Prensa Obrera N° 1484

Las comisiones internas de las plantas de Knorr y Hellmann's, recientemente refrendadas por la mayoría de los trabajadores, han impulsado asambleas de planta, al finalizar la semana, para explicar el alcance de la reforma laboral. Las seis asambleas de los tres turnos debatieron el pacto entre Macri y la CGT, los detalles técnicos de la reforma y la necesidad de que los trabajadores respondan de manera contundente, abriéndose un camino opuesto al de la burocracia sindical. La posición de los trabajadores fue votada unánimemente: hay que rechazar la reforma laboral y movilizar el 6 de diciembre en la movilización impulsada por el Sutna y el sindicalismo combativo. Los trabajadores abren un camino bien opuesto al que ha trazado la directiva del sindicato de la Alimentación, encabezada por Daer, que hizo un plenario para desviar la lucha al Parlamento, echándole la culpa al pueblo por haber votado a Cambiemos; y que es parte orgánica de la CGT que ya pactó la reforma con Triaca y Macri.

La expulsión de Isis de sus últimos bastiones en Siria e Irak ha abierto un escenario explosivo. Lejos de atenuarse el conflicto que conmueve a la región, se recrean los choques de las fuerzas en presencia, incluida la amenaza de la guerra a una escala superior. Asistimos a una intensificación de la disputa por el control estratégico del Medio Oriente. La derrota de Isis a lo largo de la frontera con Irak ha consolidado un “puente terrestre” que une a Teherán con el Mediterráneo a través de sus aliados, Irak, Siria y Líbano, con lo que Irán ha extendido su influencia y proyección militar en la región desde Bagdad hasta Damasco, incluido el despliegue de la milicia libanesa del Hezbollah en Siria. Moscú y Washington Los líderes de Moscú, Teherán y Ankara se acaban de reunir en la ciudad de Sochi para definir el futuro formato de Siria, en momentos en que comienza otra ronda de conversaciones de paz en ese país. Sin esperar su arranque, Putin le ha comunicado a Trump el resultado de ese cónclave con el propósito evidente de llegar a un entendimiento político. Según el Kremlin, el presidente sirio “confirmó su adhesión al proceso… para llevar a cabo una reforma constitucional y elecciones presidenciales y parlamentarias, y llegar a un acuerdo político basado… en un proceso de negociación a gran escala en Siria” (La Nación, 26/11). El objetivo es poner en marcha una transición política controlada y monitoreada por Washington y Moscú. “Y salvo alguna sorpresa de último momento, ninguna de las soluciones negociadas parece incluir la salida de al-Assad” (ídem). El régimen sirio ha recuperado terreno el último año. Las tropas del gobierno controlan las cuatro principales ciudades de Siria, diez de sus 14 capitales provinciales y la costa. Ninguna fuerza en el terreno tiene la capacidad de desplazar a al-Assad de ese escenario. En el frente diplomático, los principales aliados de los opositores al régimen -o sea, Estados Unidos y sus socios- retiraron su exigencia de que cualquier acuerdo debía incluir la remoción de Al-Assad. Por otra parte, la oposición está desbandada. El principal negociador opositor, Rayad Hija, renunció tras acusar a las potencias extranjeras de estar repartiéndose Siria. Esta semana, la oposición siria se reunirá en Arabia Saudita para consensuar una postura y una delegación unificada. En una declaración conjunta de principios de noviembre, Trump y Putin acordaron que no hay solución militar para Siria. Trump canceló el programa que tenía la CIA para entrenar a las fuerzas que buscaban derrocar a al-Assad. Mientras tanto, Rusia medió para lograr treguas locales entre las fuerzas de al-Assad y los rebeldes en la mayoría de los frentes de batalla. Estamos ante un acuerdo reaccionario. La burocracia restauracionista que encabeza Putin procura una mayor asociación con el capital internacional, y utiliza su injerencia política y militar en otros Estados como una pieza de negociación al servicio de ese propósito. El rescate del régimen de al-Assad no tiene nada de progresivo. Su perpetuación en el poder se ha apoyado en el aplastamiento y ahogo de la rebelión popular que estalló en Siria como parte del proceso revolucionario abierto por la Primavera Arabe. Ese desenlace negativo fue el que sembró, a su vez, el terreno para que la oposición al régimen terminara colonizada por Estados Unidos, Arabia Saudita y otros regímenes reaccionarios de la región. Tomada de conjunto, esta guerra internacional, lo mismo que lo fue en su momento Libia, es una respuesta de la burguesía y de la burocracia restauracionista a las revoluciones y a las tentativas revolucionarias que se han desarrollado en Medio Oriente, y que debutaron en Egipto en enero de 2011. Crisis y escalada Pero la transición que se prepara está lejos de arribar a buen puerto. Una de las condiciones que plantea Putin es el retiro de las fuerzas extranjeras… pero exceptuando a Rusia y a las tropas iraníes estacionadas en Irak. Eso es inaceptable para la Casa Blanca. Por otra parte, el nuevo mapa de la región y la influencia iraní conquistada en Irak, Siria y el Líbano se ha hecho indigerible para los principales aliados de Estados Unidos en la región; a saber Arabia Saudita y, en primer lugar, Israel. Ambos han salido con los tapones de punta contra la llamada “amenaza iraní” y sus ramificaciones (Hezbolllah). El premier israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que “Irán pretende usar a Siria como una base desde la cual destruir a Israel” y, en nombre de ello, advirtió que su país está listo para actuar. El jefe militar israelí Gado Eisenkot anunció, a su vez, que se brindará ayuda de inteligencia a Arabia Saudita para “enfrentar el desafío iraní”. Una cumbre árabe en El Cairo acaba de proclamar un frente unido “para contener a Irán y Hezbolllah”. Esta escalada política y diplomática puede terminar en un enfrentamiento bélico, que tiene al régimen sionista como su principal animador. El gobierno israelí, secundado por la monarquía saudí, acentúa sus presiones a Estados Unidos para que rompa el acuerdo nuclear con Irán. Trump ha amenazado con esa decisión, pero no la ha concretado. Existe una deliberación en el seno de la burguesía yanqui y del propio Partido Republicano, y el gobierno israelí procura meter una cuña en este proceso. Entretanto el conflicto se extiende, como se constata en Yemen, en Qatar y en la crisis de régimen que ha estallado en el Líbano. Allí, el gobierno saudí impuso la renuncia del premier, Sada Hariri, con el argumento de que el país “estaba dominado por Hezbolllah e Irán”. Aunque la maniobra no resultó como la corona esperaba y Hariri regresó a Beirut y retiró su dimisión, el hecho da cuenta de los alcances de la crisis regional. La onda expansiva llega al pueblo kurdo, atravesado crecientemente por este escenario. En esta pugna por el control estratégico de la región, Estados Unidos no se priva de agitar las aspiraciones nacionales e independentistas de Rojava -el Kurdistán sirio ubicado al norte del país y lindero con Turquía- como un arma de negociación en la transición en curso. Putin se ha esforzado por incluir en la mesa de las negociaciones a la dirigencia de ese territorio para mantenerla bajo control. Pero Turquía veta esa posibilidad, lo que se convierte en otra ficha a jugar por los estrategas estadounidenses en la transición siria. Por la unidad socialista del Medio Oriente La liberación nacional y social kurda, como la cualquier pueblo de la región, no puede provenir de la mano del imperialismo y tampoco de la burocracia restauracionista. Rojava, bajo la tutela de cualquiera de los dos bandos, no es más que un peón en las tratativas en desarrollo y, como tal, estaría condenada a la perpetuación de la opresión a la que ha sido sometida ancestralmente. A las tendencias a la fragmentación y a los enfrentamientos étnicos, religiosos y nacionales es necesario oponerle la unidad de los trabajadores y el pueblo explotado de la región para expulsar al imperialismo y poner fin al régimen sionista y a todos los regímenes reaccionarios de la región, incluso el de Assad. ¡Abajo la guerra! Por el derecho a la autodeterminación y la emancipación nacional y social en el marco de una federación socialista del Medio Oriente.

Una de las primeras medidas del naciente gobierno soviético fue el “Decreto sobre la tierra”. Allí se estableció la abolición, sin indemnización, de la propiedad terrateniente y el traslado a los comités agrarios y los soviets de diputados campesinos de distrito de las fincas de los terratenientes, las tierras de la Iglesia y de los monasterios, con todos sus bienes. El Decreto hizo hincapié en la responsabilidad de los soviets para asegurar “el orden más riguroso” en la confiscación. Los bolcheviques refirieron como antecedente de la medida al “decreto modelo” elaborado por los socialistas revolucionarios a partir de las 242 demandas presentadas por los delegados campesinos al Comité Ejecutivo Central del Soviet de diputados campesinos, en agosto de 1917. Estas demandas planteaban la distribución de la tierra en base a la igualdad, la prohibición de comprar y vender tierras y, a la vez, de emplear mano de obra asalariada. Dos meses antes de la Revolución de Octubre, Lenin produjo un giro político en la cuestión de la tierra que fue determinante para la toma del poder y fue la adopción en la práctica de la Revolución Permanente. Declaró que este “decreto modelo” era aceptable como programa y que el gran autoengaño de los socialistas revolucionarios era considerar que este programa se podía llevar adelante sin derrocar al régimen capitalista. Lenin pasó a considerar que, como gran parte de la tierra estaba hipotecada a los bancos, por el endeudamiento de la masa campesina, la confiscación sólo era concebible cuando “la clase revolucionaria haya vencido la resistencia de los capitalistas con el empleo de medidas revolucionarias”. Más en concreto, las 242 demandas campesinas sólo podían realizarse bajo la dirección del proletariado en alianza con los campesinos y en guerra contra el capitalismo. Este giro político estuvo dictado por la percepción de Lenin sobre la maduración de las condiciones para la toma del poder y por el inexorable avance de la revolución en el campo. Las estadísticas oficiales revelaron mes a mes este desarrollo: en mayo hubo 152 casos de apoderamiento de fincas por la fuerza, en junio, 112; en julio 387; en agosto 440; en septiembre 958. Hacia el otoño ruso la rebelión es creciente y no deja rincón de Rusia sin recorrer (sobre 624 distritos, en 482 crecía la marea campesina en territorios en los que las decisiones de las asambleas campesinas tendían a ser tomadas como leyes. Para una investigadora, “irónicamente, esa orden (el “Decreto sobre la tierra”) mostró la impotencia del gobierno central (Gobierno Provisorio encabezado por Kerensky) puesto que los campesinos habían tomado casi todas las tierras privadas antes de octubre”. Cierto que fue el gobierno soviético el que confirmó esa apropiación y fue la llave maestra del apoyo campesino al gobierno soviético en las aciagas horas por venir, en la Guerra Civil frente a los ejércitos blancos organizados por las potencias imperialistas. Lenin dio a conocer su nueva política desde su escondite en Finlandia a través de un artículo en el periódico del partido que había reemplazado al suspendido Pravda. Pero pocos advirtieron el giro y el “Decreto sobre la tierra”, presentado junto al de la Paz al Segundo Congreso de Soviets de toda Rusia el 26 de octubre (8 de noviembre) fue “una sorpresa para sus enemigos y muchos de sus partidarios” (Carr). Lenin definió al “decreto modelo” de los socialistas revolucionarios en su discurso de presentación como “la expresión de la voluntad incondicional de la vasta mayoría de los campesinos conscientes de toda Rusia”. El Decreto determinó, además, que las pequeñas posesiones de los campesinos, que labraban directamente sus tierras, quedaban fuera de la confiscación. En sus escritos sobre la Revolución Rusa, elaborados en la cárcel en 1918, Rosa Luxemburgo criticó el giro de los bolcheviques sobre la cuestión agraria. “La toma de las grandes propiedades agrarias por los campesinos, siguiendo la consigna breve y precisa de Lenin y sus amigos: ‘vayan y aprópiense de la tierra’, llevó simplemente a la transformación súbita y caótica de la gran propiedad agraria en propiedad campesina. No se creó la propiedad social sino una nueva forma de propiedad privada, es decir, la división de grandes propiedades en propiedades medianas o pequeñas, o de unidades de producción grandes relativamente avanzadas en primitivas unidades pequeñas que utilizan técnicas del tiempo de los faraones… la diferenciación creada por la propiedad de la tierra, lejos de eliminarse, se profundizó”. Sin embargo, ésta fue la llave mayor, junto al “Decreto sobre la paz”, de la victoria de la Revolución de Octubre -sobre esta base se produjo el ingreso de una fracción de los socialistas revolucionarios al primer gobierno bolchevique. La ausencia de un liderazgo obrero había hecho fracasar, siete años antes, la enorme revolución agraria en México, una revolución que había tenido la condena inmisericorde de la II Internacional: “Una revolución campesina plebeya, cuando lo que estaba a la orden del día en México era muy otra cosa, culminar una revolución burguesa”. León Trotsky, en la Historia de la Revolución Rusa planteó: “Si la cuestión agraria, herencia de barbarie de la vieja historia rusa, hubiera sido o hubiera podido ser resuelta por la burguesía, el proletariado ruso no habría podido subir al poder, en modo alguno, en el año 1917. Para que naciera el Estado soviético fue necesario que coordinasen y se compenetrasen históricamente dos factores de naturaleza histórica completamente distintos: la guerra campesina, movimiento característico de los albores del desarrollo burgués, y el alzamiento proletario, el movimiento que señala el ocaso de la sociedad burguesa. Fruto de esta unión fue el año 1917”. Por primera vez en la historia, el campesino encontró su guía en el obrero. En esto, la Revolución de Octubre se distingue totalmente de todas las revoluciones que le precedieron y abrió una experiencia histórica. Vale para hoy, a los 100 años. Referencias L. Trotsky: Historia de la Revolución Rusa, Galerna, Buenos Aires, 1972. E.H. Carr: La Revolución Bolchevique, Tomo II, Alianza, Madrid, 1982. S. Badcock: “Las revoluciones campesinas de 1917”, Jacobin, 23/8/17, www.marxists,org R. Luxemburgo: La Revolución Rusa, Akal, Madrid, 2017. C. Rath: “La más importante revolución agraria de la historia” (I) Prensa Obrera N° 1.470.

Siguiendo los lineamientos del Plan Maestro para la educación en todo el país, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa la creación de una “Universidad de Formación Docente” sobre la base de una “fusión” -en verdad, una liquidación- de los institutos terciarios de formación docente, de larga trayectoria en el sistema educativo. Los principales ejes de las reformas en la formación/carrera docente son: los mecanismos de acceso a la carrera, la modificación de las condiciones de trabajo, la evaluación docente, el salario por mérito, y los exámenes de egreso 1 - 2. El proyecto de ley, que ingresaría el año que viene a la Legislatura para ser aplicado en 2019, prevé una fusión de los 29 institutos actuales (sin incorporar los privados) para acortar las carreras, reemplazar materias por espacios virtuales y agregar horas de prácticas profesionales gratuitas desde el primer año (usando a los estudiantes como reemplazo de docentes con experiencia y derechos). Los puntos de la reforma • Degradación del conocimiento: recorta contenidos y disciplinas y forma “áreas generales”; reemplaza materias por espacios virtuales e introduce cambios en los planes de estudio para reducir las carreras. Es una degradación del conocimiento que empalma con las reformas impulsadas en la escuela secundaria, tan resistida por los estudiantes mediante las ocupaciones de escuelas y movilizaciones de este año. • Privatización: por otra parte, habilita -al ser universidad- la generalización de los posgrados pagos con el verso de la formación continua. El antecedente de esta política es el decreto de Rodríguez Larreta de 2016, que modificó el Estatuto del docente, para introducir la caducidad cada cinco años de los cursos de formación y el puntaje que otorgan éstos por el que se accede, se asciende y se titulariza el docente en su carrera. Los docentes serían un público cautivo que durante toda su carrera debería acceder a los cursos pagos para obtener estabilidad en el cargo. • Precarización del trabajo docente y desconocimiento del estatuto docente: con la excusa de la falta de docentes en Capital, que obedece a las condiciones materiales y sociales en las que se desarrolla la actividad -salario de 13.809 pesos y sin recursos-, los estudiantes realizarán “prácticas” desde el inicio para reemplazar a docentes con experiencia y derechos, por un salario menor o igual. Sería otra versión de las pasantías de 5° año para los jóvenes en empresas, ONG y fábricas que figura en la reforma laboral. • Despidos, ajuste presupuestario: provocará despidos de docentes producto del cierre de cursos, materias y la reducción de oferta de carreras, con el consiguiente ajuste presupuestario. Derrotemos las reformas El relato oficial presenta a la creación de la universidad como una jerarquización de la formación docente. Pero, en realidad, es el avance de una larga tentativa de liquidar los niveles educativos más elevados a los que accede la juventud y modificar la carrera docente y sus conquistas. La formación para la “incertidumbre” y el “futuro” es la descalificación de los títulos superiores, sujetos al mercado laboral y la adaptación al desempleo crónico. Los planteos bancomundialistas fueron aplicados por todos los gobiernos, incluso los denominados nacionales y populares, que bajo un discurso seudopedagógico han adoptado las reformas, han profundizado la descentralización y fragmentación del sistema educativo. En su versión sindical se limitan a reclamarle al gobierno ser parte de las reformas. Necesitamos poner en pie en toda la Ciudad un plan de lucha entre estudiantes y docentes. Notas 1. “Profesores Excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”. Banco Mundial, 2014. “Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional”. Unesco, 2015. 2. En las carreras docentes latinoamericanas se dan situaciones diversas. Experiencias que pasaron de las Normales a las Universidades Pedagógicas como México y Colombia; países donde la formación docente se da casi con exclusividad en las Universidades como es el caso de Chile; experiencias como la de Cuba que mantiene la estructura de Institutos terciarios, pero con un sistema organizativo propio del modelo universitario; procesos de tercerización, como es el caso de Bolivia y Ecuador; o, países donde la formación docente recae mayoritariamente en los Institutos Terciarios No-universitarios, como sucede en la Argentina.

La solemnidad del acto de juramento de los diputados provinciales del Chaco fue quebrada por el discurso del electo legislador del PO-FIT, Aurelio Díaz, que una multitud siguió desde las puertas de la Cámara de Diputados. Aurelio sostuvo: “En el Chaco hay 10.000 trabajadores en negro, gente que trabaja hace diez años para el Estado, barriendo las escuelas o los hospitales por 1.000 pesos por mes. Hay muertos, compañeros muertos, que estaban trabajando”. ”Entonces, no se cumple con el articulado de la Constitución, que habla de tener un salario digno, de tener acceso a la vivienda. Por lo tanto, usted me dirá después, ‘que Dios y la Patria me lo demanden’; pero si acá no se cumple eso, Dios no lo va a demandar, la Patria tampoco. ”Espero y llamo a que todos estos diputados comiencen a cumplir con el mandato constitucional del artículo 14 bis: por un salario digno, por el blanqueo de los trabajadores que hoy están en la actividad privada y en el Estado, que pasen a ser blanqueados. ”¿Y el juramento? Sí, juro, contra esta forma de jurar”. Con esta intervención, Aurelio ingresó en la Cámara de Diputados, poniendo de relieve la contradicción entre la jura, que cada dos años establece el compromiso de cumplimiento de la Constitución provincial, y la realidad cotidiana de la provincia. Es la realidad donde el poder político incumple sistemáticamente todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, utilizando masivamente el trabajo en negro y negando el acceso a la vivienda, la salud o la educación. Contra la formalidad del juramento, Aurelio puso de manifiesto una estafa política, que tiene su raíz de fondo en el hecho de que los derechos sociales e incluso los derechos civiles y políticos establecidos en los textos constitucionales son negados en los hechos por un régimen social que se basa en el poder que la clase capitalista y su Estado ejercen sobre los trabajadores. La estafa del trabajo en negro y la condena a millones a vivir sin trabajo o de planes sociales de miseria es una expresión extrema de esta situación. La fuerza de este planteo político llamó la atención de toda la provincia. Aurelio entra, desde el primer día, como representante de los trabajadores frente al Estado. En el segundo punto del orden del día, los votos de Aurelio fueron los únicos que cuestionaron el consenso peronista-radical en la votación de las autoridades de la Cámara. La Cámara reeligió presidenta a Elida Cuesta (PJ). En su argumentación, los diputados del PJ reivindicaron su gestión. Los delegados de la CTA de la Cámara de Diputados, en cambio, han denunciado estafas enormes de esta gestión con ñoquis y contratos a mansalva distribuidos para oficialistas y opositores como lubricante de los acuerdos legislativos entre el peronismo y el radicalismo. Aurelio se abstuvo en la votación de presidente, vicepresidente y vicepresidente segundo, cuestionando un acuerdo de cogobierno legislativo que tiene por base el desfalco del presupuesto de la Legislatura y los ataques a los trabajadores, pasados y por venir. El valor de un diputado de los trabajadores ya se hace sentir en la Cámara de Diputados del Chaco.

La movilización de este miércoles 29, contra las reformas laboral y jubilatoria, terminó reuniendo a 100.000 trabajadores. Una concurrencia mucho más enérgica que la voluntad de sus organizadores, los Moyano y el sindicalismo kirchnerista. Además de reaccionar tarde frente al paquetazo oficial, la burocracia sindical “disidente” evitó un paro y -mucho menos- hacer de esta jornada el punto de partida de un plan de lucha. Es que no descarta un acuerdo final con el triunvirato cegetista que pactó las reformas -eso es, justamente, lo que les exige el pejotista Pichetto y también el Vaticano. Pero en el movimiento obrero, y ya que hablamos de sotanas, “la procesión va por dentro”. Una intensa deliberación recorre las fábricas y reparticiones. Es necesario organizarla, dotarla de un programa y una política de lucha. Es lo que hicimos este miércoles, con la columna del clasismo y de la izquierda que ingresó a la Plaza denunciando el pacto de la CGT con el gobierno y reclamando un plan de lucha. Es lo que haremos el próximo 6 de diciembre, en la movilización convocada por la Coordinadora Sindical Clasista, los gremios principales de la CTA autónoma -con un paro nacional de ATE, el Sutna, la UF del Sarmiento y muchos otros. El reclamo es claro: ¡paro nacional y plan de lucha! Hasta quebrar las reformas antiobreras. Impulsemos plenarios de delegados y asambleas en todos los gremios con este mandato. Foto: Marianela Albornoz

Después de nueve meses de intervención por parte de la Asociación Obrera Textil (AOT), en las fábricas Textilana e Hilamar, que comercializa en todo el país la marca Mauro Sergio, finalmente se realizaron las elecciones para renovar la comisión interna. Triunfó la lista del activismo contra la de la burocracia por 187 votos a 145. El interventor justificó su actuación con el cuento de "pacificar" la planta. Según el sindicato, éramos conflictivos, pero en verdad vinieron a querer congelar, en un acuerdo con la patronal, todas las conquistas que estábamos obteniendo, entre ellas el médico en la fábrica, que ya estaba acordado con la empresa a principios de año. Los trabajadores nunca aceptaron la intervención. Por eso juntamos firmas, hicimos presentaciones legales y nos movilizamos masivamente a la seccional local en reclamo de elecciones libres. El 21 de noviembre se realizaron las elecciones, con el triunfo de la Lista 8 sobre la 15, formada por el interventor, lista que les costó mucho armar por el gran rechazo que tenía en la fábrica. Para completar su lista tuvo que poner gente que no reunía las condiciones estatutarias para ser candidatos. Jugaron con todas las cartas, ya que presentaron tardíamente la convocatoria, trucharon los avales, tenían movilidad dentro de la fábrica para hacer campaña, siendo que a la Lista 8 no se le permitía recorrer la fábrica en una clara acción proscriptiva, en connivencia con la patronal. La Junta Electoral funcionó en Buenos Aires. En la regional Mar del Plata pusieron a un integrante de la directiva local que no tenía la más mínima idea del funcionamiento de dicha junta. La burocracia logró sumar más votos que en las elecciones anteriores, pasó de 40 a 145, en base a los trabajadores nuevos (unos 100 entre 500), con muy poco tiempo en la fábrica, a quienes se los "mandó" a votar por la Lista 15, e hicieron votar a todos los encargados, aprovechando que estos están en la AOT. La Lista 8 está conformada con la mitad de la comisión interna anterior, a la cual se sumaron dos compañeras nuevas, ya que las mujeres somos mayoría en la fábrica. El triunfo de la Lista 8 es significativo, ya que no lograron torcer la voluntad de aquellos trabajadores que ya habían tenido la experiencia de dos años con los primeros delegados que tuvieron en ¡35 años de historia de la fábrica! Tenemos todo un desafío para esta comisión interna ya que tiene por delante no sólo ir por lo que le arrebataron sino ir por un plan de conquistas como la guardería, ya que son 400 mujeres las que trabajan aquí, retirar las cámaras en el sector de tejedores, utilizadas para perseguir y suspender a los compañeros, viáticos por transporte y viandas, antigüedad y categorías al día, entre otras reivindicaciones. Vamos a retomar la tarea basándonos en el mandato de asamblea y el funcionamiento democrático y abierto de la comisión interna, reforzando la unidad de los trabajadores para enfrentar estas tareas y la reforma laboral que se viene encima.

Pichetto ha pasado a ocupar el lugar de Massa en el pasado. Ser protagonista, cambiando algo, para hacer pasar el ajuste macrista contra los trabajadores. El rionegrino, garante del pacto fiscal que firmaron los gobernadores, desde Vidal hasta Alicia Kirchner, ya está viabilizando dos de las tres grandes iniciativas de la nueva fase del ajuste: la reforma jubilatoria y la reforma impositiva. Con la laboral no hay desacuerdo, sólo que Pichetto hará poner la cara a la CGT para su aprobación y presiona para que “arreglen” con Moyano. En lo posible. La novedad es que el PJ cambió el proyecto inicial de reemplazo de la movilidad jubilatoria. El dictamen aprobado se compone de la indexación por inflación referida a dos trimestres anteriores, pero en un 70%. El otro 30% será según el Ripte, el complejo índice salarial de la fórmula anterior. Eso eleva del 5,2% que surgía del proyecto inicial al 5,7%, el aumento de marzo. Contra el 12% aproximado que implicaría la vieja fórmula. Triaca, atento, lo aprobó en minutos. Calculó que de los 100 mil millones de pesos de “ahorro” fiscal 2018, se podría pasar a uno de 96 mil millones. La montaña de plata que va del bolsillo de los jubilados al Estado equivale a un punto del PBI -o sea, a la “meta” de baja del déficit del 4,2% de este año a un 3,2%, según los planes del Banco Central. Pero la Anses financiará también buena parte de la redistribución de fondos hacia las provincias. Ganancias irá en un 100% a las provincias lo que implica una caída de unos 60 mil millones de pesos para la Anses. Por otro lado, se rebajarán los aportes previsionales de manera progresiva hasta los primeros 12.500 pesos en cinco años. En 2018, esa rebaja de “costo laboral” significará unos 55 mil millones (Clarín, 27/11). Sólo habrá alguna compensación menor al organismo, al habilitar aportes a los salarios de mayores de 82.000. Semejantes golpes serían financiados, a la vez, por los trabajadores y jubilados mediante la extensión de la edad, en diez años por parte de las mujeres y en cinco años en los varones del sector privado. Se estima que por cinco años serán muy pocos los que se jubilen porque nadie quiere ni puede pasar de un día al otro a cobrar la mitad (la jubilación hoy es el 50% del haber basado en el promedio de los últimos diez años). Ni hablar de los puestos de trabajo que se bloquearán a las camadas de jóvenes por la extensión de la edad: centenares de miles que se incorporan año a año al mercado laboral. En el Estado no se extiende la edad para aplicar el ajuste: los que se jubilen no serán reemplazados. Por otro lado, perversamente, se ha colocado que la jubilación mínima será equivalente al 82% del salario mínimo, cosa que ya es así. Pero ahora se agrega que esto rige sólo para quienes tienen 30 años de aportes; los que no lleguen cobrarán menos de la mínima. Como se aprecia, son los jubilados ahora mismo -y la Anses; o sea, los jubilados de mañana- los financistas de última instancia de la segunda fase del ajuste macrista. Claro, no los únicos. Los tarifazos que duplican lo previsto afectan a todos (y también a los jubilados que no ameritan la tarifa social de compleja obtención), al igual que el aumento de los inmobiliarios provinciales para financiar la baja de ingresos brutos (que también afecta las viviendas que tengan los jubilados). Todo esto se aplica a un colectivo de 6,8 millones de jubilados, de los cuales el 81% cobra entre 7.246 y 11.300 pesos, cuando la canasta básica del jubilado acaba de ubicarse en 17.523, según la Defensoría de la tercera edad. El ataque a la clase obrera y a toda la población laboriosa que esto significa vale por sí mismo la huelga general de las organizaciones sindicales. Nuestro partido, nuestra Coordinadora Clasista, los sindicatos donde intervenimos, estamos empeñados en una intensa deliberación y en medidas de lucha. Nuestra agrupación Jubilados Clasistas está en una intensa campaña y promoverá autoconvocatorias de jubilados en todo el país, contra este golpe histórico, por el 82% móvil del mejor salario testigo, por la reposición de los aportes patronales rebajados por Menem y Cavallo en 1993, por la elevación de la mínima a la canasta básica del jubilado.

En el marco de la crisis abierta por la desaparición y presunta explosión del submarino ARA San Juan, con fuertes denuncias de las familias de los tripulantes, el gobierno anunció que la Oficina Anticorrupción (OA) investigará “sobre presuntas irregularidades en las tareas de reparación de media vida de la nave” (Clarín, 27/11). Sin embargo, ni la OA ni el Ministerio de Defensa indagarán sobre “el estado del submarino en la previa ni la pertinencia de la autorización técnica para salir, según altas fuentes del Gabinete”. Tanto desde la Oficina Anticorrupción “como desde el Poder Ejecutivo coincidieron en aclarar que, en caso de probarse hechos de corrupción vinculados con el mantenimiento del submarino, no implicarán una causa de su desaparición dado que el análisis no comprenderá los aspectos técnicos vinculados a la nave” (ídem). Estamos ante un operativo de encubrimiento de proporciones. La hipótesis más firme sobre lo ocurrido con el ARA San Juan apunta a un problema con sus baterías. En un artículo de Hugo Alconada Mon, publicado en el diario La Nación, a partir de informes secretos del Ministerio de Defensa y de la Sindicatura General (Sigen), el periodista describe “un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas” que tenían como único fin la compra de las baterías “a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente” (26/11), en 2006, durante los gobiernos K. Sobre tales hechos, el ex suboficial primero José Oscar Gómez y un testigo protegido dieron cuenta de sobornos, que alcanzarían los 3,5 millones de euros. La reparación de media vida del San Juan comenzó dos años después y se prolongó hasta 2014. El tema era más que conocido por el macrismo: en 2010, el radical Mario Negri -actualmente, jefe del interbloque de diputados de Cambiemos- había advertido sobre las maniobras y presentado un pedido de informes sobre las contrataciones irregulares del gobierno K para la reparación de las baterías. Un informe elaborado por el Ministerio de Defensa entre 2015 y 2016 recomendaba “a las máximas autoridades de Defensa avanzar sobre las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales de los responsables” e instaban a “alertar a la Oficina Anticorrupción y que se radicara una denuncia penal contra oficiales y funcionarios de la Armada (...) Eso no ocurrió” (ídem). Luego de haber encubierto a los corruptos del kirchnerismo, el gobierno de Macri ahora decide indagar en sus responsabilidades sólo para tapar las propias. Ocurre que si los enjuagues del kirchnerismo con la compra de repuestos para el submarino afectaron su estado, “en ese caso el macrismo no podría señalar exclusivamente a la gestión anterior, a casi dos años del cambio de gobierno y la autorización técnica bajo su responsabilidad” (Clarín, 27/11). La Armada conocía además que “un grave desperfecto” había ocurrido en 2014, según denunció Itatí Leguizamón, esposa de un tripulante (ídem, 23/11), pero la nave fue puesta en operaciones de todos modos. Junto con esto, el macrismo ya coloca una fruta envenenada: “La Casa Rosada comenzó a manejar como hipótesis el ‘factor humano’”. ¿Sobre la base de qué pruebas? Ninguna: “En estos casos suele haber un error humano, es algo que marca la estadística (…) sostuvo a Clarín una alta fuente del gabinete” (ídem). Imposible no recordar a los K, que para encubrir el vaciamiento ferroviario que derivó en la masacre de Once culparon al motorman. Mientras se tejen estas operaciones, siguen en la sombra cuál era la misión a la que había sido enviada la tripulación de la nave, considerada “confidencial”. Lo cierto es que semanas atrás se aprobó en el Senado un pedido del gobierno para la realización de maniobras conjuntas con tropas estadounidenses que incluye ejercicios de guerra antisubmarina. ¿Envió el gobierno la nave en esas condiciones para no desairar a los yanquis? Reclamamos el completo esclarecimiento de las responsabilidades que condujeron a esta tragedia y la publicidad de todos los documentos secretos referidos a la misión y las condiciones técnicas del ARA San Juan.

Reunidos el pasados viernes 23 de noviembre en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic), dirigentes del Neumático (Sutna), docentes, metalúrgicos, estatales, telefónicos, papeleros, gráficos, ferroviarios, plásticos, trabajadores precarizados del Argentina Trabaja y obreros de la construcción, entre otros, discutimos un plan de trabajo para organizar a los trabajadores ante el intento del gobierno y las patronales de avanzar en un ataque en regla contra el movimiento obrero. Uno de los principales datos que hemos podido constatar es el alto nivel de discusión en los lugares de trabajo respecto del carácter de las medidas que impulsa el gobierno contra los trabajadores (reforma laboral, reforma fiscal y reforma previsional). El movimiento obrero se encuentra deliberando acerca de cómo organizarse ante el actual cuadro político. Por otro lado, existe un fuerte agotamiento de la burocracia sindical cuya política ha allanado el camino para esta ofensiva antiobrera y ahora prepara las condiciones para una concesión en toda la línea, sea por la vida de un acuerdo marco con el gobierno nacional o por la entrega de cada uno de los convenios (Petroleros, Atilra, UOM Tierra del Fuego, etc.). Ante esta situación, desde la CSC consideramos que se abre una oportunidad para organizar y reagrupar a nuevos sectores del movimiento obrero en el campo del clasismo y la lucha independiente contra las patronales y sus variantes políticas ajustadoras. Por este motivo resolvimos: por un lado, desarrollar una fuerte actividad de difusión de nuestras posiciones en los principales lugares de trabajo, incluyendo la realización de actos frente a las principales concentraciones obreras de la zona; por otro lado, una serie de reuniones y entrevistas con las principales referencias antiburocráticas y el activismo de la zona sur. Promovemos toda medida que fortalezca al movimiento obrero en su lucha contra la reforma laboral. Apoyamos y participamos en la columna independiente este 29 de noviembre frente al Congreso de la Nación, como lo haremos de la convocatoria de los trabajadores precarizados organizados en el Polo Obrero para el próximo 4 de diciembre frente a Desarrollo Social de la Nación. Y nos preparamos para una contundente movilización el 6 de diciembre, convocada por distintos gremios. Impulsamos el paro, los piquetes y la movilización como medios del movimiento obrero para derrotar la reforma laboral y todo el paquetazo antiobrero. Por último, nos ponemos a trabajar en un Plenario Obrero de trabajadores y trabajadoras de la zona sur para el 15 de diciembre que sirva para organizar al movimiento obrero para las tareas y desafíos de la próxima etapa.

En una convocatoria exprés de cinco días, por parte de un grupo de gremios y organizaciones sociales, se reunieron más de cien mil personas contra el paquete de reformas antiobreras: laboral, jubilatoria e impositiva. Pero de allí no resulta un plan de lucha ni perspectiva alguna. La rápida reacción de los manifestantes, sin embargo, expresa una crisis entre la CGT y la base del movimiento obrero. Es esto lo que ocurrió frente al Congreso el miércoles 29. El grupo de gremios incluye la Corriente Federal donde están los bancarios y gráficos, y la CTA kirchnerista basada en Ctera y seccionales de ATE, más Pablo Moyano en carácter de secretario gremial de la CGT, no como Sindicato Camionero. Un dato de interés lo dio la presencia de algunas seccionales díscolas de la UOM, cuyo secretariado nacional no participó de la marcha y avala el pacto entreguista del Triunvirato. Este fenómeno se observa en algunas CGT regionales. Ninguno de los gremios paró, a excepción de Ctera que convocó a la huelga nacional el 28, un día antes. Se dio el caso de la Federación Judicial Bonaerense que llamó a parar el propio 29. El paro docente fue muy importante en la provincia de Buenos Aires, pero el propio ministro de Educación, Finochiaro, dijo: “La Ctera decreta el paro pero lo organizan los sindicatos de izquierda”. Y así fue, porque en las seccionales Multicolor como Matanza el paro superó el 80%. La columna de Ctera, no obstante los once micros de Amsafe -desde la provincia de la secretaria general- no superó las cinco mil personas. El sector convocante no se empeñó en una movilización de masas. El poder de sindicatos como bancarios o camioneros, si organizan un paro activo con abandono de tareas, es considerable. Y junto a la docencia y otros sindicatos del clasismo, podrían haber logrado el doble de convocatoria y multiplicado el impacto nacional. En cambio, buena parte de los manifestantes, como en otras ocasiones, lo aportaron las organizaciones sociales del trío ex piquetero, que integra la mesa de concertación con el gobierno y articula su accionar con el Vaticano. Conmoción Estas limitaciones contrastan con el clima de conmoción que recorre fábricas, escuelas y reparticiones. Si las centrales sindicales llamaran a movilizar con abandono de tareas en todo el país, millones de trabajadores ganarían la calle poniendo en jaque a las reformas, al pacto con los gobernadores y al propio gobierno de Macri, reciente ganador de las elecciones. Pero la CGT está jugada por entero en hacer pasar el paquete. El retraso en el tratamiento de la reforma laboral, mientras avanza de atropellada el resto, tiene por función que la CGT ponga las huellas digitales y que discipline al clan Moyano, interesado en una negociación particular en el explosivo tema OCA, donde Camioneros está de los dos lados del mostrador. La vacilación del PJ en este punto abre un período mayor de deliberación, que puede ser explotado para quienes queremos poner en pie al movimiento obrero para quebrar la ofensiva. No es el caso de Pablo Moyano, que pronunció el discurso más moderado y breve, agradeciendo “la presencia de otros compañeros de la CGT”, lo que dio la impresión de que está en juego una negociación por debajo de la mesa. Micheli dio la nota al llamar a “constituir un espacio de diálogo donde estén las centrales (“quiero creer que están equivocados”), los empresarios, la Iglesia y el gobierno”. Palazzo pareció más radicalizado, pero llamó “a los compañeros de la CGT a la unidad del movimiento obrero”. Yasky soñó con otra Mesa de Enlace al tipo de los ’90, pero todo parece apuntar más a una movida de contención con el Vaticano a la cabeza que a ninguna otra cosa. El kirchnerismo sindical ha mostrado su limitación insalvable. Es el brazo de un ala del PJ que firmó el pacto de los gobernadores que van desde Vidal hasta la misma Alicia Kirchner. Fue parte de la dilatada tregua electoral del conjunto de la burocracia sindical de la que fue tributaria Cristina Kirchner, enemiga de todas las luchas obreras, tanto en el gobierno como en la oposición. Como era de esperar, no hubo la menor mención a un plan de lucha, ni general ni en los gremios y lugares de trabajo agredidos, de manera que la movida tiene por objeto cerrar el año desde una pose opositora que contribuye a la regimentación del movimiento obrero. No es casual que el día mismo de la movilización, el Ministerio de Trabajo anunciara un ataque a 450 organizaciones sindicales simplemente inscriptas, entre las que se destaca a la AGTSyP del Subte y al Sitraic, dos de las creaciones del movimiento obrero de la última etapa contra la burocracia sindical. La otra cara del pacto Macri-CGT es el ataque al clasismo. Columna independiente El clasismo y el Frente de Izquierda organizaron una columna independiente que reunió unas 10 mil personas, que entraron cantando paro nacional con el Sutna, la Unión Ferroviaria Oeste y un grupo de obreros de Pepsico a la cabeza. Sus consignas marcaron una perspectiva: Abajo las reforma laboral y previsional, No al pacto Macri-CGT-Gobernadores y Plan de lucha nacional. Ha comenzado una deliberación en el movimiento obrero, frente a la cual las movilizaciones de masas, aún con sus limitaciones, constituyen un campo político de referencia para madurar las condiciones de una lucha de conjunto. En esa perspectiva, la movilización del 6 de diciembre a Plaza de Mayo, convocada por el clasismo, los gremios centrales de la CTA Autónoma con paro nacional de ATE, y los movimientos sociales, será un canal de continuidad; pero más que eso, un punto de ruptura con la subordinación a la burocracia sindical del Triunvirato cegetista que no estuvo presente en la jornada del 29. A todos los gremios o regionales cegetistas que se pronuncian contra las reformas, tenemos que exigirles plenarios con mandato de asambleas de gremios y lugares de trabajo para votar medidas de lucha. La del 6 es una acción de lucha común entre organizaciones con horizontes políticos diferentes. Pero el programa acordado rechaza de plano el acuerdo, las reformas, denuncia la entrega e impulsa paro nacional y plan de lucha. Su formato con oradores de los convocantes, dará la oportunidad de desarrollar una oposición de clase y socialista frente a la ofensiva capitalista de la que son socios el macrismo, las distintas alas del PJ y la burocracia sindical y frente a la cual el Vaticano opera como factor de contención. Foto: Fede Imas

El jueves 23 se realizó una asamblea de fábrica en la papelera Kimberly Clark, ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires (Bernal), donde se clarificaron los ejes de la reforma laboral y se evaluó el impacto que tendrá sobre los trabajadores la pérdida de derechos indemnizatorios, el ataque al convenio colectivo, la rebaja salarial y deterioro de la estabilidad laboral. Luego del debate, la asamblea votó por unanimidad exigir al gremio la participación de la Interna en los encuentros de delegados que la Federación del Papel está realizando, en donde se está “elaborando” un anteproyecto que reformará el convenio. Esta cuestión debe ser seguida de cerca por los trabajadores del gremio, puesto que las reformas gubernamentales que no pasen a través de la ley, serán impuestas en una segunda fase en los convenios laborales de cada gremio, con el acuerdo de la burocracia sindical. Por lo tanto, somos los delegados de base quienes resistiremos las reformas pro-patronales. Del mismo modo, se votó solicitar una asamblea general en el sindicato, para reclamar a la dirección de la regional, un cese de tareas y movilización el día que se trate el proyecto de ley en el Congreso. Previamente, y en el marco de la resolución de la Coordinadora Sindical Clasista de impulsar plenarios y asambleas obreras sobre la reforma laboral, Papeleros Lista Gris convocó a un plenario de la agrupación en el que participó Néstor Pitrola, quien realizó un balance electoral y contextualizó el cuadro político en el que se lanzan las reformas laboral, tributaria y previsional. El plenario de papeleros votó sacar un boletín explicativo sobre la reforma, el cual ya está siendo colocado en las fábricas con una muy buena recepción por parte de los trabajadores. Como quedó claro en el cierre de la asamblea desarrollada en Kimberly Clark, somos la generación obrera que tiene la responsabilidad de enfrentar a los reformadores antiobreros, puesto que nuestro futuro y el de nuestros hijos dependen de ello.

En la conferencia de prensa del 27 de noviembre, dada por Patricia Bullrich y Germán Garavano, que dio respaldo oficial al accionar represivo y el asesinato por parte de la Prefectura del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi (Bariloche), los funcionarios fueron, sin embargo, incapaces de presentar prueba alguna sobre la versión oficial del “enfrentamiento”. La misma ministra de Seguridad, que luego del asesinato de Santiago Maldonado había insistido en la mentira de que el joven no se encontraba en el lugar de los hechos, sostuvo ahora que “nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad; nosotros le damos a la versión de la Prefectura el carácter de verdad” (sic) y replicó que los agentes habían actuado en respuesta al ataque de “grupos violentos” que portarían “armas de grueso calibre”. Esto, cuando ya es público que Rafael Nahuel fue asesinado de un tiro por la espalda y otros de sus compañeros también fueron baleados, mientras que no hubo heridos entre las fuerzas represivas. La conferencia pasó rápidamente de una “condolencia” con los familiares de Nahuel a una difamación de quienes fueron atacados; al respaldo en toda la línea del accionar de las fuerzas represivas y al preanuncio de que el gobierno va por más. Los funcionarios se afanaron en justificar la sistemática persecución y represión a los mapuche como una defensa del “Estado de derecho” frente a “grupos violentos que no reconocen al Estado ni a la Argentina”. Bullrich llegó al absurdo de afirmar que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “es como un nombre. Pero se pueden llamar de otra manera. No queremos poner un nombre único, se pone un nombre para todos los que violan la ley”. O sea, un invento para justificar la ofensiva represiva. El bulldog está sin cadena y sus ladridos tienen un objetivo de fondo: justificar la creciente militarización de la Patagonia, en defensa de los mismos intereses capitalistas inmobiliarios y extractivistas que han respaldado los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales. En ese marco, el anuncio de Bullrich de que el gobierno no aceptará órdenes judiciales que prohíban el ingreso de fuerzas a un determinado territorio -“no tenemos ningún límite más que el de la Constitución”, sostuvo la ‘defensora del Estado de Derecho’- es un preaviso de nuevas avanzadas represivas. En primer lugar, constituye una amenaza contra los miembros de la comunidad asentada en Villa Mascardi. Pero se trata de una avanzada represiva de carácter general y sistemático, como han mostrado la detención ilegal de Jones Huala y los asesinatos de Rafael y Santiago. El gobierno desarrolla una guerra civil contra el pueblo mapuche y todos los luchadores populares de la Patagonia, en defensa de intereses completamente ajenos a los del pueblo argentino: los Benetton, los Lewis y los pulpos petroleros como Chevron y las mineras. La conferencia de prensa reafirmó la justeza del reclamo para que se vaya Bullrich y para que sean juzgados y condenados los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Santiago y Rafael.

El jueves 23 se realizó la marcha a la Gobernación convocada por el Plenario Regional de Delegados reunido en Ensenada. Las presencias sindicales más numerosas fueron las de ATE, el Astillero Río Santiago y Suteba Ensenada, a las que se sumaron las "organizaciones sociales" afines al llamado "triunvirato piquetero" (CTEP, CCC y Barrios de Pie), además de los partidos de izquierda. También marchó una importante columna de la Multicolor de La Plata frente al faltazo de la fraudulenta conducción celeste del Suteba La Plata. El kirchnerismo brilló por su ausencia. A pesar de la convocatoria al paro regional votado en el Plenario de Delegados, ni ATE ni la CTA Autónoma lo organizaron. Limitaron la jornada del 23 a una marcha, incluso en el Astillero, afectado por el vaciamiento y la amenaza a la continuidad laboral de sus 3.400 trabajadores. El secretario general de ATE Ensenada omitió desde el palco toda referencia al paro nacional de ATE del 6 de diciembre y a la marcha de Congreso a Plaza de Mayo contra la reforma laboral que convocan ATE, la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y sindicatos combativos -la convocatoria sí fue anunciada por otros oradores. Será tarea del activismo reclamar la Asamblea General del ARS para votar y organizar el paro y la movilización. Pese al anuncio de la jornada del 23 como una acción de "la más amplia unidad gremial" la burocracia del Supe desertó de la marcha y de próximos plenarios regionales de delegados por las críticas de delegados de base al pacto Macri-CGT. A la marcha mandó una delegación intrascendente y de compromiso. Su presencia en el Plenario de Ensenada fue puro encubrimiento de la dirección cegetista. La organización del acto de cierre marginó a sindicatos clasistas como Suteba Ensenada del uso de la palabra, aún cuando aportó casi 300 docentes a la movilización. Esta concurrencia masiva fue el resultado de una gran campaña y de haberlo votado en la Asamblea Ordinaria del sindicato. La representación de la CGT, en ausencia del Supe (petroleros), quedó en manos de un pequeño grupo de camioneros de Moyano. El Partido Obrero movilizó una importante columna en apoyo al Astillero y contra la infame reforma laboral. En los días previos, volanteamos todas las grandes fábricas y concentraciones de trabajadores de la región. Después del 23 seguimos la campaña por el paro activo y para intervenir en la gran marcha del 6 de diciembre -ya votada por Suteba Ensenada y ratificada por las Juntas Internas clasistas de ATE que la están organizando. ¡Paremos contra el paquetazo de Macri y Vidal!

Los verdaderos alcances de la llamada reforma laboral impulsada por el macrismo no se encuentran solamente en el articulado del proyecto que entró en el Parlamento. Hay también una letra chica de esta “reforma”. La burocracia sindical, las cámaras patronales y el gobierno han cerrado filas en defensa de la ley 23.551, llamada también ley de Asociaciones Sindicales. La aplicación estricta de la misma es una moneda de cambio que reclama la burocracia sindical con el propósito que, a cambio de la entrega de históricas conquistas del movimiento obrero, se proceda a la liquidación de la inmensa mayoría de los sindicatos simplemente inscriptos. Este acuerdo cuenta con el aval de las patronales que “colaboran” con la ley gremial, no otorgando los créditos horarios, desconociendo los derechos a asambleas, no efectuando el descuento por recibo de sueldos de las afiliaciones y trabando toda participación en las negociaciones paritarias, habilitadas exclusivamente a los sindicatos con personería gremial. La burocracia sindical, en su punto más alto de desprestigio, busca desesperadamente que el Estado impida a los trabajadores su libre agremiación, después de que ellos fracasaran en impedirla. La base central de esta reforma laboral se apoya por entero en la defensa de los “cuerpos orgánicos” de la burocracia sindical, en la dictadura de la llamada personería gremial y, fundamentalmente, en la intromisión despótica y dictatorial del Ministerio de Trabajo en las organizaciones del movimiento obrero. El Ministerio de Trabajo ejerce esa dictadura desde el nacimiento mismo de un sindicato simplemente inscripto, obligándolo a través de tachas y enmiendas no sólo a demorar su reconocimiento sino a ajustar al gremio que nace al llamado “Estatuto tipo” del ministerio, que liquida la esencia de la democracia sindical al desconocer el derecho de las minorías, pactar a su antojo la normativa electoral de cada gremio y otorgarle superpoderes a la comisión directiva respecto de cualquier lista opositora. De aceptarse el brutal filtro del estatuto tipo, se inicia luego en el ministerio el vía crucis de los simplemente inscriptos para que sean aceptados en la “estructura sindical”, donde duermen el sueño de los justos centenares de los nuevos sindicatos. Cuando todo eso se sortea, aparece la puntada final de la dictadura del ministerio, que es la certificación de firma de las autoridades del sindicato, la única que permite posteriormente el descuento por recibo de sueldo de la cuota de las afiliaciones y que el sindicato no se transforme en una sociedad de fomento o en un sindicato del anarquismo de principios de siglo, donde se cobraba individualmente la cuota de sus afiliados. Amparados en este cuadro de regimentación, nacen los "Pata" Medina, los “Lagarto” Olmedo y los Leguizamón, unos presos, otros prófugos, que siguen operando desde la cárcel, o desde la clandestinidad, como lo hace la banda de delincuentes que dirigen en las sombras la Uocra de Bahía Blanca. El desarrollo de sindicatos simplemente inscriptos como el del Subte, la AGD, el Sipreba, Ademys y los sindicatos azucareros -entre otros- son realidades que han venido para quedarse en la historia del movimiento obrero argentino. Vamos a una acción conjunta movilizadora de todos nuestros sindicatos para quebrar los intentos de proscripción del gobierno, de la burocracia sindical y de las patronales. El reciente fallo de la Cámara Laboral en contra de la interpretación de la 23.551, por el cual reconoció el derecho del Sitraic a que a sus afiliados se les efectúe el descuento de la cuota sindical por recibo de sueldo, debe ser extendido. Vamos a dar batalla contra la reforma laboral y contra la liquidación de los sindicatos simplemente inscriptos: 1) reconocimiento de sus fueros gremiales al mismo nivel que los sindicatos con personería gremial; 2) habilitación a las discusiones de salarios y condiciones de trabajo; 3) impedimento del MTSS de bloquear cualquier resultado eleccionario de una organización simplemente inscripta mediante el procedimiento de ahogarlos financieramente; 4) derogación de la ley 23.551 y la eliminación de la injerencia del Estado sobre los sindicatos.