial Times (21/1) señala que esta tasa ha llegado al 6,75%, por arriba de lo que paga Argentina. La suba de la cotización de las acciones ha actuado como garantía ficticia de esos ‘bonos basura’. Una de las mayores contradicciones del proceso especulativo posterior a la bancarrota de 2007/8 es que, por un lado, los bancos necesitan mayores tasas de interés para evitar una fuga de accionistas y depositantes, y por otro lado, que la suba de tasas produce el derrumbe del mercado artificial de las Bolsas. El techo hipotético de las acciones es que los dividendos por acción igualen a la tasa de interés de los bonos públicos y privados. Para romper ese límite, las empresas cotizantes han incrementado, por un lado, el pago de dividendos tomando mayores préstamos; por el otro, han recomprado las acciones de sus compañías, cuya suba resulta en una ganancia similar. El Financial Times (Cronista, 5/2) informa que Boeing y Honeywell anunciaron programas de recompra de acciones por casi 90 mil millones de dólares desde que se acordaron las reformas (impositivas) en diciembre. Bank of America Merrill Lynch estima que de los 1,2 billones de dólares que permanecen en el extranjero, tal vez la mitad del total después de impuestos (alrededor de 450 mil millones) podría ser destinado a la recompra de acciones. Es todo este edificio de capitales y ganancias ficticias, el que amenaza venirse abajo con el desplome de las Bolsas. Han agotado los medios y recursos para valorizar el capital -que es la lógica existencial del capitalismo. Deuda pública Este escenario se liga al mercado especulativo más importante del planeta -el de la deuda pública, que llega en Estados Unidos a los 21 billones de dólares. Es un monto impagable, que se acrecienta con la suba de tasas de interés. Los analistas advierten el inicio de un descenso de la cotización de la deuda pública y una suba de la carga de intereses -después de medio siglo de tendencia contraria. El capital, así como los bancos centrales, deja de comprar deuda del Estado y también deuda y acciones privadas. China ha sido, en las últimas semanas, vendedora neta de títulos norteamericanos; es que ella misma necesita ese dinero para ir al rescate de inmobiliarias, bancos e industrias sobre-endeudadas y con riesgo de defol. Un analista del Financial Times observa que es difícil el remplazo de los bancos centrales por compradores privados de deuda pública, porque implica la posibilidad de pérdidas cuantiosas. Los especuladores han hecho grandes beneficios invirtiendo dinero, que obtenían barato, en las Bolsas y mercados emergentes, que ofrecían tasas mayores de interés. Es así como Macri se endeudó por 100 mil millones de dólares en dos años, y que las Bolsas se dispararon hacia arriba. Lo ocurrido en estos días constituye un repliegue violento. El 28 de diciembre pasado advertimos lo que se venía en esta misma página (“Lo que Sturze no te contó”). El trabajo de zapa lo fue haciendo la desvalorización del dólar frente a las monedas principales y el oro, como consecuencia del déficit comercial enorme y creciente de Estados Unidos. La devaluación fue atizada por la Casa Blanca como instrumento de la guerra comercial. El Banco Central Europeo advirtió a Trump que no prosiguiera con la devaluación del dólar. La devaluación del peso argentino sigue a esta tendencia; se terminó la llamada ‘calma cambiaria’. O sea que la bala de oro de Sturze, para que entren dólares por el diferencial de rendimientos entre el mercado internacional y el de Argentina, ha pasado a mejor vida. Antes que se produjera el desplome, la devaluación ya se había comido parte de la valorización de Wall Street. El ingreso de Central Puerto y Aeropuertos Argentina 2000 a Wall Street fue un fracaso. Caputo, el ‘hermano del alma’ de Macri, sacó capital de Argentina a un precio inferior al que esperaba. “Corrección” y crisis mundial Algunos observadores aseguran que la caída bursátil es “una corrección” -o sea el piso para un nuevo curso ascendente. Es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones, y en especial después del derrumbe del 25%, en un solo día, en octubre de 1987. Hace 25 años tuvo lugar, sin embargo, un hecho de magnitud: en palabras del ex presidente de la Reserva Federal -“se disolvió la URSS” (y China ingresó con fuerza en el mercado mundial), lo que dio un impulso a la especulación mundial y a los derrumbes posteriores. No hay una demanda de dinero para inversiones que dé impulso a la economía (por eso no suben las tasas de interés para inversiones). El programa de infraestructura de Trump no está ni en los papeles, y el de China se repliega. El desplome bursátil confirma la vigencia de la bancarrota capitalista que se viene desarrollando desde la crisis asiática de 1997 y las sucesivas -incluido el derrumbe, en 2001, de Argentina. El escenario estructural de la crisis en curso es la tendencia a la guerra comercial y financiera -y, por lo tanto, a la ‘guerra de monedas’. La rebaja impositiva de Trump pretende que el dinero norteamericano en el exterior vuelva a Estados Unidos -equivale a una guerra fiscal y financiera. Todos los tratados comerciales internacionales están en disputa, en especial lo relacionado con China, cuyas inversiones externas son bloqueadas. La Bolsa es un termómetro del capital, tanto económico como político y militar. No se reduce a un modelo de transacciones financieras. Hasta nuevo aviso, una ‘corrección’, en los próximos días o aun semanas, sería un intervalo para caídas aún mayores.

La revelación de que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue accionista de una administradora de fondos de inversión radicada en paraísos fiscales sólo agrega un elemento más a una cuestión evidente: quien ha estado cargo de todas las operaciones de la deuda pública bajo el macrismo -incluyendo la negociación ruinosa con los fondos buitre- es él mismo un personero del capital internacional. Los fondos que tienen a Caputo como socio succionan beneficios de los llamados países “emergentes”, los cuales se acrecientan a medida que el propio pago de sus deudas públicas los aproximan a la bancarrota. La propia línea de defensa de Caputo retrata esa vinculación: al tiempo que ‘desmentía’ su condición de accionista del fondo Noctua -radicado en las islas Caimán-, el funcionario señalaba que él “sólo” (sic) era “gerente, fiduciario y administrador” del mismo. Sin embargo, la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) reveló que Caputo también era accionista. El funcionario macrista era socio de otras “sociedades de control” que, a su vez, contaban con acciones en Noctua. Este procedimiento de control “en cascada” es una clásica maniobra para borrar las huellas de los verdaderos accionistas de este tipo de fondos. Entre los clientes de Noctua, se encontraba el fondo buitre NML, el mismo que, invirtiendo 117 millones en la quebrada deuda pública argentina de 2002, consiguió que Caputo-Macri lo resarcieran con 2.400 millones en el arreglo de 2016. Pero Noctua también es uno de los 148 compradores de los bonos argentinos a 100 años, que pagan un 8% anual de intereses y que, al momento de su amortización, habrán arrancado de las arcas de Argentina siete veces más recursos de lo que representaba su monto original. En definitiva, el “bono Caputo” de 100 años fue emitido a medida de los mismos fondos especulativos que lo tuvieron como socio y administrador. ¿Ojo por ojo? Todas estas revelaciones ya han sido objeto de presentaciones judiciales por tráfico de influencias, que “duermen” en los tribunales locales. En los últimos días, sin embargo, la condición de Caputo como socio de los buitres ha sido revelada por varias fuentes mediáticas ‘amigas’ del gobierno, comenzando por La Nación”. ¿Asistimos a un ajuste de cuentas en el seno del ‘círculo rojo’? Conviene recordar, en este punto, el traspié que ha significado para muchos inversionistas la venta de acciones de la energética Central Puerto en la bolsa americana. Semanas atrás, Nicolás Caputo -primo de Luis e histórico socio de Macri- se había desprendido de sus acciones en esta empresa, las cuales, bajo el señuelo de la próxima apertura de su cotización en Wall Street, se vendieron a un precio elevado en la City porteña. Pero la colocación en Estados Unidos fue un fiasco. Como consecuencia de ello, las acciones de Central Puerto se desplomaron en la Bolsa argentina, perjudicando a sus compradores. Por esta razón, “una ola de indignación recorrió la City” (Infobae, 8/2). El mismo perjuicio han recibido los compradores del “bono Caputo” a 100 años, los cuales se han desplomado un 15% en estos días. Los armados financieros de Caputo crujen bajo el fuego combinado del derrumbe bursátil internacional y de la desconfianza en el rumbo económico del gobierno macrista. Antes de estas denuncias, el ‘círculo rojo’ había disparado el dólar por encima de los 20 pesos. Las revelaciones sobre Caputo tienen como telón de fondo a esta “crisis por arriba”. Otra vez la deuda La oposición de Massa y el FpV se han lanzado sobre Caputo y piden su interpelación en el Congreso -y en algún caso su renuncia- en nombre de un “conflicto de intereses”. De ese modo, lo presentan como un caso de corrupción individual. Encubren, en primer lugar, que Caputo “es” Macri, lo que vale para las sociedades off shore y todas las operaciones financieras que los involucran. Pero más importante que ello es que la gestión Caputo está colocada en el corazón de la política del macrismo. Nos referimos al rescate financiero tramitado ante el capital internacional, que comenzó con el arreglo con los fondos buitre. El affaire Caputo coloca en el banquillo al gobierno y a la cuestión de la deuda externa usuraria, que el macrismo aumentó en más de 100.000 millones de dólares y que el kirchnerismo, al decir de su presidenta, pagó de un modo “serial”. Sin este señalamiento político, la crítica a Caputo es un acto de encubrimiento de la orientación social del gobierno Macri. Para el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, la cuestión Caputo debe servir para una acción política integral por el desconocimiento de la deuda usuraria, la cual -como se demuestra en este caso- es una hipoteca fraudulenta contra el país y sus trabajadores.

Cuando el dólar cruzó la barrera de los 19 pesos, algunos comentaristas económicos consideraron esta suba como parte de una estrategia oficial, dirigida a promover una cierta devaluación de la moneda. Un mes antes, el gabinete económico había arrancado el año anunciando una “recalibración” de la economía, mientras el dólar llegaba a los 18 y el Banco Central era obligado a una baja de las tasas de interés. Pero el viernes pasado, cuando el dólar cruzó largamente la barrera de los 20 pesos, las cosas tomaron otro cariz. El gobierno salió a vender casi 500 millones de dólares en un día para evitar una suba mayor de la divisa. Los voceros oficiales parecían emular aquel verso del gran compositor Chico Buarque: “Pálidos economistas piden calma”. Esta corrida cambiaria, naturalmente, no fue causada por los pequeños ahorristas, mucho menos en una jornada de paro bancario. La movida fue pivoteada por grandes empresas y operadores. La conclusión es clara: la base social del macrismo toma nota del desconcierto que recorre al gabinete, de cara al agravamiento de la crisis mundial y de las contradicciones del propio programa oficial. Los recalibradores, en definitiva, están descalibrados. Devaluación La devaluación de la moneda viene siendo celebrada por los exportadores y por la burguesía industrial, que esperan de ese modo poner un freno a la feroz presión importadora. Pero en contrapartida, significa un golpe severo al carry trade -o sea, a la operación especulativa consistente en traer dólares de afuera, colocarlos en pesos a los elevados intereses locales y volver a retirarlos en dólares. Es claro que, con la devaluación, la previsión de recomprar los dólares ingresados a un valor más o menos estable, desaparece. Pero el segundo -y probablemente definitivo- golpe a esta bicicleta ha sido asestado por la crisis mundial: la elevación de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano, y el derrumbe bursátil que disparó, anticipa un reflujo de los fondos especulativos desde los “emergentes” y hacia el corazón del poder financiero internacional. En términos sencillos: la deuda pública argentina, que se recicla con nueva deuda, y el saldo deficitario del país con el exterior -desde el comercio hasta el turismo- se han quedado sin financiamiento. La moneda nacional, en este cuadro, es una hoja al viento. Por eso, la gran burguesía se pasa al dólar. En la misma línea, los sojeros retienen sus cosechas y abren un fuerte interrogante sobre la liquidación de divisas de los meses venideros. Ocurre, sin embargo, que este proceso devaluatorio entra en choque con todo el andamiaje económico montado en estos dos años y que suponía un reendeudamiento fondeado en el capital internacional. Sobre esta base, el gobierno aspiraba a una estabilización inflacionaria y a una reactivación económica fundada en el crédito. En esa previsión, se ‘dolarizaron’ las tarifas de los combustibles y se fogoneó el endeudamiento de los trabajadores, cuya mayor expresión es el sistema de créditos indexados para la compra de viviendas (Unidad de Valor Adquisitivo -UVA). La devaluación, en cambio, dispara un proceso explosivo, como ya se observa en el aumento reiterado de las naftas, el transporte y, a partir de allí, de todos los precios. Ni qué decir que el recrudecimiento inflacionario puede ser un golpe letal a los ‘nuevos’ deudores hipotecarios, a los que el gobierno pretende resarcir extendiendo los planes de amortización de sus préstamos a 40 años -o sea, con deudas a perpetuidad. El derrumbe del financiamiento internacional, a su turno, ha conducido al gobierno a reforzar una línea de endeudamiento interno, con la emisión de títulos en pesos. Pero para proteger a los especuladores de la devaluación/inflación, los remunerará con una cláusula gatillo, con rendimientos asegurados de casi el 4% anual por encima de la inflación que se registre. Según los voceros oficiales, esta nueva escalada de deuda pública aspira a reducir la carga de la deuda del Central (Lebacs). Pero si ésta última se origina en la emisión de pesos, los cuales ahora pasarían a ser capturados por el Tesoro, la conclusión es simple: el macrismo ha retornado a la receta kirchnerista… de financiar el déficit público con emisión de pesos. Siendo ésta una deuda automáticamente indexada, la carga que se adiciona sobre la economía nacional es virtualmente equivalente a la de la deuda dolarizada. De conjunto, esta hipoteca ya supera los dos tercios del Producto Bruto, lo cual se ha acrecentado con la devaluación reciente, y los límites para continuar este empapelamiento van a aparecer más temprano que tarde. Beneficios gatillados, salarios sólo “revisados” Para mantener a flote su régimen económico, el gobierno ha armado un sistema de beneficios garantizados al capital cuya contrapartida, naturalmente, es una exacción mayor a los trabajadores. Mientras la carestía de esta economía “indexada” augura una inflación que muy bien podría reiterar el 25% del año 2017 -¡sólo el transporte crecerá un 66% de aquí a agosto!- el gobierno anuncia un techo del 15% para las paritarias. Mientras le asegura a los especuladores una cláusula gatillo para sus rendimientos, el gobierno y la UIA quieren mandar al archivo cualquier ajuste similar para los salarios, los cuales sólo admitirían una ambigua cláusula de “revisión” que terminará en una segura negativa a cualquier aumento posterior. Los capitalistas y el gobierno de Macri quieren paritarias “en orden” (y a la baja), cuando el desorden del régimen económico que han prohijado se torna cada vez más evidente. Es necesario que debatamos este cuadro de conjunto para oponerle un programa al desbarajuste capitalista -salario igual a la canasta familiar, indexación automática de los salarios, ningún despido, repudio de la deuda usuraria, anulación de los tarifazos- y una salida de los trabajadores, que debería ser debatida en un congreso de bases de la CGT y de todos los sindicatos. Con esta perspectiva, nos movilizamos este 15 y 21 de febrero.

El diario oficialista Clarín mostró los verdaderos intereses de Macri y Vidal respecto de las paritarias docentes. “El plan es mostrar dureza para condicionar otras paritarias”, porque “Macri quiere que la negociación docente marque la pauta (…) que el Presidente espera para el resto de las discusiones salariales de trabajadores estatales y, cuando se pone maximalista, (también) de los privados” (11/2). “En este momento hay dos temas que nos preocupan: la paritaria docente y el conflicto con Moyano”, reconocieron desde la Jefatura de Gabinete (La Nación, 14/2). El gobierno también “pretende debatir otros temas ásperos, como el régimen de licencias y el nivel de presentismo de los maestros” (11/2) y “hasta los requisitos para ejercer la docencia” (La Tecla), para lo cual Vidal reunió a los legisladores oficialistas para hacer tabla rasa con el convenio colectivo docente mediante un golpe parlamentario. A esto lo llama ‘reforma educativa’. El presentismo es una cifra en negro, de monto desconocido, que sólo se cobra con asistencia perfecta, a costa de trabajar enfermo, embarazada, a pesar de hijos enfermos o familiares fallecidos y, por supuesto, a condición de no estudiar para perfeccionarse. Es el ítem aula de Mendoza. El atropello al estatuto docente no es una novedad que haya inaugurado el macrismo. Durante los doce años de kirchnerismo, los cargos por fuera del estatuto (Fines, Plan Mejoras y otros) precarizaron masivamente las condiciones laborales y salariales de la docencia. La dirigencia celeste, por su lado, ha declarado públicamente que para ella el estatuto del docente “no es una vaca sagrada”, reconocimiento de que está dispuesta a “sacrificarlo”. Es lo que está haciendo Alicia Kirchner en Santa Cruz. Ctera-Suteba paralizados En el tira y afloje con Ctera, el ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, acusó al gremio de “tener actitudes intimidatorias” y “de rechazar lo que nunca se les ofreció” (La Nación). Finocchiaro miente y se apoya en una parte de la burocracia sindical docente integrada a la CGT (UDA, Amet, Sadop, CEA), que decidió fracturar el Frente de Unidad Gremial en los hechos, en un acercamiento al gobierno con una postura dialoguista. También explotan el desprestigio de la dirección celeste. El macrismo pretende polarizar entre Vidal y Baradel nuevamente, para generar un cuadro hostil contra la docencia, que ya ha fracasado. La mayoría de los docentes repudió la reforma previsional, entre ellos, una parte sustancial de los votantes de Vidal. Sin embargo, Ctera-Suteba no quieren preparar plan de lucha alguno. Baradel advirtió que no aceptará un eventual aumento de sueldo del orden del 15%, sin cláusula gatillo, pero también “que no tienen previsto convocar a una medida de fuerza. Ellos -refiriéndose al gobierno- hubieran querido que anunciáramos una medida de fuerza para tener la excusa perfecta. No hay declarada ninguna medida de fuerza hasta el momento” (Radio Blue). Exactamente, la teoría del “no conflicto”. En esa sintonía, Baradel reconoció que piden apenas un 20% de aumento, ante una inflación pronosticada por todas las consultoras de entre el 25 y el 27 por ciento. La dirección celeste está jugada a un entendimiento con el gobierno, no a preparar un plan de lucha. Es lo que ocurrió en Misiones, provincia en la cual la dirección celeste del sindicato UDPM (sindicato docente misionero) acaba de firmar, cuando los docentes todavía no se reintegraron a las aulas, un “simulacro de paritaria” por un aumento salarial de bolsillo de 15,5 para todo el año, tal cual exige el gobierno macrista. Para defender el estatuto y el salario, necesitamos un Congreso de delegados con mandato y plan de lucha, que organice el paro activo nacional de No inicio de 72 horas y decida la continuidad de las medidas. En ese camino se orienta la oposición multicolor de Ctera. Los Suteba combativos han convocado a un plenario provincial de delegados el próximo 26 de febrero, para discutir un plan de lucha, con o sin Ctera. El 27 de febrero, sesionará en la Ciudad de Buenos Aires un Plenario Nacional Docente Opositor, en el cual se convocará, seguramente, a un No Inicio de 48/72 horas con continuidad por medio de un plan de lucha, y se reclamará a Ctera congresos de delegados con mandato en todas las provincias para poner en marcha un plan de acción que derrote el ajuste de Macri, Vidal y todos los gobernadores del Pacto Fiscal. El Congreso Nacional de la agrupación Tribuna Docente, de los días 17 y 18 de febrero, tendrá como perspectiva orientar sus energías en poner en pie este plan de lucha.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich recibieron en Casa de Gobierno a Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda a un ladrón, en el barrio de La Boca, el pasado 8 de diciembre. Chocobar reviste en la policía comunal de Avellaneda y el juez que atiende la causa lo procesó por homicidio, desestimando que se hubiera tratado de un acto de legítima defensa. Sin embargo, Macri se declaró “orgulloso” por su actuación. “Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación”, le dijo, haciendo caso omiso de la republicana división de poderes. También Cristian Ritondo y Horacio Rodríguez Larreta lo felicitaron públicamente y hasta hizo lo propio el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Se trata de un declarado aval al ‘gatillo fácil’ policial, que suma 5.462 muertes desde 1983 -725 casos bajo la gestión de Cambiemos-, según el último informe elaborado por Correpi. “Desde el principio de nuestra gestión lo hemos dicho, vamos a cuidar a los que nos cuidan”, dijo Bullrich a la salida del encuentro en la Rosada, repitiendo las mismas palabras que utilizó para respaldar la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, que dejó como saldo la muerte de Santiago Maldonado. El gobierno también se cargó al hombro el encubrimiento de la Prefectura por otro crimen por la espalda, el de Rafael Nahuel, en la zona de Lago Mascardi, y los atropellos cometidos por gendarmes y Policía de la Ciudad en la represión de las jornadas del 14 y 18 de diciembre, complementados por la persecución judicial de los jueces Bonadío y Torres contra los luchadores. El respaldo brindado por Macri a Chocobar es la ratificación de una política de Estado, dirigida a apuntalar la declaración de guerra contra los trabajadores, pactada con el PJ y los gobernadores. Ese es el hilo que vincula la reivindicación de los genocidas y el rearme de las Fuerzas Armadas con las andanzas de las fuerzas federales en la Patagonia y el ‘gesto’ presidencial hacia Chocobar. Rechazamos el aval oficial al ‘gatillo fácil’ y toda la política represiva del gobierno.

La policía del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey reprimió a los obreros de El Tabacal en Irigoyen, mientras el gobernador pretexta que “gestiona” la reapertura del Ingenio San Isidro. El pueblo reaccionó masivamente con una pueblada. La huelga general del Ingenio levantada por la conciliación obligatoria debería retomarse de inmediato, porque en vez de diálogo por la reincorporación tenemos gases y balas de goma. Justamente, el acampe y los piquetes intermitentes enfrentan, en Orán, 181 despidos de la patronal de la Seabord Co., tras imponer a fin de año el llamado cuarto turno que implica una rebaja salarial para todos los compañeros. Es decir, que tras la flexibilización laboral han venido despidos más despidos. La industria en su conjunto ya acumula en Salta y Jujuy 1.400 despidos. Ante este cuadro una reunión de la Federación que agrupa a los cinco ingenios (FAR) resolvió una caravana el 19 de febrero que recorrerá los ingenios para terminar en un acto en el San Isidro. Los secretarios generales azucareros y la CTA Autónoma desecharon por ahora un congreso de delegados de base que había sido votado. En su lugar habrá un plenario intergremial el 16, en los días previos a la caravana que tendrá por consigna “Ni un despido más, ni un trabajador menos”. Los permanentes gestos conciliatorios de las direcciones sindicales han resultado en un agravamiento de la ofensiva patronal. Hay que replantear toda la estrategia obrera. En el caso de San Isidro, el gremio aceptó de entrada una infructuosa mediación del gobierno provincial y una conciliación en el marco del procedimiento preventivo de crisis presentado por la empresa. La patronal paga los salarios de los casi 800 obreros despedidos, pero manteniendo cerrado el Ingenio mientras duren las negociaciones. En La Esperanza, 70 de los más de 300 despedidos siguen reivindicando su reincorporación. En Ledesma sólo hubo una movilización impulsada por los obreros despedidos y delegados en el pueblo de El Talar y la patronal ha logrado sumar al sindicato a una mesa de negociación para la “reducción de costos” (retiros voluntarios, productividad, etc.), dando por irreversibles los 31 despidos ya realizados. Por último, en La Mendieta, la patronal amenaza con despidos ante cualquier reclamo obrero. Pero ¿por qué los despidos? Todas las patronales azucareras encubren su avanzada antisindical y flexibilizadora afirmando falsamente que están en crisis. El alza de los precios del azúcar y el bioetanol, aún después de la rebaja en un 21,5% de éste último, está muy por arriba de la inflación acumulada. Los nuevos gravámenes que deben afrontar después de la reforma fiscal y de los cuales se quejan, no llegan a revertir los beneficios de la devaluación, la suba del porcentaje de corte de la nafta con bioetanol, las exenciones impositivas y la quita de retenciones con las que se vieron beneficiadas en el último período. En este marco, los balances contables de estas patronales son un completo fraude y por eso un sector de obreros exige la apertura de los libros contables de los ingenios, una línea contraria a la integración de mesas y conciliaciones para rebajar costos que debe ser profundizada. La realización de un congreso de bases de la FAR, preparado con asambleas previas en cada ingenio que mandaten a los delegados gremiales para votar un plan de lucha común en unidad con los pueblos azucareros, ayudaría a revertir la desmovilización obrera y a generar las fuerzas necesarias para frenar y derrotar la avanzada patronal. En los casos extremos de cierre y despidos masivos de San Isidro y La Esperanza, es el Estado el que debe asegurar la continuidad incondicional de los ingenios con todos sus puestos de trabajo, abriendo los libros a comisiones de control obrero, pagando los salarios y recapitalizando lo que sea necesario para salvar esta industria fundamental, estratégica del norte argentino. Por una gran movilización obrera y popular el 19 de febrero En este cuadro es necesario preparar tanto al plenario del 16 como a la caravana del 19 próximos, desarrollando la mayor movilización obrera y popular posible. La reacción del pueblo de Irigoyen revitaliza el movimiento. Este 16 debe ser preparado para que se sumen los trabajadores estatales con sus propios reclamos (paritarias libres y que superen la inflación, pase a planta permanente, ningún despido encubierto y otras) y para que las propias bases obreras azucareras y el conjunto del pueblo comiencen a organizarse para que la caravana del 19 sea masiva, participando de su recorrido y garantizando actos en cada uno de los pueblos. La lucha contra los despidos en la industria azucarera es un punto clave en la lucha contra el ajuste en Salta y Jujuy. Vamos por la reincorporación de todos los despedidos, por la defensa de sus organizaciones gremiales, por la defensa de sus salarios y condiciones de trabajo, para terminar con la represión.

La furiosa campaña del gobierno y sus medios aliados para desalentar la marcha convocada para el 21 de febrero está teniendo un curioso resultado. A medida que se suman al boicot nuevos integrantes de la burocracia sindical, mayor es el interés que está despertando la jornada del 21 en diferentes sectores de los trabajadores, incluso -y particularmente- en los sindicatos que resolvieron no marchar. El estigma que cargan los Gerardo Martínez, Daer y otros es ya demasiado extendido entre los trabajadores. Pero, principalmente, la movilización se ha abierto paso por el cuadro general que recorre a toda la clase obrera. De los ingenios del Norte a la mina de Río Turbio, pasando por el Inti, el Hospital Posadas o Fanazul, la escalada de despidos ha golpeado a más de 6.000 trabajadores desde comienzos de año. En medio de una devaluación y una escalada inflacionaria, que amenaza reiterar el 25% de aumento de los precios para este año, el gobierno se empeña en paritarias con un techo del 15%, sin ningún mecanismo indexatorio. Este es el telón de fondo de las movilizaciones del 15 -en el marco de un paro nacional de ATE- y del 21 de febrero. La burocracia sindical La marcha del 21 ha crecido en convocatoria a pesar de sus propios convocantes, comenzando por el moyanismo. Después de la implosión que produjeron las grandes jornadas del 14 y 18 de diciembre en el triunvirato cegetista, Moyano ha salido a una disputa por el control de la central obrera con las otras fracciones de la burocracia, ello, en medio de sus disputas con el gobierno en torno del futuro de la empresa OCA y de las causas judiciales que lo involucran. En su agenda antiobrera, el gobierno y el gran capital han colocado con fuerza la “flexibilización” de los trabajadores del transporte, atacando gravemente el convenio camionero. Pero los Moyano no han agitado está cuestión de cara al 21. Se adivina, con ello, que esas reivindicaciones cruciales van a ser jugadas en la mesa de sus negociaciones con Macri-Triaca, y no por medio de una lucha en serio. La otra fracción convocante, la Corriente Federal kirchnerista, también está muy distante de empeñarse en infringirle una derrota al ajuste. Un sindicato de su tribu -los aceiteros del cordón de San Lorenzo- acaba de hacer punta en materia de paritarias, firmando el 15% macrista. Mientras tanto, Yasky y Baradel renuncian a preparar a la docencia para la lucha que, con toda seguridad, desatarán los topes paritarios y los ataques al estatuto docente que se traen bajo la manga Macri y Vidal. El bancario Palazzo, también de la Corriente Federal, acaba de disculparse ante la manipulada “opinión pública” por el exabrupto (sic) de haber amenazado, en un plenario de delegados de su gremio… con una huelga general. Los límites de la burocracia sindical se ponen de manifiesto con toda su fuerza entre los estatales, sacudidos por la mayor oleada de despidos. A pesar de sus peleas internas, tanto la fracción de ATE Nacional de Godoy como la de sus antagonistas kirchneristas comparten la hostilidad común a una política de lucha consecuente, como se demuestra en la negativa a ocupar las reparticiones que despiden o, en el caso del Posadas, siquiera a impulsar el paro general del hospital. En oposición a esa política sin futuro, sobresale la lucha del Inti, donde, por iniciativa de la agrupación clasista Naranja, se desarrolla una combativa ocupación del organismo y ahora, ante su reapertura, una masiva huelga general votada por una asamblea de más de 1.000 compañeros. La impotencia de la burocracia, incluso de los pretendidos “combativos”, tiene como contrapartida a estos enormes ejemplos de lucha. Desbande inflacionario Pero el esfuerzo del gobierno para reducir el alcance de la jornada del 21 debe verse también a la luz de su situación general. En pocas semanas, la pretensión de continuar endeudándose a costa del capital internacional ha sido furiosamente golpeada, por la crisis mundial (derrumbe bursátil en Wall Street) y por las propias contradicciones del plan macrista, que ha saturado de papeles de deuda a los especuladores de adentro y de afuera. La suba del dólar es una expresión de este desconcierto. Pero en una economía ‘dolarizada’, como la que montó el macrismo en favor de los pulpos petroleros, los banqueros o los acreedores de deuda, la devaluación anticipa una carestía feroz. El gobierno pretende contener esta escalada “pisando” los salarios. Se viene, por lo tanto, todo un período de deliberación y luchas al interior de los sindicatos, que van a tener en las paritarias un punto crucial. Adónde vamos Pero el horizonte de miras de los Moyano y compañía está muy lejos de esta perspectiva convulsiva. Por eso, es decisivo que los sindicatos combativos, las agrupaciones y activistas clasistas y la izquierda le ofrezcamos una perspectiva y un programa a quienes quieren movilizarse el 15 y 21. En primer lugar, por la reincorporación de todos los despedidos, por la ocupación de las fábricas que cierran o despiden, y que el Estado asegure la reapertura de todas las plantas -ingenios, Fanazul- que han cerrado, bajo control de los trabajadores. Nos movilizamos, también, por paritarias libres y con indexación automática de acuerdo con la inflación,por paritarios electos y mandatados por asambleas de trabajadores, y en oposición a los “techos” oficiales y sin reajuste alguno. Ninguna flexibilización ni ataque al convenio colectivo en ningún sindicato. Los que ya han pactado la reforma laboral con el gobierno - incluyendo al clan Moyano-, y se aprestan a seguir discutiendo de qué forma hacerla pasar, no pueden decidir por nosotros. Por eso, luchamos por un congreso de bases de la CGT, la CTA y de todos los sindicatos, para que sean los trabajadores los que resuelvan el destino de sus reivindicaciones y, desde luego, por el cese de la represión a los trabajadores que volvió a descargarse en estos días en la Salta de Urtubey contra los azucareros de El Tabacal.Como se aprecia, ajuste y represión son parte de una política común de Macri y los gobernadores del pacto fiscal.Con esta política somos organizadores de la gran movilización a Plaza de Mayo del 15, junto a todas las grandes luchas del momento. Son estos grandes planteos los que hacen imperioso y necesario que los sindicatos y las agrupaciones clasistas, junto a los trabajadores de todas las luchas del momento, nos agrupemos en una columna común e independiente en la marcha del próximo 21, junto al reclamo de un paro activo nacional y un plan de lucha. Este es el planteo que el Partido Obrero le ha propuesto a los partidos del Frente de Izquierda, y el que han llevado al conjunto del movimiento obrero combativo los integrantes de nuestra Coordinadora Sindical Clasista y del Polo Obrero.

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) han levantado el lock-out que mantuvieron durante diez días hábiles, luego que el mismo fuera denunciado el pasado viernes 9 por ATE ante el Ministerio de Trabajo -a partir una resolución de asamblea. La gerencia macrista tuvo la intención de quebrar la férrea permanencia de los trabajadores, que lleva tres semanas, pero no lo consiguieron. La asamblea general compuesta por más de 1.200 científicos, técnicos y auxiliares expresó, a través de la lectura de las resoluciones de cada sector de trabajo, la experiencia acumulada en esta lucha, las conclusiones que fuimos madurando los trabajadores e incluso la anticipación de maniobras que puede llegar a intentar la golpeada patronal del instituto, como la “negociación por tandas”. Fuera Tecnalia y el “Master Plan El nuevo “plan maestro” confeccionado por la empresa vasca Tecnalia, representante del lobby de empresas petroleras -con Repsol a la cabeza- y bancos de la Unión Europea, también fue denunciado. Diversas intervenciones denunciaron la reestructuración armada por Tecnalia y las autoridades del instituto, que consiste en un desguace de los actuales Centros de Investigación -cada uno especializado en un sector industrial-, en la venta rápida de activos y en la privatización de sectores completos. Los despidos son una constante en este plan. Tecnalia representa la imposición de los intereses económicos y geopolíticos del capital financiero internacional y de la Unión Europea. Las resoluciones de la asamblea En contraste con el método seguido por la Junta Interna de ATE, que firmó un acta sin previo paso por asamblea, se votó por unanimidad: paro por 72 horas, desde el miércoles 14; participar de la movilización a Plaza de Mayo en el marco del paro nacional de ATE del jueves 15 y la conformación de una comisión negociadora compuesta por la junta interna de ATE y dos representantes de cada agrupación, integrando a los despedidos. Se mandató a la comisión para que presente el viernes 16, día en que las autoridades convocaron a la Mesa Negociadora, la reincorporación inmediata de todos los despedidos. Se exigirá, asimismo, a las autoridades que las reuniones sean en la sede central (PTM). Si hubiese una oferta de las autoridades, la misma queda ad referéndum de la siguiente asamblea, que la evaluará. La asamblea deberá realizarse en horario laboral. También se votó la participación en el Encuentro de Trabajadores del Hospital Posadas, donde llevaremos la experiencia de lucha del Inti, el planteo de un paro activo nacional y el plan de lucha, y la necesidad de un congreso de bases de todo el movimiento obrero para quebrar el plan de ajuste de Macri. La próxima Asamblea General será lunes 19, a las 9 horas. Los métodos que estructuran al conflicto La permanencia de los trabajadores en el instituto, el paro general hasta la reincorporación y la asamblea general -como instancia clave de las decisiones colectivas- son los métodos con los que los trabajadores venimos desarrollando un conflicto que crece día a día. Las denuncias en los medios públicos -no sólo de los negociados que llevan adelante las autoridades-, sino del plan de desguace que pretenden implementar con Tecnalia, han representado un duro golpe para las autoridades y el ministro de Producción. La gran campaña desarrollada y los métodos de esta lucha han logrado el apoyo de universidades, investigadores (hasta cámaras empresariales, develando un principio de crisis entre las patronales) y un amplio espectro de diputados y personalidades políticas, artistas, vecinos y organizaciones sociales, de trabajadores y de la juventud. La Comisión de Familiares y Amigos, que estructura las actividades fuera del instituto, ha colaborado para que se acerquen miles de personas durante estas semanas. La lucha del Inti demuestra también que el desarrollo de la ciencia, la técnica y la industria es un problema de clase, donde la burguesía expresa hasta el final su carácter parasitario. Ha quedado claro que los intereses de las autoridades del Inti -que despiden y mantuvieron al instituto cerrado durante dos semanas- chocan directamente con las necesidades del pueblo trabajador. El gobierno, socio del capital financiero internacional, va al desguace de un instituto con el objetivo de “flexibilizar” el control de la producción capitalista y también privatizarlo en beneficio de grupos privados. Quedamos de una vereda los trabajadores, los que defendemos el derecho al trabajo, la ciencia, la técnica y la industria. Y en el lado opuesto los vaciadores. Esta lucha tiene las condiciones para llegar a una victoria. Llamamos al conjunto de la clase trabajadora a apoyarla.

La nueva situación política que resultó de las jornadas de diciembre nos ha llevado a plantear el Congreso de bases de la CGT, la CTA y todos los sindicatos, como consigna de intervención inmediata. No sólo destinada a una propaganda estratégica o de largo alcance en la lucha por una nueva dirección del movimiento obrero, sino para difundirla entre todos los trabajadores y para realizar una campaña política en la vanguardia obrera. El choque entre la base del movimiento obrero y la dirección de la CGT que se produjo el 18 de diciembre fue tan manifiesto que ha producido de manera indirecta la virtual fractura de la CGT unificada. Un ala colaboracionista y otra que toma distancia con el gobierno, para negociar y contener desde otro lugar. El pacto Macri-CGT estalló junto con el Triunvirato. La CGT no pudo garantizar el apoyo a la reforma laboral, y Macri y Peña tuvieron que eludir las sesiones extraordinarias que habían prometido al conjunto de la burguesía con ese eje. Intentarán imponerla por otros medios, pero estamos ante un nuevo cuadro. La crisis del PJ, en el que se referencian las alas de la burocracia sindical, conoce también una nueva situación. El Partido Obrero se plantea el progreso de un movimiento por el paro activo nacional y un plan de lucha que, a su turno, pueda derrotar al gobierno y su ajuste con el método de la huelga general. Son las tareas planteadas tras las jornadas de diciembre, hoy más urgentes todavía por las ocupaciones, luchas y movilizaciones contra los despidos masivos como en el Inti o Río Turbio, en Ferrobaires, el Posadas, Fanazul o en el Ingenio San Isidro. Es decir, promovemos la irrupción masiva de la clase obrera en escena, como lo sugirieron las jornadas de diciembre. Hay una nueva disposición de lucha de la clase obrera e incluso el apoyo de sectores populares, como se vio en el gran cacerolazo de la noche del 18, en las pueblada de Azul, del Turbio y más recientemente en H. Irigoyen junto al Ingenio El Tabacal ante la represión de Urtubey. Pero cómo organizar la reacción de conjunto ante los obstáculos que pone la burocracia sindical. Partiendo de la base que sólo podríamos viabilizar una acción de todo el movimiento obrero a través de los sindicatos, se nos plantea remover ese obstáculo desde los propios sindicatos. La burocracia sindical opera activamente en la contención del movimiento obrero aún desde la fragmentación. Tenemos dos CGT en ciernes, dos CTA y sindicatos que no están en ninguna de esas centrales. La primera y gran virtud de nuestro planteo es que ofrece un camino para unificar al movimiento obrero en su conjunto sobre nuevas bases: democracia sindical e independencia del Estado y de la patronal. Se inscribe en una perspectiva de independencia política de la clase obrera. La fragmentación ofrece, en ocasiones, canales parciales de movilización e intervención al activismo, debilita los muros de contención, lo cual debe ser explotado por el clasismo para hacer progresar los intereses generales de los trabajadores. Es lo que haremos en la convocatorias del 15 y 21 de febrero. En los casos de CGT regionales que se colocan en posiciones combativas, el congreso con mandatos de asamblea contribuye a ofrecer una vía para pasar de las palabras a los hechos. Un congreso de bases de los sindicatos se compone de delegados electos que no son nóminas de listas sábanas de los clásicos confederales cegetistas o ceteaístas, sino compañeros votados en asambleas con mandato y programa preciso, rompiendo la regimentación de los trabajadores. Las distintas corrientes se pueden expresar. Pone arriba de la mesa un método para resolver la contradicción que nos atraviesa por décadas de peronismo sindical y aún de centroizquierda sindical, que es tener direcciones que actúan como correas de transmisión del régimen patronal al interior del sindicalismo. La corruptela sindical es un aspecto de este carácter de la burocracia sindical. Está alimentada por la patronal y por ello jamás podría combatirla un gobierno patronal. Al contrario, todos se han valido de ella, desde Alfonsín hasta el macrismo, pasando por el kirchnerismo. De manera que el Congreso de bases no pretende borrar a los sindicatos ni borrar las necesarias direcciones de los sindicatos. No es “basismo”. Al contrario, se trata de promover representantes directos que abran el rumbo hacia nuevas direcciones. Aunque resulte difícil su concreción inmediata, la evolución de la lucha de clases puede acelerar su vigencia. Además, es un camino con rica tradición en distintas provincias y momentos del movimiento obrero. Hemos tenido congresos de delegados importantes en Neuquén, Santa Cruz, en Mendoza, en el cordón industrial de Rosario. Es decir que se trata también de un método de aproximación que permite reunir y madurar fuerzas del movimiento obrero y popular, y que hoy vuelve a estar a la orden del día alrededor de las grandes luchas parciales. El sindicalismo clasista, a su vez, ya practica el método. Así ocurre cuando el Sutna o AGD resuelven sus paritarias, mandatos y paritarios en asamblea, cuando lo hace Adosac, Aten, los Suteba combativos, el Sitraic y tantos sindicatos docentes. Los delegados de ese sindicalismo a un congreso de bases bien podrían ser sus propios dirigentes, porque ya son una dirección de bases. Llamamos a todos los cuerpos de delegados honestos a debatir esta perspectiva. Un congreso de este tipo, iniciaría un método de elevación de toda la clase obrera y la prepararía como alternativa política y, por lo tanto, de poder. De hecho, involucraría a los trabajadores en un debate no sólo de sus reivindicaciones, sino en una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.

El martes culminó un primer tramo del campamento de la UJS en Mar de Ajó. El curso central de este primer tramo, dedicado al centenario de la Reforma Universitaria y los desafíos de la juventud revolucionaria, fue fruto de una intensa deliberación en 20 comisiones que sirvió para precisar conceptos y llegar a nuevas conclusiones. Además, se realizaron 16 comisiones del curso de la teoría marxista del Estado y la Revolución para los compañeros más nuevos. El domingo, un plenario con Néstor Pitrola sirvió para lanzarnos de lleno a la lucha contra la reforma laboral y a la preparación de las movilizaciones del 15 y del 21 de febrero. Y al día siguiente conmovimos Mar de Ajó con una caravana por la playa y un acto en la peatonal en los que participaron trabajadores del Inti -que viajaron especialmente-, la diputada nacional Romina del Plá y el legislador porteño Gabriel Solano. Durante la caravana y el acto se vendieron más de 230 folletos contra la reforma laboral y 150 periódicos. Además, se recaudó para el fondo de lucha del Inti, que recibió la amplia solidaridad del turismo (fuertemente obrero) de Mar de Ajó. Aún queda un segundo tramo de cursos y actividades. El jueves, la UJS participará de las movilizaciones en la costa en el marco del paro de ATE y el viernes tendremos la charla de Jorge Altamira a 10 años del estallido de la crisis mundial. El cierre del campamento, el sábado, contará con la presencia de Marcelo Ramal. Durante el fin de semana de carnaval se realizaron también los campamentos del NEA, Córdoba, Cuyo y Neuquén-Río Negro. En total, más de 1.000 jóvenes participaron de esta tanda de campamentos. Faltan aún los dos campamentos del NOA que se realizaran a fin de febrero y principios de marzo. Así se prepara la Unión de Juventudes por el Socialismo para un año marcado por una ofensiva capitalista contra las masas y por un creciente ánimo de deliberación popular.