Prensa Obrera N° 1481

El Frente Dale!, conformado por la UJS y la agrupación estudiantil Agite (guevaristas), ganó una elección clave. La camarilla que gobierna la Facultad de Arquitectura y la UNLP apostó todo a poner el centro bajo su órbita y fueron derrotados. Nuestra campaña estuvo centrada en colocar la importancia de darle fuerza a un centro independiente y de lucha en un cuadro de ataques y recortes a la educación pública, como los que anunció el presidente Macri en conferencia de prensa, el lunes pasado. Este planteo generó el interés de un sector del activismo y del estudiantado que se sumó a defender el CEAU, durante los días de elecciones y en el escrutinio. Y se diferenció del planteo del Agite que, con una campaña “espejo” pretendió mostrar al Dale como una “buena gestión” del centro en cuanto a los servicios y lo académico, dejando de lado la importancia de la independencia política del gobierno y las autoridades. Cuando la polarización colocó a la Franja cerca de ganar, viraron hacia esta orientación, que se mostró acertada. Párrafo aparte merece el PTS, que realizó una campaña contra el Dale, sin mencionar al gobierno, las autoridades ni a la Franja Morada, sacando unos 130 votos (2,2%). Si bien Franja Morada registró un avance importante en su caudal de votos, esto no puede ser considerado como un apoyo a la camarilla que dirige la facultad. Su campaña apuntaba a reformar el plan de estudios, problema central para el estudiantado de Arquitectura, pretendiendo desviar la atención sobre el ajuste y la reforma educativa, pronta a aplicarse en la FAU. Acá se encuentra una contradicción clave: la gestión que votaron y volverán a votar es la principal responsable del plan que hace estragos entre los estudiantes. Esta victoria refuerza un reagrupamiento alrededor de un centro de estudiantes que se ha desarrollado como herramienta de organización no sólo ante los problemas de la carrera, sino también frente a conflictos que recorren al conjunto de la clase obrera (AGR, Pepsico, etc.). Frente a una nueva etapa en el país y la UNLP, el CEAU será la punta de lanza del movimiento estudiantil, discutiendo un plan de acción inmediato para impedir el avance de los recortes y la “contra” reforma del gobierno y las autoridades.

Integrantes de organizaciones de mujeres, de movimientos sociales y feministas armaron la convocatoria al primer Encuentro Nacional de Mujeres en Uruguay. Del mismo participaron alrededor de 400 mujeres uruguayas y unas 100 argentinas, entre otras provenientes de Chile y Brasil. La iniciativa fue el resultado de la organización de esas mujeres para concurrir al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, Argentina, y desde allí se inspiraron para tomar a su vez la misma iniciativa. La lucha por el Ni Una Menos en la Argentina ha sido de gran inspiración para la organización de las mujeres en todas las latitudes. En Uruguay, el 8 de marzo se protagonizó una de las movilizaciones más importantes de la historia de ese país. Detrás de las demandas del movimiento de mujeres, alrededor de 300 mil personas marcharon por las calles de Montevideo. El verdadero rostro del Frente Amplio El dato político no es menor si se tiene en cuenta que Uruguay es presentado como un país de avanzada en materia de derechos de las mujeres por haber despenalizado el aborto bajo el gobierno de Mujica en 2012, una presentación falsa del verdadero contenido de la medida y de sus alcances. El Frente Amplio uruguayo es protagonista de medidas políticas que han afectado al conjunto de la clase obrera y particularmente a las mujeres. El rasgo más poderoso de su política capitalista ha sido el cierre de 79 fábricas y la pérdida de 40 mil puestos de trabajo, sólo en el sector de la construcción. A esto se suma la precarización laboral completa, la pérdida de condiciones laborales para los trabajadores del campo y de la ciudad y la privatización, y el vaciamiento de la educación y la salud, realidad que quedó crudamente planteada en los talleres del Encuentro. En el país charrúa, el salario mínimo es de 6.000 pesos argentinos, el promedio salarial es de 10.000, casi un millón de uruguayos gana alrededor de 7.000 pesos argentinos y el costo de vida está por encima del argentino, aún después de las fuertes devaluaciones y tarifazos que hemos sufrido. El costo de la nafta en Uruguay es el más alto de toda América Latina. El costo de la canasta familiar para una familia tipo uruguaya ronda los 35 mil pesos argentinos. El Encuentro se desarrolló en medio del comienzo de un conflicto con los trabajadores de la banca nacional, en rechazo a la privatización del Banco República (Brou) que impulsa Tabaré. La política del gobierno de Tabaré Vázquez es una combinación de incremento del punitivismo, de reforzamiento de la represión a través de un protocolo antipiquetero que es aún peor que el de la Argentina, el decreto de esencialidad, con el cual se han prohibido importantes huelgas y una reproducción de la agenda política de la derecha. En definitiva, Uruguay se encamina a un proceso político que ya ha caracterizado a los gobiernos de Cristina Kirchner y de Dilma Rousseff, por la entrega a los programas que terminaron abriendo paso a gobiernos derechistas. El encuentro En este marco sesionó un Encuentro de Mujeres al que la dirección del PIT-CNT, central sindical de Uruguay, le dio la espalda. La central sindical ya había estado en medio de una fuerte polémica cuando algunos sectores de mujeres de gremios impulsaron la convocatoria a un paro de 24 horas para el último 8 de marzo, iniciativa que la central rechazó, impulsando un paro de un par de horas sin ninguna incidencia real. El oficialismo frenteamplista de la burocracia sindical entra en un permanente choque con los sectores que impulsan la independencia de los trabajadores, como ocurre ahora con el conflicto bancario. Entre las organizadoras del EMU hay un predominio de un sector feminista que, a la vez que orienta el contenido de su política contra el gobierno e incluso se plantea antipatriarcal y anticapitalista, no encuentra una estrategia social y política socialista para concretar sus expectativas con relación con la emancipación de la mujer. Esto tiene el peligro de presentar el problema de la mujer alejado de su contenido de clase y, en definitiva, terminar tendiendo puentes con sectores y clases sociales que no pasarán de la amonestación moral hacia algunos de los contenidos de la ideología y las expresiones materiales que impone el régimen capitalista. La delegación del Plenario de Mujeres Trabajadoras, la organización de mujeres del PT, que intervino al interior del Encuentro, lo hizo con una declaración general y un boletín, concentrándose en los talleres relativos al tema de trabajo, aborto, femicidios y explotación sexual y trata. Desde el Plenario de Trabajadoras de Argentina participamos con una delegación integrada por Soledad Sosa, diputada nacional por el FIT, Vanina Biasi y Carla Deiana, dirigentes del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero. En el taller de Situación Económica en Uruguay, se dio un intercambio que marca la realidad de cruzó este Encuentro en la voz de una trabajadora cañera, quien hizo un relato agudo sobre las condiciones de trabajo semiesclavo en las que se desenvuelve la actividad y cómo impacta eso particularmente sobre las mujeres. Las compañeras del PT uruguayo, junto a otras luchadoras por el aborto legal, denunciaron los fuertes lazos del gobierno con la Iglesia, la habilitación de la objeción de conciencia que implica que departamentos enteros no atiendan las requisitorias de prácticas de abortos, y los límites de una ley que mantiene la condena a la mujer que aborta, que obliga a las mujeres a pasar por no menos de cuatro pasos previos para llegar al tratamiento y que tiene el límite de las 12 semanas. Por estas trabas, en Maldonado se produjo una muerte por aborto clandestino de una mujer que no pudo acceder a la práctica despenalizada. Denunciaron también la intervención del Poder Judicial en contra de niñas violadas que no han podido acceder a la práctica. Cómo seguirla El EMU tiene un valor especial ya que se configuró como un espacio de independencia del gobierno y de las burocracias sindicales. Fue apoyado por algunas conducciones sindicales y por la FEUU (federación estudiantil), con presencia mayoritaria de sectores opositores al FA. La iniciativa debe crecer a la luz de proponerse acercar a más y más trabajadoras que encuentren en este tipo de evento el canal para la elaboración de un programa de reivindicaciones laborales que tengan por propósito arrancar conquistas para mejorar de manera concreta la vida de las mujeres, un planteo que no puede estar disociado de la pelea por la conquista de las conducciones sindicales y la lucha contra la burocracia sindical enquistada en ellas. Al mismo tiempo, es importante fortalecer una acción para pasar de la despenalización a la legalización del aborto y a poner fin a esta forma de intervención estatal represiva sobre el cuerpo de las mujeres. ¡Viva el primer Encuentro de Mujeres de Uruguay! ¡Viva la lucha internacional de las mujeres por sus derechos!, conquistas que sólo son posibles si se enlazan de manera consciente junto a la lucha del conjunto de la clase obrera por su liberación.

Hace 100 años que tuvo lugar la gran revolución de Octubre. Los obreros y campesinos tomaban el poder, derrotaban a la clase capitalista e iniciaban la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados. Aunque tenía lugar en la lejana Rusia, la revolución se proyectaba al mundo entero. Empezaba el camino de la emancipación definitiva del hombre, respecto de toda forma de explotación. Lenin y Trotsky, protagonistas de la gesta, proclamaron la toma del poder como “el primer paso de la revolución mundial”. La burguesía se empeñó febrilmente en frenar esa extensión. Al precio de guerras y masacres sociales a escala mundial. Y de imponer, al interior de la propia revolución, a una burocacia restauradora. Pero nada de esto pudo borrar la impronta de Octubre. El capitalismo ha mostrado, una y otra vez, y cada vez con mayor agudeza, sus límites insuperables. Los que pregonaban “el fin de la historia” y la perennidad del régimen de explotación asisten hoy a la bancarrota del capital, a la devastación de las guerras imperialistas, a la polarización social creciente. Pero también, al escenario de las crisis políticas, de la irrupción de los explotados y las revoluciones. La revolución de octubre está vigente también en sus grandes conclusiones políticas. Los que la dirigieron condensaron en un programa, una estrategia y una organización las lecciones de décadas de lucha. O sea, en un partido. Esa es la tarea gigantesca que tenemos por delante -la reconstrucción de un partido de la revolución mundial, para liderar una salida que sigue siendo obrera y socialista. TE PUEDE INTERESAR: Transmisión en vivo: Día #1 del Seminario “A 100 años, vigencia de la Revolución de Octubre” Transmisión en vivo: Día #2 del Seminario “A 100 años, vigencia de la Revolución de Octubre” Transmisión en vivo: Día #3 del Seminario “A 100 años, vigencia de la Revolución de Octubre” El acta de la reunión del CC del Partido Bolchevique

En las recientes elecciones generalesen Tucumán compitieron cuatro listas: el Frente Justicialista, Cambiemos por el Bicentenario, Fuerza Republicana (el bussismo) y el Frente de Izquierda. En las Paso, el Frente Justicialista encabezado por el vicegobernador Jaldo había superado por 200 mil votos a Cambiemos, encabezado por el radical José Cano. Una diferencia aplastante que si se hubiera repetido en las elecciones del 22 de octubre hubiera significado que el peronismo se llevara tres de los cuatro cargos en disputa. En función de esta posibilidad, el macrismo cambió de estrategia y nacionalizó la campaña, destacando que se votaba a favor o en contra de Macri. Así, Cano desapareció casi totalmente de la campaña y fue sustituido por la presencia de dirigentes nacionales de Cambiemos comenzando por el propio Macri. Bussi y la crisis del justicialismo El Frente Justicialista finalmente ganó la elección, pero la diferencia con Cambiemos se redujo de 200 mil votos en las Paso a 140 mil. Esto le permitió a Cambiemos conquistar un segundo diputado nacional y las cosas quedaron repartidas. La pérdida de votos del Frente Justicialista no fue a parar a Cambiemos sino a Fuerza Republicana, que logró superar los 150 mil sufragios (15%) y por 4.000 votos no logró conquistar un diputado. Lo que ocurrió es que varios intendentes, delegados comunales y legisladores que responden al ex gobernador José Alperovich habían dado la orden de votar a Bussi para que el FJ encabezado por Jaldo y apadrinado por el gobernador Manzur sólo lograra dos diputados. Como Alperovich ya anunció que en 2019 piensa volver a disputar la gobernación, no podía permitir que Manzur y Jaldo quedaran mejor posicionados. La respuesta a esta provocación de Alperovich vino al día siguiente de la elección cuando la capital amaneció toda afichada con la consigna Manzur-Jaldo 2019, y con el desplazamiento de la conducción de la Legislatura de todos los legisladores vinculados con el ex mandatario provincial. Es una guerra de camarillas que recién comienza y que amenaza con un estallido del PJ. Manzur y Jaldo hicieron campaña destacando que iban a defender al pueblo de Tucumán. Pero no pasaron 24 horas para que hicieran declaraciones conciliadoras hacia al gobierno nacional y su ajustazo. Con una deuda provincial de 10.000 millones, Manzur y Jaldo están empeñados en hacer buena letra. Además, hay un cerco judicial sobre la camarilla de gobierno pejotista y el propio Manzur aparece involucrado en algunas de las causas en las que están imputados Julio De Vido y José López. Antes de fin de año podría iniciarse el juicio oral del caso Paulina Lebbos que podría poner a todo el régimen político provincial en el banquillo. El fantasma de la pueblada contra el fraude de 2015 ha llevado a que el gobierno de Manzur tome la iniciativa de impulsar la modificación del régimen electoral provincial, pero sin eliminar los acoples, que tienen rango constitucional. Cambiemos, a su vez, se ha pronunciado a favor de los acoples pero de manera acotada. Faltan dos años para las próximas elecciones provinciales y ya se han transformado en una fuente de crisis política. El FIT y la campaña del PO La elección del FIT, con 46 mil votos (4,7%), es la más importante de los últimos años, sólo superada en porcentaje por los resultados que obtuvo el PO en la Constituyente de 2006. En la capital y Yerba Buena el porcentaje superó el 6%; en Tafí Viejo, el 5%. El FIT, y en particular el Partido Obrero, han quedado fortalecidos política y organizativamente con decenas de nuevas incorporaciones, y frentes de intervención y localidades donde se ha abierto un trabajo político. En el debate de candidatos televisados se destacó la consistencia y superioridad de los planteos de nuestro candidato Ariel Osatinsky, que logró una importante instalación. El PO consiguió casi 700 fiscales. Realizó importantes actividades en oportunidad de la visita de Jorge Altamira, organizó y movilizó más de 200 mujeres luchadoras al Encuentro Nacional en Chaco, y realizó una campaña especial sobre la universidad (UNT) con un importante pronunciamiento de docentes e investigadores. La campaña estuvo ligada al proceso político y las luchas populares. El caso Maldonado dio lugar a un proceso de movilización que sirvió en su desarrollo para delimitarnos de prácticamente todas las tendencias, incluso del PTS, que cuando apareció el cuerpo y se confirmó que era el de Santiago, declaró que levantaba la campaña electoral, una adaptación a la política de todo el arco político patronal comprometido con el crimen o su encubrimiento. En contraposición, el PO mantuvo hasta el sábado 21 su iniciativa de movilización, y el viernes 20, cuando se realizó una autoconvocatoria, ya en la veda, llamó a continuar con la movilización unitaria y planteó que la lucha por el juicio y castigo debía continuar el domingo con el voto a la izquierda y luego el lunes uniéndola al repudio al naftazo. Los 46 mil votos, el haber quedado como cuarto bloque electoral en la provincia, es una importante base para abordar el proceso que se viene.

Un grupo de personalidades que reivindican su pertenencia al kirchnerismo, entre los que se destacan Estela Carlotto y Raúl Zaffaroni, han realizado una convocatoria para defender “un piso mínimo por la democracia y el pluralismo”. En el texto convocante se denuncia la persecución política del gobierno contra la oposición, en clara alusión a las detenciones de De Vido y Boudou, y el intento de copar la Justicia y, en particular, la Procuración General, luego de la renuncia de Gils Carbó. No cabe duda que el accionar de la Justicia se dirige contra los funcionarios del gobierno anterior, algo que salta más a la vista cuando surgen denuncias contra ministros de la actual administración por sus sociedades offshore que actúan como proveedoras del Estado argentino. Sin embargo, esta acción tendenciosa de la Justicia no elimina ni por un momento la responsabilidad del gobierno anterior en hechos gravísimos de corrupción, que estuvieron lejos de reducirse a casos aislados. Los Boudou y, por sobre todo, los De Vido fueron partícipes del saqueo del Estado llevado adelante con el propósito de ‘reconstruir a la burguesía nacional’. Este saqueo tuvo su manifestación más brutal en el crimen de Once, cuya trama de responsables es la misma que cometió el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La falta de condena política a estos hechos por parte de sus organizadores convierte a la convocatoria en un acto de encubrimiento o, para ser más exactos, de autoencubrimiento. Los firmantes pasan por alto, además, que la Justicia que actúa ahora como brazo político-represivo del macrismo es la misma que protegió al kirchnerismo durante sus doce años de gobierno. La camarilla de los jueces federales, llámense Lijo, Bonadío u Oyarbide, aseguraron la corruptela oficial y hasta fueron parte de maniobras contra opositores políticos, incluso en vísperas de las elecciones, con el propósito avieso de influir en su resultado. Por caso, las denuncias, luego reveladas como falsas, contra Enrique Olivera y De Narváez, a sólo días de las elecciones, fueron difundidas desde el kirchnerismo con la complicidad de los mismos jueces federales que ahora se han pasado en masa al macrismo. La mención en la convocatoria a un “piso mínimo de acuerdos” no es casual. Forma parte de la intención de subordinar al kirchnerismo a partidos y fuerzas políticas y sociales que se declaran independientes, tanto del gobierno actual como del anterior. Para ello, incluso, el kirchnerismo ha decidido no dar la cara sino recurrir a personalidades de mayor consenso social que sus propios integrantes. Se trata de una maniobra de corto vuelo, condenada inexorablemente al fracaso. Mientras se plantea un “piso mínimo” de acuerdos, los sindicatos ligados al kirchnerismo, como es el caso de Atilra, acaban de entregar el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores lecheros. Y los intendentes que conformaron con Cristina Kirchner la Unidad Ciudadana están negociando con el senador Miguel Pichetto y compañía viabilizar el paquete ajustador de Macri y Vidal. En estas condiciones, el “piso mínimo” se reduce a un pedido de salvación de la camarilla kirchnerista responsable de actos de corrupción. En vez de ser una convocatoria en defensa de los trabajadores, es un llamado a los trabajadores a que los salven a ellos. El Partido Obrero está muy lejos de negar la política represiva del macrismo. La conversión del Poder Judicial en una fuerza disciplinadora de la oposición va en la línea de avanzar en este verdadero plan de guerra contra el pueblo anunciado por Macri. Pero la condición para denunciar este plan y, sobre todo, para enfrentarlo con éxito, es la más completa delimitación del kirchnerismo, una fuerza que, por el accionar desarrollado sobre sus propias premisas, se ha ganado el rechazo de una parte mayoritaria del pueblo argentino. La derrota en las tres últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires (2013-2015-2017) son una prueba irrefutable de ello. Denunciamos la persecución política del macrismo y la pérfida acción judicial, que incluso se arroga el derecho de pisotear al Congreso Nacional, como ocurre con la causa del Memorándum con Irán, al cual desde el PO rechazamos y combatimos políticamente en su momento, pero de ningún modo la Justicia tiene atribuciones para declararlo ilegal o juzgarlo como un acto delictivo. Nuestro repudio a la judicialización de la política, en tanto injerencia de un poder no electo por el pueblo en decisiones que corresponden al Parlamento, no debe confundirse con la impunidad de los funcionarios corruptos. La lucha contra la ofensiva macrista reclama la completa independencia con un kirchnerismo en estado de descomposición. Esta es la estrategia del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda.

Con el desmembramiento de Ecotrans y la aparición de las empresas negreras y antisindicales Ersa y la Metropolitana, la Línea 503 sufrió de un achique enorme. Delegados y activistas se vieron obligados a retirarse de la empresa debido a la presión ejercida por la patronal, con hostigamiento laboral, sanciones y suspensiones que llevaron a los trabajadores a tener graves problemas económicos y familiares. Horacio Acosta, quien es chofer desde hace más de 30 años, durante toda su vida laboral fue un activo defensor de los derechos de los compañeros. Había sido miembro de la comisión interna de Transporte del Oeste (TDO) y, luego de la quiebra, de la ex Ecotrans. No era delegado en esta etapa, pero acompañaba muy de cerca la tarea de la comisión interna. Luego de sufrir meses de persecución político-gremial, con reiteradas suspensiones y descuentos arbitrarios de su salario, fue despedido el pasado miércoles 1° de noviembre. Horacio ha colocado una carpa en los portones de la empresa 503 a la vera de la Ruta 200. Está recibiendo la solidaridad de decenas de organizaciones sociales, políticas y sindicales. El pasado lunes 6 realizamos un acto por su reinstalación al que acudieron más de un centenar de vecinos y trabajadores de la zona, miembros de la Coordinadora Sindical Clasista y del Polo Obrero. Está recorriendo lugares de trabajo, lugares de estudio y barrios de la zona explicando su situación y colectando fondos para darle continuidad a la lucha. El próximo domingo 12, por la tarde, realizaremos ahí mismo un festival. Entendemos que la 503 es una línea comunal y, por ello, el gobierno municipal y el intendente Gustavo Menéndez, en particular, tienen injerencia sobre la empresa. Las decisiones de aumentos de tarifas y recorridos no pueden ser unilaterales. Lo mismo debiera ocurrir en torno de los derechos de los trabajadores. Que el intendente se pronuncie e intervenga en este sentido, por la reinstalación del compañero Acosta. Es necesario rodear de solidaridad el acampe y desarrollar una colecta que mantenga viva económicamente esta lucha.

Con un show mediático similar al que acompañó la detención de De Vido, se produjo, por orden del juez Ariel Lijo, la del ex ministro de Economía y vicepresidente kirchnerista Amado Boudou, y de su socio y mentado testaferro José María Núñez Carmona. La orden se produce en el marco de la causa que investiga al ex funcionario por enriquecimiento ilícito, por variadas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. El escrito del magistrado le imputa los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero (vinculando también a Alejandro Vandenbroele, Juan Carlos López y Agustina Kämpfer), al tiempo que reseña “graves actos de corrupción” por los que se tramitan otros expedientes -como el caso Ciccone y la compra de autos de alta gama. Con todo, el fundamento de la detención no debe buscarse en las profusas actividades criminales de Boudou, por las que debería estar preso desde hace muchos años, sino en los propósitos del gobierno macrista de desviar la atención pública de su plan de guerra contra los trabajadores y de tapar su propia corrupción. La corrupción kirchnerista es funcional a este propósito distraccionista. “No te gobiernan textos, sino tratos” La disposición de Lijo fue precedida por una abierta apretada en el Consejo de la Magistratura contra él y otros jueces (como Daniel Rafecas) por parte de operadores judiciales afines al macrismo para que aceleraran la causa, denunciándolos por “demoras excesivas” (Página/12, 3/11). Después de dormir el proceso durante varios años, Lijo parece reacomodarse a los nuevos tiempos políticos. Mientras Elisa Carrió, consultada por la prisión a De Vido, asegura emocionada “no pensé que me tocaría ver una república”, el partido de gobierno echa mano de favores, extorsiones y golpes institucionales para garantizarse una Justicia adicta con métodos semejantes a los que usaba el kirchnerismo. El macrismo, junto con el PJ y el Frente Renovador, acaban de resolver en la provincia de Buenos Aires la suspensión (tendiente a la destitución) del juez Luis Federico Arias por resoluciones favorables a docentes, inundados y contra los tarifazos -entre otros. En la “república” de Carrió se suman episodios vinculados al Presidente y su familia en los Panamá Papers y la quiebra del Correo Argentino, como el que envuelve a Jorge Macri en una causa por lavado de dinero. Ni hablemos de Odebrecht y el esquema de corrupción en la obra pública, que involucra a todos los gobiernos. La acusación de “negociaciones incompatibles con la función pública” que pesa sobre Boudou por la causa Ciccone debería extenderse al ministro de Energía Aranguren, quien fuera accionista y presidente de Shell, y acaba de dar exenciones a las petroleras por 4.600 millones de pesos, y al flamante titular de Agroindustria y presidente de la Rural, Etchevehere, cuya asunción vino de la mano con la eliminación de la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones. Como denunció oportunamente el Frente de Izquierda, los adalides de la “transparencia” son opacos cuando se trata de delitos cometidos por los suyos. Unidos y dominados El macrismo opera a la inversa de aquel exitoso film “Mentiras que matan”, en el que el presidente de los Estados Unidos buscaba tapar un escándalo político inventando una guerra: con la detención, el gobierno procura distraer sobre la avanzada bélica contra la población trabajadora. La detención de Boudou, que ocupará 24 horas por día, siete días por semana a los medios oficialistas, llega en la misma semana que la presentación del borrador de la reforma laboral archiantiobrera; cuando se procede a una reforma jubilatoria que sólo en 2018 quitará 100.000 millones de pesos a los trabajadores pasivos y mientras se avanza en la privatización de las ya deficientes salud y educación públicas. CFK denunció en un comunicado una “persecución judicial” contra la oposición que tendría el propósito de “atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”. Pero mucho antes de estos hechos, el kirchnerismo se había asociado a las políticas de ajuste: basta ver las votaciones en el Congreso, el ataque contra los docentes en Santa Cruz y la reciente firma de la burocracia K del gremio lácteo de un convenio flexibilizador que es modélico para la reforma laboral del gobierno. No es una cuestión de “presiones judiciales”: el factor de fondo de este acompañamiento es el apoyo del conjunto de la clase capitalista, sus mandantes, al plan de guerra anunciado por el macrismo. En el gran desafío que tienen los trabajadores en estas horas, que es tomar la iniciativa para quebrar la ofensiva antipopular, resulta fundamental su demarcación de los corruptos y ajustadores de ayer y de hoy.

El fallo absolutorio de los compañeros de la Editorial Perfil -entre ellos la totalidad de los integrantes de la Comisión Interna- es una enorme victoria de la lucha de los trabajadores de prensa, que fue acompañada, a lo largo de los cuatro años que duró la causa judicial, por amplios sectores democráticos, sindicales combativos, políticos y de los derechos humanos. Los compañeros habían sido acusados de “atentar contra la libertad de prensa” y por “haber impedido la salida de las publicaciones de Perfil de la planta de impresión de la empresa”. Esto, en el marco de un paro de actividades realizado a fines de 2013 para reclamar la reincorporación de compañeros despedidos. Se trataba de dejar establecido que era penable cualquier demora que una medida de fuerza pudiera ocasionar en la salida o distribución de una publicación o emisión periodística. Y, en consecuencia, dejar abierto el pedido de desafuero y posterior despido, en el caso de los delegados, y el despido directo en el caso de los que no lo son. El proceso acusatorio -llevado adelante “de oficio” por la fiscalía, ante una denuncia de la patronal- tuvo una enorme repercusión porque pretendía bloquear toda posibilidad de lucha y hasta de organización gremial en el gremio de prensa. La decisión de actuar por propia iniciativa y la saña puesta en juego por el fiscal a lo largo del juicio dieron cuenta de que se trataba de sentar jurisprudencia contra la lucha obrera y en beneficio de todas las patronales de prensa, en una etapa de concentración de éstas en grandes monopolios. Que esto era así lo dio cuenta el diario Clarín, que publicó una nota en la que transcribe y adhiere al reclamo de la cámara patronal (Adepa) de que los compañeros fueran procesados porque habrían cometido el delito de “ataque a la libertad de expresión”. Los aplausos y los cánticos de alegría y de triunfo, que comenzaron en la sala de audiencias y se extendieron por los pasillos del edificio judicial al darse a conocer la sentencia, fueron la respuesta a este intento de avasallamiento a la lucha y la organización de los trabajadores. También fue un desahogo de la tensión acumulada a lo largo de los cuatro días del juicio oral. En la sala -donde no quedaba una sola butaca vacía- había una mayoría de trabajadores de prensa, entre ellos directivos del sindicato de Prensa (Sipreba), de la Federación Nacional de Trabajadores de Prensa, acompañados por otros dirigentes sindicales y políticos, entre ellos los legisladores porteños Gabriel Solano y Marcelo Ramal y el diputado nacional (MC) Néstor Pitrola. El fiscal, que pidió en dos oportunidades sendas postergaciones de la fecha para hacer su alegato, mostró la inconsistencia de sus argumentos y debió recurrir a la tergiversación de testimonios y a asentar su argumentación, básicamente, en los dichos de los altos directivos de la empresa que pasaron por el tribunal. Su endeblez era tal que se vio obligado a pedir la pena mínima de un mes y medio de prisión en suspenso para los seis compañeros, con cínicas argumentaciones de reconocimiento a la “importante labor, ad honorem, que realizan desde hace años estos delegados en defensa de sus compañeros”. Es que el objetivo central de su ataque consistía en lograr la culpabilidad de los compañeros, y no importaba centralmente la duración de la pena. Los alegatos de la defensa fueron contundentes. Desarmaron uno por uno los planteos del fiscal y las intenciones persecutorias que se escondían detrás de su incriminación a los compañeros. Claudia Ferrero, una de las abogadas, destacó que el fiscal pretendía que se identificara el ataque a la libertad de prensa con el perjuicio del interés material empresario. “Pero justamente -dijo- ésa es la consecuencia natural de cualquier medida de fuerza masiva de los trabajadores, que se afecte el normal funcionamiento de la actividad empresaria”. Además, no son las patronales sino los trabajadores los que sufren diariamente la censura por parte de las empresas, cuando se ven impedidos de exponer con libertad sus ideas en los medios donde trabajan si éstas no coinciden o no colisionan con los de la empresa propietaria. Y sólo en situaciones excepcionales ha sucedido lo contrario. Por ejemplo, cuando a mediados de 1987, los trabajadores de Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y Ambito Financiero se levantaron contra la decisión de sus patronales de publicar una solicitada a favor del dictador Jorge Rafael Videla y lograron evitar que apareciera. Ferrero denunció la patraña del fiscal de colocar como “testigos imparciales” a quienes ocupan los más altos cargos directivos en la empresa, a lo que debió recurrir porque hasta los efectivos policiales que actuaron entonces y que fueron aportados como testigos por la fiscalía, declararon que en el momento del conflicto no habían constatado delito alguno. A su vez, el otro abogado de la defensa, Fernando Gómez, destacó que si se hablaba de delitos, el más flagrante en esos días lo había cometido la empresa con el despido de un miembro de la Junta Electoral en el mismo momento que se realizaban elecciones de delegados, señalando que era la patronal entonces la que debía estar en el banquillo de los acusados. La lucha de los compañeros dio como resultado este triunfo de enorme trascendencia para todos los trabajadores de prensa, ya que desbarató el intento de criminalizar la protesta gremial, de convertir la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores en un delito penal y liquidó este ataque antiobrero, en defensa de la organización sindical y de los derechos de huelga y protesta. Como destacó Rubén Schofrin, delegado de Perfil y secretario adjunto del Sipreba, “Se trató de un ataque a fondo no sólo contra los trabajadores de Perfil sino contra la organización del conjunto de los trabajadores de prensa del país” ya que “sería como retroceder al siglo XIX en cuanto a la posibilidad de defensa de los derechos de los trabajadores”. Un importante triunfo de los trabajadores en el marco de la ofensiva macrista de liquidar derechos sindicales y las organizaciones sindicales de lucha de los trabajadores, a la cual el fiscal apuntalaba con su ataque antiobrero.

La presencia de los jefes de la CGT y los gobernadores en la presentación del “plan de guerra” de Macri contra trabajadores, jubilados y las provincias ha sido mucho más que un acto ceremonial. En estas horas, todos ellos avanzan junto al gobierno en la aprobación de este paquete reaccionario, cuyo núcleo, naturalmente, se encuentra en la reforma laboral. El diario Ambito Financiero de este lunes alude a “un rápido acuerdo entre el gobierno y la CGT”, y detalla con pelos y señales la hoja de ruta de ese acuerdo. A pedido de la burocracia, el gobierno aceptaría modificar en su proyecto la redacción que presenta al “trabajo” como una “cooperación igualitaria” entre obreros y patrones -lo que aportaría la letra para que la Justicia laboral descarte cualquier principio compensatorio favorable al trabajador. Si el gobierno cede en este punto, es porque al mismo tiempo prepara una purga contra los actuales jueces laborales, para volcar a este fuero a resoluciones abiertamente propatronales sin necesidad de un cambio en la norma. Adicionalmente, el gobierno podría ceder en los plazos para la prescripción de los juicios laborales, que el proyecto original pretende acortar. La CGT podría “conseguir” también que se modifique el cronograma de reducción de los aportes patronales, en un marco general de apoyo a este amplio perdón a los empresarios. A cambio de estos cambios menores, la burocracia dejará pasar el corazón de la reforma, entre otros puntos, el recorte sustancial de las indemnizaciones, en cuyo cómputo no entrarían las horas extras, premios y otros beneficios, así como la puerta abierta a “fondos voluntarios” donde el trabajador termine pagándose de su salario su propia indemnización. El gobierno tampoco cedería en la posibilidad de que un trabajador acepte un contrato individual inferior al de su convenio, así como la rienda suelta a que la tercerización de actividades se extienda sin responsabilidades de la empresa principal. Moyano, quien tampoco ha cuestionado a la reforma en su conjunto, está pugnando para eximir al transporte de este punto. El gobierno, por ahora, lo extorsiona con posibles carpetazos. La negociación con la burocracia, sin embargo, no ha empezado ahora. En las reuniones previas a la publicación del proyecto oficial, ya estaban trazadas las líneas de fondo del acuerdo. A cambio de dejar pasar la andanada de medidas flexibilizadoras, la burocracia se llevaba dos cuestiones sustanciales: primero, la preservación del unicato sindical, que el gobierno ha salido a refrendar con una escalada contra los sindicatos simplemente inscriptos. Segundo, la creación de una “agencia evaluadora” de las prestaciones en las obras sociales, cuya misión será la de restringir los tratamientos más costosos y complejos. De este modo, el gobierno de la “anticorrupción” permitirá que la burocracia sindical le traslade a sus afiliados las costas del vaciamiento que perpetraron contra las obras sociales. Ese fue el acuerdo de fondo que la burocracia preparó, en todo el período previo, entregando conquistas fundamentales en varios convenios colectivos por gremio. La discusión de estos días es sólo la “letra fina” del acuerdo. Gobernadores Por cuerda separada, el gobierno también ha salido a asegurarse el acuerdo de los gobernadores y sus representantes parlamentarios, del Pejota, el FpV o el massismo. El anuncio simultáneo de todas las reformas -laboral, impositiva, jubilatoria- no ha sido casual. Las negociaciones en curso entrelazan a todas ellas, pero para sus participantes, el corazón de este paquete es la reforma laboral. El gobierno, por eso, ya le adelantó a los lobbies capitalistas relacionados con la industria del vino u otras bebidas -y a los gobernadores o diputados asociados a ellos- su disposición a morigerar la carga de los impuestos internos anunciados con la reforma impositiva. La moneda de cambio será, naturalmente, el apoyo de todos ellos a la ley antiobrera en el Congreso. Del lado del gobierno, se va a compensar largamente esa concesión con otro mazazo -la modificación en el cálculo de los aumentos jubilatorios. La expresión política de este acuerdo de fondo no sólo involucra al massismo y al Pejota, sino que se extiende también al Frente para la Victoria. Alicia Kirchner, que estuvo presente en los anuncios del CCK, lleva adelante un brutal ajuste provincial en Santa Cruz en un acuerdo con el gobierno de Macri. En medio de semejante ofensiva, Cristina y los suyos han salido a invocar el “estado de derecho” en su propia defensa. Los que habían prometido ‘ponerle un freno’ al ajuste oscilan entre el desbande y la capitulación. En los antecedentes de flexibilización laboral “por gremio” se inscribe Atilra, cuya directiva se encuentra hegemonizada por la Corriente Federal del kirchnerismo. El “plan de guerra” oficial ha servido para mostrar la completa sumisión al macrismo por parte de la oposición de cuño capitalista. Más allá de los roces menores con el gabinete, los mandantes de esa oposición, la UIA y la Asociación de Bancos han ordenado cerrar filas con el gobierno, en aras de imponer la reforma laboral. Política de lucha El cuadro que aquí presentamos destaca la responsabilidad del clasismo y de la izquierda para oponerle un programa (ver páginas centrales) y una política de lucha a este pacto en curso contra la clase obrera y sus conquistas históricas. Lo que tenemos planteado, en primer lugar, es un enérgico llamado a la deliberación en los lugares de trabajo y en todos los sindicatos, sobre los alcances de la reforma, sus implicancias en cada gremio y cómo la enfrentamos. Los Daer y compañía no tienen mandato para entregar, en la mesa de los ‘arreglos’ con el ministro Triaca, nuestros convenios colectivos, los derechos indemnizatorios, el salario y la estabilidad laboral. Junto al reclamo de asambleas en todas las organizaciones obreras, es necesario articular una política de movilización contra la parálisis y el pacto de los burócratas con el gobierno. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, que ha puesto en marcha una campaña contra la reforma antiobrera, ha comenzado una ronda de reuniones con sindicatos y centrales obreras para discutir un programa y una primera respuesta de lucha. La ofensiva oficial, y el compromiso de burócratas y seudoopositores con ella, abre un amplio terreno para sumar a los activistas y luchadores obreros a la pelea por una nueva dirección en los sindicatos y por una alternativa política de los trabajadores.

La charla de balance de las elecciones nacionales de La Matanza, con Romina Del Plá, se convirtió en un hecho político del distrito. Por el interés que suscitó la convocatoria, el local central resultó inadecuado y la actividad se realizó en la Plaza del Periodista. La previsión fue acertada; casi 400 asistentes, con una enorme participación del Polo Obrero, trabajadores y delegados de varios gremios –incluyendo dos comisiones internas de plantas importantes-, una gran delegación de jóvenes que vienen de protagonizar las elecciones estudiantiles (la UJS presentó listas en cinco de siete institutos, enfrentando con éxito las listas del PJ local y ubicándose como la corriente de izquierda más desarrollada). Se destacaron especialmente los más de 70 docentes que expresan el enorme entusiasmo de la docencia matancera por el ingreso de la secretaria general de su sindicato al Congreso Nacional. Balance electoral El informe, complejo, fue seguido con gran atención. Comenzó señalando la importancia del voto al FIT en todo el país, no sólo por el millón doscientos mil votos, sino, sobre todo, por su contenido de rechazo a la reforma laboral, impositiva y jubilatoria, y por el escenario de polarización que se buscó instalar. El triunfo del gobierno debe ser también comprendido correctamente, rechazando todo impresionismo (del mismo modo que nos dejamos impresionar en su momento por el 54% de CFK). Las reservas de lucha de la clase obrera, la debilidad de la burocracia cegetista y la crisis capitalista mundial marcan los límites de un resultado que el gobierno y la burguesía intentarán aprovechar al máximo contra los trabajadores. Otro dato de enorme significación es la crisis del peronismo en todas sus variantes, pero en especial la de aquéllos que quieren jugar el papel de antiajuste (cuando le votaron 84 leyes y en el movimiento obrero firman convenios que son un anticipo de la reforma laboral, como el de Atilra). Unidad Ciudadana que tuvo un gran sostén en el aparato del PJ matancero, gobierna el distrito en medio de la miseria, la falta de cloacas o agua potable en más del 50 por ciento de los hogares. Más allá de las luces del Metrobus, los barrios siguen incomunicados por falta de servicio nocturno. Ni qué hablar del vaciamiento de la salud y la educación públicas. El voto al FIT en el distrito se extendió homogéneo a lo largo y ancho del distrito, con un crecimiento relativo mayor en las zonas más postergadas del distrito. Lo que viene Romina también se refirió en detalle al proyecto de reforma laboral “a la brasileña” y a la necesidad de organizarnos para defender los convenios y las condiciones salariales; caracterizó a la burocracia como “partícipe necesario” de este ataque a los trabajadores y, como contracara, el enorme campo de desarrollo de la izquierda clasista, en los sindicatos y en el plano político. La jornada finalizó con un brindis por una nueva etapa de luchas. Los militantes y simpatizantes del PO matancero -y también muchos seguidores de otras fuerzas políticas, que así lo expresaron- vemos a Romina como una “vocera de los trabajadores”, una gran militante y compañera, que llega al Congreso Nacional desde las entrañas de la clase obrera y la militancia revolucionaria, y como una conquista de todo el movimiento obrero.

“Bolshiness is back” fue el título que eligió hace unas semanas el semanario The Economist para advertir acerca de “las similitudes con el mundo que produjo la Revolución Rusa”. “El bolchevismo está de vuelta”, admite la revista, en una impensada admisión del “fantasma que recorre Europa”. En el ‘slang’ del Reino Unido, ‘bolshiness’ se aplica a las personas desafiantes y rebeldes. Interesante. Las circunstancias similares que The Economist señala con ese pasado son, por un lado, la bancarrota financiera corriente y el estancamiento de la economía y la productividad, y las guerras internacionales que proliferan en el Medio Oriente y en el este de Europa, por el otro. Es el crecimiento del desempleo, la pobreza y vulnerabilidad laboral. La humanidad asiste a una aguda decadencia del capitalismo e incluso a la barbarie. Centenares de miles de personas sucumben por los “daños colaterales” de los misiles y pueblan de cadáveres el Mediterráneo. La revista del capital financiero enciende luces de alarma. La Revolución de Octubre, que es lo que se conmemora este año, supera, sin embargo, a sus circunstancias. Por eso recupera un escenario que no abandonó nunca. La disolución de la Unión Soviética y su conversión en economía de mercado no ha dado lugar, 25 años después, a la esperada expansión del capitalismo sino, por el contrario, a una desintegración imparable de la Unión Europea y a la mayor crisis capitalista desde los años ’30 del siglo pasado. Ha dado lugar a Trump y a una crisis política inédita en Estados Unidos, al menos desde la guerra civil. No ha abandonado “la guerra fría” por la “paz universal”, sino que ha engendrado un estado de guerras permanentes. El reflujo que ha sufrido el proceso revolucionario mundial, desde fines de los ’70, es circunstancial. La Argentina de 2001 no es un fenómeno local. A la orden del día se encuentra de nuevo “la catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla”. Lo que distingue históricamente a la Revolución de Octubre es su condición universal. No reemplaza a una clase explotadora por otra, sino que plantea la abolición de toda forma de explotación. No afirma un interés nacional, sino internacional. Entre su inicio, en febrero, y octubre, agota todas las formas políticas que al mundo occidental ha llevado doscientos años: desde un gobierno burgués, distintas coaliciones, un intento bonapartista, el golpe militar, un pre-parlamento y una tentativa final de régimen de “democracia pura” de partidos socialistas -los explotados son llevados a la instauración de un régimen político por completo original. A través de esta experiencia emerge un régimen revocable de consejos obreros y campesinos -donde los trabajadores deliberan y gobiernan. Todas las formas de transición política de la democracia formal fueron incapaces de terminar con la guerra, entregar la tierra a los campesinos y establecer una Asamblea Constituyente. Lo hizo el gobierno soviético en horas y días. También revolucionó enseguida la legislación de derechos políticos y sociales -entre ellos, el divorcio, el aborto seguro, la descriminalización de la homosexualidad y el acceso de la enseñanza pública con contenidos renovados. La reacción staliniana, fruto del reflujo revolucionario y de una confiscación del poder político, barrería con estos derechos en el curso de una década. En medio de crisis internas y debates inmensos, un partido político sin parangón en la historia, de decenas de miles de miembros activos, se convirtió en herramienta decisiva para llevar la revolución a la victoria y evitó la tragedia de una salida pinochetista o hitleriana. La universalidad de la Revolución de Octubre se resume en lo siguiente. Fue dirigida por la clase obrera en un país abrumadoramente campesino; por un partido de intelectuales en un país de analfabetos; por un partido internacionalista en un imperio de nacionalidades oprimidas; por un partido ateo en una sociedad misticista; y hasta por un partido con numerosos cuadros judíos en una sociedad fuertemente antisemita. La necesidad histórica barrió las divisiones y contingencias particulares más arraigadas. Este es el legado de Octubre de 1917 para la época actual de bancarrotas, guerras y revoluciones.

Convocada por la Comisión Interna de Fuero Penal, el martes se realizó una masiva asamblea frente a la reforma laboral que el gobierno, con el acuerdo de la Corte, planea aplicar en el Poder Judicial. Participaron más de 300 trabajadores, entre ellos delegados y secretarios generales de las comisiones internas de laboral, civil y comercial federal y la de civil recientemente electa, como así también compañeros del Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y de otras dependencias del Poder Judicial de la Nación. El viernes pasado, la aparición de un cuestionario enviado desde la Corte a la Asociación de Magistrados suscitó el estado de alerta y movilización entre los trabajadores. En el mismo se solicitaba una respuesta en torno de la posibilidad de la extensión de la jornada laboral mínima de 6 a 8 horas -ya extendida en los hechos y sin compensación económica-, el corrimiento del horario de mesa de entradas de 7:30-13:30 a 9:30-15:30, el fin de la feria judicial de invierno y de las licencias especiales, así como el desplazamiento de la feria de enero a la segunda quincena de diciembre y primera de enero. La consulta de la Corte se halla vinculada con la disposición del gobierno de avanzar en un ajuste sobre el Poder Judicial, cuadro en el que se inscriben las difamaciones y calumnias del presidente Macri contra los trabajadores del área. Por su parte, el recorte en el gasto público que el gobierno tiene en carpeta es una cuestión estratégica que no está sujeta a discusión, incluso con las crisis y enfrentamientos que esto pueda provocar al interior del aparato estatal. A su vez, la noticia de la renuncia de Gils Carbó, el rumor de la posible jubilación de la defensora general y la reforma sobre los ministerios que el gobierno tiene en carpeta, plantean su copamiento por parte del macrismo. Si prosperara el traspaso de la Justicia nacional a Ciudad (penal, civil y comercial, laboral), donde el macrismo cuenta con una mayoría en el Consejo de la Magistratura, tendrían una Justicia completamente alineada al gobierno -un cheque en blanco para el ataque a los trabajadores y la impunidad para sus funcionarios. Frente a la preocupación y el descontento creciente de los judiciales, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ha resuelto convocar para el 15 de noviembre a un paro con movilización desde las 10 horas, en plaza Lavalle, un día antes del feriado por el Día del Judicial -una medida aislada e inconsulta, ya que el sindicato no convocó a asamblea ni plenario de delegados. Siendo éste uno de los gremios alineados al gobierno, la necesidad de dar una respuesta a las presiones de las bases y sus conducciones obedece a la cercanía de las elecciones generales del sindicato. La tendencia a la recuperación de comisiones internas, así como la reciente victoria antiburocrática en el fuero civil, colocan a Piumato entre la espada y la pared: si no lucha, el costo político puede ser muy grande. Los judiciales no podemos estar atados a las estimaciones oportunistas de la burocracia. Es indispensable nuestra organización independiente, impulsando asambleas y cuerpos de delegados con mandato de oficina en todas las dependencias judiciales y en los ministerios. Sólo así derrotaremos la reforma laboral del gobierno, el PJ-FpV y el conjunto de la oposición patronal. Las comisiones recuperadas han resuelto adherir al paro con movilización del 15 de noviembre, pero con el señalamiento de que debe ser el inicio de un plan de lucha y que debe ser convocado un plenario general de delegados. • Abajo la reforma laboral. • No al traspaso de la Justicia a Ciudad.

Ahora ya sabemos que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, no es el único miembro del Poder Ejecutivo que figura en los documentos investigados del Paradise Papers. En las últimas horas, los periodistas con acceso a la documentación revelaron que también figura el ministro Energía, Juan José Aranguren. La acusación en su contra, que surge de los documentos, es más que pesada: Aranguren presidió una sociedad offshore de Shell radicada en Barbados, armada con el objetivo de vender gasoil a América Latina. Esa actividad no cesó cuando el ex presidente de la petrolera anglo-holandesa fue designado ministro. Es más, ya con Aranguren en el Ministerio de Energía, la sociedad offshore que había presidido ganó trece licitaciones para la importación de gasoil. Sólo por siete de estas compras la sociedad offshore ganó 150 millones de dólares. La importación de gasoil y gas licuado fue uno de los grandes negociados por los que se investiga a De Vido y a otros funcionarios que compartieron con él responsabilidades en el Ministerio de Planificación. Con la revelación periodística de los Paradise Papers queda claro que ese modus operandi alcanza al gobierno actual. La figura de Aranguren es emblemática porque resume en una sola persona las dos facetas de la corrupción: la de los funcionarios y la de los empresarios. El ex titular de Shell se ha beneficiado así por partida doble. Si la Justicia ha decidido dictar la prisión preventiva a los miembros del gobierno anterior, al considerar que en su carácter de ex funcionarios tienen aún poder para obstruir la acción judicial, ni qué decir que ese argumento es mucho más valedero para los funcionarios actuales que detentan el control del aparato del Estado. La posibilidad de que Macri, ante estas revelaciones, decida la separación de Aranguren y Caputo son menos que nulas. Después de todo, él mismo figura en los documentos de los Panamá Papers. El silencio del ‘ala republicana’ del gobierno, con Carrió a la cabeza, prueba, por si hiciera falta, que son defensores de una administración de corruptos. La corruptela del gobierno actual echa sus raíces en el funcionamiento mismo del capital. Para terminar con ella es necesario ir a fondo -o sea, terminar con el capitalismo y sus gobiernos.

En la misma semana que el gobierno anunció su plan de reformas antiobreras de la mano de la CGT y los partidos patronales, los técnicos y profesionales del Inti le respondieron con un macizo paro general. Desde el primer trimestre del año, los trabajadores del Inti vienen llevando adelante un pliego de reclamos que no encuentra respuestas: pase a planta permanente del 80% del plantel que se encuentra precarizado; descongelamiento de la carrera laboral; pago de retroactivos adeudados y un aumento salarial complementario a la paupérrima paritaria del 20% firmada por UPCN. La medida de lucha se dio en medio de una persecución política a delegados de ATE y trabajadores organizados. La escalada de ataques incluye el intento de desconocer a casi 50 representantes legalmente electos en diciembre pasado, así como el bloqueo del correo institucional del gremio y la casilla de mail de trabajo de toda la Junta Interna y el cuerpo de delegados. Por otra parte, se han querido implementar descuentos a una veintena de delegados por un cese de actividades con permanencia en el lugar de trabajo el pasado 13 de julio. El presidente del Inti, Javier Ibáñez, se ha lanzado tras las elecciones legislativas a nuevos ataques. Así, como represalia a la votación del paro del 2 de noviembre, ordenó el descuento de un día de trabajo a 25 agentes del instituto. Y envió un comunicado a todo el personal plagado de amenazas hacia los delegados y de advertencias a los trabajadores para que no realizaran medidas de fuerza. Frente único La jornada de paro, sin embargo, fue multitudinaria. A media mañana, debajo de una lluvia implacable, una movilización interna con más de 500 trabajadores de todos los sectores del organismo fue al encuentro de otros cientos de trabajadores que los esperaban en la puerta del instituto en General Paz al 5400, junto a quienes se trasladaron hasta la Avenida Constituyentes custodiados por un descomunal operativo policial. La inmensa columna que marchó por la colectora estuvo encabezada por delegados de la Junta Interna y de la Lista Naranja de ATE-Inti, representantes de ATE nacional, de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) y el secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, acompañado de los delegados generales de las Juntas Internas de Pirelli, Firestone y Fate, en una clara muestra de solidaridad obrera. A la importante jornada se sumaron también delegados de la CTA Capital, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), del Hospital Garrahan, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, de la Junta Interna del Segemar, del Inta, Lista Naranja de Telefónicos, delegados de la Lista Multicolor de los Suteba de Tigre y Escobar y compañeros del Polo Obrero, sólo por mencionar algunos de los participantes de esta amplia convocatoria. Hubo un acto principal que tuvo como orador principal a Crespo, seguido por saludos y adhesiones de diversos integrantes de comisiones internas y representantes de organizaciones sociales. El cierre contó con las palabras de Romina Del Plá, actual secretaria general del Suteba La Matanza, recientemente electa diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el FIT-PO, quien afirmó que "hay enormes reservas de lucha en el movimiento obrero para enfrentar estos ataques" y denunció el pacto entre Macri y la CGT. Cabe señalar que habrá una nueva asamblea general en el instituto donde se decidirá cómo profundizar las medidas para contrarrestar la embestida desplegada por el gobierno. La jornada del 2 ha sido sólo una muestra de la capacidad de respuesta cuando se piensa y se actúa como clase.

El impuesto a la renta financiera es simplemente una cortina de humo para hacer pasar el corazón de la reforma impositiva, que pasa por un enorme beneficio al capital que va de la mano de un fuerte ajustazo contra el pueblo. Un informe de la consultora Quantum Finanzas estima que el impuesto a la renta financiera recaudaría anualmente el equivalente entre 700 y 1.000 millones, equivalentes a sólo el 0,14- 0,17% del PBI. Es que sólo abarca al 4% de los inversores, pues la gran mayoría de las transacciones financieras son realizadas por empresas que ya estaban gravadas por el impuesto a las ganancias. Además, el proyecto oficial exceptuaría a los extranjeros, a los fondos de inversión y las operaciones en acciones. Está todavía por verse qué va a pasar con los bonos emitidos bajo ley extranjera, porque sería fuente de litigio con sus tenedores. Pero lo mismo puede ocurrir con los restantes bonos, lo que podría derivar en juicios al cambiarse las condiciones de emisión. El alcance absolutamente acotado del impuesto explica que la cotización de los títulos públicos argentinos no se haya visto alterada. Si el impuesto termina afectando a alguien, será a los pequeños ahorristas, no a los grandes operadores. Por otra parte, siempre está el recurso de aumentar la tasa de interés sobre los plazos fijos y sobre las nuevas emisiones, de modo de neutralizar la incidencia del impuesto. El endeudamiento es una pieza clave en la estrategia económica oficial y nadie va a comprometer la bicicleta financiera, que es su engranaje principal. Precisamente, el Banco Central acaba de aumentar la tasa de interés de las Lebac para contrarrestar el salto de la inflación en este último mes y preservar el rendimiento de los títulos y colocaciones financieras, aunque esto se dé de patadas con una reactivación. El núcleo de la reforma Por lo demás, la reforma prevé grandes ventajas impositivas a los capitalistas: rebajas del impuesto a las ganancias para las empresas del 35 al 25 por ciento, el impuesto al cheque podrá ser tomado a cuenta de Ganancias, el ajuste por inflación podrá ser deducido de los balances contables de la empresas en su liquidación impositiva anual y rebaja de los aportes patronales y la sustitución del impuestos a los ingresos brutos de las empresas por un nuevo impuesto al consumo. La reducción de ingresos brutos -contra lo que sostiene la propaganda oficial- no es garantía de una rebaja de los precios -eso requeriría una apertura de libros y cuentas y un control generalizado de los trabajadores de todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización. Bajo el manejo despótico del capital, las rebajas impositivas, como ya ocurrió en el pasado, terminan engrosando el bolsillo patronal. En lo inmediato, la rebaja de ingresos brutos a ciertas empresas que viene de disponer la Capital y la provincia de Buenos Aires ha sido “financiada” con un impuestazo, aumentando el inmobiliario urbano 36 y 56 por ciento, respectivamente, incluido el propietario de vivienda única. Los gobernadores, incluido los opositores, empezando por los del PJ, han dado su aval a esta reforma. No hacen otra cosa que amoldarse a sus mandantes, la clase capitalista, de la cual son tributarios, y que ha respaldado masivamente los anuncios gubernamentales. Esto no anula las disputas por los ingresos fiscales. Las provincias están reclamando una compensación por el impuesto al ingreso bruto que dejarían de cobrar, lo que se agrega al reclamo por la anulación de aumentos a los impuestos internos sobre algunos productos regionales. El gobierno ya ha cedido con el impuesto al vino y, según algunos trascendidos, estaría dispuesto a avanzar con medidas similares como prenda de negociación, siempre que los gobernadores se sometan al contenido fundamental de la reforma. La cuestión central gira en torno a la ley de Responsabilidad Fiscal, que condiciona la entrega de recursos al ajuste que hagan las provincias. Un suerte de premios y castigos que será monitoreado por el Estado nacional, el cual pasaría a concentrar en sus manos la recaudación de los recursos y manejar su distribución. Complicidad Mas allá de los tironeos, el respaldo de la oposición ha sido claro. Al apoyo del senador Miguel Pichetto se une la presencia de tres gobernadores (de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, distritos donde Cambiemos se impuso en las legislativas) en el viaje que Macri emprendió a Nueva York, a la que suma el gobernador de Neuquén y Lavagna hijo, en representación del masssimo. Viene al caso señalar que en estas tratativas entre el Estado Nacional y las provincias, el pato de la boda serán una vez más los jubilados. Como lo reveló Carlos Pagni: “La principal carta de negociación es otra: el cambio del cálculo de la movilidad jubilatoria automática” (La Nación, 6/11). Con ajustes que pasarían a ser trimestrales en vez de semestrales, pero indexados por el índice de precios al consumidor en reemplazo de la actual fórmula que combina recaudación de impuestos y aportes. Si esta modificación fuera aprobada por el Congreso, el gobierno lograría dos objetivos. Por un lado, evitar que el elevado gasto público previsional (más del 40% del total nacional) crezca en 2018 por encima de la inflación y eleve el déficit fiscal. Por otro, “contar con una masa de recursos para negociar con las provincias la redistribución de fondos coparticipables por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, hoy en manos de la Corte Suprema y que los gobernadores buscan reemplazar con un acuerdo político” (ídem).

La conducción pejotista de la seccional Ensenada de la gremial estatal ATE (aliada a la Lista Verde de ATE Provincia) convocó a un Plenario Regional de Delegados en apoyo al Astillero Río Santiago (ARS) para el 9 de noviembre. La planta naval sufre un agudo vaciamiento y se encuentra en la mira de Macri y Vidal, como uno de los principales blancos de la actual ofensiva contra el movimiento obrero pactada con el conjunto de la burocracia sindical.Pese a la regimentación impuesta por la dirección de ATE Ensenada al plenario -haciendo que prevalezcan los "cuerpos orgánicos" en detrimento de una participación masiva de delegados con mandato-, se trata de un escenario explosivo de especial interés para las juntas internas y cuerpos de delegados combativos, para la Junta Interna clasista de ATE Educación (provincial) y para el Suteba Ensenada (conducido por la Lista Multicolor), que es toda una referencia de lucha en la ciudad. En particular cuando la desocupación en La Plata, Berisso y Ensenada está entre los topes de todo el país y cuando acaban de despedir a casi 300 trabajadores de los planes de Salud. En la historia de la región, estos plenarios de delegados fueron los prolegómenos de los Ensenadazos de los ’80 y ’90, contra los intentos de privatización y cierre. Los trabajadores debemos deliberar y actuar La dirección de ATE propuso que el plenario ponga fecha a la movilización a la Gobernación votada en la asamblea de Astilleros. La misma no puede demorarse, en momentos en que Vidal apura la sanción de una ley de presupuesto -con la colaboración de todas las alas del peronismo- que amenaza al ARS y sus trabajadores. Para el activismo de la región, el plenario es la oportunidad para tomar la iniciativa de una firme campaña destinada a hacer del Astillero una gran causa popular. Por este motivo, llamamos a reforzar la marcha a la Gobernación con mandatos y pronunciamientos de los cuerpos de delegados y asambleas. El ajuste sobre el ARS Esta avanzada contra el ARS viene de lejos, pero ahora se profundiza al compás del paquetazo de Macri. Si el gerenciamiento del ARS fue un foco de corrupción con Scioli, Vidal quiere explotarlo en provecho del ajuste para restar toda inversión y financiamiento del Astillero. En nombre de la "revisión de los contratos", el gobierno provincial bloquea las cartas de crédito del Banco Provincia, le exige al Astillero (vaciado) el pago de una deuda y da vía libre a la importación y contratación de buques en desuso de Francia e Israel. El empeño de la conducción de ATE Ensenada por encontrar un acuerdo con la gobernación macrista es un callejón sin salida para los trabajadores: pedirle a Vidal que intervenga para destrabar los créditos, cuando es quien encabeza el operativo de vaciamiento y ataca al ARS por deficitario, es pedirle peras al olmo. ¡Vidal va por los puestos de trabajo y el convenio colectivo! A su turno, la bancada de concejales de Cambiemos de Ensenada reclamó la reducción de salarios y un "replanteo" general de las relaciones laborales -o sea flexibilización, reforma laboral y ataque al convenio colectivo del Astillero. La salida a esta crisis vendrá de las enormes reservas de lucha que siguen presentes en los trabajadores de una fábrica que, por su peso, puede arrastrar a toda la clase obrera de la región. Para los trabajadores del ARS, intervenir en la discusión de la " ley de leyes" es fundamental, toda vez que el Presupuesto provincial no incluye inversiones y sí la reducción de 1.200 trabajadores en la nómina. Habrá que movilizarse cuando lo traten convocando a todos los trabajadores. Estamos frente a un ataque histórico, que reclama una respuesta a la altura de este golpe antiobrero. Un programa para el Astillero El Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea discutir un programa y un plan de acción responsable ante la Asamblea General, para derrotar todo ajuste, despido o precarización laboral en el Astillero. Frente al Presupuesto 2018, planteamos el aumento de las partidas para defender todos los puestos de trabajo y la reactivación de la fábrica (vaciada por los gobiernos capitalistas para favorecer intereses patronales en pugna). Nuestra lucha es por el respeto al convenio colectivo y las paritarias libres. ¡Fuera la reforma laboral del Astillero y de todo el movimiento obrero! Por un astillero estatal bajo control de los trabajadores. Nacionalización de toda la industria naviera, en el marco de un plan de reorganización industrial bajo control y dirección de los trabajadores.

El pasaje a la preparación práctica política y militar de la insurrección planteó un conjunto de dificultades: el partido bolchevique tenía que tomar decisiones históricas y se consideraba como un eslabón de la revolución europea y mundial. Lenin y Trotsky tuvieron que hacer frente a la oposición de una fracción importante de los “viejos bolcheviques”, encabezada por Zinoviev y Kamenev, y a la necesidad de acordar la insurrección lanzada por el partido en base a la consigna de “Todo el poder a los soviets”, que organizó la agitación y la actividad nacional de los bolcheviques. Lenin dedicó sus textos a ganar al Comité Central (CC) y los cuadros del partido 1 y su intervención en las reuniones de dirección fue decisiva. Trotsky utilizó sus posiciones en el movimiento de masas, en los soviets, en los mítines. Era el presidente del Soviet de San Petersburgo y el orador revolucionario más popular. La discusión en el partido El primer enfrentamiento fue en torno de la participación en la Conferencia Democrática y en el Preparlamento (PO N° 1.477). La mayoría fue partidaria de la participación en estos seudoparlamentos porque consideraba que el partido tenía que jugar el rol de “oposición democrática” y esperar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Trotsky impuso el boicot y Lenin apuntó en sus “Notas de un publicista”, en su entrada del 23 de septiembre: “Trotsky era partidario del boicot. ¡Bravo, camarada Trotsky! La tesis del boicot ha sido rechazada por la fracción bolchevique de la Conferencia Democrática. ¡Viva el boicot!”. Lenin había abandonado su retiro clandestino en Finlandia y a comienzos de octubre se instaló en el distrito de Vyborg, en la periferia de la ciudad. Enviaba texto tras texto, censurados o ignorados por el CC. En “La crisis está madura” amenaza con renunciar a la dirección, aunque no da ningún paso práctico en este sentido. Su posición es imperiosa: “Los bolcheviques no tienen el derecho de esperar el Congreso de los Soviets, tienen que tomar el poder de inmediato. Al hacerlo, salvan la revolución mundial (…) salvan la revolución rusa (...) Contemporizar es un crimen. Esperar el Congreso de los Soviets es una prueba de formalismo pueril y sin honor: es traicionar la revolución (...) Si no es posible tomar el poder sin insurrección, hay que pasar de inmediato a la insurrección ("Carta al CC", 1° de octubre). La presión de Lenin, el estado de ánimo de las masas en San Petersburgo, la reacción de los agitadores y militantes bolcheviques, llevan a la dirección a un viraje. Trotsky dirá más tarde que fue “el rearme del partido”. El 5 de octubre se reunió el pleno del Comité de San Petersburgo; los participantes se pronunciaron a favor de las orientaciones de Lenin, pero no se aprobó ninguna resolución. Poco tiempo después de la reunión, la Comité Ejecutivo (CE) del CC decidió pasar a los trabajos prácticos de los preparativos militares de la insurrección. Al mismo tiempo, se reunió el CC y aprobó el boicot al Preparlamento. Trotsky anunció el retiro de la fracción bolchevique en la sesión del 7 de octubre. El punto crucial El momento decisivo fue la reunión del CC del 10 de octubre (en el calendario juliano vigente en Rusia; 23 de octubre del nuestro). Es la primera confrontación directa entre Lenin con los otros miembros. La reunión se realizó en el domicilio del menchevique Sujanov; la mujer, militante bolchevique, le pide a su marido que en esa noche muy fría no vuelva a la casa. No existe un proceso verbal de la reunión y sólo algunas notas. El debate fue introducido por Lenin, que habló una hora. Defendió apasionadamente la insurrección y reclamó la acción inmediata. El debate duró largas horas y hablaron casi todos los participantes. Salvo Zinoviev y Kamenev, los miembros del CC apoyaron a Lenin. En la madrugada, el líder bolchevique presentó un proyecto de resolución redactado a las apuradas, en una hoja suelta. Fue aprobado por diez votos contra dos. Corresponde reproducir en extenso la resolución histórica del CC del 10 (23) de octubre: “El CC reconoce que tanto la situación internacional de la revolución rusa (…) como la situación militar (...), la conquista de la mayoría en los soviets por el partido proletario, el levantamiento campesino y el giro de la confianza popular hacia nuestro Partido (las elecciones en Duma de Moscú) y, finalmente, la evidente preparación de una nueva aventura de Kornilov (...) colocan en el orden del día la insurrección armada. El CC hace constar que la insurrección armada es inevitable y propone a todas las organizaciones del Partido guiarse por ello y, desde este punto de vista, discutir y resolver todos los problemas de orden práctico...”. La oposición a la insurrección Zinóviev y Kámenev presentaron al día siguiente un documento escrito en defensa de sus posiciones -opuestas a la insurrección- y lo distribuyeron en todo el Partido: publicitaron su oposición a la insurrección incluso en la prensa no partidaria y en el momento del levantamiento. De todos modos, la insurrección fue, a partir de la resolución del CC, una directiva del partido y quedaron pendientes el calendario, el método y, sobre todo, la relación con el próximo Congreso de los Soviets. Concretamente, ¿la insurrección debía hacerse antes del Congreso o para acompañar el Congreso? Lenin no quería esperar hasta el Congreso; consideraba que era una decisión del partido, no tenía confianza en que los bolcheviques obtuvieran una mayoría nacional (teniendo en cuenta que era un congreso de soviets de obreros, campesinos y soldados de toda Rusia), alertaba sobre la posibilidad de ceder a las sirenas de un gobierno de coalición con los conciliadores. El combate por una mayoría bolchevique en los soviets y por “Todo el poder a los soviets” era una constante en la política del partido. Como se puede leer en la resolución del CC del 10 (23) de octubre y en los escritos de Lenin, la conquista de esta mayoría fue uno de los elementos que colocaron la insurrección en el orden del día. En qué momento y cómo La insurrección terminó por producirse bajo el paraguas de los soviets, en los términos de Lenin, pero no en forma inmediata. Las reuniones de los soviets en todo el país, preparatorias del Congreso nacional, votaron la toma del poder por los soviets en el Congreso. Muchas asambleas locales del partido, incluida la provincia de San Petersburgo, se pronunciaron en el mismo sentido: insurrección y Congreso de los soviets debían ir juntos. La Conferencia Nacional de los Comités de Fabrica, según Trotsky, "la representación más directa e indiscutible del proletariado de todo el país", se pronunció porque el poder pase inmediatamente a los soviets. El 16 (29) de octubre el CC se reunió en Conferencia. Lenin volvió a pronunciar un discurso intenso en favor de la insurrección. La opinión dominante en la reunión fue ratificar las decisiones del CC del 10 (23), pero no precipitar los acontecimientos. Los miembros de la organización militar a cargo de los preparativos operativos prefirieron también colocarse en el cuadro de los soviets. El 18 (31) de octubre, el CE de los Soviets postergó la inauguración del Congreso del 20 de octubre (2 de noviembre según nuestro calendario) al 25 de octubre (7 de noviembre) y así quedó fijada de hecho la fecha del estallido revolucionario. El Congreso de los soviets Trotsky reivindicó el carácter de los soviets como irremplazable: “No, el poder de los Soviets no era una quimera, una construcción arbitraria inventada por los teóricos del Partido, sino que surgía irresistiblemente desde abajo” (León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa). Lo confortaba la experiencia de 1905 y nuevamente la de 1917. Había sido y era presidente del soviet y lo utilizaba como palanca para su programa revolucionario. Las elecciones de delegados en todo el país para el Congreso nacional dieron mayoría a los bolcheviques y "el Congreso de los Soviets fue el problema político central durante las cinco semanas que separaron a la Conferencia Democrática del levantamiento de octubre". (ídem anterior). Lenin, en El Estado y la Revolución, consideró a los soviets y los comités de fábrica como los órganos del nuevo Estado en las tareas esenciales de censo y control. El devenir de la revolución fue a la vez el devenir del Partido y el devenir de los soviets, en el ascenso y en la construcción del nuevo poder proletario. La solidez política de Trotsky y su genio oratorio y organizativo le permitieron desarrollar una verdadera campaña popular por la insurrección a partir de su lugar como presidente del soviet, con mítines y movilizaciones populares cada vez más decididas y enérgicas. En el soviet, el 9 (22) de octubre aprovechó una moción de los conciliadores para crear un Comité Militar Revolucionario, con la tarea de defender a la capital. Este comité siguió los pasos del creado por los soviets contra el golpe de Kornilov. Los bolcheviques eran mayoritarios, con una presencia de los conciliadores y con la presidencia de un socialista revolucionario de izquierda. El comité se transformó en el órgano que preparó prácticamente la insurrección e integró la actividad de la organización militar del partido bolchevique. Los destacamentos armados y decenas de miles de fusiles fueron dirigidos y controlados por los bolcheviques, a la espera de la orden del estallido. La agitación popular por la insurrección tuvo su culminación tres días antes de la apertura del Congreso. En la jornada del Soviet de San Petersburgo, los oradores bolcheviques tomaron la palabra en mítines multitudinarios en toda la ciudad. La descripción de un historiador académico, pero honesto y riguroso, vale la pena: “Un ejemplo típico de la popularidad de las concentraciones organizadas ese día por el Soviet de San Petersburgo es el mitin organizado en la Casa del Pueblo (...) Mucho antes del comienzo, una multitud compacta de obreros de fábrica y de soldados, salpicada por algunos representantes de la pequeño burguesía de la capital, se precipita en el edificio monumental de la Opera, sobre todo para ver y escuchar al orador vedette, el legendario Trotsky. En su discurso, este último no afirma otra cosa que lo dicho una y otra vez por los bolcheviques (...) El futuro gobierno nombrado por el Congreso de los Soviets iba a avivar una llama revolucionaria tan intensa que iba a abrazar no solamente a toda Rusia sino al mundo entero (...) El público reacciona con un fervor particular ante el discurso de Trotsky (...) Cuando éste llama a la asistencia a prestar juramento de fidelidad al Soviet si se decide a pasar a la acción, la multitud levanta las manos y se pronuncia ‘Lo juramos’ (Rabinowitch, Los bolcheviques toman el poder) 2 . La insurrección se preparó con este fervor y la movilización multitudinaria de las masas. El partido bolchevique encabezó una sublevación obrera y popular contra el orden burgués, en Rusia y en Europa, que abriría un nuevo siglo. 1. Lénine, Oeuvres, Tomo 26. <www.marxist.org>. Los textos de Lenin son: "Los campeones del fraude y los errores de los bolcheviques"; "Notas de un publicista"; "Carta a I. Smilga", "La crisis está madura"; Carta al CC, a los Comités de San Petersburgo y Moscú, y a los miembros bolcheviques de ambos soviets". Estos textos, en su mayor parte, no fueron publicados en su momento (septiembre-octubre de 1917) porque fueron censurados. Citamos de acuerdo con la IV edición francesa de las Obras. 2. Alexander Rabinowitch: Les bolcheviks prennent le pouvoir, La fabrique, París, 2016.

El 17 de diciembre, en los bosques de Palermo, realizaremos nuestro Picnic anual. Será una jornada de camaradería, debates, entretenimiento y organización, en un marco diferente al que cotidianamente reúne a los trabajadores, jóvenes y mujeres, en la lucha por sus reivindicaciones y la acción política, en la construcción de una alternativa obrera y socialista. En el marco de la crisis actual, con los planes de ajuste y reformas que plantea el gobierno, y el pacto de éste con la CGT, el Picnic será un terreno de organización y defensa de los intereses obreros y populares. Las mesas debate reflejarán las acciones y los desafíos que se plantean hacia 2018: la crisis internacional, la lucha docente, la lucha por el “Ni una menos”, los derechos de las mujeres y la lucha por los derechos humanos, y por Justicia por Santiago Maldonado, tendrán lugar en los debates que organizaremos. Habrá, además, una mesa-debate sobre la reforma laboral con sectores de lucha del movimiento obrero. Habrá, además, todo un espacio de muestras artísticas dedicadas al aniversario de la Revolución de Octubre, continuidad del seminario que estamos realizando y muestras fotográficas de la lucha por Santiago Maldonado. Están comenzando las inscripciones para los diferentes campeonatos de fútbol masculino de mayores, femenino e infantil. Son varios los equipos que desde varias fábricas de Capital y el Gran Buenos Aires anticiparon su participación. Así como compañeros de los barrios del conurbano, que participan tradicionalmente del torneo, que tendrá más de 20 canchas habilitadas dentro del parque de diez hectáreas. Habrá, además, campeonatos de ajedrez, básquet y vóley. Tendremos un escenario de tango, folklore y otro de rock. El escenario central contará con la participación de bandas de cumbia, tango y rock de primer orden nacional, en cada caso. La recreación infantil ya cuenta con una comisión que está organizando el entretenimiento de los cientos de chicos que participarán del Picnic. Talleres de circo, juegos, pintura y plástica serán de la partida junto con los inflables, y el campeonato de fútbol para los más chiquitos. Ofreceremos un buffet a precios muy populares, con diferentes tipos de menús. Sumate al Picnic.

La decisión de la fiscal Silvina Avila de apartar de la investigación por la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), con el asentimiento del juez, puede significar una carta blanca para la Gendarmería y los funcionarios públicos. Para la fiscal, la participación del organismo -que colaboraba con ella en la investigación- dejó de ser necesaria cuando el juez Gustavo Lleral asumió la dirección de la causa. La Procuvin era el único estamento del Ministerio Público Fiscal que estaba investigando específicamente el accionar de la Gendarmería Nacional en el contexto de la muerte de Maldonado. Su apartamiento habría sido avalado por el juez Gustavo Lleral, quien no realizó manifestación alguna al respecto. La separación le viene como anillo al dedo al gobierno nacional, que desde el 1° de agosto intenta correr de escena a la Gendarmería Nacional de su responsabilidad por la desaparición -y ahora por la muerte- de Santiago Maldonado, luego de que la fuerza ingresase a sangre y fuego en la Pu Lof (comunidad mapuche) de Cushamen. Encubrimiento recargado Dos días atrás, Mauricio Macri, luego de haber mantenido ‘silenzio stampa’ frente al caso, aprovechó para volver a reforzar el accionar de encubrimiento de Patricia Bullrich, Marcos Peña y Elisa Carrió. En una entrevista con La Nación+, el mandatario se enredó en sus propios dichos, al exigir "no digan que esto fue una desaparición forzada porque es imposible que un gobierno democrático participe en hacer desaparecer a nadie” -una falacia que huele a confesión, ya que para que se configure el crimen de desaparición forzada de personas no es impedimento que se trate de un gobierno democrático. Por el contrario, la actuación de este gobierno fue de enardecer la actividad represiva y, en particular, sobre lo ocurrido en el territorio ancestral mapuche, de un intenso encubrimiento: no se peritaron inmediatamente los escuadrones de GNA; los vehículos fueron peritados recién diez días después de la desaparición, previamente lavados y se montaron un sinnúmero de versiones sobre el paradero de Santiago. No olvidemos que la Gendarmería tenía en sus manos las fotos que demostraban que él estaba en la Pu Lof aquel día, mientras el gobierno operaba para negar incluso su presencia en el lugar. La aparición del cuerpo de Santiago vino a confirmar lo que afirmó el movimiento popular desde el primer día: que se encontraba allí junto al pueblo mapuche levantando los reclamos por tierras y contra el procedimiento ilegal que soporta Facundo Jones Huala. En sus nefastas declaraciones, el Presidente se hizo eco de las operaciones de Clarín respecto de supuestos testigos falsos, pero agregando un condimento adicional, con la aserción de que “todos los días aparecía una declaración de la otra parte afirmando cosas”. A confesión de parte, relevo de pruebas: si quienes pugnamos por la justicia y la verdad somos “la otra parte”, los asesinos son el gobierno y el Estado. En este cuadro, advertimos que el apartamiento de la Procuvin puede ir de la mano con la impunidad: si la fiscal Avila, con el asentimiento del juez Lleral, cree que no debe continuar actuando el organismo, puede significar que entienda que el accionar de la Gendarmería Nacional no fue la responsable de la muerte de Santiago y, por ende, se extiende a los funcionarios públicos la carta blanca.

La gran lucha desplegada por estudiantes, docentes y familias contra la segunda edición del Operativo Aprender mostró que existen reservas de lucha para quebrar la reforma antieducativa del gobierno que -en línea con la reforma laboral- busca destruir las conquistas de la docencia y poner a los estudiantes como mano de obra gratuita para las empresas. En provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Rosario y Tierra del Fuego, allí donde tienen un peso dirigente los sectores combativos, tuvieron lugar paros, mientras que los estudiantes protagonizaron tomas, asambleas y boicots a las evaluaciones, cuyo fin es culpar a la docencia por la crisis y el vaciamiento educativo gestado por los sucesivos gobiernos. En la provincia de Buenos Aires, el paro docente fue convocado por la combativa Lista Multicolor de la gremial Suteba (opositora a la dirección provincial de Roberto Baradel), logrando una adhesión que promedia el 75% en las seccionales dirigidas por ésta: Ensenada, Quilmes, Berazategui, Bahía Blanca, Tigre, Escobar, General Madariaga, Marcos Paz y La Matanza (en esta última, del orden del 85%). La huelga fue también destacada entre docentes de otros gremios que no llamaron a parar, así como en La Plata (50%). Entre otras actividades, la Multicolor acompañó el paro con radios abiertas en veinte distritos, entre ellos, en Escobar y Almirante Brown. De esta última participó el Centro de Estudiantes del Nacional de Adrogué; mientras que, en Lomas de Zamora, los jóvenes de la Enam de Banfield tomaron el edificio contra el Aprender. En la mayoría de los distritos, las direcciones kirchneristas de Ctera y Suteba, que se declararon en "estado de alerta y movilización”, boicotearon las medidas de lucha y emitieron comunicados atacando al paro. El accionar se desprende del objetivo de Ctera de “participar” de la reforma antieducativa, en lugar de quebrarla (con el mismo espíritu, la conducción K de la Coordinadora de Estudiantes de Base porteña trabajó tenazmente por el levantamiento de las tomas en septiembre). En la Capital Federal, Ademys organizó la oposición al operativo. Cerca de un 50% de alumnos no realizaron los exámenes, con un importante apoyo de las familias a la causa. En los colegios Julio Cortázar, Mariano Acosta y Rodolfo Walsh (muy activos en el estudiantazo de meses atrás contra la reforma educativa en la Ciudad) resolvieron en asamblea el rechazo al Aprender. El operativo sufrió un fracaso rotundo en Rosario, donde el paro fue acompañado con una movilización de 1.000 docentes y 300 estudiantes. La acción fue precedida allí por una campaña de la seccional local del gremio Amsafe (conducida por la izquierda) impulsada por un plenario departamental de delegados. También hubo acciones de rechazo en otras localidades de Santa Fe, como San Lorenzo y la ciudad capital; estudiantes protagonizaron sentadas contra el operativo en colegios de Rosario y la capital. También naufragó en la provincia de Neuquén, donde el paro votado por las asambleas de Aten concitó la adhesión del 90% de los docentes pese a las amenazas del gobierno provincial. Hubo huelga docente en la convulsionada Santa Cruz, donde también pararon por sus reivindicaciones los profesionales de la salud, estatales y judiciales. La jornada convocada por Adosac contó con movilizaciones en localidades como Río Gallegos y 28 de Noviembre. Tanto el Sutef de Tierra del Fuego como Sitech Federación de Chaco, también llamaron a parar. Plan de lucha Todas estas acciones vienen precedidas por el fuerte rechazo que se vio a fines de octubre contra el Operativo Enseñar, con similares propósitos de ajuste educativo en los terciarios. Entre las bases docentes y estudiantiles se palpita el impulso a la lucha, incluso con los pelotazos en contra de las direcciones conciliadoras. Este panorama muestra la pertinencia del planteo de un plan de lucha nacional, hasta derrotar la reforma antieducativa del gobierno.

A continuación reproducimos el punto 4 del acta de la reunión del Comité Central del 10 (23) de octubre de 1917 del Partido Bolchevique, que resolvió la toma del poder. En dicha reunión estuvieron presentes Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Stalin, Sverdlov, Uritsky, Dzerzhinsky, Kollontay, Bubnov, Sokolnikov, Lomov (Oppokov). El presidente fue Sverdlov. El texto fue publicado en el libro “La Revolución de Octubre sin mitos” (Buenos Aires, Tesis Once, 1991), que incluye otras actas del período octubre 1917-febrero 1918. Hace uso de la palabra sobre la situación actual el camarada Lenin. Hace constar que desde comienzos de septiembre se observa una cierta indiferencia hacia el problema de la insurrección. Y esto es inadmisible si planteamos seriamente la consigna de todo el poder para los soviets. Por eso, hace ya tiempo que debíamos prestar atención a la parte técnica del problema. Ahora parece que se ha dejado pasar mucho tiempo. No obstante, el problema es candente y el momento decisivo está cerca. La situación internacional es tal que la iniciativa debe ser nuestra. Lo que se trama con el retroceso del frente hasta Narva y la entrega de Petrogrado nos obliga aún más a tomar medidas decisivas. La situación política también influye imperativamente en este sentido. Si el 3 y 5 de julio hubiéramos querido realizar actos decisivos, hubiéramos fracasado por no tener mayoría. Desde aquel entonces, hemos venido progresando a pasos agigantados. El ausentismo y la indiferencia de las masas pueden ser explicados por el hecho de que las masas se han cansado de palabras y resoluciones. La mayoría está ahora con nosotros. Políticamente, la situación es completamente propicia para la toma del poder. El movimiento agrario también se proyecta en la misma dirección, porque está claro que se necesitarían fuerzas gigantescas para sofocar este movimiento. La consigna de la toma de toda la tierra se ha convertido en consigna general de los campesinos. En consecuencia, la situación política está preparada. Hay que hablar de la parte técnica. Eso es todo. Sin embargo, nosotros, siguiendo a los defensistas, nos inclinamos a considerar la preparación sistemática de la insurrección como una especie de pecado político. Esperar hasta la Asamblea Constituyente, que evidentemente no estará con nosotros, es absurdo, porque significa complicar nuestro problema. Hay que aprovechar el congreso regional y la proposición de Minsk para iniciar las acciones decisivas. El camarada Lomov (Oppokov) hace uso de la palabra para dar a conocer la posición del Buró regional y del Comité de Moscú, así como la situación general en Moscú. El camarada Uritsky constata que somos débiles, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también en todos los sectores de nuestra labor. Hemos tomado numerosas decisiones. Pero no se ha emprendido ninguna acción decisiva. El Soviet de Petrogrado está desorganizado, no hay sino muy pocos mitines, etc. ¿En qué fuerzas nos apoyamos? Los obreros de Petrogrado poseen 40.000 fusiles, pero eso no resuelve la cuestión: es infinitamente poco. La guarnición, después de las jornadas de julio, no nos deja muchas esperanzas. Sin embargo, en todo caso, si nos orientamos hacia la insurrección, entonces, de verdad, hay que hacer algo en este sentido. Hay que decidirse a acciones determinadas. El camarada Sverdlov nos informa de todo lo que él puede saber acerca de la situación en toda Rusia. Se toma la siguiente decisión: “El Comité Central reconoce que tanto la situación internacional de la revolución rusa (sublevación de la flota alemana, manifestación extrema del progreso de la revolución socialista mundial en toda Europa y amenazas de una paz imperialista, con el fin de sofocar la revolución en Rusia), como la situación militar (la indudable decisión de la burguesía rusa y de Kerensky y compañía de entregar Petrogrado a los alemanes), la conquista de la mayoría en los soviets por el partido proletario, el levantamiento campesino y el giro de la confianza popular hacia nuestro Partido (las elecciones en Moscú) y, finalmente, la evidente preparación de una nueva aventura de Kornilov (alejamiento de las tropas de Petrogrado, concentración de cosacos cerca de Petrogrado, cerco de Minsk por los cosacos, etc.), coloca en el orden del día la insurrección armada. El Comité Central hace constar que la insurrección armada es inevitable y propone a todas las organizaciones del Partido guiarse por ello y desde este punto de vista discutir y resolver todos los problemas de orden práctico (el congreso de los soviets de la región norte, el alejamiento de las tropas de Petrogrado, las intervenciones de los habitantes de Moscú y de Minsk, etc.). Diez miembros se pronuncian a favor de la decisión, dos en contra. El camarada Dzerzhinski propone crear, para garantizar la dirección política en los días venideros, un Buró Político constituido por miembros del Comité Central. Luego de un intercambio de opiniones, se acepta la proposición. El Buro Político es creado y comprende a siete camaradas (comité de redacción + dos personas + Bubnov). Se plantea después la cuestión de la creación del Buró Político del Comité Central. Se decidió formar el Buró con los siete camaradas siguientes: Len(in), Zin(oviev), Kam(enev), Tr(ostki), Sta(lin), Sok(olnikov), Bub(nov).

Una delegación de la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, compuesta por Alejandro Crespo, Rubén Schofrin, Cristian Henkel, Miguel Bravetti, Daniel Sierra, Víctor Grosi y Néstor Pitrola, comenzó una ronda de entrevistas con sindicatos, votada en la Mesa Nacional, con vistas a una acción común en las próximas semanas, como parte de la campaña de lucha contra las reformas antiobreras del gobierno y el ataque al movimiento obrero combativo. El martes 7 de noviembre, la delegación se reunió con Hugo “Cachorro” Godoy y Fito Aguirre, de ATE Nacional, y Ricardo Peidro, de Visitadores Médicos, en la sede de la CTA Capital. Allí se coincidió en la necesidad de una acción común tras un intercambio sobre el momento político del movimiento obrero cruzado por la ofensiva del gobierno Macri y por el papel paralizante de la CGT. Tras la reunión, la CSC-PO envió la siguiente propuesta de programa de cara a lo tratado, para ser consensuada con todos los que participen de la iniciativa. El paquete de “reformas” impulsado por el gobierno es un plan de guerra contra los trabajadores. A la “flexibilización” de los convenios colectivos -siguiendo el modelo de Vaca Muerta y Atilra- se agrega el proyecto de ley “a la brasileña” que se apresta a enviar al Congreso. Los 145 artículos del proyecto implican una completa reorganización de las relaciones laborales de nuestro país, desde el aumento de la jornada de trabajo a la eliminación de las indemnizaciones por despidos, pasando por la extensión de las tercerizaciones. La ofensiva abarca la anulación de la movilidad jubilatoria y la eliminación de los regímenes especiales, en particular de la docencia y estatales provinciales, una reforma educativa que subordina la escuela a las necesidades de los empresarios y la implementación de un régimen de una Cobertura Unica de Salud, que profundiza el vaciamiento del hospital público y allana la privatización mercantilizando la salud pública. Junto a esto una escalada de impuestazos y tarifazos. Para aplicar este “plan de guerra” el gobierno teje un pacto de tires y aflojes con los gobernadores del PJ, con los diputados y senadores que les responden y especialmente con la CGT. Después del paro del 6 de abril, la CGT paralizó a los trabajadores y aisló cada lucha obrera. En plena campaña electoral empezó a negociar las reformas de Macri. El premio a ellos será mantener “el modelo sindical” del unicato, las patotas y los negociados. Es necesario superar a las direcciones entregadoras y abrir una deliberación de fondo en los sindicatos y lugares de trabajo, mediante asambleas y plenarios con mandatos de base por la defensa del derecho al trabajo, del salario y de las conquistas amenazadas. Impulsamos una gran movilización de los sindicatos combativos y organizaciones de lucha el 6 de diciembre (como fecha tentativa) por: • Abajo la reforma laboral y el pacto Macri-CGT. • Basta de despidos y cierres. Ocupación de toda fábrica o lugar de trabajo que cierre o despida masivamente. Apertura de los libros de los vaciadores. Ningún despido en el Estado. • Anulación inmediata del impuesto al salario. • Defensa de los convenios colectivos. No a las cláusulas de “flexibilidad” y “productividad” como las impuestas en petroleros, estatales, Atilra y varios más. Que ningún convenio se firme sin la aprobación de asamblea en cada gremio. • Pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado. • Abajo la reforma educativa privatista del “Plan Maestro” y la “Escuela del futuro”. No a las pasantías de trabajo gratuito y precario para la juventud. • Fuera la reforma previsional, 82% móvil. Reposición de los aportes patronales derogados por Menem y Cavallo en 1993. Defensa de los regímenes especiales y rechazo al aumento de la edad jubilatoria. • No a la CUS. Defensa del sistema público de salud. No al ajuste en las obras sociales. • Basta de desocupación, precarización laboral y tercerización. Pase a planta permanente y/o convenio colectivo de todos los planes sociales y trabajadores precarizados. • Blanqueo laboral con estabilidad del trabajador que denuncie su situación. No a la rebaja de aportes sociales. • Duplicación del salario mínimo vital y móvil. Por un salario equivalente a la canasta familiar. Ningún techo paritario. • Por la vigencia del convenio principal en las tercerizadas. • Contra la criminalización de la protesta y la represión. Desprocesamiento de todos los luchadores. • Defensa de los sindicatos con simple inscripción y las fábricas bajo gestión obrera. Por la democracia sindical y la independencia de los sindicatos del Estado y las patronales. • Justicia y Castigo por Santiago Maldonado. • Por un congreso sindical con mandato de asambleas para disponer un plan de lucha de todos los trabajadores.

En el Senado de la provincia de Salta, por iniciativa del Partido Obrero, se aprobó una ley que crea una licencia especial para que las trabajadoras estatales se realicen estudios ginecológicos y mamarios. La misma busca prevenir enfermedades tan graves como el cáncer de mama o de cuello de útero. Ahora, vamos por su sanción completa en la Cámara de Diputados. La ley original, presentada por la senadora Gabriela Cerrano, contenía también la restitución del día femenino. Sin embargo, el oficialismo negó este derecho para las mujeres con argumentos ultrarreaccionarios y patronales, que iban desde la imposibilidad de controlar que la mujer efectivamente esté menstruando cuando toma la licencia, que se debe “poner un límite hasta la menopausia” o directamente que genera desigualdad ante el hombre. Con este tipo de excusas se reemplazó el artículo de día femenino del Estatuto Docente por un permiso médico que a las mujeres raramente se les otorga, ya que el ciclo menstrual no es una enfermedad. De esta manera se les impone trabajar aunque estén soportando cólicos muy dolorosos o poniendo en riesgo su salud, si es que además toman alguna otra medicación. Si bien el día femenino fue eliminado como derecho laboral de los convenios colectivos de trabajo, con la complicidad de la burocracia sindical, éste debería ser restituido por cuestiones de salubridad. Mientras que los médicos recomiendan evitar el consumo de ibuprofeno, toda una franja de trabajadoras lo consume excesivamente para cumplir con su jornada laboral. La igualdad de derechos a la que se refieren los senadores oficialistas es, en realidad, un ariete contra la mujer y la real igualdad que reclaman las mujeres. El Estado de Urtubey, caracterizado por violentar todos los derechos de las mujeres, es incapaz de reconocer siquiera los más elementales, como el día femenino o el aborto no punible. En definitiva, el problema no es de presupuesto sino de disciplinamiento sobre la mujer trabajadora. Con nuestra organización de mujeres, el Plenario de Trabajadoras, estamos en una campaña hacia los trabajadores estatales impulsando la aprobación de leyes, como las salas maternales en los lugares de trabajo y el día femenino y de licencia para estudios médicos, en el camino de fortalecer la organización y la lucha por nuestros derechos. Esta es una tarea clave para enfrentar la destrucción de conquistas y derechos laborales que implica el ajuste capitalista que impulsan Macri y Urtubey.

La ofensiva antilaboral para incrementar la tasa de explotación de los trabajadores es muy vasta. Incluso trasciende los 145 artículos de la reforma laboral, porque la misma ley propuesta crea las condiciones para nuevos ataques a través de los convenios colectivos por empresa y hasta individuales, y aún para el desconocimiento mismo de la Ley de Contrato de Trabajo. El articulado propuesto es tan devastador que se presume fue propuesto tras los resultados electorales, para luego negociar algunas cláusulas y hacer pasar el grueso de las medidas vitales para los objetivos de disminución del costo laboral -o sea de superexplotación obrera. Dentro de ellos resalta un punto crucial: abaratar el despido. En la Argentina no rige hace mucho la estabilidad laboral, excepto para la reducida planta permanente del Estado, hasta cierto punto. La estabilidad de los bancarios fue eliminada por la dictadura, repuesta por el Parlamento en 1985 y vetada por Raúl Alfonsín, desapareciendo definitivamente. Rige en su lugar la indemnización en caso de interrumpir el contrato laboral por tiempo indeterminado. Pues bien, la ley Macri apunta directamente contra este régimen. En primer lugar, elimina del cálculo indemnizatorio a las horas extras, viáticos, aguinaldo y cualquier otra remuneración excepcional, liquidando la jurisprudencia del “mejor mes” o del promedio remunerativo del trabajador, y confinando el cálculo, ya reducido en el pasado, al ingreso mensual absolutamente habitual por año trabajado. A esto se le agrega que baja a un año el tiempo de prescripción de cualquier reclamo judicial del trabajador. Una de las monstruosidades más notables de la ley antiobrera. Quien no fue indemnizado y por distintos motivos del drama personal de un trabajador cesanteado y hambreado, incluida la falta de un abogado que considere conveniente y lucrativo su juicio, no realice el reclamo judicial en un año, se queda definitivamente sin su derecho. Pero la cosa no termina allí, va mucho más lejos. El articulado de la ley permite extender a todos los gremios el régimen de la construcción, llamado “fondo de cese laboral”, inspirado en la ley 22.250 de la dictadura. Por este sistema, la patronal aporta un porcentaje del 12% el primer año y del 8% en los años restantes, que se acumula en una libreta de ahorro del trabajador y cuyo monto percibe al retiro, sea compulsivo o voluntario. El fondo de cese de los compañeros de la construcción es administrado por el IERIC, compuesto por la Cámara Argentina de la Construcción, la Uocra y el Colegio de Arquitectos, que manejan millones, cobran una comisión y “remuneran” al compañero con el interés vigente en una caja de ahorro, habitualmente a la mitad de la inflación o menos. Por lo tanto, el importe que cobra el compañero está completamente desvalorizado al momento del cese. Por otro lado, las empresas incorporan el porcentaje al costo laboral y ya lo descuentan al momento de fijar el valor de la “masa salarial” a la firma de convenios o de la contratación del empleado. El obrero de la construcción es de los peor remunerados en la escala de toda la clase obrera y el costo indemnizatorio ha pasado a ser cero a partir del régimen del fondo de cese que rige hace 35 años. Mientras despotrican contra “los impuestos al trabajo”, como llaman a las cargas sociales, incorporarían uno más, pero que termina con todo vestigio de estabilidad laboral para el trabajador, acabando con todo obstáculo económico al despido. En la construcción se ha esgrimido para imponer este régimen la duración de las obras, aunque antes de 1980 hubo obras y se hacían igual. Ahora se esgrimirá estacionalidad, lo cual es válido casi para todas las industrias. El conchabo y despido sin obstáculos permite evitar la hora extra del trabajador estable en período de necesidad patronal, otro flanco del abaratamiento. La indemnización tiene un valor resarcitorio para el trabajador que queda en la calle, pero además tiene un valor disuatorio hacia la patronal para pensar dos veces el despido, en particular cuando el trabajador tiene cierta antigüedad. En el caso de un trabajador de muchos años de antigüedad, el nivel de licuación del “ahorro” de la libreta de fondo de cese es directamente brutal. Basta imaginar la inflación de los últimos quince años, que supera lejos el 1.000%. El objetivo estratégico de las patronales es abaratar el despido, lo que lejos de traer empleo agravará la desocupación. Por eso habilitan, además, el monotributo en relación de dependencia, que no tendría tampoco fondo de cese. Entre muchos, un eje central de la precarización que promueve la reforma laboral que debaten en las sombras Triaca y la CGT, es terminar con la indemnización. Apuremos la clarificación a todo el movimiento obrero. El paro del Inti, el paro judicial del 15 de noviembre, la gran movilización nacional de Fabricaciones Militares, el paro nacional de los trabajadores del gas, el plenario convocado en Ensenada por Astilleros Río Santiago, el paro de los Suteba combativos, Adosac, Aten y Amsafe del pasado 7 de noviembre, son los primeros indicios de las reservas del movimiento obrero. AGD-UBA en asamblea general ya lanzó una campaña de movilización que incluye la defensa de los sindicatos inscriptos, otro eje de ataque de Macri contra el clasismo y a favor de la burocracia central. Debatamos el rechazo a la reforma en asambleas en los lugares de trabajo, exijamos plenarios de delegados con mandato. Impulsamos la más amplia campaña de pronunciamientos para imponer un plan de lucha de toda la clase obrera. La Coordinadora Sindical Clasista, en ese camino, ha propuesto una acción común a todos los sindicatos combativos.

El dato más importante de la elección en Salta fue la derrota de las listas de Urtubey a manos de las listas macristas que incluían al peronismo de Sáenz y Romero, a los radicales y a los derechistas Durand Cornejo y Martín Grande. Todos ellos, ex socios del gobierno provincial. Esta derrota se explica por la quiebra del partido Justicialista, que también benefició al “Oso” Leavy, que se pintó de kirchnerista “puro” a última hora y obtuvo la tercera banca en disputa. Pero esta derrota, más que nada, es una sentencia inapelable contra diez años de gobierno urtubeísta, en los que Salta estuvo al tope de la desocupación, el trabajo en negro, desnutrición y mortalidad infantil, la impunidad y la violencia de género. Ajuste y crisis política Urtubey fue el más macrista de los gobernadores justicialistas y lo pagó. La “ola amarilla” se impuso también contra él. El gobernador salteño se apoyó en el ajuste nacional, triplicó la deuda provincial a tasas usurarias y en dólares y llevó adelante sus propios tarifazos; cerró por decreto y a la baja la paritaria de los docentes y estatales e impulsó los despidos e impuestazos en los municipios con resultados dispares. También dejó pasar la cesantía de más de 400 obreros del Tabaco (Coprotab) y cerró filas con las patronales de los ingenios Tabacal y San Isidro en la ofensiva contra sus trabajadores. Los diez años de gobierno antiobrero de Urtubey fueron concluyentes para todo un sector de los trabajadores salteños. Urtubey se puso a la cabeza de la campaña de sus candidatos convirtiendo la elección en un plebiscito a su gobierno. Con la derrota del oficialismo provincial, no sólo entró en crisis su proyecto de ser candidato a presidente en el 2019. Urtubey le pidió la renuncia a todo su gabinete y él mismo renunció a la presidencia del PJ provincial, a la vez que llamó a la “unidad y al regreso de todos los que se fueron del partido”. Romero y el “cristinista” Leavy, encabezando el PJ, saludaron ese guiño y esperan un reparto de ministerios y cargos partidarios. Así el gobernador salteño ya se está armando de una amplia mayoría en la Legislatura, para hacer aprobar una ley ómnibus que profundiza el régimen de exenciones a los capitalistas y un reforzamiento reaccionario de la capacidad de arbitraje de la secretaría de trabajo de la provincia sobre los conflictos obreros. Nuestra elección y un balance necesario Desde el PO salteño encaramos esta elección como parte de una lucha estratégica: planteamos la defensa de las bancadas obreras como un punto de apoyo para enfrentar el ajuste que se viene y proyectar a la clase obrera como una alternativa de poder. Bajo esta perspectiva, con Pablo López obtuvimos 53 mil votos (7,84%) a diputado nacional, superando en un 13% las Paso de agosto pasado y en un 26% las generales de 2015. Pero este crecimiento no alcanzó para retener una bancada obrera en el Congreso, quedando ésta en manos de Leavy. A nivel provincial logramos retener un diputado con Claudio Del Plá y una banca en el Concejo capital con Cristina Foffani. Aunque crecemos un 16% (concejal) y un 42% (senador) con respecto a las Paso, no pudimos retener la senaduría de Gabriela Cerrano. En Orán también retuvimos la banca con Nelly Díaz; mientras en Colonia Santa Rosa, Rosario de Lerma, San Lorenzo y El Bordo, con muy buenas elecciones, quedamos en las puertas de los concejos. Con estos resultados retrocedemos y perdemos bancas en relación con 2013. Nuestra victoria electoral en aquel momento abrió una verdadera crisis de poder, por el antagonismo social y político entre la agenda obrera y popular que levantamos desde el Partido Obrero y la agenda patronal y oligárquica de los Urtubey, Romero, Sáenz, Isa, los radicales y Olmedo. Con sus negocios en peligro, cerraron filas contra nuestros planteos para impedir que prosperen. Ante esta maniobra, sólo con una irrupción obrera y popular se podría haber impuesto una salida favorable a los trabajadores. Pero ésta no se produjo, primando en muchos de los que nos votaron aquella vez la ilusión de que sólo debíamos impulsar acuerdos parlamentarios con los bloques políticos patronales para hacer avanzar nuestra agenda. Esta limitación estaba presente ya en nuestro triunfo electoral, que no se había dado en un cuadro de intensificación de la lucha de clases y de la acción independiente de los trabajadores, sino que había sido el resultado de una feroz batalla política que se abrió paso ante la crisis de los partidos tradicionales. Primaba la ilusión que podíamos conquistar nuestro programa por medio de la acción parlamentaria, sin necesidad de imponerle al Estado las reivindicaciones por medio de la acción directa. Al no poder cumplirse las expectativas de progreso social que se abrieron con nuestro triunfo, se pasó rápidamente a un escenario de desilusión. Este balance electoral es una oportunidad para profundizar el debate para determinar la capacidad que tuvimos en esta lucha política para exponer el antagonismo social existente y convocar sobre esta base a la organización e intervención política de la clase obrera para pelear por el poder. La unidad que promueve Urtubey y que en los hechos se da entre todos ellos para viabilizar el ajuste, junto a un trabajo sistemático de oposición y delimitación política por nuestra parte, volverá a colocar en el orden del día la disyuntiva de 2013. La abordaremos reforzados con las conclusiones de esta enorme experiencia política.

Lanzamos la colecta de fin de año del Partido Obrero, culminando un 2017 de grandes actividades y desafíos pero, en particular, planteándonos los que se nos presentan para el próximo año, que seguramente tendrá al movimiento obrero, a la juventud y a las mujeres enfrentando la continuidad de los planes de ajuste y las reformas que pretende imponer el gobierno de Macri. Este año hemos dado una gran batalla electoral. El Frente de Izquierda se presentó en 22 distritos del país, superando el desarrollo de años anteriores, en un proceso de organización creciente en las provincias que nos impulsa a seguir desarrollando en cada punto del país el FIT y el Partido Obrero. Y hemos puesto esa campaña electoral al servicio de las luchas contra el ajuste y en defensa de las libertades democráticas. Hemos organizado también, en su centenario, las jornadas por la Revolución de Octubre, con más de 70 expositores, como arma de agitación, propaganda y organización de miles de jóvenes, mujeres y obreros. Esta inmensa tarea de construcción política socialista necesita de recursos financieros para poder sostenerse y por eso te pedimos tu aporte. La independencia política que llevamos como bandera tiene su correlato económico: a diferencia de los partidos de la burguesía, el Partido Obrero se financia con los aportes de los militantes y de los numerosos simpatizantes que contribuyen a su construcción cotidiana. Vamos por miles de aportes en los lugares de estudio, de trabajo y en los frentes de lucha de todo el país. Sumate, y aportá a la lucha y la construcción de una alternativa obrera y socialista.

Entre el 1° y el 3 de noviembre se realizaron las elecciones de Centro de Estudiantes y Consejeros del claustro en las 17 facultades de la UNLP. Siendo las elecciones previas a la Asamblea Universitaria y la elección de decanos en todas las facultades, las agrupaciones ligadas a las autoridades desembarcaron con enormes recursos para afrontar esta disputa. En términos generales, la elección no arrojó grandes cambios en las conducciones de los centros, ya que 15 de 17 conducciones fueron reelectas. El frente de conducción de la FULP, que agrupa a La Mella-PG, el Miles, el Funap (randazzistas), la Cepa, Libres del Sur y otros, logró revalidar las conducciones en los centros de estudiantes. Este frente, recordemos, se conformó para desplazar a La Cámpora de la presidencia de la federación, agrupando a las organizaciones que apoyan al sector radical de la camarilla universitaria (Tauber) en su disputa por los cargos con el kirchnerismo duro. Sin embargo, el bloque que conduce la federación no se presentó como tal en las elecciones. Tal es así que el Miles ganó lugar en ese armado al desplazar a La Mella-PG de la conducción de Trabajo Social. En esa facultad, el principal candidato a ganar era el Frente Crítico Laura Iglesias, conformado por agrupaciones de izquierda, que finalmente quedó tercero luego del retiro de la agrupación Insurrectos, cuyos dirigentes recibieron denuncias públicas por violación, abuso, acoso y violencia de género. Fue en Trabajo Social donde Patria Grande pagó el costo de su capitulación en la FULP con un retroceso que lo deja solo al frente de Humanidades, donde repitió la elección de 2016 y se quedó con los cinco consejeros por la dispersión de votos en la oposición. La Franja Morada creció en términos generales, renovando sus mandatos en Derecho, Económicas, Agronomía y Veterinaria, y sumando el centro del Observatorio, el más chico de la UNLP, donde se impusieron por dos votos a la agrupación independiente Inti. En Arquitectura e Ingeniería, donde conducen el Dale (UJS-PO+Agite) y la Cepa, respectivamente, la Franja fracasó en su intento de hacerse de esos centros, aunque recortó considerablemente la diferencia del año anterior. De haber ganado en esos dos centros, Franja hubiera quedado a un centro de tener mayoría propia en la Junta Representativa. Por ahora no le alcanzó para hacerse de una primacía que buscará con el apoyo del Rectorado que La Mella, el Miles y compañía van a encumbrar en abril. El kirchnerismo duro de JUP-La Cámpora logró revalidar su conducción en Periodismo, Bellas Artes e Informática, a lo que podemos sumar Naturales, donde conduce Quebracho, que integró la lista platense de Unidad Ciudadana, con leves descensos en sus votaciones. Al mismo tiempo, la lista de la JUP aumentó su votación y quedó a sólo cuatro votos de ganarle el centro de Medicina al frente Cepa-Mella. Su campaña… Las elecciones comenzaron tan sólo dos días después del reclamo del Presidente de un “esfuerzo para reducir el gasto fiscal” a las universidades públicas. Esto, sumado a la ya anunciada reforma educativa, que plantea avanzar con el vaciamiento, la privatización y la sujeción al mercado capitalista en las universidades. Las autoridades de la universidad, radicales y peronistas-kirchneristas, han dado el visto bueno a estos planes del gobierno. Por eso, frente al reclamo de Macri no dijeron palabra. Sucede que el único candidato a rector, el radical Fernando Tauber, es ahora un declarado oficialista (aún cuando antes llamara a votar por Scioli), en función de defender sus negocios. Estos problemas, como el de la elección de autoridades, estuvieron llamativamente ausentes de las campañas de la abrumadora mayoría de las agrupaciones. Como lo expresó el acto de lanzamiento de su candidatura, Tauber habría logrado reunir apoyos desde la Franja Morada hasta La Mella-Patria Grande y la Cepa, pasando por el peronismo y el kirchnerismo. Todos ellos quieren esconder que formarán parte, ocupando cargos, del próximo Rectorado. Pero, además, el ocultamiento de estos temas va en la línea de profundizar un operativo de contención al movimiento estudiantil digitado por las propias autoridades luego de las grandes movilizaciones por el boleto, y que es ejecutado por estas agrupaciones. …y la nuestra La UJS-PO, por el contrario, se destacó por ser la única corriente que colocó estos problemas a lo largo de toda su campaña, explicando la necesidad de abrir, a 100 años de la Reforma Universitaria, una perspectiva independiente respecto del gobierno y las autoridades del ajuste y la (contra)Reforma educativa macrista. Integrando frentes de la izquierda, nuestra campaña en la universidad realizó grandes elecciones defendiendo el Centro de Arquitectura, logrando el tercer lugar en Bellas Artes y Psicología, y el cuarto en Humanidades, y fue preparatoria hacia las luchas por venir. De cara a la Asamblea Universitaria, llegaremos con la autoridad de haber explicado al conjunto de los estudiantes nuestro planteo de democratización y expulsión de las camarillas que gobiernan para el gran capital, poniendo la UNLP al servicio de los estudiantes, docentes y del pueblo trabajador en general. Sin embargo, la presentación como bloque de la izquierda no le valió un avance de posiciones, sino que realizó elecciones similares, e incluso por debajo, a la sumatoria de lo obtenido el año anterior. Sucede que la izquierda abordó de forma heterogénea la elección. En Arquitectura, en una elección reñida con la Franja, Agite evitaba hablar contra el ajuste del macrismo bajo la tesis de una “derechización” de un estudiantado que, por el contrario, viene eligiendo a la izquierda hace seis años como conducción. Allí donde se conformaron frentes de la UJS con el PTS (Bellas Artes) y PTS-Cauce (Humanidades), estas fuerzas omitían el problema de las autoridades (kirchneristas en esos casos) como correa de transmisión del ajuste hacia el interior de la universidad. El PTS prefirió, en sus materiales, darle centralidad a las imágenes de Del Caño y Bregman, lo que le valió elecciones marginales en todas las facultades donde no conformó un frente junto a la UJS-PO. Mención aparte merece el Nuevo MAS, que decidió presentarse en soledad en todas las facultades (en algunas agregando el sello de un MST que no existe), haciendo elecciones marginales y enfocando su campaña en reclamar el voto por “justicia para Santiago Maldonado”. Una utilización oportunista y repudiable. Lo que viene: Presupuesto y Asamblea Universitaria Lo que queda claro es que la elección tuvo lugar en un momento bisagra. Los anuncios de recortes y reformas en la universidad pueden desatar, más temprano que tarde, grandes movilizaciones de los estudiantes y docentes. En ese cuadro, las direcciones electas de los centros de estudiantes, mayormente integradas al Rectorado y los decanatos, estarán a prueba. El primer episodio será en oportunidad, este año, de la aprobación del Presupuesto 2018 para la UNLP, que luego del Congreso Nacional pasará a consideración del Consejo Superior. El segundo tendrá lugar en la Asamblea Universitaria y la elección de decanos en todas las facultades, en abril del año que viene. La UJS-PO se valdrá de su conducción en el Centro de Arquitectura, y los lugares conquistados en Bellas Artes, Psicología y Humanidades, para dar pelea por organizar un gran movimiento de independencia política en momentos en que se ponga a discusión el programa que llevará adelante la universidad en los próximos años. El desarrollo de este movimiento debe sentar las bases para la recuperación de todos los centros de estudiantes y la FULP.

El miércoles 8, el Polo Obrero realizó una enorme movilización en todo el país, con la denuncia del plan de guerra contra los trabajadores que significan las reformas laboral, previsional, y en la salud y la educación, y el reclamo de puestos de trabajo para los desocupados, aumento a los trabajadores del Argentina Trabaja y apertura de los programas a todos los desocupados. Más de 10 mil compañeros formaron parte de la jornada con cortes de ruta, piquetes y movilizaciones en Capital Federal, Mar del Plata, San Nicolás, Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Chaco, Misiones, Tucumán, Salta, San Juan y otros puntos del país. La enorme jornada de lucha se opone por el vértice a la política de pacto con el gobierno que sostienen los grupos del triunvirato piquetero, en connivencia con la CGT. En Clarín, el dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, dice que “a las reformas actuales hay que incorporarle la emergencia alimentaria" -es decir que están a favor del plan de guerra de Macri, con un poco más de comida. La ley de Emergencia Social, aprobada por todos los bloques parlamentarios, salvo el Frente de Izquierda, se ha mostrado como una trampa para las organizaciones que se sometieron a la tregua y es claro que no resolvió la crisis social. Es para destacar la movilización de barrios y regionales nuevas, como El Fortín y Ardigó, en la zona sur bonaerense; La Carbonilla, en Ciudad de Buenos Aires, además de Tierra del Fuego y San Nicolás. Destacamos también la afluencia hacia el Polo de compañeros provenientes del MTE, Barrios de Pie, La Dignidad -organizaciones del triunvirato. La respuesta del gobierno La jornada duró cinco horas y durante una hora y media cortamos la totalidad de la Avenida 9 de Julio. El gobierno nos recibió en dos ocasiones, a la mañana en la oficina de Alejandra Sánchez Cabezas (directora nacional de Abordaje y Gestión Socio Administrativa de Programas de la Economía Social y Popular) y a la tarde en el Ministerio de Desarrollo Social. Su respuesta es que no hay presupuesto ni para el aumento ni para la apertura de los programas a los secwtores más golpeados por la desocupación -que ni siquiera son asistidos por los programas sociales del Estado-, y el único anuncio de un bono de 2.200 pesos para fin de año. Según los diarios, el triunvirato piquetero se muestra conforme con ese bono, lo que aparece como un despropósito para los 200.000 integrantes del programa Argentina Trabaja -que cierran el año con una pérdida de al menos 12 puntos en sus ingresos, ya que el aumento de los programas fue del 10% contra un 22-25% de inflación. Plan de lucha Una enorme asamblea en el medio de la 9 de Julio votó la continuidad del plan de lucha, con la realización de un acampe y permanencia para fines de noviembre y un llamado a las organizaciones a romper la tregua. Vamos con todo a empadronar compañeros, a realizar asambleas y a organizar nuevos barrios. A unir fuerzas con el conjunto de la clase obrera para combatir el plan de guerra de Macri. ¡Adelante, compañeros!

En el marco de la convocatoria al conjunto de los partidos y sindicatos de la provincia del Chaco, el Partido Obrero se reunió con el gobernador Peppo a discutir el impacto de las reformas propuestas por Macri en la provincia. La convocatoria es el resultado del fracaso de la política del gobierno. Peppo apostó a la colaboración con el gobierno de Macri en nombre de la “gobernabilidad”. Desde esa posición apoyó el pago a los fondos buitre, la mal llamada ley de “reparación histórica”, la designación de los jueces de la Corte que votaron el 2x1 y los tarifazos, y se aplicó el ajuste en la provincia, por ejemplo, con salarios docentes que aumentaron el 7,5 por ciento. Pero los prometidos fondos para obras públicas nunca llegaron, la economía provincial ha sufrido el cierre de fábricas como Pampero o TN Platex, y el mismo gobierno cerró el frigorífico Toba. El PJ chaqueño pagó caro su política de asumir el rol de socios menores del macrismo. Las reformas que impulsa Macri golpean al Chaco. La reducción de ingresos de tributos coparticipables por la reforma impositiva y la presión por eliminar ingresos brutos corren el riesgo de llevar a la provincia a la bancarrota, en un cuadro donde ya el presupuesto 2018 prevé un endeudamiento de 4.000 millones de pesos para que cierren las cuentas. Las conquistas previsionales de los estatales están en la mira, tanto por el planteo de estirar la edad jubilatoria como por la pretensión de Macri de terminar con el 82% móvil. La convocatoria de Peppo pretende fortalecerse de cara a una negociación de la letra chica de estas reformas. El Partido Obrero planteó la crítica a esta política de colaboración con Macri y al ajuste que el propio Peppo está realizando. Defendimos la necesidad de enfrentar el planteo antiobrero de Macri y del gobernador por la vía de una movilización y un plan de lucha de todas las organizaciones obreras. Denunciamos que tanto la CGT como los gobernadores participaron del acto donde se anunciaron las reformas, en clara señal de un acuerdo de fondo con las mismas. Reclamamos que se terminen las sanciones contra los trabajadores que luchan, como descuentos a los días de huelga e informes de huelguistas. En Sameep (empresa provincial de agua y saneamiento), los trabajadores que reclaman por los seis muertos por las pésimas condiciones de trabajo producto de la política del directorio, han sido sancionados. Tanto el SOSCH (Sameep) como Sitech Federación (educación), los gremios mas movilizados, fueron excluidos de las reuniones con Peppo. Nos pronunciamos por el triunfo de todas las luchas de los trabajadores de la provincia. 2019 Al contrario, varios funcionarios del gobierno sostuvieron que se debe dejar de lado las protestas que consideran “sectoriales” con el objeto de “no desgastar al gobierno” . De ese modo, los funcionarios pretenden simular un frente común con los trabajadores de la provincia contra el gobierno central, esto, como si su política no fuera la de trasladarle a aquéllos todo el peso del ajuste nacional. Les respondimos que, por el contrario, vamos a trabajar para fortalecer la capacidad de lucha y organización de los trabajadores, en oposición a una pasividad que es justamente lo que necesita Macri para que se afiance su programa de reformas. No hay mejor pasaporte que éste para Macri 2019. Pero los Peppo, que se fingen “preocupados” por el ajuste, no descartan un cambio de camiseta -en este caso amarilla- para el caso en que avance la disgregación del PJ. La demagogia provincialista, por ello, es sólo un intento de acallar a los trabajadores en su capacidad de lucha. Es una posición que lleva a los trabajadores a la rastra de las oligarquías locales, que se aprestan a apoyar con todo la reforma laboral a cambio de algunas concesiones en la reforma impositiva. La brutal transferencia de ingresos en favor de la clase capitalista y en contra de la clase obrera será usufructuada, también, por las llamadas “economías regionales”, socias de las reformas del macrismo. Esta contraposición condena de antemano cualquier planteo de frente “antimacrista”. El peronismo marcha a una negociación para entregar a la clase obrera de pies y manos a las reformas salvajes de Macri, ejecutando su propio ajuste en las provincias. Están en juego el salario, los derechos laborales, las jubilaciones, la salud y la educación. Los trabajadores, más que nunca, necesitamos desarrollar nuestra independencia política y discutir un plan de lucha y un programa para derrotar la ofensiva de Macri y los gobernadores.