Prensa Obrera N° 1486

El gobierno apresuró la votación de la “reforma previsional”, porque teme que el repudio popular creciente termine poniendo en peligro a su proyecto. No es para menos: la ley oficial prevé sacarle a los jubilados 100.000 millones de pesos sólo en el año 2018. Pero, además, admite el aumento de la edad jubilatoria a 70 años, para hombres y mujeres. Y una reducción de aportes patronales que agravará todavía más el vaciamiento de la Anses. La “republicana” Carrió, supuesta abanderada de los jubilados, ha salido a apoyar sin reservas este despojo. También están en ese campo los gobernadores y diputados que, del pejota a Alicia Kirchner, pasando por el “socialista” Lifschitz, han firmado el acuerdo fiscal que se financia con la plata de los jubilados. Lo mismo vale para la burocracia de la CGT, partícipe necesaria de este ajuste contra las masas. En oposición a ellos, comienza a despuntar un fuerte movimiento por abajo, que ya se expresó en las movilizaciones del 29 y el 6 contra el paquetazo oficial. Este jueves, con todo al Congreso.

Mauricio Macri se compró una misión difícil: ser el anfitrión de una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que, al igual que las rondas anteriores, ya preanuncia un nuevo fracaso, después de los pobres resultados de las rondas anteriores. La reunión en Buenos Aires, que el macrismo presentará como su “carnet de entrada al mundo”, volvió a ser el escenario de un conjunto de disputas por un mercado mundial que no sólo se mantiene bajo la impronta de la crisis inaugurada en 2007/2008. Soporta, además, la desaceleración económica y sobreinversión en China, como telón de fondo de todos los antagonismos en el comercio internacional. Por caso, la administración Trump considera que el actual sistema de solución de controversias comerciales de la OMC es “funcional” a las exportaciones de China, a las que acusa de precios predatorios. En represalia, decidió vaciar el organismo de la OMC que se ocupa de laudar sobre este tipo de litigios. Globalización y OMC La impasse de la OMC retrata vivamente la crisis de la llamada “globalización”, al influjo de la cual nació este organismo en los años ’90. La desaparición de la URSS y la apertura de la restauración capitalista en China abrieron ilusiones ilimitadas en una armonización internacional del comercio y las inversiones, que abriría un largo período de progreso bajo la égida de las grandes corporaciones capitalistas. La “liberalización”, sin embargo, muy pronto mostró sus contradicciones y, particularmente, el papel revulsivo de la restauración del capital en los ex Estados obreros, en el marco de un capitalismo en declinación. Un ejemplo de estas contradicciones es el acuerdo sobre liberalización de productos textiles en la propia OMC (2005), que le abrió a China una fabulosa plataforma de exportación sin barreras a los países occidentales. Una parte de la burguesía imperialista saludó esta liberalización, porque contribuía a abaratar la fuerza laboral de sus países por dos vías: proveyendo de vestimentas más baratas a sus obreros y compitiendo brutalmente con sus salarios y conquistas. Pero esta compuerta abrió la amenaza de una penetración más vasta de China, al calor de sus pretensiones de ingresar al mercado internacional en industrias más complejas. Esta tensión se expresa hoy en la negativa de Trump y la Unión Europea a que China sea declarada “economía de mercado”, lo que liberaría de las actuales objeciones al agresivo comercio del gigante asiático. El nacionalismo de Trump, sin embargo, no es defensivo. Las quejas por el llamado “comercio desleal” están colocadas en la mesa de las pretensiones expansionistas del imperialismo yanqui sobre China: el Departamento de Estado apunta a abrir la Bolsa y la banca de ese país al capital extranjero, y también a la privatización de sus industrias estratégicas. En vez de “globalización”, asistimos a la guerra de rapiña por un mercado mundial en crisis. Plan B En medio de esta impasse, la reunión de la OMC derivó hacia lo que algunos llaman un “plan B”, referido a las políticas de “facilitación de inversiones, comercio electrónico y de servicios”. Detrás de estos términos se disimula el papel de la OMC como factor de opresión nacional: los supuestos “liberalizadores” no se han privado de someter al comercio de los países atrasados a un conjunto de condiciones despóticas: entre ellas, aceptar incondicionalmente el monopolio capitalista sobre la ciencia y la técnica (patentes), a través del cual los pulpos farmacéuticos han privado de salud a millones de personas. Lo mismo ocurre con las semillas modificadas, donde los “liberales” exigen la rendición incondicional ante el monopolio Monsanto. Quienes niegan al imperialismo como categoría histórica o lo ubican como una cuestión de “los tiempos de Lenin”, deberían detenerse en el régimen dictatorial y extorsivo que -a través de la OMC- un puñado de países le impone a los países más débiles del planeta. En medio de la impasse de la OMC, Macri y Temer han intentado avanzar con su propio plan B -un acuerdo colonial y bilateral del Mercosur con la Unión Europea. Este pacto no haría sino confirmar la crisis de la OMC -los acuerdos entre bloques; en definitiva, expresan la incapacidad de una liberalización de carácter general. Precisamente, la Unión Europea concibe al acuerdo con el Mercosur como un recurso para contener el avance de China en América del Sur. Pero Macri también se quedó con las ganas de anunciar este acuerdo bilateral, que ha quedado postergado para 2018. A pesar de las concesiones de Macri-Temer al ingreso de productos industriales europeos a la región, la reciprocidad de la Unión Europea es casi nula en lo que refiere a los productos agrícolas del Mercosur. Los negociadores argentinos aceptarían reemplazar esta concesión a cambio de la difusa promesa de inversiones europeas en la región. Para ello, el tándem Macri-Temer ofrecería las rebajas impositivas y degradaciones laborales que ya están en la agenda de la Argentina y de Brasil. Un periodista de Ambito Financiero (11/12) asoció este “modelo de inversiones” al acuerdo firmado en Tierra del Fuego con la industria electrónica, donde se incluyó el compromiso sindical -luego rechazado por los delegados obreros- de aceptar un congelamiento de sueldos por dos años. Ello demuestra dos cosas: primero, que la apuesta a las “inversiones” reposa en un ataque a los trabajadores; segundo, que la ‘supuesta industria’ europea podría ser una mera armaduría o tercerizada de insumos asiáticos. Notablemente, es la misma queja que la Unión Industrial Argentina ha presentado en relación con las futuras importaciones industriales europeas, donde la preocupación “pasa por evitar que Europa triangule productos de China, India o el sudeste asiático” (Cronista, 5/12). La Unión Europea quiere sumar al Mercosur a un acuerdo para frenar a China, pero China se filtra por todos los poros del eventual acuerdo. El plan B, en definitiva, también quedó en carpeta. Globalifóbicos Los críticos globalifóbicos en la Argentina han señalado los aspectos coloniales y despóticos de la OMC, y advierten sobre una “liberalización que viene por todo”. Llamativamente, no se han detenido en la notoria impasse de la Organización como resultado de la crisis mundial, ni se han delimitado de los arrebatos proteccionistas de Trump o del nacionalismo europeo. Hay que recordar, por caso, los elogios tempranos de Cristina Kirchner a Trump por su “defensa del mercado interior” yanqui. Este planteo, en primer lugar, no aprecia la naturaleza reaccionaria y expansionista del proteccionismo imperialista, que busca reforzarse en la lucha por el copamiento del mercado mundial. Pero, en el plano continental, el nacionalismo burgués le opone a la “liberalización” comercial la autarquía económica y una supuesta integración regional en la cual sus gobiernos han fracasado sin atenuantes. El proteccionismo, por otra parte, es también una variante ajustadora, puesto que blande la amenaza de la competencia internacional para desvalorizar los salarios, a través de ataques a los convenios o a través de salidas devaluacionistas. Al denunciar el carácter imperialista y antiobrero de la OMC, llamamos a una acción obrera internacional para defender las conquistas obreras amenazadas, y para abolir los acuerdos que conducen a la privatización del conocimiento, la educación y de la salud. A los imposibles acuerdos interimperialistas -que apenas enmascaran la tendencia a la rapiña y a la guerra- le oponemos la unidad internacional de los trabajadores. La crisis de la OMC demuestra la contradicción insoluble entre el desarrollo de las fuerzas productivas -que ha superado largamente el marco de las fronteras nacionales- y el carácter nacional de los Estados que actúan como gendarmes de la acumulación de capital de las corporaciones imperialistas. Esa contradicción sólo puede resolverse progresivamente mediante la superación del capital y sus Estados, y una “armonización” mundial bajo la única clase que reconoce intereses sociales comunes: la clase obrera.

“Esta reforma contra los jubilados no se puede separar de la reforma laboral que también quieren tratar en este Congreso. Por lo tanto, tenemos un “paquetazo” de ataques a los trabajadores, a los jubilados y a la población que menos tiene. En primer lugar, un debate real sobre cuál debe ser el papel de los jubilados y de los trabajadores activos debe hacerse con los jubilados y los trabajadores, y no a espaldas de ellos. En segundo lugar, y si tomamos al sistema previsional en un sentido histórico, vemos que su crisis tiene que ver con el sistemático y persistente vaciamiento de las cajas jubilatorias, década tras década, gobierno tras gobierno, que se han llevado lo que les pertenecía a los trabajadores activos y que han puesto en riesgo, por lo tanto, el futuro de los jubilados. Quiero traer nuevamente a colación la situación de la provincia de Buenos Aires, de la cual soy orgullosa docente. Allí venimos resistiendo los embates gubernamentales en defensa de la escuela pública. Pero, justamente el Instituto de Previsión Social (IPS), que es la caja de nuestra provincia, es superavitaria y, sin embargo, de buenas a primeras, apareció un borrador para armonizarlo con el sistema nacional, es decir para sacar los fondos de IPS y de un plumazo aumentar la edad jubilatoria, cambiar las fórmulas de pago y adaptarlas a esta miseria que es el sistema nacional. Quiere decir que la modificación al sistema previsional no tiene nada que ver con una cuestión de déficit. Acá se intentaba discutir la sustentabilidad de las jubilaciones, si es mejor la fórmula actual o la que nos quiere imponer. Yo quiero decirles que eso se resuelve muy fácil. El objetivo es el 82 por ciento móvil sobre el salario del trabajador activo, no esta mentira del 82 por ciento sobre el mínimo vital y móvil, que es la trampa que nos quieren colocar. Esto se puede lograr si se restablecen las cargas patronales, las retenciones a las mineras y a las petroleras, se investiga el endeudamiento externo fraudulento que se lleva las riquezas del país. Por supuesto que se puede resolver. Por último, quiero decir que este acuerdo entre los poderes Ejecutivo nacional y provinciales, en el que los gobernadores han puesto la huella digital en este saqueo a los jubilados, no es el resultado de una extorsión sobre los ‘pobres’ gobernadores. ¡De ninguna manera! Los gobernadores que firmaron, los de todos los bloques políticos sin excepción, de todos los que se dicen opositores acá y que han entregado a sus jubilados, lo hicieron porque tienen un acuerdo estratégico con esta orientación económica, social y política, que el gobierno macrista, con toda esta ayuda de la oposición, quiere imponer.”

El gobierno ha montado el saqueo a los jubilados con los métodos propios de un robo -o sea, a través de un golpe de mano de carácter parlamentario. Aunque estaba previsto votar la reforma previsional el 20 de diciembre, resolvieron apurar su tratamiento para la tarde de este jueves, apenas unas horas después del escandaloso trámite que aprobó la reforma “en comisión”. Las razones del apuro son claras: temen que el repudio popular al saqueo jubilatorio gane terreno con el paso de los días. Para el 20, crecía el número de organizaciones que preparaban acciones de lucha sobre el Congreso. En las fábricas y en todos los lugares de trabajo crece la enorme conmoción causada por el robo jubilatorio. Los esfuerzos oficiales para disimular el despojo en marcha no han prosperado. Ni los medios oficialistas han podido ocultar el robo de 100.000 millones de pesos como resultado del cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, lo que afecta también a los beneficiarios de la AUH y las asignaciones familiares. En el paquetazo oficial está también el aumento “optativo” de la edad para jubilarse, junto a una reducción de aportes patronales que agravará el desfinanciamiento de la Anses. La contracara de esta reducción de derechos jubilatorios es el anuncio de una ampliación presupuestaria que destinará 75.000 millones de pesos adicionales para el pago de comisiones e intereses de la deuda pública. O sea, casi la misma cifra que implica el ajuste a los pasivos. Las largas parrafadas sobre la “sustentabilidad previsional” se han venido abajo: los recursos del presupuesto que dejan de sostener a los jubilados van a las manos de los acreedores internacionales. Como ocurriera bajo el kirchnerismo, los fondos de la Anses sirven al pago de la deuda usuraria. No hay que olvidar que esta reforma previsional le fue exigida al gobierno por parte del Fondo Monetario, el representante mayor de los acreedores de Argentina. Entramado político Aunque el gobierno ha precipitado su aprobación, el saqueo jubilatorio es el resultado de un largo entramado político que envuelve a la seudo-oposición, incluso a aquella parte que ahora se rasga las vestiduras por “los abuelos”. Los votos necesarios le serán aportados, en principio, por el flamante bloque pejotista Federal, que incluye a los diputados de varias provincias que aprobaron el pacto fiscal con el macrismo. Ese acuerdo financia la reducción de impuestos a los capitalistas con los fondos previsionales. Pero más allá de este bloque colaboracionista, el pacto fiscal, que forma un rompecabezas inseparable con el golpe a los jubilados, también fue firmado por Alicia Kirchner. En cuanto al Frente Renovador, su reducido bloque actual ya no es decisivo a la hora de los votos, lo que le permite a los massistas hacer demagogia y rechazar la ley. Pero sus diputados también contribuyeron a este entramado, al votar las leyes que habilitaron el reendeudamiento y la falsa “reparación” a los jubilados, que sólo ha resarcido a una parte menor de quienes litigaban contra el Estado -pero sí sirvió de excusa para un indulto generalizado (blanqueo) en favor de los evasores capitalistas. El golpe a los jubilados no puede juzgarse por separado de ese derrotero de hipotecamiento y beneficios impositivos al capital, del cual ha participado toda la oposición patronal. El asedio de los jueces de Comodoro Py, que se extiende desde los funcionarios kirchneristas hasta los Manzur o Schiaretti, tiene por norte reforzar la extorsión a los opositores para la aprobación de este paquete reaccionario, que debe completarse con la reforma laboral. La puntada final al proyecto oficial se la dio nada menos que Elisa Carrió, quien se jacta de haber sido votada por la mayoría de los adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. La diputada oficialista se mostró “preocupada” por lo que resultaba evidente, a saber, que la aplicación del nuevo índice implicaría un despojo de 9 puntos porcentuales en el aumento a percibir en marzo -ello, por considerar solamente los datos de inflación del último trimestre y desestimar el ajuste de todo el semestre transcurrido. Pero, en cuestión de horas, la “preocupación” se tornó en un voto de confianza incondicional en la ley oficial. Lo cierto es que el gobierno no estaba dispuesto a mover una coma del proyecto que envió el Senado, para lograr su aprobación sumaria. En nombre de esta exigencia, Carrió se puso al frente de la maquinaria de engaño oficial y caracterizó a la ley como beneficiosa. Los de arriba y los de abajo Pero la decisión oficial de precipitar esta votación no sólo se relaciona con la inquietud popular, que se va a expresar con toda su fuerza en las puertas del Congreso de este jueves. El gabinete macrista mira también a los acreedores internacionales y al gran capital, que exigen garantías para el repago de un endeudamiento creciente, Macri se ha convertido en un cortesano de la OMC, del G20 y de la Unión Europea. Los resultados, por ahora, son magros o inexistentes: además de cargar con sus propias contradicciones, el macrismo enfrenta los límites de la bancarrota internacional. En ese cuadro ha resuelto ofrendarle los fondos jubilatorios al capital financiero. Es necesario ver este cuadro de conjunto para reforzar la organización y movilización contra el paquete antiobrero. En las últimas horas, y mientras escribíamos estas líneas, crecía la determinación de concurrir al Congreso con todo este jueves, para que no pase el robo jubilatorio. Al mismo tiempo, el gobierno ha dispuesto una verdadera militarización en las cercanías del Congreso. La CGT ha convocado a movilizar a sus “cuerpos orgánicos” este jueves, y a un paro...pero recién para el viernes, si la reforma resulta votada. La burocracia toma nota del clima popular, pero en vez de parar el día mismo del tratamiento de la ley adopta una medida dilatoria y de “descompresión” de la bronca en ascenso. En cualquier caso, es necesario que empeñemos todas las fuerzas en rodear el Congreso este jueves, para impedir que pase el saqueo jubilatorio. El Partido Obrero convoca en estas horas a debatir y organizarnos en todos los lugares de trabajo, promover asambleas para resolver la concurrencia a Congreso y, allí donde sea posible, el cese de tareas con ese objetivo.

En conferencia de prensa, el secretario adjunto de la seccional Río Grande de la UOM informó que no homologarían el acuerdo de congelamiento salarial por dos años. Sin embargo, al día siguiente, 6 de diciembre, se hizo presente en el Ministerio de Trabajo el secretario adjunto de la UOM Nacional para dar curso a la homologación del acuerdo con la patronal. Río Grande es la “ciudad obrera” de Tierra del Fuego, el lugar en el que se concentra la gran mayoría de plantas de la industria electrónica, que en su totalidad emplea unos 10.000 trabajadores. La enorme insatisfacción que se fue apoderando de los trabajadores a medida que fueron conocidos los términos del pacto y el decreto firmado por Macri autorizando las licencias automáticas para la importación de productos electrónicos, forzó el paso atrás de la dirección sindical de Río Grande. Un acuerdo tramposo que nadie conoce El acuerdo fue firmado por la burocracia nacional de la UOM, la cámara empresaria (Afarte), las seccionales metalúrgicas de Tierra del Fuego y el gobierno, como un conjunto de beneficios recíprocos para “salvar la industria nacional”. Esta presentación del acuerdo es una impostura mayor. Se trata de un plan de guerra no sólo contra los metalúrgicos, sino contra los trabajadores en su conjunto, en la medida que pretende paralizar la acción de lo que constituye la columna vertebral del movimiento obrero a través de la paz social. Los recursos que se obtengan de esta ofensiva se utilizarán para rescatar a una capa de empresarios parásitos, que han sido incapaces de construir otra cosa que ensambladoras a pesar de contar con el régimen de promoción industrial más beneficioso que se haya creado en el país… ¡durante 45 años! El texto del acuerdo plantea un compromiso de paz social, con la pretensión de que todos los conflictos se resuelvan a través del diálogo, a cambio de que “las empresas -léase bien- aseguren la cantidad de personal efectivo y efectivo de prestación discontinua… hasta el 30 de junio de 2020”. Adviértase que la supuesta concesión de la preservación de puestos de trabajo sólo rige para el personal efectivo y no para los contratados pero, aún así, ¿es que los empresarios se atan las manos a la hora de despedir? No. El artículo 3 del acuerdo establece una salvedad mortal: “la preservación de puestos de trabajo" se producirá “salvo que ocurran cambios drásticos de contexto (…) y/o cuestiones disciplinarias que lo ameriten”. Es decir, el compromiso de no despedir está escrito en el agua. ¿Quién definirá “los cambios drásticos de contexto” o “las cuestiones disciplinarias”. Los empresarios, el gobierno y la burocracia de la UOM. Trabajador, saque sus conclusiones. Esto llega luego de haber impuesto una sangría que significó no menos de 5.000 cesantías en el último año. Esto llega luego de una política de precarización laboral en función del rescate de las patronales fueguinas que no comenzó ahora. ¿No fue acaso Tomada, ministro de CFK, quien firmó el acuerdo para implantar –ilegalmente- los contratos provisorios? El corazón del acuerdo es el intento de inmovilización del movimiento obrero fueguino mientras se desenvuelve un proceso de asfixia de las fuentes de trabajo con el cambio tributario que se ha puesto en marcha. El gobierno plantea reducir progresivamente los impuestos a los productos electrónicos importados o fabricados en el continente, que pasará en 2018 del 17 al 10,5% y llegará a un 0% en 2024. Como la mayoría de las plantas de la industria en Tierra del Fuego son, a la vez, importadoras, harán el negocio reiterado de traer conjuntos o partes, continuando con la aniquilación de puestos de trabajo. Estado de asamblea, elección masiva de delegados, congresos de delegado Cualquiera puede darse cuenta que estamos en un punto de inflexión. Los trabajadores de Tierra del Fuego han sufrido dos derrotas: una, con los despidos masivos ya producidos; otra, con el ajuste impuesto a los estatales y jubilados (una obra de bestialidad mayor). Ninguna de ellas ha significado un golpe decisivo, pero gobierno, empresariado y burocracia sindical están en el camino de intentarlo. El Partido Obrero plantea: • No al pacto contra los trabajadores que congela sus salarios. Que se dé a publicidad y se distribuya masivamente el acuerdo firmado para que no haya compañera/o que no lo conozca y pueda dar su opinión. • Control obrero a través de comités electos por los trabajadores en cada planta de la industria electrónica, textil y otras para abrir los libros, determinar exactamente lo que se puede importar en función de impedir el reemplazo de mano de obra nativa y, más aún, de extender el empleo. • Asambleas y elección de delegados en todos los lugares de trabajo y convocatoria a congresos de delegados para centralizar un plan de lucha en función del salario, la defensa de los puestos de trabajo y el reparto de horas de trabajo, frente a la desocupación. • Desprocesamiento y nulidad de las causas contra los trabajadores (incluyendo los actos punitivos del gobierno, como la anunciada exoneración a dirigentes docentes). • Construir una Coordinadora Sindical Clasista.

Macri dio la orden el 30 de octubre en el CCK: “No puede ser que haya más de 3.000 sindicatos y sólo 600 firmen paritarias anuales”, dejando en claro cuál era la condición para “sobrevivir”. Todo un apriete. El ajuste del gobierno, los gobernadores y la CGT requiere de sindicatos obedientes que firmen paritarias a la baja y convenios flexibles, como el de la UOM Tierra del Fuego, con congelamiento salarial hasta 2020, y que fue rechazado por la asamblea obrera. Ahora, el patronal Triaca avanzó. El 6 de diciembre, en el Boletín Oficial, se publica la disposición 17-E/2017, que arremete contra sindicatos simplemente inscriptos y con personería gremial que no hayan cumplido con las obligaciones estipuladas en la ley 23.551, de asociaciones sindicales, cuya base es la injerencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), favoreciendo al unicato como forma de control del Estado y de la burguesía sobre las organizaciones de trabajadores. Se habla de 450 sindicatos que se darían de baja, pero no se publica ninguna nómina, lo que puede facilitar “mechar” varios de genuina existencia, entre otros sin vida sindical real. En la mira está el Sitraic (construcción), sindicato de clase y democrático desarrollado desde las obras, que logró alcance nacional contra el sindicalismo empresarial de la Uocra de Gerardo Martínez, amparado por el gobierno K y el actual. También está AGTSyP (subte), otro sindicato surgido contra la burocracia sindical, a quien este gobierno le quitó la personería gremial, un regalo para la UTA. La lista apuntaría a los “simplemente inscriptos”, en condición de mayor fragilidad, en lo que es otro favor a las cúpulas sindicales. El MTESS otorga la categoría de personería gremial o de inscripto en base a quien detenta más afiliados, competencia cuyo resultado se adjudica a discreción el ministerio. Un ejemplo es el de Aduba, el sindicato del Rectorado de la UBA y con personería gremial, que sistemáticamente afilia inconsultamente a docentes para no perder alguna diferencia con el sindicato clasista AGD-UBA, simplemente inscripto y real canal de lucha y de organización de la docencia, con comisiones electas en 15 unidades de la UBA. Así se alimentan “sindicatos de padrón”, por encima de genuinas organizaciones obreras. Reforma laboral y unicato Este decreto apareció en el artículo 120 de la primera propuesta de reforma laboral, facultando al MTESS a actualizar el Registro Nacional de Asociaciones Sindicales de su ámbito. Una ofrenda a los gordos de la CGT y al unicato, uno de los motivos de casta o de “mafia” que explica el apoyo a la ley flexibilizadora. Las trabas y demoras en la reforma laboral determinaron al gobierno a apurar este decretazo del MTESS: es la tendencia al estado de excepción en el campo sindical. El ministerio, juez y parte Es potestad del MTESS la homologación de estatutos, de convenios colectivos y acuerdos salariales, certificación de autoridades, memorias y balances, rúbrica de libros, autorización de descuentos de la cuota sindical, entre las principales. La resolución de “regularización” apunta a gremios que durante tres años no hayan demostrado “efectiva voluntad asociacional de mantenimiento de su vida institucional y cumplimiento de sus obligaciones legales”. Pero resulta que, inscriptos o con personería, todos dependen del MTESS para cumplir las obligaciones que fija el propio MTESS. Si éste no cumple con su obligación, obliga a los sindicatos a estar “irregulares”. Es así que no se homologan estatutos o sus reformas cuando apuntan a profundizar la democracia sindical en la vida interna, la participación de minorías o las facilidades para ser candidato. Incluso el ministerio ha observado estatutos por plantear como causal de desafiliación la condena por delitos de lesa humanidad -una cobertura a los Gerardo Martínez- o por violencia de género. Otra extorsión a los que no se disciplinan es la demora en la certificación de autoridades, impidiendo el normal funcionamiento de los sindicatos y dejando sin inmunidad gremial,a merced de las patronales, a sus comisiones directivas. Igual papel tiene no autorizar el cobro de las cuotas sindicales o no entregar libros rubricados, exigidos por el mismo MTESS. El mecanismo es simple. El ministerio exige lo que el propio ministerio no entrega. Aprietan a los que no aceptan los topes salariales (aceiteros), a los que se rebelan contra el unicato, a los que se organizan en base a la democracia sindical (en independencia de las patronales y los gobiernos de turno), a los que cuestionan el encuadramiento (subte) y así de corrido. La disposición publicada en Boletín Oficial es transparente cuando en uno de sus párrafos expresa que las obligaciones que se le exigen a las asociaciones sindicales responden a “resguardar el orden público y permitir la tarea de control o regulación de parte de los órganos administrativos competentes del Estado”. Contra la injerencia del ministerio y las reformas antiobreras El Estado argentino, y el macrismo en particular, conciben a los sindicatos como organizaciones de contención y regimentación del movimiento obrero, el fin contrario a su función histórica de clase. Al igual que este decreto, que es parte de la reforma laboral, la defensa de nuestros sindicatos es parte de la lucha contra el plan de guerra de Macri y los gobernadores y que cuenta con la complicidad de la CGT. A partir de una iniciativa de AGD-UBA, hace 15 días, Sitraic, Sipreba y Adunlu, entre otros sindicatos inscriptos, comenzamos a reunirnos para enfrentar juntos la ofensiva del ministerio, a la vez que nos sumamos a las movilizaciones contra las reformas laboral y previsional. El próximo paso será presentar nuestros reclamos en organismos internacionales el 21 de diciembre. Vamos por la defensa de nuestros sindicatos, por la derogación de la ley 23.551 y por la independencia de las organizaciones gremiales del Estado.reforma-

En la última semana, la enorme gesta de los obreros de MAM se ha instalado en el centro de la situación política provincial. Luego del brutal desalojo policial de la fábrica, que desde hacía cinco meses se encontraba ocupada por los trabajadores, el conflicto pasó a tener una enorme repercusión pública. El desalojo dejó a más de una docena de obreros y a otros tantos militantes heridos fruto del impacto de balas de goma, y al diputado del PTS-FIT Raúl Godoy con una grave lesión en su pierna, también por un disparo policial. La asamblea obrera que se realizó luego de que fueran liberados los cinco compañeros detenidos en el momento del desalojo de la fábrica, determinó la instalación de un acampe en las puertas de la empresa; el reclamo a la CTA de un paro provincial y movilización en repudio a la represión, que se concretó el lunes 11; la participación en la asunción de Patricia Jure como concejala del Frente de Izquierda el domingo 10 y de la Marcha de la Resistencia junto a la Madres de Plaza de Mayo el mismo día por la noche. La batería de iniciativas impulsada por los obreros terminó de instalar en la consideración popular la lucha de los trabajadores de MAM. Especialmente la movilización a la asunción de Patricia Jure -que juró con el mameluco de MAM que le regalaron los obreros y donde los trabajadores pudieron increpar a los funcionarios provinciales- y el enorme paro y movilización del día 11, que reunió a más de 9.000 trabajadores. La lucha de los obreros de MAM ha dejado expuesto al gobierno provincial ante la opinión pública. La plena complicidad del gobierno del MPN con la patronal vaciadora del grupo BM quedó en completa evidencia con el brutal desalojo policial del viernes pasado. Perspectivas La repercusión pública que tomó el conflicto y la enorme adhesión popular que recogieron los obreros, obligó al gobierno y a la patronal a convocar a una mesa de negociación, luego de meses de no haber ofrecido nada, apostando al desgaste y al desgrane del colectivo obrero en lucha. Sin embargo, todo indica que la orientación de la patronal continúa siendo consumar el vaciamiento de la fábrica para proceder a una reconversión hacia la industria petrolera. La patronal continúa con el concurso de acreedores, que es el mecanismo típico mediante el cual se procede a las declaraciones de quiebra y a los cierres de la planta. Para disimular el vaciamiento, la empresa ha hecho ingresar a la fábrica a 15 carneros, a los cuales incluso ya les está ofreciendo retiros voluntarios. Ninguno es personal especializado, capaz de poner en funcionamiento la planta, ya que los trabajadores más capacitados son parte del grupo de trabajadores en lucha. La empresa continúa militarizada y las ‘propuestas’ patronales de reactivación son un cúmulo de provocaciones, que apuntan a dividir al colectivo obrero y doblegar su lucha. Ni siquiera se encuentran garantizadas las indemnizaciones para los despedidos. A pesar de todo esto, la moral de los obreros es altísima y mantienen una enorme voluntad de seguir peleando. Es necesario valerse de eso y de la enorme adhesión popular para continuar tomando iniciativas. Hay que colocar el eje de la denuncia en la complicidad del gobierno con la patronal, que pretende cerrar la fábrica, y en su responsabilidad de dar una salida al conflicto. Al cierre patronal es necesario oponerle el planteo de la estatización de la fábrica, sin indemnización al vaciador Bergese, y su reactivación con todos los compañeros adentro.

"Para terminar con la opresión a la clase obrera, por el pase a planta de los precarizados, por justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Carlos Fuentealba, por el gobierno de los trabajadores y el socialismo. Sí, juro”. Mientras decía estas palabras, la flamante concejal neuquina del FIT, Patricia Jure, iba mostrando y depositando los cartuchos de balas de goma y gases lacrimógenos que disparó la policía en el desalojo de MAM el viernes 8. Jure fue acompañada por una movilización de todos los obreros y la Comisión de Mujeres de MAM en lucha, Aten Plottier, las despedidas municipales y el Partido Obrero.

1. La detención de funcionarios del gobierno anterior y el pedido de desafuero de la ex presidenta es la judicialización de un acto netamente político, que fue refrendado por el Congreso. Que un juez se arrogue el derecho de considerar a una ley del Congreso como un acto delictivo es un hecho inadmisible, que apunta a la creación de un verdadero estado de excepción. La orientación social y política de ese régimen excepcional es clara: en el plano interno, hacer pasar el ajuste contra trabajadores y jubilados. En la política internacional, actuar como peón de los intereses de Trump y del Estado de Israel. 2. Cuando fue tratado por el Congreso, el Partido Obrero denunció al memorándum con Irán como otro paso en la política de encubrimiento respecto del caso de la Amia. En nombre de este acuerdo, el Estado argentino volvía a eludir la investigación de la llamada ‘conexión local’, donde aparecían entrelazados elementos del aparato represivo del Estado e incluso personeros locales del Estado de Israel. Mientras tanto, los archivos de la ex Side referidos al atentado a la Amia continúan siendo un secreto celosamente guardado y vedado para todos los que exigen el esclarecimiento de este episodio. Al propugnar el memorándum, el kirchnerismo no hizo sino acompañar los vaivenes de la política imperialista en relación con la cuestión de Medio Oriente. El kirchnerismo nunca dejó de condenar a Irán por el atentado -incluso impulsó una ley antiterrorista a pedido de los yanquis, citando como antecedente y excusa al atentado a la Amia. Al suscribir el memorándum, el kirchnerismo no dejó de sostener la acusación contra Irán. Como lo reconoció la ex presidenta, el propio Obama se interesó en el acuerdo, ya que constituía una suerte de globo de ensayo en la incipiente política de acuerdos entre el Departamento de Estado y el régimen iraní. El kirchnerismo, por lo tanto, se movió como un peón de la administración demócrata, o al menos creyó contar con su aval. Por los mismos motivos, el memorándum fue aprobado en el Congreso, pero no logró el aval del parlamento iraní, probablemente porque no levantaba las órdenes de captura (alertas rojas) contra los funcionarios iraníes imputados. 3. Ahora, el Estado argentino -con Macri a la cabeza- vuelve a acompañar un viraje del imperialismo, en este caso, la reanudación de una línea belicista de Trump con Irán, en completa sintonía con el Estado de Israel. Precisamente, el fallo de Bonadío es casi simultáneo a la decisión de Trump de proclamar a Jerusalén como capital de Israel, en abierto choque con la causa palestina y satisfaciendo las exigencias de Nentanyahu. El gobierno y la Justicia argentina, en este caso, vuelven a actuar como un peón del Departamento de Estado y, más grave aún, a avalar la política belicista del imperialismo, que cobra nuevos bríos en Medio Oriente, como lo prueban las provocaciones a Irán, la guerra civil en Yemen y la crisis política en Arabia Saudita. 4. El gobierno de Macri carece de toda autoridad para presentarse como defensor del esclarecimiento del atentado a la Amia. Recordemos que siendo jefe de Gobierno porteño, el actual Presidente nominó como jefe de la Policía Metropolitana al “Fino” Palacios, haciendo caso omiso a la acusación en su contra por encubrimiento del atentado a la Amia. Esta política de encubrimiento alcanzó a la Justicia Federal en general y a Bonadío en particular, que fue apartado en el pasado de la causa Amia por ser cómplice del encubrimiento del atentado. 5. Pero la decisión del juez Bonadío se proyecta más allá de la causa Amia: en la medida que judicializa una decisión política, convierte al Congreso en un cascarón vacío y sienta los principios de un estado de excepción, donde cualquier acción de carácter político puede quedar al arbitrio de fallos e incluso detenciones sumarias. Lo mismo vale para el pedido de desafuero a la ex presidenta, que la Justicia pedirá que el Senado apruebe en forma expresa y sin debate. 6. La judicialización política, por parte de un Poder Judicial corrompido y alineado con el imperialismo, debe ser denunciada como un avasallamiento a la democracia y a la autonomía nacional. Argentina debe mirarse en el espejo de Brasil, donde la Justicia ha tomado en sus manos buena parte de las decisiones más trascendentales del país sin pasar por ninguna elección popular. Rechazamos las detenciones y desafueros; denunciamos este nuevo sometimiento del régimen argentino a los designios del imperialismo y de la guerra, y reclamamos la apertura de todos los archivos de la ex Side sobre la causa Amia. 7 de diciembre de 2017

¿Cuáles son los intereses que guiaron la política de los gobiernos K en la cuestión de la Amia? En 2004, Néstor Kirchner puso al frente de la causa al fiscal Alberto Nisman y colocó como su mano derecha al espía Antonio Stiusso, de la Side y ligado a los servicios norteamericanos e israelíes. Fue quien proporcionó las “pruebas” aportadas por el FBI, la CIA y el Mossad respecto de la supuesta participación de funcionarios iraníes, y que en 2006 Nisman convirtió en un dictamen, cuya única función fue apuntalar los objetivos de la diplomacia norteamericana en Medio Oriente. En 2006, el rabino Israel Singer, titular del Congreso Judío Mundial, se comunicó con Néstor Kirchner para plantear “la importancia de lo realizado por la Justicia argentina para responsabilizar a Irán y al Hezbollah por el atentado a la Amia (lo que) coloca a Argentina en un lugar significativo de la lucha contra el terrorismo” (La Nueva, 2/11/06). En 2010, con CFK como presidenta, el Congreso yanqui produjo un documento “aplaudiendo al gobierno de la Argentina por sus continuos esfuerzos en la investigación del atentado a la Amia” (Ambito Financiero, 8/7/10). El saludo no estaba vinculado con los logros de la investigación –nulos-, sino a la sintonía de la política del gobierno argentino con la diplomacia yanqui que, en ese momento y junto a Israel, tenía en la lista de sus enemigos fundamentales al régimen iraní, considerado “el eje del mal” en la “guerra con el terrorismo”. Esto, en particular desde que Irán anunció su disposición a llevar un plan independiente de energía atómica -antes, en 2006, Hezbollah, con el auspicio de Irán, había derrotado a Israel en la “Guerra de Julio”. De la pista siria a la iraní El seguimiento ciego a la política yanqui explica que “el fiscal Nisman, en sintonía con el gobierno (CFK), empezara investigando la pista siria para luego de tres años volver a la pista iraní” (Clarín, 8/7/10). ¿Por qué el cambio? Siria acababa de pronunciarse en favor de los acuerdos de paz con Israel, en sintonía con la línea de Estados Unidos en Medio Oriente. Los cables de la Embajada norteamericana en Argentina, dados a conocer por Julián Assange, revelaron que “Nisman recibía órdenes directas de la Embajada estadounidense de no estudiar la pista siria y la conexión local, y dar por cierta la culpabilidad de los iraníes… que Nisman le anticipaba sus dictámenes y los fallos del juez Canicoba Corral a la Embajada (norteamericana) con varios días de anticipación” (Santiago O’Donnell, Argenleaks, 2011). El armado de la “investigación” trajo consigo la subordinación de las fuerzas de seguridad argentinas a la CIA, la DEA y el Mossad. En esto no estuvo sólo CFK. Mauricio Macri declaró, en una reunión con las cúpulas de la Amia y de la Daia, que había nombrado a “Fino” Palacios, admitido destructor de pruebas del atentado a la Amia, al frente de la Policía Metropolitana “por recomendación expresa de la CIA y el Mossad” (La Nación, 4/7/20). Viraje y continuidad Hasta fines de 2010, CFK acusó al gobierno de Irán por encubrir a los culpables del atentado a la Amia. En 2011 pegó un viraje, planteando a Irán la formación de una comisión llamada a desentrañar lo ocurrido. Este giro fue otro monumento a la impunidad, pues excluyó al conjunto de la trama mafiosa estatal -“conexión local”-, no obligó a las partes a nada y murió al momento de nacer. De cualquier modo, jamás rompió con la estrategia diplomática y política del imperialismo norteamericano que, por aquellas fechas, iniciaba las tratativas que conducirían al acuerdo nuclear con Irán. El Memorándum vino a coincidir con el ascenso de Rohaní, cabeza política del cambio de frente de la burguesía iraní, orientada al acuerdo con el imperialismo y a ser parte, junto con el gobierno de Putin y Estados Unidos, del plan de recambio “ordenado” (fallido) en Siria. A esta altura nadie puede desconocer la filiación proimperialista de la diplomacia de ambos gobiernos K que, como los anteriores, encubrieron las responsabilidades del atentado terrorista contra la Amia, dejando hacer a los servicios de espionaje. El gobierno de Macri vuelve a transitar ahora la misma senda, acompañando otro viraje del imperialismo: la línea de confrontación bélica de Trump con Irán, en total sintonía con el sionismo. El juicio y castigo en el “caso” Amia plantea, como primer paso, abrir los archivos de la ex Side y de todas las fuerzas de seguridad sobre el atentado, y exigir la apertura de los archivos de todos los Estados y servicios involucrados. Néstor Kirchner prometió abrir esos archivos, pero jamás lo hizo (sólo los guardados en la presidencia, un manojo de recortes inútiles), quizás a conciencia de que esto podría sacar a luz que los autores materiales de las masacres estaban bien cerca, entre los miembros de los servicios de inteligencia, jamás depurados de los “grupos de tareas” de la dictadura. La oposición se niega a plantear este reclamo porque comparte la política de encubrimiento. La caída de la impunidad revelaría una estructura mafiosa con un conjunto de protagonistas: Estados Unidos y la CIA, los gobiernos argentinos desde Alfonsín hasta los K, los gobiernos y servicios de Israel, Irán y Siria, las dirigencias de la comunidad judía…

El llamado del PTS a los legisladores de la oposición a “que no se escuden en su disciplina de bloque o acuerdos con la Casa Rosada y rechacen esta nefasta ley (previsional)” es antagónica con el rol que nos toca a los legisladores socialistas del Frente de Izquierda. La respuesta brutal de todo el arco político patronal ha sido constituir las comisiones vitales, proscribiendo a la izquierda y habilitando el tratamiento por asalto, en 48 horas, de unas reformas que confiscan a 17 millones de empobrecidos y al conjunto de la clase obrera con la extensión de la edad y los impuestazos y tarifazos. Antes de eso, el Senado le dio media sanción a la ley jubilatoria con la vieja composición dominada por el FpV. Justamente nuestra función es denunciarlos porque forman parte del acuerdo de Macri con todos los gobernadores, desde Vidal hasta Alicia Kirchner, pasando por el cordobés Schiaretti, por Urtubey de Salta y por el “socialista” Lifschitz de Santa Fe. Denunciar también que su “disciplina” incluye en varios casos a la burocracia sindical de la CGT, que es parte vital del acuerdo de la reforma laboral y de todo el paquetazo, como se aprecia en el hecho de que no movieron un dedo hasta ahora contra la reforma previsional y los tarifazos. El PTS se pregunta “cómo van a justificar que la única salida para el país es esta nefasta ley”. Ellos se buscan bien los argumentos, porque en el pacto político de Cambiemos con la oposición entra un reparto fiscal de las cajas que gobernadores e intendentes del PJ usan para defender los mismos intereses de dominación social que el macrismo. Por eso han coincidido los gobernadores de distinto signo. La pregunta de si ellos podrían vivir con 7.246 pesos, cabe realizarla como denuncia de clase de todo un régimen, por parte de quienes luchamos por el gobierno de los trabajadores, como lo hicimos en oportunidad del dietazo. Precisamente, macristas y kirchneristas votaron el dietazo este año, contra la moción de Soledad Sosa, después que nuestra denuncia en 2016 los hiciera retroceder casi un año por el repudio popular desatado. El PTS se ocupa de poner de relieve que la media sanción del Senado contó con el aval “del PJ de Pichetto”, salvando por omisión a los que votaron en contra. Nuestra función en la lucha política es otra muy diferente. En la crítica a la reforma antijubilatoria hay que involucrar toda la trayectoria del kirchnerismo, y señalar a Bossio y Massa, hoy integrantes de la oposición, que mandaron a juicio y apelaron sistemáticamente contra centenares de miles de jubilados, que usaron los fondos de la Anses para la mentira kirchnerista del “desendeudamiento”, política que hoy sigue el macrismo. No vamos a olvidar tampoco que Cristina vetó la ley del 82% del salario mínimo. Tenemos que poner de relieve que todos estos representantes políticos, que el PTS blanquea con su llamado, perpetuaron las rebajas de aportes patronales de Menem y Cavallo de 1993, por las cuales el sistema pierde, hace 24 años, centenares de miles de millones anuales -a dinero de hoy-, que podrían financiar el 82% móvil. Esto durante los gobiernos de De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. Por otro lado, todos garantizaron el descomunal porcentaje de trabajo en negro que desfinancia la Anses y desprotege al trabajador y la mentira de la ley kirchnerista de “blanqueo laboral” mediante la rebaja de aportes que restó aportes a la Anses y no blanqueó a nadie, como está a la vista. Los devaneos de Carrió son aleccionadores, cerró filas con el capital financiero y los reclamos del FMI en este punto. Lo mismo vale para la maniobra cosmética de cambio de fórmula de Pichetto. Es decir que estos legisladores, y las fracciones políticas que integran, votan por las convicciones de la clase capitalista a la que representan, hoy empeñada a fondo en el curso de ajuste macrista-pejotista a los trabajadores. El voto en contra de kirchneristas o del Frente Renovador de Massa, corresponde al “juego de la democracia” como elementos de reserva y de relevo, de ninguna manera a una oposición de fondo, porque todos ellos le han robado a los jubilados. El PTS muestra en esta carta una coherencia con su línea más o menos reconocida del “frente antimacrista” que desarrollaron en las elecciones (“2/3 votaron contra el ajuste”) en la carpa de Pepsico (reunión electoral con CFK) o apoyando entusiastas la movilización del 29 de noviembre, convocada por los kirchneristas, pero boicoteando la gran movilización independiente a Plaza de Mayo del 6 de diciembre. La función de nuestros diputados, que ya empezó a llevar con toda agudeza Romina Del Plá, es conectar la crítica socialista a las reformas antiobreras, con la movilización de la clase obrera. Al servicio de ella realizamos la columna independiente del 29 del mes pasado ante la convocatoria de un sector de la burocracia sindical y la formidable movilización del 6 de diciembre con sindicatos y organizaciones sociales a Plaza de Mayo, a partir de la iniciativa de la Coordinadora Sindical Clasista. En la misma línea, Jubilados Clasistas ha propuesto una línea de autoconvocatoria a las organizaciones de lucha del sector. Al salir este número de Prensa Obrera estaremos ya rodeando el Congreso ante el golpe parlamentario.

El domingo 17 de diciembre, desde las 12 horas, en el Parque Pereyra Iraola, el Partido Obrero cierra un año de grandes luchas con el ya tradicional Picnic. En medio de una brutal ofensiva del gobierno con la complicidad de los gobernadores y la oposición, para arrebatarle sus haberes a los jubilados y para imponerle a la clase obrera un fuerte retroceso salarial y en sus condiciones de trabajo, el picnic será una instancia de debate y de organización para enfrentar los desafíos que tenemos los trabajadores de cara al 2018 -y, en lo inmediato, organizar la pelea contra la reforma previsional. Compañeros de todos los barrios, lugares de estudio y trabajo de Ciudad y provincia de Buenos Aires compartiremos una jornada de actividades deportivas, culturales y políticas con el cierre político a cargo de Romina Del Plá y Gabriel Solano, flamantes diputada y legislador del PO-FIT. El escenario central contará con la cumbia colombiana de Montando Comedia, el folk de Puratierra, el ritmo latino de Sucumbé y el cierre de tres destacadas bandas: Valentina Cooke & Lobos, Karamelo Santo y Las Manos de Filippi. También habrá un escenario con bandas obreras, con compañeros trabajadores de la alimentación, papeleros, telefónicos y gráficos. Habrá cuatro charlas-debate: “La respuesta del movimiento obrero frente al ataque del gobierno”, “La vigencia de la lucha contra la impunidad: desde los juicios de lesa humanidad a la desaparición de Santiago”, “La ofensiva capitalista contra la educación” y “El debate en el movimiento de mujeres hacia el 8 de Marzo” . También se presentará el libro El marxismo y la emancipación de las mujeres trabajadoras con la presencia de Cintia Frencia, coautora del libro. El picnic contará con muestras artísticas y fotográficas que abordarán el Encuentro Nacional de Mujeres, la lucha por justicia por Santiago Maldonado, y las luchas de 2017 (convocatoria abierta). Se presentará el Anuario Fotográfico de los Trabajadores; habrá una muestra de los 20 años de Fotografía de la Base y Noticiero Obrero y se exhibirán los trabajos realizados en el marco de la convocatoria de afiches “Diseño y revolución 100 años después”. El Polo Obrero, que va a participar con una gran delegación, montará una carpa con videos, fotos, folletos, mostrando el desarrollo extraordinario de la organización en este 2017, luchando por trabajo genuino, vivienda y por aumento de los planes sociales. Para los más pequeños, el espacio de recreación infantil contará con inflables, tejo, cama elástica, circo y juegos didácticos a cargo de compañeros especializados. También habrá juegos de rol para grandes y chicos. Y también habrá deportes (en el sitio del PO te podés inscribir junto a tus compañeros para los torneos de fútbol, vóley y ajedrez). Sumate a este gran evento. Por un 2018 de lucha obrera y socialista.

La sorpresa con que fue recibido en los círculos oficiales internacionales el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, es obviamente un caso flagrante de hipocresía. El Congreso norteamericano lo votó hace más de veinte años, en 1995, pero no se hizo efectivo por sucesivas dispensas semestrales del Poder Ejecutivo de turno. Esto descarta cualquier objeción del sistema bipartidista de Estados Unidos a la proclama de Trump, incluida la construcción de una embajada en esa ciudad milenaria. La crítica de que ese reconocimiento pone obstáculos o entierra la posibilidad de un “acuerdo de paz” sionista-palestino es simplemente un insulto a la inteligencia: esa perspectiva se encuentra bajo tierra desde hace mucho tiempo. La confiscación de asentamientos palestinos en los territorios ocupados por Israel en la guerra de 1967, avanza de forma implacable. El acaparamiento ininterrumpido de la totalidad de la Palestina histórica ha sido complementado, por parte del régimen sionista, con la proclamación de Israel como “Estado judío”, lo cual excluye de la soberanía política a los árabes palestinos residentes en sus actuales fronteras y en especial a los que queden atrapados en las futuras. En la arquitectura más promisoria de los “dos Estados”, la población palestina retendría un 15% de los territorios, bajo la vigilancia política y militar de Israel, incluido el control de su sistema tributario eventual. En virtud de estos hechos consumados, los sectores progresistas de Palestina y de Israel han declarado muerta su reivindicación de “dos Estados”, y la han sustituido por la de un Estado único con derechos iguales para todos los ciudadanos, que incluye el retorno de los refugiados; de lo contrario, el avance continuo de la colonización sionista crearía un sistema de “apartheid” -en alusión al que rigió durante más de medio siglo en Sudáfrica. Un futuro Estado de Israel privado de la supremacía judía no es, sin embargo, más que una ensoñación febril: esa posibilidad está condicionada a la destrucción política (revolucionaria) del sistema estatal vigente. Intervención imperialista en ruinas La declaración de Trump, de todos modos, pretende más de lo que es capaz de conseguir. El ciclo de intervenciones militares por parte de Estados Unidos y sus asociados en Asia Central, desde la invasión en Afganistán, en Medio Oriente, se encuentra en ruinas -y en especial en la nación afgana. Ha visto la mayor ola revolucionaria en Medio Oriente, en especial el derrocamiento de Mubarak, en Egipto, como consecuencia de una insurrección popular. Se ha visto obligado a retirar gran parte de sus fuerzas militares de la región, para enseguida anunciar nuevos refuerzos; abandonar el método de guerra abierta por el de “persecución y destrucción”, al estilo de los ‘grupos de tareas’. Enfrentado a Irán, desde la revolución iraní de 1979 y la guerra Irak-Irán, tuvo que aliarse a los ayatollah para ocupar Afganistán y luego para derrocar a Saddam Hussein, lo cual ha dejado a Irak en manos de shiítas pro-iraníes. El fracaso de la intervención en Siria, apoyando a fuerzas armadas por la CIA, ha sido reconocido en forma oficial; Putin se ha tenido que hacer cargo de la ‘pacificación’ del país mediante bombardeos masivos. Trump ha reforzado su presencia militar en Siria con al menos dos mil soldados. Estados Unidos ha alienado la alianza con Turquía, que integra la Otan, por el apoyo a los contingentes kurdos que combaten a Bashar al Assad en Siria, y ha tenido que admitir el remedio de alianza que han establecido el turco Erdogan y el ruso Putin -lo que explica la tentativa frustrada de derrocar al ‘sultán’ de Ankara por medio de un golpe. Más grave aún es la desintegración política del régimen saudita, que tiene a la mitad de la familia real en la cárcel, y los golpes que recibe la alianza de emiratos, por un lado, y Estados Unidos y Gran Bretaña, por el otro, en la guerra con los hutus en Yemen. El desmoronamiento del régimen saudita encuentra sus fundamentos en las insalvables contradicciones de su economía de despilfarro petrolero, pero por sobre todo en el desarrollo catastrófico internacional en todo Medio Oriente. Lo prueba el boicot a Qatar, que explota un riquísimo yacimiento de gas con Irán, que podría derivar incluso en una guerra. Qatar financia a Hamas en Gaza, al mismo tiempo que alberga la mayor base militar norteamericana en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita, en las condiciones de esta crisis generalizada, se ha convertido en el aliado principal de Israel. Varios observadores aseguran que el jefe de gobierno saudita convocó a Ryadh a Abbas, cabeza de la Autoridad Palestina, para intimarlo a que admita la soberanía integral de Israel sobre Jerusalén para conseguir el mentado ‘acuerdo de paz’ y los ‘dos Estados’. El Medio Oriente ha sido convertido en un polvorín de nuevas guerras imperialistas. Involucra a territorios y países que se encuentran en la “ruta de la seda” que busca abrir China, como corredor a Europa y Asia Central. En este contexto, la declaración de Trump debe entenderse como parte de una política de mayores intervenciones y agresiones en Medio Oriente, esta vez enfocada en un choque contra el llamado “eje Irán-Hezbollah-Siria”, que ya ha provocado una crisis política en Líbano. La cuestión palestina ha sido relegada a una política de conjunto en la crisis internacional en la región; o sea, en una carta blanca a Israel en la colonización de los territorios ocupados y en convertir estos hechos consumados en parte de una alianza política con Egipto, Arabia Saudita y los emiratos. Impotencia de los “críticos” La inocuidad de los adversarios de Trump queda demostrada por el presidente Macron, de Francia, que en estos días recibirá a Netanyahu para amonestarlo por no ofrecer indemnización a las víctimas de la expropiación de tierras y destrucción de viviendas en los territorios ocupados y en el este de Jerusalén. La ‘preocupación’ de Macron y otros líderes de la Unión Europea pasa por la interdicción por parte de Trump a las inversiones petroleras de sus rivales en Irán, como ocurre con la francesa Total, a la que ha amenazado con fuertes multas financieras. Se le adjudica a Putin una bienvenida ‘estilo Kremlin’ a la proclama de Trump: según sus diplomáticos, serviría para inclinar a más Estados árabes al campo de Moscú. No debe ser lo que piensa el nuevo zar de Rusia, que sabe que la Rusia restaurada carece de los medios económicos y políticos para imponer soluciones propias. Como lo demuestran las negociaciones acerca del fin de la guerra en Siria, Putin busca afanosamente un acuerdo con Trump -más allá del Medio Oriente. Ucrania y las sanciones económicas contra Rusia están en el tope de la agenda. Cuentan las voces malignas que Richard Nixon intentó salvar su presidencia con una oferta diplomática a Israel que le ganara el apoyo del ‘lobby’ sionista en Washington. Es la intención que algunos le atribuyen ahora a la declaración de Trump, enfrentado a la acusación de ‘conspiración’ con Rusia durante la campaña electoral norteamericana. Las inmundicias de la política burguesa juegan un rol relevante en el mundo de los carreristas de esa política. Trump estaría preocupado también con una ausencia de protagonismo de su electorado evangelista en Arizona, donde se vota para el Senado la semana que viene, debido a que el candidato del oficialismo se encuentra abrumado de denuncias de acoso sexual a mujeres jóvenes. Trump necesita ganar para dar un sustento parlamentario mayor a su gobierno, que solamente sigue en pie por la complicidad de sus adversarios. Trump sale también en socorro de Netanyahu, acusado de latrocinios enormes, incluida su mujer, que ha motivado manifestaciones de miles de personas en varias ciudades israelíes para reclamar su enjuiciamiento y encarcelamiento. En Palestina, el sionismo gobierna con la complicidad de las autoridades y fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, de una estrecha colaboración para perseguir a los activistas y luchadores. Para abatir la opresión sionista hay que limpiar este terreno. La conquista de la autodeterminación palestina y el regreso de los refugiados, así como la emancipación nacional y social en el Medio Oriente, depende por entero del desarrollo de conjunto de esta crisis internacional, por un lado, y de un abordaje socialista revolucionario de la vanguardia obrera, por el otro.