Prensa Obrera N° 1474

Las autoridades del ministerio que comanda Nicolás Dujovne han escalado en la política de ataques a los trabajadores. Ahora, con un sumario administrativo trucho por supuestas agresiones, pretenden aplicar sanciones a tres delegados. Van por la suspensión sin goce de sueldo de Martín de Azpiazu y Pablo Anino, delegados de Acción Social de la Junta Interna y del cuerpo de delegados, respectivamente; mientras que a Eduardo Viceiro, delegado adjunto, le cabría un apercibimiento. Por cuerda separada corre otro expediente contra el delegado general, Pablo Almeida. Las “imputaciones” que realiza el ministerio se basan en tres testimonios falsos del personal de la Policía Federal que el 1° de abril de 2016 cerró el conjunto de los accesos del edificio para no dejar ingresar a los 160 compañeros que Alfonso Prat Gay, entonces ministro de Hacienda, dejó en la calle en el marco de los miles de despidos con los que Macri estrenó su gobierno. Los funcionarios no se han privado, incluso, de hacer una denuncia penal por “hurto”, que duerme plácidamente en una fiscalía -¡ocurre que allí hay que aportar, aunque más no sea, alguna prueba! El antecedente inmediato de esto es el despido -sumario trucho de por medio- de la delegada Mayra Coatz, quien jugó un importante papel en la defensa de los puestos de trabajo aquel año, y el intento de desafuero de un delegado de UPCN. Hay que destacar que en el transcurso del conflicto por los despidos, y producto de la tenaz pelea que dio la junta interna de ATE junto con los compañeros, los funcionarios tuvieron que aceptar decenas de reincorporaciones en éste y otros ministerios. Pero la persecución está lejos de ser solamente un acto revanchista. El gobierno, en su afán profundizar el ajuste, pretende llevarse puestas a las organizaciones combativas que lo enfrentan. Intentará reducir el llamado “costo laboral” con nuevos despidos y reduciendo más los salarios. De fondo se encuentra la mentada reforma laboral, que procura imponer un retroceso histórico en las conquistas de la clase obrera, y que en el Estado encuentra su preludio en una inmensa cantidad de trabajadores precarizados, luego de años de gobierno kirchnerista. ATE, en sus distintas facciones, debe hacer una defensa enérgica de la organización gremial que enfrentó los despidos, que viene peleando por el salario y contra la precarización. Debe observar que el gobierno se encuentra en pleno ataque -incluso, minando el sindicato por la vía de ilegalizar las juntas internas de la Capital. Desarrollemos una vasta campaña denunciando el hecho y reclamando al ministro Dujovne el fin de la persecución gremial.

Organizada por los diputados del Partido Obrero-Frente de Izquierda se realizó una vibrante audiencia pública por el caso del naufragio de la embarcación pesquera “Repunte”, hundida hace casi tres meses en las cercanías de las costas de Rawson, dejando dos trabajadores sobrevivientes, tres fallecidos y siete desaparecidos. De ella participaron treinta familiares de Mar del Plata y Chubut, quienes testimoniaron su enorme lucha y en su reclamo impugnaron todo un régimen político y social que les da la espalda: el mismo que llevó a este crimen laboral. En la audiencia participaron los diputados Pablo López, del PO-FIT; Fernanda Raverta, del FpV, y Araceli González, del Evita. Fueron parte también Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Alejandro Martínez, dirigente del PO marplatense y protagonista junto a los familiares de sus movilizaciones y luchas. Estuvieron también un concejal del FpV de Mar del Plata, trabajadores pesqueros de una agrupación del Somu de Buenos Aires, trabajadores nucleados en el Sindicato Argentino de Obreros Navales (Saon) y ATE Ensenada. Luego de la introducción de Pablo López, que realizó un resumen de los dos pedidos de informes elaborados por la banca del PO-FIT (estado estructural del “Repunte” y actuación de la Prefectura en las tareas de rescate de las víctimas), la audiencia abrió con una carta redactada por la comisión de familiares dando cuenta de la forma en que realizan las tareas los trabajadores pesqueros y el conjunto de las acciones que están llevando adelante por la búsqueda de justicia. La exigencia de una declaración de emergencia de seguridad en la pesca, presentada en la Banca 25 del Concejo Deliberante de Mar del Plata y las recorridas por los medios periodísticos por parte de la comisión de familiares formaron parte de las iniciativas previas a la audiencia. Los dirigentes del Partido Obrero develaron la cadena de encubrimiento del conjunto de los estamentos del Estado en este crimen social. Los 42 hundimientos y las 86 muertes de obreros pesqueros desde el año 2000 forman parte de las “1.200 muertes por accidentes de trabajo que se producen cada año en la Argentina”, denunció Pitrola. “Lo anterior tiene que ver con un régimen de impunidad patronal basado en las ART de la Muerte, que se profundizó con la ley de Cristina Kirchner impidiendo la doble vía, y que se agravó aún más con la ley de ART que impulsó Macri este año, y fue votada por los distintos bloques en el Congreso”. También se denunció al poder político marplatense, con el intendente Carlos Arroyo a la cabeza, cuando él mismo aseguró que los trabajadores portuarios “no formaban parte de la jurisdicción municipal”. Se puso de relieve de esta forma "el lugar estratégico que ocupa la lucha de los familiares del 'Repunte' en la escena política nacional: llevar a fondo la exigencia de justicia tiene que ver también con derrotar el andamiaje estatal planteado para llevar a fondo la reforma laboral ‘a la brasileña’ que tiene en carpeta el gobierno nacional y la oposición”, marcó Jorge Altamira. La diputada Raverta destacó el rol de las mujeres en esta lucha de los familiares, lo cual es rigurosamente cierto, pero no pudo explicar por qué siendo ellos gobierno por más de una década en Mar del Plata, en la provincia y el país, siguieron garantizando las ganancias de los pulpos pesqueros a costa de la vida de los trabajadores e ignorando el centro de trabajo en negro y fraude laboral que es el puerto marplatense. Otro debate, planteado por los diputados del massismo, se dio en torno de la renovación de la flota pesquera (marina mercante), que ya está aprobado en Senadores, y que apunta a un sistema de subsidios a las patronales pesqueras. La audiencia funcionó como una verdadera asamblea resolutiva. En primer lugar, se votó la conformación de una comisión independiente de familiares y trabajadores para la investigación de los hundimientos y para las comisiones de seguridad e higiene; en segundo término, se resolvió que la Comisión de Asuntos Pesqueros del Congreso sesione en Mar del Plata, y por último se planteó una movilización de familiares y trabajadores que interpelen a Marcos Peña el día que se le dé tratamiento al pedido de informes en el Congreso. Pitrola planteó la política del Partido Obrero, que es también un proyecto de ley de higiene y seguridad: “Comisiones de control obrero para que ningún barco que no esté en condiciones vuelva a zarpar hacia la muerte de sus tripulantes”. Para seguir pavimentando el camino que lleve al banquillo de los acusados a todos los responsables de este crimen social, es necesario que esta acción parlamentaria se combine con la movilización de los familiares, organizaciones de trabajadores, de la juventud y de la mujer bajo un programa de independencia de clase.

“Tal vez a este gobierno le pudo haber pasado como nos pasó a Felipe Solá y a mí con el tema de Kosteki y Santillán, que se le va la mano a un tipo”. La declaración de Eduardo Duhalde al diario Perfil encaja perfectamente con el cambio de estrategia de Macri-Bullrich respecto de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Tras el derrumbe de las “hipótesis” oficiales -que a Santiago lo hirió de muerte un puestero, que no estuvo en Cushamen el 1° de agosto, que pasó a la clandestinidad y escapó a Chile, que lo retienen los mapuche, que es experto en artes marciales, etc.- sigue ahora la tentativa de instalar la versión del ‘gendarme’ al que se le fue la mano”. Por supuesto, Duhalde miente. Los crímenes de Kosteki y Santillán fueron crímenes de Estado. El 26 de junio de 2002 intervinieron en la represión del Puente Pueyrredón tres fuerzas federales -Policía, Prefectura y Gendarmería-, la Bonaerense y un contingente de agentes de inteligencia que dejaron un saldo de dos muertos y más de 30 heridos con balas de plomo. La represión se extendió del Riachuelo hasta Sarandí. Al día siguiente, Clarín tituló: “La crisis causó dos nuevas muertes”, mientras los voceros del gobierno Duhalde aseguraban que los piqueteros “se mataron entre ellos”. La movilización popular y la valerosa labor de trabajadores de prensa que hicieron honor a su profesión sacaron a la luz la verdad. Duhalde pasó entonces a referirse a la “cacería atroz”. No pudo evitar el final anticipado de su gobierno, pero salvó el pellejo de los responsables políticos de la masacre. Ahora, el macrismo está buscando su Alfredo Fanchiotti para endosarle lo ocurrido con Maldonado. Clarín analizó la “nueva hipótesis” del gobierno en su edición del domingo 10 del siguiente modo: “La responsabilidad por el caso quedaría reducida a una, dos o a lo sumo tres personas, pero ya no sería una desaparición forzada: no hay una fuerza del Estado operando para llevarse a un civil del lugar, sino uno o dos gendarmes ocultando su delito a sus compañeros y superiores”. Y agrega una comparación que retrata el objetivo de fondo de esta operación: “Así quedó cerrado en su momento el crimen del soldado Omar Carrasco: un joven subteniente y dos soldados condenados por el asesinato de un conscripto del que sus superiores jerárquicos del cuartel no se enteraron. Aunque hubo diez militares procesados por encubrimiento, finalmente ninguno terminó condenado”. Esta referencia al crimen de Carrasco, ocurrido en 1994, es de un cinismo atroz. El cadáver de Carrasco fue hallado dentro del cuartel de Zapala, donde cumplía el servicio militar,un mes después de la última vez que fue visto por sus compañeros. Había sido asesinado a golpes. La escena del hallazgo había sido armada y, junto al cuerpo, había una huella de un camión Unimog. Esto nunca se investigó. La primera “hipótesis” de los militares fue que Carrasco había desertado. Le siguieron otras igualmente falsas. Finalmente, la causa se cerró con la condena a tres milicos de menor rango. “Como ahora Gendarmería, el Ejército comandado entonces por el general Martín Balza era un aliado estratégico clave del gobierno, encabezado entonces por el presidente Menem. El gobierno no podía darse el lujo de que quedara bajo sospecha”, recuerda un artículo del diario Río Negro (12/9), trazando un paralelismo. Las maniobras de impunidad no han cesado. Por el contrario, son más intensas que nunca. El gobierno ocultó la presencia de Pablo Nocetti, alto funcionario del Ministerio de Seguridad, en la conducción del operativo represivo en el que desapareció Maldonado; y arrojó todo tipo de suspicacias sobre su familia, sobre la comunidad mapuche y, ahora, sobre los testigos que acusan a los gendarmes. Los responsables de estas operaciones miserables deben rendir cuentas. El lunes 18, a once años de la segunda desaparición de Julio López, movilicémonos a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país por López, por Santiago Maldonado y contra la impunidad de ayer y de hoy.

Tras la enorme batalla de diciembre, con la toma de cinco días que arrancó un pliego de reivindicaciones votada por una multitudinaria asamblea, los becarios y científicos del Conicet -nucleados en la Red Federal de Afectados (RFA), Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), con el acompañamiento de AGD, Conadu Histórica, ATE Conicet y otras organizaciones- resolvieron ocupar otra vez el edificio del Ministerio de Ciencia y Técnica ante la falta de respuestas por parte del ministro Lino Barañao y las autoridades del Conicet. La nueva toma no surge como rayo en cielo sereno. En estos nueve meses, los becarios y científicos se movilizaron a la explanada del MinCyt, impulsaron recolecciones de firmas de apoyo, exigieron y mantuvieron reunión con las autoridades, realizaron actos como el “velorio a la ciencia”, con la convicción no solo de la justeza del reclamo sino sobre todo de la posibilidad concreta de terminar de ganarlo, esto es, de reincorporar los cerca de 500 compañeros que el gobierno de Cambiemos pretendió dejar en la calle el año pasado. Como resultado de esta campaña, Barañao y los rectores pergeñaron una respuesta que no responde al acta de diciembre: los despedidos serían reincorporados, pero a las universidades nacionales. El dato no es menor: ratifica la política del gobierno de avanzar en el recorte en el ámbito de Ciencia y Técnica al tiempo que profundiza su política de desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios, motivo por el cual la Conadu Histórica manifestó su oposición. Pero además la propuesta de Barañao no especifica las condiciones de trabajo y salario, deja indefinido si los becarios e investigadores van a poder continuar y de qué modo con sus líneas de investigación. Para peor, determina que sus cargos serán precarios ya que serán concursados en dos años (como si no hubieran llegado a esta instancia tras sucesivas evaluaciones favorables). En asamblea, la RFA resolvió presentar una contrapuesta que planteaba el cumplimiento del acta, pero también una serie de exigencias para que la propuesta garantizara una reincorporación real de todos los compañeros y compañeras. Ayer llevaron el planteo ante Barañao y las autoridades del Conicet, en la que “no nos ofrecieron absolutamente nada”, como informó Lucila D`Urso, integrante de JCP. “Ni siquiera está garantizado el presupuesto para la incorporación de los compañeros en las universidades nacionales, con los cargos precarizados que de por sí nos ofrecen”. La mentira de Baraño y Cambiemos duró un suspiro. Por unanimidad, la respuesta de la asamblea fue contundente: la continuidad de la ocupación que ha contado con una gran adhesión y que además produjo una enorme repercusión en los medios. Las organizaciones afines al kirchnerismo reiteraron las vacilaciones del año pasado y la nula convicción de que se puede derrotar al gobierno con la movilización. Su presencia es más bien testimonial, como lo prueba que ni siquiera han trabajado un pronunciamiento de sus organizaciones para masivizar el reclamo y la toma. La gran asamblea de la noche del miércoles ratificó la toma y luego se llevó a cabo un festival con olla popular. Por la mañana del jueves se desarrollaba un abrazo al Ministerio en defensa de la ciencia. Con el método de la asamblea y la toma, vamos por la reincorporación de todos los becarios e investigadores. Vamos contra el ajuste en Ciencia y Técnica.

Más de 1.500 personas nos movilizamos en Florencio Varela, el martes 12, para repudiar la agresión policial sufrida por el docente Federico Mendoza -militante de Tribuna Docente y del Partido Obrero- en su escuela, cuando fue “denunciado” el viernes pasado por hablarles a sus alumnos sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Una brigada del comando de patrullas de la Bonaerense se presentó en el establecimiento educativo para advertirle que sería “la última vez” que se refería a Maldonado. El grueso de la movilización fue aportado por la columna integrada por el Partido Obrero, Tribuna Docente, Polo Obrero, Plenario de Trabajadoras, la UJS, el Sitraic, el FOL, Hagamos Lo Imposible, la Lista Marrón Docente, el Suteba Quilmes, el PTS, la Lista Bordó Docente (en La Marrón del PTS), el MTR y el Nuevo MAS. La marcha culminó en la municipalidad, donde se leyó un documento que daba cuenta de la continuidad represiva por parte del Estado, denuncia que hoy adquiere mayor magnitud y profundidad ante la desaparición forzosa de Santiago Maldonado y el ataque a Federico por haberse referido a ella. Cerró el acto Federico Mendoza, en cuya intervención desarrolló esta denuncia. La movilización surgió de la acción inmediata desarrollada el viernes por Tribuna Docente y otros sectores antiburocráticos de la docencia, que acudimos a la escuela donde se encontraba Federico y marchamos a la comisaría en rechazo de la acción policial. A la hora de discutir la movilización del martes, sectores K presentaron una propuesta de documento que reivindicaba los años transcurridos desde 1983 como de “conquistas democráticas”, pasando deliberadamente por alto el estado de sitio de Alfonsín, los asesinatos de De la Rúa durante el Argentinazo de 2001, los asesinatos de Kosteki y Santillán por parte de Duhalde-Solá; el nombramiento del genocida César Milani como jefe del Ejército, la acción de Berni y la Gendarmería contra las luchas obreras y el espionaje al amparo del Proyecto X durante los gobiernos de Cristina; y la represión de gobernadores K en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es decir, un texto encubridor. Además, pretendían que se marchara sin banderas, bajo el argumento pueril de “no alejar asistentes”. Tan pueril como irreal, porque la columna independiente de la izquierda y las agrupaciones antiburocráticas duplicó en asistentes a la de los K, que se detuvo en el monumento a las Madres a leer el documento arriba mencionado. El viernes 15 de septiembre acompañaremos a Federico Mendoza en el horario de entrada a la Técnica 4, donde sufrió la agresión policial. Previamente, formalizaremos la denuncia contra este atropello en la fiscalía de Florencio Varela. Esta movilización forma parte de la lucha por defender las libertades democráticas frente a los atropellos del Estado capitalista y el reforzamiento represivo promovido por el gobierno de Macri-Bullrich. Desarrollemos a fondo esta tendencia en la perspectiva de una verdadera salida de los trabajadores.

Una vez más, los trabajadores plásticos de Tempur Sealy revalidaron la comisión interna. En la elección del 8 de septiembre votaron un total de 321 trabajadores, entre administrativos, operarios, vendedores y hasta encargados, 45 más que la última vez. El resultado final arrojó 164 votos para la Lista Blanca y 156 para la lista apoyada por la empresa, con un voto nulo, venciéndose por tercera vez el fraude patronal. El cuerpo de delegados salió a buscar la unidad de la fábrica, a la que se sumaron una cantidad importante de administrativos y vendedores de los locales de venta al público, que aportaron un candidato a delegado. La empresa, por su parte, se jugó todo contra la interna: movió 100 trabajadores y supervisores de los locales como intento para recuperar la interna y que actúe como un apéndice suyo, para poder avanzar con el ajuste. Las elecciones se llevaron adelante luego de que la lista impulsada por la patronal planteara la anulación de las elecciones que se desarrollaron en diciembre de 2016. El Ministerio de Trabajo, aún sabiendo que no había irregularidades, hizo lugar al pedido (cabe señalar que la familia Triaca es vieja conocida de las patronales del plástico). La dirección del sindicato planteó que no podía ir contra una decisión del ministerio y avaló la anulación. Todos estos meses, el gremio se reunió con la comisión interna sólo para dilatar el tema. La empresa, a su vez, se sirvió de la impugnación -resuelta en tiempo exprés por el ministerio- para desconocer a la comisión interna elegida por la mayoría de los trabajadores. Todo este tiempo, la empresa lo utilizó para tratar de sostener e instalar a sus candidatos, los cuales son totalmente repudiados por la enorme mayoría de los trabajadores de planta. Tercer round El 28 de julio de 2016, los obreros de Sealy protagonizaron un primer round al frenar un intento de fraude de la patronal. Un gran número de compañeros se mantuvo firme hasta las 22:30, momento en el que un veedor del ministerio suspendió unas elecciones truchas. En diciembre de ese mismo año, pese a un gran despliegue patronal de remises y del intento de torcer la elección con el voto de los vendedores, se ganó la comisión interna. El importante triunfo en este tercer round se da en un marco donde la patronal se jugó con todo a derrotar a la comisión interna, atacándola sistemáticamente y desconociendo a los delegados que fueron electos hace apenas nueve meses. Y se desarrolló en medio de un atraso de los salarios, tanto de los operarios como de los administrativos y vendedores. A esta situación los candidatos de la empresa la quisieron utilizar para debilitar a la lista de los trabajadores. Esta es la conclusión que sacaron los obreros en su conjunto, los que pacientemente sostuvieron, con trabajo a reglamento para evitar un conflicto que sea una excusa para suspender la elección. En estas condiciones desarrollaron la campaña y, a pesar de todo, las muestras de apoyo han sido enormes. En un cuadro complejo, donde los trabajadores están sufriendo ataques a las condiciones laborales, despidos, cierres de fábricas, los trabajadores de Sealy, se plantan y dan una bocanada de aire fresco, marcando un camino que más temprano que tarde se irá repitiendo en otros lados.

Las grietas en el seno del gobierno de la Nueva Mayoría no dejan de crecer. Cuando faltan apenas tres meses para las elecciones presidenciales (19 de noviembre), todo indicaría que el oficialismo iría, por primera vez, dividido a los comicios. La Democracia Cristiana presentaría su propio candidato. Salvo el interregno del derechista Sebastián Piñera, la Concertación estuvo al frente del gobierno en las últimas décadas. Los niveles de popularidad de la presidenta, Michelle Bachellet, están por el suelo. Este desplome, entre otras razones, hunde sus raíces en la severa crisis económica y social en ascenso. La caída del precio internacional del cobre ha provocado un descenso de las exportaciones, de los recursos fiscales y del nivel de actividad económica. De más de un 5% de crecimiento del PBI en 2010, el país descendió a 1,6% en 2016. Y todo indica que este año entraría en recesión. De la mano del pobre rendimiento de la producción minera, la actividad industrial cayó 3,9% el primer semestre de 2017, cifra que no se veía desde la crisis financiera de 2008. La bancarrota capitalista mundial viene haciendo su trabajo de topo a escala general y Chile no ha sido la excepción. La integración del PC al gobierno, que dio nacimiento a la Nueva Mayoría, fue una tentativa para cooptar al movimiento popular. Esta experiencia, sin embargo, viene haciendo agua: una movilización multitudinaria estremeció al país contra la jubilación privada, al igual que la lucha educativa por la gratuidad de la enseñanza. La Democracia Cristiana estaría tanteando una aproximación con la derecha, cuyo principal candidato, Piñera, de acuerdo con los sondeos electorales, encabeza las intenciones de voto. Por su parte, el Partido Socialista, en yunta con el Partido Comunista, pretende recobrar el ascendiente y el terreno perdido, y acentúa el perfil centroizquierdista de la coalición de gobierno, presentándose en sociedad como la cabeza de un gran polo “progresista”. El hundimiento del gobierno ha dado lugar a la irrupción de tendencias tanto por derecha como por izquierda. En este último caso, asistimos a la aparición en escena en forma fulgurante del Frente Amplio -una irrupción que no se sostuvo en el tiempo. En las elecciones primarias obtuvo una adhesión muy por debajo de sus expectativas. El FA reúne agrupaciones de la ex Concertación y nuevos partidos que emergieron después de las movilizaciones de 2011, con un fuerte contingente de estudiantes, docentes universitarios y hasta organizaciones de derecha como el Partido Liberal, que viene del espacio de Piñera. Se autodefine como un movimiento “ni de izquierda ni de derecha” y hacen un culto de la “antipolítica”, con una campaña enfocada en la lucha contra la corrupción. Un Podemos trasandino, aunque no es un canal de lucha. En los 43 días de la huelga minera de La Escondida brilló por su ausencia. Sus candidatos no ofician de voceros de las grandes reivindicaciones sociales. Por estas características hay quienes vaticinan una confluencia del Frente Amplio con el ala “progresista” de la Concertación, en especial en un futuro balotaje del candidato oficialista en nombre de la lucha contra la derecha. Enríquez-Ominami, uno de los ocho postulantes a la presidencia, fogonea esta alternativa: “Sigo abierto a un acuerdo programático para segunda vuelta”. La elección va ser un recuento de fuerzas entre las diferentes variantes capitalistas. Pero cualquiera sea el ganador, va a tener que pasar por la prueba de pilotear la crisis, cuyo alcance y magnitud excede holgadamente las posibilidades políticas de todos los contendientes. Es altamente ilustrativo al respecto la experiencia de Estados Unidos. En dicho país, las familias trabajadoras no pueden pagar los estudios de sus hijos y acumulan una deuda impagable. Del mismo modo, el sistema jubilatorio está en crisis y está comprometido el pago de los haberes previsionales de las próximas generaciones de trabajadores norteamericanos. Si esto es cierto en Estados Unidos, con más razón vale para Chile. Los representantes patronales del país trasandino no reúnen los recursos ni tienen las condiciones para dar una salida a estos problemas de fondo. Los desafíos de la próxima etapa Asistimos a un intento de adaptar las formas de contención de las masas a esta nueva realidad. Estamos frente a un cambio de escenario en el que crece el descontento y la insatisfacción popular, pero en el que la clase obrera y sus organizaciones sindicales no tienen todavía un protagonismo y vienen jugando un papel de segundo violín. Denunciamos a todos los bloques y salidas capitalistas en danza y llamamos a forjar una alternativa política independiente de los trabajadores. Bajo estas condiciones, llamamos a apoyar en las elecciones los candidatos obreros y luchadores sociales que han presentado listas en un número reducido de distritos. Destacamos la importancia del trabajo en los sindicatos, para que la clase obrera intervenga con sus métodos, en un escenario dominado por movilizaciones policlasistas de estudiantes y de jubilados, incluso en días feriados y con participación familiar. La agenda es clara: por un salario igual a la canasta básica familiar y el fin del trabajo precario, contra los despidos, el ajuste y la aplicación de la nueva ley de reforma laboral. Por la restitución inmediata de los aportes patronales, el 83% móvil y por la transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones bajo control y administración de los trabajadores para terminar con las AFP. Gratuidad de la educación pública y condonación de la deuda educativa de todas las familias afectadas. Por la nacionalización de la industria del cobre y de todos los recursos estratégicos. Por un gobierno de trabajadores.

El martes 5 se convocó un plenario en la Cámara de Diputados de Salta para tratar la situación de las comunidades originarias frente al vencimiento de la Ley Nacional 26.160, que planteaba “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país”. La normativa, si bien no garantizaba la entrega en propiedad de ningún territorio, fijaba una suspensión de desalojos que en un alto porcentaje se respetó. La excepción estuvo dada sobre todo en el Chaco salteño, en donde se arrasó con territorios ancestrales en pos del avance sojero y maderero. Para el plenario se cursó invitación a todos los diputados y senadores nacionales. Asistieron Pablo López, por el Partido Obrero-Frente de Izquierda, junto al diputado provincial Arturo Borelli. Ambos plantearon la prórroga de la ley y la incorporación de un artículo que fija la tarea que el kirchnerismo nunca quiso plantear en doce años de gobierno: la entrega en propiedad de los territorios históricamente reclamados por las comunidades. Representantes de cinco etnias diferentes de la provincia de Salta mostraron su apoyo a la iniciativa y reclamaron contra los atropellos del Estado y los grupos empresariales. Los diputados y senadores de Urtubey y Macri no tuvieron ninguna respuesta para ofrecer; sólo un silencio sepulcral que no se rompió siquiera cuando una referente de las comunidades wichí los señaló como responsables de la desaparición de Santiago Maldonado y el encarcelamiento de muchos originarios. Quedó expuesto claramente que sólo los parlamentarios del Partido Obrero apoyan los reclamos de las comunidades, frente a un régimen que les ha declarado la guerra para expulsarlos de sus territorios. Está planteada una lucha a fondo por la prórroga de la 26.160, el reconocimiento de la propiedad comunitaria y todas las enormes reivindicaciones que plantean los pueblos originarios.

Julio López - Santiago Maldonado: DESAPARECIDOS El Estado es responsable. Bajo estas consignas, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocan a movilizarse en La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país a once años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz y otros genocidas. La causa judicial por la desaparición de López se transformó en un monumento al encubrimiento y la impunidad. La “investigación” evitó por todos los medios avanzar sobre la pista del Estado y el aparato represivo a los que López y las víctimas de la represión de la dictadura habían denunciado en los juicios. El gobierno kirchnerista enterró su nombre bajo un manto de silencio. El colmo fue que Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, mantuvo su condición de policía bonaerense ¡hasta agosto de este año! Recientemente, a raíz de una demanda impulsada por el colectivo Justicia Ya! La Plata, el gobierno nacional recibió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reclamo para que el Estado argentino dé respuesta por la desaparición de Jorge Julio López. Las movilizaciones del próximo 18 serán la continuidad de las movilizaciones del 24 de Marzo, contra el 2X1 y de la enorme concentración por Santiago Maldonado del 1° de septiembre. Esta movilización refuerza la lucha por la aparición con vida de Maldonado. Impostura Por su parte, el kirchnerismo lanzó una convocatoria propia a marchar también el 18. Llegan a esta lucha con once años de demora. Los gobiernos K tuvieron, a su turno, la responsabilidad de que se supiera la verdad, pero le dieron la espalda al reclamo por López. CFK lanzó el planteo de que Gendarmería, ahora involucrada en la desaparición de Maldonado, es la misma que actuó bajo su gobierno y que lo que cambió ahora fue su conducción política. En este punto, el macrismo recoge la “pesada herencia” de la “seguridad democrática” y el Proyecto X de Nilda Garré; de las represiones de Sergio Berni a los trabajadores en la Panamericana y de las leyes antiterroristas aprobadas en el Congreso a instancias de los K. Nos movilizamos a once años de la desaparición de Jorge Julio López de manera independiente, delimitando campos entre los trabajadores y los partidos del régimen, responsables de la impunidad de ayer y de hoy.

La ocupación pacífica de la mina ha desatado una tormenta política. Los trabajadores vuelven a ser protagonistas. Los objetivos son muy claros: que se paren los despidos y se respete la plena vigencia del Convenio Colectivo. Es el punto de partida para poner en marcha la mina, la usina y la figura legal de la empresa. Asambleas y movilizaciones se han sucedido desde la boca de la mina, la última el 13 de septiembre con un “abrazo simbólico” a la usina. También en Buenos Aires ha habido movilizaciones solidarias. Los intentos de la Intervención de judicializar el conflicto, reclamando a la Justicia Federal el desalojo, hasta ahora, han fracasado. La patronal de Zeidán-Costa ha sentido que pierde el control de la situación y ha salido a atacar a los mineros con denuncias penales y laborales que no han prosperado. En su discurso, la Intervención macrista intenta descalificar la ocupación como una maniobra política del kirchnerismo, para zafar de los procesamientos de De Vido y sus secuaces. La acusación no tiene ni pies ni cabeza. Costa-Zeidán acusan descaradamente a los trabajadores por el supuesto freno al avance del desarrollo minero, cuando hace años tienen la mina y la usina parados, y no son claros los planes de inversión, en una empresa que se achica con despidos y retiros como en los '90. Por su parte, el coro de los K. con Mazú (ex intendente de Río Turbio y jefe del bloque de diputados en la Legislatura provincial) a la cabeza, pretenden asociarse al reclamo de los trabajadores cuando han sido ellos los que boicotearon la figura legal de la empresa y están más que sospechados de todo tipo de latrocinios en la administración de la mina. Alicia Kirchner gobierna Santa Cruz congelando salarios de pobreza de 11.000 pesos en un acuerdo estratégico y firmado en pactos con el gobierno nacional. Los dos gobiernos están empeñados en un ajuste brutal contra los trabajadores y es por eso tan importante unir los reclamos contra el ajuste, tanto los que buscan romper el congelamiento de salarios como los que enfrentan despidos y defienden el convenio. Unir estas dos luchas Por eso planteamos la asamblea comunitaria. Para poner en pie de lucha a los pueblos de la cuenca en apoyo a los mineros, a los municipales, a los docentes, a los hospitalarios, a los auxiliares de la educación. Es el pueblo trabajador contra el ajuste, venga de Costa, venga de Macri o venga de Alicia Kirchner, venga de Pérez Osuna (intendente de Turbio) o venga de Garay (intendente de 28 de Noviembre). El desafío de los trabajadores es político, pero no de la política berreta de los gobiernos ajustadores y sus chicanas. Las anteriores generaciones de mineros han ganado un presente para estas tierras, que podemos desarrollar si nos movilizamos y tomamos conciencia de lo que está en juego: el futuro de la cuenca. Vamos por la defensa del convenio, del salario y de cada derecho conquistado por los trabajadores. Vamos por las inversiones necesarias para completar las obras y una carboeléctrica estatal obrera. Vamos por una asamblea comunitaria y un plan de lucha.

Mediante una carta que se pretende vibrante, Cristina plantea una ampulosa unidad opositora… para votarla a ella y a los punteros del PJ que la rodean y secundan en las listas municipales. Indudablemente, se advierte perdidosa en octubre, e incluso que podría naufragar la falsa polarización para la cual Macri y Vidal trabajaron laboriosamente. Después de haber pretendido archivar al peronismo con su “Unidad Ciudadana”, ahora quiere volver a arbitrar sobre las facciones desperdigadas entre Massa, Randazzo y ella misma. El primer planteo mentiroso de su carta es que dos de cada tres bonaerenses votaron “para frenar el ajuste” -o sea, que lo hicieron por listas realmente interesadas en enfrentar al macrismo. Oculta, así, que entre los 48 intendentes que la acompañan con sus candidatos locales y de seccionales, junto a los Espinoza y Scioli, se encuentran los viejos barones del PJ que transan y transaron con Vidal. En su lista también se encuentra Yasky, que rompió la CTA para subordinarla a su gobierno contra los trabajadores. Oculta también que son los diputados nacionales del Frente para la Victoria o sus senadores, o ambos en conjunto, los que hicieron pasar las 84 leyes del ajuste por el Congreso. También que sus gobernadores, incluida especialmente Alicia Kirchner, han replicado en sus provincias el “GRAN ajuste” al que se refiere en la carta. Ajuste y pejotismo Pero en el “dos de cada tres”, Cristina blanquea a Massa, Stolbizer y Randazzo. Los dos primeros han sido la bisagra fundamental que abrió las puertas de la “coalición del ajuste”, tanto en el Congreso como en la provincia de Buenos Aires, donde el massista Jorge Sarghini dirigió un verdadero cogobierno legislativo. Vidal tercerizó en el massismo la presidencia de la Cámara de Diputados, por la que pasó su presupuesto del ajuste a la educación, la salud y la obra pública. Juntos, gobernaron la provincia que hoy tiene seis millones de hectáreas inundadas, resultado de décadas de falta de obras, de la especulación inmobiliaria y de la sojización, de la cual son todos tributarios. Randazzo fue el ministro de la ley ferroviaria, privatista de última generación, y de los acuerdos de desindustrialización con China que ha revalidado Macri. A cambio de quedarse con los votos de los Randazzo-Massa, Cristina propone un gran acuerdo para después de las elecciones. Revela, con ello, la intención de cerrar filas con el pejotismo y sus variantes después de octubre. Como Agustín Rossi en Santa Fe, o el kirchnerismo mendocino, CFK se delata como lo que no dejó de ser nunca -es decir, la variante de un PJ dominado hoy por los gobernadores del ajuste. Esa es la orientación del conjunto de la clase capitalista para la cual gobernó Cristina, y que seguirá siendo su eje social. No casualmente ella misma hizo la primera ley de ART pedida por la UIA que después completó Macri. O pagó a precio de oro la deuda con el Club de París y la indemnización a Repsol, la vaciadora de YPF. Y fue ella misma pagadora serial de una deuda que hoy denuncia pero que no investigó, y que bajo la “década ganada” le llevó al país 200 mil millones de dólares, dejándolo endeudado por otros 244 mil millones. CFK también falsea las cosas a la inversa: si “dos tercios votan contra el ajuste”, entonces todos los votos de Cambiemos serían apoyos cerrados a la política oficial. Condena, de ese modo, a millones de trabajadores que votaron a la lista del gobierno tan sólo en rechazo al kirchnerismo. Esa población, que soporta ahora los tarifazos, la caída del salario e incluso los despidos, debe ser desbloqueada del voto oficialista convocándola a votar por sus reales intereses. Pero la lista de los que gobernaron reforzando el impuesto al salario, la precarización laboral o el vaciamiento capitalista de Santa Cruz, no tiene autoridad para ello. Ajuste y burocracia sindical Cristina se queja de la división de las organizaciones sociales. Encubre que el trío de la “emergencia social” es una variante de la cooptación que ella practicó -es el caso del Movimiento Evita, que se fue del kirchnerismo para pactar con el gobierno actual. Promueve el apoyo a su lista de la CGT y ya logró el apoyo de Héctor Daer, el triunviro que ni siquiera quiso subir al palco en la movilización del 22 de agosto con la que la burocracia sindical pejotista -que ella reivindica- canceló toda lucha contra el “GRAN” ajuste. La historia se repite. Ella llamó “sindicalista que construye” a Pedraza, autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra; tuvo a los Daer y Caló como la CGT oficial del kirchnerismo, hasta el último día de su gobierno. Ella dice que “las alternativas a este gobierno se forjan desde la calle, las urnas y las instituciones”, pero se pliega a la tregua infinita de la burocracia sindical; llamó, incluso, al puñado de sindicalistas fieles a que no saquen los pies del plato. Cristina es, por definición, enemiga de que la clase obrera irrumpa en una lucha de clases para derrotar el ajuste, a sabiendas que es la única fuerza social realmente opuesta y capaz de quebrarlo. Su política es ciertamente común con los Massa y los Randazzo: llamar la atención de la UIA, los bancos, las mineras y petroleras, de los exportadores y aún de la burguesía agraria, para que comprendan que ella integra el elenco político de reserva para el caso en que fracase la actual tentativa macrista de ataque a los trabajadores. La ex presidenta se delata del todo cuando propone “frenar la dureza del ajuste” mediante un plan de emergencia en el Congreso. Pero ¿cómo sería la mayoría para votar esa “emergencia”? La propia UIA ha planteado que la reforma laboral sea consensuada de manera tripartita entre gobierno, empresarios y sindicalistas, para hacerla pasar, como hasta ahora. El gradualismo (en lugar de la “dureza”), ya hemos visto que no absuelve a los trabajadores de pagar la factura de la bancarrota capitalista, sólo la hace pasar mejor. Y está el propio Macri para eso. Una política de consensos parlamentarios con los opositores que han votado las leyes macristas será otra variante de acompañamiento al ajuste, en donde la negociación de leyes antiobreras con el macrismo será presentada -a lo Massa- como tentativas de “ponerle un límite al gobierno”. El hiperendeudamiento financia negocios fabulosos y hace pasar el ajuste en convenientes cuotas. Lo que importa es la estación terminal: incrementar la tasa de explotación de los trabajadores mediante un plan de guerra contra sus conquistas. Cristina alude a una corrupción de Estado de la que no puede eximirse. La larga lista de juicios en su contra es una fuerte arma de extorsión para empujarla a la “gobernabilidad”, como moneda de cambio para evitar la cárcel. Votar al Frente de Izquierda En cuanto al “estado de derecho en peligro” por el caso Maldonado, hay que recordarle a Cristina que las medidas de excepción y rehabilitación política de las Fuerzas Armadas y de sus genocidas las empezó ella misma con Milani y con Sergio Berni, quien actuaba como comandante tácito de la Gendarmería contra las luchas obreras. Por otro lado, el kirchnerismo convalidó la confiscación de tierras de la Patagonia en favor de los Benetton y Lewis, y sumó nuevos despojos en favor de Lázaro Báez, Chevron, la British Petroleum o los monopolios mineros que operan en la cordillera. Al ajuste, al estado de excepción de la Gendarmería contra los mapuches y las luchas obreras, a la reforma laboral negrera, a la nueva confiscación a los jubilados que está en preparación, a la reforma impositiva para seguir financiando a los grupos económicos a costa del pueblo trabajador, las enfrentamos con los trabajadores y con la izquierda. Con ese objeto llamamos a toda la izquierda argentina, a todos los luchadores, al movimiento de la mujer y de la juventud, así como al conjunto de los trabajadores a romper con los políticos capitalistas y votar al Frente de Izquierda.

Los compañeros del Neumático (Sutna) acaban de obtener un aumento del 27% en las negociaciones paritarias. Se trata de uno de los gremios que lograron, como resultado de la movilización, quebrar los topes salariales que pretendió imponer el gobierno. Esto ha puesto al rojo vivo la cuestión del impuesto al salario: como consecuencia de los aumentos obtenidos, nuevos trabajadores que no pagaban pasarán a hacerlo. Además, aumentará el impacto del impuesto en quienes ya lo pagaban. A partir de esta realidad, los compañeros del Sutna, en asamblea, han incorporando entre sus reclamos fundamentales para la próxima etapa la abolición del impuesto al salario. La experiencia del Neumático es un botón de muestra de la actualidad que tiene el tema. Antes de los aumentos paritarios ya estaban abonando ganancias 1.400.000 trabajadores. Partiendo de aumentos promedio del orden del 20 por ciento, que es el techo que pretende hacer pasar el gobierno, se estima que pasarán a pagarlo 400.000 asalariados más. Ni qué hablar si se supera esa pauta, como el caso del Sutna. Tengamos en cuenta que con un salario de bolsillo de 21.500 pesos para un soltero y 26.000 para un casado se supera el mínimo no imponible y se empieza a abonar el impuesto. Hay que tener presente que el aguinaldo, que a través de sucesivos decretos venía siendo excluido del impuesto, con la nueva ley pasa a entrar en el cálculo. Por otro lado, los aumentos y la incorporación del aguinaldo incrementan el impuesto de los que ya están abonando. Aquí es oportuno recordar que las escalas del impuesto, que venían congeladas desde 2001, se ajustaron en forma irrisoria: sus valores fueron multiplicados por dos cuando hubiera correspondido hacerlo por 6 ó 7. De manera que cada 1.700 pesos que aumente el salario mensual de bolsillo se salta a una alícuota superior. Importa señalar que los mínimos no imponibles se ajustan una vez por año. La ley ni siquiera contempla una actualización semestral, como la que rige, por ejemplo, para los haberes jubilatorios. Este criterio, fogoneado por algunos gremios, fue expresamente rechazado al momento de tratarse la nueva normativa. Pero, además, ni siquiera asegura una corrección por inflación, pues la actualización se guía por variación del salario promedio de la economía que publica el Ministerio de Trabajo (Ripte), pero condicionada a los niveles de recaudación. Quién es quién La cuestión del impuesto al salario constituye una divisoria de aguas entre el Frente de Izquierda y el resto de los bloques políticos que se presentan a las elecciones. Cambiemos y el massismo son partidarios de la perpetuación del impuesto al salario. Ambos son los artífices de la actual ley, que está en vigencia. La hipocresía y el cinismo están a la vista de todos: Macri hizo la promesa de erradicar el impuesto al salario, en caso de que triunfara en las elecciones. Massa no se cansa de hablar de la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, pero no tiene el menor reparo para pactar con el macrismo la continuidad de este impuesto confiscatorio. Randazzo no le va a la zaga porque el aparato del PJ que lo sigue, respaldó con su voto la ley actual. ¿Y Cristina? Entre los 15 puntos de la plataforma de Unidad Ciudadana no hay ninguna referencia al tema. Lo cual no debe sorprender pues el kirchnerismo es el padre de la criatura desde el momento que la confiscación al salario por este concepto comenzó bajo su gobierno. Los K defendieron a capa y espada la pertinencia y legitimidad de esta exacción. La plataforma de Unión Ciudadana no promueve ningún cambio en el actual sistema regresivo de impuestos. Ni siquiera plantea restablecer las retenciones a las cerealeras y mineras que fueron suprimidas o recortadas por el macrismo. Por último, hay una cuestión que no puede soslayar. La burocracia sindical que reparte sus favores y preferencias entre el oficialismo y la oposición patronal ha jugado un papel clave para dejar pasar este atropello. El argumento utilizado para mantener el impuesto a los asalariados, compartidos por todos los bloques políticos patronales, es que su supresión compromete el financiamiento del Estado y agrava el déficit fiscal. El impuesto al salario representa un ingreso a las arcas del Estado de 110.000 millones de pesos, en tanto que un cálculo conservador indica que las exenciones por Ganancias, empezando por las rentas financieras ascienden, a 300.000 millones. Dos varas muy distintas, según los intereses de clase a los que se haga referencia. Sólo el Frente de Izquierda plantea la abolición del impuesto al salario. En contraste con los otros bloques y bancadas del Congreso, el proyecto de ley presentado por el PO en el Frente de Izquierda excluye definitivamente del impuesto a los convencionados y plantea un mínimo no imponible de tres canastas familiares, incluso para los monotributistas y jubilados. La abolición del impuesto al salario sólo puede venir de la mano de una acción colectiva vigorosa de los trabajadores, superando el bloqueo que representa la burocracia sindical, sometida e integrada al Estado capitalista y sus partidos. Un voto y un pronunciamiento a favor del Frente Izquierda contribuirá a fortalecer esta perspectiva.

El pasado martes 12 se realizó la primera jornada de movilización contra la reforma laboral en Francia (cerca de 200 manifestaciones con 400.000 participantes, 50.000 en París). La CGT ha lanzado una segunda movilización para el 21 de septiembre. El gobierno de Emmanuel Macron pretende imponerla a través de ordenanzas (decretos) el 22 de septiembre, haciendo uso de superpoderes recientemente concedidos por el parlamento. Raramente usado, el método da cuenta de un accionar bonapartista. La reforma supone un mazazo histórico a la clase obrera francesa, buscando liquidar las conquistas consagradas en el Código de Trabajo de 1910 y muchas de las obtenidas con las grandes movilizaciones de 1936 y 1945, por lo que ha sido celebrada como una “hermosa reforma” por los capitalistas nucleados en el Movimiento de Empresas de Francia (Medef). Integra un programa de ajuste en toda la línea, las prestaciones por desocupación y los subsidios para alquileres y vivienda social; baja de cotizaciones patronales y aumento de exacciones a asalariados y jubilados. Se diferencia de programas anteriores por su carácter de largo alcance (cinco años) y la apelación a prácticamente todos los mecanismos. La liquidación del Código de Trabajo es a la vez la primera etapa de fondo y el intento de demostrar que el “método” funciona. Por la magnitud de la potencia que aplica la reforma, grandes medios patronales a nivel internacional la han saludado (New York Times, Financial Times, Die Welt). Para enfrentar la resistencia popular a esta declaración de guerra, Macron echará mano del estado de emergencia establecido con la excusa del terrorismo, decretado por Hollande y prorrogado hasta hoy. En la movilización del 12, desarrolló acciones represivas en París, Lyon y Nantes. Reforma Uno de los puntos fuertes es la facilitación y abaratamiento de los despidos, reclamo clave de las patronales. Las indemnizaciones pasan de ser establecidas por una justicia paritaria (compuesta por jueces, patronales y representantes sindicales) a tener montos fijos con topes miserables; y se permite a las multinacionales acometer despidos colectivos arguyendo “dificultades económicas” en sus operaciones en Francia, sin tener que dar cuenta (como hasta ahora) de su situación en otros países de operación. En las pequeñas y medianas empresas, que emplean actualmente a 6 millones de asalariados, las licencias a la arbitrariedad patronal son de magnitud: en las de menos de 20 empleados el patrón puede imponer “acuerdos” sin intervención de sindicatos y “negociar” todo lo que no sea atributo del acuerdo por rama; en las de entre 20 y 50, la patronal debe negociar con un “delegado” del personal… sin mandato ni afiliación sindical. A nivel de la empresa se pueden tomar todas las decisiones referidas al tiempo y las condiciones de trabajo y a las primas (en Francia el aguinaldo no es legal, sino convencional). Así, la jornada de 8 horas (y de 35 a nivel semanal), el descanso dominical, etc., desaparecen y son objeto de una “negociación” y de un “acuerdo” impuesto. La reforma también dispara contra el poder de lucha de los sindicatos, con la reducción de las instancias representativas del personal -de 4 a 2. Por su parte, las “horas gremiales” y su financiamiento -no mencionadas en las ordenanzas- serían cercenados. También “se facilita el trabajo a tiempo parcial reduciendo el umbral de horas” ( El País , 18/6), se estimula el trabajo autónomo y se extienden los contratos temporales por obra -actualmente limitados a la construcción- a otros sectores. Y siguen los palos. Antecedentes Las ordenanzas profundizan los ataques de la reforma laboral del gobierno socialista de François Hollande en 2016 (ley El Khomri), que motivó masivas movilizaciones que estuvieron en la base de una de las peores crisis políticas del ex mandatario. Allí como acá estaba Macron, ministro de Economía de Hollande hasta agosto de 2016. De conjunto, la reforma responde a orientaciones estructurales de los capitalistas galos, anteriores incluso a la crisis de 2008. Más que el nivel nominal del salario neto, uno de los “obstáculos” para el proceso de reproducción y acumulación del capital es el alto nivel de las cotizaciones sociales (que financian el sistema de salud, las jubilaciones, los subsidios a la vivienda, el desempleo y la formación profesional), que explican una gran diferencia entre el salario bruto y el salario neto, del orden del 60%, y en cuya administración participan los sindicatos. Para reducir y liquidar este cuadro -heredado de las luchas de 1936 y de 1945-, las patronales han desarrollado el trabajo precario, la tercerización, la reducción de cotizaciones, la transferencia del sostén de las prestaciones sociales de las cotizaciones patronales a los impuestos (la mitad de la masa impositiva es el IVA), el fraude, la modificación a la baja del régimen de jubilaciones, la reducción de la participación obrera en la administración y la contratación de trabajadores de la UE con cotizaciones mucho menores en los países de origen (Polonia, Hungría). Los sindicatos Las ordenanzas estuvieron precedidas por decenas de reuniones de “consulta” a los sindicatos y a las organizaciones patronales. Mientras tanto, las confederaciones sindicales no promovieron un boicot, no realizaron agitaciones contra la reforma y se prestaron al juego del gobierno -incluida la CGT, dirigida por el PC- presentando “proposiciones”. Recién con todo avanzado, la CGT propuso la jornada de movilización y huelga para el 12 -en verdad, la iniciativa la había tomado SUD (Solidaires) y la CGT tuvo que subirse al carro. A esta convocatoria se sumó una parte de la Federación Sindical Unitaria (FSU), y sectores de la juventud como la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef) y estudiantes de los liceos. En el caso de la central Fuerza Obrera (FO), hay un principio de crisis: el secretario general se manifestó “satisfecho” con las negociaciones con el gobierno, mientras que gran parte de las federaciones departamentales de FO se sumaron a la movilización. Tanto a partir de estos sectores como del Frente Social -una joven coordinación de sindicatos, asociaciones y colectivos- puede plantearse un principio de movilización obrera independiente. Por último, el ex candidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon, convoca desde su organización Francia Insumisa a una manifestación propia para el 23, en apoyo a su actividad parlamentaria y que lo tiene como único orador -una actitud profundamente divisionista y electoralista. Uníos La reforma laboral francesa integra un escenario común con la aplicada en Brasil: el propósito de los gobiernos de una reestructuración radical de las relaciones entre los trabajadores y las patronales en beneficio de estas, en un marco de crisis capitalista mundial que lleva casi una década. La clase obrera internacional tiene planteado ponerse de pie y encarar una lucha de conjunto contra esta ofensiva. Fuera la reforma laboral y previsional en Francia, Argentina y el mundo.

La propuesta del Partido Obrero de realizar un Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda ha sido tratada finalmente en la Mesa del FIT. Izquierda Socialista y Poder Popular han coincidido en principio, y al momento, sus organizaciones están considerando un texto y modalidad de convocatoria. El PTS desechó la propuesta argumentando que no la ve adecuada y que hará un encuentro de sus agrupaciones. Izquierda Socialista propuso que se llame “Plenario Obrero en apoyo al Frente de Izquierda” lo que resulta adecuado a los objetivos y a los convocantes. El plenario se realizará el 30 de setiembre en estadio cerrado. El momento no puede ser más oportuno. La Mesa Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista ha puesto proa definitivamente a la iniciativa en una importante reunión realizada el sábado 9 de setiembre. Los objetivos, para el corto lapso que media, son ambiciosos, así lo amerita la crisis política y la magnitud de la movilización popular en torno a la Aparición con Vida de Santiago Maldonado que cuestiona todo el curso represivo y de provocación contra el movimiento obrero y popular que llevó a la desaparición forzada. En estos días las ocupaciones de Cresta Roja, de los mineros del Turbio -más las 5.000 firmas presentadas por el movimiento obrero de Santa Cruz por el juicio político a Alicia Kirchner-, la nueva ocupación del Conicet, la huelga que lleva ocho días de los plásticos de Mascardi, la lucha de las enfermeras del Hospital Posadas, siguen al reguero de luchas obreras que marcaron las obreras y obreros de Pepsico, de AGR-Clarín, las huelgas docentes, de las y los choferes cordobeses, entre tantas otras. El Plenario Obrero será su caja de resonancia y les brindará una referencia política y sindical. Será también escenario de expresión y reforzamiento de las listas antiburocráticas como la que disputará próximamente entre los petroleros de Santa Cruz, o de las nuevas direcciones como la del Sute de los docentes mendocinos. Es decir que el plenario vendrá a dar expresión política común a la vasta tendencia que se desarrolla por abajo hacia una nueva dirección del movimiento obrero. En la Mesa de la CSC-PO se volcó además el flamante mandato de una asamblea general de 1.500 compañeros del Sutna que votaron el cierre de una paritaria que perforó los techos luego de un proceso de movilización fabril y general y en ella aprobaron un plan de acción contra la Reforma Laboral y contra la ofensiva antiobrera que se prepara desde el poder político y empresarial. Los representantes de decenas de gremios de la CSC-PO, de la Mesa y más allá de ella, pusieron de relieve la necesidad de tomar la iniciativa política ante el default de la burocracia sindical que abandona toda lucha después de la vaciada movilización del 22 de agosto, tanto por parte de la CGT como de la CTA, tributaria de un kirchnerismo hostil a la intervención de la clase obrera en la crisis, la única fuerza social interesada y capaz de derrotar el ajuste. Llamaremos al activismo obrero a involucrarse de lleno en la campaña política, junto a las luchas, y marcando el voto y la alternativa política del FIT que es la de los trabajadores, las mujeres y la juventud. El llamado de Cristina a concentrar en ella el voto opositor es al mismo tiempo un cierre de filas con los Massa, los Randazzo, con los Daer, y los barones del PJ que integran sus listas, todos responsables de las leyes del ajuste de Macri, como los gobernadores del PJ. Nos definiremos claramente por un paro activo nacional y un plan de lucha, pero no como un mero reclamo a las direcciones formales del movimiento obrero, sino como una señal de acción política y sindical, frente a la ofensiva que capitanean la UIA, los bancos, los monopolios mineros y petroleros y la burguesía exportadora, que sólo piensan en descargar su crisis y su parasitismo arrasando con los derechos laborales. El 30 prepararemos también una movilización con estas banderas y un claro programa. Al ajuste le hacemos frente con los trabajadores y la izquierda. Todos al Plenario Obrero en apoyo al Frente de Izquierda el 30 de setiembre.

En una entrevista radial, el legislador Marcelo Ramal, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, salió al cruce de las declaraciones de Elisa Carrió sobre el caso Maldonado, publicadas en Clarín. “Después de un largo silencio, Carrió sólo ha salido al ruedo para blindar a Patricia Bullrich -o sea, a la responsable última del operativo represivo en el cual desapareció Maldonado”. “Como vocera del oficialismo, y con la responsabilidad de dar cuentas ante el 50% del electorado porteño, Carrió debería pedirle explicaciones a su gobierno, que ordenó una represión sin orden judicial y bajo las órdenes directas del jefe de Gabinete de Patricia Bullrich (…) Muy por el contrario, Carrió cierra filas con Bullrich -o sea, encubre a los encubridores y responsables políticos”. Ramal atacó también la pretensión de Carrió de presentar al caso Maldonado y a los reclamos de los pueblos originarios del sur como una suerte de conspiración del kirchnerismo. “Hay que recordar que el gobierno anterior consolidó el acaparamiento de tierras en favor de los Benetton y los monopolios petroleros y mineros. La ‘grieta’, que tampoco existe en este punto, le sirve a Carrió para desviar el eje de la cuestión, que no es otro que la desaparición de un manifestante en un operativo represivo ordenado por el gobierno”. Ramal concluyó llamando “a redoblar el reclamo por la aparición con vida de Maldonado”, y a movilizarse masivamente el próximo 18 en un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, para responder a las desapariciones forzadas”.

El Frente de Izquierda realizó un acto frente a la embajada de Israel en repudio a la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, dijo en el cierre del acto que -según cables informativos- el gobierno israelí se alivió al saber que la presencia en varios países de América Latina no le implicaba riesgos de detención por las acusaciones en su contra en la Corte Penal Internacional e incluso en el Comité de Derechos Humanos de la ONU por crímenes de lesa humanidad y por genocidio. Caracterizó los acuerdos en materia de seguridad que se suscribirán entre Argentina e Israel como parte de un reforzamiento del mismo Estado argentino, que es claramente responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Y denunció la emergencia en seguridad aprobada en 2016 que posibilita compras sin licitación y en forma directa de todo tipo de pertrechos bélicos. Se trata, dijo, de armamento en desuso “que el Estado de Israel le vende a las naciones amigas [y] que ya no le sirve para su propia escalada terrorista, colonialista, contra el pueblo palestino”. Con respecto al repudio que ha despertado la visita del primer ministro israelí, destacó el que encontró en organizaciones progresistas que agrupan a la colectividad judía en Buenos Aires y en la Argentina, “que han equiparado la persecución que lleva adelante Macri contra los pueblos originarios con la que lleva adelante el genocida Netanyahu contra el pueblo palestino”. Esas mismas organizaciones, añadió, “han señalado otro objetivo de esta visita que es cerrar el círculo de la impunidad sobre integrantes de esa misma colectividad que están imputados de encubrimiento en la Argentina en la causa Amia”, como el caso del ex titular de la Daia, Rubén Beraja. Y concluyó con una defensa del planteo de “una Palestina única, laica, democrática, socialista [de] todos los pueblos de Palestina y de Medio Oriente contra la opresión imperialista, contra sus agentes y contra el sionismo, que se ha levantado como un opresor de pueblos y que debe ser derrotado con la lucha antiimperialista y la unidad socialista internacional”. “[Netanyahu] es el representante del Estado genocida de Israel que usurpó las tierras palestinas en 1948”, dijo Juan Carlos Giordano, diputado nacional y dirigente de Izquierda Socialista, quien a su vez denunció que la Legislatura porteña -con la oposición del FIT- lo declaró como ciudadano ilustre. Y repudió el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur e Israel. Patricio Del Corro, ex legislador porteño del PTS, observó que Netanyahu “viene por razones políticas concretas. Viene con decenas de empresarios en busca de avanzar en acuerdos armamentísticos y de cyberseguridad, así como en negocios del agro y el agua”. Un par de horas antes del acto, Macri recibía con todos los honores al premier israelí en Casa de Gobierno.

El miércoles 6, el Parlamento de Cataluña fijó para el 1° de octubre la realización de un plebiscito que debe decidir acerca del establecimiento de una república independiente en su territorio mediante la aprobación o el rechazo a la separación de Cataluña del Estado español. El gobierno de España, que encabeza Mariano Rajoy, del Partido Popular -la derecha- no perdió un segundo en movilizar a la Corte Constitucional de España, que enseguida declaró ilegal la ley catalana; también movilizó a instancias judiciales inferiores y a la Guardia Civil. Seguramente ha puesto en alerta a las Fuerzas Armadas, aunque no lo haya hecho público. El Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, una formación política relativamente reciente, oriunda de Cataluña pero incondicional del Estado español, se precipitaron en dar su apoyo al gobierno central sin el registro de la menor fisura. Abandonaron el Parlamento cuando no pudieron dilatar la sesión para facilitar una intervención anticipada del Tribunal Constitucional. Hubo once abstenciones, de variantes locales de Podemos. El conflicto nacional puso de manifiesto el conflicto político al interior de Cataluña. No hubo que esperar demasiado para que se requisaran establecimientos vinculados con la impresión de boletas o almacenamiento de urnas, e incluso se iniciará una acción judicial contra jueces que han legitimado la ley que convoca al plebiscito - por incumplimiento de deberes de funcionario judicial (“prevaricato”). A esta ‘guerra relámpago” se sumó el presidente del Parlamento Europeo -un colega italiano del Partido Popular. El 12 de septiembre, varias centenas de miles de personas se lanzaron a las calles de Barcelona, para celebrar el día nacional catalán, la Diada. Aunque gran parte de los medios internacionales, hostiles al derecho de autodeterminación y a la separación, destacaron una disminución, que no definieron, del número de asistentes en relación con conmemoraciones anteriores, olvidaron señalar que esta vez manifestaron para apoyar un desacato, y eventualmente una rebelión, contra el Estado español. El interés político internacional por la envergadura que está cobrando el antagonismo nacional en España es obvio. No impacta solamente en el régimen político español que fue establecido luego de la muerte de Francisco Franco (1975), sino en el conjunto de la Unión Europea, que se encuentra envuelta en varias crisis interestatales –desde el Brexit, el separatismo escocés, una reapertura del conflicto en Irlanda del Norte, nuevas crisis nacionales en los Balcanes, el enfrentamiento entre Turquía y Alemania (que cuenta con una numerosa población de origen turco), y la represión tremenda a los migrantes y a descendientes de inmigrantes de numerosas nacionalidades. Para España, la separación representa una amenaza al “régimen político de autonomías estatales”, que contó, hace cuatro décadas, con el apoyo de la propia Cataluña. Podría llevar a España, además, a una nueva bancarrota, toda vez que Cataluña es el centro industrial del Estado español y, junto con el País Vasco, uno de sus polos financieros. La determinación de la carga respectiva de la deuda externa entre España y Cataluña, como consecuencia de una separación, sería suficiente para provocar el ‘defol’ de España, para desatar una crisis financiera internacional superior a la de 2007/8 y para determinar, como resultado, una ocupación militar del territorio catalán. Este escenario plantea la cuestión de la perspectiva general de este conflicto. Bancarrota capitalista Contra lo que afirma la versión u omisiones del nacionalismo, la gran burguesía de las principales nacionalidades del Estado español fue la clave de la bóveda de la construcción del “pacto de transición’ que se tejió para sortear una salida revolucionaria a la agonía del franquismo. La motivación de esa burguesía era obvia: “la transición” era la vía para integrar al conjunto del Estado español, pero en especial al capital residente en Cataluña y Vascongada al Mercado Común Europeo y, eventualmente, a la Unión Europea, en especial en alianza con la burguesía de Alemania. La ‘europeización’ del Estado español fue también el puente de plata de la ola de inversiones de España hacia América latina, financiada en la Bolsa de Madrid y en las Bolsas extranjeras por fondos norteamericanos e ingleses. Bajo la dirección inconmovible del partido Convergencia e Unió, el nacionalismo catalán fue la piedra basal de un doble unitarismo: con el Estado español y con los estados imperialistas de Europa y Estados Unidos. La bancarrota mundial reforzó la adhesión europea de los grandes bancos de toda España, porque sólo gracias al rescate del Banco de España y del Banco Central Europeo salvaron el pellejo e incluso acentuaron un proceso de concentración de capitales a costa de Cajas, Cooperativas y depositantes. El Banco de España acaba de declarar que solamente ha recuperado 3 mil de los 60 mil millones de euros que le costó el salvataje ¡Quién no se inclina ante semejante regalo! El agotamiento de la estrategia se dejó ver en toda Europa ya en los años 90 del siglo pasado, cuando comenzaron los rechazos populares a los distintos ‘reforzamientos de la unidad europea”, que fueron puestos a votación. Hacia finales de siglo y con la bancarrota de 2007/8, el partido de la gran burguesía de Cataluña tuvo que comenzar a compartir el gobierno con otras corrientes nacionalistas e incluso partidos de izquierda españolistas, como el partido Socialista de Cataluña. En el cenit de la crisis capitalista internacional, Convergencia e Unió se rompió, al tiempo que se desarrollaba un desplazamiento mayor hacia el nacionalismo, en especial en la pequeña burguesía pauperizada por la crisis. Este nuevo bloque se encuentra hoy representado por Junts pel si, con la Izquierda Republicana y el apoyo de la ‘anarquista’ Cup. Un corrimiento semejante se ha verificado en el conjunto de España con la aparición de Podemos (y variantes autónomas de Podemos en Cataluña) y la jefatura de Pedro Sánchez, del ala izquierda del Psoe. De otro lado, aparece la derecha liberal, Ciudadanos, en gran parte para ocupar la representación de la gran burguesía que rechaza cualquier forma de separación. O sea que se desenvuelve una polarización política en la propia Cataluña entre dos bloques de un sistema que se desintegra, y al mismo tiempo una diferenciación de clases al interior de Cataluña, que se superpone al enfrentamiento nacional y entrará, en algún momento, en contradicción con él. El nacionalismo ha venido reclamando una mayor porción de los ingresos públicos, pues denuncia que Cataluña ha transferido 300 mil millones de euros en dos décadas al estado español. El ataque enorme que la burguesía y el gobierno de Cataluña ha descargado sobre la clase obrera no ha sido suficiente para revitalizar las ganancias e inversiones. El nacionalismo estuvo planteando, en consecuencia, hasta ahora una recaudación propia de impuestos, su propia política de subsidios, manejo de los contratos de obras públicas y gestión de los servicios, mayor margen de las relaciones internacionales, es decir un cambio institucional que, potencialmente, derivaba, como se está discutiendo ahora, en un estado autónomo. La perspectiva de independencia de estos planteos explica el inmovilismo político de Rajoy y de la monarquía frente a la cuestión nacional, y el temor de una demolición del estado central. Por eso rechaza conceder una modificación de la Constitución de España, que amplíe la autonomía política de las naciones del Estado. La catalana y la española son dos respuestas confrontativas a una crisis capitalista internacional de conjunto –no una crisis institucional en si misma. El nacionalismo plantea la ‘balcanización’ de España; el Estado español la sujeción de las nacionalidades, sin la cual se desmoronaría como un castillo de naipes. Es lo que también advierte la UE y el Banco Central Europeo. Autodeterminación El gobierno de Junts pel si se las ha ingeniado para cercenar fuertemente el plebiscito de autodeterminación. Reclama el Sí para “una república de derecho, democrática y social…que respetará el derecho europeo e internacional”. O sea que condiciona el plebiscito al establecimiento de una república capitalista, incluidos todos los compromisos que sujetan a Cataluña al orden capitalista internacional. Los términos de la convocatoria definen un orden constitucional que solamente debería establecer una Asamblea especial posterior al plebiscito. La Asamblea, condicionada desde la partida, deberá pasar por varios trámites ‘participativos’ antes de su reunión, y la nueva Constitución ratificada por un referendo final. Este largo proceso queda bajo la supervisión del gobierno actual. Cualquiera que pueda ser el impacto político del plebiscito, en función de la crisis en curso, los términos de la convocatoria desnaturalizan la autodeterminación y la futura o remota Constituyente. En todo esto hay que ver un intento final de llegar a un compromiso con el Estado central en función de la concurrencia o resultado del plebiscito. La convocatoria no define a la mayoría que se requiere para aprobar la separación – si un porcentaje de votantes o del padrón; si fuera sólo de los votantes, el resultado quedaría asegurado si la oposición boicotea la asistencia a las urnas. Una decisión minoritaria, en el marco de una inasistencia elevada de votantes, quedaría cuestionada. Cataluña ingresaría en un impasse político colosal. Los partidos nacionalistas no han reunido una mayoría electoral absoluta en los últimos comicios parlamentarios. Una victoria nacionalista, en las condiciones descriptas, y de crisis económicas como políticas, reforzaría el pretexto para profundizar la política reaccionaria de ‘ajuste social’ en curso, ahora en nombre de la defensa de la independencia nacional. Lejos de constituir un arma para quebrar a la monarquía y establecer la República, sería una soga al cuello del proletariado catalán y una balcanización de la clase obrera del conjunto del estado español. Ningún socialista verdadero puede pretender semejante salida. La clase obrera de Cataluña está ausente de este conflicto político, lo cual la obliga a escoger en forma atomizada, a dividirse entre el Sí y el No, o a asumir una posición de neutralidad. Los sindicatos siguen a la burocracia sindical del Estado, que es mayoritariamente monárquica ‘constitucional’ y opuesta a la autodeterminación. Esta crisis política creciente ha dejado al flamante Podemos en el limbo, pues apoya “el derecho a decidir”, pero no una decisión de separación e independencia nacionales. Tampoco plantea ese “derecho a decidir” en la perspectiva de una República. Estamos ante un caso típico de fraseología que se remite a la defensa del orden existente, quizás con algunas modificaciones constitucionales. El republicanismo de Pablo Iglesias se limita a concurrir a las convocatorias del monarca sin ponerse corbata. Táctica y Política La fluidez de la crisis política obliga a determinar los planteos y consignas cuartainternacionalistas en estrecha relación con el desarrollo de los acontecimientos, que de aquí a octubre aún va a enfrentar alternativas diversas. En el marco general, hay que defender el derecho a la autodeterminación, en oposición a una salida nacionalista que balcaniza socialmente el territorio español y a los trabajadores. Planteamos, sí, la defensa del derecho a la autodeterminación, o sea el derecho a la libertad nacional, no para establecer una república burguesa regional sino una República Socialista Ibérica. Atacamos al nacionalismo en nombre de la lucha por la unidad de los trabajadores del estado español y por la unidad socialista de Europa. En este contexto se plantean dos alternativas. De un lado, que el nacionalismo llegue a un compromiso con la monarquía y el estado español, sea mediante una dilación del plebiscito o en el curso ulterior, ni qué decir si el oficialismo es derrotado en las urnas. La configuración del plebiscito y el condicionamiento de la Constituyente apuntan a la negociación de un compromiso. En el mismo sentido va la política de aparato del nacionalismo, en oposición a la movilización o su retaceo. El nacionalismo opone a una movilización la movilización policlasista, o sea sin huelgas, sin ocupaciones de lugares de trabajo, ni siquiera de propiedad de la burguesía que defiende a la monarquía del Estado español. Es decir, con una política férrea de conciliación de clases en ‘el campo nacional’. La estrategia debe ser la denuncia de la tendencia al compromiso y a desnaturalizar el plebiscito y la Constituyente, y convertir la demanda de autodeterminación para desarrollar una lucha de clases al interior de Cataluña y de España entera. Mientras este compromiso se negocia entre órdenes judiciales y envío de la Guardia Civil para cancelar el plebiscito, es absolutamente necesario defender, contra esta represión y contra el conjunto del régimen monárquico y centralista burgués, el derecho a la autodeterminación, incluso retaceada. Si el compromiso sucumbe y se produce un choque abierto, defenderemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña, incluida la independencia o separación, contra el ataque del aparato represivo de la monarquía del estado español. Llamamos a los trabajadores de toda España a defender el derecho a la autodeterminación nacional, incluido el derecho a la separación, y a utilizar esta lucha como una palanca al servicio estratégico de la revolución socialista. El camino al gobierno de la clase obrera de todo el territorio ibérico, la República federativa socialista, pasa ineluctablemente por la defensa de las libertades nacionales. Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/

Apenas minutos después del cierre de las elecciones, la dirección Celeste de Ctera se proclamó ganadora por el 81% de los votos, contra el 17% de la Multicolor, en un comicio dominado por el fraude, plagado de irregularidades y manipulaciones. A casi una semana, no se conocen las cifras de votantes y mucho menos los resultados electorales. Todos los sindicatos provinciales dirigidos por la Lista Celeste guardan un profundo secreto acerca de lo ocurrido, aun cuando dan porcentajes similares de votación en su favor -con excepción de Aten (Neuquén), donde la Multicolor superó a la conducción celeste encabezada por Marcelo Guagliardo por casi el 60% de los votos, y Santa Fe, donde la Multicolor y la Lista 4 de abril (para la elección de congresales a Ctera) ganaron en los cinco distritos más importantes de la provincia. Así, en la tierra de la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, se debieron “bajar” a un más modesto 64,84 por ciento. Lo real, sin embargo, es que en la mayoría de las jurisdicciones del país que fueron controladas por la oposición, la votación general no supera el 25% del padrón. La inmensa mayoría de la docencia jamás se enteró de que había una elección, producto de una convocatoria y de una campaña clandestinas del oficialismo. Los resultados de la Multicolor La Multicolor es la más representativa lista de la oposición que se haya presentado hasta el momento. A pesar de haber sido una elección que resultó indiferente para la mayoría de la docencia, todos los datos que disponemos ratifican la consolidado de la Multicolor como una oposición antiburocrática a escala nacional, con posibilidades de disputar las elecciones provinciales que se avecinan. La Multicolor ganó en Tierra del Fuego, y arrasó en Neuquén (55/60%) y Santa Cruz (89%). El huracán sureño impactó también en Río Negro, donde la Multicolor sacó el 41% y ganó en las seccionales de Allen, Cipolletti y Río Colorado, perdiendo la seccional de Cinco Saltos por un par de votos. Fue muy alta también la votación de la Multicolor en Comodoro Rivadavia; y en todo Chubut -cuyo sindicato es Atech- la Multicolor estuvo a 30 votos del triunfo. En La Pampa se sacó el 28%, y fue masiva la votación de la Multi en Córdoba Capital (casi el 35%). En Agmer (Entre Ríos), donde votó la misma cantidad de docentes que en las elecciones del 2013, la Multicolor ganó en las seccionales de Concordia, Federación, Nogoyá, Paraná, Tala y Villaguay, y realizó una gran elección en Concepción del Uruguay. El resultado final, con una diferencia de menos de 500 votos, deja abierta la posibilidad de recuperar Agmer en las próximas elecciones de noviembre. En Santa Fe se ganaron ampliamente los distritos de Belgrano, Caseros, Castellanos, General López y Rosario (el más numeroso de la provincia). La Multicolor obtuvo el 35,16% provincial -en el cuadro de fraude en el interior que se describe más adelante-, y se obtuvo un congresal más que en las elecciones de 2013: una nutrida delegación de ocho compañeros. En Mendoza, luego de la recuperación del Sute a manos del Furs -la Multi de esa provincia-, la Multicolor duplicó los votos de la elección 2013, con el 42,50%, y ganó en las seccionales de Godoy Cruz, Las Heras y Luján (dirigida por Tribuna Docente). En Buenos Aires, los Sutebas recuperados ganaron por amplio margen en las seccionales de Ensenada, Marcos Paz, Quilmes, Berazategui, General Madariaga y Bahía Blanca. En el marco de una votación súper restringida en la mayoría de la provincia -del orden de un cuarto del padrón, con una participación del cincuenta por ciento menor que en las elecciones del Suteba del mes de mayo- se perdió por escasísimos márgenes en las seccionales de La Matanza, Escobar y Tigre, con diferencias de entre 19 y 100 votos. En Buenos Aires más que en ninguna otra provincia la entrega de Baradel con la gobernadora Vidal pesó como un enorme componente de hastío y bronca, que se tradujo en la escasa participación que permitió, a su turno, un beneficio de centésimas para el aparato celeste. Los resultados de Mendoza y de Suteba Matanza, completamente circunstanciales y que serán ampliamente superados con la organización de las luchas que se vienen, han sido tomados por la burocracia de Baradel y Alesso para ocultar los fuertes retrocesos de la Celeste en varias provincias del país. No obstante, la campaña electoral de la Multi tuvo desniveles y matices, que también deberemos superar, profundizando el marco del frente único. Fraude La elección ha sido impugnada por la Multicolor por las enormes irregularidades llevadas a cabo por la Junta Electoral Nacional y toda la dirección de Ctera. Jamás se conoció el padrón por provincia y por seccional o departamento, lo que hizo imposible cualquier control del mismo. Decenas de individuos fueron encontrados, a pesar de ello, en varios padrones de jurisdicciones distintas, en un listado totalmente inflado a más de 400.000 afiliados. La Junta Electoral Nacional, a diferencia de las elecciones anteriores, eliminó los apoderados seccionales, de tal forma que los compañeros del conjunto del país nunca fueron recibidos ni por las juntas provinciales ni por las locales. Los circuitos electorales donde votaban las escuelas sólo fueron conocidos por la Celeste. No se publicó la planilla de escrutinio; las credenciales de fiscales no llegaron en la cantidad presentada; y en lugares completos las mesas de votación no se constituyeron, con el fin de desfavorecer la votación de la Multicolor -como ocurrió alevosamente en el Sute de Mendoza. Y la lista es interminable. Estas y cientos de irregularidades de todo tipo fueron documentadas en una presentación en el ministerio de Trabajo por los apoderados de la Multi, que Triaca dejó pasar. El fraude monumental que implementaron Alesso y Baradel reduce las elecciones reales a aquellas en las que la Multicolor logró fiscalizar por completo la votación. Aún así, datos de último momento consignan que la Multicolor retuvo la minoría en Ctera. Los resultados de conjunto, en una elección de aparatos, no difundida y sin participación masiva, demuestran que se ha mantenido una línea de desarrollo de las corrientes antiburocráticas y de lucha y de la Multicolor, algo estratégico para organizar la lucha para derrotar la reforma antieducativa y la reforma laboral que se vienen contra los docentes. ¡Viva el Frente Unico de Clase que representa la Multicolor!

A principios de julio, la situación era cualitativamente diferente. En palabras de Lenin (Cuatro tesis), “La contrarrevolución se ha organizado y consolidado, y en la práctica ha tomado el poder estatal en sus manos”. Era el resultado de la derrota de la manifestación armada del 4 de julio, que tuvo como consigna la caída del gobierno. En la noche previa, el CC del Partido Bolchevique se había pronunciado contra el carácter insurreccional de la manifestación, después de comprobar que no podía impedirla. La declaración era necesaria porque sectores del partido tuvieron la iniciativa. La consigna de la caída del gobierno facilitaba la provocación. La aspiración de terminar con la guerra fue central, pero el llamado del Partido Bolchevique no logró controlar el movimiento y el desenlace fue una derrota. La reacción y el gobierno lanzaron una campaña feroz contra los bolcheviques. Kerensky fue nombrado primer ministro el 7 de julio y la represión fue su bandera. La acusación central era que el partido y Lenin estaban financiados por el dinero alemán para hacer caer el gobierno. Los bolcheviques debían ser encarcelados, juzgados y hasta fusilados como enemigos de la patria. Algunos bolcheviques recordarán estos días como los más críticos de toda la historia del partido. La influencia del partido retrocedió en todos los frentes. De la noche a la mañana hubo detenciones masivas, locales allanados, provocaciones físicas en las calles, periódicos prohibidos. Lenin decidió pasar a la clandestinidad, luego de llegar a la conclusión de que se lo convocaba a juicio para preparar su asesinato. Trotsky fue encarcelado. La situación del partido era seria, porque la derrota había provocado confusión en los sectores menos avanzados y un aislamiento relativo de la vanguardia. Las condiciones eran favorables para la contrarrevolución. Sin embargo, la ofensiva represiva fracasó. La razón fundamental fue que el partido apeló a la clandestinidad para protegerse y afrontó, a la vez, abierta y políticamente las provocaciones. Lenin y los otros dirigentes se manifestaron públicamente contra las calumnias. Hubo una campaña asimilando las acusaciones al proceso Dreyfus. Se exigió una intervención judicial legal. No se dejó ninguna acusación sin respuesta. Los locales siguieron funcionando. Se reclamó abiertamente la solidaridad de las organizaciones socialistas y populares. Aquí estuvo la falla política de la campaña reaccionaria. Las corrientes y organizaciones centristas y colaboracionistas, socialistas y populistas asistieron pasivamente a las acusaciones contra Lenin, pero no apoyaron la ilegalización del partido bolchevique -la dirección conciliadora de los soviets se pronunció en contra. Los soviets por barrio El partido, luego de la derrota, reaccionó con una campaña vigorosa en defensa de su política, lo que se expresó en avances bolcheviques en los soviets por barrio y en la importante votación en las elecciones municipales para la Duma de San Petersburgo. En la ciudad se habían formado soviets barriales junto al soviet central y las divergencias entre las orientaciones políticas del soviet central y los soviets barriales se profundizaron en julio, fruto de la política bolchevique. La desconfianza en el gobierno se acentuó. Los soviets barriales reactivaron la Conferencia Interdistritos el 17 de julio. Algunos soviets proponían la colaboración con el gobierno pero la Conferencia no aprobó el desarme de las organizaciones obreras y se pronunció enérgicamente contra la pena de muerte. Como indica un historiador de la revolución, Alexander Rabinowitch, “A fines del mes de julio, incluso los soviets barriales relativamente moderados estaban más atraídos por la consolidación de los grupos de izquierda en defensa de la revolución, con los bolcheviques incluidos, que con la idea de castigar a esos mismos bolcheviques por su comportamiento de unas semanas atrás”. Las elecciones municipales de mediados de agosto fueron un éxito político del Partido Bolchevique, que se presentó como lista 6, de los “socialdemócratas internacionalistas”. La agitación puso el enfásis en la defensa de la revolución y el enfrentamiento con quienes pretendían ser sus enterradores, más que en las reivindicaciones propias del partido. El periódico Proletarii planteó de este modo el voto por los bolcheviques : “Todos los obreros, campesinos y soldados deben votar por nuestra lista porque solamente nuestro partido lucha con resolución y coraje contra la feroz dictadura contrarrevolucionaria de la burguesía y los terratenientes (contra) el restablecimiento de la pena de muerte, la destrucción de las organizaciones obreras y de soldados y la supresión de todas las libertades obtenidas con el precio de nuestra sangre y el sudor del pueblo” (citado por Rabinowitch). El partido obtuvo 183.624 votos, un aumento del 14% en relación a las elecciones barriales de mayo. Fueron segundos luego de los socialistas revolucionarios, que obtuvieron 205.659. Los mencheviques apenas llegaron a 23.552 y los burgueses reaccionarios a 114.483. El VI Congreso, el rearme del partido Después de las Jornadas de Julio, Lenin había escrito: “Ocurre muy a menudo que cuando la historia da un viraje brusco, hasta los partidos más avanzados no son capaces, por un tiempo más o menos largo, de adaptarse a la nueva situación y repiten consignas que si ayer eran correctas, hoy han perdido todo sentido”. Lenin consideró que el “desarrollo pacífico” de la revolución había sido liquidado por el triunfo de la reacción y que la consigna de “todo el poder a los soviets” tenía que ser retirada de la agitación del partido. Los soviets eran impotentes. Preveía un levantamiento popular en septiembre u octubre y colocaba su confianza en los comités de fábrica. Trotsky recordó las orientaciones que Lenin le transmitió a Ordjonikidzé: “Hemos de trasladar el centro de gravedad a los Comités de fábrica. Estos deben convertirse en los órganos de la insurrección”. En el cuadro de la campaña represiva del gobierno, del retroceso del partido, de sus enormes dificultades políticas y organizativas, la discusión y el debate continuaron. Las instancias funcionaron como estaba agendado. La primera reunión de dirección fue la Conferencia del 13 y 14 de julio. Las tesis de Lenin formuladas por escrito en “La situación política” (Cuatro tesis) fueron objeto de una discusión encarnizada y rechazadas por 10 de los 15 responsables presentes. La discusión giró sobre la actitud que el partido debía tener con los socialistas moderados. Una parte de los dirigentes no quería abandonar las ilusiones en un acuerdo político con esas tendencias al interior de los soviets, para constituir una mayoría gubernamental. Lenin insistió y desarrolló de nuevo sus planteos en el VI Congreso, que se reunió en la noche del 26 de julio. Fue el llamado Congreso de la unificación, que incorporó a Trotsky como dirigente del partido, junto a otros militantes y organizaciones ( Prensa Obrera N° 1.467, 20/7). Trotsky constató: “175 delegados, entre ellos 157 con voz y voto, representaban a 112 organizaciones con 176.750 miembros “. Fueron elegidos para la presidencia Lenin, Trotsky, Kamenev, Kollontai y Lounacharsky (sólo dos “viejos” bolcheviques). Ausentes : Lenin -en la clandestinidad-, Trotsky -preso. El informe político retomó las orientaciones de Lenin y concluyó con un proyecto de resolución de diez puntos. El punto 8 sugería el retiro de la consigna de “Todo el poder a los soviets” y la organización de un enfrentamiento directo con la burguesía. Los puntos siguientes insistían en la necesidad de esta agitación entre obreros y soldados. La discusión fue larga y apasionada. Hubo quince intervenciones de 15 minutos; ocho se pronunciaron por mantener la consigna de “Todo el poder a los soviets”, seis apoyaron el proyecto presentado y una –Bujarin- planteó una posición intermedia. Se formó la comisión de resoluciones y finalmente se propuso un texto de compromiso; es muy probable que haya aportado Lenin -Stalin, a cargo del informe central, difícilmente habría tomado por sí esta responsabilidad. El texto fue aprobado el 3 de agosto con cuatro votos en contra. La consigna fue abandonada en su formulación directa pero se agregó un párrafo al proyecto original, propuesto por la delegación de Moscú, indicando que el partido “debía asumir el rol de ‘jefe’ de la lucha contra la contrarrevolución y proteger a las organizaciones de masas en general y a los soviets en particular de las agresiones contrarrevolucionarias. En el seno de esos organismos, el partido debía trabajar con toda su energía posible para reforzar la posición de los ‘internacionalistas’. Lo que significaba que la actividad del partido se seguía concentrando en los soviets” (Rabinowitch). En su balance, Trotsky señaló que “después de incluir en el orden del día la explicación dirigida a las masas de prepararse para la insurrección, el Congreso decidió al mismo tiempo retirar la consigna (...) de la transmisión del poder a los soviets”. Pero, finalmente, “la fórmula del VI Congreso era por lo menos inexacta (...) El poder dual dejó de ser ‘pacífico’ (...) Se tornó más subterráneo, descentralizado y explosivo. A fines de agosto, el poder dual oculto se convirtió de nuevo en una dualidad activa. Ya veremos la importancia que este hecho había de cobrar en octubre”. Fuentes León Trotsky: Historia de la Revolución Rusa , Galerna, Buenos Aires, 1972. V.I. Lenin: Obras Completas , T. XXV, Cartago, Buenos Aires, 1958. Jean-Jacques Marie: Lenin , POSI, Madrid, 2008. Alexander Rabinowitch: Los bolcheviques toman el poder , La Fabrique, París, 2017.

-¿Qué balance hacés de la paritaria del Neumático? -En primer lugar ha sido una acción colectiva de los trabajadores del Neumático, lo que marca una enorme diferencia con los sindicatos que negocian de espaldas a los trabajadores. Comenzamos con una Asamblea General y culminamos de la misma manera. Cada acción que desenvolvimos apuntó a hacer crecer la unidad y la acción común de todos los compañeros. De esta manera preparamos las condiciones para enfrentar cualquier tipo de lucha que tuviéramos por delante. Gracias a esto pudimos cerrar una paritaria que nos coloca por encima de la inflación por segunda vez consecutiva. Es un acuerdo que nos refuerza frente a lo que viene para todo el movimiento obrero. La paritaria del Neumático se dio en un contexto muy particular, ya a mediados de año, con el cierre de numerosas paritarias donde el gobierno había logrado imponer acuerdos que daban una media del 21 ó 22%, y los grandes gremios acordando todos por debajo del 25%. Eso fue uno de los argumentos fuertes de las patronales para tratar de bajar las expectativas de lo que había sido el inicio de la paritaria con nuestra asamblea general que había reclamado el 35%. A la vez nos planteaban que las empresas de la industria nacional estaban siendo perjudicadas por las importaciones, etc. También decían que la paritaria anterior logramos un 37% de aumento, utilizando este número para sostener que habían superado la inflación por más de 12 puntos y que la proyección inflacionaria futura era en un contexto de desaceleración de los precios. Por esto, ellos consideraban que de julio a julio correspondía un aumento del 18 ó 19%. Nosotros nos basamos en el atraso salarial que había en el gremio, y lo demostramos poniendo de manifiesto la distancia que había entre los sueldos que cobran los compañeros con respecto a la canasta básica familiar; pedimos que se nos entregue los balances, mostramos la evolución de precios de los neumáticos y así como la baja en el precio internacional de las materias primas que se usan para la fabricación de cubiertas, los acuerdos que obtuvieron las empresas con otros países para exportar y muchos datos más que fortalecían la solides de nuestro reclamo. -¿Qué papel jugó el gobierno? -En el medio de la paritaria hubo elecciones a nivel nacional y las empresas aprovecharon la elección realizada por Cambiemos para de decir que había un “espaldarazo” a las posiciones económicas del gobierno y que no estaban dispuestas a aumentar la oferta. Allí fue cuando se reforzó la intensidad de las acciones gremiales que ya habían comenzado con una movilización muy grande al Ministerio de Trabajo, realizando actos en las tres fábricas en forma masiva, frente a las delegaciones regionales del ministerio e incluso con una campaña con fotos adentro de la fábrica con la leyenda “contra el atraso salarial el Sutna lucha en unidad” de la que participaron activamente los trabajadores de las tres grandes fábricas. El gobierno actuó en todo momento como portavoz de los intereses de las patronales. El ministerio no solo planteó que no iba a permitir un aumento que superara el 25%, sino que frente a la inminencia de paros y medidas de estas características dictó la conciliación obligatoria para intentar desinflar el movimiento de lucha y la organización de los trabajadores del Neumático. Frente a esto nos dimos un plan de acción a pesar de la conciliación. Esto nos permitió llegar con mucha fuerza al final de las negociaciones y obtener un avance salarial de mucha importancia para todos los trabajadores. -¿Qué resolvió la asamblea general del Sutna? -Por un lado, se resolvió con entusiasmo por abrumadora mayoría la aprobación del 27% de aumento. A pesar que las demás listas llamaron a rechazar el acuerdo (incluida la lista violeta de la burocracia), solo un pequeño grupo de compañeros se pronunció en contra. Y esta resolución terminó con un gran aplauso del colectivo de los trabajadores. La asamblea también va marcando el grado de concientización de los compañeros. En esta asamblea fue muy importante. Se avanzó en el contenido de los debates. Se discutió la reforma laboral que ahora quieren meter acá como ya la metieron en Brasil, y se hizo un pronunciamiento en rechazo. También contra el impuesto a las Ganancias. Hubo un punto específico en el cual votamos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Los trabajadores del Neumático no sólo manifestaron en cada uno de estos puntos su vocación de luchar y mantenerse en defensa de sus condiciones laborales, sus convenios colectivos, etc., también mostraron que son conscientes de lo que se viene, pero confían en su fuerza y por ello no solo se pronunciaron en forma defensiva sino que votaron un pliego de reivindicaciones para ir a conquistarlas. -¿Qué perspectivas ves para todo el movimiento obrero? -Aún en los tiempos más difíciles se tiene que plantear una perspectiva de avance de los trabajadores. No sólo de la defensa, de “la resistencia”, sino que los trabajadores en tanto clase social tenemos que ser conscientes de que somos los que tenemos la fuerza para cambiar esto. Tenemos que seguir diciéndole a las patronales que nosotros sabemos que podemos ganar. El Neumático tiene una obligación, al ser un gremio clasista, antiburocrático y de lucha. Entendemos que debe marcar un camino para todos los sindicatos, esta forma democrática, participativa, con consciencia de clase. No podemos referirnos a lo que viene sin decir que la solución es acabar con la burocracia sindical, acabar con el manejo del Estado sobre los sindicatos y la necesidad de la independencia del Estado y el gobierno. Ellos hablan de implementar soluciones para los capitalistas y a las crisis que ellos mismos se crean, cuando los trabajadores ya no tenemos más para poder sacar de nosotros mismos, de los ritmos de trabajo que vivimos en el país y las situaciones de precariedad que se tiene en cada uno de los lugares. La perspectiva claramente es unificar a todos los trabajadores del país. Y para ello necesitamos acciones que hagan que el movimiento obrero irrumpa en la realidad política, es el momento de poner al frente de la situación política a los trabajadores. Creo que tenemos que seguir peleando por una perspectiva política independiente de los bloques patronales.

Quien quiera conocer el programa de la coalición política que lleva como candidata eminente a Cristina Fernández de Kirchner, sólo necesita googlear “15 puntos Unidad Ciudadana” (UC). Este simple acto puede dar paso a una enorme clarificación política sobre la nulidad política de esta pretendida oposición al gobierno de la “derecha neoliberal”. Frente al medio millón de desocupados que ha provocado la política del gobierno, sea registrado o informal, la ex presidenta propone “declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil”. Cualquiera puede advertir que la prohibición de los despidos por un año, planteada por un proyecto de ley, viene de fracasar hace poco tiempo, no sólo por el veto del Presidente -una facultad antidemocrática que la señora CFK votó en la Constituyente de 1994-, sino por el rechazo de la mayoría de la Cámara de Diputados a enfrentarlo. Este solo punto clarifica el conjunto. El programa confina la suerte de los despidos… al Congreso, que ha sido cómplice de la ofensiva que se arrastra desde hace (no dos, sino) cuatro años. Toda la perspectiva de los 15 puntos muere aquí, porque la progresividad con la que se presentan ciertas reivindicaciones tiene como horizonte político un imposible, tal sería un Congreso no sólo opositor, sino decidido a enfrentar a la burguesía en su decisión de ir a fondo en un ajuste contra los trabajadores. El mismo Congreso sería responsable de un aumento de emergencia del salario mínimo, cuyo monto no se determina, soslayando el planteo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Cada línea ha sido pensada. El programa no dedica una palabra a la defensa del derecho de huelga, a un plan de lucha, ni hablar de la ocupación de un lugar de trabajo frente a las suspensiones y los despidos. Pero está omisión no es neutral, extiende una amnistía anticipada a la burocracia sindical, enterradora serial de la lucha obrera contra los despidos.No por casualidad, el bloque alineado con CFK en la CGT confluirá en el Confederal inminente, que se hará -si finalmente se convoca- sobre la base de continuar la tregua con el gobierno. CFK no está dispuesta a una confrontación política que ponga en riesgo la orientación general de la burguesía que, en su conjunto, apoya el plan económico en curso -un cambio de frente que se inició desde el momento que la gestión K debió imponer un cepo a las transacciones, clausurando el financiamiento internacional. En esta línea propone un bloque parlamentario para forzar “un cambio de política”, lo que supone un planteo de recambio de corte patronal y no un programa económico y social, y un plan de lucha para arrancarlo, elaborado y votado en un Congreso de bases de los trabajadores. La industria y los bancos El programa denuncia la desindustrialización y pretende colocar a sus autores como cabeza de un polo de reagrupamiento de sectores afectados por la crisis industrial, sin dejar de lado el giro hacia el capital internacional. Siempre en manos del Congreso, UC plantea una nueva ley de compre nacional que conceda “preferencias a nuestra industria para asegurar que la demanda del Estado sea palanca del desarrollo económico” -es decir una reedición del parasitismo y de la “patria contratista”. Al mismo tiempo, propone una devaluación: “la política elegida mantiene bajo el tipo de cambio en forma artificial”, lo que completa el arsenal de la “vieja” política de rescate de la burguesía nacional trasladando el costo a las masas. Significativamente, el programa de Unidad Ciudadana/CFK no toca los bancos. La larga denuncia sobre el crecimiento de la deuda y la bicicleta financiera omite el saqueo de los bancos mediante el endeudamiento brutal del Banco Central. Sin embargo, no puede existir un plan de industrialización masiva del país sin la nacionalización de la banca y de las actividades que implican rentas extraordinarias, como la minería, el petróleo y el comercio exterior. Más sorprendente aún es la ausencia de un programa frente al “campo”, siendo que la ex presidenta pretendió elevar su choque con los terratenientes y los pool de siembra al nivel de la épica. La patria sojera y el consorcio agroexportador y el negocio agroquímico no se tocan. La palabra retenciones no está mencionada. El régimen sojero es un modelo social de concentración del capital financiero en el campo, expulsión de los campesinos, tierra libre para los monopolios de insumos químicos que agotan el suelo y extrema explotación del obrero rural. El programa de la UC no pretende tocar el corazón del beneficio capitalista en el campo. La parte sustancial del beneficio de la explotación agrícola no se la lleva el capital agrario o el chacarero capitalista, sino los exportadores de cereales, los proveedores de materias primas y maquinarias para el campo y los pool de siembra, que agrupan en la mayor parte de los casos a bancos y poderosos grupos económicos exportadores. Una política de concentración del ahorro nacional plantea la nacionalización de la cadena de valor agraria y de los grandes propietarios y pulpos agrarios, algo que está absolutamente fuera del “radar” de la UC. La deuda no se toca y otros tema Luego de una larga exposición sobre los niveles de endeudamiento actual -que, en sus dos terceras partes proviene de la renovación de la deuda externa previa más los intereses, una deuda usuraria que se ha pagado varias veces- y las consecuencias del saqueo sobre la población y el desarrollo de la nación, el programa de la UC plantea la nada misma. “El Congreso debe sancionar normas regulatorias” que impidan que la Argentina se convierta en el país modelo del bicicleta financiera y, una vez más, el Congreso debe “revisar la deuda contraída por el gobierno” (ni siquiera la anterior). Se apela al Congreso, que ha sido históricamente un convidado de piedra en el tratamiento de la deuda, para una medida absolutamente anodina. No hay autonomía nacional ni industrialización genuina que no parta del repudio de la deuda externa que no es sólo una extracción de recursos por la usura internacional, sino un método de dominio colonial. El programa ingresa en el terreno de la mentira descarada al hablar de la extranjerización de los recursos naturales. “Las inversiones extranjeras o nacionales que el gobierno de Cambiemos dice esperar abarcan aquellas que implican la entrega y apropiación privada de nuestros recursos naturales estratégicos”. ¿Qué ejemplos plantea? “El caso Lewis en el Lago Escondido de nuestra Patagonia es un ejemplo claro y concreto. Vaca Muerta también es un ejemplo….” ¿Qué tal? Lewis asentó sus reales en la Patagonia en 1996, se convirtió en socio de Mindlin, integrante de la “patria contratista” beneficiaria de la “década ganada”, y jamás fue interpelado por los “nacionales y populares” por la usurpación de un dominio público -el acceso al lago, al día de hoy casi inaccesible. ¿Vaca Muerta? Aún esperamos los datos de las actas secretas con Chevron. El programa ingresa en la impudicia en otros temas. En el caso de la mujer: “la violencia… ha crecido exponencialmente. Los femicidios se han multiplicado dolorosamente”. Con apelar a la estadística oficial, basta: 208/2008, 231/2009, 260/2010, 282/2011, 255/2012, 295/2013, 277/2014, 286/2015. Naturalmente, no existe una palabra sobre el derecho al aborto, causal de tantas o más muertes, y sobre el cual CFK y el clero mantienen un pacto indisoluble. El programa de CFK/UC es una impostura.

En un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, crecen las tomas y marcharemos en contra de todas las reformas antieducativas y por la aparición con vida de Santiago Maldonado. La lucha de los estudiantes secundarios se ha profundizado: ya son veintitrés los colegios tomados en contra de la reforma antieducativa del macrismo, que busca avanzar en el reemplazo de docentes por “facilitadores” precarizados y en la sustitución del quinto año del secundario por trabajo gratuito de los estudiantes en empresas. El 15 de septiembre, a un día del aniversario número 41 de la Noche de los Lápices, tendrá lugar una movilización que comenzará a las 16 horas frente al Palacio Pizzurno (Ministerio de Educación nacional) para dirigirse hacia Plaza de Mayo y de allí al Ministerio de Educación porteño, contra la reforma y exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. El miércoles pasado, más de 5.000 estudiantes, docentes y padres realizamos una movilización histórica a ambos ministerios, que culminó en una gran asamblea abierta. Allí, los compañeros de la UJS-Partido Obrero planteamos los desafíos de esta lucha y la posibilidad de organizar un estudiantazo que derrote a este intento de vaciar de contenido a la educación pública. En lucha Entre los colegios tomados podemos encontrar al Cortázar, el Fader, el Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, el Yrurtia y el Mariano Acosta, con un destacado activismo estudiantil. En el caso del Fader, los estudiantes han hecho lo que el gobierno nunca se preocupó en hacer: arreglar las condiciones edilicias del establecimiento (sin dejar de luchar para que el Estado se haga cargo). A su turno, en el Cortázar y el Yrurtia son constantes las actividades de formación, en las que tiene un peso fundamental una de las reivindicaciones más importante que tiene el movimiento estudiantil: la de una verdadera educación sexual científica y laica. Los colegios denominados “piloto” (donde las autoridades han cocinado, a costa de la comunidad educativa, que se aplique primero la reforma) también libran una lucha muy importante, como es el caso del Liceo 9. El kirchnerismo y la reforma El kirchnerismo, conducción de la Coordinadora de Estudiantes de Base, tuvo que salir a apoyar las tomas (a las que se oponían sistemáticamente) debido a la radicalización del movimiento estudiantil: el activismo independiente es quien lleva adelante las tomas y quien quiere poner en jaque al gobierno y hacerlo retroceder. Un sector dentro de los K ha llamado incluso a que se “democratice” la reforma, un encubrimiento total de aquellos que le hacen el juego el macrismo. Por el contrario, la UJS defiende la posición de los estudiantes, por la derrota de una reforma que no tiene nada para ofrecernos. Defendamos las tomas Los estudiantes no queremos más tregua: todos los colegios deben tener asamblea y sumarse al plan de lucha. La UJS se propone una línea alternativa a quienes en la Coordinadora actúan como asesores de la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, queriendo darle consejos y recomendaciones. Queremos preparar una gran movilización para el próximo 15 de septiembre, que se expandan las tomas a todos los colegios y tirar abajo esta reforma antieducativa y flexibilizadora. ¡Que Acuña dé la cara y escuche los reclamos de los secundarios! ¡Vivan las luchas de los estudiantes secundarios! ¡Vivan las tomas! ¡Viva la educación pública!

El proyecto de Paridad de Género, que establece la integración paritaria entre hombres y mujeres en las listas, impulsado por el PRO para ser tratado en el plenario de comisiones, recibió el apoyo de todos los bloques. La medida responde a una oportunidad que encontraron aquellas representantes del Estado capitalista y de los partidos patronales para mejorar su posición dentro de sus instituciones, aprovechando el estado de movilización que existe desde 2015. La ley es, a su vez, una forma de desviar el reclamo de las movilizaciones que pidieron asistencia a las mujeres violentadas, que denunciaron al Estado como responsable de la violencia que viven las mujeres, que reclamaron la separación de la Iglesia del Estado y que se pronunciaron por el aborto legal. Las defensoras de la norma prometen que eso ocurrirá una vez que se implemente la ley. Dichas afirmaciones subestiman a las mujeres y a la población que espera respuestas que nunca llegan. Cuando el gobierno es denunciado por el incremento represivo y por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, esta ley le permite darse un “baño de sensibilidad” con la cuestión de género, y de supuesta extensión de derechos democráticos. La norma también refuerza un principio de intervención estatal sobre la vida de los partidos políticos, en sintonía con la reforma política que consagró las Paso. La ley pretende resolver lo que la estructura antidemocrática de los partidos capitalistas les niega a sus mujeres internamente, cuando las segrega del armado de listas o de los cargos políticos a los que aspiran. Los negacionistas se callan El gobierno dio la orden de acallar las opiniones meritocráticas de sus principales cuadros parlamentarios, como Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de asuntos constitucionales y un enemigo de la medida en la línea de la crítica impulsada por los editorialistas de La Nación. “No estoy de acuerdo con el cupo femenino porque el mérito para ser diputado tiene que ser la capacidad y no el género”, decía el legislador en 2016. Para ellos, la mujer no goza de ningún tipo de discriminación para acceder a su vida social y política y su presencia minoritaria obedece a la falta de méritos, y no a la carga de las tareas domésticas, ni a la precarización o discriminación laboral; tampoco a la discriminación del Estado, que la condena desde el código penal. El negacionismo de derecha cedió a la necesidad política y electoral del momento -avanzar en una reforma en nombre de las mujeres, pero que sin embargo está pensada para no avanzar en sus reclamos concretos. Desde el PO- FIT planteamos que la paridad de género, presentada como la defensa de las mujeres porque habilita el acceso de algunas de ellas al Congreso, constituye una presentación engañosa de los bloques políticos mayoritarios. Con ella, buscan encubrir su negativa a aprobar las demandas del movimiento de mujeres, que durante dos años nos manifestamos en las calles. Al reclamo de las mujeres responden con mayor punitivismo y un cambio del status administrativo del Consejo Nacional de las Mujeres, que seguirá orientado por una política privatista dictada por el macrismo. Nuestra respuesta Propusimos, a través de la diputada Soledad Sosa, que el proyecto fuera acompañado por el de aborto legal, cajoneado en el Congreso desde hace 10 años, junto a otros que llevan el mismo tiempo sin avanzar y que sí cambiarían la vida de las mujeres, como la extensión de las licencias por maternidad y paternidad o el incremento del presupuesto para asistir con dispositivos estatales a las mujeres que sufren violencia (el femicidio en nuestro país se lleva la vida de una mujer cada 18 horas). Nuestra propuesta fue rechazada in límine. En cambio, no perdieron la oportunidad de mejorarle la vida a un puñado de carreristas. El proyecto de Paridad de Género fue recibido en el plenario de comisiones con la frialdad que merece una iniciativa que es sólo el impulso al carrerismo de unas pocas. Se interesaron apenas un puñado reducido de feministas institucionales o estatales, las más asociadas al lobby femenino en los círculos de poder, o aquellas que han obtenido mediante estas iniciativas, puestos en el Estado. Es el caso de Libres del Sur que, gracias a la creación de organismos e iniciativas como estas, ha logrado gobernar con Juan Manuel Urtubey en Salta (PJ) y con Alfredo Cornejo en Mendoza (PRO), ocupando puestos relativos a la situación de las mujeres, sin rendir cuentas respecto de que lo hacen en provincias arrasadas por el abuso y el embarazo de niñas, con los niveles más altos de femicidios y el trabajo más precarizado para las mujeres. Las fuerzas políticas que impulsan el proyecto son todas tributarias del clero, y defensoras del aborto clandestino como herramienta de control político de las mayorías. Son las que saludan la paritaria a la baja de 1 millón 300 mil mujeres empleadas domésticas que no cobran ni $80 la hora, las que reducen la socialización de las tareas de crianza y domésticas que debieran impulsar en los lugares de trabajo y estudio, las que se negaron durante años a modificar la ley de contrato de trabajo para ampliar adecuadamente las licencias por maternidad y paternidad, las que no quieren invertir en asistencia estatal adecuada para las mujeres y se encuentran impulsando la privatización de la asistencia beneficiando con subsidios a ONGs amigas, como las que se anotan para saludar estas iniciativas en el Congreso. La intervención de la mujer en nuestras listas no necesita de cupos. El FIT PO ha sido objeto de proscripciones por parte de la justicia electoral, por colocar más del 70% de mujeres en una lista. Nuestras mujeres, atravesadas por todas las complicaciones que deben sortear las trabajadoras para dar pasos al frente, no son bloqueadas, sino impulsadas en el marco de una organización que une la lucha de la mujer a la de toda la clase trabajadora. Un verdadero avance en las condiciones materiales de existencia de las mujeres es la única forma de cambiar el universo simbólico que rodea a la discriminación y el sometimiento reinantes, por parte de una sociedad que usa a la violencia contra las mujeres como herramienta de disciplinamiento social. Para pasar del engaño a la conquista de los derechos de las mujeres, debemos avanzar en las calles con organización. El 29 pongamos en pie una masiva movilización por el aborto legal y reagrupemos fuerzas para luchar por un Encuentro Nacional de Mujeres independiente de la Iglesia y de los gobiernos.

Luego de la reciente aparición de Bryanna, de 16 años, sus compañeras y compañeros de escuela saludaron la movilización popular que desde un primer momento ganó las calles por la aparición con vida: cerca de una veintena de ellos se tomaron una foto en el frente del colegio, junto a un cartel que señalaba “Gracias por luchar” y otro que sostenía “Te encontramos”, así como una serie de afiches referentes a esta pelea. Bryanna había desaparecido el jueves pasado a la salida del Colegio Nuestra Señora de Lourdes en Villa Madero y, desde entonces, la respuesta de sus compañeros y los vecinos de la zona fue una enorme movilización. Durante los casi 5 días que permaneció desaparecida, hubo varias marchas a la comisaría, dos cortes en la autopista General Paz, pegatinas y actividades de difusión. La reacción popular contrastó fuertemente con el accionar de la Iglesia –que desalentó la organización de vecinos– y las fuerzas del Estado –la policía se ocupó de dilatar la investigación, en un proceso viciado de irregularidades, como el allanamiento de las casas de vecinos de Villa Madero sin previa orden judicial– y fue la que logró la reaparición con vida de Bryanna.

Al día siguiente del vencimiento del plazo para la presentación de listas para las próximas elecciones de comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (Sitraic), la Lista Violeta (actual dirección del gremio) realizó un acto público con la presencia de trabajadores y delegados de obra, y dirigentes y agrupaciones obreras pertenecientes a la Coordinadora Sindical Clasista. El reconocimiento del Sitraic por parte del Estado y la ampliación del ámbito de actuación a todo el país colocaron la tarea de construir el sindicato en cada provincia y ciudad. A su vez, el enorme atraso de la construcción en su convenio, condiciones de trabajo y salario, instalaron al Sitraic como un protagonista de la lucha por las reivindicaciones de los obreros de la construcción con diversas acciones a la Cámara de la Construcción, al Ministerio de Trabajo y sus dependencias y al poder político. Los principales desafíos para la próxima comisión directiva serán la consolidación de este proceso de gestación y su extensión a nuevas capas de obreros de la construcción, con los métodos del clasismo. La lucha por revertir el extendido régimen de precarización y explotación al cual son sometidos los trabajadores de la industria. La erradicación de las patotas y bandas del gremio, con el método de la democracia sindical y la lucha política. La tarea de enfrentar, junto al movimiento obrero, la reforma laboral que preparan el gobierno, la oposición patronal y los bloques capitalistas. Y la conquista de un convenio propio que abra una nueva etapa para los obreros de la construcción. Los orígenes de la Lista Violeta deben situarse en su constitución como agrupamiento independiente dentro de la Uocra, contra la dirección de Gerardo Martínez (integrante durante la dictadura del Batallón 601 de Inteligencia), quien produjo un salto en la asimilación del gremio de la construcción al Estado y a las patronales. La propia descomposición de la Uocra y el empleo de la violencia como medio para dirimir las diferencias concluyó en la expulsión física de la Violeta de la seccional Lomas de Zamora y su persecución en toda la zona sur del conurbano bonaerense. Son estos compañeros de la Lista Violeta los que darán nacimiento al Sitraic el 22 de julio de 2009, como única vía para reorganizar a los obreros de la construcción, iniciando así un período de duras luchas políticas y sindicales, y de subsistencia frente a la persecución de la Uocra. La Violeta, de procedencia peronista, se encontró en los hechos con la hostilidad del Estado y las patronales respecto de la constitución de un nuevo sindicato que amenazara el unicato sindical y el régimen de privilegios creados por las patronales y la Uocra, contra los trabajadores. Esto fue llevando al núcleo fundador del Sitraic a evolucionar hacia el clasismo y la izquierda. Sin duda, el asesinato de Mariano Ferreyra y la campaña por la cárcel a Pedraza y sus secuaces marcaron un punto de inflexión en la asimilación de un método para enfrentar a la burocracia sindical descompuesta y actuar contra el entramado de relaciones que son la base de la política antiobrera que impulsan el Estado, los empresarios y la burocracia. El Sitraic se incorpora al clasismo como resultado de su experiencia práctica y en la etapa de emergencia del clasismo como un fenómeno actual del movimiento obrero. A partir de allí, la Violeta hará un inmenso esfuerzo por integrarse a un terreno desconocido, situando al Sitraic en los plenarios obreros antiburocráticos, las columnas del clasismo, desplegando la solidaridad de clase con diversas luchas y la defensa de una salida política de los trabajadores. La actual Lista Violeta, que se propone asumir este segundo mandato del Sitraic, representa la consolidación de este proceso de gestación, en una dirección que tendrá por delante el desafío de extender sus conclusiones políticas al conjunto de los obreros de la construcción. ¡Viva la Lista Violeta! ¡Viva el Sitraic!

En las últimas semanas, la patronal de MAM (Grupo BM) ha montado una serie de provocaciones contra los obreros, que desde el 1 de julio se encuentran ocupando la fábrica en rechazo a los despidos y suspensiones de la totalidad del personal. Un corte total de la Ruta Nº 7 realizado por los trabajadores de MAM, el primero desde el comienzo de la ocupación, logró reabrir la mesa de negociación, que desde hacía semanas se encontraba cerrada. En esa mesa, la patronal ofreció un plan de reapertura de la fábrica pero con tan sólo 31 obreros. Los representantes de los obreros en lucha demostraron que una reapertura en los términos planteados por la patronal es inviable. Es que la fábrica contaba con 94 trabajadores antes de ser cerrada por la patronal. Sin embargo, el ‘compromiso’ de reapertura presentado, le sirvió al Grupo BM como apoyatura para reclamarle al gobierno un sinfín de beneficios. A una siguiente mesa de negociación los obreros llegaron con una contrapropuesta, que partía de garantizar el puesto de trabajo para todos los compañeros que se mantienen firmes en la ocupación; la patronal, en cambio, llegó con una nueva provocación. En las horas previas, MAM había entrado en concurso de acreedores. Una maniobra podrida de la patronal destinada a ratificar su planteo de que MAM se encuentra en crisis, y que por eso despide y suspende trabajadores y de que indefectiblemente necesita de la ayuda estatal. Pero como se demostró en el informe presentado por los trabajadores ante la Fiscalía de Delitos Económicos, MAM no tiene ninguna crisis. La patronal ha contado desde el primer día, para su accionar impune, con la completa complicidad del gobierno provincial. Así se evidenció cuando el gobierno puso la policía provincial al servicio de desalojar el piquete obrero a las empresas del Grupo BM. O cuando los funcionarios provinciales difamaron a los obreros en lucha acusándolos de incumplir acuerdos que en realidad nunca firmaron. O cuando, finalmente, da cabida a las peticiones de la patronal vaciadora sin investigar sus cuentas pero ignora el derecho de los obreros a mantener su fuente laboral. Es más que claro, a esta altura, que el gobierno de Gutiérrez también es responsable de los despidos. Las negociaciones han ingresado en un nuevo impasse. Es evidente que la patronal apuesta al desgaste. Como respuesta a las provocaciones patronales es necesario relanzar un plan de lucha, bien estructurado y organizado, con medidas que golpeen al Grupo BM y al gobierno provincial. ¡Vamos compañeros!