Prensa Obrera N° 1488

Continuando con las medidas de lucha contra los despidos en Fabricaciones Militares, los trabajadores y vecinos volvieron a cortar la ruta 3 en la entrada de la ciudad de Azul. La situación se agravó tras conocerse las declaraciones del interventor, quien reconoció por primera vez ante los medios que el Ministerio de Defensa decidió cerrar la planta y cerrar un negocio inmobiliario en los terrenos que ocupa. Son 258 trabajadores, la mayoría de ellos contratados. Llamamos a profundizar el apoyo a esta causa popular. No al desmantelamiento de la empresa.

Las autoridades del Ministerio de Economía bonaerense dieron la orden, el pasado 29 de diciembre, de cortar las comisiones de 40 trabajadores en el Registro de la Propiedad de la provincia. Automáticamente, los delegados de la gremial ATE convocaron a asamblea general, y 300 compañeros resolvieron tomar el edificio. La medida confluyó con otra ocupación a pocas cuadras, la de la Unidad Ejecutora Provincial dependiente de la cartera de Educación, recalentando así el clima de fin de año en La Plata. A diferencia de Educación, donde continúa la ocupación de la UEP, en este caso la patronal pateó para adelante la decisión de la reducción de personal en el Registro. Luego de ello se levantó la toma, pero no la decisión de lucha: el año comenzó con asambleas permanentes masivas. La lucha en el Registro continúa día a día. Mientras que las reuniones con las autoridades resultan hasta ahora infructuosas, la planta permanente se encuentra firme y homogénea en la defensa de sus compañeros, quienes brindan servicios en el organismo desde hace más de una década. El recorte de las comisiones implica un recorte de más de la mitad de los ingresos de bolsillo. Para los trabajadores, significa enviarlos a ellos y a sus familias a la indigencia. Los estatales se ponen de pie. El 2018 verá enormes luchas contra la “armonización” del Instituto de Previsión Social (su nivelación a la baja con la Anses), contra la reforma laboral y contra las paritarias miserables del 12% de Macri-Vidal. Las bases deberán superar a sus direcciones que acatan conciliaciones obligatorias o impiden los planes de lucha unificados. Reclamemos un plenario de delegados de base para unificar la pelea: ocupación de los lugares de trabajo ante despidos y cierres; plan de lucha hasta ganar.

Aunque hayan sorprendido incluso a una mayoría de observadores, los levantamientos populares en Irán, en la última semana, estaban potencialmente inscriptos en la crisis de régimen político que se ha desarrollado en casi dos décadas. La orientación nacionalista del régimen de los ayatollahs y sus choques con el imperialismo derivó en una política de autarquía económica que agotó rápidamente sus posibilidades y provocó un freno en el desarrollo de las fuerzas productivas. La desocupación y la inflación asumieron niveles cada vez mayores, e incluso un alcance catastrófico para la masa más pobre de la población. La salida del ‘populismo’ y la liberalización económica se convirtieron en la piedra de choque entre la mayor parte de la burguesía y el aparato estatal controlado por las camarillas clericales y el aparato militar (la guardia revolucionaria). Esta crisis dio lugar a los levantamientos populares en 2009, y a cambios políticos sucesivos, que dieron la victoria formal al grupo ‘renovador’ o ‘liberal’. En 2009, la agenda de los levantamientos fue ocupada por una agenda política con fuerte componente laico -incompatible, en última instancia, con el régimen teocrático. En Irán, un consejo de ayatollahs designa a la mayoría de los cargos parlamentarios, y dirige las fuerzas armadas y de seguridad, o sea que el país funciona como una autocracia con adornos constitucionales y paga, en consecuencia, todo el costo de mantenimiento de esta casta parasitaria. La victoria electoral de los liberales en dos ocasiones no dio lugar, sin embargo, a ninguna modificación de régimen -tampoco con el actual presidente, Rouhani, reelecto en mayo pasado con el 57% de los votos. Crisis internacional La salida ‘liberal’ a la inflación y el estancamiento ‘populista’ entrañó, como en todo el mundo, una política de ‘ajuste’ y de ‘realismo económico’ (tarifazos y retiro de subsidios al consumo), que agravó la miseria popular. La expectativa de obtener financiamiento e inversiones internacionales quedó frustrada, a pesar de que ella fue la gran contrapartida que prometieron Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, a la renuncia, por parte de Irán, a proseguir con su desarrollo nuclear. Irán necesita 100 mil millones de dólares para mantener su nivel de producción actual. Las sanciones económicas contra Irán fueron levantadas en forma muy retaceada; Trump ha adoptado nuevas sanciones, en violación al acuerdo, e incluso amenazado con penalidades a la petrolera francesa Total, por los convenios que ha firmado con Irán. Arabia Saudita y los emiratos del Golfo, por otro lado, han desatado un ataque violento contra Qatar, por las inversiones que este emirato comparte con Irán en el yacimiento de gas más importante del planeta, y están desarrollando un plan de guerra, en acuerdo con Israel y Estados Unidos, para destruir la influencia de Irán en Yemen y Líbano. El nuevo jerarca saudí llegó a secuestrar al primer ministro libanés, para imponer un desalojo de Hezbollah del gobierno del Líbano. Trump no ha retribuido a Irán el papel que ha jugado en la derrota de Isis en Irak, y ahora el desarme parcial de las milicias chiítas iraquíes; tampoco la ‘pacificación’ de Siria, que permitió sacar del atolladero a la intervención militar norteamericana. Los sucesos iraníes plantean no solamente una crisis política extraordinaria, sino una crisis política internacional. La chispa que encendió la pradera fue el aumento de tarifas de servicios públicos y del precio de los huevos, y la negligencia ante los desastres sociales producidos por varios terremotos. Subió la tarifa de nafta, que se manifestará en mayor carestía. También se han producido despidos por cierres de empresas, y corte de calles y ocupaciones de empresas. Han quebrado, asimismo, varios bancos y ‘entidades’ financieras no reguladas, que están manejadas por sectores del aparato estatal. Ha habido una confiscación de depósitos y ahorros. Se advierte en el plano económico un principio de derrumbe con alcances que no se pueden determinar. El movimiento de protesta no reconoce un liderazgo obrero, pero todavía no se han pronunciado los trabajadores del petróleo. Reivindicaciones El estallido arrancó en Mashhad, el feudo del opositor ‘populista’ de Rouhani, que acicateó los primeros pasos de la revuelta, pero que enseguida perdió el control de ella. La llama se extendió enseguida al resto del país. Esta rebelión se diferencia de los levantamientos de 2009, en aspectos importantes: su base es la población más pobre, no la clase media; las reivindicaciones económicas ocupan un lugar mayor; constituyen un ataque al régimen, pero incluido el gobierno ‘liberal’ de ‘reforma permanente’; carece de una dirección política establecida con anterioridad. Rouhani pretendió, al comienzo, encauzar el movimiento con promesas de ‘correcciones’ -a la Macri. La cúpula clerical ordenó una represión limitada a las fuerzas de seguridad. Los ‘reformistas’ y los ‘conservadores’ o ‘populistas’ han cerrado filas, con la conciencia de que cualquier fisura, en esta etapa, daría una señal a la revolución. Las masas en rebelión han pasado del agravio económico a la reivindicación política, con consignas contra el régimen en su conjunto. Hacen responsable al consejo de ayatollahs y a su aparato militar por acaparar la riqueza nacional a expensas del pueblo. De este modo, el sector ‘confesional’ de la población se ha convertido en el vector de lucha por la República -no islámica, por lo tanto laica. Esto ocurre en el país más politizado del Medio Oriente, con una importante tradición revolucionaria (1953, contra el golpe de la CIA; 1979, la revolución que derrocó a la monarquía). Dada la experiencia recogida desde el aplastamiento de las revoluciones árabes de 2011, algunos ven en todo esto la mano del imperialismo. Luego del apoyo de Trump, Netanyahu y el saudita Bin Salman, la consideran un complot largamente preparado. Pero, como lo explica un especialista para nada sospechoso de simpatías por el régimen, “Los iraníes han apoyado la intervención de su país en Siria e Irak. Luego de la toma de Mosul, el Estado Islámico había amenazado con invadir Mashhad”, la cuna de la rebelión en curso. Las consignas contra el aparato militar obedecen a la corrupción, no a una oposición a la política internacional (Le Monde, 3/1). El ‘apoyo’ de Trump y sus secuaces refuerzan el sentimiento de independencia nacional, y constituyen esencialmente una provocación política contra la rebelión, incluso contra los gobiernos de la Unión Europea, que se han limitado a exigir al gobierno iraní ‘la defensa de los derechos humanos’. La cuestión de la dirección política de esta rebelión será zanjada con el desarrollo de los acontecimientos. El pronóstico al respecto solamente puede ser condicional; el apoyo en forma incondicional de las acciones por las reivindicaciones populares y el repudio y rechazo de la represión, no deben confundirse con el apoyo a una dirección política que no conocemos. El régimen deberá operar un viraje de política económica, para no caer en un impasse mortal. Está la posibilidad, sin embargo, de que el aparato clerical busque utilizar la represión para liquidar diferencias con el ‘reformismo’ -o sea producir un golpe de Estado. Habrá un nuevo desarrollo de la crisis internacional, dado que los acontecimientos iraníes son atribuidos a la ruptura, por parte de Trump, del bloque que negoció el acuerdo político-económico-nuclear con el actual gobierno iraní. Es claro que se abre, en Irán y en todo Medio Oriente, una nueva etapa política, que habrá de replantear todas las cuestiones que no pudieron ser zanjadas por el aplastamiento de las revoluciones árabes. READ ENGLISH VERSION: "THE POPULAR REBELLION IN IRAN"

César Arakaki, militante del Partido Obrero y actor, ha sido detenido por su participación en la enorme movilización del pasado 18, contra el robo a los jubilados. Por las mismas razones, se acaba de dictar orden de captura contra Dimas Ponce, también del PO. Otros luchadores y militantes están siendo perseguidos penalmente por su participación en las grandes movilizaciones contra la reforma previsional. La Justicia acusa a César y a Dimas por la agresión a un policía, ello, cuando la represión se generalizó sobre la plaza Congreso -y cuando la resistencia de los manifestantes a abandonar la plaza también tomó un carácter general. No existe, en ese cuadro, ninguna evidencia de que ellos le hubieran infringido al policía la lesión que les imputan. A pesar de ello, y de haberse puesto a disposición de la Justicia, César fue encarcelado de inmediato y enviado a un penal común. ¿Qué buscan el gobierno y “su” Justicia con este ensañamiento? Quieren castigar al enorme movimiento de lucha que reclamó contra el saqueo jubilatorio. Y también “escarmentar” a los que se movilizarán, con igual o mayor fuerza, contra la reforma laboral que el gobierno anunció para febrero. Quieren, también, amedrentar a la enorme inquietud popular que crece, en todos lados, al compás de los tarifazos, de la inflación, de los despidos. César, Dimas y todos los presos y perseguidos son la expresión de ese enorme reclamo, que debemos extender al conjunto de los sindicatos, de los barrios, de los lugares de estudio. “Libertad a los compañeros” es la bandera que debe ganar cada vez más altura, para darle fuerza a todas las luchas que se vienen. Reunamos firmas, pronunciamientos y colectas por esta lucha. Y el jueves 11, marchemos a Plaza de Mayo junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, por el fin de la persecución a los luchadores. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.11'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Conferencia de prensa: basta de persecución a los luchadores. Libertad a César Arakaki. No a la detención de Dimas Ponce. Libertad a todos los detenidos de la movilización del 14D. Posted by Prensa Obrera on Thursday, January 4, 2018 Foto: Gus Holandés

“Pude visitar dos veces a César Arakaki. Lo encontré muy firme, muy íntegro, muy consciente de por qué le sucede esto. Es decir, que por un lado lo colocan en una especie de balanza para reconstruir una teoría de los dos demonios frente a la represión policial y, por otro, que esto es una forma de amedrentar a cualquier movilización futura contra las leyes de ajuste de este gobierno”. Claudia Ferrero, abogada del Partido Obrero y a cargo de la defensa de César Arakaki, preso por haber formado parte de la movilización del 18 de diciembre contra el saqueo a los jubilados, sintetizó así cuál es la situación de su defendido. -¿De qué lo acusan exactamente? -El juez Sergio Torres ha presentado contra él cargos importantes: lesiones gravísimas, agravadas por haber sido cometidas contra un funcionario público en concurso real, con intimidación pública, y tumulto agravado por haberlo cometido más de tres personas y contra autoridad pública. -¿Cuáles son los hechos que provocan semejante acusación? -El agente de policía Adrián Escobar sufrió una contusión que le hizo perder el oído, según el expediente. La acusación contra César por ese hecho no tiene sustento alguno, porque una lesión así no es compatible con los elementos que César tenía en sus manos según se le atribuye: dos pedazos de caña que en modo alguno pueden producir una lesión de ese tipo. Es más: en todas las pruebas, las fotos y los videos se observa claramente que el funcionario policial cae por el impacto de un adoquín o una piedra, y que incluso cuando ya está caído recibe más piedrazos arrojados por otros manifestantes entre quienes, obviamente, no estaba Arakaki. César no tiró piedras en ningún momento, porque precisamente sostenía con sus dos manos esos pedazos de caña. -¿En qué elementos pretende sustentar el juez esa acusación? -El juez Torres ha tomado como único elemento de prueba los informes de inteligencia que le hizo llegar la oficina de Ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad; y, está muy claro, la campaña mediática que pretende mostrar a César como un karateca desaforado y violento en la marcha del 18 de diciembre. -¿Cuál es ahora la situación procesal de nuestro compañero? -El juez le ha dictado a César la prisión preventiva aún antes de definir su situación procesal, y le niega la excarcelación aunque el compañero se presentó a derecho en cuanto tuvo conocimiento de la acusación, y volvió a hacerlo inmediatamente no bien tuvo noticia del dictado de una orden de captura contra él. Lo tienen alojado en el penal de Marcos Paz, en el pabellón 2 del módulo 3, que es precisamente el módulo de ingreso, donde se ubica a los detenidos en tránsito, que no tienen definida su situación. La negación de excarcelación ya la hemos apelado y debe ser concedida: está en manos de la Cámara de turno, integrada por dos jueces de la Sala II. Mientras tanto, reitero, César está con el ánimo alto, muy firme, muy íntegro.

César Arakaki es actor. Integró la lista Multicolor Naranja-Violeta, que llevó a Iván Moschner como candidato a secretario general y a Mirta Israel como candidata a secretaria gremial. Desde el primer momento, sus compañeros se movilizaron por su libertad. “Frente a un gobierno que plantea la teoría de los dos demonios, que viola el estado de derecho, cuyas fuerzas de seguridad -al mando de Patricia Bullrich- asesinaron a Rafael Nahuel y a Santiago Maldonado, que le apunta a la cabeza a los manifestantes (cuatro de ellos perdieron un ojo) y criminaliza la protesta social, la exigencia de libertad es el reclamo fundamental”, señaló la Naranja-Violeta en un comunicado, pocas horas después de la detención de César. “Hacemos responsable al gobierno por cualquier atropello a la integridad física y psicológica que pudiera sufrir nuestro compañero en el penal de Marcos Paz”. La conducción de la Asociación Argentina de Actores también se sumó al reclamo. “Exigimos la inmediata libertad de Arakaki y rechazamos de plano cualquier intento de criminalizar la protesta social”, destacaron en un comunicado. Numerosos actores y directores de teatro y medios audiovisuales se sumaron. Entre ellos, Daniel Freire, Andrés Mangone, Facundo Abraham, Julián Rodríguez Rona, Alfredo Grande y Martín Lavini, y los grupos artísticos La La La y Morena Cantero Jrs. La solidaridad se extendió también entre los músicos, en una campaña impulsada por la agrupación Músicos Organizados. El tanguero Alfredo “Tape” Rubin pidió la liberación de César, también lo hizo otro destacado cantante del género, Guillermo Fernández, y el reconocido bajista de jazz y folklore, Willy González. A ellos se sumaron varios intérpretes del coro del Colón; Javier González y Patricia Barone; y la banda de rock Las Manos de Filippi, entre otros.

Reclamamos el cese de las persecuciones a los manifestantes del 14 y 18D y las organizaciones de izquierda y de trabajadores, y la inmediata libertad de César Arakaki, del Partido Obrero, y de los detenidos del 14D. Primeras firmas: los Suteba de La Matanza, Quilmes, Tigre, General Madariaga, Ensenada, Escobar, Berazategui, Marcos Paz; AGD-UBA (docentes universitarios UBA); Adunlu (docentes universitarios Universidad de Luján); Ademys; Adicus (docentes universitarios Universidad de San Juan); Atrana (Radio Nacional); Adiunt (docentes universitarios Universidad Nacional de Tucumán); Sitraic; ADU San Luis (docentes Universidad Nacional de San Luis); Conadu Histórica; Sindicato de Trabajadores Municipales de Alte. Brown; Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas; ATE Sur; CTA Capital y de Lomas de Zamora; Sipreba; Comisiones Internas de Mascardi, de Kimberly Clark, de Knorr-Unilever, de Smurfit, de Hellmans-Unilever, de Morvillo, de Fernet Branca, de Firestone, de Sealy, No Docente Agronomía UBA, No Docente Sociales UBA; Jóvenes Científicos Precarizados (JCP); David Carballo, Christian Paletti, Diego Gavella, Fabián Tévez, Ariel Rochetti: delegados AGTSyP (Subte); Alejandra Soler Carmona y Jesús Arias, delegados gremiales de las facultades de Humanidades y Ciencias Exactas; Adiunsa (Salta); Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro (Soeasi); Martín Olivera, secretario general STA (Sindicato de Trabajadores del Azúcar, Ingenio Tabacal); Rafael Vargas, secretario general y miembros de la comisiíon directiva del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail); Germán Kutzy, delegado general APA Austral Ezeiza: Mariano Busatto, delegado (Apta) Operaciones Aerolíneas Argentinas Aeroparque; Jorge Ramírez, secretario General Adiunsa (docentes Universidad Nacional de Salta); Sitech Federación Chaco, Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco, Junta Interna ATE Garrahan; Ana Laura Torna, secretaria de Mujeres y Género, Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos... (siguen firmas). Firmá el petitorio en www.po.org.ar

Para un vasto sector de investigadores e historiadores, el levantamiento de Kronstadt marcó el fin de la Revolución de Octubre. La campaña en torno de este hecho ha recrudecido a sus cien años. Se vuelve a apelar a François Furet, para quien la revolución terminó en el invierno ruso de 1920/21, en lo que habría sido una verdadera paradoja histórica: “En 1921 terminó la intervención extranjera, los viejos adversarios de los bolcheviques partieron hacia el exterior, la revuelta de Kronstadt fue ahogada en sangre, se devolvió a los campesinos la libertad de comprar y vender. En el momento en que la dictadura del terror parecía tornarse menos necesaria, vuelve a reafirmarse con toda su fuerza en el X Congreso del partido en 1921” (1) . Desde un lugar distinto, de defensa de la Revolución, Víctor Serge sostuvo que el alzamiento no tenía un carácter antiproletario y sólo quería poner fin a las trabas que impedían a la hambrienta población urbana conseguir provisiones. Si se hubiera adoptado antes la Nueva Política Económica -sostuvo Sorge-, Kronstadt no habría tenido lugar (2) . Trotsky destacó en su momento la extraña confluencia de los cuestionadores de Kronstadt, en la que en torno de la consigna soviets libres se agrupaba la burguesía mundial, enemiga irreconciliable de Octubre; los anarquistas, defensores de un comunismo antiestatal y los mencheviques -reformistas, partidarios de la restauración capitalista desde la victoria de la Revolución. ¿Qué fue Kronstadt? El alzamiento en marzo de 1921 de la base militar más importante del naciente Estado, instalada en una isla que constituía la sede de la flota marítima, la llave de acceso al Mar Báltico y a la comunicación comercial de Rusia con el mundo. Estaba a un paso de los ejércitos blancos instalados en Finlandia, lo que la convertía en un objetivo apreciado de la contrarrevolución. Kronstadt había sido un bastión revolucionario en 1905 y 1917, pero su composición había variado enormemente en 1921, por el desangre de la guerra civil y el aislamiento de la vanguardia revolucionaria. La mayoría de los marinos (viejos o jóvenes) eran de origen campesino. ¿Qué planteaban los insurrectos de Kronstadt? El sistema provocado por la escasez, basado en la requisa de alimentos del campo y el racionamiento estricto por categorías sociales en las ciudades, chocaba con los campesinos y la población urbana. El mercado negro y el trueque eran severamente reprimidos, dando paso a las revueltas campesinas y las huelgas obreras, incluso en San Petersburgo. Kronstadt se alzó en solidaridad con los huelguistas y reclamó el fin de las restricciones en el aprovisionamiento individual de alimentos, nuevo trato a los campesinos, libertad de comercio, elecciones libres a los soviets. Con el correr de los días, el llamado a una Tercera Revolución que habría de derrocar a los bolcheviques y reimplantar la democracia soviética comenzó a dominar las asambleas. La protesta de los marinos era popular. El programa del levantamiento fue aprobado en una asamblea multitudinaria (15.000, 1º de marzo) que fue en paralelo a la expulsión de los bolcheviques de los soviets renovados. Las movilizaciones de masas se convirtieron en insurrección en la asamblea de delegados del 2 de marzo, que nombró un Comité Revolucionario Provisorio, de predominio anarquista. Los comisarios bolcheviques fueron destituidos y encarcelados. ¿Fue Kronstadt el centro de una provocación de origen contrarrevolucionario, con un plan político que engarzaba con los generales blancos, o una improvisación? Los bolcheviques denunciaron a los insurrectos como amotinados encabezados por un general blanco. Para Serge Deutscher como para J. J. Marie, esta acusación fue infundada. Para este último primó “el carácter espontáneo de la insurrección y la ausencia de organización política en su cabeza” (3) . Para otros, el análisis riguroso de los archivos secretos abiertos por Yeltsin en 1999 probaría lo contrario. La población obrera de San Petersburgo no apoyó la insurrección de Kronstadt, pero tampoco la represión ordenada por los bolcheviques. Los rebeldes fueron sofocados luego de una sangrientísima batalla a través del hielo que dejó casi 11.000 bajas, en su inmensa mayoría, bolcheviques. Para León Trotsky, Kronstadt se diferenció de otras insurrecciones y levantamientos sólo por su “mayor efecto externo” (a partir de la propaganda imperialista) (4) . No parece haber sido así. Para recuperar Kronstadt, el partido bolchevique debió hacer un esfuerzo político y militar mayúsculo, convirtiendo en soldados a los delegados al X Congreso, que se realizaba a esas horas. Regimientos enteros convocados para el asalto se negaron a marchar. Lenin adoptó otro punto de vista. Planteó que el levantamiento era una “contrarrevolución pequeño burguesa, un movimiento del elemento anarquista pequeño burgués”. Bien que asociado a los guardias blancos, era un movimiento “nuevo”, que enarbolada la consigna de la libertad de comercio y estaba dirigido contra la dictadura del proletariado. Pero, advertía, “este estado de ánimo se ha dejado sentir mucho en el proletariado”, por lo que se estaba en presencia de una “contrarrevolución pequeño burguesa que es, sin duda, de mayor peligro de Denikin, Yúdenich y Kolchak juntos porque nos la vemos con un país donde el proletariado constituye la minoría y la ruina abarca a la propiedad campesina. Además… la desmovilización del ejército ha proporcionado elementos sediciosos en cantidad increíble” (5) . En materia de programa, planteó Lenin, la libertad de comercio, incluso si fuese planteada por movimientos que no estuviesen imbricados con los guardias blancos, llevaba inevitablemente a la victoria del capital, a su restauración completa. Los elementos que lideraban este regreso al viejo orden se cubrían con el manto de la igualdad, la libertad y la democracia soviética, pero eran, la más de las veces, “simple escalón y puente para dar paso al poder de los guardias blancos”. Naturaleza social y política Los comunicados de los insurrectos de Kronstadt son un alegato a favor del poder soviético y la revolución social. Pero es imposible juzgar un movimiento por lo que éste dice de sí mismo, máxime en tiempos de guerra civil. A partir de la Revolución de Octubre, los bolcheviques dirigieron a las masas campesinas de la flota y de toda Rusia, en base a la entrega y el reparto de la tierra. Pero los años de guerra mundial, revolución, guerra civil e intervención blanca provocaron la quiebra de la economía y la desintegración de la organización social a niveles exasperantes. La retirada de la intervención imperialista se hizo a tierra arrasada: las minas fueron inundadas, los puentes dinamitados, los transportes destruidos (ésta fue una de las razones de la derrota del Ejército Rojo en Polonia). El sur de Rusia, centro del suministro de combustibles, hierro, acero y materias primas fue literalmente devastado. Privados de estos elementos, los centros industriales del resto quedaron inactivos. El gobierno soviético forzó el control más estricto de los recursos, dando lugar al Comunismo de Guerra. Nacionalizó la totalidad de la industria, prohibió el comercio privado, ordenó la requisa de alimentos para el ejército y las ciudades, pagó los salarios en especie, extremó la igualdad, pero llevando hacia abajo los niveles de vida y universalizando la pobreza. El sistema entró en colapso. El campesino se dedicó a cultivar sólo la porción de tierra que permitía sostener viva su familia. Se negó a producir los excedentes que los escuadrones de requisa buscaban. “La ciudad no dio prácticamente nada a la aldea y tomó casi todo de ésta, principalmente para las necesidades de la guerra”, dirá Trotsky. Así se planteó “la lucha del pequeño propietario furioso contra la dictadura del proletariado”. La pequeña burguesía campesina deseaba liberarse del capital pero, a la vez, no aceptaba subordinarse a un gobierno de trabajadores. Por su naturaleza no sabe exactamente lo que quiere y por su lugar social no puede saberlo, lo que explica que se cubra hoy con la bandera anarquista, mañana con la menchevique. La naturaleza contrarrevolucionaria surge de la propia consigna de Kronstadt, “soviets sin bolcheviques”, que hicieron suya no sólo los protagonistas del alzamiento sino la burguesía liberal. Liberar a los soviets de la dirección bolchevique equivalía a la destrucción misma de los soviets. Si alguna duda pudiera haber, la experiencia de los soviets rusos bajo la dominación menchevique y social revolucionaria -una larga espera que equivalía al desangre de la revolución- es prueba suficiente. (Informe Ramiro Tissera) Notas 1. François Furet: El pasado de una ilusión…, FCE, México, 1995. 2. Víctor Serge: The Serge-Trotsky papers, Pluto Press, Londres, 1994. 3. J.J. Marie: Kronstadt, Fayard, París, 2005. 4. León Trotsky: Un frente popular de delatores, Writings 1937/38, Pathfinder, Nueva York, 1975. 5. V.I. Lenin: Obras Completas, Discurso ante el X Congreso, 1921, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1958.

El 28 de diciembre pasado, la diputada Romina Del Plá, del bloque del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley por la “suspensión de la transferencia de Cablevisión a Telecom y el control societario de la empresa Telecom por parte de Cablevisión Holding SA”. Entre los fundamentos del proyecto denunciamos que el gobierno que acaba de autorizar esta fusión en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) vulnera el marco regulatorio vigente mediante sucesivos decretos de “necesidad y urgencia” que favorecen a Cablevisión, del grupo Clarín. En ese marco, la empresa adquirió previamente Nextel, con la secuela de cientos de despidos y cambios en las condiciones de trabajo, al punto de llevarla al vaciamiento. Ahora, con la adquisición de Telecom Argentina, se pretende profundizar ese camino en una escala muy superior. Los decretos N° 267/2015 y 1340/2016 incluyeron beneficios fabulosos como disponer “vacaciones regulatorias” durante quince años de gracia a las empresas. Esto, además de atentar contra derechos elementales como la libertad de expresión y el acceso a la información, y de quebrantar la defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica, tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación. El grupo Clarín consolida una posición dominante a través de diarios, canales de televisión, radios, revistas, canales de cable y otros medios digitales que se complementan con Cablevisión, Nextel, Fibertel y Telecom (Arnet y Personal) que pasarían a formar parte de Cablevisión Holdings SA. De ese modo, la supuesta separación de los contenidos y la infraestructura pasa a ser una ficción, porque mantiene los mismos accionistas en ambas empresas. Esta fusión no tiene nada que ver con un avance tecnológico, sino todo lo contrario, golpea a los sectores de la población y a las regiones más vulnerables, y pone en riesgo la prestación de los servicios en amplias zonas, en particular en las regiones centro y norte del país donde se impone el peso de un monopolio exclusivo de las telecomunicaciones que afecta directamente a los trabajadores, usuarios y consumidores. Esto en un contexto de tarifas desreguladas y de desinversión, como sucede también con el caso de Telefónica. El proyecto de ley, a su vez, plantea un reclamo histórico pendiente, al plantear que previo a cualquier fusión Telecom debe cumplir primero con los pliegos de la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), que establecen el pago del 10% de los bonos de participación en las ganancias adeudados a todos los empleados vinculados con dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes. Por último, el proyecto plantea la suspensión de la fusión de Cablevisión SA con Telecom Argentina SA hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel y Nextel. Con este proyecto planteamos una gran campaña para recabar el apoyo a esta iniciativa y, sobre todo, de discusión y movilización de todos los sindicatos y trabajadores afectados por esta fusión, que viene a consolidar un monopolio que afectará a todo el pueblo trabajador.

#LibertadACesarArakaki Desde la finca El Talar, delegados y trabajadores del ingenio Ledesma enviaron este mensaje de solidaridad con los luchadores perseguidos del 18 de diciembre: “Nosotros, los trabajadores de Finca El Talar, provincia de Jujuy, que pertenecemos a la empresa Ledesma nos adherimos al pedido de cese de detención y persecución a los manifestantes del 14 y del 18 de diciembre en Buenos Aires en solidaridad a las organizaciones de izquierda y de trabajadores. Exigimos la libertad de los detenidos del Partido Obrero del 14 y 18/12. Sin más que decir, nosotros, hermanos, estamos también en una lucha continua porque la empresa Ledesma está despidiendo obreros. Nos unimos al pedido de libertad. Fuerza para todos ustedes. Y en cualquier momento también van a tomar represalias con nosotros. Sin más que acotar les mandamos fuerzas desde la provincia de Jujuy, los hermanos trabajadores que estamos unidos acá.”

La Unión de Juventudes por el Socialismo–Partido Obrero se prepara para participar en todo el país de los cursos de formación política de verano, para organizarnos y prepararnos para las luchas que se vienen. El campamento es una instancia de formación política. Este año, se dictarán dos cursos centrales. Uno sobre, los cien años de la reforma universitaria y el desafío de constituir una juventud revolucionaria en la Argentina. El otro, sobre la lucha por la emancipación de la mujer. También se desarrollarán cursos sobre “El Estado y la Revolución”, el movimiento obrero y la izquierda y se realizarán plenarios y reuniones nacionales de terciarios, secundarios y del movimiento LGTBI. Además, todas las noches haremos actividades culturales, artísticas, juegos y fiestas. El campamento de la UJS propone organizar a miles de jóvenes para enfrentar las reformas ajustadoras de Macri y poner en pie una alternativa política de los trabajadores, entendiendo que la unión de los jóvenes con el movimiento obrero es la punta inicial de esta tarea fundamental. Sumate a las charlas y actividades preparatorias. Contacto: Facebook.com/ujspo AGENDA DE CAMPAMENTOS DE VERANO UJS Y PARTIDO OBRERO Cursos A 100 años de la Reforma Universitaria Doble Opresión de la Mujer Movimiento Obrero e Izquierda La lucha por un partido obrero revolucionario El Estado Lugares y días Campamento UJS de Capital, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe , del sábado 10 al domingo 18 de febrero en Villa Gessell. Campamento central de Cuyo , del sábado 10 al martes 13 de febrero en Mendoza. Campamento central de Río Negro y Neuquén , en el Camping Las Araucarias, Plottier, del sábado 10 al martes 13 de febrero. En Córdoba , del sábado 10 al martes 13 de febrero, en Tanti. Campamento central de Salta y Jujuy , en El Carmen, provincia de Jujuy, del viernes 2 al domingo 4 de marzo.

La detención de nuestro compañero César Arakaki; la orden librada en el mismo sentido contra Dimas Fernando Ponce, también militante del PO, y la persecución contra otros manifestantes de la marcha del pasado 18, tienen un objetivo político definido: transformar en un hecho penal a una gigantesca demostración de lucha de la clase obrera, que copó la plaza de los Dos Congresos para rechazar una de las mayores confiscaciones a los jubilados de que se tenga memoria. La voluntad popular de que la ley no se aprobara quedó retratada en el hecho que, cuando los gases y balas de goma terminaron expulsando a los manifestantes, un masivo cacerolazo copó los barrios de la Ciudad y de todo el país para sostener a muerte el mismo reclamo. Para negar y desacreditar el alcance de este pronunciamiento popular, el gobierno y el aparato judicial cooptado por el macrismo quieren presentar a las jornadas del 14 y del 18 como parte de una conspiración minoritaria, y en nombre de ello han salido a una verdadera cacería de militantes. Impostura Los jueces presentan a esa cacería como un juicio genérico a los ‘actos de violencia’, donde supuestamente incluirían a los ‘excesos policiales’. Es un planteo dirigido a encubrir al Estado represor en su conjunto, el cual actuó coordinadamente contra los manifestantes. Pero, además, apenas se ha detenido a un policía, cuando los heridos como resultado de la represión estatal y las denuncias contra ellos se cuentan por decenas. Tampoco se ha echado luz sobre los infiltrados que, en las primeras horas de la tarde, desataron las provocaciones que precedieron a la represión policial. En cambio, pusieron en marcha una ‘investigación’ contra la izquierda, el Partido Obrero y sus manifestantes, echando mano de los peores métodos del espionaje político. Otro militante del PO, Lucas Sauret, fue detenido -y luego liberado- el pasado viernes, con la única ‘evidencia’ de haberse encontrado, en su Facebook, una foto junto a César Arakaki… en una actividad de la última campaña electoral. Lo mismo hicieron con Celia Burgueño, a quien los periodistas que fisgonean en la ex Side y en los juzgados la escracharon con el sólo ‘mérito’ de su vínculo de pareja con el mismo César. Las acusaciones contra César y Fernando son tan burdas como las anteriores, aunque se pretenda lo contrario. Los dos militantes son acusados de “lesiones gravísimas” contra un policía, el cual aparece caído junto a ellos en una toma fotográfica. Pero ese agente policial fue herido por una piedra arrojada a distancia. César y Fernando, en cambio, aparecen portando cañas de las que sostienen banderas o pancartas, y que nunca podrían haberle causado esa lesión. En el momento de ese incidente, miles de personas se defendían de la represión policial con los medios que encontraban a su mano. Pero, ¿cómo condenar penalmente a una multitud de manifestantes que defiende su derecho a movilizarse? La Justicia resolvió de la peor manera esa exigencia del gobierno: armándole una acusación amañada y mentirosa al puñado de manifestantes que logró individualizar. El gobierno le ha entregado a los jueces el trabajo sucio de arremeter contra el movimiento de lucha que está enfrentando su plan de guerra, y que tiene a la izquierda y al clasismo en la primera fila. La escalada judicial se completa con otro grave atropello: aunque el compañero Arakaki se ha presentado ante la Justicia apenas su nombres sonó en los medios, el juez Torres le ha denegado la excarcelación y lo mantiene detenido. Los “garantistas” siguen el libreto del fascista fiscal Moldes, que acaba de recomendar que ‘los detenidos en manifestaciones no sean excarcelados’. Los ataques a la izquierda y al Partido Obrero pretenden presentarnos como si hubiéramos preparado un “putch” contra la aprobación de la reforma previsional. El derrotero de huelgas y movilizaciones que impulsamos en las vísperas de esa votación demuestran, en cambio, que apostamos a una acción de conjunto de la clase obrera contra el robo jubilatorio, el cual, como lo reclamamos, debía incluir un paro activo nacional que el triunvirato cegetista nunca pretendió convocar ni organizar. Con ese objetivo, empeñamos todo nuestro esfuerzo en asegurar una presencia masiva el 18 y, por eso mismo, rechazamos y nos delimitamos de la acción de elementos provocadores que, muy temprano, pretendían que la represión abortara la llegada de cada vez más manifestantes. Cuando esa represión ocurrió, nuestros militantes, como muchísimos otros de las columnas más diversas, se defendieron de la represión para continuar manifestando. Ello vale para César, para Fernando, para Sebastián Romero, para el delegado de la UOM Matanza también citado por la Justicia, y para decenas de miles de compañeros. Detrás de una carátula ’personal’ o ‘individual’, se está construyendo un juicio contra la clase obrera que rechaza el megapaquete oficial, ello, en vísperas del mayor de los ataques a los trabajadores, la reforma laboral flexibilizadora. Libertad a los compañeros La imputación de los compañeros y las acusaciones a la izquierda y al PO tienen otro claro propósito. Quieren aislar de los trabajadores y de la opinión popular a quienes hemos sostenido una lucha sistemática contra el ajuste oficial. Y reforzar, por esa vía, a la burocracia sindical -cooptada por el gobierno- y a sus agentes políticos, socios más o menos directos del macrismo en las gobernaciones, intendencias y parlamentos. Pero, a contrapelo de esa intención, y de la de sus alcahuetes mediáticos, comienza a abrirse paso una intensa campaña por la libertad y el fin de la persecución a los compañeros. Una expresión de ello es el pronunciamiento de la Asociación de Actores por la libertad de César (ver página 2), donde hicieron punta nuestros compañeros de la lista de oposición; centenares de dirigentes sindicales han firmado un pronunciamiento en el mismo sentido, y el jueves 11 ha sido convocada una marcha por parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. El mismo gobierno que ha encarcelado a estos luchadores, comenzó el año 2018 con un tarifazo en el transporte y en los combustibles, los cuales sucedieron a una devaluación que golpeará sobre todos los alimentos esenciales. Las contradicciones del plan económico oficial, cada vez más evidentes, se trasladan a la población trabajadora, y la inquietud popular continúa creciendo. En ese cuadro, tenemos que enlazar la campaña por la libertad de los compañeros al gran escenario de la lucha contra todo el plan de guerra oficial. Si los arrancamos de la cárcel, será una victoria que reforzará sensiblemente esa lucha. ¡Hagamos retumbar una enorme campaña por la libertad de los compañeros a la escala de toda la Argentina!

Un paro histórico se desarrolló, el miércoles 3 en Radio Nacional, la TV Pública y en la Agencia Nacional de Noticias Télam en repudio a los 17 despidos de personal contratado de Radio Nacional en el primer día hábil del año. Como parte de la medida de lucha, los trabajadores de los tres medios públicos realizaron una masiva asamblea general en las instalaciones de la radio. La formidable respuesta sindical en la radio tuvo su origen en la decisión de la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (Atrana) y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), de ir a un inmediato paro de actividades al conocerse los despidos en el primer día hábil del año. La bronca existente por los despidos, incluso por la forma en que fueron “comunicados” (los compañeros implicados se enteraban de su situación al rebotar con su huella digital el ingreso), sumado a los cuatro despidos de contratados en los últimos días de diciembre pasado y la comprensión general del ajuste que se está viviendo en los medios de comunicación y en el país en general, motivaron una asamblea extraordinaria en la radio en donde la moción de hacer un paro corto hasta la noche fue rechazada resolviéndose un paro de 24 horas que permitió la convocatoria al cese de actividades en los tres medios del día siguiente. La vigorosa acción del paro incluso reventó la acción de Attrac, el sindicato de operadores, quienes al servicio de la patronal buscaron a toda costa el fracaso de la medida de lucha. El paro total de la emisora demostró el fracaso de esta política carnera. La conmoción generalizada que produjeron los despidos en Nacional y el nuevo cuadro de situación en el movimiento obrero luego de las gigantescas movilizaciones del 14 y 18D que pusieron en jaque a la reforma jubilatoria fueron el caldo de cultivo para convocar en pocas horas un paro del Sipreba en la TV Pública y Télam que fue cumplido masivamente. Es que el ajuste en los medios públicos fue anunciado por el gobierno durante los últimos meses del año. La gestión Lombardi había informado del lanzamiento de un plan de jubilaciones y retiros voluntarios con el objetivo de producir una merma masiva en los planteles. En los últimos días del año pasado, los trabajadores de la Televisión Digital Argentina ocuparon el CCK frente a los anuncios de cierre y despido de sus 160 trabajadores. En las últimas horas se han conocido decenas de despidos en Paka Paka y otros medios del Estado sin que el Sindicato de la Televisión (SAT) haga nada. Ahora, el objetivo declarado del gobierno es reducir a la mitad la plantilla en Radio Nacional, la TV Pública y Télam. Junto a la imposición de las jubilaciones forzosas y los retiros voluntarios, el macrismo va por los trabajadores bajo la modalidad de contrato anual, una forma perversa de trabajo en negro que legalizó el kirchnerismo en sus doce años de gobierno. La asamblea de los tres medios fue excepcional. Se resolvió marchar masivamente el jueves 4 junto a ATE Nacional por los despidos en todos los organismos del Estado (en Radio Nacional la asamblea resolvió concurrir a la marcha con cese de tareas) y organizar un festival la semana próxima en la puerta de la emisora. Las comisiones internas de los distintos medios del Sipreba y Atrana quedaron mandatadas a convocar a un nuevo paro si no hay respuesta de las autoridades. Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, los trabajadores de Radio Nacional obtenían un primer triunfo al comunicar la patronal la vuelta atrás de dos de los cuatro despidos de diciembre pasado, esto, al calor del enorme paro de actividades. Ahora, vamos por la reincorporación del resto de los compañeros despedidos.

Aunque no pudo evitarlas, el movimiento obrero libró una formidable lucha contra las reformas previsional e impositiva, la primera fase del plan de guerra de Macri y los gobernadores. Se viene una segunda: la lucha para que no pase la reforma laboral; contra los despidos, especialmente en el Estado y la pelea salarial en las paritarias, ante el recrudecimiento inflacionario -que estalla con el 3% de diciembre. El jefe de Gabinete, Marcos Peña anunció extraordinarias en febrero para aprobar la reforma pactada en su momento con la CGT, que afecta pilares fundamentales de los derechos de los trabajadores. Los artículos que “limó” la burocracia sindical son pan para hoy y hambre para mañana: lo que la patronal y el gobierno no impusieron en los 127 artículos que quedaron, lo impondrán mediante convenios a la baja, a través de la Justicia laboral que regimentan y extorsionan a su favor; a través de decretos y aún de la reglamentación de la ley. Por otra parte, lo que venden como “positivo” es negativo. El llamado blanqueo es un mecanismo de impunidad al evasor y de rebaja de aportes patronales que afectarán a la Anses; lo mismo vale para la agencia de protección a las obras sociales contra las demandas de los afiliados, que son las familias trabajadoras. Las nuevas condiciones de la lucha ¿En qué condiciones quedamos los trabajadores y el gobierno después de las grandes luchas de diciembre? Por un lado, el contexto de tarifazos e inflación “recalibrada” es explosivo, al igual que la ola de despidos de compañeros contratados en el Estado, en algunos casos con veinte años de antigüedad. Es decir, sobre la “herencia recibida” de flexibilidad y precarización laboral. Por otra parte, el gobierno y sus socios del PJ quedaron golpeados y expuestos. Por eso, la “pírrica” victoria con 127 votos de Diputados (que no llegan al quórum) y en medio de una represión que puso a la masa de trabajadores, subjetivamente en la vereda de enfrente de los ajustadores. Una clara expresión de la extensión de la resistencia de los trabajadores la brindó Santa Cruz, donde los trabajadores acaban de ser reprimidos por la policía de Alicia Kirchner para hacer pasar el pacto fiscal en su Legislatura. Lo mismo ocurrió días atrás con los azucareros de Jujuy. Al mismo tiempo, la burocracia sindical de la CGT implosionó: la UOM renunció al Concejo Directivo, mientras varios de los gremios más grandes ignoraron el paro fracasado y ahora cultivan la profecía autocumplida: consideran que en 2018 no podrán hacer un paro por el nivel de división interna (La Nación, 2/1). Violento contraste con las luchas crecientes de diciembre, día por día, que culminaron en la formidable manifestación de 300 mil personas del 18 y el cacerolazo solidario de la noche. Desde ese lugar partimos para enfrentar la nueva etapa del “plan de guerra”. Es decir que en un marco creciente de luchas obreras, los mecanismos de contención están fragmentados. Ese es el significado más importante del 18D. La burocracia, a diferencia de divisiones del pasado construidas para mejor contener -armando un relevo en forma relativamente consciente-, hoy sufre una fractura múltiple. En paralelo, aunque no la replique exactamente, con la del PJ. Incluso la denuncia con cuentagotas de las “mafias” sindicales por parte del gobierno para disciplinar al resto, parecen haber echado leña al fuego de indignación y desprestigio entre los trabajadores. Algo similar a lo que ocurre con el PJ. El gobierno para abrir paso a su ofensiva contra las masas no puede evitar agravar la crisis del peronismo y de la burocracia sindical, hoy asociada a las leyes del ajuste y a la entrega. Para botón de muestra, Facundo Moyano acaba de votar positivo el Presupuesto 2018. La contraofensiva de criminalización de todo el movimiento y las detenciones de los compañeros del PO y otros apuntan contra los canales de lucha que, como la sangre, fluye por otras venas ante una arteria central tapada. Buscan aislar una impronta combativa que se expresó también en las últimas horas de 2017. Con los paros del Banco Provincia, Santa Cruz, los docentes contra los despidos en la provincia de Buenos Aires y el desmantelamiento de los institutos de formación, en los cortes de ruta de Fanazul, el paro de Radio Nacional, entre tantos otros. El 4 de enero, ATE irá al paro nacional y movilización ante la presión de sus bases en todo el Estado. Cabe una conclusión: si el 18 había un paro activo con abandono de tareas, éramos uno o dos millones en las calles de todo el país. Vamos por ello, para que no pase la reforma laboral, para reforzar cada lucha contra los despidos, por la libertad de los compañeros presos y preparando la lucha salarial de las próximas paritarias que ya arrancaron. Por eso tenemos que explicar la perspectiva de un Congreso de Delegados de todos los sindicatos electos por la base, para definir programa y plan de lucha. Y preparar ese horizonte desde abajo. Mediante una decidida lucha política, hay que superar todas las maniobras demagógicas de las fracciones sindicales que pretextan oponerse pero no luchan. Se trata de una intensa campaña de preparación durante todo enero. Clarificar el contenido nefasto de la reforma laboral, promover asambleas en los lugares de trabajo y plenarios de activistas y, a su turno, de delegados en todos los sindicatos y seccionales. Tenemos bien en claro que serán los trabajadores organizados en los sindicatos de todas las centrales los que derrotarán el plan de guerra, contra la burocracia central. Febrero es mañana y si no pasa la reforma laboral asestaremos un golpe decisivo en favor de los trabajadores.

Cumplidas 24 horas de paro de la Línea B del subte contra la sanción arbitraria a un trabajador, en una reunión mantenida el pasado viernes 29 pudo verificarse que la patronal se niega a dar marcha atrás: además de mantener la medida -20 días de suspensión por haber faltado de forma justificada para atender a su hijo discapacitado-, la empresa planteó que el trabajador sería trasladado a otra línea. La parte obrera, que había suspendido transitoriamente la medida para concurrir a la reunión, se retiró reclamando una reunión de las partes con la cartera de Trabajo -que podría tener lugar el próximo martes o miércoles- para decidir a partir de allí la continuidad y modalidad del plan de acción. Hay que destacar muy enfáticamente que la conducción kirchnerista de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro no sólo no ha convocado a un plenario de delegados, sino que ni siquiera publicó un comunicado sobre el conflicto. Y esto es grave, ya que en esta tozudez patronal de mantener una sanción arbitraria a un trabajador se oculta un fin más general: reinstaurar una política de sanciones y despidos en el subte como herramientas de la aplicación del plan de ajuste. Dejar aislada a la Línea B es permitir el avance de esa política, que tiene innumerables antecedentes en juicios a delegados que luchan, pedidos de desafueros, sanciones a granel y la utilización del servicio médico como un recurso de persecución y disciplinamiento. Que la fracción K de la conducción deje correr todos estos atropellos es funcional al macrismo patronal. El aislamiento de la lucha de la B roza, además, la perversión, si se considera que sus delegados son de la oposición. La Agrupación Naranja viene reclamando un plenario urgente de delegados para apoyar a la Línea B y trazar una agenda de lucha contra la ofensiva más general en el subte.

La permanencia en la sede de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) iniciada el 28 de diciembre sigue creciendo. Esta semana, los trabajadores protagonizaron una gran movilización al Ministerio de Educación para reclamar contra los 200 despidos y por la estabilidad del resto de los 180 trabajadores del organismo. Los trabajadores de la UEP estuvieron acompañados por la Junta Interna de Educación y por ATE. El gobierno de Vidal pretende “recontratar” a los 180 trabajadores que quedarían del organismo bajo los contratos basura que ampara la ley de emergencia administrativa de la provincia. Esto significa que perderán los pocos beneficios con los que contaban hasta ahora (Ioma, reajuste por paritarias, aguinaldo, vacaciones) por contratos que vencen en mayo. El gobierno pretende negociar con cada trabajador de manera individual y desconoce a la Junta Interna y los delegados. El 31 de diciembre, los trabajadores con sus familias organizaron la cena y brindis de fin de año en el cuarto día de permanencia en el edificio. El brindis reforzó la camaradería entre ellos. La ocupación de la UEP tiene una dimensión que trasciende la región frente a la ola de despidos en toda la provincia y marca el rumbo de la lucha obrera en la nueva situación política. La disolución de la UEP es la expresión concreta de la aplicación de la ley de ministerios, que es un instrumento de ajuste para cesantear a miles de empleados públicos bonaerenses. La ocupación también es la respuesta a la falta de un plan de lucha provincial centralizado y al boicot de las burocracias sindicales que acompañan el ajuste del gobierno macrista. El sablazo contra la UEP es también un golpe a la educación pública y a la construcción y mantenimiento de las escuelas. La UEP es la dependencia provincial encargada de ejecutar las obras en las escuelas, construcción y reparaciones. La lucha contra la disolución de la UEP es una bandera de la defensa de la educación estatal contra ajustadores y privatizadores. Las donaciones de los trabajadores y de la población se multiplican cotidianamente, aumentando la solidaridad de clase y el apoyo y masificación de la lucha. Rodeemos de solidaridad la ocupación de la UEP. Ningún despido. Continuidad de la UEP. ¡A defender la ocupación de la UEP y a rodearla de solidaridad! ¡Todo por el triunfo de esta lucha!