Prensa Obrera N° 1489

Un grave hecho tuvo lugar el 15 de enero, cuando fue incendiado el auto de Martín Alderete (miembro de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, Cadep), abogado de Sebastián Romero, el militante del PSTU imputado en la causa por la manifestación del 18 de diciembre contra la reforma previsional, por la cual ya se encuentran detenidos los compañeros César Arakaki y Dimas Ponce. Repudiamos enérgicamente este atentado y exigimos su esclarecimiento. En diálogo con Prensa Obrera, Alderete explicó que para colocar el explosivo en el auto los atacantes (que también rompieron los vidrios del vehículo) tuvieron que romper parte del cerco del domicilio en que se encontraba y descartó que se trate de un simple acto de vandalismo. “Se da en el marco represivo general que vivimos no sólo contra los militantes populares sino también contra todo el arco de solidaridad con ellos”, y lo calificó como el intento de generar una situación de amedrentamiento.

Crece la campaña en el campo artístico por la liberación de César Arakaki, el actor y militante del PO que se encuentra preso en el penal de Marcos Paz. Luego de la masiva movilización del 11 de enero con 20.000 compañeros en la Plaza de Mayo, que exigía la libertad para César, Dimas y los detenidos del 14D, el juez Torres negó arbitrariamente el levantamiento de la injusta prisión preventiva del chino. Los artistas repudian esta brutal profundización de la criminalización de la protesta y multiplican sus pronunciamientos por la libertad de su compañero. Soledad Villamil, Cecilia Roth, Ingrid Pelicori, Iván Moshner, Andrés Mangone, Ivana Zacharski, Martín Scarfi, Julián Rodríguez Rona, Nacho Ciatti y Gabriel Rovito son algunos de los actores y actrices que, junto a los maestros del teatro Raúl Serrano, Ricardo Bartís y Pompeyo Audivert y el dramaturgo Vicente Zito Lema, exigen la inmediata libertad del compañero preso por luchar contra el robo a los jubilados. Debemos destacar que esta campaña conquistó la adhesión de la Federación Internacional de Actores, de la Asociación Argentina de Actores y de otros agrupamientos actorales del país. César es parte de la lista Multicolor de actores, de la agrupación Actuemos y del Frente de Artistas; todos sus integrantes, así como los Músicos Organizados y los escritores de Tinta Roja, son parte activa de la lucha por su libertad. Se pronunciaron músicos como Liliana Herrero, el “Pecho” y el “Cabra” (de Las Manos de Filippi), Guillermo Fernández, Alfredo "Tape" Rubin, Willy González, Marcos Cabezaz, Patricia Barone, Javier González, Zypce, Adriana de los Santos, Ramiro Pérez, Gaviota, Eduardo Graziadei y muchos otros. En días, Casación se expedirá nuevamente por la continuidad o no de la prisión preventiva de César. ¡Lo queremos libre ya! Convoquemos con todo al festival de este domingo 19, a las 16 horas, en el Parque Centenario y al Escenario Abierto el miércoles 24, a las 18 horas, en las puertas del Teatro Alvear, en plena calle Corrientes. Seguiremos con pronunciamientos y festivales hasta que César Arakaki, Dimas Ponce y todos los detenidos estén con nosotros en las calles luchando contra el plan de guerra contra los trabajadores que quieren imponer el gobierno nacional y los gobernadores.

En respuesta a la pregunta: ¿cuál fue el motivo que llevó a la diplomacia vaticana a organizar el viaje del Papa a Chile, a sabiendas de que no existe país en toda Latinoamérica en que la autoridad de la Iglesia haya caído tan vertiginosamente en las últimas décadas?, pueden ensayarse varias respuestas. La más importante es que el viaje papal es un acto de supervivencia de la propia jerarquía eclesiástica como protagonista del Estado chileno. La confianza en la Iglesia cayó en los últimos veinte años del 80 al 36%, la cantidad de fieles del 74 al 45% (Latinbarómetro). Setenta y ocho clérigos fueron denunciados públicamente por acoso y violencia sexual contra niños, la mayoría de ellos desde el año 2000, lo que coloca a Chile entre los diez primeros puestos de este ranking siniestro. No existe siquiera una comisión investigadora sobre estos hechos y el Papa ha sido un notorio encubridor. Nombró al sacerdote Juan Barrios obispo de Osorno, a pesar de que existían pruebas firmes de que facilitó y encubrió los abusos del pedófilo más notorio de Chile, el “padre” Fernando Karadima (Juan Barros estuvo en la primera fila del acto más importante del Papa en Santiago hace unas horas). Llovido sobre mojado, la autoridad del Papa quedó aún más resentida cuando fue sorprendido contándole a un peregrino en Roma que los feligreses de Osorno estaban sufriendo porque eran “tontos” y “torcidos por la izquierda”. Además del obispo Barrios está el actual arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzoti, recientemente nombrado cardenal, denunciado como encubridor de abusos. Por si esto fuera poco, antes de su viaje, el Papa ordenó aceptar a un grupo católico de élite en Perú, a pesar que su fundador está acusado de abusar sexualmente de decenas de chicos y adultos. La Iglesia católica es, además, cómplice y socio empresarial de terratenientes y empresas madereras en un sur militarizado contra la lucha del pueblo mapuche por la tierra. “Queremos un perdón por el genocidio, la confiscación de territorios y que se anuncie inmediatamente un plan para enmendar el daño causado” (Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, 12/1). ¿Por qué el Papa no puede avanzar sobre los pedófilos? Casi no se ha mencionado que el tema de la pedofilia involucra a una jerarquía del clero fuertemente vinculada con la gran burguesía chilena. “El padre Karadima (el mayor abusador sexual de Chile) tenía estrechas relaciones con la élite de Chile, lo que haría sospechar que patrones poderosos le habían permitido actuar con impunidad durante muchos años” (The Economist, 11/1). La Iglesia de Chile es una potencia económica, financiera e inmobiliaria, con “inversiones motivadas por el lucro, posiciones en acciones de corporaciones muy cuestionadas, ya sea por sus tratos laborales, sus impactos laborales o por ser abiertamente corruptas” (Punto Final, 15/1). La Iglesia anunció, en 2016, la decisión de terminar con negocios que “no sean de nuestro giro”. Casi dueña de la importadora de autos Chevrolet, tenía en ese momento importantes paquetes bursátiles en por lo menos 18 empresas de primera línea, entre ellas CPMPC (Manufactura de Papeles y Cartones) inserta en el negocio de la madera y de la tierra en el sur de Chile. Además, la Iglesia es propietaria de 388 bienes raíces declarados por 103.000 millones de pesos chilenos (140 millones de euros), a su valor fiscal, no real. Otras versiones señalan que las propiedades podrían llegar a 4.000, vía testaferros. He aquí otra de las razones del viaje “pastoral” de Francisco. Garantizar los intereses de la Iglesia de Chile en un momento en que ha resuelto una transición gatopardista, presentada en nombre de la “Iglesia de los pobres” y la “ética”. Al rescate de un régimen en crisis Una tercera razón del viaje papal es eminentemente “de Estado”. Llega a un país en el que se ha producido una transformación política significativa, a partir de las movilizaciones por la reforma educativa y contra el ingreso miserable de la jubilación privada. Las estadísticas sobre el desapego creciente de los fieles hacia la Iglesia en Chile arrojan un dato interesante. En otros países de América Latina existe un desplazamiento parcial hacia las iglesias evangélicas, que en Chile es menor. Pero son hombres y mujeres de la clase media, incluso acomodada, quienes “están abandonando la fe por completo” (The Economist). El gobierno Piñera ha surgido en un escenario de crisis: casi el 50% del padrón electoral se abstuvo en la elección que lo consagró presidente, la orden del Frente Amplio (la nueva estrella del centroizquierda) de votar por el candidato de la Nueva Mayoría, continuidad del actual, fue desoída. La Concertación está en un proceso de disgregación política. Ha surgido así un gobierno débil que debe afrontar la rebelión educativa latente, la movilización contra la jubilación privada, el alzamiento mapuche por la tierra, todo esto en el país de Latinoamérica con mayor desigualdad social. No casualmente el Papa no propuso una sola medida en cuanto a la pedofilia o la “cuestión” mapuche, centrando todo su mensaje en un “diálogo” y la exaltación de la “democracia” que hoy rige en Chile. El régimen político chileno se sostiene sobre la herencia pinochetista -Justicia, códigos, legislación penal, apropiación del cobre por las Fuerzas Armadas, prohibición de los sindicatos por industria. 1987 y 2018 El viaje del papa Juan Pablo II a Chile tuvo por finalidad consolidar la transición de la dictadura de Pinochet al “estado de derecho” que contenía su herencia. Se hizo del Papa un factor de pacificación para aplastar las protestas que desde 1983 habían puesto a la dictadura contra las cuerdas. Una visita que vino a disolver la movilización popular. El “acuerdo nacional” de 1986 fue promovido por el arzobispo de Santiago, Francisco Fresno. La foto de Pinochet con Juan Pablo II en el balcón de la Casa de la Moneda es testimonio vivo de este pacto. Nada indica que el papa Francisco pueda jugar este papel frente a la crisis de gobierno y régimen en Chile. “La visita del Papa no logra arraigo (…) no se ha logrado que tenga algún significado relevante para la sociedad, centrando la preparación en la recaudación de fondos y el desfile de canciones bailables…” (El País, 5/1). (Gran parte de los fieles de Santiago debió pagar hasta 8.000 pesos -13 dólares- para ver al Papa). Más simple y más contundente: “llamó la atención la escasa presencia de fieles en las calles de Santiago” (La Nación, 17/1).

La canciller alemana, Angela Merkel, junto con el líder socialdemócrata Martin Schulz, lograron -tras una maratónica negociación de 24 horas- alumbrar un principio de acuerdo para formar gobierno, después de 111 días sin poder concretarlo luego de los comicios. Este acuerdo agónico provocó una sensación de alivio en los principales círculos de poder mundial. Pero el tema no está cerrado. Apenas dos días después de sellado el compromiso, han empezado a asomar las primeras grietas. “Las poderosas juventudes del SPD han puesto en marcha una campaña para derribar el embrión de alianza, mientras otros dirigentes han pedido mejoras en el pacto y las direcciones del partido de dos estados federados han votado en contra” (El País, 16/1). Las fisuras, en caso de que se extiendan podrían desembocar en un naufragio si el congreso extraordinario convocado por el SPD para abordar el punto rechaza la propuesta. Crisis política de fondo Aunque se superara esta instancia y se formalizara el acuerdo, es indisimulable la severa crisis política que atraviesa la nación germana. Alemania no ha podido escapar a las tendencias disolventes de la Unión Europea en el marco de la actual crisis mundial en desarrollo. Más aún, en su carácter de potencia líder, este proceso ha terminado por estallar dentro de sus propias fronteras. Bajo el mandato de Merkel, el país absorbió un millón de refugiados desde 2015, lo cual se ha terminado convirtiendo en una bola de nieve explosiva. Europa, en esta etapa reciente, ha sido sacudida por el Brexit y el auge del separatismo en los diferentes países que integran la Unión Europea y al interior de los mismos, como ocurre con el emblemático caso catalán. Este escenario ha sido el caldo de cultivo para el florecimiento de las tendencias xenófobas y nacionalistas en el país germano. Este hecho se ha expresado en las elecciones con el ascenso electoral de la ultraderecha, casi el 13% de los votos y ha ingresado, por primera vez, en el Parlamento después de la segunda guerra mientras declinan los partidos tradicionales. La ultraderecha plantea prohibir el ingreso de los inmigrantes e, inclusive, su expulsión; y en el plano económico llama a priorizar los intereses de Alemania. El país, según su punto de vista, debería dejar de distraer recursos en la Unión Europea y concentrar su atención en las necesidades locales. Una suerte de “Alemania primero”, en una especie de réplica de la consigna que viene enarbolando Trump en Estados Unidos. Reacción nacionalista Esta reacción nacionalista se extiende a la propia coalición que venía gobernando el país. Dos de los partidos aliados -liberales y verdes- no han sido inmunes a este escenario, al punto de resolver no renovar su alianza con la Unión Cristiana Democrática (UDC), el partido liderado por la jefa de gobierno. Esta presión también está presente en sus propias filas partidarias. Las tendencias nacionalistas han comenzado a abrirse paso y ganar terreno en las filas de la burguesía en forma proporcional al fracaso de la globalización. Esto se ha intensificado con la asunción de Trump en la Casa Blanca, quien ha salido con los tapones de punta contra Alemania, agravando las tensiones y choques comerciales con la Unión Europea. Esto ha llevado a decir a The Spiegel Online (semanario más reconocido del país) que Alemania atraviesa su propio “momento brexit”, refiriéndose al voto por la salida británica de la Unión Europea y su propio “momento Trump”. El acuerdo alcanzado entre conservadores y socialdemócratas traduce estas presiones. Plantea un endurecimiento de la política inmigratoria -admitiendo el ingreso de un máximo de entre 180.000 y 200.000 refugiados al año. Las nuevas reglas limitarán, asimismo, a 1.000 al mes los familiares de refugiados ya radicados en el país que pueden entrar en Alemania. Sobre la integración europea, el pacto plantea abogar por el resurgimiento de la Unión Europea. Las dos agrupaciones convergen en que Alemania debe trabajar codo a codo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para reformar la Unión Europea. Pero mientras el SPD quiere un presupuesto en la zona euro para inversiones comunes, los conservadores se muestran reacios a darle luz verde por temor a mutualizar la deuda de los distintos países. Es decir, cuando se escarba más allá de las fórmulas generales, saltan las divergencias. Un ítem clave para los socialdemócratas, que durante la campaña invocaron e insistieron en la “justicia social”, es aumentar el gasto en servicios como educación, vivienda, infraestructura y salud. Para financiarlo plantean aumentar los impuestos a los más favorecidos y que los sectores medios y bajos sean exentos del llamado “impuesto solidario”, destinado a sostener la ex Alemania Oriental. Los conservadores sugieren, en cambio, aumentar el presupuesto de defensa -que el SPD rechaza-, reducir los impuestos en líneas generales, en especial para los más ricos. Los socialdemócratas han salido con las manos vacías respecto de sus demandas en materia tributaria. Y se han debido contentar con un magro aumento de las partidas sociales, destinadas, en particular, para educación. En lo que sí avanza el acuerdo es en la necesidad de aumentar la presión impositiva sobre las corporaciones extranjeras. El texto exige “una fiscalidad justa para las grandes empresas, especialmente, para las empresas de Internet como Google, Apple, Facebook o Amazon”. Esta exigencia se da en momentos en que el Congreso de Estados Unidos acaba de sancionar una reforma impositiva que castiga y discrimina a las empresas extranjeras radicadas en territorio norteamericano e inclusive a las filiales de empresas estadounidenses que operan en Europa. Asistimos, ahora, a una represalia desde el lado europeo. La guerra impositiva se inscribe dentro de la rivalidad y guerra comercial que se viene acentuando. Otra cuestión no menor son las negociaciones en torno del Brexit. Alemania quiere aprovechar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea para transformarse en el centro financiero de Europa, que históricamente tenía su asiento en Londres. Este liderazgo le permitiría afianzar su tutela económica en Europa y avanzar en el copamiento de la banca de los países miembros de la Unión Europea que se encuentra en terapia intensiva, aunque, en simultáneo, debe lidiar con la crisis de sus propios bancos. La situación financiera del Deutsche y Commerz Bank está seriamente comprometida hasta el punto que el Estado alemán ha debido salir a socorrerlos para evitar una corrida que podría haber estallado como resultado del derrumbe accionario que afectó ambas instituciones. Final Estamos ante una crisis de fondo del régimen político que hunde sus raíces en la bancarrota capitalista, que ha entrado en su undécimo año con sus premisas agravadas, acentuando los desequilibrios y al dislocamiento de la economía europea y mundial. Esto no se va a resolver con un acuerdo improvisado, atado con alambres. Las contradicciones económicas y políticas exceden holgadamente la capacidad de remontarla por parte de los protagonistas de esta nueva coalición, que ya vienen de otras cuatro tentativas similares bastante frustrantes, en los últimos doce años. La crisis de régimen ha horadado los partidos tradicionales. Esto vale para los conservadores, pero en especial para la socialdemocracia, que ha hecho su peor elección de las últimas décadas. Los socialdemócratas han pagado muy caro su maridaje con la derecha y su política antiobrera. No hay que olvidar que el SPD, bajo su mandato, ha sido el artífice de la reforma laboral que está en vigencia, promoviendo y generalizando la precarización laboral en el país. La crisis política contagia a todas las clases sociales y también se extiende a los trabajadores. Hay un clima creciente de insatisfacción y malestar en la clase obrera que viene siendo afectada por un retroceso de sus salarios y de sus condiciones de vida. En este cuadro, acaba de estallar la huelga de los metalúrgicos que ha paralizado las principales empresa del sector, en primer lugar, las automotrices. Ingresamos en una etapa más convulsiva de la lucha de clases, que plantea con más fuerza la necesidad de resolver la crisis de dirección de la clase obrera y poner en pie un partido revolucionario.

El gobierno va por más. Después de haber aprobado en el Congreso el robo a los jubilados, ahora parió un decretazo ajustador y privatizador que se las trae. Avanza en la privatización del Fondo de Garantía de la Anses, impulsando su utilización en la especulación financiera. Ganan los bancos, y los jubilados vuelven a perder. Autoriza el embargo de las cuentas sueldos, otro reclamo de la banca para asegurarse el cobro de los préstamos otorgados a las familias trabajadoras cada vez más endeudadas. Reduce significativamente las sanciones a las empresas que contratan en negro, para que puedan seguir gozando de beneficios impositivos. E introduce de facto cláusulas de flexibilidad laboral a los trabajadores del Estado, en momentos donde éstos son víctimas de despidos masivos. Que todas estas medidas hayan sido tomadas sin pasar por el Congreso no le movió el pelo a la aliada ‘republicana’ de Macri, Elisa Carrió. Tampoco a los gobernadores del PJ, que no piensan ni por asomo voltearlo utilizando la mayoría opositora en ambas cámaras. La CGT no abrió la boca, porque sigue negociando con el gobierno que pase el ajuste y, de paso, la impunidad de su propia corruptela. Pero los trabajadores que comenzaron a movilizarse masivamente a fin de año no están dispuestos a dejar pasar esta confiscación, ni la que se prepara con paritarias a la baja para reducir otra vez los salarios. Tampoco a dejar pasar la reforma laboral, ya sea en el Congreso o con la eliminación de las conquistas establecidas en los convenios colectivos de trabajo. Es necesario, por lo tanto, profundizar el camino comenzado en diciembre desarrollando una acción unificada de las organizaciones de los trabajadores, que comience con un paro activo nacional y un plan de lucha. Esta acción se integra a la convocatoria a un Congreso de Bases de los sindicatos, para que los trabajadores debatan y resuelvan como derrotar la ofensiva capitalista en curso. Foto: Javier Entrerriano

Los trabajadores de Fanazul, los de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y los del Senasa, convergieron el miércoles 17 en una enorme jornada de lucha contra los despidos en el Estado, una de las manifestaciones más agudas del plan de guerra de Macri contra los trabajadores. Un poco antes del mediodía, los trabajadores del Senasa, que enfrentan 130 despidos, realizaron una protesta en las inmediaciones del Aeropuerto Nacional de Ezeiza. A ellos se sumaron los empleados de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), en lucha contra el intento de la gobernadora Vidal de imponer la disolución del organismo y por la recontratación de más de 100 despedidos, y que desarrollaron un contundente paro el jueves 11, que incluyó una movilización al Ministerio de Educación provincial y a la Gobernación, con el apoyo de otras juntas internas y el Suteba Ensenada. Los obreros de Fanazul, por su parte, arribaron en caravana desde Azul al piquete de los trabajadores del Senasa en la autopista Riccieri. En la movilización estuvieron presentes también estatales de diversas seccionales de ATE Provincia de Buenos Aires (La Matanza, Moreno, Berazategui, Ezeiza). Cabe mencionar especialmente la presencia de los estatales de Quilmes, que venían de la toma del municipio. La jornada fue un resumen de las tendencias a la rebelión contra el ajuste y los despidos que anidan entre los estatales. Fanazul Los trabajadores de Fanazul, la fábrica de explosivos cuyo conflicto se ha transformado en uno de los más importantes contra la ola de despidos entre los estatales, habían realizado el domingo pasado una caravana contra el cierre y los más de 200 despidos hacia la puerta de la planta, de la que participaron aproximadamente 200 vehículos. La movilización culminó con una suelta de globos y palomas protagonizada por los hijos de los obreros. Al llegar la caravana a las puertas de la fábrica, ésta se encontraba totalmente rodeada por la Policía Federal, tal como viene sucediendo desde el 28 de diciembre. La diputada Romina Del Plá participó de la jornada. El vicejefe de gabinete, Mario Quintana, recibió a solas al intendente de Azul, Hernán Bertellys (Cambiemos), pero no ha recibido, en cambio, a los trabajadores. El PO local ha planteado en un comunicado “que se impulse una Asamblea Popular convocando a todas las organizaciones populares, políticas, sociales, sindicatos y comisiones internas, que resuelvan un plan de lucha para lograr la reapertura de la fábrica y la reincorporación de todos los trabajadores”. Néstor Pitrola, que acompañó la caravana de los obreros de Fanazul del miércoles, dijo que “ATE está siendo puesto a prueba; los sindicatos en la Argentina están siendo puestos a prueba; pero creo que después del 14 y el 18 de diciembre tenemos otra fuerza para encarar la lucha: los hemos golpeado, han tenido que archivar momentáneamente la reforma laboral. Vamos por la reincorporación de los compañeros, a que no pase la reforma laboral y a quebrar los topes de las paritarias”. Fue aplaudido por los luchadores al sostener que “vamos por un paro activo nacional, pasemos por arriba a los traidores de la CGT”.

Apenas pocos días después de haber derogado la emergencia económica, el gobierno ha lanzado un decretazo que introduce cambios enormes de la legislación vigente, eludiendo una deliberación previa del Congreso. Importa señalar que estas modificaciones entrañan un gran ataque a los trabajadores. Estamos ante un paquete que avanza en la reforma jubilatoria, en el ajuste que ya está en curso anticipa la reforma laboral que el macrismo tienen en carpeta. El decretazo incluye otras medidas en el llamado “Plan de desburocratización y reforma del Estado”. El paquetazo le otorga al Poder Ejecutivo facultades muy amplias y márgenes discrecionales de acción, para operar en áreas sensibles de la vida económica y social del país. Aunque haya dejado de regir la emergencia económica, el Poder Ejecutivo queda investido de superpoderes -o sea, una emergencia sin emergencia. El macrismo ha apelado para ello a un mega-DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). Esto pone en evidencia, por un lado, la tendencia a crear estados de excepción en el marco del régimen social vigente y, por el otro, que ese estado se encuentra inscripto en la Constitución en términos potenciales y efectivos. La Constitución provee a la democracia argentina de instrumentos legales para enfrentar una crisis de dominación a partir de la lucha de los trabajadores. La legalidad no consiste en otra cosa que en el perfeccionamiento de la extorsión, la coacción y la represión contra las clases explotadas. La concentración de poder en manos del Ejecutivo y la sujeción de los otros poderes (Judicial y Legislativo) al primero, están contemplados en la Constitución, empezando por el estado de sitio, o sea la suspensión de derechos y garantías ciudadanas, y las intervenciones federales. Por supuesto, cuando esto no es suficiente, la burguesía no vacila en violar la Constitución o algunas de sus normas, para someter a los trabajadores. Importa señalar que este nuevo decretazo no podría haber prosperado sin el concurso de la oposición. Todo indica que “el gobierno se quedaría con el control total de la comisión que avala o rechaza los decretos” (Télam, 10/11). Cambiemos busca asegurarse el control total de los DNU, dominando la comisión bicameral de trámite legislativo encargada de avalar o rechazar los decretos del Poder Ejecutivo. “La presidencia de la comisión y al menos la mitad de los integrantes quedarían en manos del oficialismo en los próximos días” (ídem). La oposición, de acuerdo a los trascendidos, le habría concedido la estratégica presidencia durante el primer año, con lo cual el macrismo se aseguraría la mayoría. De todas maneras, en el oficialismo del Senado confían también en que “el integrante del interbloque Parlamentario Federal sea un legislador de perfil dialoguista, para tenerlo como eventual aliado” (ídem). Mientras se pone el grito en el cielo contra la tentativa del gobierno de esquivar al Parlamento, se le despeja el terreno para que el decretazo pueda pasar. Es cierto que el paquetazo deberá pasar tarde o temprano por el Parlamento, pero no es indiferente que sea más tarde que temprano pues, en muchos puntos, la puesta en práctica de los cambios que contiene el DNU serían irreversibles, sin posibilidades de vuelta atrás. Anticipo de la reforma laboral El decretazo reduce las sanciones a las empresas por infracciones cometidas en el ámbito laboral. Las multas establecidas en la actualidad disminuyen y lo mismo ocurre con el tiempo en que las empresas figuran en el registro de infractores que se circunscribirá a un máximo de 30 días. La figuración en el registro representaba un impedimento para poder acceder a contratos del Estado, subsidios y ventajas impositivas. Esto significa piedra libre para los capitalistas, ya que con sanciones irrisorias tienen un incentivo para seguir practicando los abusos laborales como viene ocurriendo hasta el momento. Esta medida empalma con la del “blanqueo” planteado por el gobierno para las empresas que tienen personal en negro. Si alguna de ellas decide blanquear a los trabajadores que estén contratados de manera irregular, no deberán afrontar ninguna sanción por la falta cometida y se extinguirán los juicios que pudiera haber en marcha. Además, el DNU facilita la posibilidad de embargar las cuentas sueldo. Es una disposición a medida de los bancos y acreedores. El Banco Central planteó que esta iniciativa ayuda a mejorar la calidad crediticia de los individuos, al poder dejar sus depósitos en garantía. Esto es simplemente la excusa; la realidad es que le facilita las cosas a las entidades financieras para cobrarse sus deudas. Ahora que se viene extendiendo la entrega de créditos hipotecarios, los bancos y operadores que entren en esa operatoria buscan curarse en salud por adelantado y tener un blindaje adicional en caso de que el sistema se desmadre y haya dificultades para cobrar las cuotas. Ajuste y despido Una de las cuestiones que ha quedada relegada a un segundo plano, quizá porque viene en un cuerpo separado del decretazo principal, es el llamado “Plan de desburocratización y reforma del Estado”. La administración nacional dispuso congelar la contratación de personal en las dependencias del Poder Ejecutivo. El recorte de cargos jerárquicos es utilizado como pantalla de humo para proceder a una amplia racionalización del personal, empezando por los contratados. Se contempla la instrumentación de un plan de mejoras salariales que estarán atadas a la productividad. Para la evaluación, en primer lugar, se tomará en consideración el presentismo de los empleados públicos. El objetivo es instalar una especie de lo que en el gobierno definen como “meritocracia”, con premios y castigos para los trabajadores estatales. Obviamente, en este punto, la nueva disposición empalma con la reforma laboral que está en marcha. El salario podría determinarse a fin de cada mes en función del cumplimiento de metas. “Esto será un pago adicional y si se cumplen los objetivos, el plus salarial podrá alcanzar, a fin de año, entre uno y dos salarios más”. Extensión de la reforma jubilatoria Uno de los puntos centrales -sino el central- del decretazo es que echa mano de los fondos de la Anses. El Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) pasa ser un botín de los bancos y de la especulación. La normativa habilita al FGS a crear fideicomisos y “a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias” (ídem). Las nuevas atribuciones potencian la capacidad del Fondo para ofrecer parte de su cartera para garantizar deuda. Eso implica, por ejemplo, que el organismo podrá ofrecer títulos o acciones como garantía de los proyectos de inversión realizados bajo el esquema de Participación Público Privada o, más preocupante aún, para otro tipo de ingeniería financiera de carácter especulativo. La decisión, en definitiva, incrementará los riesgos que puede asumir el fondo y, por lo tanto, el peligro de un vaciamiento. Estamos en presencia de una desnaturalización total de los fondos de la Anses, cuya función es garantizar los haberes de los jubilados y como tal, deberían invertirse en colocaciones seguras. Si algo faltaba para convertir a la Anses en una gran AFJP, el decretazo avanza en la tarea de completar la obra. Bajo la nueva normativa, hay que olvidarse de que los fondos del organismo previsional sean aplicados a una mejora y recomposición de los haberes. Esto empalma con la tentativa de restablecer la jubilación privada que va de la mano con el desfinanciamiento del organismo. Si se pretende acceder a una jubilación superior a la mínima habría que aportar -de acuerdo a los proyectos oficiales en preparación- una suma adicional, administrada por una entidad privada. Abajo el decretazo y el paquetazo antiobrero. No a esta reforma laboral y reforma jubilatoria encubierta. Ningún despido. Estamos en presencia de un ataque estratégico, lo que pone al rojo vivo la necesidad de una repuesta colectiva de la clase obrera a la altura de la situación que enfrentamos. LEE TAMBIEN: Patria contratista y discriminación contra los inmigrantes

Esta semana, varias decenas de trabajadores del Hospital Posadas -en la localidad bonaerense de Morón- recibieron la noticia de que han quedado cesantes. Los despidos alcanzarían a más de 100 trabajadores de todos los sectores y turnos del hospital, incluyendo personas con inmunidad gremial, trabajadores con veinte años de antigüedad y también a enfermeros del turno noche, que en 2017 lucharon para rechazar el aumento de su jornada a 12 horas. La única respuesta de las autoridades es que, finalizados esos contratos, se ha tomado la decisión de no renovarlos. Recibida la noticia, los trabajadores y trabajadoras del Posadas hicieron una convocatoria el martes en el hall central, donde se congregaron decenas de compañeros repudiando los despidos y la flexibilización laboral. Para intimidar a quienes luchan por sus puestos de trabajo, el gobierno colmó el hospital con efectivos de la Policía Federal. No fue el único ataque contra la lucha. Cuando los trabajadores se movilizaron para exigir a las gremiales la realización de medidas, la directiva de ATE Morón respondió agrediendo con una patota de cerca de 30 personas a los trabajadores, golpeándolos con palos y dejando al menos dos heridos. UPCN, a su turno, brilló por su ausencia. Este viernes está planteada la realización de una asamblea general, a la que deberá concurrir todo el activismo y los trabajadores del hospital. Sigamos el ejemplo de los enfermeros de turno noche, y derrotemos este nuevo ataque.

En el decreto ómnibus del gobierno macrista han pasado en gran medida inadvertidos dos artículos. Por un lado, aquel que reduce a cinco la cantidad de días para publicar en el Boletín Oficial el anuncio antes de lanzar una licitación. Es una vía, en la práctica, para achicar los oferentes “donde la discrecionalidad favorece a los amigos del poder” y “la información previa vale muchísimo”. Después de hacer tanta alharaca sobre la transparencia, se reiteran los manejos turbios que el macrismo criticaba al kirchnerismo. Por más diferencias que se puedan señalar entre uno y otro, tanto el gobierno actual como su antecesor son tributarios de la misma clase social, que se vale de sus vínculos con el Estado para armar y desarrollar sus negocios. Los Lázaro Báez y los Calcaterra son la norma, no la excepción. Por otro lado, el mega-DNU endurece sensiblemente las condiciones migratorias. Dicha normativa fue rechazada por organismos de derechos humanos que lo consideran “una política regresiva”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que la modificación por decreto de la ley de Migraciones instaura como paradigma el “estado de sospecha”. “Con el DNU todos los migrantes son sospechosos”, afirmó el organismo, que advirtió que la medida tendrá como efecto “el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”. LEE TAMBIEN: Un ataque estratégico contra los trabajadores

El 22 de diciembre pasado, los trabajadores de la autopartista Stockl, ubicada en el centro del parque industrial de Almirante Brown, se encontraron con la fábrica cerrada, sin personal administrativo y con los salarios de noviembre sin cobrar. Desde ese día, están llevando adelante una lucha que marca un camino dentro y fuera del distrito de Almirante Brown. Empezaron con actividades para compensar salarios adeudados y hoy sostienen una tenaz lucha contra el vaciamiento. Abandonados por la UOM Avellaneda, pero rodeados de la solidaridad de otros muchos sectores, iniciaron un proceso de vigilia en la fábrica para preservar instalaciones y maquinaria. Organizan asambleas abiertas junto a quienes luchan con ellos y en las que se votó, por ejemplo, una movilización al municipio y un corte estratégico en la avenida principal del parque industrial. El proceso de vaciamiento, que comenzó a fines de noviembre con la venta de una máquina para abonar salarios, fue el puntapié inicial de un camino que hoy encuentra a 130 familias en la calle. Esta patronal negrera, durante años mantuvo trabajando a los obreros en condiciones de superexplotación, con suspensiones permanentes, con salarios adeudados y sin obra social. El municipio, más allá de su demagogia, es garante y cómplice de esta situación. La patronal está jugando al desgaste desde que comenzó el conflicto, buscando negociar con los trabajadores una indemnización siempre y cuando acepten la venta de la totalidad de las máquinas. Es por esto, que resulta fundamental la unión entre los 130 trabajadores y sus familias para mantener viva la llama de la lucha e ir a fondo por la defensa de los puestos de trabajo. Por la reapertura de la fábrica con los 130 trabajadores adentro, cobrando los salarios adeudados y respetando el convenio.

Desde la mañana temprano del 16 de enero, los trabajadores despedidos fueron ingresando al municipio de Quilmes para exigir su reincorporación ante los despidos ordenados por el intendente Martiniano Molina. Las acciones llevadas adelante por los trabajadores ya llevan alrededor de 15 días de paros, movilizaciones y acciones en diferentes áreas, sobre todo Niñez, el Hospital de Solano y Alumbrado. La semana pasada una nutrida movilización convulsionó a San Francisco Solano exigiendo la reincorporación de los municipales y el cese de los despidos. Este sacudón obligó al municipio a prometer la reincorporación de sólo 30 empleados, varios delegados, de los 400 que informa ATE Quilmes. El cocinero Molina le apura el fuego al ajuste y planea cientos de despidos más. Más que nunca es necesario rodear de solidaridad obrera el conflicto, con un gran plenario de delegados de base de todos los gremios de Quilmes, no sólo con la perspectiva de reincorporar y frenar los despidos municipales sino para preparar el terreno de lucha contra las reformas antiobreras y derrotarlas. ¡Viva la lucha de los trabajadores municipales! ¡Reincorporación ya!

Después de la crisis política de diciembre suscitada por las masivas movilizaciones populares contra la aprobación de la ley previsional, el gobierno ha buscado otro camino para profundizar su política de ajuste contra los trabajadores. Con el megadecretazo conocido a principios de enero, cuando hasta el propio presidente estaba de vacaciones, el gobierno cumple reclamos muy importantes de la clase capitalista. Antes que nada, el megadecretazo es una vuelta de tuerca más en su ofensiva contra el régimen previsional. Si con la ley votada en diciembre se le robaba a los jubilados 100.000 millones de pesos, sólo en 2018, ahora se avanza en la privatización del Fondo de Garantía de la Anses, al autorizarlo a crear fideicomisos y “a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles”, lo que puede terminar convirtiéndolo en una AFJP pues, en última instancia, las jubilaciones estarán sujetas a los resultados de la especulación financiera. Además, en el mismo decreto se afectan derechos laborales fundamentales, especialmente de los trabajadores del Estado, a los que se les imponen cláusulas de flexibilidad laboral. Para no dar puntada sin hilo, el gobierno también redujo las sanciones a las empresas que contraten en negro y cumplió un reclamo sentido de los bancos, al autorizar el embargo de las cuentas sueldos. ¿Gobierno por decreto? La amplitud de los temas alcanzados por el megadecretazo obligadamente planteó el interrogante de si se inaugura un período de gobierno por decreto. Hasta los diarios más alcahuetes del oficialismo, que acceden a los chismes del gabinete, comentaron en sus editoriales que durante este año Macri ha decidido eludir al Congreso y gobernar por decreto o por resoluciones administrativas. Los propios comentaristas agregan que esta decisión no debe entenderse como una ruptura con sus aliados pejotistas, sean los gobernadores o el xenófobo Pichetto. Todo lo contrario. Justamente habría sido éste quien sugirió al gobierno manejarse por decreto, para evitar las tensiones que son propias del debate parlamentario. Es que por su propia dinámica, que incluye la exposición pública y un relativo espacio temporal, el debate parlamentario ofrece una brecha donde puede meter la cola la movilización popular. Fue así como ocurrió con la acción popular contra la reforma previsional, que creció exponencialmente entre su aprobación en el Senado y el tratamiento en la Cámara de Diputados. El gobierno no le teme a Pichetto y ni siquiera a los discursos de Cristina Kirchner en el Senado, sino a nuevas y masivas acciones populares que potencialmente condicionan la acción de todas las fuerzas políticas. De este modo, el pacto con los gobernadores pejotistas continúa en un extremo de crisis. Ahora mismo se está negociando en el Congreso la conformación de la Comisión Bicameral que trata los DNU, en la cual el gobierno tiene ocho miembros sobre 16, pero la oposición aceptaría otorgarle la presidencia (que desempata) durante 2018. Pero, además, si ambas cámaras rechazaran el DNU, éste quedaría anulado de inmediato. La oposición tiene los votos para ello, pero ni Pichetto ni los gobernadores han anunciado que votarán en contra. El kirchnerismo, que sí reclamó el rechazo de ambas cámaras, sigue insistiendo en la unidad peronista con los guardianes del ajuste macrista. Ataque a las paritarias Junto con el megadecretazo, el gobierno ha hecho saber que pretende que las paritarias ronden el 15% y que se elimine la llamada ‘cláusula gatillo’, que indexaba a los salarios tardíamente con la inflación. Esta ‘cláusula gatillo’ fue introducida en las paritarias del año pasado para congelar los salarios y evitar que los trabajadores reclamen recuperar los 10 o más puntos perdidos con la devaluación de 2016. Consolidada esta confiscación, la eliminación de la ‘cláusula gatillo’ significa, ni más ni menos, que el gobierno y las patronales van por una nueva reducción de los salarios. La cuestión salarial y la suerte de las paritarias se conectan de manera directa con el impasse de la situación económica. La devaluación de fin de año fue un premio a la presión de los devaluadores, pero no ha servido para superar las contradicciones insuperables de la bancarrota económica. El gobierno tiene decidido continuar con su política de megaendeudamiento, que conduce al atraso cambiario vía la entrada masiva de dólares y a mayor inflación, por la emisión monetaria que debe hacer el Banco Central de la República Argentina para comprar esas divisas. La esterilización de esa emisión mediante las Lebac sirvió para armar un negocio de corto plazo al capital financiero internacional, pero a costa de profundizar las contradicciones de la política oficial. Las altas tasas de interés en pesos profundizaron el atraso cambiario y colocan al Banco Central al borde de la bancarrota. Los tarifazos y naftazos que están programados para todo el año en curso agravarán la inflación y con ello los costos de la economía nacional, y preparan así el terreno a nuevas devaluaciones. En este cuadro, la única política ‘antinflacionaria’ del gobierno pasa a ser la reducción de los salarios. Se reclama un nuevo sacrificio de los trabajadores en pos de una política sin destino, condenada de antemano a producir una nueva quiebra nacional. Por un paro activo y un plan de lucha El megadecretazo ajustador y privatista, los despidos que se multiplican todos los días y que son ejecutados por el propio gobierno, las contradicciones explosivas que se concentrarán en las paritarias y la pretensión del gobierno de avanzar en la reforma laboral, ya sea por una ley del Congreso, por DNU como el reciente, o por la modificación de los convenios colectivos, plantean la necesidad de una respuesta de conjunto de los trabajadores. Las jornadas de lucha de diciembre, con manifestaciones masivas crecientes, modificaron la situación política en el terreno más importante, que es la disposición de una franja muy importante de los trabajadores a salir a luchar contra el gobierno. Aunque las manifestaciones estuvieron acotadas a sectores amplios de la vanguardia obrera y popular, tuvieron su traducción en un cambio en el humor popular más amplio, como se encargaron de registrarlo los cacerolazos, la pueblada de Azul y hasta las encuestas de opinión que, de manera unánime, mostraron una caída importante en la imagen del gobierno. A partir de esto, la tarea de la etapa consiste en desarrollar esta nueva situación política mediante una profundización en la intervención de los trabajadores. El gobierno cuenta con la contención de la burocracia sindical, pero se trata de una alianza cruzada por crisis y chantajes. El pacto CGT-Macri ha sido otro de los golpeados por la movilización obrera. Las investigaciones judiciales contra los burócratas son escarceos para imponer una política de contención. Los trabajadores no tienen por qué solidarizarse con estos burócratas podridos, sino que tienen la oportunidad de aprovechar las brechas que abre la crisis para plantear una intervención del conjunto de los sindicatos, mediante el lanzamiento de un paro activo nacional y un plan de lucha que profundice las jornadas de diciembre. Para ello, la convocatoria a un Congreso de Bases, es decir de delegados mandatados por asambleas de todos los sindicatos, de la CGT y sindicatos independientes. El planteo del Congreso de Bases recoge la necesidad de una acción común de las organizaciones obreras para derrotar la ofensiva capitalista. La campaña tiene un valor en cada sindicato, porque cuestiona la autoridad de la burocracia sindical de firmar paritarias sin consultar a la base y ayuda a impulsar el reclamo por la convocatoria de plenarios de delegados y asambleas en cada una de las organizaciones gremiales que están sacudidas por el ataque en curso. Llamamos a desarrollar esta campaña en todos los lugares de trabajo y sindicatos, y a impulsar la coordinación de los sectores que peleen por esta salida para defender las luchas parciales y profundizar las movilizaciones. Las organizaciones que comenzaron las movilizaciones contra la reforma previsional están llamadas a tomar la iniciativa y lanzar una nueva movilización en febrero, contra el decretazo ajustador, por paritarias libres, contra la reforma laboral y para derrotar la represión y conquistar la libertad de César Arakaki, Dimas Ponce y todos los detenidos por luchar contra el saqueo a los jubilados. La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, ya está trabajando en esa perspectiva. La lucha decisiva que se desarrolla en el movimiento obrero debe ser preparada por el Frente de Izquierda con una agitación política dentro y fuera del Congreso y las legislaturas. Por esta vía desarrollaremos una salida propia de los trabajadores.

Las detenciones del pasado 14, y la de Dimas y César en el marco de la criminalización de la manifestación popular del 18, se inscriben en el escenario de ajuste en el que el macrismo y sus aliados sindicales y pejotistas pretenden avanzar, amedrentando a los trabajadores que salen a luchar. En las últimas semanas, asistimos, además de las detenciones de nuestros compañeros, a otras detenciones en pintadas reclamando la libertad a Arakaki y Ponce, y al amedrentamiento para tratar de impedir la colocación de mesas de agitación. A esto se le suman los ataques a los trabajadores del Ingenio La Esperanza, quienes también fueron reprimidos brutalmente y encarcelados y la militarización de las reparticiones estatales para asegurar despidos masivos, como ocurre en el Ministerio de Medio ambiente o en el Hospital Posadas. César y Dimas, así como los presos del 14 son víctimas de un armado artificial del Poder Judicial que fuerza una interpretación de los hechos para lograr el escarmiento de la manifestación popular. Su prisión preventiva es un acto de violencia institucional ya que ninguno tiene el poder de interferir en la investigación ni tienen la intención de fugarse tal como lo han demostrado presentándose ante el juez desde antes que éste lo citara. La Justicia acusa a César y a Dimas por la lesión grave de un policía cuando no existe ninguna evidencia de que ellos hubieran llevado a cabo el hecho que les imputan. Tampoco fueron parte de un complot, sino de una manifestación que fue objeto de una feroz represión policial, que comenzó con el accionar ilegal de la Gendarmería el 14, todo un modus operandi para imponer la reforma previsional del gobierno. La cartera de la Ministra Bullrich y el Estado en general no fueron procesados ni siquiera indagados. César y Dimas fueron parte de las decenas de miles de trabajadores y jóvenes que defendieron su derecho a manifestarse y a permanecer en la plaza, y que se resistieron a abandonarla cuando las fuerzas de seguridad lanzaron un enorme operativo represivo. La arbitrariedad judicial ha llegado a niveles muy profundos con la denegación a la excarcelación de César Arakaki por parte de la Cámara Federal de Apelaciones. El garantismo fue sacrificado así en el altar de los compromisos políticos del Poder Judicial con el gobierno. La intensa campaña en curso, que ha incluido 20 mil compañeros movilizados en Plaza de Mayo y otros miles en el interior del país, e incluso concentraciones en el exterior (por ejemplo, la del DIP en Turquía), así como múltiples pronunciamientos de organizaciones obreras, políticas, de derechos humanos y de personalidades de la cultura, tiene un capítulo especial esta semana, haciendo llegar al juzgado de Sergio Torres, los reclamos de libertad para nuestros compañeros. En apenas diez días, este juez deberá resolver la situación procesal de los diferentes imputados. La doble vara con la que se maneja queda más que clara en la etapa de “investigación” en la que indagó sin detener a policías mientras que descargó todo el peso de su arbitrariedad contra César y Dimas. Luego de la enorme movilización del jueves 11, organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, vamos a una intensa campaña de visitas a los compañeros, mails que llegarán al juzgado para reclamar la libertad y actividades en todo el país denunciando que se intenta detener la movilización popular. Vamos a seguir luchando para lograr la liberación de los militantes populares y seguiremos reclamando la cárcel común y efectiva para los genocidas virtualmente indultados por el Poder Judicial. ¡Fuerza, César y Dimas! Tambien te puede interesar: La campaña en el movimiento obrero por la libertad para Arakaki y Ponce Por Arakaki y Ponce: la movilización de los artistas Las arbitrariedades de la Cámara de Apelaciones 20 mil personas en Plaza de Mayo por la libertad de Arakaki, Ponce y todos los presos políticos “Queremos que se investigue si el gobierno y el Estado están detrás de las provocaciones al PO” Cargando...

En pleno enero, y en medio de una temperatura sofocante que orillaba los 40 grados de sensación térmica, una enorme movilización de más de 20 mil personas instaló en Plaza de Mayo el reclamo de libertad para César Arakaki, Dimas Ponce y todos los presos tras las manifestaciones de diciembre contra la reforma previsional. Asimismo, la marcha repudió el otorgamiento de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz y otros genocidas. Hubo movilizaciones y actividades también en Córdoba, Rosario, Bariloche, Mendoza y otros numerosos puntos del país. La cabecera de la manifestación, organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, incluyó referentes de organizaciones políticas, obreras y de derechos humanos, como Nora Cortiñas, Néstor Pitrola, Marcelo Ramal, María del Carmen Verdú (Correpi) y Nicolás Del Caño. También participó Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) y abogada de Arakaki y Ponce, los militantes del PO detenidos. Entre las organizaciones obreras presentes se encontraban, entre otros, AGD-UBA, el Sutna, el Sitraic, el Sipreba y los Suteba combativos. “Las acusaciones de que Arakaki y Ponce habrían sido autores de una lesión a un policía [durante la manifestación del 18 de diciembre] y de que Romero [militante del PSTU] habría sido pieza clave de un supuesto plan de rebelión, un delito gravísimo, no son contrastadas con ninguna prueba y toda la causa es un intento de transformar una enorme manifestación popular en un delito penal”, denunció el documento leído al término de la manifestación. Además de Arakaki y Ponce, se encuentran detenidos cinco compañeros por la movilización del 14. El documento advirtió también sobre la “escalada represiva” del gobierno en los últimos meses, en los que se produjo la muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel en Lago Mascardi, así como también las represiones de las jornadas del 14 y 18 de diciembre y de sus vísperas. A esto se añade la represión a cargo de los gobernadores, como la que sufrieron los obreros jujeños del ingenio La Esperanza y los wichís en Formosa. Por medio de este accionar, el gobierno de Macri y sus socios -explicó el documento- “intentan instalar un virtual estado de excepción para imponer un durísimo ajuste contra los trabajadores y el pueblo”. “Arakaki lleva casi dos semanas en la prisión de Marcos Paz, Ponce fue detenido en estos días, en un juicio absurdo, que desde el punto de vista de la lógica de los propios jueces no tiene ningún asidero. Estamos ante un juicio político y ante presos políticos”, destacó Marcelo Ramal. “El objetivo -dijo- es establecer una especie de amenaza o advertencia frente a los nuevos ataques que se vienen ahora, como la reforma laboral y educativa”. La contracara de la represión contra los trabajadores es la impunidad de los represores. A la prisión domiciliaria de Etchecolatz y otros genocidas, que el documento califica como un “indulto encubierto”, se agrega el ascenso del gendarme Emmanuel Echazú, uno de los responsables del operativo que culminó con la vida de Santiago Maldonado. Presencia obrera El documento de Memoria, Verdad y Justicia enuncia alguna de las expresiones de resistencia de la clase obrera contra las políticas de ajuste: el acampe de los trabajadores de Fanazul contra los despidos; la resistencia por parte de los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y otros trabajadores estatales contra las cesantías; el conflicto de los municipales de Quilmes; y las luchas en las fábricas Cresta Roja, Stockl y Envases del Plata.

Además de nuevos sindicatos y dirigentes gremiales que se han sumado a la campaña para lograr la libertad de los compañeros César Arakaki, Dimas Ponce y de los cinco detenidos del 14D, la actividad viene creciendo en los distintos lugares de trabajo. Entre las últimas adhesiones de sindicatos recibidas se encuentra la de la Federación Aceitera, la de Roberto Baradel/Suteba, la de Ricardo Peidró, en representación de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y la del Sindicato de Empleados y Encargados de la Industria del Cuero (ambos CTA A), la CTA Regional Comarca Andina, la CTA Autónoma de Tucumán y ATE Conicet. Desde Córdoba, el SUOEM (sindicato de municipales) se sumó a la convocatoria de la marcha de la semana pasada que se realizó en esa ciudad reclamando por la libertad de los compañeros y denunciando que todos los detenidos son víctimas de un intento de criminalizar la protesta social. La Federación Internacional de Actores (FIA), desde Bruselas, envió una nota al juez Torres exigiendo la inmediata liberación de César Arakaki. Vale resaltar como parte de esta campaña, las distintas manifestaciones de trabajadores que suman su nombre al pronunciamiento online o que de alguna forma envían su adhesión. AGD-UBA, a través de su página, inició una campaña de pronunciamientos dirigida a docentes universitarios. Los investigadores y becarios del Conicet, por iniciativa de JCP (Jóvenes Científicos Precarizados) culminaron una nueva movilización al Mincyt contra el ajuste en Ciencia y Tecnología, con una foto para el reclamo de libertad para César y Dimas. La misma forma de expresar su solidaridad eligieron los trabajadores de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de La Matanza (Ministerio de Trabajo) y los trabajadores en lucha contra los despidos del Canal de la Ciudad. En el Inti, por propuesta de la agrupación Naranja, culminaron su asamblea con una emotiva foto, donde con letras individuales 220 trabajadores en lucha contra los despidos reclamaron por Arakaki y Ponce. Todas estas manifestaciones no sólo expresan la solidaridad con quienes hoy están detenidos por luchar sino que son también una muestra del masivo y creciente repudio en la clase obrera al ataque a las jubilaciones y a los planes de ajuste del gobierno de Macri.

El pasado 15 de enero, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió rechazar la excarcelación solicitada por los abogados del militante del Partido Obrero, César Arakaki, quien actualmente está detenido por haber participado de la masiva movilización del 18 de diciembre pasado contra la reaccionaria reforma previsional. La decisión de la Cámara desconoció que no existe motivo alguno para justificar la prisión preventiva de Arakaki, ya que éste desde el primer momento estuvo a disposición de la Justicia, al punto que se presentó de manera espontánea al tomar conocimiento de informaciones periodísticas de que estaba siendo investigado. Aclarado esto, agregamos que Arakaki tampoco tiene la menor capacidad de obstruir el desarrollo normal de la investigación, que es el otro causal junto con el temor a la fuga que puede justificar una prisión preventiva en esta etapa procesal. Ante la falta de motivos reales para mantener a Arakaki tras las rejas, la Cámara de Apelaciones recurrió a argumentos escandalosos, que contradicen aviesamente la legislación vigente. En su escrito, por ejemplo, la Cámara de Apelaciones señala como causal para rechazar la libertad del militante del Partido Obrero que “aún no se ha definido su situación procesal”, cuando justamente ese argumento debiera llevar a su inmediata liberación, ya que la prisión preventiva no puede dictarse sin antes definir la situación procesal del imputado. En otro tramo del escrito se cita como otra causal que “aún no se ha logrado dar con algunos de los imputados cuyos vínculos con el imputado, más allá de lo indicado por su defensa, aún no se encuentran establecidos pero tampoco descartados”. Estamos ante el extremo de las arbitrariedades, porque la Cámara actúa por prejuicio, ya que admite no haber podido establecer vínculo alguno. En este párrafo, a su vez, el fallo recae en un peligroso agravio jurídico, al sostener que Ponce Dimas “recién” se presentó el 9 de enero, dando a entender una supuesta presentación tardía a la Justicia. Se trata de una falsedad, porque el 3 de enero, al circular versiones periodísticas respecto a su posible pedido de detención, Ponce Dimas se puso a derecho. Por último, la Cámara cita que los hechos que se le imputan a Arakaki son “graves”, pero esa calificación no explica nada porque todavía debe probarse la culpabilidad, algo que puede ocurrir en la instancia del juicio y no antes, salvo que se admita violar los principios más elementales de derecho a la defensa. Denunciamos el fallo de la Cámara de Apelaciones por su carácter violatorio de los derechos democráticos más elementales. En los próximos días apelaremos en la Cámara de Casación y denunciaremos las arbitrariedades cometidas por el Estado en tribunales internacionales. Reclamamos la libertad de César Arakaki y Dimas Ponce, presos por participar de la enorme movilización contra el robo a los jubilados.