Prensa Obrera N° 1479

Los 445 mil votos a senador y los 492 mil a diputados para el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires constituyen un salto del 40% respecto de las Paso en ambas categorías. Es la mayor elección que hayamos tenido en la provincia. Sacamos a senador, un cargo no expectable, 44 mil votos más que a diputados en la elección anterior de 2015 y 90 mil votos más que en la categoría Presidente de aquella elección. Quedamos a centésimas del PJ de Florencio Randazzo, 4,75% contra 5,31% en senadores y superamos su lista en diputados con 5,33% a 5,21%. Nuestra elección se aprecia en su dimensión política si tenemos en cuenta el vasto operativo de polarización de la maquinaria oficial y el kirchnerismo, uno con la gobernación, el otro con 50 intendencias. Hubo tres fuerzas que aumentaron el caudal respecto de agosto: Cambiemos, Unidad Ciudadana y el FIT. El gobierno se alzó con una victoria clara a partir del apoyo macizo de toda la clase capitalista. Explotó a fondo el desfile de De Vido y compañía por los tribunales y repartió profusamente dinero en obra pública y en créditos con destino de vivienda en los distritos más difíciles. Lo primero, con deuda, y lo segundo, transfiriendo el riesgo inflacionario y cambiario a las familias. Pero, por sobre todo, explotando una crisis del peronismo bonaerense que, simplemente, se ha agravado. El PJ fue un desquicio, cruzado por cortes de boleta que llegaron a los más reputados kirchneristas como los intendentes de Avellaneda y Berazategui y al núcleo íntimo de Massa en Tigre y San Fernando. Cristina emerge con votos, pero por abajo tiene a los barones que mirarán la caja y los vientos nacionales de un PJ que es socio estratégico del conjunto de la burguesía. Será rehén de su propia estrategia de peronización o condenada a un nuevo “frepasito”. Si apreciamos su despegue del chavismo en plena campaña, apunta a lo primero. Claro que Macri, con su inmediato llamado a un pacto de unidad nacional, la pondrá a prueba de entrada. Otro capítulo de la crisis del peronismo es el Evita, que no pudo traducir en votos los enormes dineros asistenciales que recibe y sus devoluciones. como el quórum a la ley de ART. La elección del Frente de Izquierda Primer dato de la elección, una homogeneidad en el voto que implica la adhesión a una perspectiva política de conjunto. Las especulaciones y maniobras sobre cortes de boletas con Cristina Kirchner (ver nota aparte), fueron desmentidas por el resultado. El voto es también relativamente homogéneo en punto a la enorme extensión de la provincia, lo que ha permitido consagrar a Romina Del Plá como diputada nacional junto a Nicolás Del Caño. Pasamos la Paso con listas locales en 85 distritos (el PO en casi todos ellos y liderando las listas en 56). En el conurbano y las grandes concentraciones la elección superó el promedio, con un pico del 6,93% en Vicente López. Con el dato destacado de que Guillermo Kane, consagrado legislador por la Tercera Sección (fue diputado rotativo en el mandato 2013), le gana al "Chino" Navarro, que de ese modo queda afuera de la legislatura. Se trata de una victoria en una sección electoral con enorme concentración de la clase obrera. En general, le ganamos el conurbano a la lista de Randazzo, que obtiene trabajosamente el cuarto lugar a Senador con focos de influencia como la Intendencia de Bolívar, donde obtuvo casi el 20%.Esta victoria contra el aparato del PJ en grandes distritos obreros resalta la elección del FIT. Obtuvimos fuertes elecciones en otros centros urbanos como Bahía (6,36%), La Plata (6,89%) y Mar del Plata (5,80%). En esta última duplicamos los votos, ante una intendencia hiperderechista y represiva. Pero, al mismo tiempo, se repitió una notable novedad para la izquierda bonaerense: elecciones elevadas en distritos agrarios, con picos de más del 7% en concejales en Puan o Ayacucho. En Pergamino casi duplicamos las Paso, dimos un enorme salto en Azul y así de corrido. El PO lo tradujo en forma militante con más de mil fiscales del interior bonaerense. La campaña política del PO Cristina vino abiertamente por los votos del FIT, lo proclamó a cuatro vientos, pero al mismo tiempo peronizó su discurso y dio todo tipo de garantías a la burguesía de que no rompería la unidad del peronismo. Del mismo modo, tendió múltiples puentes con la burocracia sindical, logró el apoyo explícito de Daer, se calzó el gorro de la Uocra en Racing y volvió a la teoría del “enfrentamiento entre militantes” para referirse al crimen de Mariano Ferreyra. Desde la conferencia de prensa donde relanzamos la campaña, el PO no dejó lugar a dudas. Caracterizamos ese derrotero y definimos: “que se olviden de venir por nuestros votos, vamos por los de ellos”. Y desenvolvimos toda la campaña en lucha política con el kirchnerismo. Refutamos la idea de que “el 65% votó contra el ajuste”, lo que significaba convalidar a las distintas alas del peronismo como “antiajuste”, cuando son su garantía federal, parlamentaria y sindical. Resaltamos que el peronismo priorizará negociar las cajas de los gobernadores y del unicato sindical para entregar a la clase obrera al conjunto de la ofensiva planteada, de tarifazos y reforma laboral. Fue una campaña electoral de lucha de clases, definidamente socialista. Desde los albores de las Paso pusimos la campaña “al servicio de las luchas”, lo que nos valió el ataque decidido de Clarín en ocasión de la gran movilización del Polo Obrero, la CSC-PO y otras organizaciones ante el Consejo del Salario Mínimo. Profundizamos esa orientación durante toda la campaña: las huelgas y piquetes santacruceños, Pepsico, la huelga de los choferes cordobeses, la movilización de sindicatos combativos del 12 de octubre contra la reforma laboral y, durante 78 días ininterrumpidos hasta las vísperas mismas de la elección, en la lucha por la aparición con vida y justicia por Santiago Maldonado, planteando el fuera Bullrich y Noceti y la responsabilidad del Estado. El Plenario Sindical de Lanús, que reunió miles de dirigentes, delegados y activistas obreros en apoyo al FIT, fue un espaldarazo al voto en las concentraciones fabriles que fueron objeto de la campaña “casa por casa y fábrica por fábrica”, la consigna de acción del PO bonaerense. Pero Lanús fue mucho más que eso, porque puso en la campaña la denuncia del pacto Macri-CGT y preparó al activo combativo para la lucha que vendrá contra la reforma laboral. Esto, en un cuadro dominado por la contención de la burocracia sindical que no esperó la elección para sentarse a entregar los convenios y negociar el Plan Universal de Salud y otras iniciativas estratégicas de la burguesía contra el movimiento obrero. La burocracia fue una pieza del triunfo macrista en el orden nacional. Y Lanús salió a marcar ese derrotero 20 días antes de la elección, cuando Cristina los convalidaba y reforzaba su orientación de desmovilización obrera ejecutada desde el levantamiento de la acción del 7 de agosto y el carnereaje kirchnerista a toda lucha. En ese punto, mientras Cristina logró que un ala del FIT ( ver nota ) le brindara una reunión demagógica con las obreras de Pepsico, la Coordinadora Sindical Clasista ofreció Lanús a sus activistas y en la asamblea de Pepsico en lucha ganó la posición de participar en la marcha del 12 de octubre. Las consignas “en defensa de los trabajadores, siempre”, “juntos con los trabajadores, las mujeres y la juventud” y “al ajuste le hacemos frente con la izquierda y los trabajadores” ganaron un lugar central por peso propio. Fueron clave para una campaña cuyo liderazgo político fue ejercido por el PO, en el marco de las listas comunes que priorizaron una estrategia de frente único de clase por encima del faccionalismo y de la tendencia al “frente antimacrista” que constituye un indisimulado puente con el kirchnerismo. Nuestra campaña y sus consignas transicionales, colocaron en todo momento a los trabajadores como alternativa de poder, en la lucha por su propio gobierno.

La causa armada contra la comisión interna de los trabajadores de Prensa de Editorial Perfil ha sido elevada a juicio oral -en fallo dividido de cámara-, el que se llevará a cabo entre los días 30 de octubre y el 1° de noviembre próximos. Será una nueva instancia de lucha por el desprocesamiento de los delegados acusados de “violar la libertad de prensa”, por un paro de actividades contra despidos masivos llevados a cabo por la patronal a fines de 2013, el que demoró la salida del diario “Perfil”. Los despidos se produjeron el propio día de la elección de delegados en la editorial. Este agravio a la organización gremial queda aún más claro en el hecho de que la patronal despidió ese día a integrantes de la junta electoral encargada de organizar el comicio. El carácter del juicio y la propia acusación constituyen un ataque al derecho de huelga y al derecho a la protesta. Cualquiera haya sido la intencionalidad de la Justicia a lo largo de estos cuatro años, resulta evidente que este juicio es funcional a la ofensiva del gobierno para imponer una reforma laboral que intenta hacer retroceder a los trabajadores en sus derechos y condiciones laborales al siglo XIX. Este despojo a los trabajadores sólo será posible con la penalización de las luchas obreras que quiebren la libertad sindical en la Argentina. Desde 2016 se han perdido más de 2.500 puestos de trabajo en los medios periodísticos, producto de una reorganización capitalista que amenaza con profundizarse. La defensa de los derechos de los trabajadores en Perfil por parte de su comisión interna tiene una larga trayectoria. La organización sindical nació durante el polémico cierre del primer diario “Perfil” en 1998 y de la lucha llevada a cabo contra los despidos masivos. Continuó luego contra el vaciamiento y la convocatoria de acreedores de la editorial con una histórica ocupación de 23 días, que hizo retroceder a la empresa en su intento de liquidar el Estatuto del Periodista y el convenio colectivo para imponer una rebaja de los costos laborales. Siguió después con la lucha salarial con aumentos logrados tras paros excepcionales y la enorme pelea del gremio de Prensa logrando imponer las primeras paritarias en 35 años, que crearon las condiciones para el nacimiento del Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sipreba), como organización genuina de los trabajadores de prensa. El carácter del juicio y las acusaciones lanzadas contra la comisión interna de Perfil deben ser repudiadas. Llamamos a rodear de solidaridad a los trabajadores de Perfil y a su comisión interna, víctimas de un ataque patronal/estatal sin precedentes. El lunes 30 de octubre, a las 8 horas, en Avenida de los Inmigrantes 1950, en el barrio de Retiro, comienza la primera de las audiencias en el juicio que estará a cargo del juez Walter Candela, del juzgado Correccional N° 61. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires organizará ese día una movilización sobre el juzgado. Llamamos a participar masivamente. Está en juego el derecho de huelga y la organización sindical de los trabajadores. Por la absolución de los delegados de Editorial Perfil.

Cada día que pasa queda más en evidencia que España atraviesa una crisis de conjunto de su régimen político, que no es, como dijo el rey Felipe VI, “una democracia parlamentaria” sino una monarquía disfrazada por una Constitución. Franco mantuvo en hibernación la monarquía durante cuatro décadas, que se había desplomado sola en 1931, como la herramienta para asegurar la centralización del Estado luego del agotamiento de la experiencia fascista. En la crisis actual, el monarca ha expuesto su condición de jefe de las fuerzas armadas y del Estado en dos discursos definitorios acerca del separatismo catalán. A esta altura se puede decir con certeza que Rajoy y su consejo de ministros, así como el parlamento español, son hojas de parra de la monarquía. La decisión de proceder a la intervención de Cataluña, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, supone en última instancia la intervención militar, resorte del monarca. La aplicación de ese mentado artículo no constituye un acto administrativo. El gobierno español explicó con detalle que comenzaría la intervención con el reemplazo del gobierno autonómico y la limitación de facultades del parlamento regional, y que avanzaría en todas las escalas de la administración del Estado que resistieran a la intervención, hasta completar la sustitución completa del aparato de Estado actual. Destacó que intervendría a la fuerza policial catalana (los Mossos) y que quebraría la resistencia que se manifestara dentro de ella hasta su desplazamiento por la Policía del Estado español. Esta usurpación política enorme sería respaldada, en principio, por las fuerzas armadas instaladas en el territorio catalán. No menos importante, el Estado español asumiría el control y la dirección de todos los medios de comunicación pública. Esta bravuconada fue caracterizada en sus términos reales por la corresponsal de La Nación (22/10). “(No) está claro que el Estado español (…) esté en condiciones de llevar a cabo y tomar el control real del gobierno autonómico y sus resortes”. Añade: “Para decirlo diplomáticamente”, se protege la periodista, “la ejecución del conjunto de medidas previsto (…) acarrearía, cuando menos, serias dificultades prácticas”. Eliminado el lenguaje diplomático, la intervención a Cataluña acarrearía una dislocación estatal en el principal territorio del Estado español. Esta perspectiva explica que los medios de comunicación de la monarquía se hayan unido en reprochar a Rajoy la demora en concretar esta intervención. Admiten, de hecho, las consecuencias dislocadoras de su ejecución y, a término, de su inviabilidad. La conclusión de la corresponsal de La Nación es más aguda todavía: “Una bomba que sólo Puigdemont puede desactivar” -o sea, el nacionalismo ‘español’ ha caído bajo la dependencia del nacionalismo catalán. Puigdemont parece conocer las cartas que maneja. División de la burguesía Este avanzado estadío de crisis no podría haber sido alcanzado, sin embargo, sin una división de la burguesía -incluso si la envergadura del reclamo nacional en Cataluña recae en un movimiento de masas muy activo. El gobierno de Rajoy procuró meter presión en esta crisis mediante un decreto que facilita en forma descarada el cambio de sede social de las compañías dentro de España. También lanzó una campaña acerca del retiro de dinero de los bancos, incluso de una fuga de capitales y hasta de un derrumbe de las cotizaciones de las principales empresas catalanas en la Bolsa. Resultó en pura patraña. El primero en advertirlo fue el Financial Times, que graficó que las oscilaciones bursátiles se encontraban dentro de parámetros normales. El cambio de sede social no entraña que las empresas dejen de tributar en Cataluña -es solamente un registro de escribanía. El País (19/10), uno de los mayores grupos de presión del régimen español, admite que “el pasado martes, los bancos devolvieron 17.500 millones (de euros) que habían pedido, y dejan su saldo de crédito vivo en 3.812 millones, la cifra habitual de semanas anteriores. Goldman Sachs afirma que la situación se ha tranquilizado y recuerda que los seguros de impago de deuda (Cds) de Caixa Bank y Sabadell han empeorado ligeramente, pero que están dentro de la estabilidad”. De nuevo, Goldman Sachs afirma que “a pesar de la continua volatilidad política en España, el mercado de crédito bancario se ha mantenido estable”. ¿Continuará esta ‘estabilidad’ si la monarquía decide ejecutar una intervención político-militar en Cataluña? La banca internacional e incluso el Banco Central Europeo están advirtiendo a Rajoy, en primer lugar, y a Puigdemont enseguida, que es necesario evitar una intervención que, a un cierto plazo, entrañaría la dislocación del conjunto del régimen político. Este desarrollo explica que en las vísperas del desenlace, Rajoy, en sus términos, y el gobierno catalán, en los suyos, busquen un acuerdo en base a la convocatoria de elecciones generales en Cataluña. Rajoy pone la condición de que Puigdemont renuncie a una declaración de independencia, en tanto el catalán quiere mantener la declaración en suspenso, aún sabiendo que si pierde esas elecciones, la mentada declaración habrá quedado muerta antes de nacer. Como dicen los españoles, asistimos a “un pulso” entre dos adversarios fragilizados. El presidente catalán se presentará a defender su posición ante el Senado español, que es el guardián del centralismo estatal y de la monarquía. Es claro que el nacionalismo catalán está buscando un compromiso. El papel de Podemos Estas últimas maniobras ‘reivindican’ la consigna de Podemos: “Parlem” (Hablemos). Los revolucionarios de la Universidad Complutense se han destacado como los bomberos de la crisis -‘salvemos a Cataluña, a España y a la monarquía de la autodestrucción’. Es la consigna del Banco Central Europeo y de la Unión Europea. Precisamente porque la cuestión catalana ha desatado una crisis de conjunto, es la oportunidad para plantear el fin a un régimen político de carácter monárquico que, como ningún otro (incluido el gobierno nacionalista catalán y la burguesía de Cataluña), ha descargado la crisis capitalista contra los trabajadores mediante una guerra de clase sistemática. A estos pichones de contrarrevolucionarios no les han salido de la boca planteos como República o Asamblea Constituyente libre y soberana. Un nacionalismo que declara de antemano su adhesión a la Unión Europea y a su estado mayor, el BCE, es un fraude en sus propios términos. La sujeción política de Cataluña al Estado español es de orden inferior al colonialismo financiero del Banco Central Europeo y al colonialismo político-militar de la Unión Europea. Una autonomía nacional verdadera solamente es posible en un marco antagónico -una República Federativa Socialista de los pueblos Ibéricos. La ley de transición que aprobó el referendo del 1° de octubre pasado no es más que un aval al status quo de Cataluña -o sea, el status quo de los banqueros y el ‘ajuste’. En cualquier hipótesis -compromiso o ruptura-, emerge el desarrollo de una crisis política de conjunto del Estado español. No estamos ante “una cuestión catalana” sino ante la “cuestión española”, que no ha cerrado, históricamente, la etapa del franquismo ni las grandes cuestiones planteadas por la revolución española y la guerra civil. Esta crisis tiene lugar en el marco de una crisis fenomenal del movimiento obrero, escindido entre dos nacionalismos, por un lado, o la pasividad, por el otro, y lo mismo ocurre con la izquierda en sus diversas variantes. Con esta comprensión de conjunto, reforzamos el planteo de una República, en primer lugar, Federativa y Socialista, y en oposición a Unión Europea del capital financiero, los Estados Unidos Socialistas de Europea. Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok

Tras su victoria electoral, Macri convocó a un “acuerdo nacional” que tiene por eje un plan de guerra contra la clase obrera: por un lado, la reforma jubilatoria para extender la edad “de acuerdo a la longevidad”. De ese modo piensan financiar los gastos parasitarios del Estado en intereses de la deuda (406.000 millones de pesos en el Presupuesto 2018), las exenciones impositivas previstas (343.000 millones, ídem) y las que vienen, derivadas de la rebaja de aportes sociales y amnistía de multas con la excusa del blanqueo de trabajadores -una política que ya se está ejecutando desde 2014 por iniciativa del kirchnerismo y que ha fracasado. Además, y junto a una reforma impositiva de las provincias a favor del gran capital, completar la “armonización” de los regímenes jubilatorios especiales, otro ataque al jubilado. El menú se completa con los tarifazos, que volverán a golpear el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Por lo pronto, el aumento de combustibles de hasta 12,5% superó todas las expectativas y dejará a la baja las paritarias 2017. El plan de guerra se completa, o tal vez tenga su componente más importante, en el emprendimiento de un vasto plan de superexplotación obrera, mediante el aumento de jornadas y ritmos de producción; eliminación de protección de higiene, salubridad y categorías; destajo por presentismo; multifunción y polivalencia funcional; trabajo juvenil semigratuito y precario; bloqueo del acceso a la Justicia; agravamiento del régimen de ART y desinversión en protección de accidentes; eliminación del rubro in-itínere; designación de 40 jueces antilaborales en juzgados vacantes; régimen de trabajo flexible a domicilio, todo mediante flexibilización de convenios marcos y multiplicación de convenios por empresa y aún individuales, donde no se descarta el trabajo intermitente. En este caso, al estilo del puerto de Mar del Plata, santuario de la flexibilización laboral. Se trata de un ataque a la propia ley de Contrato de Trabajo y a los golpeados pilares que aún están en pie del derecho laboral, ahora llamados “industria del juicio”. La Reforma, de acuerdo al Coloquio de Idea, puede ser diferente a la de Brasil, pero aún peor. Sólo que aquí se buscará la anuencia directa y explícita de la burocracia sindical colaboracionista (pacto Macri-CGT), ofreciendo a cambio la preservación del “modelo sindical” del unicato verticalista, el ajuste y privatización en salud –que los burócratas exigen para sus obras sociales y el gobierno para el hospital público -y un ataque en regla al clasismo. No se excluye, en este punto, un agravamiento de la ley sindical, con recortes al derecho de huelga. Estos puntos fueron el eje del Plenario de Lanús, impulsados en plena campaña electoral por el PO e IS. Y también de la movilización del 12 de octubre motorizada por el clasismo a partir del Sutna, sólo eludida por las izquierdas partidarias del “frente antimacrista” con el sujeto invisible -e inexistente- de la resistencia kirchnerista. Llamamos a todo el activismo a romper con esa estrategia de subordinación y derrota y a motorizar una vasta campaña política de asambleas obreras, plenarios de delegados y activistas contra la Reforma Laboral y Jubilatoria, para apoyar y desenvolver cada lucha y poner en movimiento las reservas de lucha de la clase obrera argentina.

En las recientes elecciones venezolanas, el chavismo ganó 18 de las gobernaciones en juego, incluido el Estado de Bolívar -cuyo resultado final, por tratarse de una elección muy reñida, se conoció días después-; mientras la oposición sólo se quedó con cinco. La victoria oficialista comprende los principales distritos, incluidos los de la capital. El gobierno se envalentonó con el resultado hasta el punto de dejar en el limbo a los gobernadores opositores triunfantes, de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), prohibiéndoles que presten juramento ante las asambleas legislativas regionales y amenazándolos con destituirlos y encarcelarlos si no juraban previamente ante la Asamblea Constituyente chavista. Esto precipitó la fractura de la oposición: cuatro gobernadores, ligados a Acción Democrática (la fuerza de Henry Ramos Allup), aceptaron jurar ante aquella institución, lo que fue calificado por Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, como un acto de “traición y engaño”. El ex candidato presidencial, Henrique Capriles, anunció su salida de la coalición opositora. Las denuncias de fraude por parte de la oposición no alcanzan a encubrir la contundente derrota que sufrió en los comicios. A medida que pasan los días se suman nuevas voces de la oposición reconociendo dicho revés y admitiendo que no hubo fraude o que fue secundario. La oposición obtuvo 11 puntos porcentuales menos en comparación con el 56% de respaldo que logró en las elecciones parlamentarias de 2015. Una de las razones de este retroceso obedece al crecimiento de la abstención: entre aquellos y estos comicios, la participación electoral se redujo del 74 al 61%, y la coalición opositora (MUD) -como lo admitió uno de sus referentes- “no fue capaz de movilizar a sus simpatizantes para emitir su voto”. Según los resultados oficiales, el chavismo conquistó 5,5 millones de votos. Este número dista de los 8 millones que, según el gobierno, dieron su apoyo a la Asamblea Constituyente en los comicios del pasado 30 de julio, pero fue suficiente para superar a la oposición, que no llegó a 5 millones y perdió más de 2 millones de apoyos respecto del triunfo obtenido en las elecciones legislativas de 2015. A esto hay que agregar la creciente división del arco opositor, que en diversos estados se presentó en varias listas, favoreciendo el triunfo oficialista. Más que por la vitalidad del gobierno -que no la tiene-, la derecha ha sucumbido a sus propias contradicciones. “Nadie puede apoyar a un liderazgo que no sabe lo que quiere”, afirmó en forma crítica Torrealba, uno de los líderes opositores. Este desenlace no debería sorprender si tenemos presente el golpe que representó la Constituyente para la oposición. La MUD demostró su impotencia para impedir la elección de dicho organismo. La estrategia llevada adelante de “la lucha en la calle” no dio el resultado esperado y eso acentuó la desmoralización y disgregación de sus filas. A partir de ese momento, las convocatorias de la derecha para ganar la calle fueron perdiendo fuerza y reduciéndose progresivamente en número de manifestantes. En medio de este recule, la oposición, después de muchos cabildeos, decidió presentarse a elecciones regionales, lo cual no impidió que sectores de ella rechazaran esa propuesta y optaran por no presentarse a los comicios. El chavismo Maduro retomó la iniciativa con la Constituyente y el resultado electoral de las elecciones regionales representa un nuevo aliento en ese sentido. Aprovechando este escenario, Maduro estaría estudiando adelantar las elecciones municipales e incluso las presidenciales. Pero cualquiera sea el entusiasmo oficial, no puede disimular el hundimiento económico del país. Las estimaciones hablan de un 2.300% de inflación para 2018 y una caída del PBI del 12% este año y al menos un 6% el año próximo. La Asamblea Constituyente ha ratificado el rumbo que venía desarrollando el gobierno -empezando por el pago de la deuda externa, que se sigue haciendo puntualmente, aunque haya que sacrificar, dada la escasez de divisas, la importación de medicamentos, alimentos y productos básicos imprescindibles para la población. La Asamblea Constituyente, que concentra en sus manos el poder, acaba de aprobar un aumento de los salarios del 40% que ni siquiera termina de ser un paliativo, si nos atenemos a la hiperinflación existente. Esto alimenta el disconformismo reinante en las filas de los trabajadores, de la que ha dado muestras la huelga de Sidor (ver pág. 14). Entretanto, el gobierno pretende avanzar en la privatización petrolera y minera -incluida la abolición del monopolio estatal del comercio exterior de hidrocarburos. El propósito es tratar de lograr un alivio al ahogo financiero y económico, entregando la cuenca del Orinoco a la explotación directa de las corporaciones internacionales, incluido el derecho a la exportación. Esto tiene como principal destinatario a la petrolera rusa Rosneft y también incluye a China. La operación, de todos modos, sigue trabada, desde el momento que la Constituyente -que es la que está llamada a darle luz verde a estos acuerdos- no ha logrado reconocimiento internacional. Las tratativas con rusos y chinos, por ahora, sigue en el freezer y el régimen ruso ha declarado que no va a otorgar nuevos préstamos, más allá de los 6.000 millones de dólares que ya había desembolsado en el pasado como adelanto a cuenta de la entrega de combustible. Del mismo modo, China ha desechado ampliar el financiamiento al país caribeño. Aunque no se llegó al extremo de un embargo petrolero, la Casa Blanca viene aumentando su presión económica, prohibiendo que los bancos estadounidenses operen con nuevos bonos venezolanos más allá de los que están en circulación, así como su negociación en el mercado de valores. Esto implica quitarle al gobierno venezolano una de sus pocas fuentes de financiación. En medio de las amenazas de Trump de dar por concluido el acuerdo con Irán y el deshielo con Cuba, las tendencias a una salida consensuada a través de una mediación internacional tienden a esfumarse. La creación de un nuevo marco de negociación con la derecha no tiene por el momento perspectivas de prosperar, con más razón luego del naufragio de la oposición en las elecciones. Perspectivas El chavismo ha revelado una capacidad mayor de sobrevivir de lo que muchos analistas habían pronosticado, teniendo en cuenta su descenso en la popularidad y la descomposición económica y social reinante. De todos modos, estos recursos tienen límites precisos. La situación económica y social es insostenible en el tiempo y el chavismo lo único que ha hecho es continuar con el rumbo que condujo al actual desastre. Lejos de ser una fuente para promover una transformación y crear una nueva realidad, la Constituyente prolonga una agonía, que agrava el empantanamiento y la crisis social vigente y pavimenta el camino para un estallido. A término, el inmovilismo del régimen chavista dejaría como única salida un golpe militar. El FMI tiene elaborado un plan de rescate financiero de Venezuela que arrojaría unos 30.000 millones de dólares -pero que reserva para una transición, previo relevo del gobierno actual. El capital internacional aboga por una salida política que apunte a una privatización completa de PDVSA y una apertura sin restricciones de la explotación minera y petrolera al capital extranjero, que iría de la mano de un ajuste social en regla. El hecho de que la oposición haya perdido poder de fuego, contradictoriamente, puede estimular la iniciativa de lucha y movilización independiente de los trabajadores, reprimida o inhibida hasta ahora por la amenaza derechista. Por otro lado, la concentración del poder en manos del chavismo puede terminar oficiando de disipador de los choques y disidencias internas, que pueden empezar a filtrarse en un organismo deliberativo copado integralmente por el oficialismo, como lo es la Asamblea Constituyente. Izquierda y clase obrera Un capítulo especial lo merece la izquierda, que ha oscilado entre un seguidísimo "crítico" al chavismo hasta actuar como furgón de cola de la oposición. El partido Socialismo y Libertad (afín a Izquierda Socialista en la Argentina) caracteriza que una rebelión popular está en curso y llamó a no participar en las elecciones: no hay que votar sino movilizarse para voltear a Maduro “en la perspectiva de retomar la rebelión popular contra el gobierno hambreador y represivo" y lograr su continuidad hacia una salida "política independiente del PSUV y la MUD”. Se trata de un contrasentido, pues a nadie se le escapa que esa rebelión estaría comandada por la derecha y lo único que podría parir es una salida política a la medida del gran capital. Concretamente, el planteamiento político del PSL, por más que se lo pretenda vestir como una alternativa independiente, coincide con el planteo del ala golpista-radical de la MUD. En la vereda opuesta, Marea Socialista (que integra la corriente internacional del MST argentino) participó de las elecciones e hizo campaña contra la abstención, instando a la gente a votar. Su intervención en la elección fue a través de un rejunte de partidos que se reivindican “bolivarianos y revolucionarios”, que se dieron en llamar UPP 89, cuyas candidaturas principales fueron ocupadas por ex funcionarios recientemente desplazados del aparato oficial. Este nucleamiento se define como una “tercera posición”, una suerte de “chavismo crítico”, que llama a volver al chavismo de los orígenes y cuyo programa es una amalgama de posiciones nacionalistas y democrático-liberales, que toma prestadas y hace propias algunas de las críticas al régimen bolivariano que viene enarbolando la oposición derechista. La clase obrera está ausente como factor político independiente. La condición para revertir esta situación es la completa independencia política de los trabajadores, lo cual supone una ruptura política tajante con el nacionalismo burgués y la oposición derechista. Esto plantea una superación política de la estrategia de la izquierda, que mayoritariamente viene siendo tributaria de una u otra coalición capitalista.

La votación obtenida por el Frente de Izquierda orillará, al concluir el escrutinio definitivo, el 1,2 millón de votos. Se trata de un avance algo superior a los 200.000 votos en relación con la elección de 2015, aunque está un poco por detrás de la elección de 2013, cuando consagramos tres diputados nacionales. Por la incorporación de nuevos distritos, el porcentaje de votos obtenidos sobre el total de votantes arroja también un leve retroceso si se compara esta elección con la de 2013 -del 5,19 al 4,70%. El número global nacional, sin embargo, encubre realidades políticas locales de mucha significación. Mientras en 2013 los saltos más importantes estuvieron en distritos del interior, principalmente en Salta, Mendoza y en menor medida Córdoba, en esta oportunidad asistimos a un retroceso de estas provincias y un avance en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En ambos distritos, el FIT logró su mejor resultado desde su presentación en 2011. En la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría de diputado nacional obtuvimos el 5,81% contra un 5,64% en 2013 y un 5,48% en 2015. El crecimiento es mayor en la categoría de diputados de la Ciudad, donde llegamos al 6,8%. En la provincia de Buenos Aires obtuvimos en esta oportunidad un 5,33% contra el 5,01% de 2013 y el 4,46% en 2015. En este juego de sumas y restas, el FIT renovará dos de las tres bancas que ponía en juego en el Congreso, aunque incrementará su representación en la Legislatura de la Ciudad al lograr el ingreso de dos diputados y mantendrá el legislador provincial por la tercera sección en la provincia de Buenos Aires. El valor que tiene el crecimiento en distritos centrales del país como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires está fuera de cuestión; una es el centro político del país y la otra la provincia que concentra el destacamento más importante de la clase obrera. Pero eso no debe ocultar ni por un momento la necesidad de un balance a fondo sobre el retroceso en los distritos del interior, donde habíamos obtenido en el pasado resultados que nos permitieron conquistar diputados nacionales. Al tocar puntos muy altos y luego retroceder, aunque manteniendo porcentajes de votos por encima de la media, se puso en evidencia que nuestra votación era el resultado de la correcta explotación de crisis políticas locales, pero que no llegaba a ser la expresión de una conciencia socialista de un amplio sector de la clase obrera y de los explotados. El balance, aunque provisional, marca con seguridad la necesidad de reforzar un trabajo político de propaganda, agitación y organización socialista entre las masas explotadas, al que necesariamente debe estar subordinado el trabajo parlamentario. A pesar de que las cifras de crecimiento frente a 2015 son exiguas y que incluso arrojan un leve retroceso en relación con 2013, la elección del Frente de Izquierda fue destacada en general por la prensa como positiva. Esto se debe no a la aritmética electoral sino al sentido que tiene en la situación política concreta. En momentos de ofensiva capitalista sobre el movimiento obrero, que se traduce en el campo electoral con el triunfo del macrismo en los principales distritos del país, la votación del FIT es vista como una línea de resistencia y un campo de reagrupamiento político por la independencia de clase. Esta línea de resistencia se destaca por contraste con la crisis del pejotismo y del kirchnerismo, que fue derrotado por el macrismo ampliamente, llegando a ser en algunas provincias una verdadera paliza. Por otro lado, y en especial en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda tuvo el desafío de enfrentar una campaña polarizada, en la que el kirchnerismo ya no estaba en el gobierno sino en la oposición. Este cambio le daba un margen amplio de demagogia, buscando presentarse como la única fuerza capaz de ganarle al macrismo. De decir que a su izquierda estaba la pared, el kirchnerismo y la propia Cristina Fernández buscaron de manera aviesa atraer los votos del Frente de Izquierda y no lo lograron, como lo testimonia el crecimiento operado en nuestra votación entre las Paso y las generales. Algo similar ocurrió en la Ciudad, y quedó patentado cuando Filmus le planteó a Ramal en el debate de candidatos suscribir un compromiso común de no votar leyes de ajuste. El intento de atraer al electorado del FIT fracasó en ambos distritos. Aunque es sabido que los análisis contrafácticos son metodológicamente inconducentes, es innegable que la escisión interna en la campaña del Frente de Izquierda conspiró para obtener mejores resultados. Esta escisión, que no es nueva si se tiene en cuenta el historial de campañas electorales del FIT desde 2011, pegó varios saltos en relación con el pasado. Por primera vez, un punto sensible como son los spots de televisión y radio no se hicieron en común, salvo una pequeña parte del espacio que teníamos a disposición. Esta división de la propaganda electoral fue impuesta por el PTS, sin siquiera pasar primero por un debate en el que se constatara si existían posibilidades o no de hacer spots comunes. El divisionismo, guiado por la promoción de los candidatos del propio partido, terminó atentando contra una presentación homogénea del FIT en los medios masivos de comunicación. Las divergencias en la campaña no se limitaron a este punto. El PO propuso luego de las Paso un plan político integral en la Mesa Nacional del FIT, que incluía una campaña de agitación común contrastando el programa del FIT con el de los partidos capitalistas; la realización de un Encuentro Obrero en apoyo a las listas del FIT; el impulso a una movilización del sindicalismo clasista y antiburocrático contra la reforma laboral, para denunciar también la tregua de la burocracia sindical pejotista. Ninguna de estas tareas fue aceptada, apelando a excusas diversas, pero la verdadera respuesta estuvo en la reunión de Cristina Kirchner con las obreras de Pepsico , una política que se ubicaba a las antípodas de impulsar un reagrupamiento consciente de los luchadores obreros en torno del Frente de Izquierda. El seguidismo al nacionalismo burgués que choca de frente con la estrategia que dio origen al Frente de Izquierda. Esta orientación hubiese sido aún más dañina si el Frente de Izquierda dirimía sus candidaturas en las Paso, pues habría borrado el único aspecto de frente único que tuvo la campaña -las listas únicas. Nuestra batalla política contra esta orientación internista permitió presentar una lista única y concentrar la campaña contra los candidatos del ajuste. Sobre este punto nuestro partido viene llamando la atención al menos desde el acto de Atlanta de noviembre de 2016, cuando llamamos a una acción común del FIT, valiéndose del impulso objetivo que significaba llenar un estadio de fútbol con 20.000 personas. El resultado electoral y el 1,2 millón de votos revalida al Frente de Izquierda como referencia electoral de la izquierda y de la independencia de clase, pero está lejos de ser un polo político de la clase obrera y de su vanguardia. Esta tarea pendiente requiere profundizar la acción común, a la vez que el debate estratégico de la izquierda

Sidor es protagonista de una huelga que ya lleva tres semanas. Los trabajadores están en pie de lucha, desafiando la arbitrariedad y prepotencia de la empresa y a la propia dirección que viene actuando en forma cómplice con los directivos del establecimiento. El pliego de reclamos comprende los siguientes puntos: “1. Que la empresa dé a conocer el método de cálculo del salario del trabajador. 2. Que se otorguen a los trabajadores el 37%, más el 40% de los aumentos salariales presidenciales que nunca llegaron a los bolsillos de los sidoristas. 3. Dar a conocer en cada área, en el portón y a los trabajadores del país, el contenido del contrato firmado con la empresa. 4. El pago inmediato de tres millones de bolívares a cada trabajador por la firma del contrato” (extraído de Info La Clase, prensa de C- Cura)”. La huelga continuó aún en medio de las elecciones a gobernador. Y, en los hechos, fue un contrapunto con la propaganda oficial que venía haciendo demagogia con los reclamos de los trabajadores. El candidato oficialista en persona prometió a los sidoristas que serían los mejores pagados en Guayana y ofreció seguridad ante la acción del hampa. Esas promesas quedaron en la nada. Por otro lado, fracasó el intento oficial de quebrar el conflicto metiendo gente a calentar los hornos. La respuesta de los compañeros fue contundente, rompiendo la maniobra y continuando con el paro. Los trabajadores denuncian que con el paso de los días, como consecuencia de la hiperinflación, sus salarios no valen nada, y que en agosto y septiembre, el trabajador ha visto mermar aún más sus ingresos. Los compañeros señalan, además, la supresión de ciertas cláusulas del convenio colectivo, privando a los compañeros de beneficios, entre los cuales figura los planes vacacionales que gozaban los trabajadores de Sidor y sus familias.

Algunos días antes de la finalización de la campaña del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires nos encontramos con un curioso reparto de boletas del FIT “casa por casa”. La boleta, en este caso, venía acompañada de un instructivo que instaba al votante a realizar un corte de boleta en contra de la candidatura a senador de Néstor Pitrola, y promover el voto sólo a la categoría de diputados. Esta campaña que desarrolló el PTS no tiene sólo el evidente componente oportunista, sino que expresa una adaptación política al régimen en general y al kirchnerismo en particular. Al mismo tiempo que el PTS promovía el corte de boleta en contra de la candidatura a senador, el kirchnerismo lanzaba en redes sociales un spot que llamaba a votar Cristina Kirchner-Nicolás Del Caño “para que no gane Macri”. Una cosa es buscar conquistar a un voto parcial al FIT a quienes no logramos convencer para que nos voten integralmente. Otra cosa es organizar y promover ese voto parcial -o sea, recortar las posibilidades de un pronunciamiento político claro por el FIT en beneficio de las candidaturas patronales. La negativa a una campaña de frente único por parte del PTS ha tenido este componente de fondo. El rechazo a la consigna de “Al ajuste de Macri lo enfrentamos con los trabajadores y la izquierda” delata a una corriente que ha evitado por todos los medios establecer un campo de delimitación clara con el kirchnerismo. El resultado electoral demostró lo contrario a estas intenciones. El corte de boleta -que siempre existe hacia los cargos expectables- no alcanza el 10%. Como dato a tener en cuenta en relación con el voto al FIT, la diferencia entre la votación a senador y diputado en 2017 se redujo respecto de la diferencia entre presidente y diputado de 2015. Por primera vez, la votación al cargo “no expectable” supera la barrera del ingreso a la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires. Como señalamos en Prensa Obrera, el crecimiento del Frente de Izquierda iba a estar sujeto a la lucha por establecer un canal de independencia de clase y conquistar a nuevos contingentes de la clase obrera, las mujeres y la juventud. De ninguna manera a través de concesiones al nacionalismo fracasado, que ha vuelto a mostrar su incapacidad para enfrentar a la derecha. La campaña del Partido Obrero contrastó un programa socialista al de los representantes políticos capitalistas. Esta orientación fue la que se impuso en la campaña.

El golpe del 3 de junio de 1907, que disolvió la Duma, representó el punto final del proceso revolucionario iniciado en 1905. La disolución de la Duma dio por tierra con las ilusiones en que se podría reformar por vía parlamentaria al zarismo. Puso de relieve nuevamente la necesidad de una derrota de la autocracia por vía revolucionaria para abrir un curso democrático real. La ilusión (liberal) de una apertura gradual del zarismo a un régimen de monarquía parlamentaria mostró sus límites, que en última instancia estaban determinados por la debilidad de la burguesía rusa y su inevitable tendencia a la capitulación frente al zarismo. El golpe también afectó al ala menchevique de la socialdemocracia, que había desarrollado toda una línea parlamentaria de apoyo a esta posición liberal (cadete). Por ejemplo, los mencheviques apoyaron, en la primera Duma, la idea de un ministerio cadete responsable frente a la Duma. Lenin denunció estas tentativas sosteniendo que, de tener éxito, conducirían a una política de compromisos con el zar, integrando a la socialdemocracia como socio menor de un entuerto entre la legislatura liberal y la autocracia. El golpe del 3 de junio profundizó hasta el paroxismo el proceso represivo que ya se venía llevando adelante desde 1906. La socialdemocracia, especialmente los bolcheviques, sólidamente implantados en el movimiento obrero, sufrieron especialmente la represión. Toda la dirigencia bolchevique pasó a la clandestinidad y el exilio, miles de activistas obreros, socialdemócratas y de todas las tendencias fueron encarcelados y enviados a campos de concentración en Siberia u otros puntos al norte del círculo polar. El zarismo desarrolló técnicas refinadas y precisas de infiltración de los partidos de oposición: los infiltrados iban eliminando “oponentes” dentro de los comités hasta llegar a los círculos de dirección. La convocatoria a una nueva Duma, en estas condiciones, se adaptó al cuadro de reacción vigente. El régimen electoral estaba hecho a medida del triunfo de las centurias negras. Las clases propietarias, la nobleza ligada a la autocracia y el clero elegían la mayoría de los representantes. La curia obrera solamente votaba representantes en las ciudades más importantes. La pequeña burguesía votaba en una curia separada. Los trabajadores, para poder votar, tenían que tener seis meses de antigüedad en la empresa, lo cual habilitaba a las patronales a proscribir candidatos por medio del despido. En estas condiciones, la elección de la tercera Duma del Estado consagró la mayoría de las “centurias negras” y de los octubristas, el ala derecha de la burguesía, la más colaboracionista con el zarismo. El liberalismo cadete se adaptó crecientemente al rol de “oposición responsable” a este régimen. La socialdemocracia logró colar una cantidad de diputados, que jugaron un rol limitado por la represión y el reflujo político de las masas, el único punto de apoyo en el cual podían apoyarse los revolucionarios en el parlamento zarista. Los debates Este cuadro tuvo su impacto al interior del POSDR. La socialdemocracia se había unificado en el congreso de 1906. Los progresos en la acción común de los socialdemocrátas se dieron en el cuadro de alza revolucionaria de 1905. Sin embargo, la unificación nunca implicó una real homogeneización de posiciones. En los hechos, bolcheviques y mencheviques, como tendencias partidarias, continuaron actuando en forma independiente. Tampoco se concretó una unidad de acción con los partidos socialistas “nacionales” (los polacos, los letones y el Bund). El reflujo y la represión posterior al golpe de Estado profundizaron estas divergencias. Se desarrollaron cuatro alas al interior del partido. El menchevismo se fracturó con la emergencia de una fracción de derecha: el liquidacionismo, que planteaba la liquidación del funcionamiento clandestino del partido para adaptarlo a los marcos legales que permitía el zarismo. Alimentaba la expectativa en la participación en una apertura democrática gradual de la autocracia. Contra esta tendencia, surgió una reacción entre los mencheviques, encabezada por Plejanov: el menchevismo propartido, que defendía la vigencia de la construcción de un partido revolucionario sin sobrepasar los límites políticos del menchevismo en general, guiado por el planteo de que la burguesía debía encabezar la lucha contra el zarismo. Entre los bolcheviques surgió un ala izquierda: el otzovismo. Los otzovistas, encabezados por Bogdanov, defendían el retiro de la fracción bolchevique de la Duma. Defendían la idea de que no existían condiciones para una intervención legal, por lo cual el partido debía hacer un trabajo de propaganda para preparar la insurrección contra el zarismo. Lenin combatió firmemente el otzovismo. Defendió la necesidad, especialmente en un cuadro de reacción, de explotar en función de una agitación revolucionaria los resquicios legales dejados por el zarismo. Las posiciones reformistas que los otzovistas soñaban con hacer desaparecer retirándose del parlamento, no se manifestaban sólo en el parlamento sino en todo el funcionamiento partidario, por lo cual debían ser enfrentadas por medio de una lucha política en todos los planos. Finalmente, Lenin impulsó la ruptura entre el bolchevismo y los otzovistas, frente a las diferencias estratégicas insalvables y al hecho de que los otzovistas, en los hechos, formaron un nuevo centro, concentrando su actividad en escuelas de cuadros en el extranjero. Trotsky se caracterizó, frente a esta enorme dispersión política, por defender un planteo de unidad de toda la socialdemocracia sobre la base de acuerdos mínimos. Los mencheviques liquidacionistas, los otzovistas, y los mencheviques propartido apoyaron esta posición. Lenin, que consideraba que conducía a la confusión y la parálisis, realizó igualmente enormes concesiones en aras de agotar la experiencia, frente al hecho de que el conciliacionismo era mayoritario incluso entre los bolcheviques. En el pleno de enero de 1910, los bolcheviques accedieron a dejar de publicar su periódico, incorporarse a una redacción común en minoría, e incluso cedieron enormes sumas de dinero a un fideicomiso del POSDR unificado, que sería manejado por la socialdemocracia alemana. Los acuerdos a los que se llegó en dicha conferencia, sin embargo, fueron sistemáticamente incumplidos por el resto de las tendencias. Frente a esta situación, Lenin consideró agotada la experiencia común y se volcó a la convocatoria de una conferencia de organizaciones socialdemócratas de Rusia, sobre la base de la delimitación del liquidacionismo. La Conferencia de Praga (enero de 1912) tuvo mayoría bolchevique. Agrupó a mencheviques propartido de Rusia -aunque no participó en ella Plejanov-, y sentó las bases de la intervención bolchevique en el período posterior. 1912 Este proceso de clarificación y lucha política al interior de la socialdemocracia tuvo una enorme importancia en la preparación de la intervención política en la nueva ola de alza de la lucha de clases. Si en el período de reacción los debates habían estado confinados a los círculos de exiliados y a pequeños grupos clandestinos, la nueva oleada de la lucha de clases los colocó en las calles y fábricas. Una oleada de huelgas, primero económicas y luego con reclamos políticos, comenzó a sacudir Rusia a partir de 1910. En estas condiciones se produjo la convocatoria a la Cuarta Duma del Estado. Una pelea política fundamental para la socialdemocracia en las elecciones de la Duma fue por obtener la mayoría en la curia obrera. La Conferencia de Praga determinó que no se harían bloques en las elecciones de la curia obrera, ni siquiera con los liquidacionistas. El programa de la campaña se apoyaba en tres puntos muy sencillos: 1) república democrática; 2) jornada de ocho horas; 3) confiscación de todas las tierras a los terratenientes. 1 En cambio, en el resto de las curias, promovía un frente con los partidos campesinos representando un bloque “democrático consecuente” contra los liberales. El concepto de la dictadura democrática de obreros y campesinos guiaba esta política electoral. Los mencheviques liquidacionistas concurrían a elecciones con una ventaja: la adaptación a los marcos legales permitía una mayor libertad de acción en la campaña electoral. Los bolcheviques reorganizaron sus filas en torno del periódico Pravda -que heredó el nombre del anterior periódico homónimo editado por Trotsky-, que fue ganando una enorme popularidad. Lenin tuvo que llevar adelante una batalla política en la dirección de Pravda -a cuyo frente estaba Stalin-, para que se pusiera a tono con la ruptura y accediera a denunciar frontalmente la estrategia liquidacionista. La campaña electoral se desarrolló en un marco fuertemente represivo. Por sus métodos, fue una campaña electoral en una virtual clandestinidad. ¡Los candidatos no podían ser proclamados más que días antes de las elecciones porque podían ser encarcelados! Recordemos que el sólo despido patronal inhabilitaba una candidatura. La fecha de elecciones no se sabía hasta pocos días antes. Los socialdemócratas adaptaron todos los métodos de agitación electoral a estas condiciones: el hecho de haber podido llevar adelante esta hazaña sólo se logró por el apoyo activo y masivo a la socialdemocracia entre los trabajadores. El resultado arrojó una victoria del bolchevismo en la curia obrera de casi todas las grandes ciudades. En Petrogrado, la asamblea de delegados votados por los trabajadores adoptó un llamamiento bolchevique que convocaba a la acción revolucionaria contra el gobierno. Los mencheviques, sin embargo, llegaron a la Duma con un delegado más, producto del ingreso de sus diputados por las curias de la pequeña burguesía. El triunfo bolchevique de 1912 fue una muestra importante de la recomposición de la clase obrera revolucionaria luego de la derrota de 1906-7. Saldó la polémica con los legalistas, derrotándolos en su terreno, con métodos clandestinos aplicados incluso a la campaña electoral. Sentó las bases para un bloque bolchevique en la Duma y liquidó, asimismo, las tendencias otzovistas, mostrando la potencialidad de la agitación electoral para un desarrollo revolucionario. 1. Lenin: “ Resoluciones de la VI Conferencia del POSDR (enero 1912) ”, en el T. XVII, de las Obras Completas, Cartago, 1960.

Envuelto por el clima de euforia del empresariado con el gobierno, en el reciente Coloquio de Idea se trazó la hoja de ruta de la reforma laboral. Capitalistas y burócratas edulcoraron sus alcances, presentándola como una transición no traumática a obtener por la vía del acuerdo con los sindicatos y la materialización de los acuerdos en los convenios colectivos. Bajo el lema “jamás pretenderíamos una reforma laboral a la brasileña”, se pretende adormecer el espíritu de lucha de la clase obrera frente a un plan de guerra del capital contra el movimiento obrero y la juventud. El Coloquio fue un acto de encubrimiento sobre una ofensiva que se está ejecutando. En nombre del gran esfuerzo para impulsar una reforma laboral a futuro, se ocultó el hecho de que Vaca Muerta (en toda la Patagonia), Smata, Atilra, entre otras, ya han impuesto convenios de flexibilidad y precarización con el acuerdo de la burocracia sindical. Es lo que, en un reportaje, blanqueó Cristiano Rattazzi (Fiat/Chrysler) al hablar en nombre de la patronal automotriz: “Nosotros (hoy) estamos mucho más modernos en leyes laborales que Brasil” o Daniel Herrero (Toyota), que se ufanó de doblar la producción en la planta con un mismo plantel, firmando un acuerdo con el Smata que impuso nuevas condiciones en materia de ausentismo y “bajó a cero la conflictividad gremial” (Clarín y La Nación, 14/10). Mano dura contra las ocupaciones y los piquetes En la mesa central del Coloquio, uno de los momentos más celebrados por el auditorio fue el llamado de Paolo Rocca (Techint), con la aquiescencia cómplice de Antonio Caló (UOM) a “erradicar las organizaciones extorsivas” porque no se puede admitir “tener una planta tomada por diez personas armadas alrededor de un fogón impidiendo la entrada de otros”, una manera patronal y despectiva de aludir no sólo a un piquete obrero sino al propio clasismo, que ha sido autor de la mayoría de las ocupaciones del último tiempo. ¿Cuál es la indicación que quiso dar Paolo Rocca al plantear “erradicar” estas organizaciones y estos métodos? ¿Acaso sugirió una nueva reglamentación del derecho de huelga, que proscriba los piquetes e ilegalice las huelgas que apelen a ellos? Uno de los principales expositores en Idea y asesor estrella del gobierno en materia de reforma laboral es Julián De Diego, que plantea la necesidad de una norma que anule los piquetes, que serían “incompatibles con el derecho de huelga, igual que los bloqueos…” (El Cronista, 12/4) y extienda la nómina de servicios esenciales en los que la huelga estaría prohibida o vaciada hasta el extremo. En todo caso, se quiera modificar o no el derecho de huelga, el reclamo de las patronales es una política de mano dura frente a las ocupaciones y los piquetes. Lo que cambia respecto de Brasil El latiguillo de que “aquí no se hará lo de Brasil” tiene una pizca de verdad, que encubre lo esencial. Lo que la burguesía nativa y “su” gobierno pretenden no difiere sustancialmente de lo que logró hacer aprobar en el Congreso la burguesía brasileña. Lo que sí varía es el método: pretenden hacerla pasar con la colaboración abierta de la burocracia sindical, habida cuenta de su peso y su disposición. En la “mesa de los CEO”, Triaca “los convenció de que Brasil no tiene el poderoso sistema sindical de la Argentina. Y que por acá conviene usarlo como palanca para reformarlo, pero no derrumbarlo” (Clarín Económico, 15/10). Finalmente, la burocracia es la responsable de haber posibilitado, apoyándose en disposiciones de la ley de Empleo y de la ley de Contrato de Trabajo, un enorme avance de la flexibilidad y la precarización laboral antes, durante y después de la “década ganada”. La jornada laboral de ocho horas está casi destruida, el fraccionamiento de las vacaciones es una realidad creciente, los lugares de trabajo con delegados son un tercio del conjunto de trabajadores en blanco. El Estado-nación, provincias y municipios es el centro de la precarización laboral, con trabajadores contratados -incluyendo los de Argentina Trabaja- y salarios que no llegan al mínimo. A su turno, la reforma constitucional de 1994 liquidó la inspección nacional de trabajo, en nombre de la federalización, dejando el control en manos de los debilísimos Estados provinciales, mucho más sujetos a las presiones patronales. Estos enormes avances son, sin embargo, cosméticos en relación con lo que se pretende, que es imponer un régimen de esclavitud peor a todo lo vivido por la clase obrera en materia de explotación, por el grado de flexibilidad laboral y la sofisticación en la coerción laboral. Un régimen que pretende resolver, a través de un reforzamiento inédito de la tasa de explotación, la supervivencia de la burguesía nativa en el escenario de la crisis mundial capitalista. Los interrogantes La magnitud del ataque plantea un enfrentamiento con la clase obrera. A través del reforzamiento de la integración de la burocracia sindical al Estado, el gobierno piensa hacer pasar la tercerización sin límites, la rebaja de las indemnizaciones por despido, el contrato por día y aún el convenio individual. Sin embargo, esto supone un vuelco total en las relaciones entre las clases que no se resuelve con la discusión “gradual y punto por punto” de los convenios colectivos. Requiere de un cambio en profundidad en la legislación, en la jurisprudencia laboral (algo en lo que la Corte Suprema ha tomado la delantera, emitiendo una seguidilla de fallos en contra de las conquistas y a favor de la dictadura sindical) y lo más importante, en el dominio de los lugares de trabajo. Por otra parte, el corazón del intento de las patronales y el gobierno es imponer el convenio por empresa (consagrado en gremios como el Smata) lo que significaría la virtual extinción del convenio por rama de producción -disimulado a través de un “convenio marco” anodino. Esto, sin embargo, plantea una férrea centralización en manos de la burocracia que anule la injerencia de las comisiones internas, seccionales o sindicatos independientes, combativos o clasistas. Es decir preservar “la familia sindical, vacunada contra el demonio de la atomización que fragmentaría los focos de discusión. Una ventana al trotskismo, dirían en la CGT” (Clarín Económico, 15/9). Plantea, por lo tanto, un enfrentamiento con la corriente de recuperación de las organizaciones obreras de manos de la burocracia. “Colectiva o sector por sector” Paolo Rocca se ocupó en precisar que la reforma laboral debía implantarse “colectivamente o sector por sector”, dejando abiertas todas las vías. Habilitar la negociación de convenios por empresa y hasta contratos individuales, que puedan rebajar las condiciones de trabajo o salariales exige modificaciones en la ley o un golpe de Estado de la Justicia (“Un convenio colectivo posterior sólo puede modificar un convenio colectivo anterior de igual ámbito en la medida en que no perjudique los mejores derechos adquiridos de los trabajadores”, Cámara Nacional del Trabajo, Sala VI, 2013). Lograr esta coexistencia entre convenios de distinto ámbito y con negociación libre hacia la baja “va a ser lo más difícil de todo”, admite Triaca cuando se le pregunta por la dimensión de la pelea” (ídem anterior). El gobierno tiene pensado, frente a las dificultades en el horizonte, un plan de extorsión mayor: “Macri mandó un mensaje inquietante (a la burocracia sindical): si una porción abrumadora de las inversiones que vengan a la región se encamina a Brasil, por la fuerte reducción del costo laboral, acá no habrá más remedio que sentarse y volver a hablar… el que avisa no es traidor” (15/10). El torniquete de la extorsión de la burocracia serán los fondos de las obras sociales, que el gobierno, precautoriamente, colocó en manos fieles. Pasantías La reforma laboral podría comenzar por la reforma del sistema de pasantías, una adaptación de la educación al servicio de las necesidades de un mercado laboral caracterizado por la descalificación y la precarización. El quinto año querrá ser convertido en un reducto de las grandes empresas y los estudiantes en mano de obra barata o gratuita -por lo que toda la estructura de la escuela secundaria sufrirá un golpe demoledor. El ingreso de los chicos a la disciplina patronal no es sólo consecuencia de la búsqueda de abaratamiento del “costo laboral”, es también una manera de regimentar socialmente a la juventud. Fuera la reforma laboral, antisindical y educativa.

Las miles de mujeres que llegamos al Chaco para poner en pie el 32° Encuentro Nacional de Mujeres dan cuenta de la vitalidad de un movimiento que, en 2015, sacudió al mundo con el grito ¡Ni una Menos! Obreras, trabajadoras, estudiantes, originarias, desocupadas, intelectuales, organizaciones sindicales y políticas de la Argentina y América Latina deliberaron en los talleres e inundaron las calles de Resistencia, el domingo, con las demandas más acuciantes en defensa de la vida de las mujeres: aborto legal, desmantelamiento de las redes de trata, basta de violencia y femicidios, por el fin de la discriminación laboral y la desocupación, educación sexual, derechos para el colectivo LGTBI, separación de la Iglesia del Estado -que bajo múltiples formas y consignas, recorrió la marcha de cierre del Encuentro. La juventud fue, sin dudas, la gran protagonista de este Encuentro, como continuidad de la enorme batalla que viene dando contra la reforma antieducativa que impulsa Macri para devaluar, aún más, los cuerpos y las conciencias de los jóvenes, y profundizar la cuña al interior de la clase obrera, que supone la precarización laboral. La bandera de educación sexual laica tuvo un enorme protagonismo, en manos de las docentes y estudiantes combativas. El repudio a la reforma laboral en curso y a la reforma educativa estuvieron en el centro de los talleres, así como también los debates entre abolicionismo y trata de personas versus el impulso al “trabajo sexual” que Ammar trasladó al Encuentro en base a un enorme lobby que el proxenetismo viene protagonizando. En los talleres barriales, los debates se centraron entre las organizaciones cooptadas por el Estado -como el Evita y la CTEP- y las del Polo Obrero, que denunciaron la precarización laboral, la perpetuación de modalidades precarias y fuera de convenio que explota el Estado en todo el país y cómo esa vulnerabilidad impacta en la vida cotidiana de las mujeres más allá de lo laboral, dejándolas a merced de los punteros. En los talleres trans se denunció a quienes defienden la prostitución como trabajo, y la discusión avanzó en la búsqueda de acciones para avanzar y lograr que se cumpla con el cupo trans en todo el país y se apruebe el proyecto de ley de la banca del FIT en este sentido. El documento de apertura, elaborado por la facción PCR del movimiento, tuvo el contenido de las lobbistas de los reclamos de coparticipación en los términos en que lo reclaman los gobernadores y de los reclamos patronales respecto de la industria, sin registro de los reclamos laborales de los y las trabajadoras. La referencia crítica a la relación entre el Estado y la Iglesia es apenas un pasaje en el que se dice que el Estado debe ser laico y el rechazo al proyecto de ley de “libertades religiosas”, sin siquiera incursionar en la larga lista de reclamos contra el clero que tiene el movimiento de mujeres y la injerencia de aquél sobre los gobiernos. El documento habla al pasar de desaparición forzada, sin siquiera mencionar el nombre de Santiago Maldonado en ningún pasaje, un tema central de libertades democráticas que abrazan millones en todo el país, pero que en el ENM fue dejado de lado por las organizadoras. ENM y gobierno chaqueño La combatividad de las mujeres que participaron del Encuentro contrastó fuertemente con el accionar político de la Comisión Organizadora (CO), dominada por el PCR y el PJ. Luego del fraude perpetrado en Rosario, donde enajenaron la voluntad mayoritaria de las mujeres de que el ENM se realizara en Capital Federal, sin otro apoyo político, se aprestó a consumar un salto en su integración al Estado incorporando a Jorge Capitanich a la CO y arribando a compromisos con la mesa interreligiosa de la provincia que las llevó a silenciar la campaña fascista en curso en la etapa previa al ENM. En una nota editorial en Diario Chaco, publicada el lunes 16 de octubre, el ex jefe de gabinete de Cristina Fernández y actual intendente de Resistencia, Capitanich, se vio obligado a salir a aclarar que “nosotros no hemos organizado el evento”, atrapado en la contradicción entre su intento de hacer demagogia política con la cuestión de género al participar de las reuniones organizativas, y la ofensiva de radicales, el PRO y el clero contra el Encuentro. Por si alguien tenía dudas sobre sus verdaderos compromisos, en la misma nota recordó los versos del “padre nuestro” y un pasaje de la Biblia, para colocarse como una “víctima” más, pero tolerante, de los reclamos de las mujeres contra la Iglesia, protectora serial de los curas pedófilos y garante del ajuste y de los pactos entre la burocracia sindical, los movimientos sociales y el gobierno. Las mujeres no se dejaron amedrentar por la campaña de hostigamiento y persecución montada por la Iglesia católica, la evangelista y punteros del PRO y del PJ, para separar al pueblo chaqueño de las mujeres luchadoras. Los gobiernos de Domingo Peppo y Jorge Capitanich dejaron correr esta campaña, incluso avalando la cobertura de su policía al ataque fascista contra las mujeres en la Plaza 25 de Mayo, sucedido el lunes. El Plenario de Trabajadoras La delegación del PdT, una de las más numerosas, tal como destacaron los diarios locales, llevó a cada instancia de movilización el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado y encabezó su columna con dicha demanda. En los talleres también centramos nuestra actividad en la denuncia de la reforma laboral y educativa en curso. Junto a la presencia numerosa de los Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán se reagruparon numerosos casos que viajaron de distintas provincias del país, demostrando la profundidad del trabajo político que las compañeras dan día a día en las barriadas, los lugares de estudio y de trabajo, contra las redes de trata y la desaparición de mujeres y niñas, por el fin de la violencia y justicia para las víctimas de la prepotencia estatal y la descomposición de sus fuerzas de seguridad. Mientras otras fuerzas se sustrajeron de dar esta batalla política en nombre de las elecciones, las mujeres luchadoras del Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero nutrieron una vez más la batalla política por la emancipación de las mujeres que necesita, como nunca, terminar con este régimen de barbarie social. La presencia de nuestras parlamentarias y de las candidatas del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, fisonomizó la pelea que dio el conjunto de la delegación por el voto al FIT, para reforzar las demandas de las mujeres en las calles y los parlamentos. En el acto del domingo, Soledad Sosa, Romina Del Plá y Vanina Biasi dieron cuenta de la batalla que, como organización, venimos dando por el aborto legal en el Congreso de la Nación, la defensa de los convenios y salarios, y por la puesta en pie de un movimiento de mujeres masivo e independiente de los gobiernos y la Iglesia para arrancar todas nuestras demandas.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Izquierda hizo una buena elección. En la categoría a diputados obtuvo el 5,8%, el más alto desde la conformación del Frente. Alcanzó así el cuarto lugar, superando al massista Tombolini, y quedó a sólo cuatro décimas del ingreso de Marcelo Ramal al Congreso. A la categoría de legisladores obtuvo el 6,87%, logrando el ingreso de Myriam Bregman y Gabriel Solano a la Legislatura porteña. A partir de diciembre, el FIT contará con tres legisladores, uno más que en la actualidad. Desde las Paso, crecimos alrededor de un 60% en ambas categorías, unos 40 mil votos. Hicimos una intensa campaña en las calles, en los lugares de trabajo y estudio, y en las redes sociales, donde pusimos de relieve la necesidad de diputados y legisladores de izquierda para defender derechos y aspiraciones fundamentales de la población trabajadora, de las mujeres y de la juventud. Tal vez con mayor intensidad que en cualquier otro distrito, el macrismo cosechó su votación a través de una gigantesca extorsión económica y política. El macrismo llamó a votar contra un kirchnerismo desprestigiado, acosado por las causas de corrupción, que gobernó con 40% de precarización laboral, 30% de pobreza, jubilaciones de miseria e impuesto al salario. Pero, por sobre todo, sustentó su votación en la incapacidad de los pseudo-opositores de levantar un programa alternativo al ajuste macrista. Allí estuvieron sus llamados a levantar cualquier movilización contra el ajuste, incluso las últimas marchas que reclamaron justicia para Santiago Maldonado. Estas cuestiones fueron puestas de manifiesto de manera impecable por Marcelo Ramal en el debate de candidatos de la Ciudad. El debate tuvo una gran repercusión y permitió un salto en la consideración popular de nuestros planteos. El cruce con Carrió por Santiago Maldonado desenmascaró el encubrimiento del gobierno que todavía planteaba la posibilidad de que estuviera en Chile, lo que fue desmentido por la aparición del cuerpo unos días después. Carrió fue “guardada” en los últimos días de la campaña para preservarla del desprestigio. El debate dejó planteado el desafío de un desplazamiento del voto de la Ciudad, que tuviera al macrismo como principal perjudicado y a nuestra lista capitalizando el desempeño en el debate. Aunque esta confrontación nos dio una fuerte autoridad política, no se tradujo luego en cambios electorales significativos. El gobierno retuvo su votación, así como Filmus y Lousteau. El Frente de Izquierda, en ese marco, concentró su crecimiento en el voto de las listas que no habían superado las Paso. Este apoyo tuvo expresión en el pronunciamiento de varios referentes políticos y culturales ligados a aquellas expresiones, como Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Pablo Bergel, Maristella Svampa, Gabriela Massuh, Soledad Villamil, Diana Maffia y otros. Tomada de conjunto, la votación a la izquierda en la Ciudad superó el 10% de los votos, y en algunas comunas como la 15 ó 5 alcanzó el tercer lugar con el 14%, superando a Lousteau. La presentación divisionista y personal de Zamora obtuvo una votación menor, y casi repitió el desempeño de las Paso. Para adelante tenemos el desafío de transformar la simpatía evidenciada hacia nuestros planteos, por una parte importante de la población en general y de la juventud en particular, en una conquista política efectiva

El gobierno se ha servido de su victoria electoral para redoblar una escalada contra los trabajadores y la mayoría explotada. En medio de tarifazos en las naftas, el gas y otros servicios públicos, ha convocado a una gran reunión a las cúpulas empresariales, los gobernadores y la burocracia sindical. La agenda del acuerdo que pretende bendecir es conocida: reforma laboral precarizadora, aumento de la edad jubilatoria, privatización del hospital público, destrucción de la enseñanza media. Macri explota las corruptelas kirchneristas para presentar a esta cruzada antiobrera como una “lucha contra las mafias”. Pero en el escenario del “gran acuerdo”, estarán todos los capitalistas que se sirvieron de los De Vido -y también del gabinete actual- para saquear al país y a sus trabajadores. También estarán los gobernadores del PJ o el FpV, socios del ajuste oficial. Los capos de la CGT, a su turno, onfirmarán su compromiso de fondo con la liquidación de las conquistas laborales. A este acuerdo contra la clase obrera es necesario que le opongamos un programa y una política de lucha: para defender incondicionalmente los convenios laborales, para luchar por el 82% móvil; para defender el hospital público y las conquistas educativas. El más de un millón de votos obtenido por el Frente de Izquierda en todo el país es un claro pronunciamiento en ese sentido.

Se realizaron las elecciones de Comisión Directiva del Sindicato Regional de Obreros y Empleados Telefónicos y Multimedios (SOETyM) del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en las localidades de Cutral Co, Plottier, Neuquén y Catriel. Nuestros compañeros afiliados pudieron elegir a través de su voto a las nuevas autoridades por el período que va de octubre de 2017 a octubre de 2021. Al finalizar el escrutinio, el 60% del padrón apoyó a la lista de unidad, que pasará a ser la nueva Comisión Directiva del sindicato, que quedó conformada por trabajadores de Telefónica, de las cooperativas telefónicas (Copelco, Calf, Cotecal) y tercerizados de Cobra. Entre las principales tareas que la nueva Comisión Directiva asumirá se encuentra el desafío de ampliar la masa de afiliados en el ámbito de cobertura del sindicato, para poder lograr la personería gremial del SOETyM y, de esa manera, poder negociar nuestro convenio colectivo de trabajo. Es un eje fundamental de la nueva dirección sindical la lucha por un convenio único para todos los trabajadores de telecomunicaciones, incluyendo la lucha contra la tercerización y la mejora de las condiciones laborales y salariales en las empresas de comunicación. A partir de ahora se inicia una nueva etapa en el SOETyM. Los miembros de la nueva directiva nos abocaremos de lleno a la construcción y el reforzamiento de nuestra organización, para lanzarnos a la lucha por los derechos y reivindicaciones de todos los trabajadores telefónicos.

En el día de hoy, cuando la Federación Aceitera se aprestaba a realizar una huelga nacional, la medida fue levantada luego de que el Ministerio de Trabajo dictase una conciliación obligatoria A tres meses de la elección que dio continuidad al mandato de la lista que encabeza Daniel Yofra, el Ministerio de Trabajo se niega a certificar a las autoridades y a reconocer formalmente el resultado de las elecciones de la Federación Aceitera. Esta dilación bloquea el accionar de la Federación y el normal funcionamiento de la obra social. La maniobra, que inspiró un plan de asambleas en todo el país y una respuesta del gremio a la altura de las circunstancias como es la huelga nacional –en contraste con la postración de la burocracia sindical que pacta con Macri–, constituye un desafío del gobierno a un sindicato que se ha destacado por luchar exitosamente contra los techos salariales. Se trata de una tentativa de regimentación “preventiva”, cuando avanza la reforma laboral y el ataque a los convenios. Los sindicatos combativos y el clasismo deben rodear de solidaridad a los aceiteros.

El Frente de Izquierda, con el 8,68% de los votos, ya es la cuarta fuerza de la ciudad e ingresa en el Concejo Deliberante de Neuquén capital, con una lista liderada por la compañera Patricia Jure, del Partido Obrero. De los concejales en disputa, cuatro se lleva Cambiemos, tres el MPN, uno Unidad Ciudadana y uno el FIT, que ingresó ocupando el séptimo lugar entre los nueve que se eligieron. En la elección nacional se volvió a imponer Cambiemos, en esta oportunidad ascendiendo al 28% de los votos, contra el 21% obtenido por el MPN. El tercer diputado quedó para Unidad Ciudadana que obtuvo un 19%. El Frente de Izquierda ocupó el quinto lugar, recogiendo el 6% de los votos a escala provincial. El nuevo cuadro Cambiemos triunfa a pesar de que se haya instalado fuertemente, en el transcurso que va desde las Paso a las generales de octubre, una nutrida agenda social: el debate en torno de la tentativa de armonizar la caja previsional de Neuquén (el ISSN), lo que motivó paros y movilizaciones de la CTA y los sindicatos estatales; numerosas luchas contra los despidos en diversas empresas y en el Estado; movilizaciones contra la depredación ambiental ante el avance de los especuladores inmobiliarios, etc. El MPN tomó nota de que el duro revés sufrido en las Paso fue consecuencia de su mimetización con Cambiemos en el último año y medio. Echando por tierra la caracterización de que existe una derechización de la ciudadanía, el MPN se valió de una campaña de corte ‘populista’ para contener su electorado. Por eso, su consigna central fue “no la reforma laboral y previsional”. La impostura no podría ser mayor, pues es el MPN el principal responsable del vaciamiento del ISSN. Y de la mano del senador nacional y secretario general del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, y del gobernador Omar Gutiérrez, el MPN fue quien dio la señal de partida de la reforma laboral, firmando la primera demolición de un convenio colectivo de trabajo. El mismísimo Pereyra fue parte del Coloquio de Idea, para reivindicar allí la adenda que flexibilizó las condiciones laborales en el gremio petrolero. En la cumbre de los popes capitalistas de Argentina, Pereyra se lució como el representante sindical por el que clama el empresariado nacional. El mismo que se sentó a un lado de la candidata del MPN en la conferencia de prensa del domingo 22 por la noche. Unidad Ciudadana logró incrementar levemente su votación con respecto a las Paso, presentándose como la fuerza capaz de “ponerle un límite” al ajuste macrista. La falacia del planteo no sólo reside en el papel jugado por el FpV-PJ en el Congreso Nacional, sino también en el papel de los integrantes de la lista neuquina de UC en la Legislatura provincial. Es el caso de Javier Bertoldi, que le otorgó al MPN y al macrismo el voto clave para la aprobación del presupuesto y el endeudamiento. Finalmente, el centroizquierdismo neuquino sale fuertemente golpeado de la elección nacional y municipal. Por un lado, el Frente Neuquino se ubicó en el cuarto lugar en la elección nacional, golpeando duramente las pretensiones de Ramón Rioseco de disputar la gobernación en 2019, y, a su vez, no logró renovar la banca en el Concejo Deliberante. Por otro lado, Libres del Sur fue la fuerza que más retrocedió en octubre con respecto de las Paso y tampoco logró renovar la banca municipal. El Frente de Izquierda Todos los medios han señalado que el ingreso del FIT al Concejo Deliberante fue “la sorpresa” de la elección. Sin embargo, las posibilidades de que el FIT ingresara al Concejo estaban claramente planteadas. Por un lado, por la consolidación del voto al Frente de Izquierda en la ciudad a los largo de todas las últimas elecciones. Por el otro, por el destacadísimo papel de Patricia Jure en la legislatura provincial, en íntima conexión con las principales luchas de la región. En el transcurso mismo de la campaña, Patricia Jure ofició de vocera política de las trabajadoras municipales despedidas, que conmocionaron a la provincia cuando se encadenaron al municipio y amenazaron con prenderse fuego ante la negativa del intendente a reincorporarlas. Un destacadísimo papel jugaron las compañeras del Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras, que impulsaron la candidatura de Patricia realizando nutridas reuniones en las barriadas en apoyo al proyecto por Casas Refugio para las mujeres víctimas de violencia, y por el derecho a la vivienda y al trabajo. Obreros de MAM, que llevan más de tres meses ocupando su fábrica contra los despidos, militaron activamente la campaña por el ingreso de Patricia Jure al Concejo, algunos de ellos, incluso, transformando sus hogares en casas electorales en apoyo al FIT. El ingreso de Patricia Jure al Concejo es vivido con un intenso entusiasmo por un sector de trabajadores, mujeres y jóvenes simpatizantes del FIT. Ha despertado, asimismo, grandes expectativas, pues representa el fin de un Concejo rutinario monopolizado por Cambiemos y el MPN. Ahora, con el ingreso del Frente de Izquierda, las numerosas luchas en curso tendrán una expresión propia en el Concejo y contarán con un nuevo punto de apoyo para enfrentar a los gobiernos de los especuladores inmobiliarios y las petroleras, enemigos de los trabajadores.

En la sesión del Consejo Superior de la UBA se presentaron dos proyectos distintos por el caso de Santiago Maldonado, el de la UJS-PO y el de Nuevo Espacio/Franja Morada, que fue aprobado por los decanos. El proyecto aprobado constaba de tres artículos, que manifestaban condolencias a la familia, ponían los recursos de la universidad al servicio de la investigación y adherían a las manifestaciones por verdad y justicia. Al tratarse el proyecto en particular, propusimos, artículo por artículo, incorporar el reclamo de separación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su segundo, Pablo Nocetti. Justificamos el pedido en el hecho de que Bullrich utilizó los recursos del Estado para proteger a la Gendarmería y enturbiar la causa, al punto de delatar testigos de identidad reservada. Nocetti fue el que instigó a los gendarmes a ingresar a la comunidad para perseguir a los mapuches, sin orden judicial. El rector Barbieri, los decanos y su agrupación, Nuevo Espacio/Franja Morada, votaron tres veces consecutivas en contra de que la UBA se pronuncie sobre Bullrich y Noceti. Toda una definición política de esta conducción de la UBA, que pretende reelegirse, acerca de que no interferirá frente a los atropellos del gobierno nacional, hoy contra Santiago, su familia y el pueblo mapuche, mañana contra la universidad pública y el conjunto de los trabajadores.

Nuestro compañero Pablo Eibuszyc, de la Naranja Telefónica, junto a Carlos Artacho, de la Violeta, y Viviana Carranza, de la lista Roja, asumieron como vocales de la comisión directiva de Foetra, cargos logrados en la elección del sindicato, donde obtuvimos el 27% de los votos con el frente Granate-Blanca. Los compañeros de la Naranja nos hicimos presentes en el acto de asunción con un importante grupo de delegados y compañeros de los edificios Libertad, República, Palermo, Personal (Oficina Caballito y Oficina Florida), Martínez, Pacheco, Vicente López y Lomas de Zamora, entre otros. El cuadro que deberemos enfrentar será el del ajuste que anunciaron las patronales en el Coloquio de Idea, que en el gremio telefónico ya viene avanzando con la fusión de Telecom con Cablevisión, contra los trabajadores de Nextel y con paritarias a la baja, actas y acuerdos firmados por la burocracia con las patronales, donde se avanza en la polifunción y el cierre de sectores. Los cargos conquistados los ponemos a disposición de impulsar todas las luchas del gremio contra la tercerización y la precarización laboral, por el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, por el convenio único de la actividad y una jornada de 7 horas, por el pago de los bonos adeudados y por la independencia política de los trabajadores. Para impulsar esta perspectiva el domingo 22 de octubre los compañeros y referentes de la Naranja fuimos candidatos y llamamos a votar al Frente de Izquierda.

Al cumplirse el 7° aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra, Argentina vuelve a estar consternada por un nuevo crimen de Estado contra el pueblo. Ayer como hoy, se trata del mismo trípode que reúne a funcionarios gubernamentales, las fuerzas de seguridad y destacados empresarios. El asesinato de Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 en el barrio de Barracas, tuvo como responsables a los burócratas sindicales, a funcionarios del gobierno kirchnerista, a los empresarios que gestionaban las concesiones ferroviarias y a las fuerzas de seguridad. En el caso de Santiago Maldonado, la trama alcanza a funcionarios como Patricia Bullrich y Pablo Nocetti, a las fuerzas de seguridad y a empresarios como Benetton, así como las mineras y petroleras que buscan apropiarse de los recursos naturales de la Patagonia. Se podrá decir que a diferencia de lo ocurrido con Mariano Ferreyra, en el crimen de Santiago Maldonado no está presente la burocracia sindical. Pero si no lo estuvo en la ejecución de la represión contra la comunidad mapuche, sí ha jugado un papel clave en darle una tregua al gobierno macrista. En los dos meses y medio que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, la burocracia sindical no hizo ningún pronunciamiento al respecto. Lejos de ello, se dedicó a reforzar el pacto con el macrismo, para llevar adelante una reforma laboral que es reclamada por el conjunto de la clase capitalista. La campaña del gobierno contra la ‘mafia sindical’ es sólo un chantaje para arreglar con ésta la entrega de las conquistas históricas de los trabajadores. La burocracia sindical que asesinó a Mariano Ferreyra se ha convertido en un pilar fundamental de la gobernabilidad macrista. La reforma laboral que unos y otros quieren aplicar conducirá en una primera fase a la entrega de los convenios colectivos de trabajo. Si Mariano Ferreyra fue asesinado por enfrentar la tercerización laboral que afectaba a un sector de los trabajadores ferroviarios, ahora asistimos al intento de transformar al conjunto de la clase obrera en una masa tercerizada. Salvo José Pedraza, que cumple prisión domiciliaria por el asesinato de nuestro compañero, la burocracia patoteril de los Gerardo Martínez, Barrionuevo y compañía sigue siendo el sostén de un régimen basado en la explotación de la clase obrera. La defensa del llamado ‘modelo sindical’ que le otorga prerrogativas enormes a la burocracia para controlar los sindicatos, pasando por encima de la voluntad de los trabajadores, va desde Macri a Cristina Kirchner, pasando por Massa y Randazzo. Este acuerdo principista de los políticos capitalistas prueba, una vez más, que el régimen tiene como sostén fundamental el control de los sindicatos por esta podrida y corrompida burocracia. El kirchnerismo vive este nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra en un estado avanzado de descomposición. La lucha enorme que se desarrolló reclamando justicia logró llevar a Pedraza y a su segundo tras las rejas, junto a varios patoteros y comisarios y efectivos de la Policía Federal. Sin embargo, el gobierno y la Justicia se las arreglaron para hacer zafar a los funcionarios políticos y a los empresarios que manejaban las concesiones ferroviarias. El juicio que se le sigue a De Vido por la masacre de Once pone tardíamente las cosas en su lugar. Este juicio, producto de otra gran lucha popular, probará que la mafia ferroviaria que asesinó a Mariano Ferreyra tenía su vértice en los más altos funcionarios del gobierno anterior. Nuestra lucha contra los De Vido, Jaime y Schiavi no sólo no es nueva, sino que está cruzada por una barrera de sangre. Los crímenes de Estado, como el de Mariano Ferreyra o el cometido con la desaparición de Santiago Maldonado, deben ser denunciados como tales, para mostrarles a los trabajadores hasta dónde está dispuesta a llegar la clase capitalista y sus políticos para defender sus privilegios. Por eso, ambos crímenes tuvieron otro dato que los identifica. Nos referimos a la campaña de desprestigio realizada por los gobiernos y su prensa adicta contra las propias víctimas y sus compañeros. Cuando fue asesinado Mariano Ferreyra, Cristina Kirchner de inmediato denunció a los estudiantes de la Fuba por “violentos”; ahora Macri y sus lacayos denuncian a los mapuches como terroristas. Aníbal Fernández encubría a la policía y calificaba su accionar como “perfecto”, aunque ya estaba claro que había liberado la zona para que la patota asesina actuase sin interferencia. Una actitud similar a la que Patricia Bullrich realiza para encubrir a la Gendarmería. En el caso de Mariano Ferreyra se llegó al extremo de detener a los dirigentes ferroviarios de la agrupación del Partido Obrero en el Roca, pero después debieron recular por la fuerte movilización de repudio que generó esa decisión. Con estos crímenes de Estado la clase capitalista busca doblegar la resistencia de los trabajadores y de los oprimidos. Pero las luchas libradas por obtener justicia se transforman en un factor de impulso a la organización y a la conciencia de generaciones enteras. Así ocurrió con Mariano Ferreyra y así ocurre hoy con Santiago Maldonado. Esta es la verdadera grieta que debe conducir necesariamente al gobierno de los trabajadores. A siete años de su asesinato, volvemos a decir: ¡Mariano Ferreyra, presente!

El lunes 4 de diciembre se votará al próximo rector de la UBA para el período 2018/2022. Barbieri va por la reelección con el aval del gobierno y el apoyo de la mayoría de los decanos. Para lograr este cometido se dispuso un cronograma de votaciones que culminará a fin de mes, que incluye a los decanos y a los representantes de los claustros al Consejo Superior. Todos ellos conformarán la Asamblea Universitaria, que debería realizarse en marzo pero adelantará ilegalmente su deliberación a diciembre con el único objetivo -confesado- de dificultar la participación de estudiantes y docentes al sesionar por fuera del período de clases. En estas semanas, las votaciones de decanos, tanto radicales como kirchneristas, se están sucediendo de forma sumaria y clandestina, con el mayor disimulo posible, sin debates públicos ni propuestas. Entre ambos “bloques”, muchas veces cruzados o entrelazados, existe una extendida conciencia de la necesidad de blindar al cuestionado régimen de cogobierno, absolutamente antidemocrático, de la intervención de la comunidad universitaria. Régimen arcaico De acuerdo con el estatuto vetusto de la UBA, redactado por los interventores de la Revolución Fusiladora en 1957, el 2% de los docentes de la UBA (profesores titulares y adjuntos regulares) posee una ciudadanía de privilegio que le otorga mayoría propia en todos los órganos de cogobierno. Los otros claustros, el de graduados -donde vota la inmensa mayoría de los docentes- y el de estudiantes -naturalmente el más masivo- están pintados. Su única función es desempatar, cuando emergen diferencias entre los profesores. El principio que rige este sistema es el de una supuesta “meritocracia” (cuestionada por los concursos amañados), como si los méritos en el plano académico fueran trasladables al terreno de las definiciones sociales, políticas y pedagógicas que exige el gobierno de la universidad. La defensa de este régimen arcaico -donde el trabajador “no docente” no tiene ni siquiera la posibilidad de participar de la elección- es una “cuestión de Estado”. Es de esta forma que se garantiza el monopolio político de una casta ligada a los grandes intereses capitalistas y los gobiernos de turno. Sólo este régimen puede explicar el intento, hace diez años, de colocar al frente de la universidad a un funcionario de la dictadura militar como Atilio Alterini. Más cerca en el tiempo, hace cuatro años, Barbieri iniciaba su mandato nombrando al ¿ex? capo de la Side, Darío Richarte, como vicerrector. Ambas designaciones tuvieron que ser anuladas por la lucha del movimiento estudiantil-docente, encabezadas por la Fuba y la AGD. En el caso de Richarte se conjugó con la crisis de los servicios por el desplazamiento de Stiuso. De allí, el empeño actual por desplazar a la izquierda de la dirección de la principal federación estudiantil del país. La dinámica del Rectorado, presidido por el ex candidato a ministro de Daniel Scioli, es la siguiente: la que manda es la camarilla ligada al “Coti” Nosiglia -que concentra las principales palancas con Yacobitti en Hacienda y su hermana, “Cati” Nosiglia, en la Secretaría Académica. Un grupo de decanos kirchneristas actúa bajo su órbita y garantiza una mayoría, como Luis Bruno, de Fadu, ligado a los grupos inmobiliarios; o Rodolfo Golluscio, de Agronomía, autor de convenios con Monsanto y Benetton. Todos son defensores férreos de la Coneau menemista y enemigos del convenio colectivo que protege los derechos de los docentes. Su agenda está marcada por el gobierno de Macri, en la necesidad de adaptarse a los ajustes presupuestarios y las nuevas reformas que adecúan aún más las carreras a los designios del gran capital. En estos días, el intento del rector del Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, de usar un caso de abuso para atacar la lucha de los estudiantes, retrató como nunca antes el nivel de antagonismo entre las autoridades nombradas a dedo por el Consejo Superior y la comunidad educativa de los colegios preuniversitarios. Democratización El movimiento por la “democratización” de la universidad, que emergió con fuerza hace diez años en la UBA y se abrió paso en el interior del país, se encuentra severamente averiado. Todo un sector, que se agrupó en torno de La Mella en los últimos años, se volcó a una política de integración al kirchnerismo. Sus decanos “aliados”, como Graciela Morgade, en Filo, o Juan Carlos Reboreda, en Exactas, defienden en beneficio propio la soberanía del ultra-minoritario claustro de profesores, que a nivel UBA conduce a la reelección de Barbieri. Para “combatir a la derecha” del Rectorado y sus manejos arbitrarios del presupuesto, estos decanos buscan su "autonomía" económica por medio de la generación de “recursos propios”, como el Laboratorio de Idiomas de Filo o los convenios de Exactas con Pan American Energy, un mecanismo que acentúa el peso de las corporaciones en la universidad. La semana pasada, La Mella se negó a que el centro de Exactas convocara a una asamblea para que el movimiento estudiantil tuviera una instancia de deliberación colectiva previa a la votación de decano. En Sociales rompió el frente que mantenía con agrupaciones de izquierda para aliarse con La Cámpora y Nuevo Encuentro, que batallaron por la reelección de Glenn Postolski con los resultados conocidos. En esa facultad, cuando gracias a la izquierda se abrió la posibilidad de que los estudiantes se pronunciaran sobre quién debía ser el futuro decano, la abrumadora mayoría votó en sentido contrario a estas agrupaciones, eligiendo a nuestro candidato Eduardo Grüner. La parábola es clara: los que hace cuatro años fueron a tirar piedras contra la Asamblea Universitaria, hoy marchan de la mano con los decanos pretendidamente “opositores” que con sus métodos convalidan las formas y contenidos del régimen actual. Pero este deslizamiento está lejos de aplacar la lucha de los estudiantes y trabajadores de la UBA, que reemerge con fuerza -y éxito- contra los atropellos de las autoridades. La semana pasada, los docentes de Edición de Filo lograron arrancarle nuevas rentas para una carrera postergada que funciona con el 70% de sus cargos “ad honorem”; docentes y no docentes lograron hacer retroceder algunos de los “tarifazos” decretados por el Rectorado y la burocracia de Apuba en la obra social; también conquistaron que se otorgue el derecho a la licencia por violencia de género, que ahora debe extenderse a todas las universidades. La defensa de todas estas reivindicaciones tuvo, en el Consejo Superior, el apoyo incondicional de la banca de la UJS-Partido Obrero y contó con el acompañamiento de la AGD, los centros de estudiantes y comisiones internas combativas. Campaña La UJS convoca a todas las agrupaciones independientes y de izquierda a emprender una campaña contra la reelección de Barbieri y sus decanos. A desarrollar asambleas en los centros para discutir el punto. A cien años de la Reforma del ’18, la ofensiva del macrismo contra la universidad plantea al rojo vivo la necesidad de una nueva dirección. Derrotemos los planes de Barbieri y Franja Morada, y su intento de recolonizar la Fuba. Más que nunca llamamos a defender consejeros superiores y una federación independiente, cuya acción se base en la deliberación democrática y la lucha del movimiento estudiantil junto a los trabajadores.

La victoria electoral del macrismo ha puesto de manifiesto, por un lado, el férreo respaldo de la clase capitalista al proceso económico y político puesto en marcha en diciembre de 2015 y, del otro, un aval al mismo por parte de un sector importante del electorado. El gobierno se alzó con la victoria en trece provincias, incluidas en ellas a los cinco distritos cruciales de Buenos Aires, Capital, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. En Salta, el macrismo venció a Urtubey, un aliado al gobierno y aspirante presidencial de una renovación pejotista. En la Rioja derrotó al propio Menem. En los dos distritos donde aspiraba a una victoria, Buenos Aires y Santa Fe, el kirchnerismo fue derrotado. Al voto al gobierno, que supera el 40% del padrón nacional, hay que sumarle los que recibieron las opciones pejotistas filomacristas, por lo que la victoria del campo del ajuste es contundente. La burguesía saludó con una suba en la bolsa este aval a un proceso de rescate capitalista de la mano del capital internacional, que ha sumado casi 100.000 millones de dólares de deuda en dos años y enormes ganancias al capital financiero. Semanas atrás, en el Coloquio de Idea, los voceros del gran capital saludaron el rumbo económico y, sobre todo, la agenda de “reformas” antiobreras planteada de aquí en adelante. Es necesario, sin embargo, caracterizar el apoyo que cosechó esta salida en una vasta porción del electorado. El gobierno presentó a su planteamiento económico como el único plan de salida a la crisis que dejó el kirchnerismo, incluso con los agravios que conlleva contra los trabajadores y la población explotada. La salida del cepo y el retorno del financiamiento internacional ha dado lugar a un reendeudamiento potencialmente explosivo, que en lo sustancial recicla la deuda anterior, por un lado, y, por el otro, financia un déficit fiscal que es resultado de un régimen acentuado de incentivos al capital -reducción de impuestos a las exportaciones, exenciones a grupos capitalistas, subsidios a la ‘nueva’ producción gasífera. En una porción menor, sin embargo, el endeudamiento ha reactivado parcialmente la obra pública y también el crédito privado, incluyendo en esto a un sector de los trabajadores. Este endeudamiento también se produce en condiciones usurarias y potencialmente confiscatorias, como ocurre con el crédito de consumo, donde los trabajadores compensan con deudas la caída de sus salarios, o con las nuevas líneas hipotecarias -UVA, cuyo repago se indexa sin tener en cuenta la evolución de los ingresos del deudor. En otro orden, el macrismo redobló la explotación política de la corrupción kirchnerista, de cuyas causas se pretende valer para envolver en una pátina “moral” la escalada de medidas ajustadoras. Del mismo modo, tomó el eje de las “mafias sindicales” y encarceló al “Pata” Medina, pero sólo para forzar a los otros mafiosos a sentarse a discutir -y entregar- la reforma laboral. Crisis de dirección Pero ninguna determinación puramente económica explica esta aceptación electoral. La cuestión central pasa por la crisis de dirección del movimiento obrero. En estos casi dos años de macrismo, la clase obrera desplegó enormes esfuerzos para rechazar la política de cierres fabriles, despidos y paritarias con cepo. En ese derrotero se encuentra la lucha de AGR, de Pepsico y de un importante conjunto de fábricas. Estas luchas, o fueron aisladas por las burocracias de sus gremios en el propio conflicto -como Banghó- o soportaron luego el bloqueo de las centrales obreras. Después del paro del 6 de abril, la CGT no sólo dejó librados a su suerte a los conflictos sino que terminó sumándose abiertamente a la negociación de la reforma laboral con el gobierno. El kirchnerismo jugó un papel crucial en ese proceso: la Corriente Federal de los K no levantó nunca los pies del plato respecto del pacto entre Macri y la CGT. La propia Cristina, incluso, desalentó cualquier tentativa siquiera de movilización de los gremios kirchneristas -ello, en nombre de que “había que asestarle al gobierno un golpe en las urnas” que, finalmente, tampoco pudo concretar. Lo mismo puede decirse de la gran huelga docente, que el yaskismo nunca preparó en la perspectiva de infligirle una derrota al gobierno. En este balance ocupa un capítulo especial el caso Maldonado y su desenlace sólo provisorio -la aparición e identificación del cuerpo del joven, en las vísperas mismas de las elecciones. Esta desaparición, ocurrida en medio de una represión ordenada desde el mismo Ministerio de Seguridad, provocó una fuerte conmoción popular, que dio lugar a movilizaciones masivas. Esa intervención popular terminó colocando en crisis a las maniobras de encubrimiento del gobierno, que sembró versiones falsas sobre el paradero de Maldonado para proteger a la Gendarmería. La crisis se coló directamente en la campaña electoral, incluso con una directa intervención nuestra: ello ocurrió en el debate de Capital, cuando Ramal emplazó a Carrió a pronunciarse sobre el tema, desatando un desbarranque de provocaciones verbales que obligaron al gobierno a retirarla de la campaña. En un diario oficialista como La Nación, varios columnistas expresaron preocupación sobre una posible caída importante de votos de la candidata oficial. Pero en las horas decisivas, cuando el cuerpo de Maldonado aparece y es identificado, el gobierno logra retomar la iniciativa en base a una furiosa campaña mediática que busca desacreditar al movimiento que luchó por la aparición de Santiago. Cuando el juez de la causa se apresura a anunciar que el cuerpo de Maldonado “no tiene heridas”, apuntando así a una muerte accidental, se imponía una fuerte respuesta popular para rechazar esta operación política y sostener la responsabilidad de fondo del Estado y el gobierno en la desaparición forzada. El kirchnerismo boicoteó la movilización popular y facilitó las manipulaciones oficiales. Para que una parte del voto popular fuera capturado por el macrismo, debió mediar previamente este trabajo implacable, de la burocracia y de la oposición patronal, contra las reservas de lucha de la clase obrera y, en general, del movimiento popular. Vuelta de tuerca en el ajuste El gobierno se valdrá del aval electoral para tentar una vuelta de tuerca drástica en el ajuste, lo cual había sido planteado claramente por los voceros del capital financiero -Morgan Stanley- en el curso de la campaña. El ajustazo es, en primer lugar, una exigencia de los usureros para que la deuda -que ya supera las dos terceras partes del producto- cuente con una garantía de repago. El Coloquio de Idea, en este sentido, operó como un apoyo y, a la vez, como un emplazamiento al gobierno, en la línea de las reformas “en serio”. Este viraje, que fue disimulado durante la campaña electoral, fue el corazón de los anuncios de Macri en la conferencia de prensa de este lunes. La agenda plantea, en primer lugar, la reforma impositiva, que es el corazón del ‘nuevo’ pacto federal con los gobernadores. Se trata de una reducción de los impuestos que gravan a los capitalistas y, como contraparte de ello, un progresivo plan de ajustes en los gastos de las administraciones provinciales, con despidos incluidos y con la modificación de sus regímenes previsionales. En torno de este acuerdo deberá articularse la “gobernabilidad” entre el macrismo y los senadores o gobernadores del Pejota. La agenda oficial incluye, por supuesto, a la reforma laboral, que avanza en los acuerdos gremio por gremio, pero que exigirá también medidas legales de alcance general, a ser debatidas en el Congreso. Es el caso de la nueva reducción de aportes patronales que se discute como contrapartida de un blanqueo laboral. A su turno, esa caída de los ingresos previsionales empujará a la reforma del régimen jubilatorio, con el aumento de la edad para el retiro. El paquete oficial se completa con una reforma educativa que subordine definitivamente a la enseñanza media a las necesidades del capital (en la línea de lo que se implementa en Ciudad de Buenos Aires), con un régimen de “cobertura única de salud”, que comporta un principio de privatización del hospital público y una nueva escalada de tarifazos. Esta declaración de guerra será fuente de choques y luchas en todos los terrenos del movimiento de las masas, que tendrán que ser preparadas a través de una intensa tarea de propaganda, agitación y organización. Por otra parte, el plan oficial enfrenta los límites más generales que plantea la marcha de la crisis capitalista. La sobreabundancia de liquidez internacional -que ha facilitado la financiación de la bicicleta “macrista”- podría continuar durante todo un período y darle aliento al plan de endeudamiento oficial. Pero no puede excluirse una reversión brusca en el flujo de capitales, como consecuencia de un agravamiento de la crisis mundial. Ello podría conducir a una brusca eclosión del planteamiento económico del gobierno. Peronismo y kirchnerismo La elección ha marcado un punto muy alto en la desintegración del peronismo, y, como parte de él, del kirchnerismo. Apenas pasados los comicios, parte de los intendentes que apoyaron a Cristina ya han comenzado a desfilar por el despacho de Vidal, como antes lo habían hecho con Pichetto. En la propia campaña electoral, el kirchnerismo reveló su impotencia para actuar como referencia opositora al macrismo. CFK cuestionó genéricamente al ajuste y al endeudamiento, pero nunca planteó el repudio de la hipoteca usuraria que su propio gobierno contribuyó a consolidar. Después de las Paso, Cristina acentuó un perfil pejotista, en la expectativa de blindar el apoyo de los intendentes del conurbano. Un capítulo especial del desbarranque K han sido las críticas al régimen venezolano, como señal indudable de un alineamiento continental estratégico en torno de una salida de recolonización económica y política de la mano del imperialismo. La decadencia del kirchnerismo plantea el fracaso de una tentativa tardía de rescate del nacionalismo burgués en la Argentina, y le plantea al Partido Obrero una enorme batalla política en el movimiento obrero y la juventud. El Frente de Izquierda El Frente de Izquierda obtuvo 1.150.000 votos, lo que implica un crecimiento del 25% respecto de la votación en las Paso y un registro similar al que alcanzamos en 2013. En Buenos Aires, la tentativa de polarización entre las candidaturas de Bullrich y Cristina, que golpearon fuertemente al massismo y al PJ de Randazzo, no afectaron al FIT, que logró 500.000 votos en una votación homogénea entre las candidaturas de senador y diputado. En este cuadro, estamos consiguiendo el ingreso de dos diputados y un legislador provincial. En la Ciudad de Buenos Aires hicimos nuestra mayor votación, quedando a pocas décimas del ingreso del diputado pero conquistando por primera vez dos legisladores. Este progreso en Ciudad y Buenos Aires debe confrontarse con retrocesos en otros distritos donde el FIT había alcanzado grandes votaciones en 2013 y ahora retrocedimos. Es el caso de Salta, Mendoza y Córdoba. Estamos peleando el legislador provincial en Catamarca y, un poco más lejos, en Santiago del Estero, en tanto conquistamos la concejalía de la capital neuquina. La enorme votación alcanzada en Jujuy, con el ingreso de cinco legisladores y una votación a diputado nacional que supera al Pejota en la capital de la provincia, ha tenido lugar en medio de una aguda crisis del PJ. Hemos obtenido casi el 10% en Santa Cruz y crecimos fuertemente en Tucumán, pasando del 3% en elecciones anteriores a casi el 5%. La campaña electoral ha demostrado, de un modo todavía más agudo que en el pasado, que el Frente de Izquierda, siendo una indudable referencia electoral, está lejos de constituir un polo político capaz de vertebrar cotidianamente a la clase obrera en la lucha contra el Estado y los partidos capitalistas. Pasadas las Paso, el Partido Obrero le propuso al FIT un plan de acción, dirigido principalmente a una acción resuelta para la conquista del voto en la clase obrera y sus sectores más activos. Este planteo, y otras iniciativas de frente único -comenzando por los elementales spots comunes-, fueron rechazados por el PTS. Sin perjuicio de ello, organizamos con IS el plenario obrero en apoyo al FIT en la cancha de Lanús, que agrupó y atrajo a un importante abanico de activistas y dirigentes obreros en torno de la lucha electoral planteada y de iniciativas de lucha contra el ajuste y la reforma laboral. Nuestra campaña levantó con fuerza la denuncia del pacto Macri-CGT, golpeando a todas las alas del PJ que sostienen a la burocracia y al sector de la izquierda que mantiene ilusiones en el moyanismo o en la Corriente Federal. Nos esforzamos en asociar la campaña del PO a los grandes episodios de la crisis política y de la lucha de las masas, al punto que fuimos acusados de ello en varias oportunidades por los voceros mediáticos de la burguesía. Los voceros del Partido Obrero asumieron un lugar protagónico en la lucha electoral, como resultado de una orientación definida de delimitación y lucha contra el gobierno ajustador y la impotente oposición patronal. Lo que viene Para el Partido Obrero, la votación alcanzada es una importante plataforma para el desarrollo de una oposición política al macrismo sobre bases obreras y socialistas, que deberá concentrarse ahora en los sindicatos y en todas los terrenos donde tendrá lugar la deliberación y las luchas respecto de las iniciativas reaccionarias del gobierno. La agenda que el gobierno anunciará en su “gran acuerdo” con los gobernadores, la burocracia sindical y las centrales empresarias debe ser enfrentada con un programa y un plan de acción, que debe desenvolverse en las organizaciones obreras, en la juventud y también en los parlamentos -ese debe ser el contenido de una política de frente único. El balance y las conclusiones de la gigantesca batalla política que dimos en estos meses es la premisa ineludible para conquistar y agrupar a los centenares de compañeros que hemos sumado.

Eduardo Costa ha ganado una vez más una elección de medio término en Santa Cruz, tal como lo había hecho en 2009 y 2013. Cambiemos logró captar el grueso del descontento por el derrumbe económico y la corrupción kirchnerista, con un 44% de los votos. Para una fuerza que impulsa el ajuste a fondo contra los derechos de los trabajadores esto es, a la vez, un logro y una estafa, ya que hicieron toda su campaña contra la corrupción y las medidas de ajuste de Alicia Kirchner, disimulando que se ejecutan en común acuerdo con el gobierno nacional. Si bien ha atravesado crisis internas fuertes, Costa es, a los ojos de la mayoría del electorado, la única opción para sacarse de encima a los K. Respecto a las Paso, Costa logró retener el grueso de los votos de sus fracciones internas, aunque retrocedió unos 2.000 votos. Más aguda todavía es la estafa planteada por el Frente para la Victoria Santacruceña (FVS) de Alicia Kirchner, cuyo gobierno congeló los salarios y los liquida con atraso todos los meses. Arrinconado por grandes huelgas y movilizaciones, el kirchnerismo logró reunir, sin embargo, el 32% de los votos -sumó 4.500 respecto de las Paso-, gracias al aparato y la burocracia sindical (petroleros, Uocra, Aoma, CGT). Que entre las dos listas del ajuste sumen el 76% es una muestra de que las conclusiones de la más brutal experiencia del ajuste que se vive en Santa Cruz no han sido asimilada conscientemente todavía por las mayorías. Kirchneristas y macristas lograron recrar un escenario de polarización electoral, favorecido por los pocos cargos en disputa. Entre ambos se llevaron más de las tres cuartas partes de los votos. Este cuadro de polarización realza los logros del Partido Obrero-FIT (usamos esta expresión ya que casi toda la campaña recayó en el PO). Nos consolidamos como tercera fuerza con casi el 10% de los votos, y seguimos desarrollándonos en todo el territorio provincial. Se destacan los resultados obtenidos en Caleta Olivia, donde sacamos el 23% y disputamos el segundo lugar con los K, y Chaltén, donde con el 24% disputamos el segundo lugar con Costa. En las Paso habíamos quedado unos pocos votos debajo del dos veces gobernador Daniel Peralta en la categoría para Senador y lo superábamos en la de Diputado, pero ahora los superamos en ambas. La lista de diputados que encabezó nuestro compañero Omar Latini reunió 16.100 votos. Muy atrás quedó la lista oportunista armada entre el diputado provincial del Frente Renovador José Blassiotto y el aparato gremial de ATE degennarista, que se mantuvo en el 4% que había logrado en las Paso. Por su parte, Izquierda al Frente alcanzó el 3%. Por un Plenario de Trabajadores El pueblo de Santa Cruz ha atravesado penurias increíbles, como la falta de atención de la salud, el año lectivo casi perdido y los sueldos bajo la línea de pobreza. El gobierno en los hechos ha impuesto el congelamiento salarial en Santa Cruz y existe cierta desazón en el activismo estatal y docente, después de grandes luchas infructuosas. La clase trabajadora tiene que darle su propia salida a la crisis y unir todos los reclamos en un gran movimiento de lucha para hacérsela pagar a los corruptos y a las corporaciones capitalistas. Tanto en el petróleo como en la minería y, sobre todo, en Río Turbio se vienen batallas fundamentales para defender los convenios y los puestos de trabajo. Se vienen dos años en los cuales intentarán profundizar el ajuste. El Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista impulsaremos la realización de un Plenario de Trabajadores que vote un programa político sindical y un plan de lucha para alcanzar la victoria de todas las reivindicaciones populares.

Mucho se ha escrito en esta campaña electoral en los medios de comunicación sobre la tercera sección electoral bonaerense. Ha sido presentada como un bastión inexpugnable del kirchnerismo y fue su base de operaciones en toda la campaña, apoyándose en los intendentes del PJ de la zona que fueron en las listas de Unidad Ciudadana. Aquí ha sido donde CFK concentró su demagogia “contra el ajuste”, que, sin embargo, contrasta con las condiciones de vida en barriadas de La Matanza, Avellaneda o Varela después de décadas ininterrumpidas de gobierno pejotista. El operativo de polarización lanzado entre CFK y el PRO con sus respectivos multimedios tuvo un efecto devastador sobre las variantes de oposición semi-macrista de Massa y Randazzo. Muchos votos de esas opciones migraron a Cambiemos y en menor proporción a Unidad Ciudadana. Sin embargo, incluso en esta sección, la única de la provincia donde ganó UC, ese operativo también fracasó en horadar los votos del Frente de Izquierda. Por el contrario, acá también crecieron de las Paso a octubre colocándose, de conjunto, por encima del promedio provincial con un 5,78%, aportando 190 mil votos a diputado nacional. En la tercera sección, Pitrola superó a Randazzo a senador, logrando el cuarto lugar para el FIT (como también en la primera y en La Plata) y Guillermo Kane ingresó a la Legislatura bonaerense, por encima del “Chino” Navarro, dirigente del Movimiento Evita y otrora presidente del bloque del FpV, que no llegó al piso electoral. Se destaca La Matanza con 43.500 votos, promediando un 5,67 a diputado nacional con picos de 10% en zonas del primer cordón como Villa Madero y Ramos Mejía. A nivel local fuimos tercera fuerza en Ezeiza (6,13%), Almirante Brown (6,09%) y Avellaneda (5,49%), superando las listas divididas del massismo en los distritos, parte de la atomización del peronismo. En esos distritos, la reglamentación electoral, con altos pisos para el ingreso a la Legislatura y los concejos deliberantes, distorsionó completamente la representación, al repartirla entre dos partidos, cuyos últimos concejales ingresan con restos mucho menores a la votación del Frente de Izquierda, e incluso metiendo Unidad Ciudadana un concejal con un resto de cero, gracias a los pisos. Este reparto entre pocos tiene el colmo en Ezeiza, donde el intendente pejotista Alejandro Granados, un estrecho colaborador de la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo (fue también encargado de Seguridad con Scioli), armó las listas locales, tanto de Unidad Ciudadana como de Cambiemos, o sea que el 100% de los concejales que asumen responden al patrón de la estancia. Hicimos también elecciones importantes en Berisso (6,1%) y Berazategui (6,07%, aunque fuimos víctimas de un corte de boleta -de un punto- contra la lista local, víctima de la presión del aparato punteril de Mussi, que organizó un corte de boleta a gran escala contra CFK y a favor de su lista local). Aunque la polarización tuvo un impacto en las concentraciones del movimiento obrero, nuestra campaña ganó al activismo y a amplias capas de trabajadores en muchos frentes. El plenario obrero de la zona sur antes de las Paso y el Plenario Sindical en apoyo al Frente de Izquierda de Lanús en octubre, fueron impulso para un trabajo sostenido en las fábricas y lugares de trabajo, ganando a la campaña a importantes activistas y difundiendo las importantes candidaturas obreras como las de Miguel Bravetti y Sergio Leiva, de Gráficos; Walter Relañez, de Papeleros; Eduardo Mansilla y Tehuelche Alfaro, de Firestone; Luis Gogman y “Tito” Pazos, del Sitraic; Jorge Hospital, de Ferroviarios; Miguel de Pallarols, de docentes de Lomas de Zamora, y Juan Carlos Moya, del Suteba Quilmes. El Plenario de Lanús fue un punto de movilización que marcó un salto para decenas y decenas de activistas del Sitraic a la fiscalización para el Frente de Izquierda. Registramos votaciones masivas en fábricas en lucha como Morvillo, Kimberly Clark, Mascardi y Cresta Roja, así como en plantas metalúrgicas, gráficas, aceiteras, en el plantel de limpieza del Hospital Meléndez y en amplios sectores de la docencia, llegando a picos de masividad en las escuelas de La Matanza. El Sitraic reunió 350 trabajadores en un acto en Fiorito y se volcó a la campaña. El Polo Obrero fue, en toda esta zona, el motor de una intensísima y aguerrida campaña con recorridas cotidianas de barrios, ferias, asambleas y charlas. Desde La Matanza a Brown y Perón, de Echeverría a Avellaneda, de Lomas de Zamora a Berisso, se han destacado centenares de nuevos activistas y militantes a una actividad política de la clase obrera, completando la ruptura con los punteros y el Estado que ya significa participar en el Polo como organización de lucha. Esta elección de la izquierda revolucionaria en las mayores concentraciones proletarias del país viene precedido de un desarrollo militante fuerte en los gremios, centros de estudio y barrios de todos estos distritos. El desafío es cómo transformar este respaldo político logrado y las bancas parlamentarias en puntos de reagrupamiento político más masivo en la etapa que se abre, para poder darle un cauce revolucionario a miles que están saliendo a enfrentar a la política de ajuste, represión y ataque de fondo contra las conquistas de las masas que se lleva adelante desde el Estado.

La nota más destacada en la elección en Jujuy la dio el Frente de Izquierda, peleando cabeza a cabeza el segundo puesto con el PJ. En las elecciones generales superamos la excepcional marca obtenida en las Paso alcanzando el 16,42% de los votos a nivel provincial, consagrando cuatro diputados provinciales y cinco concejales. A diputado nacional obtuvimos el 18%, a tan sólo un punto de lograr una banca. El FIT superó los 50 mil votos en las tres categorías (senador, diputados nacionales y legisladores). En la legislatura asumirán Alejandro Vilca, Natalia Morales, Iñaki Aldasoro y Eduardo Hernández. La conquista de un bloque de legisladores de izquierda es la coronación de un proceso que nos encontró en dos oportunidades en las puertas de la Legislatura, en 2013 y 2015, en las cuales no ingresamos por el piso proscriptivo del 5% del padrón. El derrumbe del peronismo El frente oficialista Cambia Jujuy (UCR + PRO y aliados) hizo una elección altísima en las categorías nacionales, superando el 50% de los votos, aunque se dispersó en las categorías provinciales y municipales. Para concejales, no supera el 30% en ninguno de los distritos grandes. Esto sucede porque el gobierno se valió del viejo método de colectoras del peronismo (la lista de Morales contaba con 206 combinaciones), que suman votos “para arriba” pero dispersaban el voto en la categoría municipal. El gobierno se valió de este recurso para estirar la brecha con el peronismo, que en las Paso terminó muy parejo -35 a 30%. El gobierno de Morales, a pesar de esta elección plebiscitaria, empezó a sentir el incremento de las movilizaciones de los trabajadores contra el ajuste. Su gobierno, al igual que ocurre a nivel nacional, se asienta en el hiperendeudamiento público. La provincia triplicó su deuda pública en menos de dos años y ha colocado los fondos coparticipables de la provincia como garantía de pago del “bono Verde” -210 millones de dólares a una tasa de 8,625% a cancelar en cinco años. Cualquier “tropezón” de la economía amenaza con hacer saltar por los aires al gobierno provincial. Dentro del movimiento obrero, tendrá lugar la batalla por superar los problemas de definición y orientación política de sus actuales direcciones, que le han dado al gobierno de Morales una relativa estabilidad a pesar del crecimiento de las luchas, en un cuadro de tendencia a la radicalización de los trabajadores. La gran elección del FIT arrastra el voto de todo un sector del PJ tradicional, uno de los grandes derrotados de la jornada. El peronismo cayó más de 10 puntos en relación con las Paso. Su candidato, Guillermo Snopek, pagó el costo de su alianza con el macrismo y su colaboración con el ajuste -integra el bloque en el Congreso de los diputados salteños de Urtubey. Esto se reflejó en su campaña, ausente de contenido. El otro gran derrotado de la elección fue el Frente Renovador, el socio “peronista” de Morales, que ocupa la vicegobernación. El FR consagraría apenas dos diputados provinciales, muy ajustadamente. Recordamos que, en 2015, Massa había ganado la elección en la provincia de Jujuy. Es un retroceso que no encuentra destino final todavía. Por su parte, Unidad Ciudadana sacó el 5% de los votos y no logró ningún cargo, excepto en Libertador, donde consagró un concejal. Su registro fue prácticamente testimonial. El Partido de la Dignidad del “Perro” Santillán obtuvo el 2% y el MST, el 0,6%. Hubo un 10% de voto en blanco. El Frente de Izquierda El FIT realizó una gran elección en todo el territorio, con “picos” en San Salvador, Palpalá y Libertador (Ledesma). En Libertador, la lista del FIT se encuentra ganando por escaso margen la elección, consagrando dos de los cuatro concejales. El apoyo decidido de las fuerzas del FIT a la lucha de los obreros azucareros se tradujo en un apoyo masivo del pueblo a sus listas. En los días previos a la elección, el secretario general del SOEAIL (sindicato azucarero) llamó públicamente a votar a las listas del Frente de Izquierda, y puso a disposición el sindicato para el festejo post electoral. Algunos medios de comunicación han calificado el voto al FIT como un “voto bronca” contra el PJ. El análisis carece de profundidad, porque ofrece como explicación aquello que debe ser explicado, a saber: por qué se eligió como “voto bronca” al FIT y no a otra de las tantas listas que se presentaron. La explicación real debería señalar que el pasaje de un sector amplio del electorado del PJ al FIT se debe a que éste proclama la necesidad de enfrentar la ofensiva patronal de los Macri y Morales, y denuncia la complicidad del pejotismo en todo el país con esta política. La caracterización del “voto bronca” difundida por los medios no debe confundirse con el reconocimiento del raquitismo de los partidos que integran el FIT en la provincia, algo evidente que contrasta con la inmensa votación obtenida. De hecho, los partidos que integran el Frente de Izquierda juegan un papel marginal en la lucha de clases de la provincia y carecen de una penetración significativa en el proletariado y las masas explotadas. El carácter personalista que asumió la campaña detrás de la figura de Alejandro Vilca advierte el peligro de querer superar este déficit estratégico por medio del marketing electoral. Es necesario no perder el carácter concreto de los análisis electorales, en especial cuando arrojan una tendencia ascendente. En estos casos hay que discernir si estamos ante un aprovechamiento positivo de las crisis políticas del régimen o si son la expresión directa de un ascenso en la lucha de clases, o una combinación de ambos factores, determinando el peso de cada uno. En los últimos años los ascensos electorales más destacados del Frente de Izquierda no fueron la expresión de una fuerte participación de los trabajadores en la lucha de clases. Eso le dio un carácter más precario, haciendo más factible una reversión de tendencias cuando el régimen logra superar sus propias crisis y divisiones, muchas de ellas de carácter faccional. La formidable elección del Frente de Izquierda plantea grandes desafíos para el futuro, que se resumen en uno solo: poner en pie al movimiento obrero de la provincia como alternativa política, dotándola de una nueva dirección que luche por una salida obrera y socialista.