Prensa Obrera N° 1483

A partir de este número, la edición semanal de Prensa Obrera contará con ocho páginas. Actualmente, la colocación y venta de nuestro semanario no cubre los costos de edición, impresión y envío a todo el país. Ello nos viene generando, por lo tanto, un déficit importante e imposible de sostener. Una edición reducida contribuirá a bajar considerablemente -y de un modo inmediato- la pérdida que actualmente soportamos. Sin embargo, trabajaremos para que esta situación encuentre otra salida: nos referimos a un esfuerzo militante por acrecentar la actual venta de Prensa Obrera, mediante su colocación en lugares de estudio y trabajo, así como un importante plan de suscripciones. En este período, hemos asistido también a un fuerte crecimiento de nuestra página web, que incorpora diariamente entre 25 y 30 nuevos contenidos. La página registra en la actualidad 2,5 millones de usuarios mensuales y ha crecido un 150% en el último año. Pero ello no nos exime de la batalla por sostener y ampliar el alcance de la Prensa Obrera impresa, cuya colocación obliga a un debate y a un compromiso con los compañeros interesados en su lectura. Esa es la batalla que tenemos planteada. Sobre esta base aspiramos a recuperar nuestra edición de 16 páginas en el plazo más breve.

Convocados por AGD-UBA, el pasado viernes 17 se reunió un conjunto de sindicatos simplemente inscriptos para debatir posibles acciones legales y de lucha frente a las trabas que, desde el Ministerio de Trabajo, se les imponen. Además de AGD-UBA estuvieron presentes docentes universitarios Universidad de Luján (Adunlu), Sitraic (Construcción), AGIHM (Hospital Moyano), profesionales de Servicio Social GCBA (APSS), Atrana (Radio Nacional), Cicop, Fesprosa, Sipreba y Ademys, junto a sus asesores legales, representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas y del Observatorio de Derecho social. También se sumaron compañeras/os de CTA Autónoma y CTA Capital. La reunión comenzó ubicando la situación que están viviendo nuestras organizaciones sindicales en el cuadro de una terrible ofensiva hacia la clase obrera por parte del gobierno (apoyada por los gobernadores, tanto propios como del PJ y sus referentes políticos) y denunciando al pacto Macri- CGT, que ha entregado las conquistas de los trabajadores. Se caracterizó que el plan de guerra hacia la clase obrera y el pueblo tiene como centro la reforma laboral oficial, que busca mayor flexibilización y atacar a los convenios, como lo demuestran los acuerdos de Vaca Muerta, Atilra, UPCN por presentismo y productividad, y UOM Tierra del Fuego -todos gremios de distintas centrales. Son parte también de este plan la reforma previsional contra los jubilados (y a favor de las patronales con la rebaja de cargas sociales), la reforma contra la salud y la educación y, por supuesto, el tarifazo en los servicios. A lo largo del debate, todos acordaron que el ataque a los sindicatos inscriptos es parte de ese paquete. Si bien Macri lo dijo directamente en su discurso el 30 de octubre en el CCK, ya lo viene implementando de antes. Como quedó expuesto por los distintos compañeros, con demoras administrativas y de rúbrica de libros, no entrega de certificación de autoridades, no aprobación de estatutos, entre otras cuestiones, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo impide y golpea el normal funcionamiento de los gremios. El ataque a los simplemente inscriptos, por lo tanto, es un guiño a la burocracia, al unicato y a la dictadura de la personería gremial, a la defensa de sus cuerpos orgánicos y, por supuesto, a las patronales. Por esto, la ilegalización de los sindicatos inscriptos es parte del pacto de Triaca con la CGT por la reforma laboral. Esta primera reunión resolvió comenzar un relevamiento de las distintas situaciones que están sufriendo los simplemente inscriptos y que atentan contra la autonomía de las organizaciones de trabajadores, para implementar acciones legales en el país y en organismos internacionales. También se acordó realizar una nueva reunión, el 29 de noviembre, a las 15 hs, en AGD-UBA, para avanzar hacia acciones gremiales y legales que se desarrollarán de conjunto. Todos los presentes reafirmaron su compromiso de movilizar el 6 de diciembre, de Congreso a Plaza de Mayo, y salir a la calle contra la reforma el día que se discuta en la Cámara de Senadores.

La mejor demostración de que el pacto CGT-gobierno sobre la reforma laboral ha preservado las columnas estratégicas del proyecto original es el pronunciamiento o el silencio aprobatorio de los “popes” del empresariado. Es interesante analizar cómo se vuelca la información. Todos los medios han batido el parche sobre la eliminación de la modificación del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), planteada en el proyecto original, y que introducía el concepto de “cooperación” entre partes iguales, lo que hacía desaparecer el concepto del trabajador asalariado como sujeto sometido a una relación de dependencia, equiparándolo jurídicamente al patrón. Se exalta la “victoria” de la burocracia al eliminar este texto ideológico, pero no se dice una palabra sobre la suplantación de ese artículo por la decisión de conformar una Mesa de Diálogo Tripartita que funcionará en forma permanente entre el gobierno y los “triunviros”, una suerte de Consejo Económico y Social nada menos que para “evaluar y determinar medidas o cambios en el actual marco laboral”. Es decir, un paso más en la integración de los sindicatos al Estado. Se debe constituir en 90 días y en otro tanto deberá pronunciarse sobre temas conflictivos y otros puestos a su consideración. La creación de dos figuras nuevas en el marco laboral, un virtual golpe de Estado al crear dos categorías por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), se sacaron del proyecto pero no fueron abrogadas, sino derivadas a esta Mesa Tripartita. ¿Cómo quedó el principio de “irrenunciabilidad” -que determina la nulidad de toda norma que rebaje los derechos logrados? Toda la prensa “informa” que se dio marcha atrás en el texto original, que permitía ignorar el “piso” de conquistas establecidos en los contratos individuales, pero no dice que se habilitó que “en el resto de otros casos” -mejoras por encima de este piso -al trabajador sólo le queda el derecho de hacer juicio. Los puntos nodales El acuerdo dejo intocada la modificación del llamado Iusvariandi (art. 42), que establece que “el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación del trabajo”. El trabajador podrá acudir a la Justicia, lo que no impedirá el cambio, o considerarse despedido sin causa. “El gobierno dio marcha atrás” sobre las indemnizaciones, se dice a coro. Estas, en el texto original, debían calcularse sólo según el salario básico y ahora se le integran las horas extras y las comisiones. Quedan afuera nada menos que el proporcional del aguinaldo, los bonos anuales, los premios de todo tipo y se mantiene la puerta abierta a los “fondos voluntarios”, donde el trabajador termine pagándose de su salario su propia indemnización. Sobre pocos temas se ha machacado tanto como en el supuesto retiro del “banco de horas” que dejaría preservadas las horas extras. Pero la información habitual no dice que el proyecto de ley establece que el banco puede establecerse por convenio colectivo, es decir con el acuerdo de la burocracia sindical, como hoy pasa en el Smata y otros gremios. El proyecto deja abierta la libre contratación a tiempo parcial -“los convenios… determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial… en cada establecimiento (art. 33, inc.5). Multifunción, flexibilidad laboral y rebaja sustancial de las indemnizaciones: el corazón de la reforma laboral ha quedado en pie. El jubileo a las empresas que operan en negro es, a la vez, un colosal desfalco al trabajador. Los empleadores que blanqueen tendrán una condonación de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios por no haber cumplido con las contribuciones a la Seguridad Social. Pero atención, a los trabajadores blanqueados se les reconocerá sólo hasta 60 meses de aportes. Si se mira la otra parte, los empresarios que actúan en negro, el trato es bien diferente. El Estado se hace cargo de lo que no aportaron los patrones y el blanqueo laboral incluye, además, la extinción de la acción penal en eventuales juicios. El pacto con la burocracia sindical incluye a Moyano La reforma laboral valida la tercerización, un rumbo abierto con las modificaciones al Código Civil. Elimina la responsabilidad solidaria en la tercerización o subcontratación de una vastísima cantidad de rubros. Lo que importa, de todos modos, es que éste es uno de los reclamos básicos del capital, que queda habilitado para implantar la tercerización “dentro o fuera de su ámbito” y pagar un salario menor a los sometidos a este régimen. Lo notable del acuerdo es que ha sido modificado en función del acuerdo con Hugo Moyano. El régimen de responsabilidad solidaria de la empresa principal con el personal de una tercerizada no será aplicable en un conjunto de rubros. Pero “quizás el logro mayor de la CGT fue dejar afuera de la limitación al transporte de cargas y la logística, la gran preocupación del jefe camionero, Hugo Moyano, que interpretaba la primera redacción de este artículo como una abierta ofensiva en su contra” (El Cronista, 17/11). A cambio de dejar pasar la reforma laboral, la burocracia se lleva tres cuestiones sustanciales. Una, la preservación del unicato sindical, que el gobierno y la Corte Suprema están impulsando fuertemente con la ofensiva sobre los sindicatos fuertemente inscriptos. Dos, la creación de la “agencia evaluadora” de las prestaciones de las obras sociales, cuya misión será la de restringir los tratamientos más costosos y complejos, una agencia en la que la burocracia actuará como cualquier patrón de la salud. Tres, la suspensión, aunque siempre presente como extorsión, de nuevos “carpetazos”. La reforma laboral determina que el plazo de prescripción para presentar reclamos laborales pasa de dos años a uno -la dictadura había acotado ese plazo de cuatro a dos años. Además, si durante cinco años no se pagaron horas extras, ahora se puede reclamar sólo por el último año. Esto en el marco de algo oculto pero sustancial: la colonización brutal que se está operando en la Justicia laboral, a fin de convertir a este fuero en una fuente de decisiones abiertamente patronales, más allá de la letra de la ley. Fuera la reforma: consigna nacional Bajo la consigna “Fuera la Reforma”, impulsemos asambleas de base, plenarios de delegados con mandato de los lugares de trabajo con la mirada puesta, en primer lugar, en una enorme jornada de movilización del 6 de diciembre. Organicemos congresos con mandato de bases de todos los sindicatos, sin distinción de centrales, para resolver un plan de lucha hasta quebrar esta ofensiva.

En la Cámara de Senadores se está buscando un tratamiento exprés, incluso hasta sobre tablas, que lleve a atropellar todo debate parlamentario, y especialmente todo debate en el movimiento obrero, sobre la ley de reforma laboral. En cualquier caso, semanas más o semanas menos, el Parlamento será una caja registradora del pacto entre Macri, la CGT y los gobernadores, desde Vidal hasta Alicia Kirchner. Están en marcha paro, piquetes y movilización el día de su primer tratamiento en el recinto del Senado y, al mismo tiempo, una gran movilización de sindicatos combativos y organizaciones sociales a Plaza de Mayo el 6 de diciembre. Tal como lo anunciamos desde mediados de setiembre, en plena campaña electoral, la CGT ha entregado al movimiento obrero. Bajo el paraguas de ese pacto de la burocracia sindical del Triunvirato, donde abrevan todas las fracciones del pejotismo sindical, el pejotismo de los gobernadores dará paso a una reforma laboral que arrasa conquistas logradas en cien años de lucha. Por otra parte, se suceden los convenios flexibles a la baja. A los de Vaca Muerta (petroleros) y Atilra (lecheros), hay que agregar el convenio del Estado que establece productividad y presentismo, y ahora el congelamiento salarial hasta el año 2020 que ha firmado la UOM Tierra del Fuego (de cuño kirchnerista), haciendo pagar a los metalúrgicos la promoción industrial que dejará de solventar el Estado. La reforma laboral está atada a un ataque sin precedentes al bolsillo de los jubilados y la Anses, transfiriendo centenares de miles de millones a los bolsillos empresarios, desde el bolsillo de los jubilados. De allí saldrá también parte del acuerdo de caja de las provincias. Esta monstruosa transferencia de los trabajadores hacia la patronal y el Estado se hará por la vía de anular la movilidad jubilatoria, mediante la “armonización” que liquidará en el tiempo los regímenes especiales de trece provincias y otros, y mediante la rebaja de aportes que golpeará progresivamente la recaudación previsional. En tanto, se rebaja progresivamente el impuesto a las Ganancias a los capitalistas y se incrementa el Impuesto al Salario (puesto que el Mínimo no Imponible de Ganancias cambiará su movilidad y se incluirán importes variables en el cálculo que estaban excluidos). Por otro lado, la rebaja de Ingresos Brutos quedará en los bolsillos empresariales mientras se “compensa” la reducción con aumentos de impuestos inmobiliarios provinciales que llegan al 56% promedio en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, los aumentos de tarifas expuestos en las audiencias públicas trascienden en mucho lo previsto antes de las elecciones. La luz aumentará más de un 70% entre diciembre y febrero, y el gas un 45%. Tampoco habrá bonificación alguna para beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y los importes de los trabajadores precarios de los planes sociales están absolutamente congelados porque no siguieron ni siquiera el aumento del salario mínimo. Desmentimos la estafa del 82% que es sobre el salario mínimo, que ya está vigente y que es la mitad de la línea de pobreza. Por otra parte, se establece que el 82% del salario mínimo será para aquéllos que tengan 30 años de aportes únicamente. Un plan de guerra contra el pueblo trabajador está en marcha con el aval de la burocracia sindical. Por ello se ataca a los sindicatos simplemente inscriptos y a todo el sindicalismo de clase y combativo. Promovemos la más amplia deliberación y movilización en todas fábricas y lugares de trabajo del país, para rechazar este golpe contra el movimiento obrero. En esa tarea, más de 50 dirigentes de sindicatos combativos se reunieron en la sede central de ATE el pasado martes 14 y pactaron paros, piquetes y movilización para el día que se trate la reforma y un acto en Plaza de Mayo para el 6 de diciembre. Allí estuvieron presentes además de ATE Nacional, la Federación Aceitera, el Sutna (Neumático), Conadu Histórica y AGD-UBA, el Sitraic (Construcción), Unión Ferroviaria Oeste, Cicop, APM (visitadores médicos), Suteba Matanza, Ademys, Sipreba (Prensa), Fesprosa (médicos), Polo Obrero, CTEP, CCC, Barrios de Pie, Pepsico, Jubilados Clasistas, minorías de Foetra y AGTSyP (Subte), cuerpos de delegados de Gráficos, Alimentación y otros, que expresan a todo el sindicalismo de izquierda. Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero Romina Del Plá (secretaria general Suteba Matanza), Soledad Sosa (secretaria adjunta CTA Mendoza), Alejandro Crespo (secretario general Sutna), Ileana Celotto (secretaria general AGD-UBA), Antonio Rosselló (secretario general a cargo Conadu Histórica), Víctor Grosi (secretario general del Sitraic), Rubén Schoffrin (secretario adjunto del Sipreba), Daniel Rapanelli (secretario general Suteba Ensenada), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Claudia Consiglio (secretaria adjunta Suteba Escobar), Vanina Biasi (Comisión Interna No Docente Sociales UBA), Amanda Martín (secretaria adjunta Ademys), Pablo Eibuszyc (minoría Foetra Buenos Aires), Pablo Busch (C. Interna Unilever, Alimentación), Miguel Bravetti (C. Interna Interpack II, Gráficos), Rubén Allende (secretario general Municipales Coronel Suárez), Churi Uro (secretaria general ATE Educación), Federico Navarro (C. Interna Aluar, Puerto Madryn), Cristian Míguez (C. Interna Acindar, Villa Constitución), Luciano Cáceres (secretario adjunto Amsafe Rosario), Ariel Osatinsky (secretario general Adiunt Tucumán), José Luis Perea (C. Interna ATE Inta), Daniel "Pollo" Luna (C. Interna ATE Inti), Jorge Hospital (Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra), Norberto Calducci (vocal por la minoría en la C. Directiva Provincial de Aten), Gastón Castro (Adosac Perito Moreno), Pablo Viñas (AGR-Clarín), Sebastián Rodríguez (Gráfica Morvillo), Cecilia Bari (secretaria general Atrana, Radio Nacional), Alejandra Koszieniack (secretaria gremial sindicato periodistas de Corrientes) y siguen firmas.

El sindicato del Neumático ha resuelto realizar un paro de actividades de todas las plantas que conforman el gremio -sobre la base del mandato de la asamblea general- para el momento en que el Senado le dé tratamiento a la reforma laboral. Los ataques de las patronales se han producido luego del proceso electoral y el anuncio presidencial del paquete de reformas. Estas han comprendido el visto bueno de sus representantes en el Estado para intentar avanzar sobre los trabajadores. La patronal de Firestone, por ejemplo, intentó suspender a trabajadores que participaron de la asamblea general del gremio y que por obvias razones ese día no concurrieron a sus puestos de trabajo. En Fate, la patronal intentó imponer estándares de producción de superexplotación. Estos intentos han sido bloqueados por la actual organización de los trabajadores de Fate y el Neumático; sin embargo, todos los días las patronales prueban la posibilidad de avanzar. La deliberación en las fábricas es permanente. El Sutna realizó publicaciones explicativas sobre todos los puntos de la reforma laboral para aportar una mayor clarificación sobre el ataque generalizado que pretende el gobierno sobre la clase obrera. La declaración publicada por la dirección del sindicato y debatida entre los compañeros, contiene un llamado a defender todas las conquistas, explicando que esta defensa de los intereses obreros no se puede realizar sólo por gremio. La burocracia entreguista de la CGT pretende actuar como la representación de la clase obrera, actuando a espaldas de los trabajadores y privando a cada compañero de su derecho a defender lo que ha conquistado. El Sutna ha llamado a que cada trabajador se organice y luche en todos los lugares de trabajo, impulsando que cada compañero del Neumático tome en sus manos el problema y se convierta en un organizador de muchos otros. Al mismo tiempo, llama a que todas las organizaciones sindicales que se han pronunciado en contra de la reforma, convoquen a parar el día del tratamiento en el Parlamento. La discusión masiva sobre la reforma laboral (ya resuelta en Brasil) que tuvo lugar en la asamblea general del gremio y las acciones de lucha convocadas, como la movilización del 12 de octubre, han preparado la conciencia de muchos trabajadores sobre la envergadura del ataque del gobierno. Un sector de la izquierda (PTS, PTR) -que quedó en absoluta minoría en la asamblea general- exige ahora que se realicen asambleas para consultarle a los trabajadores la pertinencia del paro. Ya conocemos este método que intenta montar una delimitación ficticia y que ha llevado a papelones como en Kraft, donde “consultando” a los trabajadores se resolvió no parar el día de un paro general. La lucha contra la reforma laboral empieza a abrirse camino en el corazón del movimiento obrero. Esta pelea comienza a dar sus primeros pasos y tendrá largo alcance. Vamos al Congreso el día que intenten aprobar el proyecto de ley en Senadores. Vamos el 6 a la Plaza de Mayo. Las herramientas sindicales recuperadas por sus trabajadores tienen la responsabilidad de marcar el camino de lucha y organización. Todo el trayecto estará signado por la expulsión de la burocracia de los sindicatos y la reorganización de la clase obrera en la lucha por sus intereses presentes y futuros. VER MÁS: Sindicato de Trabajadores del Neumático va al paro y llama a parar y movilizar contra la reforma laboral

La derrota electoral de la Nueva Mayoría, con Alejandro Guillier a la cabeza (22,7%) frente al derechista Sebastián Piñera (36,6%), en esta primera vuelta presidencial, plantea una nueva transición política en el país, la cual se desarrolla en el marco de una aguda fractura económica, social y política. El régimen político que buscó darle una salida pactada a la dictadura y planteó una política de protección de la herencia pinochetista, basada en el uso de los planes de asistencia social en un cuadro de confiscación extrema del salario, se ha comenzado a venir abajo. El derrumbe del concertacionismo quedó a la vista cuando la coalición gobernante se presentó a la primera vuelta de esta contienda electoral con dos candidatos (Guillier y la democristiana Carolina Goic). La descomposición de la Concertación-Nueva Mayoría ha dado como resultado la emergencia tanto de variantes derechistas como izquierdistas. Piñera aparece como la primera opción para relevar a la actual mandataria Michelle Bachelet y tendrá que probar de cara a la segunda vuelta su capacidad de poner en marcha un nuevo rescate capitalista, con una orientación económica y política muy similar a la que venía desarrollando la Nueva Mayoría, y que exigirá una confiscación social de más largo alcance. Pero, contrariando las encuestas, la explotación electoral que ha logrado la derecha fue menor que lo que se pronosticaba. La gran “sorpresa”, como lo destacan los diarios, fue la elección del Frente Amplio. Su candidata, Beatriz Sánchez, cosechó más del 20,3% de los votos -quedó tercera- y le pisó los talones al candidato oficialista. Por su parte, las candidaturas impulsadas por el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR, afín al PTS argentino) que se circunscribió a unos pocos distritos, obtuvo el 1,7 y el 2,9% de los votos en Antofagasta y el distrito 10 de Santiago (La Izquierda Diario, 20/11). La volatilidad da cuenta de la precaria e inestable transición política. La abstención llega al 54% (más de 8 millones de personas) y de cara a la segunda vuelta estará en juego el 46% de votos totales que se reparten en los candidatos que quedaron fuera del balotaje. El Frente Amplio Con nueve meses de existencia, y su primera candidatura presidencial, este frente electoral de cuño reformista y democratizante ha logrado canalizar una parte importante de los votos históricos de la concertación, al colocarse en el discurso como “los representantes de los movimientos sociales”, “con manos limpias” en el contexto de los casos de corrupción, como lo contrario a la “vieja política”. El Frente Amplio ha ensanchado su representación parlamentaria a veinte diputados. Estamos frente a un viraje a la izquierda en la elección parlamentaria, canalizado por la izquierda democratizante. Las agrupaciones del FA han hecho pública su adhesión a las “reformas” del gobierno catalogándolas de “progresistas”, como lo hizo con la “beca de gratuidad”, la reforma laboral antihuelgas y hasta con aspectos de la reforma que busca rescatar a las AFP. Al mismo tiempo, juraron fidelidad al programa del movimiento NO+AFP. Donde los reclamos del Frente Amplio brillaron por su ausencia, fue frente a políticas antiobreras como lo son el salario mínimo de miseria que el gobierno negoció con la burocracia del PC en la CUT, la criminalización de las huelgas y el incremento de la deuda pública. Los parlamentarios del Frente Amplio no han presentado ni una moción en contra de estas medidas de ataque al pueblo trabajador. El fuerte carácter populista y democratizante de este frente “policlasista” ha marcado que su programa se presente como un “rejunte” de reivindicaciones “ecologistas”, “feministas”, “laborales”, “estudiantiles”, “animalistas”, “regionalistas”, con una metodología que apunta a sustituir el antagonismo de clase y la lucha por un gobierno de los trabajadores por la lucha “contra el neoliberalismo” y por la “democracia”. Se pronuncian contra la “casta política” y plantean su sustitución por sus candidatos que vienen “con las manos limpias” y que están dispuestos a cobrar “como un docente universitario” -o sea, una depuración del personal político dentro del marco del orden social vigente. En momentos donde la descomposición capitalista se profundiza, proponen convertir en “bienes públicos” a la salud, la vivienda y la educación sin tocar al capitalismo. Se han preocupado de sostener que todas sus medidas programáticas se ajusten a la legalidad vigente. El Frente Amplio, como furgón de cola del concertacionismo, ha demostrado en su corta vida, tener en su ADN la misma tendencia a tomar reclamos populares de forma testimonial, vaciándolos de un contenido clasista y de combate, como ha sucedido con el programa de la Coordinadora NO+AFP, donde no han movido un dedo para garantizar la continuidad de la movilización. Han hecho lo mismo con el apoyo a la “beca de gratuidad” y la condonación de los créditos CAE (de Aval Estudiantil) donde para esto último han llegado, incluso, más lejos que los otros dos candidatos capitalistas, planteando que están dispuestos a negociar con los bancos formas de pago íntegro de todos los créditos en mora de los deudores educativos, que suman casi la mitad de la cartera. La tarea del momento El Frente Amplio ya se perfila como una adaptación de las formas de contención de las masas y acuerdos con los privatizadores en el marco de la nueva realidad. La mayoría de sus partidos integrantes ya han planteado una confluencia del Frente Amplio con el ala “progresista” de la Concertación. Invocarán el “fantasma de la derecha” como extorsión contra los trabajadores y argumento para apoyar en segunda vuelta a Guillier. Esto, de todos modos, no ha pasado inadvertido para un sector no menor de adherentes del FA que han sido protagonistas de las últimas luchas sociales, que se resisten y se oponen a este apoyo al candidato oficialista, y que reivindican y defienden la existencia de una fuerza política independiente de la concertación. La segunda vuelta que se viene va a ser un recuento de fuerzas entre dos variantes capitalistas. Cualquiera sea el ganador, va a tener que pasar por la prueba de pilotear la crisis, cuyo alcance y magnitud excede holgadamente las posibilidades políticas de los dos contendientes. Tanto Guillier como Piñera no reúnen los recursos ni tienen las condiciones para dar una salida a los problemas de fondo que enfrentan el país y los trabajadores. El desarrollo de la izquierda revolucionaria dependerá decisivamente de la comprensión de fondo de la etapa política que se abre, donde es necesario que se presente en el terreno del programa y las iniciativas de lucha política con una delimitación implacable respecto del concertacionismo en descomposición y las variantes patronales. Después de cuatro décadas, estamos frente a una nueva etapa política que reclama desde sus entrañas una transformación social de fondo con un programa y un plan de lucha parido en las calles al calor de la crisis -o sea, una alternativa obrera y socialista. Lea también: “10 años del comienzo de la crisis financiera mundial: ¿A las puertas de un estallido?” Por Pablo Heller

La dirección de la CGT ya le puso el gancho al proyecto oficial de reforma laboral, que busca demoler conquistas históricas de los trabajadores. La reforma recorta las indemnizaciones, generaliza la tercerización laboral, liquida las horas extras e instituye la precarización de los jóvenes, bajo la forma de supuestas “pasantías”. Pero la cosa no termina ahí: lo que no entró en la ley de reforma lo meterán en las próximas negociaciones paritarias, atacando los convenios colectivos de cada gremio. Mientras tanto, los gobernadores del Pejota, Massa, el kirchnerismo y el “socialismo” firmaron un pacto fiscal que será bancado con un grave ataque a los jubilados. En los hechos, extienden la edad jubilatoria a los 70 años para hombres y mujeres. Y van a liquidar los regímenes especiales que permitían a los docentes, trabajadores de luz y fuerza y otros gremios jubilarse con un haber superior al que otorga la Anses. Para completar el ajuste, Macri y los gobernadores preparan el despido de estatales. Semejante ofensiva debe ser enfrentada por una lucha a fondo de todo el movimiento obrero. No es lo que va a hacer la CGT, que viene de pactar este paquetazo con el gobierno. Los capos del triunvirato cegetista, sin embargo, no tienen ningún mandato para ello. Así lo hemos entendido en la izquierda y el clasismo, que preparamos una gran jornada de lucha para el día en que el Senado empiece a discutir la reforma antilaboral. Pero esa jornada no puede ser una acción aislada. Tampoco debe limitarse a una marcha. Es necesario darle el carácter de una jornada ACTIVA, de paro y movilización. Es lo que ya han resuelto el Sutna, la AGD-UBA y el sindicato del Subte. Tomemos en nuestras manos esa tarea. Resolvamos y hagamos resolver, en nuestros sindicatos y lugares de trabajo, un rumbo de lucha. El programa es claro: • Defensa incondicional de las conquistas de los convenios colectivos. • Ningún despido. Ocupar toda fábrica o repartición que cierre o despida. • Paritarias sin techo y sin condicionamientos flexibilizadores. • Abajo la reforma previsional, 82% móvil del último salario percibido. • Anulación de los tarifazos e impuestazos al consumo y al salario. Por este programa, PAREMOS y MOVILICEMONOS masivamente el día en que se trate la reforma antiobrera. Foto: Fede Imas

El II Congreso de los Soviets inició sus sesiones el 25 de octubre (7 de noviembre) y sancionó la toma del poder. Pocas horas después, la Guardia Roja tomó el Palacio de Invierno y detuvo a los miembros del Gobierno Provisorio. La insurrección había culminado: el gobierno de los Soviets y del partido bolchevique eran un hecho. La conjunción entre las operaciones militares y la proclamación soviética constituyó el nudo de la estrategia que siguió el partido bolchevique en estos días decisivos. Las operaciones militares se desarrollaron a partir del lunes 23, a cargo del Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado (CMR). Tuvieron un protagonista predeterminado: la fuerza política de la insurrección era el proletariado, en primer lugar, el proletariado de San Petersburgo y su vanguardia, el barrio de Viborg. Fue el punto de partida de la ofensiva. Esta ofensiva se organizó a partir de tres puntos de apoyo: una influencia y un control creciente de los soldados de la guarnición; la Guardia roja y los marinos del Báltico. A partir del Soviet, los bolcheviques lograron quebrar la antigua estructura militar de comando y ganaron la adhesión de la mayoría de la tropa, con una red de comisarios políticos. La Guardia Roja se extendió a partir de Viborg a todos los barrios. El día 22, una conferencia centralizó 20.000 miembros armados; otros estimaron el número en 40.000. Los marinos del Báltico contaban con su propio poder de fuego. El día 24, el gobierno lanzó una ofensiva represiva y clausuró los diarios bolcheviques. El CMR respondió de inmediato: reabrió los diarios, ocupó los puentes, las estaciones, las centrales eléctricas y de comunicaciones y dispersó el Preparlamento. El cerebro político de este desenvolvimiento fue León Trotsky, con la autoridad del Soviet de San Petersburgo y la adhesión de la población trabajadora y la guarnición. A las 14:35 del 25 de octubre, Trotsky abrió la sesión del Soviet y anunció desde la tribuna: “En nombre del CMR, declaro que el gobierno provisorio no existe más!”. En medio de su discurso, Lenin hizo su aparición; la sala se levantó y lo aplaudió estruendosamente. Los dos líderes bolcheviques estaban en la tribuna y Trotsky le cedió la palabra a Lenin, quien afirmó: “El Gobierno Provisional ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del Comité Militar Revolucionario, que es un órgano del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la guarnición de la capital. Los objetivos por los que ha luchado el pueblo -la propuesta inmediata de una paz democrática, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción y la constitución de un Gobierno Soviético- están asegurados. ¡Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos!”. El II Congreso de los Soviets En el II Congreso de los Soviets, de acuerdo a la Comisión de Control, se acreditaron 670 delegados, de ellos 300 bolcheviques, 193 socialistas revolucionarios (más de la mitad eran de su ala izquierda), 68 mencheviques, 14 mencheviques internacionalistas y otros agrupamientos menores. Los bolcheviques requirieron de los socialistas revolucionarios de izquierda para constituir una mayoría. Las deliberaciones del congreso duraron hasta el día 27. Fueron 30 horas de un congreso llamado a alumbrar un nuevo poder. ¿Qué poder y qué programa? La alternativa era: gobierno “socialista” del conjunto de las organizaciones soviéticas para ejecutar un programa democrático o gobierno revolucionario de los bolcheviques y sus aliados para un programa de paz, pan y tierra. Martov, en nombre de los mencheviques internacionalistas, hizo moción por un gobierno democrático unificado. Fue bien recibida y aprobada por unanimidad. La derecha menchevique lanzó una ofensiva, atacó a los bolcheviques y pidió la negociación con el gobierno. La izquierda reaccionó vigorosamente y la unanimidad se esfumó. Los mencheviques y los socialistas revolucionarios de derecha decidieron retirarse del congreso. Martov insistió. Trotsky defendió la insurrección. El debate se polarizó entre estas posiciones y la sesión se suspendió a la madrugada. Poco después cayó el Palacio de Invierno. El congreso se reanudó con un Gobierno Provisorio que había dejado de existir. Nadie defendió a Kerensky. Los mencheviques internacionalistas, a su vez, abandonaron la sala. Lounatcharsky subió a la tribuna y leyó el manifiesto de Lenin “A los obreros, a los soldados, a los campesinos”, que fue finalmente aprobado por una mayoría abrumadora, con 2 votos en contra y 12 abstenciones. Era el programa del nuevo poder soviético. El congreso aprobó luego los decretos de Lenin sobre la paz y la tierra, abolió la pena de muerte, constituyó un gobierno exclusivamente bolchevique, nominado como Consejo de Comisarios del Pueblo: Lenin era su presidente; Trotsky quedó a cargo de las Relaciones Exteriores; Lounatcharsky, de Educación. Convocó a elecciones de Asamblea Constituyente para el 12 de noviembre. El nuevo gobierno fue luego objeto de negociaciones con los conciliadores y los sindicatos ferroviarios y de correos, además de un fiero debate interno en el partido. Con extrema dureza se replanteó el enfrentamiento con Kamenev y Zinoviev, a los que Lenin amenazó con la exclusión. Una fórmula final fue alcanzada en las primeras semanas de noviembre, con un gobierno que contó con la participación de ministros socialistas revolucionarios. TE PUEDE INTERESAR: El acta de la toma del poder

El plan de guerra anunciado por Macri luego de las elecciones pone a prueba al conjunto de las fuerzas políticas y sirve como un elemento enorme de clarificación de cara a los trabajadores y al conjunto de la población. Esto vale también para el Frente de Izquierda, que con el 1.2 millón de votos obtenidos reforzó su posición de referencia electoral de la izquierda. El resultado del FIT, siempre según el punto de partida de cada fuerza y las expectativas previas, fue balanceado como positivo en contraste con el retroceso general de la oposición patronal, empezando por el pejotismo-kirchnerismo, y ni qué hablar si se contrasta con la desaparición del centroizquierda. Punto de partida El punto de partida para diseñar una intervención del FIT supone dotarse de una caracterización correcta. Contra los que conjeturan que la ofensiva de un gobierno de derecha atenúa las contradicciones en la oposición y avalan un ´frente único´ entre la izquierda y el kirchnerismo, destacamos que el intento de Macri de avanzar contra las conquistas históricas de los trabajadores acentúa como nunca antes las divergencias y la lucha política que de ellas se deriva. No podría ser de otro modo, pues las fuerzas de la oposición patronal son dependientes de la clase capitalista que hoy homogéneamente se agrupa detrás del gobierno macrista. Este seguidismo ha quedado debidamente plasmado en la firma de Alicia Kirchner al pacto fiscal de Macri con los gobernadores, que tiene como piedra basal el desmantelamiento del régimen previsional, la reducción de impuestos a las patronales y su reemplazo por nuevos impuestazos contra los trabajadores. La burocracia nac&pop Esta conducta del kirchnerismo en el plano político tiene su traducción en el movimiento obrero. Las burocracias que se reclaman aún seguidoras de la ex presidenta han estado a la cabeza de las peores entregas. Aunque digan rechazar la reforma laboral, han firmado en sus respectivos sindicatos convenios flexibles, como son los casos de Atilra y los petroleros de Santa Cruz, y hasta el congelamiento salarial por dos años, como hizo la UOM de Tierra del Fuego. Esta entrega de convenios y de la paritaria anticipa que cualquier movilización que estos sectores puedan hacer contra la reforma laboral será un evento aislado y de contención. Para el Frente de Izquierda esta caracterización es fundamental, porque debe llevarlo a intensificar una lucha política por estructurar una salida independiente de los trabajadores, evitando todo tipo de seguidismo al nacionalismo decadente y en descomposición. El macrismo se valió de estas limitaciones insalvables de la oposición para imponerle su punto de vista a la población, conquistando así un triunfo electoral. Ni el pejotismo-kirchnerismo ni el massismo pudieron oponer al programa de ajuste del gobierno un programa de ajuste a los ajustadores. El planteo de repudio a la deuda externa, de nacionalización del petróleo y del conjunto de los recursos naturales, la nacionalización de la banca y el control obrero de la producción sólo pueden ser enarbolados por una fuerza obrera y socialista, defensora del gobierno de los trabajadores. El Frente de Izquierda debe asumir este desafío lanzándose a una gran campaña política. El FIT y el movimiento obrero Lo mismo vale para librar una lucha estratégica en el movimiento obrero. El Frente de Izquierda debe movilizar al activismo antiburocrático y clasista en los sindicatos, para desarrollar una lucha a fondo contra el plan de guerra de Macri. Esta acción necesariamente reclama una vigorosa delimitación política, combinada con la acción de lucha de las posiciones conquistadas por la izquierda. Es lo que ha hecho el Sutna, que ya anunció un paro para el día que se trate la ley laboral en el Congreso, sin esperar a que la CGT convoque a uno. Lo mismo ha ocurrido en las secciones de los Sutebas combativos. Sin embargo, el FIT no actuó en común. Los compañeros del PTS se opusieron a votar un paro, si antes éste no era declarado por Baradel . El PTS adoptó esta orientación conservadora en nombre del ´frente único´. Pero la política de frente único es un instrumento de lucha política, que nunca debe confundirse con el seguidismo a la burocracia o al nacionalismo. De lo contrario, conduce a la neutralización de la izquierda revolucionaria y del clasismo. La cuestión del frente único, como siempre, debe comenzar por casa. Antes de reclamar a los sindicatos una acción común, ésta debe ser llevada adelante en la práctica por el propio Frente de Izquierda. El desafío lanzado por Macri y su plan de guerra reclama una acción enérgica del FIT como polo político independiente de los trabajadores. Elevamos esta propuesta a la Mesa Nacional del FIT y la colocamos a debate de toda la militancia y la periferia. Vamos a una gran campaña contra el paquetazo reaccionario del gobierno, con una agitación y propaganda común, y acciones de lucha que diseñemos a nivel nacional.

La modificación del índice de ajuste de las jubilaciones también golpeará a la Asignación Universal por Hijo, por hijo con discapacidad, asignación prenatal, ayuda escolar anual para la educación, asignación por nacimiento, por adopción y por matrimonio. Estas asignaciones, que paga la Anses, tienen su actualización atada a la ley 26.417, que rige el aumento de las jubilaciones. El monto actual de la Asignación Universal por Hijo es de 1.243 pesos. Con el índice actual se calcula que pasaría a 1.743 pesos a fin de 2018. Con el aumento por inflación, pasará solamente a 1.578 pesos. A esto se agrega el adicional equivalente al 5% del crecimiento del PBI, lo que implicaría, para un crecimiento de un 2% en seis meses, un 0,1%. Sobre el actual monto de la asignación, sería un peso con cincuenta extra (alcanza para comprar tres caramelos). Estos tres caramelos fueron los que los gobernadores esgrimieron como un gran avance porque las jubilaciones y asignaciones familiares se ajustarían “por sobre la inflación”. El ajuste de la Asignación por Hijo (que reciben 3,9 millones de personas) por inflación implicará una desvalorización de la misma en términos reales, dado que la mayor parte de la asignación se utiliza para comprar productos de la canasta básica, cuyo aumento de precios ha sido muy superior al índice general de inflación. Se trata de un golpe brutal a la olla de los niños, el 47,7 por ciento de los cuales en la Argentina están por debajo de la línea de pobreza.

“Recuerdo un texto de Lenin de 1920, confrontado a la hambruna que asola al país (luego de la Guerra Civil), diciendo: ‘Somos nosotros los que debemos decidir quién va a morir’, pero “ninguno de ellos (los dirigentes soviéticos) había hecho la revolución para tener el derecho de tomar esa decisión”. Es sólo una frase de la entrevista filmada para el Seminario por la vigencia de la Revolución de Octubre por J.J. Marie, quizás uno de los hombres que más ha aportado a la historiografía sobre el tema y que puede verse en el sitio del partido. Con esta participación culminamos la presentación de los expositores del seminario (J.J. Marie había comprometido su participación, pero no tuvo la autorización de sus médicos para viajar). Todo el desarrollo del evento puede verse en www.po.org.ar en la sección Seminario por la vigencia de la Revolución de Octubre . ¿Por qué perdió Trotsky? Por la repercusión lograda y los debates que se han abierto, cabría reconocer que el seminario ha sido un hecho político y movilizador. En un escenario donde la palabra revolución ha sido hasta cierto punto sustraída del lenguaje cotidiano y el ciclo abierto por la Revolución de Octubre, para quienes sustraen esas palabras, se ha cerrado de una vez y para siempre, el seminario fue una bocanada de aire fresco. Un tercio de la concurrencia fue atraído por fuera de la convocatoria de la izquierda, mayoritariamente jóvenes y, en muchos casos, que accedían por primera vez a un debate sobre el primer gobierno de trabajadores de la historia. La pregunta del título: “¿Por qué perdió Trotsky?”, hecha en un debate, es expresiva de muchas otras que denotaban un primer acercamiento a la Revolución de Octubre, a su degeneración y al papel jugado por la Oposición de Izquierda. Como dijimos(*), el seminario tuvo un hilo conductor y un método: convocar un abanico de opiniones, que no se limitó a los organizadores del evento y concentrar los debates en los problemas que hoy se le plantean a la revolución socialista internacional. Lo que viene Retomaremos el debate abierto en relación con la Revolución de Octubre de tres maneras. Abordando la Reforma Universitaria a 100 años del grito de Córdoba, La década revolucionaria del Mayo Francés y el Cordobazo y La Revolución en Alemania. Las tres campañas replantearán desde su lugar la apertura del ciclo histórico de crisis, guerra y revoluciones por el que seguimos transitando hoy. Notas (*) Prensa Obrera N° 1.482, noviembre de 2017. Tambien te puede interesar: [VIDEO] "La mujer y la revolución de febrero", por Jean Jacques Marie [VIDEO] "El primer gobierno de trabajadores de la historia", por Jean Jacques Marie

En estas horas críticas en la búsqueda de los 44 tripulantes del ARA San Juan, las manifestaciones de crisis política alrededor de las responsabilidades por la desaparición del submarino son inocultables. Ha quedado bajo la lupa el estado de la nave, de fabricación alemana, botada en junio de 1983. Las hipótesis más firmes apuntan a un problema originado en las baterías, según el último reporte del capitán del submarino, Pedro Fernández, y por ello había adelantado su regreso desde el puerto de Ushuaia a su base en Mar del Plata ( Infobae , 20/11). “Los problemas con las baterías en el TR-1700 no eran una novedad: los trae desde su diseño en Alemania, en los albores de la década de 1980, a pedido exclusivo de la Argentina, dueña de la licencia y único usuario de esta clase de submarinos. Casi desde el inicio de las operaciones, y en especial con el radical mantenimiento de media vida al que fue sometido el S-42, los inconvenientes al respecto nunca se superaron del todo” ( La Nación , 22/11). Durante su encuentro en Chapadmalal, los familiares de la tripulación increparon a Macri. “Es prácticamente un suicidio viajar en algo que es viejísimo. ¿No pueden invertir presupuesto estatal en hacer algo por comprar un submarino nuevo y evitar esto? ¿Tiene que morir alguien para cambiar?”, le reprocharon. Otras denuncias apuntaron a la demora en la implementación del protocolo de búsqueda, en un intento por ocultar la envergadura del accidente y presentarlo como un problema circunscripto al sistema de comunicaciones de la embarcación. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, asegura haberse enterado de la desaparición del submarino ARA San Juan “leyendo Infobae”, cuando ya circulaban informes internos de la Marina que daban cuenta de la interrupción de las comunicaciones con el submarino. Aguad no había sido agregado en la distribución del parte secreto remitido al jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur. Sin embargo, cuando el contralmirante Gabriel González, jefe de la base naval de Mar del Plata, desestimó que se hubieran producido llamadas satelitales provenientes del submarino, “enfureció a Defensa y al Edificio Libertador” ( Clarín , 21/11). Las operaciones de búsqueda y rescate prácticamente han quedado en manos de tropas extranjeras, especialmente estadounidenses e inglesas, incluidas embarcaciones afectadas a patrullar las Islas Malvinas. Un gobierno defensor de la autonomía nacional echaría mano a esa ayuda, pero combatiría al mismo tiempo todo intento de valerse de este accidente para promover una línea de colaboración con el imperialismo. No es lo que ocurre ahora. Los medios de prensa del colonialismo inglés, como el Times, festejan que “viejos antagonismos fueron dejados de lado”. Saben que el gobierno de Macri se valdrá del hecho para profundizar sus lazos con los países imperialistas. Semanas atrás, el gobierno hizo autorizar por el Senado la realización en territorio argentino de maniobras conjuntas con tropas yanquis, entre las que se cuentan “ejercicios avanzados de guerra antisubmarina (…) guerra antiaérea, guerra litoral y operaciones de interceptación y captura de buques mercantes para el control y prevención de ilícitos…”. Es decir, actividad militar interna. Advertimos contra cualquier intento de manipular la colaboración en la búsqueda del ARA San Juan como excusa para una mayor penetración militar imperialista en el país y en la región. En medio de la colaboración británica se conoció la noticia de que el gobierno del Reino Unido acaba de comprar un escudo de misiles para instalar en las islas Malvinas, similar al que usa Israel. El gobierno ha callado ante este avasallamiento de la soberanía nacional. En el mismo sentido, la burguesía reclama apurar el reequipamiento de las fuerzas armadas, que el gobierno comenzó con proveedores yanquis, europeos e israelíes. La última vez que aumentó el presupuesto militar fue en 2014, cuando el genocida Milani estaba al frente del Ejército y el incremento fue destinado mayoritariamente a reforzar el área de inteligencia. Es obvio que un rearme de la mano del imperialismo, lejos de reforzar la defensa nacional, acentuará la dependencia del país respecto de sus proveedores. Una verdadera política de defensa nacional debe partir del repudio a la deuda externa y la ruptura de todos los acuerdos coloniales que someten a la Argentina. Nos sumamos al clamor de los familiares de la tripulación por el rescate de ésta sana y salva, lo cual no implica ninguna solidaridad con el gobierno ajustador y proimperialista que encabeza Macri. Reclamamos el completo esclarecimiento de las responsabilidades políticas y militares que rodearon a este episodio.

La “letra chica” del pacto político entre Macri y los gobernadores recién se conoció cuando éstos se habían subido al avión, rumbo a sus provincias. Por caso, una gran confiscación a los jubilados financiará parte de la reducción generalizada de impuestos provinciales a los capitalistas. El acuerdo plantea, en los hechos, un aumento de la edad jubilatoria a los 70 años para hombres y mujeres. El carácter ‘optativo’ con que se presenta esta extensión es otro fraude, puesto que la miseria jubilatoria -que la ‘reforma’ acentúa- obligará al trabajador a extender su vida laboral si no quiere cobrar una jubilación de indigencia. Precisamente, y en relación con los aumentos de haberes, el plus “por encima de la inflación” -que los gobernadores anunciaron como gran conquista- representará sólo el 5% de lo que crezca la economía -o sea, entre 10 y 15 pesos por semestre. Más grave aún es la decisión de barrer con los regímenes jubilatorios especiales -docentes, judiciales, provinciales, luz y fuerza- que verán recortadas sus conquistas en nombre de que constituirían… “jubilaciones de privilegio”. Finalmente, la reforma prevé pagarle por debajo de la jubilación mínima a quienes se acogieron a las moratorias de los últimos años -o sea, una suerte de prestación asistencial. La firma de este despojo por parte de gobernadores de toda laya retrata la bancarrota política de la pretendida “oposición” al macrismo. Este derrumbe incluye al FpV: aunque Alicia Kirchner mandó a su vice para evitar el bochorno de esta firma, Macri exigió en las últimas horas que este pacto -que va a fondo contra los trabajadores santacruceños- tenga la rúbrica personal de la “cuñada”. En un reportaje a Clarín, el ‘socialista’ santafesino Miguel Lifschitz acaba de elevar a Macri a la estatura de un estadista con ‘sentido federal’. El ‘pacto federal’ es la piedra basal de una coalición política no declarada, pero con claro programa: un rescate capitalista a costa de la masacre de conquistas laborales y jubilatorias de las masas. Reforma laboral La coalición ‘de facto’ se extiende, naturalmente, al triunvirato cegetista que puso su gancho al proyecto oficial de reforma laboral. Entre otros atropellos, la firma dejó intactos al recorte de las indemnizaciones -sin aguinaldo ni bonificaciones-, a la precarización juvenil bajo la forma de pasantías y a la tercerización generalizada. Pero lo que supuestamente se sacó de la ley vendrá con los acuerdos por rama: “el gobierno apuesta ahora a que la ‘gran reforma laboral’ se materialice en las paritarias de 2018” (La Nación, 21/11). Ello implica meter en los acuerdos paritarios cuestiones como la implementación del “fondo de cese laboral”, que obligará al trabajador a financiar su propio despido. Pero también “la baja de aportes patronales para obras sociales y la revisión de cláusulas de antigüedad” (ídem). El gobierno quiere paritarias a la baja y con techos salariales, por un lado, y acompañadas por la modificación de los convenios colectivos, por el otro. Al igual que ocurre con los gobernadores, el compromiso de la burocracia sindical con el gobierno se extiende mucho más allá de las votaciones del Congreso. Al mismo tiempo, esta guerra contra la clase obrera abre todo un período de deliberación y luchas en los sindicatos y lugares de trabajo, en torno de la defensa de conquistas históricas. La lucha contra la reforma Es muy claro que la reforma ha desatado una conmoción en los sindicatos, lo que se advierte incluso en aquéllos más regimentados o colaboracionistas con el gobierno. Para resumirlo en una hipótesis: si la CGT convocara hoy un paro con abandono de tareas a las 10 de la mañana contra el paquete antiobrero, habría un millón de obreros y la ofensiva recibiría un golpe mortal. Eso no ocurrirá, precisamente, porque la CGT es parte activa en la elaboración y aval del paquetazo. Nuestra política es contribuir a la maduración en la masa de trabajadores, para que un rumbo de lucha se abra paso contra la dirección oficial del movimiento obrero. La izquierda y el clasismo han tomado la delantera en articular una respuesta de lucha, que tendrá lugar cuando el proyecto antiobrero comience a tratarse en el Congreso. El Sutna, convocante e impulsor de esta iniciativa de movilización, ha resuelto también un paro general para ese día. En este cuadro, y en ocasión de esa misma jornada, una fracción de la burocracia de la CGT ha anunciado una movilización. La convocatoria está encabezada por Pablo Moyano, secretario gremial de la central, y Palazzo, de bancarios y de la kirchnerista Corriente Federal. La reunión donde se anunció este reagrupamiento estuvo tutelada por el obispo Sánchez Sorondo, revelando hasta qué punto el Vaticano ha decidido intervenir en la cuestión. Precisamente, una reunión en Roma, en los próximas días, reunirá a los “rebeldes” con Héctor Daer -uno de los responsables del pacto con el gobierno. Bergoglio y los suyos están articulando un frente de contención de la reacción obrera ante a la reforma oficial. La burocracia moyano-kirchnerista acompaña este propósito, detrás de acciones aisladas que, en el mejor de los casos, buscaría arrancar alguna concesión para sus gremios. Esa misma burocracia opositora, por otra parte, ya ha pactado convenios flexibilizadores, como ocurrió en Atilra, en la UOM fueguina o en petroleros de Santa Cruz. Para la masacre social que plantea el paquete oficial -con despidos y mayor precarización-, el Vaticano no tiene otra receta que la de extender el dispositivo asistencial. Con ese objetivo, el avión a Roma se ha cargado también al otro triunvirato -el de la ‘economía popular’, que ha pactado su propia tregua indefinida con el gobierno macrista. Nuestra política La fractura de la burocracia cegetista, en cualquier caso, es una expresión distorsionada del mar de fondo que está recorriendo al movimiento obrero. Lo mismo ocurre con las CTA, en vísperas de un fin de año que podría estar acompañado por miles de despidos estatales. Para la izquierda y el clasismo está planteado un amplio escenario de intervención política y sindical, que puede explotarse favorablemente a condición de que desarrollemos un programa de lucha y delimitación respecto del pacto antiobrero y de sus cómplices políticos y sindicales. En esta tarea, el Frente de Izquierda tiene una importante responsabilidad: el 1.200.000 votos cosechados en octubre es un mandato para impulsar una campaña de lucha y de denuncia contra el pacto antiobrero de Macri, los gobernadores y la burocracia, en defensa de todas las conquistas amenazadas y para que el ajuste lo paguen los ajustadores. Ese programa plantea la defensa incondicional de las conquistas de los convenios y de los derechos indemnizatorios, junto a la lucha por el 82% móvil, contra el aumento de la edad jubilatoria y por una reorganización social dirigida por la clase obrera. Como parte de esta acción común, es necesario articular una gran columna de la izquierda y el clasismo para cuando se debata la ley antilaboral en el Senado. Además del programa, el método con el cual preparemos e intervengamos en esa movilización debe ser todo un factor de delimitación con la burocracia, en particular, de la que posa de opositora. Reclamemos la convocatoria a asambleas y plenarios de delegados en todos los gremios, para votar la concurrencia y reforzarla con un paro activo en esa jornada, como ya lo han resuelto el Sutna, la AGD y también el sindicato del Subte. Impulsemos la coordinación zonal de todas las internas y organizaciones de lucha, para promover la concurrencia y el paro en todos lados, incluso allí donde la burocracia resuelva no movilizarse. Por un confederal de delegados de base mandatados de todo el movimiento obrero, para que la burocracia no resuelva por nosotros. Votemos la ocupación de toda fábrica o repartición que despida masivamente, y una estrategia de apoyo activo por parte del movimiento obrero combativo de la zona. La lucha contra el paquete antiobrero recién ha comenzado y abre un amplio campo de desarrollo político y sindical para el clasismo y para la izquierda revolucionaria.

El 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la violencia hacia las mujeres. Se conmemora la lucha de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. El viernes 24 marchamos de Congreso (17 horas) a Plaza de Mayo contra las reformas antiobreras, por el derecho al aborto y contra los femicidios. La violencia contra la mujer es una realidad extendida a la que los gobiernos y el Estado dan un uso político de extrema funcionalidad para defender la explotación, el hambre y el ajuste. Contra esta realidad nos alzamos las mujeres de todo el país al grito de "Ni Una Menos". Este movimiento alumbró a mujeres que salieron a luchar en todo el mundo. Impulsó a miles de mujeres a desnaturalizar muchas formas de la violencia, la de los vínculos cotidianos y la de las instituciones. Todas ellas expresiones de un Estado que, a través de sus gobiernos, educa en el sometimiento, el desprecio y el disciplinamiento social. La sociedad de clases, la explotación de una clase mayoritaria por parte de una minoría social, requiere de múltiples instrumentos para su efectividad, la violencia contra las mujeres es una de ellas. El gobierno de Macri, los gobernadores y gobernadoras pejotistas y kirchneristas, que ajustan y cuentan con el aval de la burocracia sindical que pacta con ellos, profundizan las causas de la vulnerabilidad de las mujeres. Los acuerdos con el Vaticano de parte de un amplio abanico de sectores o la postración frente a él para ganarse el favor católico, no hace más que agravar la violencia cotidiana. Los principios clericales educan en la inferioridad femenina, en la maternidad obligatoria, en el tutelaje. Este reforzamiento alimenta la objeción de conciencia en hospitales, el monopolio educativo del clero, y la resignación y conciliación frente al ajuste. Las burocracias sindicales que resignan conquistas y derechos y agravan la situación de la clase obrera son corresponsables de la discriminación laboral que sufren las mujeres. Desde la CGT se cerró el convenio más leonino contra las mujeres empleadas domésticas a 8.000 pesos de salario para diciembre. Esta entrega involucra a más de un millón de mujeres. En las estructuras sindicales, las burócratas han usado el tema de la mujer para trepar personalmente, sin mover un dedo por la realidad general de sus compañeras. Políticas gubernamentales vs. mujeres movilizadas Durante los últimos años de lucha exigimos presupuesto para asistencia a las mujeres violentadas y para sortear muchas de las causas que condenan a la mujer a una situación de debilidad estructural. La respuesta fue distraer con debates sobre paridad de género en el Congreso, impulsada por el macrismo y defendida por kirchneristas, pejotistas, radicales e izquierdistas funcionales; incrementar el punitivismo del Estado, engañando a la población con una receta favorable al reforzamiento de un Estado que es responsable de la violencia por la que dice preocuparse; el cierre de programas, el desfinanciamiento de direcciones dedicadas al tema de la mujer y el subsidio a ONG amigas del poder de turno, como ocurrió en la Ciudad en la que no se cumple la ley Ramal de creación de centros integrales (CIM), pero sí se aprueba ceder un predio a la organización de mujeres de la directora del Inam (ex Consejo Nacional de Mujeres). De parte de un sector del movimiento de mujeres, las elecciones funcionaron como un freno a la movilización, algo que en definitiva pone de relieve que aún tenemos que sortear fuertes trabas que anidan al interior del movimiento, que sólo debe confiar en sus luchas, en su capacidad y que debe forjarse de espaldas a un Estado que lleva la violencia contra las mujeres en su ADN. Un planteo El 24 de noviembre pondremos en pie una acción que debe ser el punto de partida para colocar el centro de la acción de las mujeres en la lucha por hacer retroceder los femicidios, algo que no se logrará si nuestra acción se concentra en un punitivismo que jamás ha sido efectivo para terminar con las muertes y los ataques. Es mentira que la condena a un femicida imparta temor en otros potenciales femicidas. La condena es lo que corresponde para quien se llevó la vida de una mujer, pero de ninguna manera comporta un retroceso en la práctica de la violencia. Si avanza el Estado se refuerzan las condiciones que educan socialmente a los femicidas. El 24 de noviembre debe ser el comienzo de una serie de acciones callejeras para arrancar el aborto legal y para señalar que no dejaremos que avancen las políticas contrarias a los derechos de las mujeres. El 24 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, y tanto el 24 como el 25 en diferentes puntos del país, diremos: Basta de Violencia. Abajo el ajuste y los femicidios. El Estado es responsable.