Prensa Obrera N° 1480

Con la apertura de las dos urnas cuestionadas en la elección se constató la votación por la lista del FIT, en las planillas oficiales figuraba 0 votos. En la urna 1270, la lista del FIT obtuvo 37 votos y en la urna 1379, 11 votos. Con este resultado se supera al radicalismo, que en el escrutinio definitivo anunciado por la junta electoral figuraba ganando por 2 votos, 4.889 a 4.887. Un triunfo popular Frente a la enorme repercusión que tuvo la denuncia de fraude en los medios y entre la población, que se preparaba para una masiva movilización, el gobernador Morales salió a pedir la apertura de las urnas, hasta ese momento negada por la Justicia. Luego de la apertura y de la constatación de la maniobra, el juez federal Cardozo atribuyó a "un error humano" el fallo en el registro de los certificados de escrutinio de las autoridades de mesa. Para arrancar la apertura de las urnas cuestionadas, el FIT tuvo que hacer la denuncia correspondiente e ir a los medios, convocó una conferencia de prensa y una movilización el lunes 30 de octubre en Libertador. Vinieron a acompañar el reclamo y la movilización Nicolás Del Caño, electo diputado nacional por el FIT en la provincia de Buenos Aires, y Julio Quintana, diputado provincial por el Partido Obrero-FIT de Salta y dirigente nacional del PO, además de los referentes locales. También se han manifestado en contra del fraude y por el reconocimiento del triunfo del Frente de Izquierda organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, el sindicato de obreros azucareros de Ledesma y cientos de vecinos de la ciudad de Libertador y de la provincia. No es casual que este intento de fraude se produzca en la tierra de Blaquier, quien se ha servido de los diferentes gobiernos para defender sus intereses e incrementar su imperio. Este triunfo es un gran impulso para todos los trabajadores, especialmente para los obreros de Ledesma que vienen del triunfo de su reclamo por un aumento salarial. El reconocimiento de las elecciones sindicales, el rechazo al primer fraude a la manifestación popular que se realizó en Libertador, cuando el Ministerio de Trabajo pretendió primero desconocer el llamado a elecciones del sindicato y luego el triunfo de la Lista Gris, que encabezó la enorme huelga de más de 20 días contra un aumento salarial por debajo de acordado en el sector. Todavía falta la oficialización del tribunal electoral permanente de la provincia, pero ya podemos asegurar un triunfo de las listas del FIT y la consagración de dos concejales en Libertador.

Las elecciones de octubre en Santiago del Estero -en las que Gerardo Zamora fue electo nuevamente gobernador, reemplazando a su esposa- tuvieron un aspecto diferencial en relación con las Paso, en las que sólo se presentaron las listas y candidatos que iban a competir por los cargos nacionales. Esta vez, el gobierno provincial hizo confluir con la elección de aquellos la votación para renovar la Gobernación, la Legislatura y más de un centenar de comisionados comunales. Así, en la elección de octubre se presentaron más listas, obligando a una movilización mucho más intensa del aparato del Frente Cívico (una coalición del PJ mayoritario con la UCR mayoritaria) que gobierna la provincia desde hace más de una década, pues con menores porcentajes se podían acceder a los cargos en disputa para la Legislatura provincial. A la vez, la pugna por la elección de los comisionados en las comunas del interior llevó a una suerte de interna del propio Frente Cívico, pues en muchos lugares se presentaban varias listas que, a nivel general, apoyaban el retorno de Gerardo Zamora a la gobernación pero, a nivel local, procuraban imponer sus candidatos. Avance del zamorismo El zamorismo se impuso por amplios márgenes: conquistó los tres diputados nacionales y 30 de los 40 cargos de diputados provinciales, junto a la mayoría de los comisionados municipales, los cuales son gobierno en localidades de hasta 2.000 habitantes. Es en el terreno de los comisionados donde se ha hecho fuerte el PJ, liderado por el vicegobernador Emilio Neder e integrante del Frente Cívico: pudo imponerse en 80 de las 137 comunas. Incluso el Frente Cívico ganó por primera vez en Pinto, cuyo intendente es Emilio Rached, el principal referente de la UCR-Cambiemos. También triunfó sobre el massismo en la Banda, donde éste gobierna. El zamorismo viene gobernando la provincia desde 2005. Cuenta con el apoyo de los principales grupos empresarios locales, incluidos los terratenientes que han visto que el gobierno de Zamora es la mejor garantía de sus intereses, en especial, cuando se trata de reprimir las acciones de los campesinos pobres que son expulsados de sus tierras. Durante la campaña, Macri visitó la provincia y salió de gira con Gerardo Zamora, dándole la espalda a los candidatos y referentes locales de Cambiemos. Macri busca garantizar la pertenencia de Zamora al elenco de gobernadores socios de la política de ajuste. Zamora siempre estuvo a los pies del poder político nacional de turno, y en estos dos años no ha hecho una excepción: como diputado, ha votado la mayoría de las leyes macristas. Es interesante destacar el papel que jugaron los grupos K. En los agrupamientos campesinos y populares (Mocase) llamaron abiertamente a votar al zamorismo para enfrentar a Macri -de hecho, en el lanzamiento de Unidad Ciudadana uno de los principales oradores fue el flamante gobernador. La elección del FIT El Frente de Izquierda, por su parte, no pudo renovar la banca provincial que había conquistado cuatro años atrás. Si bien la votación en las Paso a diputados nacionales (3,5%) daba margen para mantenerla, en esta se sumaron seis listas más -algunas, como el MST, lanzadas a atacar al PO y al FIT. La acción de los aparatos y el dominio casi indiviso por parte del zamorismo en gran parte del territorio provincial jugaron también como factores negativos en la pelea por mantener o ampliar los guarismos de las Paso. No se puede dejar pasar las limitaciones del propio FIT. El hecho de que Izquierda Socialista contara con personería le permitió manejar desde el diseño de las boletas hasta la totalidad de los spots (ya habían excluido de la lista a diputados nacionales a los referentes del PO, confinándolos como suplentes). IS hizo una campaña al margen del principal objetivo, que era la posibilidad de renovar la banca. Como la lista a diputados provinciales estaba encabezada por Andrea Ruiz, dirigente del PO, fue censurada de la campaña de IS, incluso cuando la banca en juego era de carácter rotativo. A pesar de estas dificultades, el Partido Obrero realizó una campaña con importantes logros en materia de reclutamiento, apertura del trabajo en nuevas localidades y barriadas de la capital. El Polo de Santiago ya es una fuerza con capacidad de movilización. Nuestras intervenciones en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres y en la lucha por Justicia por Santiago Maldonado nos han transformado en la principal referencia política de la izquierda en la provincia.

El gobierno se ha servido de su victoria electoral para anunciar un verdadero plan de guerra contra la clase obrera, los jubilados y el pueblo en general. Entre otros atropellos, Mauricio Macri y sus ministros han anunciado –una REFORMA LABORAL que • reduce e incluso habilita la eliminación de las indemnizaciones por despido, a cambio de un “fondo” bancado por el propio trabajador. • habilita a los acuerdos por empresa o individuales, desconociendo al convenio colectivo. • amplía las posibilidades de la tercerización, eliminando la responsabilidad del empleador principal • incorpora a las pasantías para jóvenes como un rubro permanente –y degradado- de los convenios colectivos. Más que nunca, la enseñanza media pasa a convertirse en una fuente de mano de obra gratuita para las empresas • establece la categoría del “monotributista en relación de dependencia”, legalizando el trabajo en negro o precario que dice querer combatir. –una REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A LOS CAPITALISTAS –comenzando por los aportes patronales-, que será compensada con impuestazos a la vivienda única y a varios productos de consumo. –una REFORMA JUBILATORIA que sólo en 2018 le robará a los jubilados 100.000 millones de pesos, al cambiar el cálculo de ajuste de los haberes. Además, el gobierno prepara un aumento de la edad para jubilarse. El paquete oficial contempla también un ajuste en las obras sociales y la privatización del hospital público, al terminar con su gratuidad. Y tarifazos en el transporte, la luz, el gas y todos los servicios. Cuando Macri anunció este paquetazo, los gobernadores y diputados de la supuesta oposición –de Massa, el PJ y también del FPV- aplaudían. Por su parte, los capos de la CGT han pactado este ataque a los trabajadores, a cambio de seguir perpetuándose al frente de los sindicatos. La lucha contra este plan de guerra exige que nos reunamos y actuemos en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en los lugares de estudio, en las organizaciones de jubilados. La burocracia no tiene mandato para entregar nuestras conquistas: impulsemos asambleas y plenarios de delegados; convoquemos a plenarios zonales para organizar la denuncia y la lucha contra el paquete antiobrero. Frente a la parálisis de los cómplices del gobierno, la izquierda y el clasismo deben tomar la delantera.

En una asamblea de delegados y activistas, un grupo de compañeros cartoneros del barrio El Trapecio, de la localidad bonaerense de San Nicolás, votó incorporarse y comenzar una experiencia con el Polo Obrero. Los compañeros provienen del MTE-CTEP y tomaron esta decisión al cabo de meses de debate con el Partido Obrero, en los cuales formaron parte de la lucha contra el tarifazo en el distrito, por condiciones de vivienda y luz, en la lucha por Santiago Maldonado y en la pelea política para desarrollar al Frente de Izquierda (un grupo de estos compañeros viajó a Lanús para formar parte del plenario sindical en apoyo al FIT). Los compañeros sacaron como conclusión que la CTEP no funciona como una herramienta de lucha para los desocupados y los precarizados, sino que su dirección teje acuerdos con el gobierno municipal a espaldas de los compañeros y opera como una contención al desenvolvimiento de la pelea por sus reclamos. Es una enorme conclusión política, que desde el Polo Obrero queremos transmitir al conjunto de las bases del movimiento piquetero, ya que la CTEP, a la cabeza del triunvirato piquetero (junto a la CCC y Barrios de Pie), se encuentra en un pacto vergonzante con el gobierno ajustador de Macri: la burocracia dirigente de las organizaciones se beneficia con los recursos que reciben como unidades ejecutoras de las obras que realizan los cooperativistas, mientras que los trabajadores se encuentran realizando tareas como precarizados y por un mísero salario de 4.400 pesos. Con los compañeros debatimos el contenido de la Ley de Emergencia Social votada por los bloques ajustadores en el Congreso, que consiste en desenvolver una contención asistencial para hacer pasar el ajuste. A casi un año de la aprobación de una norma que iba a “contener la pobreza”, la misma no puede más que caracterizarse como un fraude: las propias estadísticas oficiales reconocen que la pobreza no para de crecer. Incorporados al Polo, los compañeros preparan la presentación frente al municipio de sus reclamos más elementales, como el pedido de camiones para la recolección de cartones y la mejora de las condiciones de trabajo. También se sumarán al plan de lucha nacional lanzado por el Polo Obrero que exigirá puestos de trabajo genuino, aumento a los cooperativistas y bono de fin de año contra la inflación. Damos un paso enorme en el desarrollo de una corriente clasista en el movimiento piquetero, que en unidad con la clase obrera enfrenta la reforma laboral y el ajuste. ¡Vamos compañeros!

En una conferencia de prensa, la familia de Santiago Maldonado y su abogada sostuvieron que “después de la autopsia continúan las dudas” y convocaron a una nueva movilización a Plaza de Mayo que, otra vez, fue masiva para este 1° de noviembre. “Su cuerpo fue encontrado en un vado del río Chubut, que no tenía más de treinta centímetros de hondura y que había sido visitado por miembros de la comunidad sin que se viera el cadáver la semana previa”, dijo Sergio Maldonado en una conferencia de prensa brindada el pasado viernes 27 a la que asistió Prensa Obrera. “No se ha resuelto ninguna duda y por eso vamos a seguir investigando cómo llegó el cuerpo de Santiago al punto donde se lo encontró”, dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, sobre las pericias que se realizaron sobre el cadáver encontrado en el río Chubut, que confirma la muerte de Santiago Maldonado. “Santiago murió en el marco de una represión ilegal”, es la única certeza que hoy sostienen la familia y sus abogados. Junto a Sergio Maldonado y Andrea Antico brindaron una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional en la que denunciaron además el seguimiento y espionaje ilegal sobre la familia del joven que se vio con vida por última vez el 1° de agosto de este año. “Dos buzos declararon ayer y dijeron que no hay pozos en el lugar en el que Santiago fue encontrado, que el único que tenían relevado queda a 5 kilómetros río abajo y que la altura del agua en ese lugar es de 1,30 metros a la fecha, en septiembre era de un metro y el primero de agosto era de 30 centímetros”, dijo Heredia. Los Maldonado también denunciaron que fueron espiados por el Estado y que sus llamadas fueron grabadas y les fueron enviadas de tal modo de intimidarlos en su denuncia contra el Estado. “Esto se suma a la campaña mediática en contra de nuestra familia, que apunta contra quienes estamos a favor de que se sepa la verdad, hostigándonos”, dijo Sergio. “La semana próxima deben peritarse los teléfonos de Santiago incluso para saber qué pasó con la llamada que se contestó de su teléfono un día después de su desaparición”, dijo Heredia. -¿Van a pedir la pericia de los teléfonos de Pablo Nocetti?, preguntó Prensa Obrera -Vamos a pedir todas las medidas que ayuden a responder a todas las dudas que quedan luego de encontrar el cuerpo de Santiago. Santiago murió en el marco de una represión ilegal. Esa es la base de certidumbre sobre la que debemos investigar para despejar todas las dudas acerca de cómo se lo encontró, dónde, cómo murió y cómo es que llegó su cuerpo al lugar donde fue encontrado. El 1° de noviembre, los organismos de derechos humanos realizaron una nueva movilización a Plaza de Mayo, a tres meses de la represión de Gendarmería con las consignas justicia por Santiago Maldonado, fuera Bullrich, el gobierno es responsable, que convocó a más de 120 mil personas.

El 26 de octubre se rubricó el nuevo convenio colectivo de trabajo entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) y los empresarios del rubro en el Ministerio de Trabajo, coronando la avanzada contra los trabajadores que fuera anunciada en mayo, con la excusa de salvar al gigante Sancor en crisis. La destrucción de las condiciones laborales de los lecheros que firmó la burocracia kirchnerista de Héctor Ponce fue calificada por Macri en una conferencia de prensa como un ejemplo de la reforma laboral antiobrera que quiere imponer en todos los gremios. Se trata, por tanto, de un asunto de interés para todo el movimiento obrero. Retrocesos La modificación en el convenio incluye el cambio en el pago que recibían los trabajadores por las horas extras de los fines de semana y feriados. Ahora, se agrega la figura del “franquista”, quien será contratado por fuera del gremio para no tener que pagar las horas extras que figuran actualmente en el convenio (que se pagan -pagaban- al 150% por encima de las horas normales). El abogado del gremio, Alberto Coronel, afirmó que “esto no le convenía a nadie, era una locura para las empresas porque no tomaban a nadie para estas tareas” (Mundo Gremial, 25/10), dando cuenta de una burocracia sindical que se coloca como gestor y garante de las ganancias empresariales. Los paladines de la “resistencia con aguante” fueron los primeros en entregar en bandeja los derechos adquiridos. Otras modificaciones consisten en dejar afuera del convenio al personal que no desempeña tareas comprendidas directamente con el sector lácteo -como el personal de seguridad, maestranza y comedor-; en imponer la polifuncionalidad y eliminar tanto el fraccionamiento del descuento por asistencia como incluso la totalidad del premio (según las llegadas tarde). A su turno, se extiende el período de prueba a seis meses y se pierde la posibilidad de solicitar una categoría superior por el desempeño en un reemplazo temporario. A todo esto se le suma el traslado del “bono solidario” que antes pagaban las patronales: ahora, por cada atención médica en la obra social (Ospil), los trabajadores deberán pagar de 100 a 150 pesos -por un bono que antes salía 10 pesos. La extorsión de Sancor En el acuerdo firmado en mayo de este año -que jamás fue anunciado a los trabajadores, ni siquiera mediante asambleas de delegados congresales como las que se hicieron en septiembre-, se extorsionó a los obreros lecheros con que este retroceso en sus condiciones laborales era la condición para un salvataje a la empresa por 450 millones de pesos. Lo cierto es que la cooperativa está completamente vaciada; de las 15 plantas quedaron sólo nueve en operación y se pasó de 4.000 empleados a 1.500. A través de este vaciamiento se deja cerrar y fundir a los establecimientos, para que los nuevos compradores obtengan por monedas las plantas y con trabajadores flexibilizados. Así, la burocracia sindical, el cáncer del movimiento obrero, está siendo el sostén de un desmantelamiento que tiene un profundo impacto en varias localidades del interior. Coronel Moldes y Brinkmann, en Córdoba, Centeno, en Santa Fe, y Coronel Charlone, en Buenos Aires, son las cuatro plantas que están totalmente desactivadas, con las calderas apagadas. Desde el Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista planteamos la necesidad de una campaña de asambleas obreras, plenarios de delegados y activistas por un plan de lucha hasta derrotar la reforma laboral e impedir el vaciamiento de Sancor.

El contraste no podría ser mayor. El 1° de octubre pasado, más de 2 millones de personas fueron a votar en Cataluña, desafiando el sabotaje del gobierno de Rajoy y una represión policial intensa. La concurrencia a las urnas del 43% del padrón representó una victoria política del derecho a la autodeterminación, por un lado, y de la corriente nacionalista catalana, por el otro. El objetivo declarado del nacionalismo es constituir una república independiente en el marco de la Unión Europea y de la Otan. El fin de semana reciente, sin embargo, el Estado español intervino la Generalitat sin la menor resistencia del gobierno catalán, mientras el Parlament votaba, pero en un vergonzoso sigilo, la separación de Cataluña del Reino de España. Un desmoronamiento político, que se acentuó por la partida clandestina del presidente Puigdemont a Bélgica. La justificación del ‘viaje’ para “consultar a las autoridades europeas”, agrandó la magnitud del desbarranque. En el partido de Puigdemont ya se alistan candidatos que reniegan del planteo independentista. La debacle política del catalanismo había sido anunciada un poco antes cuando el mismo Puigdemont se manifestó dispuesto a adelantar unas elecciones generales a cambio de evitar la intervención. El adelantamiento significaba dejar de lado la declaración de la independencia y la convocatoria a una Constituyente, y proceder a la elección de un nuevo parlamento y un nuevo gobierno en los términos previos al referendo del 1° de octubre -o sea en los términos de la Constitución de la monarquía española. Quien había bregado por esta salida era el PSOE. Rajoy puso como condición que el Parlament desautorizara el plebiscito independentista, lo que de efectivizarse hubiera liquidado electoral y políticamente al nacionalismo catalán. El camino para la aceptación de la intervención del Estado, sin embargo, ya estaba trazado. La independencia no fue nunca, en realidad, un objetivo político del nacionalismo catalán, que siempre defendió la dependencia financiera de la burguesía residente del Banco Central Europeo -opuesto a la secesión. Este desenvolvimiento de la crisis determinó que la coalición españolista de PP-PSOE-Ciudadanos también alterara sus planes. Cambió el tiempo de intervención de seis meses a cincuenta días, descontando que ayudaría a quebrar una resistencia del aparato del Estado en Cataluña. Pudo remover así, sin mayores inconvenientes, la jefatura de la policía catalana y de otros aparatos de seguridad. Los acusados por delito de sedición no podrán participar de los comicios. La intervención, además, se extenderá todo el tiempo necesario hasta la formación del nuevo gobierno. O sea que tutelará el proceso político, plagado de crisis, para la formación del nuevo gobierno.El frente catalán, sin embargo, ya ha aceptado concurrir a las elecciones. El Estado español ha obtenido una victoria política imponente y logró dar vuelta el tablero en tres semanas. ¿El fin de la crisis? Los cincuenta días que faltan para las elecciones son más que suficientes para producir nuevos episodios y giros políticos. La entrega sin pelea ha desmoralizado al frente catalanista; es incuestionable. Acepta ir a elecciones impuestas por una intervención, porque excluye cualquier otra posibilidad política. Las cuestiones de fondo, sin embargo, no han sido resueltas. Es llamativo que Ciudadanos reclame que el partido más votado del campo intervencionista tenga a su cargo la formación del próximo gobierno en caso de ganar las elecciones. Descuenta que el PP no dejará su condición de ultraminoría en Cataluña y de que el PSOE (PSC) podría sufrir un retroceso. Un resultado de estas características fragmentaría al campo españolista y repercutiría, sin duda, en la gobernabilidad del Estado. El Partido Nacionalista Vasco, por su lado, ha decidido no votar el Presupuesto 2018, en repudio a la intervención de Cataluña, lo que deja a Rajoy sin mayoría en el Congreso. Un tercer contendiente es Podemos, que atraviesa una crisis interna, incluidas las expulsiones, debido a la posición de la dirección de Iglesias a favor de un pacto entre nacionalistas catalanes y el gobierno de Rajoy. En resumen, Cataluña asiste a un proceso de implosión política, al mismo tiempo que el Estado español ha ingresado en un régimen político “de excepción”. La defensa del derecho a la autodeterminación nacional no puede ser esgrimida en abstracto, o sea, al margen de las condiciones políticas concretas, de un lado, y de las fuerzas en presencia, del otro. Mientras la derecha catalana esgrimió este principio como una carta de negociación con el Estado español, la izquierda lo igualó a una revolución social, una torpeza enorme que disfraza el carácter de clase capitalista de una separación de Cataluña del Estado español. Desde esta página, la defensa del derecho a la autodeterminación ha sido desarrollada en la perspectiva de la unidad socialista de los pueblos ibéricos -que tienen también aspiraciones nacionales frente al Estado central. La perspectiva del socialismo debe atravesar los caminos del desarrollo político concreto y agotar las ilusiones de las falsas salidas intermedias de contenido capitalista -o sea, explotador y opresor. El socialismo internacionalista se presenta ante las masas como un defensor consecuente de la libertad nacional -incluso en una época en que la viabilidad de los Estados nacionales se encuentra superada. La experiencia de Yugoslavia -la superbalcanización de los Balcanes- es una prueba contundente de que la creación de miniestados periféricos sirve a la opresión imperialista e incluso a la barbarie. En otra geografía del planeta, la política del nacionalismo kurdo de crear mini-estados petroleros (en Irak o Siria) está llevando a la ruina la causa nacional kurda, que solamente puede avanzar en una lucha contra el imperialismo y el sionismo, por una Federación Socialista del Medio Oriente. La nación kurda se enfrenta a una nueva frustración nacional, como la que tuvo lugar enseguida después de la Primera Guerra Mundial. Como ocurrió con la represión del 1° de octubre, la intervención de Cataluña, por parte de la troika monárquica (PP-PSOE-Ciudadanos) y la UE, ha suscitado manifestaciones de repudio en toda España, y con ello un nuevo desarrollo político de la conciencia de los trabajadores. La crisis del Estado y el despertar de las tendencias democráticas representa una excelente oportunidad para dar un nuevo impulso a la construcción de un partido revolucionaria de la clase obrera. Abajo la intervención a Cataluña, abajo la monarquía, por una Asamblea Constituyente libre y soberana, por la Unidad Socialista de Europa. Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/

Entonado por el resultado electoral y la connivencia de la CGT, y contra lo que había anticipado en la campaña electoral, Triaca presentó un proyecto de ley a la brasileña, de 145 artículos que atacan a fondo los derechos de los trabajadores. Ninguna asamblea obrera aprobaría este misil antiobrero, que la CGT viene pactando a espaldas de millones de compañeros. La moneda de cambio del Triunvirato es reforzar el sindicalismo vertical y patronal, y el manejo de las obras sociales, el llamado “modelo sindical”, incluido el ataque a los sindicatos de base y al clasismo. El moyanista Schmid, después de aplaudir el discurso de Macri en el CCK, dijo que no logra todavía “decodificar” a este presidente. La ley destruye pilares como la “irrenunciabilidad”, por lo cual el contrato de empresa o individual puede traspasar a la baja la Ley de Contrato de Trabajo. Estrictamente, deja de haber una ley de contrato de trabajo. El concepto de “trabajo” abarca por igual al empresario que al trabajador, borrando todo vestigio de frontera de clase y profundizando el ataque ya perpetrado por Cristina Kirchner en el Código Civil, al quitar la prelación del derecho laboral. Se ataca el concepto de que el trabajador es el eslabón débil de la cadena de explotación patronal. En esa línea del Código Civil vuelve a profundizar las garantías del régimen de tercerización, eliminando la responsabilidad solidaria de la empresa principal. Pero va más lejos al permitir que el trabajador contrate trabajadores y más aún, habilita la cuadratura del círculo al permitir el “monotributista en relación de dependencia”, lo que liquida el concepto mismo de contratación laboral capitalista. Coloca a ese trabajador como un paria equivalente al trabajador en negro, pero peor, porque no puede litigar demostrando el fraude laboral. El fraude es ahora legal. La burocracia sindical dice resguardar el “convenio colectivo”, lo cual es falso si ese convenio puede ir a la baja por empresa y hasta en forma individual, pero además se habilita el ataque más vasto desde la dictadura para que esos convenios arrasen conquistas centenarias. Estará permitido extender la jornada hasta 10 horas sin extras, perforando la histórica ley 11544 de la jornada de ocho horas. Cuando arrecia la desocupación, se extiende la jornada laboral posible. Ya el reciente convenio de Atilra, un sindicato con fuerte presencia kirchnerista, habilitó extras simples en fin de semana, atacando el descanso hebdomadario de fin de semana. Se rebajan las indemnizaciones eliminando aguinaldo, extras y otros pagos en su cómputo, y se habilita a la formación de “fondos de cese laboral” como el de Uocra, donde el trabajador aporta a su propio despido. La ley no los impone, pero los habilita, para que las burocracias comiencen su trabajo de demolición. En esa línea consagra el “banco de horas”, que no pudo generalizar Menem en los ’90 a partir del convenio de General Motors. O sea quebrar la jornada, sin extras, que el propio trabajador autocompensa. La reducción de aportes patronales progresiva hasta 11.500 pesos en 2022 golpea la recaudación previsional. Su contraparte será la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones (modificación de la movilidad jubilatoria), la eliminación de los regímenes especiales y la eventual elevación de la edad más adelante. El “caramelo” del aumento de licencias por paternidad es una burla, en medio de semejante usurpación de derechos. El blanqueo laboral, por su parte, es un “jubileo” a los evasores. Pero, además, fracasó con Cristina, porque rige una ley idéntica desde 2014. La presentación de una sola ley ómnibus, centraliza la campaña de lucha. Dejar el debate de esta ley en manos de los legisladores patronales de Cambiemos y del pejotismo, que declara subordinar su accionar a la burocracia sindical entreguista, es un suicidio. Hay que quebrar el pacto Macri-CGT. El Partido Obrero impulsa inmediatas asambleas de base y plenarios de delegados con mandato de los lugares de trabajo, llama a reagruparse a todas las fuerzas combativas del movimiento obrero para la acción común y que la reforma antilaboral no pase. Llamamos a defender a todos los sindicatos inscriptos y a los cuerpos de delegados y seccionales recuperados, y a todas las organizaciones de base del movimiento obrero. Un Congreso con Mandato de Bases de todos los sindicatos argentinos, sin distinción de centrales sindicales, unificados, debería resolver un inmediato plan de lucha para quebrar la ofensiva. Nuestros parlamentarios, los que están y los electos, se ponen al servicio de esta causa suprema de los trabajadores argentinos.

Infobae reveló un video registrado con un celular en el cual Elisa Carrió, durante una charla proselitista, sostiene que hay “muchos” genocidas condenados “sin pruebas” y se declara partidaria de otorgarle la prisión domiciliaria a todos los represores condenados. También ensaya una defensa de la teoría de los dos demonios (“este país estaba loco”) y, así como se adjudica la autoría de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, en 2003, afirma que hubo “jóvenes militares que no podrían comprender” de qué estaban participando. En el video, Carrió anticipa que está trabajando en un proyecto para impulsar “juicios de revisión” de las condenas dictadas contra los genocidas. Y el público, reunido en el club Harrods Gath & Chaves del barrio de Belgrano, aplaude sus palabras. Hace tiempo que Carrió se pronuncia por el otorgamiento de las domiciliarias a los genocidas. Lo reiteró en ocasión de la ley aprobada de apuro por el Congreso para sacar a la Corte del marasmo provocado por la aplicación del 2x1 a los criminales de lesa humanidad, de la cual se le atribuye la autoría intelectual. En esa ocasión, también sostuvo que la Corte había fallado de acuerdo a derecho, al no contar con una ley aclaratoria. Ahora, con “ley aclaratoria” vigente, Carrió vuelve a poner en agenda el indulto generalizado a los asesinos de la dictadura. Esto no hace más que confirmar que se trata de un asunto de Estado. El gobierno pretende una completa restauración política de las fuerzas armadas, un resorte fundamental para aplicar el programa de guerra contra los trabajadores y enfrentar una eventual crisis política y social. No es casual que a pocos días del triunfo electoral oficialista, La Nación (30/10) anuncie que “quieren autorizar a las FFAA a combatir el terrorismo”. El ministerio de Defensa estaría elaborando un “proyecto de reestructuración que ´redefinirá el rol de las fuerzas militares´” que sería dado a conocer “en breve, tras el espaldarazo que recibió el gobierno en las elecciones” (ídem). Las fuerzas armadas ya participan del “combate contra el narcotráfico” brindando apoyo logístico. Ahora, la intervención de los militares argentinos en la “lucha contra el terrorismo sería bien recibida por el gobierno de Estados Unidos, en momentos en que se evalúa la realización de ejercicios militares conjuntos entre ambos países” (íbidem). En Argentina, los únicos atentados terroristas que tuvieron lugar involucraron a los aparatos represivos locales –Embajada de Israel y Amia–, razón por la cual permanecen impunes. El ataque a la mutual judía fue utilizado hasta el cansancio al servicio de las provocaciones bélicas del imperialismo –de Menem a los K. La “lucha contra el terrorismo” simplemente anuncia una redoblada ofensiva de espionaje sobre las organizaciones populares, los movimientos sociales y la izquierda. El gobierno de Macri podrá valerse para ello de la legislación legada por los K –las mal llamadas “leyes antiterroristas. El gobierno no ha cejado ni un instante en este rumbo represivo, que implica la impunidad de los crímenes más aberrantes cometidos en el país. Ello explica que todos los funcionarios que cuestionaron la cifra de 30 mil desaparecidos para minimizar el alcance del genocidio y revindicaron la infame teoría de los dos demonios continúan revistiendo en puestos en el Estado –Darío Lopérfido, Gómez Centurión. Frente a la movilización multitudinaria que repudió el fallo del 2x1 el gobierno reculó pero para volver por otras vías. Finalmente, el encubrimiento oficial sobre la responsabilidad de la Gendarmería en la muerte de Santiago Maldonado es inseparable de esta política. Pero quizás lo más escandaloso de las declaraciones de Carrió fue que le pide a su auditorio no hacer pública esta política durante la campaña “para no embarrar la cancha”. La mentada charla tuvo lugar dos días después del debate de candidatos porteños, en el cual Carrió, acorralada por Marcelo Ramal, afirmó que había “un 20% de posibilidades” de que Santiago Maldonado se encontrara “en Chile con el RIM” (por el RAM), y de sus repercusiones. Qué fraude: hubiera sido bueno que el electorado porteño –que tantas veces colmó la Plaza de Mayo en defensa de las libertades democráticas– conociera estas intenciones a la hora de evaluar su voto. Abajo el reforzamiento represivo del gobierno. No a la impunidad. Cárcel común y efectiva a los genocidas.

La reforma tributaria implica una enorme transferencia de ingresos en favor del capital. Su núcleo reside en una baja de impuestos a las empresas. La tasa del impuesto a las ganancias disminuiría del 35 al 25%, siempre que las empresas se comprometan a reinvertir sus utilidades. Según la propaganda oficial, sería un medio para incentivar la inversión, pero ésta no depende de una cuestión impositiva, sino de un resarcimiento más general de la tasa de ganancia, condicionada en la actualidad a la crisis de sobreproducción reinante y a los límites que le impone al país la bancarrota capitalista mundial. Por otra parte, las patronales distribuyen utilidades en forma encubierta, inflando sus deudas y haciendo pasar el giro de dividendos como si fueran intereses, así como otros artilugios contables. Además, Dujovne omitió señalar que el macrismo dará curso a un objetivo largamente acariciado por la clase capitalista: el ajuste de los balances por inflación, lo cual reduce las ganancias registradas. Una vara muy distinta se aplica a las “ganancias” sobre salarios, donde el mínimo no imposible no cubre el desfasaje inflacionario. “La baja potencial de la recaudación en el impuesto a las ganancias sería de 87.500 millones de pesos” (La Nación, 21/10), una cifra cercana a lo que se recauda por el impuesto al salario. Pero el gobierno, apoyado por el massismo y otros opositores, decía que había que mantenerlo porque creaba un agujero fiscal insostenible. Cuando se trata de las ganancias empresariales, como se ve, ese argumento se deja de lado. A su turno, el impuesto al cheque podrá ser deducido como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Pero el premio mayor será la rebaja de cargas patronales, que integra la anunciada reforma laboral. Las provincias La reforma refuerza el carácter regresivo del sistema impositivo, pues perpetúa los impuestos al consumo, como el IVA y el impuesto a los combustibles. Este esquema se reproduce en las provincias. Vidal y Rodríguez Larreta han puesto en marcha recortes importantes de ingresos brutos para las empresas, que serán compensados con impuestazos a la vivienda. Pero el plan oficial apunta a la eliminación del impuesto a los ingresos brutos, que representa el 75% de los ingresos propios de las provincias, y reemplazarlo por un impuesto al consumo. Por esta vía, el Estado Nacional pasaría a recaudar directamente los recursos para luego distribuirlos entre las provincias. Ello le brindaría al Ejecutivo un instrumento poderoso para extorsionar a los distritos, condicionando la entrega de fondos a que se cumpla con las metas de ajuste fiscal. Este mecanismo va ir acompañado por una nueva coparticipación regida por el mismo criterio. No se nos escapa que esta política de austeridad ya la vienen implementando los gobernadores, no sólo oficialistas, sino también los enrolados mayoritariamente en el PJ. Gran parte de las jurisdicciones han comenzado un ciclo de endeudamiento, cuya garantía de pago es un ajuste severo. Los docentes y empleados públicos sufren en carne propia las consecuencias, lo mismo que los restantes gastos sociales. Pero la intención del gobierno nacional es dar una vuelta de tuerca más e imponer una disciplina mayor desde el poder central. La Casa Rosada ha alentado sin disimulo un enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires y el interior en torno del fondo del conurbano, cuyo restablecimiento ha sido convalidado por la Corte Suprema. En virtud del fallo, las provincias dejarían de percibir 50.000 millones de pesos anuales. Mientras se desarrolla esta disputa, el Estado nacional se sigue llevando la tajada mayor del presupuesto para aplicarlo al pago de la deuda usuraria y al financiamiento parasitario de los capitalistas. Esta tendencia se reforzará con la reforma tributaria, pues la reducción del impuesto a las ganancias -que es coparticipable- entrañará un enorme golpe a las finanzas locales. Renta financiera La propaganda oficial agita el parche sobre el establecimiento de un impuesto a la renta financiera. Su inclusión desmentiría, según los funcionarios, las acusaciones sobre su carácter regresivo o inequitativo. Pero, en verdad, este impuesto “parece más simbólico que otra cosa. Un gesto hacia la oposición para que les apruebe las demás medidas” (Cronista, 31/10). El nuevo impuesto se aplicará sobre la renta en bonos corporativos y soberanos en dólares (15%) y sobre lo percibido en bonos, letras y plazo fijo en pesos (5%) para personas físicas, pues las empresas ya lo pagan. Pero ya se rumorea que la deuda emitida bajo ley americana u otro país extranjero quedaría liberada del gravamen, para evitar riesgos de juicios al Estado. Ello podría correr también para los demás títulos, puesto que se cambiarían las condiciones originales de su emisión. Lo que se podría recaudar por este nuevo gravamen ascendería a 26 millones para plazos fijos y unos 2.500 millones de pesos por títulos y certificados públicos. Es una suma irrisoria, si la comparamos con los beneficios impositivos que se embolsará la clase capitalista. Llamamos a rechazar la reforma tributaria y oponerle un programa de salida que privilegie el interés popular. Abolición del impuesto al salario y al consumo. Por impuestos extraordinarios y progresivos al capital, y a las rentas extraordinarias derivadas de los recursos naturales y de la explotación agrícola. Por un impuesto inmobiliario rural actualizado a los precios de mercado. Estos recursos deben ser colocados al servicio de un plan de reactivación económica integral e industrialización del país, y satisfacción de las necesidades populares. La gestión económica y las riendas del país deben estar en manos de los trabajadores.

Cuando este texto llegue al lector, dará inicio la conmemoración en Bolivia de los 100 años de la Revolución Rusa, con la presencia de Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos y el apoyo institucional del propio gobierno. Como aporte a los debates que se centralizarán en La Paz, el vicepresidente García Linera presentó un texto: “Tiempos Salvajes. A cien años de la revolución soviética”, que aquí terminamos de analizar(*). Que el gobierno nacionalista “indígena” de Evo Morales pretenda aparecer emparentado con la Revolución de Octubre es un acto impostor, que se comprueba con solo analizar lo hecho por los gobiernos nacionalistas burgueses de Venezuela, Ecuador, Bolivia y de la familia Kirchner en la Argentina. Toda la exposición de García Linera es un intento arrevesado de mostrar la inviabilidad de los planteamientos revolucionarios y lo innecesario de un programa. Interrogándose sobre qué es una revolución socialista, dice: “es la fluidez social… que contiene dentro de sí al propio capitalismo, pero también a las luchas económicas y políticas que lo niegan de manera práctica…” (cursiva nuestra). A la vez, no hay distinción posible entre revoluciones o levantamientos que pretenden reformar el capitalismo o impugnarlo, dirá -“la frontera entre unas y otras es en realidad inexistente”. El curso revolucionario dependería de la evolución espontánea de las masas en lucha por reformas, de la que surgiría “una cadena de condicionantes gradualmente más radicales, nuevas medidas que modifican la naturaleza social del levantamiento popular hasta plantearse el tema del poder del Estado, la propiedad de la riqueza…”. Por eso, todo el debate sobre el contenido de clase de la revolución social habría sido estéril, desde el momento que “ninguna revolución tiene un contenido predeterminado, sino que ese contenido emerge, se desvela y se transforma con el propio despliegue en acto de las fuerzas sociales antagonizadas”. La intensa lucha política en relación a las tres concepciones de la Revolución Rusa - dictadura revolucionaria democrática del proletariado y del campesinado, dictadura revolucionaria democrática apoyándose en el campesinado, revolución proletaria que entrega el poder a la burguesía- se reduce, para Linera, a una serie de “complicadas construcciones teóricas” que no habrían advertido que todas las revoluciones son “relaciones sociales en estado ígneo y fluido por lo que es imposible establecer el momento en que un contenido de clase se consolida”. No le importa el programa de intervención ni determinar qué clase social debe hacerse cargo del poder, por lo que la revolución queda confinada a una suerte de posibilismo, enemigo de alterar el orden existente. A quién le habla García Linera García Linera está dirigiéndose a la burguesía de su país y del mundo sobre la naturaleza social del régimen y del gobierno que encabezan junto a Evo Morales. Le está diciendo a sus interlocutores imaginarios que el planteamiento del nacionalismo “indígena” no es materialista histórico ni revolucionario. En esa línea excluye a la clase obrera como sujeto histórico de transformación social, intentando reemplazarlo por el concepto de “varios sujetos sociales” -la plebe, los campesinos, el pueblo- que representan, cada una de ellas, el pasado del estadio histórico actual. Marx planteó que la clase obrera, como sujeto social, era una clase en sí y, en la medida que tomaba conciencia de su situación -de que su lugar social no es fatal- y se organizaba para superar esa situación, se transformaba en clase para sí. García Linera, en cambio, anula la revolución proletaria como hecho histórico. Pero, atención, abre también un interrogante sobre el papel de la pequeña burguesía de Bolivia y de cualquier nación porque “existen posibilidades de rebelión contra el capitalismo si los sujetos constituidos como bloque movilizado son los trabajadores, los productores de riqueza material e inmaterial, los pobres, las comunidades campesinas y, en general, la plebe”. Sin embargo, no hay un régimen viable de la pequeña burguesía y esta perspectiva confluye, inevitablemente, en las opciones políticas de la burguesía nativa. En Bolivia el planteo “indigenista” estableció un bloque político entre las comunidades y los elementos capitalistas que preservó el latifundio y bloqueó toda unión de la lucha campesina con la clase obrera. Una crítica al estatismo por derecha García Linera pretende hacer creer que el nacionalismo en Bolivia es una superación de los límites de la Revolución Rusa. En su versión el socialismo no es más que “un condensado campo de luchas en que el Estado revolucionario (debe) desempeña(r) un papel rector, más no decisivo” (¿Bolivia, hoy?) y en relación a este socialismo “la revolución soviética es excepcional”. ¿Por qué? Porque el proceso de estatización de los medios de producción fue un error histórico: “la suspensión del capitalismo se devela como aparente al no contarse con una nueva relación económica que lo sustituya, sino simplemente con una voluntad política impuesta… tanto más inútil cuanto más vigilancia burocrática necesite, tanto más injusta cuanto más privilegios de una pequeña elite admita”. Argumenta que “la propiedad del Estado es sinónimo de socialismo, es un error y una impostura”, lo que desnuda a una “izquierda fallida” que “le reclama a los gobiernos progresistas más estatizaciones para instaurar el socialismo inmediatamente”. García Linera presenta como superación de la primera revolución obrera victoriosa la década de nacionalismo “indígena” en Bolivia, en la que la “nacionalización del petróleo” dejó intocada la renta petrolera de los pulpos (salvo un “vuelto” a favor del Estado), el latifundio quedó en pie, el 60% de los trabajadores está en negro, la deuda externa usuraria se paga rigurosamente, la banca privada florece y el aborto está prohibido -además de que la “plurinacionalidad” sigue escondiendo el sometimiento de la población indígena. Se trata de una impostura de marca mayor. Para Lenin y Trotsky en la naciente URSS la expropiación del capital no fue sólo una “medida económica” sino un acto de poder del Estado obrero, único que puede emprender la confiscación de la clase propietaria. En cambio, para García Linera, Lenin dio marcha atrás en lo que hace a la expropiación del capital con la NEP, y la Revolución Rusa que pretendió “suspender el capitalismo” fue, en definitiva, derrotada. Las “cooperativas” (que en Bolivia son fachadas en gran medida de tercerizaciones del gran capital y, a la vez, un modo de dividir al proletariado) aparecen una y otra vez como una salida. Antagónicamente, y en su última intervención frente a un Congreso de la Internacional, Lenin planteó respecto de la NEP: “nuestro capitalismo de estado se diferencia de lo que se entiende literalmente por esta formulación en que el Estado proletario es poseedor no sólo de la tierra, sino también de la parte más importante de la industria. Ante todo hemos cedido en arriendo parte de la industria pequeña y mediana, todo lo demás queda en nuestras manos”(1). En otro de sus escritos postreros dirá: “…dado que la clase obrera es dueña del poder estatal, y que a ésta le pertenecen todos los medios de producción, sólo nos resta organizar a la población en cooperativas”(2). Para García Linera, el socialismo no es “un modo de producción” -sino un “larguísimo período histórico de intensos antagonismos sociales” en el que “surgen una y otra vez incipientes… formas de trabajo comunitario” y en el que la función del Estado es proteger iniciativas “comunitarias, cooperativas”. Bolivia no sería el escenario del fracaso consuetudinario del nacionalismo burgués sino un estadio del proceso revolucionario lanzado a “conquistar el tiempo” para cuando llegue el momento de la “sincronía universal de la emancipación”. Un llamado a marcar el paso en el mismo lugar. (*) La primera parte puede leerse en Prensa Obrera N° 1.471 (agosto, 2017). El texto de García Linera ha sido publicado en España, en la saga 1917. La Revolución Rusa cien años después, compilada por Andrade y Hernández Sánchez y publicada por Akal este año. Notas 1. V.I. Lenin: Obras Completas, Informe al IV Congreso de la Internacional Comunista, T. XXXIII, Cartago, Buenos Aires, 1960. 2. V.I. Lenin: Obras Completas, Sobre la Cooperación, Tomo XXXIII, Cartago, Buenos Aires, 1960.

La presentación de la reforma laboral de parte del gobierno es, en sí misma, un operativo deliberado de confusión. Mezcla peras, manzanas y cebollas y se esfuerza por desviar la mirada sobre los ejes estratégicos de la reforma (la confiscación y privatización en el caso de la salud es un tema en sí mismo que no abordaremos aquí). Que las árboles no nos impidan ver el bosque En el artículo 39 aparece una modificación del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que puede parecer extraña. Agrega a la definición anterior (“toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”) el concepto de “cooperación” entre las partes, un vínculo “generador de derechos y deberes recíprocos” como “regla esencial de ejecución del contrato”. Prácticamente desaparece el concepto del trabajador asalariado como sujeto sometido a una relación de dependencia, equiparándolo jurídicamente al patrón. Todo un antecedente para el accionar del Estado y la justicia. En el artículo 40 desaparece, de una manera aviesa, el principio de irrenunciabilidad, por el cual era nula y sin valor toda norma que rebajara los derechos previstos en la LCT sea a través de convenios colectivos, estatutos profesionales o contratos individuales. La reforma deja afuera al contrato individual, por lo que éste sí puede desconocer las conquistas de la ley. La reforma modifica, además, el llamado Ius variandi contenido en la LCT a través de la nueva redacción del artículo 42, que establece que “el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación del trabajo, en tanto estos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esta facultad, ni alteren modalidades esenciales del trabajo”. ¿Qué defensa le queda al trabajador si no está de acuerdo? Considerarse despedido sin causa o reclamar ante la instancia que resuelva…el convenio colectivo de trabajo. La multifunción y la flexibilidad laboral en un solo trazo. La reforma laboral valida la tercerización prácticamente sin límite alguno, un rumbo abierto con las modificaciones al Código Civil. Elimina la responsabilidad solidaria en la tercerización o subcontratación de una vastísima cantidad de rubros y, en el resto, pide la existencia de un CUIL para cada trabajador, la constancia de pago de las remuneraciones y una cobertura por riesgos de trabajo. Si esto se cumple, también quedan eximidos de responsabilidad solidaria. Lo que importa, de todos modos, es que éste es uno de los reclamos básicos del capital, que queda habilitado para implantar la tercerización “dentro o fuera de su ámbito” y pagar un salario menor a los sometidos a este régimen. Como se sabe el fundamento de la tercerización no es la existencia de empresas especializadas que, por innovaciones tecnológicas, se han convertido en proveedores insustituibles de cadenas de producción (caso, por ejemplo, de Robert Bosch, un poderoso grupo fabricante de autopartes). En casi todos los casos el objetivo de la tercerización es provocar la división de la clase obrera, diferenciando entre trabajadores de planta y aquellos sometidos a la tercerización, para quebrar toda resistencia a lo que se presenta como “modernización” de las relaciones laborales fundada en la “especialización”. Despido barato y jubileo a las empresas negreras La reforma quiebra la norma actual, que establece una indemnización de un salario por año trabajado, tomando como base la mejor remuneración del año. Queda como base sólo un monto que excluye las horas extras, el aguinaldo, las comisiones, gratificaciones y todo suplemento que carezca de periodicidad. El jubileo a las empresas que operan en negro es un acto de confiscación. Los empleadores que blanqueen tendrán una condonación de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios por el no cumplimiento de sus contribuciones a la Seguridad Social. Pero atención, a los trabajadores blanqueados se les reconocerá sólo hasta 60 meses de servicios con aportes como parte de los años que se necesitan para cumplir con el requisito de 30 años para acceder a la jubilación. Si se mira la otra parte, los empresarios que actúan en negro, el trato es bien diferente. El Estado se hace cargo de lo que no aportaron los patrones y el blanqueo laboral incluye, además de la anulación de las multas a empleadores por la contratación informal de trabajadores, la extinción de la acción penal en eventuales juicios. Además, la reforma laboral innova creando la figura del trabajador autónomo o independiente, totalmente por fuera del vinculo establecido en la LCT. Para el trabajador, ni justicia La reforma laboral determina que el plazo de prescripción para presentar reclamos laborales pasa de dos años a uno – la última dictadura había acotado ese plazo de cuatro a dos años. Además, “si durante cinco años no te pagaron horas extras, ahora podrás reclamar sólo por el último año. Cuando el empresario, tiene hasta diez años para reclamar una deuda, por lo que la reforma deja a los trabajadores con menos derechos que cualquier otro ciudadano” (Declaraciones del titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Página 12, 1/11). Fuera la Reforma Antilaboral, estado de asamblea en todo el movimiento obrero.

El resultado de las elecciones del pasado 22 terminaron por definir el derrumbe electoral del PJ de Schiaretti y De la Sota, que sumaron solo un 30% de los votos contra el 48,5% del candidato de Cambiemos. En la ciudad capital, el oficialismo cayó todavía más y obtuvo el 24 por ciento. Con esos resultados, que ya presuponían los guarismos de las Paso, el PJ estaría perdiendo la provincia en 2019. No obstante, Schiaretti siguió en octubre con el mismo libreto que presentó de cara a las Paso. Mientras De la Sota se despegó completamente de la campaña, Schiaretti se plegó aún más a los planteos centrales de Macri, apoyando las reformas laboral y tributaria y sumándose a la línea represiva, con el allanamiento a los locales del PO y de las organizaciones sociales frente a una movilización en contra del gatillo fácil. La única línea de delimitación esbozada se refirió a una supuesta “defensa de Córdoba”, que tiene como eje la distribución de la coparticipación y de la asignación de distintos fondos nacionales (conurbano, subsidios, etc.) . Pacto con el macrismo No obstante, el final anunciado de Schiaretti tiene un objetivo estratégico de clase, que rápidamente se hizo realidad. Después de las Paso, el gobernador planteó que no podía hablarse de ganadores y perdedores y llamó a concretar un pacto nacional para “producir los cambios necesarios”. En la noche del domingo y ante el llamado de Schiaretti al propio Macri, éste le contestó: “Cuento con vos como un pilar para la Argentina que se viene”. Al día siguiente, el Presidente, replicando al gobernador, realizó una megaconvocatoria para “encarar todas las reformas necesarias”. El candidato macrista Baldassi desarrolló una campaña antipolítica, sin pronunciarse en ninguno de los grandes debates que recorren la situación actual y mucho menos la que se viene. Baldassi ni siquiera cuenta con el apoyo del aparato del PRO provincial, dominado por la vieja Ucedé. Antes que se realizaran las elecciones, se desató una interna en Cambiemos que se disputa a cuatro bandas, con dos radicales (Negri y Mestre) y el embajador macrista en Ecuador, Luis Juez. La “ola amarilla” cordobesa, parece más una carta para la negociación con los derruidos aparatos políticos capitalistas. El otro gran fraude electoral fue el del kirchnerismo. Primero, porque la mayoría de los integrantes de esa fuerza ya se habían pasado con Schiaretti antes de las elecciones. Lo poco que quedó del kirchnerismo llegó al 9% de los votos, retrocediendo del 18% obtenido en 2015. En forma impostora, la lista K se presentó como opositora al ajuste de Macri y Schiaretti, sin mencionar el acompañamiento de los K a ese ajuste en el Congreso y a través de la burocracia sindical, de la cual el propio candidato Carro es parte como secretario de Adiuc (docentes universitarios) y la CTA Yasky. Conscientes del retroceso terminal de los K en la provincia, ahora este sector apuesta a una formación de centroizquierda, sin muchos interlocutores. La elección del FIT El Frente de Izquierda obtuvo un 3,3%, cayendo un punto desde la elección de agosto; donde ya habíamos obtenido un resultado menor al esperado. En el período que va desde agosto a octubre se sostuvo un cuadro de situación en la clase obrera caracterizado por un reflujo en las luchas de los principales sindicatos -docentes, Smata, UOM, UTA- impuesto por la traición de la burocracia sindical que aisló y entregó las mismas. En particular la heroica huelga de los choferes de UTA que fue explotada por todos los partidos del arco patronal, para atacar al PO y al FIT que la apoyaron sin vacilaciones. El hostigamiento y la persecución hacia la izquierda tuvo un nuevo capítulo en los allanamientos a los locales del Partido Obrero y las organizaciones sociales que nos movilizamos contra el gatillo fácil, asociándonos a destrozos provocados por infiltrados. Si bien enfrentamos el ataque represivo y protagonizamos una movilización de cien mil personas el 1º de setiembre por Santiago Maldonado, el ataque tuvo su resultado electoral. A la par de ello, la lista de MST-MAS y su ataque faccional hacia el FIT fue reforzado desde los medios oficialistas, planteando una división en la izquierda. Ello dispersó el voto que otras veces el FIT pudo acumular. El difícil panorama que se le presentó al Frente de Izquierda tuvo dos respuestas. De un lado, el Partido Obrero levantó una campaña programática de los trabajadores, atada a las luchas e impulsando en todo momento el reagrupamiento político de los explotados. Así, viajamos hasta Cushamen-Chubut, para reclamar por Santiago Maldonado y solidarizarnos con los mapuches, e integramos la “Coordinadora por la aparición”, que protagonizó las grandes movilizaciones en la capital cordobesa. Viajamos con una importante delegación de activistas y delegados antiburocráticos al Plenario de Lanús, para resolver un plan de lucha contra la reforma laboral, que tuvo como expresión una importante movilización el 12 de octubre, sostenida sólo por el Partido Obrero y los trabajadores en lucha como Plascar, Trolebuses, VW, entre otros. También participamos con una numerosa delegación del Encuentro de la Mujer en el Chaco, con nuestras dirigentes Soledad Díaz y Cintia Frencia a la cabeza. Durante toda la campaña protagonizamos importantes actos y asambleas en apoyo al Frente de Izquierda, con presencia de cientos de compañeros, entre las cuales se destacaron Villa El Libertador y La Calera. Los otros partidos del FIT realizaron una campaña exclusivamente mediática, divorciada de la lucha, especialmente de los trabajadores. En varias movilizaciones populares, directamente pegaron el faltazo. El punto más relevante de esta política fue el levantamiento del acto unitario, por parte de IS y PTS, que habíamos convocado conjuntamente para el 6 de octubre. Esta posición electoralista facilitó el hostigamiento a nuestra fuerza de parte del gobierno y la prensa oficialista. El Frente de Izquierda ingresó a la campaña electoral con importantes expectativas, ligadas a la lucha obrera y popular creciente antes de las elecciones. La situación de reflujo planteada y las maniobras desplegadas han logrado neutralizar ese desarrollo. Pero esas condiciones son momentáneas y tenderán a desaparecer con la agudización de la lucha de clases que acicatea el plan de guerra contra los trabajadores de Macri y Schiaretti; así entendemos la persistencia de las luchas obreras (Plascar, reincorporación en UTA, Fadea) y el enorme crecimiento organizativo y político del Polo Obrero. Tomamos la gran campaña desarrollada y el significativo reagrupamiento político alcanzado, como un paso de preparación política de la clase obrera para enfrentar el futuro inmediato de luchas que se preanuncia. Vamos con esas conclusiones al reclutamiento consciente de los cientos y cientos de luchadores que defendieron al Frente de Izquierda, a la construcción del Partido Obrero y a una alternativa política de los trabajadores.

El discurso de Macri y los trascendidos que publica el vocero oficial, Clarín, muestran que se avecina un ataque brutal a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados. Respecto de la reforma que el gobierno de Cambiemos pretende implementar e imponernos, hasta ahora sólo se hablaba de la extensión de la edad para jubilarse, que se llevaría a 70 años para los hombres y 65 para las mujeres que, de imponerse, constituiría un ataque importante contra los trabajadores. Pero el “paquete” contempla otros ataques a los jubilados actuales y futuros. Menor actualización Según Clarín del 29/10, el gobierno se propone modificar la fórmula que ahora se utiliza para el cálculo de la movilidad establecida por la Ley 26.417 y reemplazarla por otra que le permita ahorrar 100.000 millones de pesos en el próximo año solamente en el pago de haberes, cumpliendo con lo pedido de rebajar los “gastos sociales” por el FMI y otros organismos financieros (ídem). El plan del gobierno es actualizar por inflación, lo cual supone que en los haberes miserables que cobra la inmensa mayoría de los jubilados no habrá jamás una mejora en términos reales, es decir en cuanto a la cantidad de bienes que pueden adquirir. Quieren liquidar el Fondo de Garantía El interventor de la Anses, Emilio Basavilbaso, estimó que durante 2018, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) deberá destinar a la “reparación histórica” la totalidad de la rentabilidad anual y destinar 77 millones de dólares adicionales (El Destape, 2/10). Y agregó que, en 2019, la “reparación histórica” exigiría una suma equivalente a 6.039 millones de dólares. Como los fondos provenientes del blanqueo destinados a la “reparación” se agotarían entre 2017 y 2018, el FGS debería cubrir esa suma. La rentabilidad del FGS, los intereses y dividendos que rinden sus inversiones, proporcionarían cerca de 2.900 millones de dólares. Es decir que, en 2019, el FGS debería vender activos por 3.100 millones de dólares (El Destape). Y al año siguiente, el mismo proceso con cifras mayores aún y así sucesivamente, con lo que el FGS sería rápidamente desfinanciado poniendo en peligro la sustentabilidad del sistema y el propio pago en tiempo y forma de los haberes de jubilados y pensionados. Este proceso de liquidación de activos ya comenzó con la venta de acciones de Petrobras al grupo Mindlin y Lewis (amigos de Macri) y de Solvay Indupa a… Odebrecht. En ambos casos con precios muy inferiores a los de mercado que significaron una pérdida multimillonaria para la Anses y un negocio redondo para los adquirentes de esas acciones (ambas operaciones están denunciadas como una estafa en la justicia). Y el paquete se completa con la intención de modificar el cálculo para determinar el primer haber que cobra el nuevo jubilado y podarlo un 20%, lo que llevaría a que las futuras jubilaciones sean mucho más miserables que las actuales. Y obligarían a los trabajadores a tener que “optar” por continuar trabajando o condenarse a sobrevivir penosamente luego de haber trabajado (y tributado toda la vida). Rechazo Este ataque, reclamado por las patronales reunidas en la convención de Idea (y la laboral, educativa, tributaria), cuenta con la complicidad de la burocracia colaboracionista de las centrales sindicales. El rechazo a esta barbarie tiene que unir a trabajadores en actividad y jubilados en una gran lucha si no queremos ser víctimas de una degradación brutal de nuestras condiciones de vida.

Luego de conocerse la partida presupuestaria de las universidades para 2018, estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María en su sede de San Francisco se encontraron frente a un cierre de facto de sus carreras en el Centro Universitario (CUSF). Resulta que el Ministerio de Educación definió de forma unilateral no abrir las inscripciones a las carreras de comunicación, diseño y contador público. Esto generó el rechazo generalizado de la comunidad educativa de la Universidad (UNVM) y puso a los estudiantes en estado de asamblea y movilización para evitar su cierre. Cabe aclarar que el CUSF funciona bajo un acuerdo entre el gobierno nacional (a través del Ministerio de Educación), la UNVM y la municipalidad de San Francisco. Ya desde hace tiempo se encuentra en una situación de incertidumbre, producto de que su sostenimiento depende de una partida presupuestaria extraordinaria definida por negociaciones entre las partes y no del presupuesto contemplado para el funcionamiento de las universidades públicas. La situación del CUSF y su intento de cierre es una expresión concreta de la orientación educativa que busca establecer Cambiemos con las reformas. Orientación presente en los dichos del presidente Macri de que “se requiere el esfuerzo de las universidades para reducir el déficit fiscal”. Poner en juego la continuidad y el dictado de carreras en base a un criterio tan ambiguo como “los perfiles que determinan la impronta de la región” no es más que una cortina de humo para impulsar carreras afines a las necesidades capitalistas actuales en sintonía con el Plan Maestro, la implementación de los créditos en las universidades y la creación de carreras cortas o específicas. Es tan clara la utilización de la educación pública de acuerdo a necesidades ajenas del pueblo trabajador, que mientras en la UNVM peligra la continuidad de las tres carreras que se dictan en San Francisco, en febrero de este año comenzó a dictares la Licenciatura en Seguridad, con cursado exclusivo para policías y gendarmes. El Estado pone nuestra educación al servicio del aparato represivo, a costa de la formación de estudiantes y trabajadores. Para garantizar la continuidad de la cursada en el CUSF y reabrir las inscripciones para el 2018, en San Francisco, Córdoba y Villa María es necesaria la acción conjunta de los estudiantes de todas las sedes. Nuestra garantía es la lucha y movilización independiente. No podemos dejar los destinos de nuestra educación en manos de Luis Negretti y las autoridades de la UNVM, que ya han demostrado toda su docilidad para enfrentar este nuevo ataque a la educación pública. En declaraciones a los medios, el rector ha repetido hasta el hartazgo estar dispuesto a negociar el cierre de las carreras de Contador Público y Comunicación Social por considerarlas “carreras variables”. Para defender la educación pública necesitamos poner en pie al movimiento estudiantil, profundizar las asambleas en la UNVM y convocar a una movilización en defensa del CUSF. Vamos por la apertura de las inscripciones, que se integre el presupuesto del CUSF a la partida universitaria, el rechazo de la Licenciatura en Seguridad y el ajuste en la UNVM.

La fiscalía comenzó “de oficio” un juicio contra los integrantes de la Comisión Interna de Prensa de la editorial Perfil y otros dos compañeros -que se inició el lunes pasado y finalizaría hoy, jueves, con los alegatos y la sentencia-, por un supuesto ataque a la “libertad de prensa”, con motivo de una medida de fuerza realizada por los trabajadores de la empresa en diciembre del 2013, para reclamar por una tanda de despidos. La medida fue una provocación abierta de la empresa: no solo fue llevada a cabo el mismo día de la elección de delegados internos sino que uno de los despedidos era integrante de la Junta Electoral que fiscalizaba esos comicios. Lo que se puso en el tapete en el juicio es el intento de la fiscalía, que actúa en consonancia con los intereses de la patronal de Perfil y todas las patronales de prensa, de criminalizar la protesta gremial, de convertir la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores en un delito penal, intentado liquidar toda posibilidad de pelea de los trabajadores de los medios por sus reivindicaciones y reclamos de cualquier tipo. Esto, porque el fiscal asienta su pedido de sanciones a los compañeros en que se habría retrasado la salida de los productos de la editorial como resultado de la medida de fuerza. Pero, más allá de la certeza de esta aseveración, esa es la consecuencia de cualquier medida de fuerza no solo en los medios sino en cualquier empresa industrial. Por otra parte, el fiscal identificó ese supuesto retraso en la salida de los productos para su distribución con un “ataque a la libertad de prensa”, de allí su carácter penal. Esto cuando, en realidad, son los trabajadores los que sufren diariamente la censura por parte de las empresas, cuando se ven impedidos de exponer con libertad sus ideas en los medios donde trabajan si estas no coinciden con los de la empresa propietaria. Solo en situaciones excepcionales ha sucedido lo contrario: por ejemplo, cuando, a mediados de 1987, los trabajadores de Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y Ámbito Financiero se levantaron contra la decisión de sus patronales de publicar una solicitada a favor del dictador Jorge Rafael Videla y lograron evitar que apareciera. Lo que el fiscal intenta es identificar la supuesta “libertad de prensa” con los de empresa y declarar absolutos los derechos de aquella ante una protesta gremial aunque esta tenga su origen en un hecho ilegal de la patronal, como es este caso. Por esa razón, este juicio tiene una enorme trascendencia para la lucha de todos los trabajadores de prensa. Está en jaque la posibilidad de luchar y organizarse gremialmente. El objetivo inmediato patronal es liquidar la organización gremial en la empresa por la vía de un desafueron a los delegados. Es, como denunció el secretario general de la Comisión Interna, Rubén Schofrin, una “causa que tiene una clara actitud revanchista. Y un fallo condenatorio contra nosotros supondría un ataque a fondo no solo contra los trabajadores de Perfil sino contra la organización del conjunto de los trabajadores del país” ya que “sería como retroceder al siglo, XIX en cuanto a la posibilidad de defensa de los derechos de los trabajadores”. En el curso del juicio los testigos, muchos de ellos aportados por la fiscalía, fueron desmontando la maniobra antiobrera de ésta y de la patronal. A tal punto que varios de los policías y prefectos que fueron a la empresa convocados ese día por una denuncia de la patronal, testificaron que no intervinieron porque no existía delito alguno y que se trataba de una protesta gremial pacífica y, según destacó uno de los agentes, esto había sido ratificado en ese momento por el fiscal de turno. Es decir que los compañeros deben ser absueltos, lo que supondrá un triunfo para la lucha de todos los trabajadores en el cuadro de la ofensiva antiobrera y antisindical del gobierno macrista. ¡¡Absolución ya a todos los compañeros!!

El paquetazo anunciado por Macri es un verdadero plan de guerra contra los trabajadores. Las medidas fueron festejadas por el gran capital con una inmediata suba de la Bolsa, y por una consultora internacional con la mejora de la calificación de la deuda argentina. Después de todo, el repago del gigantesco endeudamiento oficial exige un ataque en regla a las conquistas de los trabajadores, al sistema previsional, de educación y salud pública. Esta política condujo a un cambio acotado de gabinete: se le entregó a la Sociedad Rural el Ministerio de Agricultura encumbrando a su presidente como ministro; y se nombró un nuevo ministro de Salud para llevar adelante el plan de Cobertura Unica de Salud (CUS), que introduce la privatización del hospital público mediante un recorte de las prestaciones gratuitas. A la medida del gran capital Uno de los puntos más esperados por los capitalistas era la reforma impositiva. El plan anunciado por Macri reduce los impuestos que tributa el capital. Esto vale para la reducción de los aportes patronales a la Anses, pues se establecerá que las patronales no paguen hasta los primeros 10.000 pesos de cada salario. Otro beneficio directo al capital será la reducción del impuesto a las Ganancias, con sólo declarar que se reinvierten utilidades. Mediante una apretada a las provincias, el gobierno apunta a una reducción del pago de Ingresos Brutos por parte de las empresas, que buscará ser compensado con impuestazos a la vivienda y otros ajustes (despidos de estatales). Para disimular este enorme beneficio al capital el gobierno anunció impuestos a la renta financiera, que bien vistos terminarán perjudicando a los sectores medios en detrimento de los bancos y grandes especuladores. No sólo queda excluído de todo impuesto la compra de títulos públicos por parte de extranjeros y la compra y venta de acciones en la Bolsa local. Tampoco tributarán los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que manejan los bancos. En cualquier variante, la recaudación que pueda obtenerse por esta renta financiera está muy lejos de compensar lo que dejará de percibirse por la rebaja de otros impuestos. De este modo, tendremos un agravamiento del déficit fiscal y una necesidad de mayor endeudamiento. El ´gradualismo´, que el gobierno alega para justificar la toma de casi 100.000 millones de dólares de deuda en lo que va de su mandato, encubre que el endeudamiento apunta a resarcir al gran capital a costa del saqueo del Estado, ya sea a través de los subsidios que siguen embolsando mientras imponen tarifazos, o mediante la reducción de los impuestos vigentes. Disparen contra los jubilados... La reducción de los aportes patronales a la ANSES tiene como contraparte necesaria la aplicación de una reforma previsional que afectará sensiblemente las conquistas de los trabajadores y jubilados. Esta ofensiva comienza con un cambio en la composición de la llamada “movilidad”, que pasará a depender de los índices de inflación y no –como hasta ahora- de la combinación que resulta del aumento de salarios y de la recaudación impositiva. El índice armado por el kirchnerismo partía de un principio negativo, ya que descargaba la crisis sobre las espaldas de los jubilados. Fue lo que sucedió en el 2016, cuando la reducción de los salarios y la recaudación significó para los jubilados una pérdida de unos 10 puntos en sus haberes. Ahora, ante la previsión de un rebote de la economía –y de la recaudación- el índice se limita a registrar la inflación, convalidando la confiscación sufrida en el 2016. Gracias a esta modificación se le sustraerá a los jubilados 100.000 millones de pesos durante el año que viene La movilidad basada en la inflación equivale a un congelamiento de las actuales jubilaciones, el 75% de las cuales no llegan a cubrir la canasta básica del jubilado. Pero la reducción de impuestos que reclaman los capitalistas ni siquiera permitirá hacer frente a estas jubilaciones de miseria. Por eso, Macri prepara una suba de la edad jubilatoria. También ha trascendido que está en carpeta la vuelta de las AFPJs, bajo la forma de un aporte y un haber complementario para los trabajadores de mayores ingresos. ... y los trabajadores Pero el capítulo principal del paquetazo es la reforma laboral, que no tiene nada que envidiarle a la brasilera: se eliminarán horas extras para adaptar la jornada de trabajo a las necesidades estacionales de las empresas; se introduce la polifuncionalidad, permitiendo a las patronales pisotear los convenios; se reducirán las indemnizaciones habilitando -como en Brasil- a que éstas sean financiadas por los propios trabajadores; se avanza aún más en la tercerización, eliminando la responsabilidad del empleador principal; se legaliza un régimen de pasantías descalificadas, que pasarán a formar parte de los convenios colectivos como categoría ultra-flexibilizada. El gobierno presenta al abaratamiento del despido como una política favorable a la creación de empleo, omitiendo que en los 90´ la entrega de conquistas laborales no evitó -sino que posibilitó- una desocupación récord de 4 millones de personas. Oposición cómplice No sólo los empresarios dieron su conformidad a estas medidas. Los gobernadores pejotistas hicieron lo propio, asegurando los votos de sus senadores para avanzar en la aprobación de la parte de este paquetazo que requiera pasar por el Congreso. Pero la pieza fundamental llamada a garantizar el avance de esta política es la burocracia sindical, que concurrió con sus principales exponentes al cónclave macrista. Aun antes de que la reforma laboral pase por el Congreso la burocracia la está aplicando en sus respectivos gremios. Esto incluye a los sectores del kirchnerismo, como lo prueba el acuerdo flexibilizador suscripto por Atilra con la patronal lechera. La directiva de Atilra está enrolada en la Corriente Federal kirchnerista que encabeza Sergio Palazzo, de la Bancaria. Esta entregada del kirchnerismo tiene su manifestación en otros planos. No sólo la propia Alicia Kirchner estuvo presente junto a los gobernadores del PJ en la reunión con Macri. La renuncia de Gils Carbó a la Procuración General, sin la menor denuncia respecto del asedio oficial, es la expresión más acentuada de la incapacidad del kirchnerismo de levantarse como oposición al macrismo. A cambio de la entrega de la clase obrera a la ofensiva capitalista, la burocracia quiere obtener una defensa de sus propios privilegios. En ese sentido debe entenderse el cuestionamiento de Macri a los sindicatos simplemente inscriptos, que ponen en cuestión el unicato de la burocracia sindical. Que intervengan los trabajadores La premura del gobierno en lanzar este plan de guerra revela que es conciente de que su triunfo puede tener características efímeras. La amplitud de la alianza antiobrera que se ha formado muestra que el destino del gobierno depende de que pueda imponerle a los trabajadores una derrota histórica. Es necesaria, por lo tanto, una campaña de denuncia de este paquete reaccionario, reclamando en primer lugar asambleas en todos los sindicatos para que ningún convenio se pueda firmar sin la aprobación de los trabajadores. El activismo debe tomar la iniciativa de convocar plenarios en cada zona, reunir fuerzas para la pelea en los sindicatos y apoyar a los conflictos que se desarrollen. El necesario tratamiento parlamentario que requiere este paquete reaccionario y negrero planteará la necesidad de una respuesta de conjunto. Es necesario preparar desde ahora una movilización general, por medio de la agitación y la organización. Los sindicatos combativos que vienen de realizar una movilización al Ministerio de Trabajo contra la reforma laboral están llamados a tomar una nueva iniciativa, involucrando a más sectores del movimiento obrero, pero también de la juventud ante el ataque de Macri a la educación y la universidad pública, de organizaciones de jubilados y populares en general. Llamamos al Frente de Izquierda a valerse de la votación obtenida para realizar una campaña de esclarecimiento ante el conjunto de la población y sobre todo ante el sector más activo de la clase obrera y la juventud.

Al anunciar su plan de reformas junto a gobernadores, empresarios y dirigentes sindicales, el presidente Macri reclamó el “esfuerzo de las universidades para reducir entre todos el gasto público”. Macri afirmó que nuestro país tendría demasiados estudiantes, docentes y universidades en relación con la cantidad de graduados. Por eso, acto seguido, con enorme cinismo, convocó a las universidades a ajustar sus gastos, como si el problema fuera reducir la matrícula y los planteles docentes al nivel de la tasa de graduación, y no al revés. En lugar de incrementar la cantidad de graduados, el gobierno de Cambiemos quiere equiparar a la baja. Por eso su reforma educativa refuerza los exámenes filtro para limitar el ingreso, mientras se reduce la participación de las universidades en el PBI, que pasó del 0,87% en 2015 al 0,77% en 2017; y lo mismo ocurrió con las becas estudiantiles, de 62.738 en 2015 a sólo 35.285 en 2017. El Presupuesto 2018 enviado al Congreso, que Macri pretende aprobar con el aval de los gobernadores y diputados del PJ que fueron a aplaudir el discurso, contiene recortes incluso nominales en becas y programas de inclusión, áreas clave para contrarrestar la deserción. Lo mismo ocurre con los salarios docentes, el 90% del presupuesto, que viene en caída desde hace varios años y sufrirá una nueva poda. La Fuba y la Conadu Histórica realizaremos una gran manifestación en defensa de la universidad pública el próximo jueves 9 de noviembre, cuando este presupuesto se trate en el Congreso. Decir que nuestro país tiene docentes y estudiantes de más es una provocación. Sólo en la UBA, tenemos 10 mil docentes “ad honorem” que no cobran un peso por la enorme labor que desarrollan. El gobierno nacional debería asignarles un salario. En cuanto a la cantidad de estudiantes, la realidad marca que sólo el 4% de la población puede acceder a la universidad. Luego, las propias estadísticas oficiales indican que la inmensa mayoría de los graduados no consigue trabajos calificados, al nivel de la formación obtenida. Es el problema de una Argentina entregada a la destrucción del trabajo industrial, el saqueo de los recursos naturales, la exportación de materias primas y la especulación financiera. Como ocurre con todos los temas, el único punto fuerte del cual Macri puede agarrarse es el fracaso de la política anterior. En efecto, los planes educativos del kirchnerismo chocaron contra sus propios límites. La inyección de dinero en las universidades, en un cuadro de precarización laboral y pobreza generalizada de la juventud, no redundó en un crecimiento de la matrícula, mucho menos de la graduación. Una parte de la caja de las universidades se desvió a negocios espurios, como ocurrió con los convenios de la UTN con De Vido por las represas de Santa Cruz. Las autoridades universitarias que protagonizaron esos desfalcos giraron ahora al macrismo y trabajan codo a codo con el gobierno para aplicar sus reformas y planes de achique. Macri trae a colación el fracaso del kirchnerismo sólo para justificar un ataque a la universidad pública. La respuesta está en manos del movimiento estudiantil y docente. El problema del déficit fiscal hay que buscarlo en el pago de la usura financiera y los beneficios y exenciones a los grandes petroleras, mineras y otros grupos económicos, no en la universidad. Al revés de lo que dice Macri, necesitamos más universidad y no menos, y transformar nuestro país sobre nuevas bases sociales.

Orillando el 50% de los votos, el FpV reafirmó su primer lugar en la elección rionegrina. Sin embargo, a diferencia de las Paso, no logró duplicar a Cambiemos, que ocupó el segundo lugar con el 32%. La segunda bancada en juego, por ende, quedó para el oficialismo nacional. El logro de Cambiemos se da luego del pacto cerrado con Juntos Somos Río Negro (JSRN), el partido del gobernador Weretilneck. Este, luego de las Paso, bajó su lista, para que el macrismo se haga del segundo diputado nacional. El golpe electoral sufrido por JSRN en las Paso, quedando relegado al tercer lugar, no sólo provocó el recule de Weretilneck en su tentativa de instalar una planta nuclear en Sierra Grande. También motivó que el gobernador desplazara a la mayor parte de los integrantes del gabinete provincial. Acentuó, finalmente, la sumisión de Weretilneck al gobierno macrista, como se acaba de corroborar con sus declaraciones de “conformidad” ante los anuncios de Macri en el CCK, a pesar de las exigencias de un mayor ajuste fiscal en las provincias. La centroizquierda, de la mano de Magdalena Odarda, no logró avanzar después de las Paso, fue uno de los partidos que más retrocedió, rondando los dos puntos. Su perfil progre-ambientalista no le alcanzó para traer parte de los votos de JSRN en disputa. La CC-ARI no se terminó de despegar de Cambiemos, dejando abierta una posible integración en el futuro al oficialismo nacional, como en el resto del país. Un retroceso en los mismos términos sufrió el Partido Socialista rionegrino que, en estas elecciones, podría haber dado su canto del cisne. El Frente de Izquierda ha logrado sostener el electorado y mantenerse como cuarta fuerza en la provincia, obteniendo el 3,8% de los votos. La tarea del Partido Obrero en el FIT es seguir respaldando todas las luchas en curso, y avanzar en la construcción de una alternativa política propia de los trabajadores. El FpV/PJ ya ha demostrado en el Congreso, durante estos dos años de macrismo, qué intereses prefiere defender: las medidas antiobreras han logrado avanzar gracias a su respaldo. El ajuste en curso, que tenderá a profundizarse con el llamado de Macri a los gobernadores y sindicatos a apoyar las reformas previsional y laboral, no va a tener otro freno que no sea la organización de los trabajadores con la izquierda.

El desarrollo del Operativo Enseñar, mecanismo de evaluación muestral impulsado por el gobierno en los terciarios, estuvo marcado por una fuerte resistencia de docentes y estudiantes en todo el país. La prueba, extensiva a los estudiantes de 4° año que cursan actualmente las carreras terciarias de Primaria y Secundaria en 9 distritos, es denunciada como un ataque a la educación pública. “Tanto la aplicación como los resultados serán utilizados para introducir mayor diferenciación al interior del sistema educativo –elaborando rankings y cerrando institutos de acuerdo a las calificaciones– y, con resultados manipulados, se ensayará avanzar en las pruebas de egreso del profesorado e ingreso a la carrera docente, modificando así el régimen laboral de los educadores”, denunció Amanda Martín, secretaria adjunta de Ademys. “Es, junto al ‘Operativo Aprender’, que se hará por segunda vez el 7 de noviembre próximo, otra punta del iceberg para racionalizar (ajustar) la educación pública”, puntualizó Daniel Sierra, dirigente de la agrupación Tribuna Docente. Hubo tomas de establecimientos, clases públicas y, en muchos lugares, los alumnos entregaron las pruebas en blanco como un modo de protesta. Esto último ocurrió en lugares como el ISFD 82, Lenguas Vivas y el Alicia Moreau de Justo, así como el Normal 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 11 de la Capital Federal. Asambleas del profesorado de la Escuela Normal Superior N° 5 votaron una toma. En el Instituto 11 de Lanús hubo una sentada. En el Instituto 140 de General Pacheco, el 75% de alumnos no entraron a clases. También hubo actividades de rechazo en el Instituto 55 de Escobar. Neuquén fue otra plaza fuerte del rechazo docente-estudiantil. En el IFD 5 de Plottier, y los IFD 6 y 12 de Neuquén se realizaron clases públicas. En los IFD 1 y IFD 14 de Cutral Co tampoco se pudo llevar adelante el operativo. En el 1 de esa misma localidad se hicieron talleres y exposiciones. En Rosario el rechazo fue total y fue realizado al margen de la dirección de Ctera que no promovió reacción alguna. En los distritos dirigidos por los Sutebas combativos (Ensenada, Escobar, Tigre, Matanza, entre otros), en cambio, se impulsó un cuadro de movilización. La educación pública está en el ojo de la tormenta. En el reciente coloquio empresario de Idea, el empresario Paolo Rocca (Techint) llamó a modificar el estatuto del docente. Pero no sólo se trata de un ataque a las condiciones laborales de la docencia, sino también de la transformación de los estudiantes en mano de obra barata por medio del relanzamiento de las pasantías, como intenta ahora en la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta con la “secundaria del futuro”. Y de la descalificación por medio del reemplazo de docentes por “facilitadores educativos”. A esto se suman las consideraciones críticas sobre la universidad esbozadas por Macri esta semana. Contra estos ataques, la unidad docente-estudiantil y la organización independiente de los partidos del ajuste se vuelve central.

Dos grandes conclusiones saltan a la vista luego de las elecciones generales de Mendoza: por un lado la importante victoria de Cambiemos y el derrumbe, ahora electoral, del peronismo. La lista del gobernador Alfredo Cornejo logró contener al electorado de la lista opositora en las PASO y sumar algunos puntos más, llegando a los porcentajes con los cuales se consagró gobernador. Pasó del 39% al 45%. El electorado avaló con su voto una política de ajuste y ataque a las conquistas laborales y sociales. La población aceptó “hacer un esfuerzo” en pos de promesas de mejoras económicas. Esto no puede ser entendido de otra forma en Mendoza, que fue prueba piloto de las políticas macristas. Cornejo ha ido lejos en ataques a las libertades democráticas y a las condiciones de vida de la población trabajadora, mientras multiplicaba los beneficios al capital. Por otro lado el resultado del 22 constituye un nuevo capítulo en el proceso de disgregación y retroceso del peronismo. La lista unificada retrocede al 25% de los votos, 8 puntos porcentuales menos que en las PASO y 16 puntos menos en relación a 2015. Aunque la pérdida de votos es generalizada, es superior en los sectores donde el kirchnerismo había ganado. En su gran mayoría, esos electores optaron por la ONG Protectora, que iba con el sello del PI. En las PASO, la lista camporista desplegó una campaña marcada por la demagogia de tono opositor y de confrontación con el peronismo tradicional, el cual jugó un rol abiertamente colaboracionista con la política de ajuste. En las generales la lista unificada fue acaudillada por el presidente del PJ, Emir Félix que cuenta entre sus antecedentes con haber trasformado San Rafael en un protectorado de sectas católicas derechistas y haber rechazado el matrimonio igualitario. Félix fue director de YPF cuando se entregó Vaca Muerta a Chevrón y durante cuatro años de diputado nacional sólo pronunció 608 palabras. Al concurrir con éste a las PASO, la Cámpora se subordinó al pejotismo más rancio, dejando huérfanas las aspiraciones de su base social respecto de luchar contra el gobierno ajustador. El PO en el FIT fue señalando sistemáticamente estos límites mediante una delimitación programática en relación a la derecha gobernante. ¿Sorpresa? La deserción de los votos camporistas y kirchneristas después de las PASO no se canalizó hacia el FIT sino principalmente a la ONG “Protectora”. Con el sello del PI, esta ONG logró pegar un salto del 7,4% en las PASO al 17% de los votos en la general. Así, conquistó un diputado nacional, una bancada de 3 senadores y 3 diputados, y una decena de concejales. José Ramón, el caudillo de “Protectora” es lo que Durán Barba define como el candidato ideal, histriónico y sin referencia política pasada, un político anti política. Su campaña fue una variante light de Cambiemos. Desarrolló un ataque sistemático al FIT en defensa del “libre mercado” y cosechó la simpatía de un sector de las clases acomodadas, que contaron con una oposición en el mismo campo social que el gobierno provincial. Las contradicciones de su campaña apuntaron a contener a tendencias contradictorias en el seno de la lista, compuesta por kirchneristas, centroizquierdistas, radicales díscolos, demócratas y otros. Su “nuevo bloque parlamentario” carece de un programa y una estrategia política definidos. La izquierda El resultado electoral marcó la justeza de listas unificadas para enfrentar las fuerzas de la patronal, también para defender posiciones conquistadas, que en su mayoría ingresaron por un margen estrechísimo. Este acierto fue clave para defender una elección de más de dos dígitos, lo cual constituye una fortaleza relativa si se tiene en cuenta el bloqueo mediático y las campañas de desprestigio contra la izquierda. El resultado electoral es similar a 2015 y 3 puntos inferior al de 2013, pero la composición de los votantes del FIT se modificó notablemente. Perdimos una porción del electorado de la pequeña burguesía y pegamos un salto en las barriadas obreras, con registros de hasta el 30% en escuelas de Ciudad, Guaymallén o el sur de Luján, donde el FIT queda primero. El voto del FIT se concentró en los sectores más postergados de la clase obrera y la juventud. La campaña en estos lugares fue vigorosa y contó con decenas de recorridas, que en muchos casos terminaron con improvisadas asambleas en plazas, casas o corralones municipales. Ello marca una evolución política de los explotados, que referencian la salida a sus demandas en el FIT. Al interior del FIT, sin embargo, la campaña evidenció dos orientaciones divergentes. Por el lado del PTS, una campaña de adaptación al régimen democrático burgués, con planteos de “redistribución de la riqueza” como bandera. Por el otro, el PO desarrolló los planteos de carácter transicional y estableció una preparación programática para una lucha contra la clase capitalista y su Estado. La elección debe dejarle al Frente de Izquierda fuertes conclusiones políticas: la explosión electoral de 2013 mostró los límites de un desarrollo político que, si no profundiza sus raíces en el movimiento de la clase obrera y los explotados, puede ser fácilmente desafiado por los advenedizos de la pequeño burguesía o el centroizquierda. El próximo período estará signado por contradicciones explosivas que derivan del endeudamiento gigantesco de la provincia, por un lado, y, por el otro, los ataques que prepara Cornejo contra los trabajadores, para garantizar el pago de esa hipoteca. La votación alcanzada puede ser un punto de apoyo para desarrollar una vasta acción de organización y reagrupamiento en los sindicatos y todas las organizaciones de masas, para combinar a la lucha contra el ajuste con el desarrollo de una alternativa política. Esa será la política del Partido Obrero.

El 23 de noviembre, en la Facultad de Filosofía y Letras, los estudiantes de la UJS, los docentes de la Agrupación Naranja y los trabajadores no docentes de la Bordó convocamos a un Foro por la Democratización. La iniciativa apunta a preparar una respuesta del movimiento universitario de cara a la Asamblea Universitaria y frente a la nueva ofensiva que anunció el gobierno contra la universidad. Los dos problemas están íntimamente ligados. Es que el ajuste macrista encuentra en el régimen arcaico de la universidad su correa de transmisión. Cuando Macri dice que las universidades se tienen que comprometer con la reducción del déficit, le está diciendo a los rectores-CEOs que amplíen la oferta de posgrados y los convenios con empresas, cosa que estos hacen de buen grado. La tesis de que la UBA iba a resistir a Macri en unidad con los decanos se hundió el 12 de mayo de 2016. Para derrotar la ofensiva antieducativa es necesario desplazar a las autoridades socias del ajuste y dotar a la universidad de una nueva dirección ligada a la lucha de los trabajadores. En esto consiste la actualidad de la lucha por la democratización. Las dos caras de la UBA Alberto Barbieri, que agrupa tanto a los decanos de la UCR-Franja Morada como a los que figuran en el PJ, cuenta para su reelección con los votos de la enorme mayoría de la Asamblea Universitaria. La realidad de la UBA, sin embargo, está lejos de estar representada en esta asamblea, conformada según el estatuto retrógrado de 1958. La masa de docentes que garantiza día a día el acto educativo, que padece el trabajo ad honorem y el incumplimiento de su convenio colectivo, y que ha sido el motor de la primera rebelión educativa contra Macri, carece de expresión propia en la asamblea. Los estudiantes, la razón de ser de la universidad y quienes históricamente se han movilizado de forma más activa para defenderla, eligen menos del 25% de los asambleístas. Y los trabajadores no docentes, que han jugado un papel central en la defensa de la Obra Social de la Universidad (Dosuba), no tienen para la UBA el status de ciudadanos. La ponderación del voto por “mérito” es el argumento que las autoridades esgrimen para defender este régimen, en el cual el voto de un profesor vale 200 veces más que el de un estudiante, y el de un docente auxiliar o un no docente directamente no valen nada. Este latiguillo, que esgrimen por igual los macristas de Económicas y los “progres” de Exactas, oculta primero la manipulación de los concursos y segundo que la dirección de la universidad es un asunto netamente político. Con la supuesta “meritocracia” se pretende encubrir la contraposición de intereses entre las camarillas de profesores que lucran con la privatización educativa y la masa de estudiantes y trabajadores que padecen la asfixia presupuestaria. El voto mayoritario a Barbieri en la Asamblea Universitaria no expresa la voluntad de la mayoría de docentes, no docentes y estudiantes de la UBA, ya que contrasta con el triunfazo de Unidad Docente en la AGD-UBA, el voto a la izquierda en los Centros de Estudiantes y la recuperación de comisiones internas por los trabajadores no docentes antiburocráticos. Desplazamientos El regreso del actual secretario de Hacienda, Emiliano Yacobitti, a Económicas expresa un reacomodamiento de la camarilla radical que armó la candidatura de Lousteau con el manejo de la caja de la UBA. De esta forma, la reelección de Barbieri asume la forma de un alineamiento directo del Rectorado con el gobierno de Macri. El kirchnerismo llega a la Asamblea Universitaria en un cuadro agudo de disolución. Del viejo “bloque progre” sólo quedan los decanos de Filo y Exactas, que ni siquiera reúnen los votos para consagrar un consejero superior por la minoría de profesores. Sus pibes, La Cámpora y La Mella, también se quedarían afuera. La enorme mayoría de quienes se alistaban en el “Proyecto Nacional” van a votar a Barbieri, él mismo un ex FpV. El balance en este punto es terminante, cualquier expectativa de democratización de la universidad de la mano de los decanos K quedó enterrada por los hechos. El kirchnerismo rescató desde el gobierno a las viejas camarillas radicales garantizando la elección de Hallú en 2006 y 2009 y allanando el camino para el triunfo de Barbieri-Yacobitti. Jamás ofreció un rumbo para la universidad distinto al fijado por la LES y el Banco Mundial, difícilmente podría hacerlo ahora. 1918-2018: quiebre y continuidad El “cogobierno” universitario no es el resultado de la Reforma del ’18, sino su negación; negación que empezó en 1922 con la intervención del gobierno radical de Alvear y que se profundizó con Perón y con las dictaduras militares. El estatuto actual de la UBA tiene su origen en un decreto de la “revolución libertadora” de 1956. Quienes hoy se autoproclaman como “reformistas” defienden el mismo régimen contra el que se sublevaron los reformistas hace 100 años (“el derecho divino del profesorado universitario” - Manifiesto Liminar). Pero mientras la forma del régimen universitario nos retrotrae a 1918, su contenido es otro. Las camarillas profesorales de hoy son la expresión de los grupos empresarios que buscan convertir la universidad en su oficina de recursos humanos. Esta conversión es el eje de la reforma educativa del macrismo. El rechazo que despertaron los anuncios de Macri en la comunidad universitaria muestra que hay reservas de lucha. La convocatoria de Conadu Histórica a movilizarnos al Congreso el 9 de noviembre contra el presupuesto de ajuste será una primera medición de fuerzas. El Foro por la Democratización nos da la oportunidad de darle a la lucha que se va a desarrollar una proyección más amplia. A la comunidad de intereses entre el gobierno y las camarillas universitarias le oponemos la de estudiantes y docentes con el conjunto de los trabajadores, por una reorganización de la universidad y de toda la sociedad sobre nuevas bases.

El plan anunciado por Mauricio Macri de Cobertura Universal de Salud (CUS) avanza en el proceso de privatización de la salud pública que supondrá, entre otras cosas, el pago de prestaciones en los hospitales que hasta ahora son gratuitas. Y se orienta al vaciamiento, o directamente al cierre, de centros sanitarios y de distintos programas sociales. La población que vaya a atenderse en el hospital público sólo va a acceder de manera gratuita a una cantidad básica de prestaciones cubiertas por el Estado, hasta llegar a un determinado límite de gastos. Más allá de ese límite, el costo de la atención correrá por cuenta del paciente. Al mismo tiempo, la CUS acentúa la regimentación de los trabajadores, incorporando el concepto de trabajo por “producción” sobre la cual se califica a los centros de salud, promoviendo el cierre del centro que no “rinda”. La pretensión de organizar el pago por atención de parte de las obras sociales a la salud pública golpea a dos bandas: avanza en la destrucción de las obras sociales, ya cuestionadas por las corruptelas y negociados privados impulsados por las burocracias sindicales, al mismo tiempo que elimina la garantía de la salud pública universal para cualquier paciente. La CUS viene a cristalizar el proceso de privatización de la salud pública de décadas impulsado desde organismos internacionales como el Banco Mundial y que se materializó a través de diferentes planes como el Nacer o el Sumar, que incorporan el concepto de facturación en el hospital público. Viene a privatizar la atención mediante la autogestión de los hospitales (modelo instalado en muchos hospitales durante el kirchnerismo) y aumentando la inserción del capital privado en la gestión pública. Los hospitales se transformarán en meros prestadores de determinadas obras sociales, priorizando la facturación por sobre la atención universal. Por lo tanto, titular a este plan privatista como Cobertura Universal de Salud, constituye un fraude. Una mención especial merece la postura de la burocracia sindical. Es que se van a usar para la CUS ocho mil millones de pesos que aporta la CGT, un dinero que es de los trabajadores. Así, los afiliados van a tener peores obras sociales y se van a tener que pagar prestaciones que hasta ahora estaban cubiertas. El gobierno les bajará los costos a las obras sociales al limitar las prestaciones obligatorias, lo que va a suponer que el costo de las mismas va a recaer sobre los bolsillos de los trabajadores. Una atención primaria destruida La mayoría de las Unidades Sanitarias de los barrios más carenciados de la provincia funcionan como postas sanitarias sin especialistas ni guardias. El aumento alarmante de casos de sífilis en adultos y recién nacidos, la presencia de embarazos sin control de salud y embarazos no deseados, la incidencia de adicciones a drogas y alcohol en embarazadas, niños y adolescentes, y la contaminacion ambiental, son sólo algunas muestras del fracaso de la atención primaria y de los programas de promoción y prevención de la salud. La combinación de estos problemas con el hacinamiento y las condiciones de vida en nuestros barrios más humildes, las inundaciones y la contaminación ambiental, hacen de la salud de la población un cóctel explosivo. Así se perpetúa la enfermedad La crisis de la salud pública tiene en su centro los paupérrimos salarios de sus trabajadores y un presupuesto de miseria. Los baches de personal se pretenden tapar explotando a los residentes que se están formando, y precarizando en forma de becas y contratos a más de 1.500 profesionales en toda la provincia. Otro tanto pasa con los compañeros no profesionales. Esto decanta en una atención deficiente, mientras la demanda crece al ritmo de la crisis económica. Una salud pública orientada en beneficio de la clase obrera y el pueblo sólo será posible con la lucha y la organización independiente de los trabajadores, hacia un sistema único, estatal, gratuito y de calidad. La salud y el bienestar de la población sólo será obra de un gobierno de trabajadores.

Las elecciones de Catamarca estuvieron monopolizadas por dos alternativas ajustadoras que apoyan resueltamente las políticas macristas que están en curso. Una de esas alternativas, el Frente Justicialista para la Victoria, fue impulsada por la gobernadora Lucía Corpacci en alianza con el intendente de la capital Raúl Jalil y el gastronómico Luis Barrionuevo. La otra alternativa macrista estuvo representada por el Frente Cívico y Social Cambiemos. En las Paso, el FJV le había sacado más de 10 puntos de ventaja al FCS. La onda macrista que determinó el triunfo de Cambiemos en los principales distritos del país, también llegó a Catamarca, y ello le permitió al FCS Cambiemos achicar la diferencia a menos de cuatro puntos y ganar en la capital, un bastión del PJ. En tercer lugar se posicionó el Frente Unidad Ciudadana con un 6%, ingresando a la Cámara de Diputados con un ex intendente de Tinogasta, pueblo minero, que durante su gestión no dudó en convalidar la represión a los luchadores que se oponían al saqueo y la contaminación de los pulpos mineros. El cuarto lugar correspondió al PO con el 4%. Fue el tema destacado en todos los medios, incluso en las editoriales de los medios principales. Al principio, la información era que el PO ingresaba a la Cámara de Diputados, luego que le faltaban 67 votos, pero merecía ingresar. Pero, finalmente, el escrutinio definitivo terminó confirmando que por esa escasa cantidad de votos el PO se veía privado de conquistar una banca para la izquierda revolucionaria, por primera vez en la historia provincial. El PO realizó una campaña vinculada a los reclamos de los trabajadores y a las luchas populares. Fue el impulsor y organizador de las movilizaciones en la relación al caso Santiago Maldonado. La visita de Jorge Altamira fue cubierta por todos los medios de la provincia y fue un punto destacado para darle el impulso final a la campaña. Con Altamira se realizó una charla con salón completo en la universidad sobre la vigencia de la Revolución de Octubre. Otro hito de la campaña fue el único debate televisado, el de los candidatos a concejales de la capital donde, desde diferentes medios, destacaron las intervenciones de los candidatos del PO. Durante la campaña hicimos denuncias de fondo de la política macrista y de la complicidad del gobierno de Lucía Corpacci con esa política antiobrera y antinacional. Fuimos los únicos que denunciamos la situación de la megaminería y la partida de Alumbrera, donde se pretende que el costo del cierre de la mina y todo el daño ambiental sea pagado por Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad) -o sea por el Estado. Nuestras denuncias calaron en un sector de la población de Andalgalá, donde obtuvimos muy buenos números que nos posicionan como tercera fuerza. Fuimos también los que agitamos los reclamos más sentidos de las mujeres y la comunidad LGBTI, por el derecho al aborto y el cupo laboral trans. Nuestras denuncias sobre las condiciones de precarización laboral en el municipio de la capital lograron que un sector de Obras Públicas llamara a votar masivamente al PO. Todo ello explica este importante resultado político que tomamos como un mandato para avanzar en la organización del activismo y a los sectores más conscientes de la clase obrera de la provincia para hacerle frente al ajuste que está en curso y en contra de la impunidad. El Partido Obrero es la referencia política de los luchadores en Catamarca.

Del martes 7 al sábado 11 de noviembre de 2017 se desarrollarán las Jornadas sobre la vigencia de la Revolución de Octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA – Santiago del Estero 1029, Capital. Defender, cien años después, la Revolución Rusa es una tarea apasionante. En primer lugar, por su actualidad. La Revolución de Octubre se desenvolvió en el mismo período histórico que hoy, sacudido por las convulsiones de un capitalismo decadente que coloca a la humanidad en un escenario de crisis, guerras y barbarie. Lo ha planteado el más reconocido semanario del capital financiero internacional, The Economist: “las similitudes del mundo que produjo la Revolución Rusa son demasiado grandes como para sentirse cómodos”. El debate sobre la Revolución de Octubre permite abordar el marco histórico –la Gran Guerra-, las peculiaridades del “eslabón débil” que fue Rusia, los problemas que afrontó el bolcheviquismo y pavimentaron su camino al poder, el fracaso de la revolución europea y alemana. Se ha hecho escaso hincapié en las realizaciones de la primera revolución obrera triunfante. Pocos difunden que en sus primeros cien días de gestión el gobierno de los soviets encabezado por Vladimir Lenin y León Trotsky repartió la tierra, resolvió la paz sin anexiones, terminó con la opresión de las nacionalidades, eliminó las principales supervivencias del régimen de servidumbre ¡¡¡fue el primer gobierno en la faz de la tierra que proclamó la igualdad plena de la mujer, el derecho al aborto, el fin de la discriminación de género!!!. Pocos se han detenido, además en la inmensa repercusión en todo el mundo de una lucha de alcance universal: el paso al poder de un gobierno de trabajadores que se propuso como capítulo inicial de una transición hacia una sociedad sin clases. En las mesas, exposiciones y debates se expondrá una variada y amplia mirada sobre los distintos temas y reflexiones que dispara este hecho histórico. Esto surge tanto de los aportes que surgen de las más recientes investigaciones históricas a partir de la apertura de nuevos archivos en la ex URSS como una mirada militante y diversa que pretende asumir políticamente el legado de la primera revolución obrera triunfante. Los más de cincuenta panelistas están en el programa que va a leerse y sobre su trayectoria y méritos no es necesario abundar aquí. Llamamos al conjunto de compañeras y compañeros que nos han acompañado, del PO y del Frente de Izquierda, a participar y darle vida a este Seminario. La actividad es organizada por la revista En Defensa del Marxismo y tiene el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Terminadas las elecciones del domingo 22 con el triunfo macrista, en tiempo ‘express’ fue convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 24 y una Sesión Especial para el miércoles 25. Con un único punto: votar el desafuero del diputado del FPV y ex superministro del gobierno K, Julio De Vido. Por su legajo, De Vido debía estar preso hace tiempo. Antes, cuando actuaba de superministro ‘recaudador’ bajo el gobierno de CFK, era protegido por el poder judicial, que garantizaba su impunidad. De Vido distribuía la obra pública y cobraba suculentas ‘comisiones’ como sobreprecios del Estado a la “patria contrista y constructora”. Ahora, son esos mismos jueces, los que lo incriminan. Es la evidencia más clara de que el poder judicial es dependiente directo de los gobiernos de turno y de la clase capitalista. Una de las causas incrimina a De Vido en sobreprecios y desvío de fondos en las importaciones de gas, a razón de 1.000 millones de dólares por año (7.000 millones desde 2008 hasta 2015) ¡Y está incriminado en 32 causas por malversación de fondos públicos! La sesión del miércoles El FpV y el bloque del Movimiento Evita decidieron no dar batalla en contra: no les daba la cara para bajar al recinto a defender a De Vido. La disciplina del FpV se rompió: 5 de sus miembros -al igual que otros aliados- participaron de la sesión y votaron el desafuero, que se terminó aprobando por 176 votos a favor y ninguno en contra. Toda esta sesión, a nadie escapa, es parte de la campaña política de preparación del lanzamiento de las reformas reaccionarias que pretende introducir el gobierno en materia laboral, previsional, educativa e impositiva. Salvo los diputados del FIT, que votaron a favor del desafuero de De Vido sin dejar de denunciar su utilización maniobrera por parte del macrismo, todos los bloques abrieron cuotas de “esperanza” para que la corrupción se acabe bajo esta nueva etapa del gobierno. El derechismo campeó en el recinto, al punto que el diputado fascistoide Alfredo Olmedo, de Salta, aprovechó para plantear que había que terminar con las mentiras en el caso de Santiago Maldonado y condecorar al gendarme que se presentó con una herida de pedrada en el rostro. De la misma manera que el kirchnerismo usó la bandera de los derechos humanos para hacer pasar sus políticas de pago de la deuda externa, llenar de subsidios a las empresas privatizadas en bancarrota y otras medidas de rescate del capital en crisis, el macrismo se propone ahora, con la bandera de la lucha contra la corrupción, lanzar su frente de ajuste contra los trabajadores y el pueblo explotado. El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, dijo en el cierre que Argentina se incorpora a una “tendencia continental” en la lucha contra corrupción –una bandera que es utilizada en toda Latinoamérica para llevar adelante el ajuste a fondo al pueblo trabajador, como en Brasil. Maniobra política La izquierda tuvo una respuesta política. Pablo López señaló que era un intento de poner un ‘punto final’ a las investigaciones sobre la corrupción, para que no salpiquen al presidente Macri y a su gabinete de CEOs (Arangurende Shell, Dietrich, en transporte, etc.). López denunció la “maniobra política” del macrismo y los representantes de otras fuerzas burguesas presentes en el recinto: “No les interesa el combate contra la corrupción. Haciendo leña del árbol caído –por De Vido– pretenden dejar en pie a todo el régimen empresarial que se benefició y beneficia con la corrupción: la patria contratista, la Cámara Argentina de la Construcción, los Odebrecht, Electroingeniería, las empresas de la familia del presidente, etc.”; y que se busca “mantener la corrupción de este gobierno, que ha permitido el blanqueo de capitales a la familia del presidente, que lo ha querido eximir de la deuda que tiene con el Correo Argentino, entre tantos otros casos”. López afirmó que “quieren apoyarse en una supuesta lucha contra la corrupción para justificar el brutal ajuste que anunció el lunes el presidente Macri, con la reforma laboral flexibilizadora y la elevación de la edad jubilatoria” pedida en el reciente coloquio de Idea. López concluyó: “Los trabajadores necesitan construir una alternativa política propia, y en eso están empeñados el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Esa es la lucha que vamos a encarar enfrentando el ajuste y la corrupción, y luchando por un gobierno de los trabajadores”.

Dialogamos con Paula Retambay, primera candidata del Frente de Izquierda a senadora nacional por Jujuy en las recientes elecciones y referente del Partido Obrero de Ledesma (Libertador General San Martín). Allí, el FIT obtuvo 19,3% en las elecciones a concejal y se consagró como primera fuerza en esa categoría, por arriba de la UCR y de Unidad Ciudadana –luego de derrotar un intento de fraude del radicalismo que gobierna el distrito. Paula tiene 38 años, es docente de secundaria y milita en el PO desde hace más de una década. –¿Cuál es tu primera apreciación de los resultados? –Estamos muy contentos. Se trata de una elección histórica: por primera vez en nuestra ciudad van a ingresar ediles de izquierda y socialistas al Concejo: de los cuatro parlamentarios que se eligen, dos son del FIT, los compañeros Miguel López y Luis Guerra. Estamos en la región industrial más grande de la provincia, por tener al ingenio azucarero más grande del país y de Latinoamérica [el Ingenio Ledesma], donde los trabajadores nos enfrentamos a la patronal de Blaquier, una de las más fuertes del país. Esta patronal negrera y genocida construyó su poder y sus ganancias sobre la base de la explotación de las comunidades originarias de la zona, fue cómplice de la última dictadura militar, es el sector que más se benefició con la política económica del kirchnerismo antes, y con la de Macri ahora. “El pulpo”, como le dicen acá sus obreros, hizo ganancias récords en 2016, mientras se niega a pagar un salario digno a los trabajadores que dejan su vida en la fábrica. Por eso destacamos que el Frente de Izquierda le ganó al oficialismo local, que vino apoyando incondicionalmente a la patronal, en la misma orientación con la que actúa el gobierno provincial de Morales: reprimiendo a los trabajadores, persiguiendo a las organizaciones sindicales, tomando represalias contra los que hacen paro. Por eso festejamos esta victoria y nos llena de orgullo, porque es el reconocimiento a una intervención clara y comprometida en la lucha de los trabajadores azucareros. –¿Cómo fue ese vínculo con la lucha en el Ingenio Ledesma? –Los obreros vienen de llevar adelante una histórica huelga de 20 días. El Partido Obrero en el FIT se jugó todo por esa lucha: apoyamos a los compañeros en las permanencias en las puertas de fábrica, los acompañamos en la ruta, en el corte, también estuvimos presentes cuando Morales los reprimió. Diseñamos y sugerimos un esquema para desarrollar la lucha, e invitamos a nuestros compañeros diputados de Salta para discutir cómo continuar con el conflicto, porque entendíamos que si ganaban los compañeros, ganábamos todos los trabajadores jujeños. –¿Cómo fue el intento de fraude y la lucha para derrotarlo? –Luego de la elección y hasta el viernes siguiente, el FIT era la primera fuerza, algo reconocido por el propio intendente y por la UCR. Pero el viernes apareció la noticia de que el radicalismo supuestamente nos ganaba por dos votos en las dos mesas que había faltado escrutar, donde aparecíamos con cero votos. Hubo un repudio generalizado en el pueblo, por las redes, por los medios. Desde el PO apostamos a la movilización popular y a no restringir el reclamo a las cuestiones judiciales. El día lunes se hizo una movilización convocada por el FIT, a la que vinieron muchos trabajadores azucareros, docentes, la juventud, y referentes del FIT. Una movilización muy importante, de casi mil personas, en una ciudad en donde la izquierda antes era muy marginal, y pese a que se hizo una campaña desde el poder buscando atemorizar. Luego de la movilización se abrieron esas mesas donde supuestamente había 0 votos, y los votos en total coincidían con nuestro listado y el de los fiscales de otras fuerzas. –¿Cómo se plasmó en Libertador el planteo del FIT “en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud”? – En las calles hemos sentido durante toda la campaña la simpatía hacia el Frente de Izquierda, ya que se trata de la única alternativa política real de los trabajadores y el voto al FIT efectivamente ha sido el de los obreros, de los docentes, de las mujeres y de la juventud. Se vio con las mujeres que viajaron con nosotras al Chaco para participar del Encuentro Nacional de Mujeres y defenderlo como un espacio independiente del gobierno, las patronales y la Iglesia; las enormes luchadoras de la Comisión de mujeres azucareras; la juventud que se organiza para enfrentar la reforma educativa que se viene: todos ellos fueron nuestros votantes y muchos de ellos, incluso, los encargados de garantizar que en todos los cuartos oscuros se encontrara el voto del FIT a través de la fiscalización. -Nos contabas de un particular impacto en el ámbito docente -Mis colegas, los docentes de Libertador, manifestaron su apoyo y estuvieron pendientes durante toda la jornada del proceso electoral. Se trata de algo muy excepcional, porque acá los docentes venían de votar a Cambiemos enojados con el kirchnerismo, y ahora dieron su voto al FIT. A la vez, hay que destacar otro aspecto. Acá en Ledesma, hay muchos docentes descontentos con las dirigencias sindicales, que son muy carneras. Habitualmente la reacción a eso era desafiliarse, desligarse del sindicato. Sin embargo, a partir de la gran elección del Frente de Izquierda, hay todo un sector de la docencia se está empezando a plantear la necesidad de armar agrupaciones combativas. Es un fenómeno muy interesante. –¿Cuál es el mensaje que dejás luego de la elección? –Lo que queremos señalar como Partido Obrero es que el Frente de Izquierda es una herramienta política para los trabajadores, es una herramienta de organización, pero sobre todo es una herramienta de lucha. Tenemos que desarrollarlo con fuerza aquí en Ledesma, para enfrentar el ajuste que ya llegó y que se agudizará luego del proceso electoral. Las bancas del FIT no tendrán razón de ser si no armamos una agenda popular que refleje nuestras demandas, como la defensa de los puestos de trabajo, la lucha por un salario digno, el pase a planta de los compañeros precarizados, la lucha contra la violencia de género, la lucha estudiantil y docente contra la reforma educativa. Estas demandas serán planteadas en los distintos recintos, y la agenda de los trabajadores estará en los concejos donde arrancamos bancas y en la legislatura provincial, pero tendrá que ser acompañada de la movilización popular, porque sólo en las calles los que vivimos de nuestro trabajo conseguiremos los derechos pendientes. Estamos contentos y orgullosos: desarrollemos el FIT para organizarnos y luchar contra todos los atropellos que nuestra clase sufre día a día. Decimos "¡Basta de explotación!. Vivan las bancadas obreras y socialistas, vivan los trabajadores que se organizan para luchar por su agenda."