Prensa Obrera N° 1490

Luego de una gran campaña política, Dimas Ponce y César Arakaki fueron liberados. Varias marchas a los Tribunales de Comodoro Py y a Plaza de Mayo, y el pronunciamiento de miles de luchadores lograron arrancar de la cárcel a los compañeros que, el jueves 18 de diciembre, se movilizaron contra el saqueo jubilatorio y se defendieron frente a la brutal represión policial. El juez Torres, sin embargo, ha decidido procesarlos, con argumentos que conducen a la criminalización de los que luchan contra el ajuste y de sus organizaciones. En las últimas horas, el fiscal de la causa ha pedido incluso la revocatoria de la libertad de los compañeros. Por lo tanto, la lucha por el desprocesamiento de Dimas y el “Chino” se encuentra plenamente vigente. Reforcemos la campaña por pronunciamientos, actividades de apoyo y solidaridad en todo el país. Si lo logramos, habremos reforzado la capacidad de lucha de toda la clase obrera que hoy batalla contra los despidos y todo el plan de guerra de Macri y los gobernadores. Aunque el auto de procesamiento del juez Torres abunda en invocaciones a los derechos humanos y al “derecho de protesta”, su texto apunta a otro objetivo: cómo sancionar la decisión de 300.000 personas de movilizarse contra el saqueo jubilatorio y de defender ese derecho en el marco de una brutal represión policial. El texto pretende una supuesta equidistancia entre “el derecho a punición del Estado” y “el reclamo”. Es claro, sin embargo, que atribuye “al reclamo” la violencia planteada en la plaza, mientras que la policía sólo habría adoptado “distintas conductas (sic) en el marco del operativo estatal”. Derecho de protesta El texto presenta al derecho de protesta “como un ejercicio individual, y no colectivo”. Pero quienes se movilizaron lo hicieron en un cuadro colectivo, como parte de una clase social, de sus organizaciones sindicales y sus partidos. La protesta, como pretendido “derecho individual” sustrae a la gran marcha del 18 del escenario de la lucha de clases -el juez, en definitiva, quiere laudar como si se tratara de una reyerta entre individuos. Pero la Plaza de los Dos Congresos expresó un gigantesco conflicto entre el capital, su Estado, su Parlamento y sus fuerzas de seguridad, de un lado, y la clase trabajadora y sus organizaciones, del otro. Lo que se dirimía es el despojo de al menos 100.000 millones de pesos en un año, despóticamente sustraídos del bolsillo de los trabajadores jubilados a las arcas del capital. Para lograrlo, el Estado, el gobierno y sus seudopositores pusieron en marcha un enorme dispositivo, del cual la represión fue sólo su último eslabón. Antes de ello, tuvimos la maquinaria de engaño del proceso electoral, donde el oficialismo aseguró que “no habría reforma alguna del sistema jubilatorio”. El juez le atribuye a la acción popular el objetivo de “perturbar el normal ejercicio de las facultades del Congreso”. No dice, naturalmente, que la principal de esas “facultades” es la de confiscar la voluntad popular de la cual, sin embargo, emana su representación política. Las manifestaciones frente al Congreso, para incidir sobre sus debates y votaciones, ponen de manifiesto la oposición de fondo entre las aspiraciones populares y los partidos del régimen. Pero a la hora de este choque, los garantistas optan por la defensa de los explotadores políticos, demostrando que lo que buscan “garantizar”, en última instancia, es el orden de cosas que liquida salarios, jubilaciones y otros derechos sociales. En el texto de procesamiento, se presenta como natural al férreo vallado que rodeó al Congreso en la sesión del 18D. Los ‘demócratas’, en última instancia, podrían defender que los “representantes del pueblo” sesionaran en secreto (para defenderse del pueblo). Es lo que ocurrió, por caso, en México, en 1992, para votar el paquete legal de reforzamiento del Estado policial. Una acusación insostenible Efectivamente: el derecho a la protesta fue ejercido colectivamente en aquella enorme plaza. Pero como el Código Penal no puede encarcelar clases sociales, ‘la Justicia’ va contra algunos militantes que pudieron ser individualizados en el marco de la feroz represión, con la pretensión de aleccionar a quienes se movilizan contra el ajuste. Pero en este plano, en el estrictamente penal, también han fracasado: no hay un sólo elemento que pueda asociar a Ponce y Arakaki con las heridas del policía Escobar, las cuales fueron producidas por una piedra -no por las cañas que ellos dos portaban, y con las cuales improvisaron su defensa frente a la acción policial. Pero cuando se enfrenta con su propio fracaso, la imputación del juez, que empezaba invocando responsabilidades individuales, alude ahora a “acciones colectivas”. Como no pueden sostener la acusación personal contra ellos, ahora Ponce y Arakaki, serían culpables... en tanto partícipes de la movilización. La arbitrariedad no puede ser mayor. Para justificar este aserto, se adjudica a los militantes el ser parte de una acción “coordinada” y “planificada”, para promover “disturbios”. De este punto, a la criminalización de los partidos o sindicatos que participaron del 18D, hay sólo un paso. “Plan coordinado” Es muy clara la lógica inversa aplicada por el juez para la conducta de los manifestantes y la de la policía. Mientras que los manifestantes habrían ejercido su autodefensa como parte de un “plan coordinado”, los policías sólo habrían cometido “excesos” individuales, dejando libre de culpa y cargo al Estado y a su orientación represiva. Por otra parte, el escrito de Torres omite el antecedente de la fallida sesión del 14, la cual colapsó bajo el peso de una crisis política, al punto que el gobierno tuvo que comprometer la presencia física de los gobernadores que suscribieron el “pacto fiscal” para garantizar el voto de los diputados de sus provincias. Ese día, el gobierno no pudo reunir el quórum necesario para sesionar, mientras los alrededores del Congreso se convertían en una verdadera zona liberada para la represión de Gendarmería, que cometió todo tipo de atropellos. Cualquier hipótesis en torno a un supuesto plan para “desvirtuar” la movilización debería empezar por indagar en el dispositivo represivo -oficial y paraoficial- dispuesto para el día 18, cuya finalidad era evitar que la sesión -la cual se prolongaría por 17 horas- se desarrollara con el Congreso rodeado por un millón de trabajadores, como ya se avizoraba. La infiltración y la provocación, un elemento crucial de la violencia estatal, están fuera del horizonte de miras de este fallo. (Es significativo, también, que Torres mencione la existencia de una causa conexa por “espionaje y violación de secretos del operativo de seguridad”, iniciada por el propio secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dando cuenta de una feroz interna en el propio aparato represivo.) Los hechos El texto es superficial y erróneo incluso en su secuencia cronológica. Ubica el inicio de los incidentes a las 14 horas y pasa a referirse, sin explicar qué ocurrió en el interín, a la agresión al policía Escobar, que se produce cerca de las 16. En realidad, las columnas de la izquierda retrocedieron ordenadamente frente a los incidentes de las 14, como aparece en el testimonio del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor. Ponce y Arakaki formaban parte de ellas. Pero apoyados en esos incidentes, la policía desató una verdadera cacería e incluso impuso un cerco sobre el conjunto de la Plaza, pasadas las 15 horas. Entonces, centenares y miles de manifestantes ejercieron, como pudieron, su autodefensa y el derecho a continuar manifestando en la Plaza. Entre los testimonios que cita Torres, un policía grafica ese momento del siguiente modo: “se nos venía toda la multitud”. Tergiversando los hechos, sin embargo, el texto del juez conduce a la completa justificación de la represión policial. Finalmente, se recomienda una “regulación del derecho de protesta”, el cual quedaría en manos del propio Estado que confisca jubilaciones, conspira en el Congreso y organiza la represión y el espionaje contra el movimiento popular. El juez, incluso, señala que ese protocolo debería buscar “disminuir el tiempo de protestas” (sic). Pero ¿porqué no “recomienda” en cambio que paren los atropellos a los explotados? El fallo fraudulento que procesa a nuestros compañeros debe ser derrotado definitivamente con la movilización popular. La liberación de Ponce y Arakaki es un primer paso. Vamos por su definitivo desprocesamiento.

El fracaso rotundo de su gira internacional llevó a Macri a reforzar la ofensiva contra los trabajadores. Las contradicciones explosivas de la política económica del gobierno quieren ser paliadas por medio de despidos masivos, reducción de los salarios y eliminación de conquistas históricas de la clase obrera -reforma laboral. A través de esta ofensiva, también pretende mantener el apoyo unificado de la clase capitalista, en momentos que ha comenzado una deliberación en sus filas sobre el rumbo económico considerado de conjunto. El cuadro general plantea condiciones más favorables para el triunfo de las luchas de los trabajadores. Las jornadas de diciembre han abierto un nuevo ciclo, que ahora tiene sus puntos más destacados en la ocupación de Inti, de las minas de Río Turbio o en puebladas como la de Fanazul. Estas acciones, que envuelven por el momento a una minoría de trabajadores, se traducen en el conjunto de la población en una caída de casi 15 puntos en el apoyo al gobierno. Rescate empantanado Muchos editorialistas escribieron que Macri armó su gira internacional con la expectativa de recoger en el exterior un apoyo que estaba perdiendo en su propio país. Pero no fue lo que ocurrió. La posibilidad de conquistar nuevos mercados para superar la bancarrota del comercio internacional del país, que se prevé puede llegar a un déficit de 10.000 millones de dólares, chocó con una guerra comercial en plena ebullición, que tiene como protagonistas a los principales Estados y a los monopolios asociados a éstos. Tampoco prosperaron los llamados a realizar inversiones directas en el país. Como lo describió crudamente Morales Solá en el oficialista La Nación, “El problema de Macri es que todos lo aplauden, pero nadie invierte un peso”. El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea quedó otra vez empantanado, y sólo podrá prosperar si es en los términos fijados por el gran capital, en especial de Alemania y Francia. Pero el fracaso de la gira presidencial no se debe sólo a factores externos. Mientras Macri prometía seguridad jurídica para las inversiones, la provincia de Chubut declaraba que no podía hacer frente al pago de su deuda pública. Las razones son simples: con una deuda dolarizada y una recaudación en pesos, la devaluación de las últimas semanas encareció significativamente el pago de los vencimientos de capital e intereses. La situación de Chubut dista mucho de ser una excepción. Lejos de ello, expresa que la política de rescate internacional vía un fenomenal endeudamiento no puede prorrogarse indefinidamente. Más cuando el pago de esa deuda ha agravado la crisis fiscal, mantiene la inflación en los niveles del gobierno kirchnerista y agudiza la crisis comercial e industrial al abaratar las importaciones, lo que, a su turno, es utilizado por las patronales para reforzar el chantaje contra los trabajadores para que acepten menores salarios y pérdida de conquistas. Estas contradicciones podrían transformarse en explosivas si coinciden con dos cuestiones de fondo: una aceleración de la suba de la tasa de interés internacional y una devaluación del real brasilero. Un escenario así sería la ‘tormenta perfecta’ del macrismo. Las luchas obreras Para el gobierno, la ofensiva contra los trabajadores se ha transformado en una carta de sobrevivencia. Entiende como única salida al empantanamiento económico el reforzamiento de los despidos, la rebaja salarial y la destrucción de conquistas. Bien visto, sin embargo, el planteo tiene mucho de ilusión. El encarecimiento en pesos de la deuda pública como resultado de la devaluación supone una erogación mayor a lo que el Estado se ahorra con los despidos en la administración pública. Por otro lado, la tentativa de imponer un techo a las paritarias del 15% sin cláusula de actualización -cuando la proyección inflacionaria de este año no baja del 25%- representa un nuevo golpe al consumo popular. Queda claro que detrás del discurso sobre el equilibrio fiscal se esconde la pretensión de una reorganización social que modifique las relaciones establecidas en el país entre el capital y el trabajo. Ahora bien, lo que para el gobierno es una salida, puede terminar siendo lo contrario. Esto dependerá, claro, de la resistencia que los trabajadores sean capaces de desarrollar a los planes de ajuste en marcha. Las luchas libradas por los trabajadores del Estado contra los despidos, con la ocupación del Inti y de las minas de Río Turbio, y las luchas en los ingenios azucareros del norte del país como capítulos más destacados, muestra que el giro operado en diciembre en la disposición de lucha de un sector amplio de trabajadores sigue su curso. En todas estas luchas, los trabajadores que las protagonizan han levantado el reclamo de un paro nacional inmediato para poder golpear de manera unificada al gobierno y a las patronales. Sin embargo, la burocracia sindical está muy lejos de ello. Esto vale no sólo para el ala más colaboracionista de la CGT, que ya ha anunciado su disposición a colaborar con la aprobación de la reforma laboral en su versión fraccionada. El moyanismo, con el respaldo de la Corriente Federal kirchnerista, se encamina a realizar una movilización para el 22 de febrero, que no tiene por propósito colaborar con el triunfo de las luchas en curso. ¿O Moyano y Palazzo piensan que los trabajadores que están ocupando el Inti o las minas del Turbio pueden esperar un mes? La parálisis de la burocracia incluye a su pata centroizquierdista, como lo prueba el peso muerto que es la dirección de ATE para los trabajadores del Estado que están en lucha. La política de Moyano y Palazzo no está pensada para derrotar la ofensiva del gobierno, sino que coloca al movimiento obrero como furgón de cola de un planteo de unidad del peronismo y el kirchnerismo. Pero si esta unidad tiene futuro será sólo si canaliza una demanda de la clase capitalista por un cambio de la política económica, que en cualquier variante será sólo otra forma de avanzar en la confiscación de los trabajadores. Es lo que supondría, por ejemplo, una mayor devaluación monetaria, un planteo proteccionista que levanta una parte de la Unión Industrial, que de conjunto reclama el ajuste salarial y la reforma laboral para bajar ‘el costo argentino’. En oposición a estos planteos, llamamos a desarrollar una campaña por el paro activo nacional ya y un plan de lucha, para apoyar las luchas en curso y llevarlas al triunfo. En oposición a la burocracia y su política entreguista, planteamos un Congreso de Bases de la CGT, la CTA y todos los sindicatos para que sean los trabajadores los que decidan los pasos a seguir y voten un plan de acción y un programa que dé salida a la crisis a partir de los intereses de los trabajadores.

Una batería de aumentos en los servicios y el transporte para febrero está llenando de bronca a las familias obreras. Simultáneamente, los despidos masivos encuentran una gran resistencia por parte de los trabajadores. A esto se suma que 28.000 desocupados serán dados de baja por el gobierno. La pauta para las paritarias que rigen los aumentos de jubilaciones y programas sociales es de un 15% para todo el 2018, cuando la inflación superará el 25%. Miles de jóvenes y padres y madres de familia no consiguen ni changas y no se puede sobrevivir ni 10 días con los programas para desocupados. Mientras tanto, seguimos esperando que se abran las fuentes de trabajo que el gobierno prometió hace más de 2 años. Las movilizaciones del 14 y del 18 de diciembre mostraron que hay una gran voluntad de lucha entre los trabajadores para enfrentar los planes anti obreros del gobierno. De esas jornadas fuimos parte decenas de miles de desocupados, piqueteros y precarizados junto a cientos de miles de trabajadores. Esa fuerza puede, en un gran frente de lucha de ocupados y desocupados, derrotar al gobierno que ha cerrado los programas y ahora empieza a dar bajas masivas a los que sí los tienen. Llamamos a todas las organizaciones de los trabajadores, sociales y de desocupados a unir fuerzas contra este plan de guerra contra los trabajadores. El Polo Obrero ganará las calles el 8 de febrero en 13 provincias, desde Tierra del Fuego hasta Misiones. En la jornada levantaremos el siguiente planteo: trabajo genuino; reincorporación de los despedidos de Fanazul, Río Turbio, INTI, Hospital Posadas, etc.; pase a planta de los precarizados y contratados del Estado; apertura irrestricta de los programas sociales a todos los que lo necesiten; aumento de los programas al salario mínimo vital y móvil; por un frente único de organizaciones sociales que discuta un plan de lucha contra el plan de bajas del gobierno y por todos los reclamos; por un congreso de bases de los sindicatos que vote un plan de lucha y un paro activo nacional.

El gobierno venezolano ha decidido adelantar el cronograma electoral y llamar a presidenciales antes del 30 de abril. El cálculo de la cúpula chavista es que puede ganar cómodamente. Los resultados obtenidos en las contiendas electorales de finales de 2017, particularmente las regionales a gobernador, donde el chavismo derrotó a la oposición en 17 de los 25 estados, le dieron aire al gobierno y son los que terminaron de impulsar la decisión actual. La oposición está diezmada, con sus fuerzas en retroceso y divididas. Ya no tiene el protagonismo en las calles y ha perdido su capacidad de movilización. Con la puesta en funcionamiento de la Constituyente ha quedado virtualmente anulada la Asamblea Nacional, el Parlamento donde tenían mayoría las huestes opositoras. La incapacidad para desplazar al chavismo, luego de haber llegado a tener el control del Poder Legislativo, ha provocado una desmoralización en sus filas. El llamado a elecciones para antes del 30 de abril divide aún más a la oposición. Aún no ha encontrado una estrategia común para replicar a la convocatoria del gobierno. El tema genera roces y amplios debates en el seno de la alianza opositora, que se divide entre la idea de participar en los comicios o negarse a convalidarlos. Habría una fuerte inclinación a no participar en la contienda, pero hasta ahora no habría una posición unánime. Pese al optimismo oficial, el régimen chavista no ha dejado de tomar recaudos para asegurar sus resultados, con más trabas proscriptivas. Ha establecido la obligación de los partidos de reinscribirse en un registro manejado por el Estado nacional, que oficia de verdadero filtro. Por lo pronto, ha impedido la presentación como tales a los principales partidos liderados por los dirigentes más populares (Capriles y López) y que la oposición pueda utilizar la sigla del MUD, con la que vino presentándose en las anteriores elecciones. Por otra parte, el acortamiento de los plazos excluye prácticamente las posibilidades de hacer una primaria, que era el mecanismo al que venía apelando la oposición para arribar a una candidatura común. Esto debería ser sustituido por un “consenso”, cuestión que parece complicada. Lejos de expresar una vitalidad del régimen bolivariano, la arremetida oficial se asienta en las limitaciones vertebrales de sus opositores. El chavismo ha dejado de ser un régimen plebiscitario para pasar a ser un régimen de facto, que se sostiene a través de una manipulación cada vez más alevosa de los resortes del Estado. La economía está en ruinas, con un retroceso del 25% del PBI y un inflación anual del 2.000%. El desabastecimiento y la desorganización económica han llegado a extremos exasperantes. Venezuela se ha convertido en una suerte de “economía de guerra”, donde gran parte de la población trabajadora y de menores recursos depende para subsistir de las tarjetas de racionamiento y bonos alimentarios que otorga el Estado. El voto en favor del chavismo se nutre de esta dependencia y chantaje “social” que el gobierno usufructúa valiéndose del aparato del Estado; ya no responde a una adhesión popular, que se ha ido horadando en forma proporcional al derrumbe de la experiencia nacionalista. Sin ir más lejos, Maduro acaba de anunciar el otorgamiento de un bono especial equivalente a tres salarios mínimos, que diversos comentarios periodísticos han coincido en interpretar como un anuncio apuntando a la campaña electoral. En las propias entrañas El hecho de que Maduro tenga grandes chances de ganar las elecciones puede, contradictoriamente, acentuar las divisiones dentro del oficialismo. Sin la presión que podría representar un acecho de la derecha, las divergencias reprimidas en el oficialismo pueden terminar abriéndose paso. Ya algunos analistas han señalado que la constitución de Somos Venezuela, un nuevo partido en el armado oficial, que viene de ser bendecido por el Presidente, es una movida de Maduro para afianzarse internamente y no depender del partido oficial, el PSUV, atravesado por crecientes tensiones. ¿Duda Maduro de tener el respaldo monolítico del partido que creó Hugo Chávez? ¿Rafael Ramírez y otros ‘excluidos’ y ‘desterrados’ pudieran generarle problemas al mandatario?” (Red digital Tal Cual, 28/1). Lo concreto es que se empieza a desgranar el núcleo histórico del chavismo. La ruptura de Ramírez (el alguna vez poderoso ministro de Petróleo y jefe de la empresa estatal petrolera PDVSA, una figura clave a lo largo del gobierno de Chávez de 1999 a 2013), se produjo a fines del año pasado, después de que criticara ferozmente el manejo de Maduro de la economía. Ramírez ha señalado que le gustaría medirse en las urnas, pero esa posibilidad parecería imposible en momentos en que se lo acusa de multimillonarios hechos de corrupción. El golpe que destrone a Maduro va a terminar surgiendo, muy probablemente, de las propias entrañas del oficialismo. Límites Lo cierto es que el régimen bolivariano ha tropezado con sus límites políticos. Los “éxitos” gubernamentales alcanzados con la consagración de la Constituyente y luego con los resultados de las elecciones regionales y municipales no bastan si no son acompañados por una política capaz de abrir un nuevo horizonte al país y sacarlo de la catástrofe en que está sumergido. El chavismo, en cambio, ha continuado el rumbo que condujo al actual desastre. Maduro siguió pagando la deuda hasta finales de 2017, las arcas quedaron vaciadas y entró en defol, dejando al país sin las divisas necesarias para importar medicamentos, alimentos y otros productos de primera necesidad, imprescindibles para la población. En la actualidad, estaría negociando una restructuración de la deuda. Estaría dispuesto a pagar la deuda de PDVSA, cuyos bienes en el exterior correrían el riesgo de ser embargados, y dejar en suspenso el pago de la deuda perteneciente al Estado nacional. Estas maniobras son de corto vuelo y ya distintos analistas vaticinan su fracaso. El cerco económico crece. Ni siquiera Venezuela puede usufructuar el aumento operado en los precios del petróleo, pues el volumen de producción petrolera viene descendiendo en picada y, por primera vez, está por debajo de los 2 millones de barriles diarios. Por su parte, China y Rusia, las dos fuentes alternativas de socorro financiero a los que el gobierno ha apelado, sostienen a Maduro como la soga sostiene al ahorcado. Se omite usualmente mencionar el carácter leonino de este “auxilio”. El gobierno avanza en la privatización petrolera y minera, entregando la cuenca del Orinoco y otros activos a la petrolera rusa Rosneft. No hay que olvidar que los márgenes de asistencia de ambas naciones son acotados. Ya la petrolera rusa tuvo un aviso de la bolsa de Moscú, a fines de 2017, cuando el anuncio del defol venezolano provocó una caída de sus acciones. Ni Rusia ni China están dispuestas a patear el tablero del sistema financiero internacional, dominado por el gran capital, al cual están integrados y del cual son dependientes. En este contexto, el gobierno de Trump, secundado por un grupo de gobiernos latinoamericanos en el que está Macri, está aumentando sus presiones políticas y económicas contra Maduro. Desde el Grupo de Lima, que integran la Argentina y hasta Estados Unidos, han dicho que no habrá reconocimiento oficial de la convocatoria electoral, por lo cual, tampoco reconocerían los resultados de la eventual elección. Además de las sanciones financieras en marcha, Washington no ha descartado la aplicación de un embargo petrolero. Todo esto formaría parte de la agenda de discusión que tendría contemplado, el secretario de Estado, Elies Tillerson, en su próximo encuentro con Macri. Independencia política La iniciativa política tomada por el chavismo no puede disimular el hecho de que el gobierno prolonga una agonía que agrava la desorganización económica y la situación desesperante de las masas y pavimenta el camino para un estallido. ¡Se pronostica para el año en curso un retroceso del 15% del PBI y una inflación del 10.000%! A término, este impasse del régimen chavista dejaría como única salida un golpe arbitrado por las Fuerzas Armadas. Es necesario que entre los trabajadores haya una clara comprensión de la transición que estamos atravesando. En Venezuela hay tendencias, activistas y dirigentes clasistas, que podrían ser la base de un polo independiente de la clase obrera, que están bloqueados por los partidos de izquierda, prisioneros del oficialismo o la oposición patronal. Oscilan entre un seguidismo al nacionalismo burgués que pretenden reconstruir o ser tributarios de la derecha. La clase obrera puede y debe emerger como factor autónomo en la crisis nacional. El punto de partida para ello es la independencia y ruptura política con los bloques patronales en presencia.

La noticia de que Chubut no estaba en condiciones de pagar su deuda -y el anuncio de que su gobierno se proponía “reestructurarla”- conmovió al ambiente político del país. Este año le vencen a Chubut casi 7.000 millones de pesos de deuda, de la cual el 75% fue emitida en moneda extranjera. El déficit provincial es de 9.000 millones de pesos, equivalente al 20% de los ingresos. La gota que rebalsó el vaso fue la disparada del dólar, que elevó la deuda emitida en pesos en casi 3.000 millones. Por más que se lo pretenda disimular, Chubut está al borde del precipicio. Una refinanciación de la deuda a tasas más bajas -a la que aspira el Ejecutivo provincial no es más que una perspectiva fantasiosa. Más que nunca, los especuladores reclaman rendimientos elevados y mayores reaseguros respecto de la capacidad de pago de la provincia. El gobernador, en ese cuadro, agitó el fantasma del defol para forzar a la Legislatura a aprobar la emergencia económica y ratificar el Pacto fiscal. Estamos en presencia de una extorsión dirigida a avanzar en un ajuste en regla. La deuda provincial Pero, Chubut es apenas la punta del iceberg. La deuda pública viene creciendo a ritmos vertiginosos y dentro de ella, las deudas provinciales, las cuales estarían creciendo al doble de velocidad que el stock nacional de deuda. Según el Observatorio Fiscal Federal, el conjunto de las deudas provinciales habrían superado los 36.000 millones de dólares a fines de 2017. Una gran parte de ese volumen proviene de endeudarse con el exterior. En este contexto, la Casa Rosada se apresuró en establecer una red de contención dando ciertas facilidades y adelantos a Chubut para hacer frente a la coyuntura inmediata, y evitar una reacción en cadena de consecuencias impredecibles. Este cimbronazo en el sur se da en momentos en que declinan los valores de los bonos del Tesoro estadounidense y la Reserva Federal viene aumentando la tasa de interés. Ello encarece la operación especulativa conocida como ‘carry trade’, que consiste en comprar activos financieros en los denominados países emergentes explotando la mayor tasa de interés que pagan éstos últimos. Pero, en ese contexto, reducir la tasa de interés local, como le viene reclamando el gobierno al presidente del Banco Central, Sturzenegger, cuando se desarrolla esta presión para un reflujo de los capitales “invertidos” aquí, podría desatar una estampida en el mercado de cambios de Buenos Aires. Devaluación y carestía Por lo pronto, la disparada que ya se produjo de la divisa empieza a golpear sobre la carestía. Las petroleras han anunciado un incremento de los combustibles y se vienen aumentos de alimentos y de productos de consumo exportables, lo que también se extiende a los insumos importados. Esto abre un espiral inflacionario que, más temprano que tarde, vuelve a provocar un atraso cambiario y es el puntapié para una nueva escalada del dólar. Las principales víctimas son los trabajadores. El único precio que el gobierno se empeña en “estabilizar” es el salario, imponiendo un techo a las paritarias del 15%. Déficit récord y guerra comercial El alza del dólar se ha dado este último mes con el guiño del gobierno. El Banco Central no ha intervenido en el mercado cambiario, permitiendo que se dispare la divisa. Pero esto no está trayendo los supuestos efectos “benéficos” que pregonan sus promotores. El año 2017 arrojó un déficit comercial récord y hay coincidencia que, con devaluación y todo, esta tendencia va a continuar en el año en curso. Este déficit proviene de un aumento significativo de las importaciones. Una de las ramas de la actividad donde este fenómeno se registra con más fuerza es en la industria automotriz. Aunque las ventas en el país han aumentado, una parte cada vez más importante corresponde a autos importados. Esto va de la mano con una caída de la producción de las terminales radicadas en Argentina y de las autopartistas, incluidas las fábricas de neumáticos, lo cual se agrava pues una parte de su oferta local la cubren con productos importados. El Mercosur, como nunca, está en ruinas, devorado por el impacto de la crisis mundial, que alienta choques y rivalidades entre sus miembros, quebrantando todos los acuerdos de intercambio y compensaciones comerciales establecidos entre éstos. “Este fenómeno se explica principalmente por la débil actividad económica de Brasil, que volcó hacia la exportación la producción del sector automotriz ante una débil demanda interna, junto con un relajamiento en las normas de importación de nuestra economía” (Ecolatina, Clarín, 28/1). De acuerdo con trascendidos, Brasil estaría fogoneando una mayor devaluación de su moneda para mejorar su penetración comercial en otros mercados. Esto se extiende a las exportaciones. Al bloqueo a la venta de biodiesel a Estados Unidos y la crisis de las negociaciones de comercio con la Unión Europea, se le une ahora la noticia de que la Casa Blanca estaría a punto de establecer una restricción de “las importaciones de aluminio y acero a Estados Unidos, un posible giro que ha generado preocupación en la Argentina, ya que, de concretarse, puede llegar a afectar las exportaciones del país y desatar un conflicto en el comercio global” (Clarín, 4/1). En 2017, hasta noviembre, la Argentina le vendió a Estados Unidos unos 200 millones de dólares en tubos de acero y más de 430 millones de dólares en aluminio en bruto. Todas son evidencias claras de que el mercado mundial es un terreno de guerra entre intereses capitalistas enfrentados. Perspectivas El déficit de cuenta corriente acumulado en los últimos doce meses llega a casi 27 mil millones de dólares, el mayor rojo desde 1998, que equivale al 4,5% del PBI. Una parte cada vez más creciente del endeudamiento ha ido a parar al pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa, regalías y pago de dividendos al exterior a lo que hay que agregar la fuga de capitales, que no se ha frenado en los dos años de gestión macrista. En estas circunstancias, un parate en el endeudamiento, produciría un colapso. Esta situación es lo que explica que el gobierno está rascando la olla donde puede, con tal de hacerse con dólares. Una reciente comunicación del Banco Central de Argentina habilita al Estado a tomar parte de los dólares de depósitos para financiar al Tesoro, algo que estaba prohibido a partir de la experiencia que dejó la bancarrota de 2001 y el corralito. Por otra parte, el gobierno ha generalizado la compra-venta de dólares por parte del público con la esperanza de aumentar la oferta de divisas y descomprimir la presión existente sobre el mercado cambiario. Esto se suma al financiamiento en pesos, a través del saqueo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, luego de haber llevado a un hipotecamiento insostenible al Central. Esto vuelve a poner de manifiesto las contradicciones y desequilibrios crecientes del armado de la política económica oficial. Una estrategia de la clase obrera debe tener como punto de partida este escenario explosivo y el carácter irreversible del período de bancarrotas capitalistas. Seguí leyendo: Chubut: Parazo provincial contra el ajuste

En estos días, la Campaña Financiera nacional está entrando en la recta final. Realizando algunos balances por anticipado, sobre todo de la Capital, hay que destacar que la mejor campaña, hasta el momento, es la del Polo Obrero de la regional. Las actividades de recaudación se realizaron a partir de actividades sociales donde se realizaban platos, según las costumbres de las compañeras y compañeros de las diferentes colectividades. Estas actividades se realizaron en dos asambleas de la Villa 1-11-14, en el barrio Rivadavia de Bajo Flores, en Soldati (Fatima, Piletones y Carrillo) y la Villa 20 de Lugano. Participaron en las mismas más de 500 compañeros. También se recolectaron aportes realizados por los compañeros de forma personal y a voluntad. En las asambleas de Soldati se juntaron 120 aportes; en la Villa 1-11-14, 30, y la Villa 20, 15. Lo cual da un total de 165 aportes hasta el momento. Si indagamos en los motivos de fondo por los cuales se produjo esta enorme actividad financiera, tenemos que destacar el crecimiento del Polo en Capital y el grado de politización de sus delegados y principales organizadores. En las asambleas y reuniones de delegados se abordó el punto de la campaña con total claridad, explicando que tiene como objetivo juntar recursos para que el Partido Obrero pueda enfrentar el plan de ajuste de Macri y los gobernadores, por medio de la propaganda, agitación y organización de los trabajadores. Ahora, en la recta final de esta campaña tomemos el ejemplo de los compañeros del Polo para redoblar los esfuerzos y llegar al 100% del objetivo. Hagamos recorridas para llegar a ver a todo el padrón, rediscutamos los padrones en los frentes sindicales. Hagamos actividades financieras.

Después de muchos años, el Campamento de verano de la Unión de Juventudes por el Socialismo-Partido Obrero volverá a extenderse durante ocho días, del 10 al 18 de febrero en Villa Gesell. A metros del mar, el camping El Pucará invita, y más si tenemos en cuenta el precio barato de 4.000 pesos, que incluye traslado, hospedaje y comidas (hay un descuento para los que viajen en auto). Cursos y actividades El primer curso central aprovechará el aniversario número cien de la Reforma Universitaria. Partiremos del estudio de la Reforma del ’18, que fundó el movimiento estudiantil latinoamericano, para llegar a la gran lucha de la “Laica o Libre” y a la radicalización que se inicia con la Revolución Cubana y culmina en el Cordobazo y en el ciclo de puebladas insurgentes que recorrió nuestro país a finales de la década del ’60, en sintonía con el Mayo francés y la Primavera de Praga. Veremos el derrotero de este movimiento hasta la dictadura militar, pasando revista a la experiencia de la JP y las organizaciones guerrilleras de los ’70. La última clase, con la participación de Gabriel Solano, analizará el período que va de la Coordinadora de Franja Morada al Argentinazo, pasando por las luchas contra el menemismo y profundizando en el movimiento que dio paso a la recuperación de la Fuba y a la instalación de la izquierda revolucionaria en la principal federación del país. En paralelo al curso de la Reforma, se realizarán los tradicionales talleres sobre la concepción marxista del Estado y la Revolución. Contaremos con la participación de Néstor Pitrola, que el domingo 11 estará al frente de un plenario de la juventud trabajadora para discutir cómo nos organizamos para enfrentar la reforma laboral. Los campamentos de la UJS no son sólo formación, sino también instancias de acción política. Por eso, el lunes de Carnaval, cuando la ciudad esté atestada de turistas, organizaremos una caravana por la playa y montaremos un gran acto público en el centro de Gesell en el cual serán oradores Romina del Plá y Gabriel Solano, diputada nacional y legislador porteño del Partido Obrero-Frente de Izquierda. De acuerdo con lo planificado, el eje de la caravana y del acto será el reclamo de un paro activo nacional contra las reformas ajustadoras y la lucha por el desprocesamiento de nuestros compañeros César Arakaki y Fernando Dimas Ponce. El segundo curso central, “Mujer y Socialismo”, abordará la cuestión de la opresión de la mujer. En simultáneo, la juventud del Polo Obrero desarrollará su curso. Otro plato fuerte de este segundo tramo será la charla con Jorge Altamira, que el viernes 16 desarrollará un balance a diez años de la bancarrota capitalista mundial. Cultura y esparcimiento Se desarrollarán también diversas actividades recreativas y culturales que pueden consultarse en internet. El último sábado lo aprovecharemos para hacer plenarios de estudiantes secundarios, terciarios y artistas, y hacer un cierre enfocado en las principales peleas que la UJS y sus agrupaciones tienen por delante en este 2018. Aprovechemos a fondo estos días que quedan para sumar a más y más compañeros a Gesell. Se vienen ocho días ‘pulenta’ para dar un salto en la construcción de una poderosa organización socialista de la juventud.

Luego de las masivas jornadas de diciembre contra la reforma previsional, la resistencia de los trabajadores contra la ofensiva capitalista va escribiendo nuevos capítulos. Desde los ingenios azucareros del norte del país hasta los mineros de Río Turbio en Santa Cruz, la lucha contra los despidos se va transformando en una bandera nacional. Lo prueba, también, la masiva ocupación del Inti, la pueblada en favor de los trabajadores de Fabricaciones Militares en Azul y la lucha del Hospital Posadas. A la cabeza de los despidos está el propio gobierno, que busca superar el empantanamiento de su política económica con nuevas agresiones a los trabajadores. Es el mismo gobierno que quiere imponer una paritaria a la baja del 15%, cuando todos descuentan que la inflación superará cómodamente ese porcentaje. Y que insiste con la reforma laboral, para eliminar conquistas históricas de los trabajadores e imponer la precarización generalizada. La tarea del momento es movilizarse por el triunfo de las luchas en curso. Si triunfan el Inti, Fanazul, el Turbio y el Posadas se abre una nueva situación política que tendrá a los trabajadores al frente. Para eso es necesario convocar de inmediato un paro activo nacional y un plan de lucha, contra los despidos, la reforma laboral y en defensa del salario. Sin embargo, la CGT y la CTA, así como la inmensa mayoría de las direcciones sindicales, le dan la espalda a estas luchas. Un sector de la CGT, incluso, ya se ha anotado para insistir con la reforma laboral pactada con Macri. El sector que se reclama opositor, con Moyano a la cabeza, convoca una movilización para el 22 de febrero, como si los trabajadores que están ocupando sus lugares de trabajo pudiesen esperar un mes. Se trata de una movilización acotada, sin paro, cuya estrategia es la unidad del pejotismo que ha acompañado las principales leyes del macrismo. Llamamos a movilizarse por el triunfo de las luchas en curso, y a multiplicar el reclamo del paro activo nacional y el plan de lucha. Es una política que debe envolver al conjunto de las organizaciones obreras, mediante la convocatoria a un Congreso de Bases para que los trabajadores debatan un plan de lucha y un programa de salida a la crisis.

El próximo congreso nacional de la agrupación Tribuna Docente se desarrollará en medio del plan de guerra en curso contra los trabajadores de parte del macrismo y los gobernadores del ´pacto fiscal´. La paritaria docente adquiere, una vez más, un carácter estratégico. Eso es lo que explica la andanada de ataques de parte de Macri-Vidal y compañía contra la docencia: en primer lugar, la anulación de la paritaria nacional docente y el anuncio de un aumento tope del 15% –con la pretensión de reducir las negociaciones provinciales a un acto administrativo–, pero también la ofensiva contra los sindicatos de parte de la cartera educativa bonaerense (que promueve en su página oficial la desafiliación, ofreciendo una aplicación directa para ello) y el anuncio de la eliminación de la ´cláusula gatillo´ que inauguró Vidal para consolidar salarios recortados –consolidándose así la pérdida de la inflación de los dos últimos años. Un panorama completado por la reforma antieducativa y el desguace de las jubilaciones docentes. Conclusiones de las jornadas de diciembre A dos años de gobierno macrista, la dirección de Ctera se ha demostrado completamente impotente para enfrentar este plan de guerra contra los trabajadores. Los que ayer sostuvieron la política de privatización de la educación del kirchnerismo y los ataques de CFK al salario y las condiciones laborales docentes, hoy son vehículo en el movimiento obrero del acuerdo de Macri con los gobernadores sellado en el Pacto Fiscal, con Alicia Kirchner a la cabeza. Es lo que explica que ante la eliminación de la paritaria nacional no hayan movido un dedo. Sin embargo, el golpe que Macri, Vidal y todas las variantes del PJ pretenden imponer a los trabajadores va a contrapelo de la reacción popular que enfrentó en diciembre el robo de la reforma previsional. Los ataques contra la docencia y sus sindicatos buscan recrear, sin éxito, un clima hostil contra la docencia, como el que ensayó en 2017. Por el contrario, el gobierno ha sido fuertemente repudiado, incluso por un amplio sector de sus votantes, luego de la confiscación de las jubilaciones, el bochornoso ‘affaire Triaca’ y los tarifazos en medio de los cortes de luz. El congreso de Tribuna se propone lanzar una campaña nacional para que los trabajadores de la educación saquemos todas las experiencias de lo ocurrido. La lucha por paritarias libres, con cláusula de ajuste por inflación, contra la reforma anti-educativa, contra la reforma laboral –que en docentes significa la eliminación de nuestros estatutos–, nos encuentra movilizados junto al resto de los trabajadores, como en las jornadas de diciembre. Pero para quebrar el ajuste hay que erigir a Ctera y a nuestros sindicatos, paralizados por la burocracia sindical docente. Esta tarea, objetivamente, coloca al 2018 en el camino de la lucha por la conquista de la base docente y de una nueva dirección en Ctera y en todos nuestros gremios. Pongamos en deliberación y acción a todos los gremios docentes. Plenarios provinciales de delegados de escuela con mandato que voten un programa y un plan de lucha, el paro activo y la huelga general. Exigimos a Ctera y a todos los sindicatos la convocatoria de un congreso de delegados de base, que resuelva el No Inicio y un plan de lucha con continuidad. La salida para la docencia va de la mano de una salida de todos los trabajadores contra el plan de guerra de Macri y los gobernadores. El congreso nacional, que concentrará la intervención de Tribuna Docente en 21 provincias y espera a más de 800 compañeros y compañeras, se colocará al servicio de un triunfo de los reclamos de la docencia y de la educación pública.

Las muestras de apoyo de la comunidad a los mineros de Río Turbio, que enfrentan cerca de 500 despidos, no podrían ser más contundentes. En cada jornada se suman nuevos sectores a las marchas. El pasado martes 30, la caravana que unió los dos pueblos de la cuenca, de 28 de Noviembre hasta el centro de Río Turbio, fue imponente. El interventor Omar Zeidán, que no tiene intenciones de retroceder con los despidos, suspendió ayer las negociaciones en Buenos Aires con la excusa de que un grupo de mineros despedidos había ingresado al socavón. Cuando los obreros salieron para destrabar las reuniones, entonces el interventor reclamó que se desaloje la bocamina de vecinos que no sean empleados de la empresa, lo que también se cumplió; y, finalmente, en la tarde del miércoles 31 se reunieron los sindicatos con la Intervención en una gestión decisiva que, de no dar frutos, seguramente determinará la profundización del plan de lucha, tal como ya se ha votado en varias asambleas. Mientras tanto, los mineros mantienen el acampe en la bocamina. Los trabajadores han mostrado su capacidad de movilizar a todo un pueblo. Macri-Costa-Zeidán: paralización y ajuste Desde que asumió Macri, poco y nada se avanzó con la construcción de la usina térmica anexa a la mina. La obra se paralizó por completo finalmente con la excusa de la quiebra de Isolux y su retiro de la obra (lo que no impidió que Isolux siguiera haciendo pingües negocios con el gobierno y la familia Macri con los parques eólicos de Chubut). En 2016 se registraron los primeros 80 despidos, luego otros cuatro en 2017 mientras duraba la retórica de que la “empresa se iba a reactivar”, para finalmente desatar la actual ofensiva de despidos masivos. El chantaje de la intervención a los trabajadores en todo el período fue que aceptaran la anulación de cláusulas convencionales o resignarse a los despidos masivos. Ahora el gobierno pretende las dos cosas. Durante 2017 se dividió la dependencia de la usina y la mina en ministerios diferentes, paso previo al desmembramiento del complejo carboeléctrico y a la privatización eventual de la usina. La aprobación del Presupuesto 2018, con la complicidad del PJ, trajo el golpe de gracia con un presupuesto reducido que no alcanza ni para pagar los salarios. De allí al despido masivo (aunque cueste fortunas en indemnizaciones) había un solo paso, y se desató en medio de las vacaciones, cuando la mitad del personal está fuera de servicio. No han respetado estabilidades gremiales, embarazadas, discapacitados, personal con legajos intachables, nuevos o gente a punto de jubilarse. Una propuesta de salida Las medidas urgentes para reactivar el yacimiento, donde trabajan unos 3.000 trabajadores en total, son el aumento del presupuesto, la culminación del 10% que falta para terminar la usina y su puesta en marcha urgente junto a la producción minera. En segundo lugar, refundar la figura legal de la empresa como estatal, con un Directorio mayoritario de obreros y vecinos. ¡Los despidos no pasarán! La lucha inmediata puede triunfar y para multiplicar la participación de todos los gremios y de la población planteamos la convocatoria a una Asamblea Comunitaria, que es una tradición de otras luchas en la cuenca. La decisión de Adosac de llevar su congreso el fin de semana a Río Turbio y la propuesta de un plenario sindical de bases para unir todas las luchas es un paso positivo. Desde el Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista reclamamos a la Mesa de Unidad Sindical, a la CGT, a la CTA, a los gremios petroleros y a las intersindicales de cada pueblo la organización de un gran congreso obrero a nivel provincial basado en asambleas y mandatos de bases para enfrentar el ajuste y los despidos en toda la provincia.

El pasado viernes 26, las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) confirmaron el envío de 250 telegramas de despido a auxiliares, técnicos y profesionales del instituto, que revisten con contratos precarios, algunos de ellos desde hace 20 años o más. Sin perder el tiempo, más de 500 trabajadores realizaron una asamblea de urgencia ese día y se movilizaron hacia la avenida General Paz, exigiendo que se haga público el listado de despedidos y rechazando de lleno este brutal ataque. Con carros hidrantes y motos, y apuntando directamente a los trabajadores, la Policía intentó amedrentarlos, pero el corte se extendió por más de dos horas. Luego, se votó la permanencia en el instituto, la cual fue ratificada en asambleas durante todo el fin de semana. Todos adentro Para el lunes 29, el planteo fue contundente: asamblea general, permanencia en el instituto y el ingreso de todos los despedidos. Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, las autoridades implementan un lock-out patronal de 72 horas y una militarización del instituto, que pretendió aislar a los trabajadores que mantienen la permanencia con el resto. La jugada falló, porque cientos de trabajadores concurrieron a la puerta del instituto, y rodeados de diputados nacionales, organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de izquierda, se realizó un acto masivo que se pronunció por la continuidad de las medidas de lucha hasta la reincorporación de todos los despedidos. La asamblea crece Con más de ochocientos trabajadores -de ambos lados del alambrado- se llevó adelante una nueva asamblea el martes 30, mientras las cartas documento llegaban a los hogares. En ese marco, se ratificó la permanencia, se votó una vigilia hasta el miércoles 31 y la convocatoria a una nueva asamblea. Asimismo, se creó la comisión de familiares y amigos de los despedidos. La asamblea del miércoles 31 tuvo características masivas, pero además se manifestó un principio de ruptura de los mandos medios con las autoridades de Inti: los directores de Centro firmaron un comunicado rechazando los despidos. Un gran contingente de delegados de otros organismos del Estado, referentes políticos, organizaciones y diputados se expresaron con un apoyo contundente a la lucha. Romina Del Plá, diputada nacional por el PO-FIT, colocó la perspectiva del paro activo nacional para llevar a la victoria al conjunto de luchas en curso y una movilización al centro del poder político del país. Finalmente, la asamblea votó continuar la permanencia, el paro activo e impulsar una movilización a Plaza de Mayo. Además se lanzó el fondo de lucha. Las mentiras del gobierno La implementación del lock-out de 72 horas por parte de las autoridades demuestra que no les interesa si el Inti funciona o no, y mucho menos los trabajadores. Enviaron un comunicado señalando que no se podrán liquidar los sueldos mientras la permanencia continuara. Para ellos, el Inti es una caja que se reparten entre las distintas camarillas gubernamentales que conviven en la dirección del instituto. Quieren sacar provecho de la tercerización de sectores, a través de empresas de su riñón, y de la privatización de los sectores que más facturan. Para hacerse de este botín, no les importa deshacerse de técnicos y profesionales especializados y calificados. La lista de despedidos habla Al reconstruir el criterio con el que fue armada la lista, se corrobora el plan político de la gestión. La causa no es “el exceso de licencias y faltas” de los trabajadores, como aducen. La han elaborado con la perspectiva de destruir al cuerpo de delegados de los sectores, y a un vasto sector de activistas que se ha forjado al calor de las luchas de los últimos años por salario, carrera laboral, seguridad e higiene, derechos de género y estabilidad laboral. Derrotar a los ajustadores La adhesión no sólo crece día a día entre los trabajadores del instituto, sino que gana simpatía popular. El gobierno de Macri se ha golpeado de frente con la lucha de un colectivo de trabajadores con vasta experiencia y fuerte organización. Cada día que pasa, la lucha del Inti se transforma en un epicentro de organización del conjunto de las luchas en curso. Desarrollemos, con la democracia sindical como método, las asambleas masivas para darle continuidad a la lucha. Por la permanencia y el paro total hasta la reincorporación del último despedido. Por un plenario de estatales nacionales y provinciales en Inti para votar un plan de lucha contra los despidos en el Estado. Por el paro general y el plan de lucha para derrotar el ajuste. Por un congreso de bases de todo el movimiento obrero. Fuera la policía del Inti. LEE TAMBIEN: Asamblea del INTI reclama un paro activo nacional contra los despidos La lucha en el INTI, a pleno “En el INTI hacemos ciencia, no discursos mentirosos”

Luego de las enormes jornadas de lucha que incluyeron dos días de cortes de ruta y una extraordinaria movilización por el centro de la ciudad -una verdadera pueblada contra el cierre de la planta local de Fabricaciones Militares- los trabajadores siguen en pie de lucha. Una asamblea resolvió una acción dentro del municipio, lo que permitió arrancar un subsidio para “los fabriqueros”. La asamblea resolvió también la continuidad de la resistencia en el acampe en el veredón municipal, que lleva 26 días al momento de escribirse estas líneas. Se realizó un festival de rock con el objetivo doble de seguir visibilizando el conflicto y recaudar para el fondo de huelga (tres de las bandas que tocaron tienen entre sus integrantes trabajadores de la planta) y hay una nutrida agenda de actividades. La semana pasada trascendió que una empresa láctea de Azul tomaría despedidos de Fanazul; las reubicaciones en empresas locales tienen la intención de debilitar la lucha para avanzar en el cierre definitivo y allanar el camino a la especulación inmobiliaria y los intereses mineros, que son los negocios detrás del vaciamiento. Con la reciente derogación de la ley N° 14.147, se habilita la venta de las tierras en manos del Ejército Argentino. Contigua a la fábrica de explosivos se encuentra la Base Naval Azopardo, que en su origen fuera un depósito general de explosivos, que encierra un enorme valor y en la que han puesto los ojos las grandes mineras y los especuladores inmobiliarios. La entrega de tierras a las fauces de los mineros tiene larga data. Ya durante la gestión kirchnerista de José Inza se estableció un “Acuerdo Marco de Cooperación de Asistencia Técnica entre el Servicio Geológico Minero Argentino y la Municipalidad de Azul” que establecía entre otras cosas “la evaluación e incorporación de proyectos (…) nuevos que puedan enmarcarse en el programa de huellas Mineras” como también “el estudio de los terrenos y ver cuáles son las características y potencialidades que puedan surgir a partir de este acuerdo”. ¿Un Frente Social y Sindical con los cómplices del macrismo? En una reunión de organizaciones que se realizó en el acampe el “Movimiento 1ro de octubre” (que integra la corriente del Perro Santillán) impulsó la necesidad de conformar un Frente Social y Sindical, una especie de multisectorial que unificaría a todos los sectores que se “oponen” al macrismo, para enfrentar los despidos. Un frente anti-Macri a la azuleña. Un frente con el PJ no es el camino para derrotar el ajuste. Los gobernadores, que responden a las distintas fracciones del peronismo, suscribieron el pacto fiscal de Macri y el kirchnerismo. Y eso incluye a Alicia Kirchner, que es quien ejecuta el ajuste en Santa Cruz. Esta multisectorial también contemplaría a los sindicatos locales, en su mayoría inscriptos en la CGT, que no fue capaz de llamar a un paro en defensa de una fuente de trabajo tan importante para la ciudad. Es claro que algunos sectores de la oposición al intendente Hernán Bertellys (Cambiemos), que expresaron simpatía por la propuesta de una “amplia unidad” lo hacen pensando en su interna partidaria y no en el triunfo del conflicto. Lo que necesitamos los trabajadores no es un “aparato” que nos entrampe en compromisos con las fuerzas políticas patronales sino un Congreso de delegados base, de todos los sindicatos de Azul -de la CGT y la CTA- para votar un plan de lucha; necesitamos el paro de ATE nacional y la coordinación con los otros conflictos en desarrollo (Senasa, Inti, el Turbio, etc.) y una Asamblea Popular de Azul, que canalice la enorme solidaridad con la causa de “los fabriqueros”.

Los trabajadores del Hospital Posadas se encuentran en lucha contra 122 despidos. Han realizado paros y el martes 30 de enero una fuerte movilización de trabajadores del Hospital Posadas, acompañada de organizaciones solidarias, se concentró frente al Ministerio de Salud nacional para marchar luego a Modernización. Jimena Lettieri es trabajadora del Posadas desde hace 17 años, siempre en calidad de contratada. “Es la situación de la mayoría de los compañeros -le dice a Prensa Obrera-, hay gente que lleva aquí entre 15 y 20 años de trabajo, siempre contratada: un fraude laboral escandaloso”. Jimena es, además, militante de Tribuna Estatal y ex candidata a la secretaría de ATE Morón, dirigida por el burócrata y patotero Darío Silva. Silva apareció abrazado con el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro (PRO), al tiempo que el gobierno municipal -sus trabajadores están entre los peores pagos de la provincia desde los tiempos de Martín Sabbatella- despedía a 500 empleados. Como se ve, el problema está lejos de ser nuevo. Macri y María Eugenia Vidal simplemente han aprovechado el regalo recibido de gobiernos anteriores para no renovar contratos y dejar gente en la calle. Para eso han acudido a la fuerza física directa: “El hospital está militarizado -señala Lettieri- desde hace por lo menos un año, pero ahora hay, de manera permanente, tropas de la Policía Federal y de Gendarmería adentro del predio”. Los policías se dedicaron a hostigar la primera asamblea de los trabajadores ante los despidos, y Gendarmería impidió una manifestación sobre el kilómetro 16 del Acceso Oeste. Los movilizados fueron también golpeados por una patota sindical. Resulta obligatorio recordar, además, que el nuevo director del Posadas es Pablo Bertoldi, quien no está ahí por sus méritos profesionales sino por ser ladero de la segunda al mando de la AFI (ex Side), la represora Silvia Majdalani. Y cuando la dirección de un hospital queda en manos de un esbirro, lo demás viene por sí. “O peor aún -sigue Lettieri- porque los patoteros fueron los mismos miembros de la comisión directiva de ATE Morón, ni siquiera ‘tercerizaron’ la represión: fueron ellos mismos, armados y con palos, a atacar a los trabajadores. Dejaron dos compañeros con heridas serias y varios contusos”. Como se ve, la burocracia es, en este caso como en otros, una fuerza de choque al servicio de la patronal. “El secretario adjunto de ATE Morón, Leonardo Cejas, le dijo a uno de sus laderos, y está en un audio, ‘quedate tranqui que vos no estás’ (entre los despedidos). Eso prueba que la burocracia estuvo entre quienes confeccionaron las listas de los que quedaban afuera”. “Los despedidos -informa Jimena- son 122. En el hospital rige el sistema perverso de las contrataciones perpetuas, como es mi propio caso, y la gran lucha empezó cuando quisieron llevar a 12 horas diarias la jornada de trabajo de los enfermeros del turno noche. Ellos hicieron paros y asambleas, sin el sindicato o con el sindicato en contra, y finalmente su pelea logró que un amparo judicial los protegiera. Silva, en esa época, no convocó a nadie, él ya había aceptado una tregua con la dirección del hospital. Por eso ahora dice que la culpa de los actuales despidos la tienen la izquierda y Cicop”. “Una resolución de la directiva del hospital –continúa- incluyó tres anexos: una parte de los contratados continúa en esa condición hasta el 31 de agosto y otra hasta el 31 de diciembre. Los que no están en ninguna de las dos categorías se quedan en la calle, con el contrato no renovado. Ni siquiera se mandó telegrama de despido y la resolución se dio a conocer 15 días después del hecho consumado, o sea que despidieron con retroactividad. La burocracia, a todo esto, trata de sembrar miedo con la patota, pero sobre todo confusión con su campaña macartista”. “Además -finaliza Lettieri- los despidos constituyen una abierta persecución sindical: tienen el contrato rescindido 17 de los 23 dirigentes del Cicop, entre otros activistas sindicales”. Esta gran lucha apenas comienza. Foto: Camila Almada Meneses