Prensa Obrera N° 1473

En una fecha tan temprana como noviembre de 2014, hace casi tres años, se constituyó la Comisión para el Centenario de la Revolución de Octubre, propiciada por el PCR e integrada por el MST, Emancipación Sur, Socialismo Auténtico, y figuras como Juan Grabois (CTEP), Claudio Katz, Roberto Perdía, Carlos del Frade, Alcira Argumedo y Osvaldo Bayer, entre otros. ¿Cómo se explica una convocatoria tan prematura? La respuesta se encuentra, quizás, en las circunstancias políticas. A fines de 2014, la situación de un conjunto de fuerzas de centroizquierda, tradicionales aliados de los partidos y figuras nucleados en la Comisión, era de abierta desintegración. El abrazo de Gerardo Morales con Massa había marcado el fin político de la coalición Unen, en la que habían confluido Lilita Carrió, Pino Solanas, la UCR, el Partido Socialista, el GEN, el Socialismo Auténtico y Libres del Sur, una convergencia del centroizquierda con el gran capital y el Departamento de Estado. Para la UCR, como se vio después, el idilio con el líder del Frente Renovador sería sólo una estación de tránsito hacia el frente con el PRO. El hundimiento de Unen barrió de un solo golpe las ambiciones presidenciales de Cobos y de Binner, pero, a la vez, dejó a su “ala izquierda” literalmente en pelotas. Esta buscó, como alternativa, la formación de un nuevo polo de centroizquierda que permitiera unir al conjunto de fracasados políticos y sumarle nuevos aliados. Allí hacían cola el PCR y el propio MST, que llamaban en ese mismo momento a un frente con los restos de Proyecto Sur. La pregunta que se impone es de sentido común: ¿Hasta qué punto la formación de la Comisión para el Centenario de la Revolución Rusa, tan tempranamente como en 2014, no tuvo como propósito ser una rueda auxiliar de ese reagrupamiento del centroizquierda en crisis? Si éste fue el propósito, el fracaso está a la vista. El GEN se abrazó al Frente Renovador, del que está siendo apartado a estas horas, en función del acercamiento de Massa con fracciones del peronismo. La experiencia “socialista” está llegando a su fin en su bastión histórico (Santa Fe) y el PS es una fuerza en disgregación. Libres del Sur participa de los gobiernos provinciales de Salta (bajo el mando de Urtubey, que ha establecido un virtual cogobierno con Cambiemos) y Neuquén (MPN) y fue desplazado del Frente Renovador por su desmedida apetencia de puestos en las listas. El Frente Popular -conjunción de la Unidad Popular de De Gennaro y el PCR- no logró superar el piso del 1,5% en la mayoría de las provincias. La coalición del Frente Popular y Social en Santa Fe, que llevó a Del Frade como candidato -y que tuvo el apoyo de la Unidad Popular, el PCR y el MST- bajó a un tercio de su votación anterior (el MAS de la provincia no acompañó este rumbo y llamó a votar al Frente de Izquierda). Alcira Argumedo, una de los firmantes del Manifiesto por los 100 años de la Revolución Rusa, acaba de plantear su apoyo a Cristina Kirchner para las elecciones de octubre; Juan Grabois forma parte del “triunvirato piquetero” aliado al Vaticano, y el voto de su íntimo aliado -Movimiento Evita- está entre CFK y Randazzo. Por su parte, el papista Gustavo Vera se alineó con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Gran parte de las piezas del rompecabezas de centroizquierda se alineó como furgón de cola de vertientes capitalistas, otras (PS) están en caída libre luego del fiasco de una década de un gobierno “progresista” de la mano de las sojeras, las aceiteras y los pulpos exportadores. Lo que resta busca su reconstrucción política bajo el manto del Papa. Están peor que cuando se juntaron, declarando el propósito, nada menos, de homenajear a la Revolución Rusa. Engendro Cualquiera puede apreciar que sólo un propósito oportunista puede explicar esta convergencia entre un partido que nombra como presidente honorario de sus congresos a José Stalin (PCR) con otro que se sigue reconociendo trotskista (MST), y con elementos que son enemigos históricos de la toma del poder por los trabajadores. Así se explica que el texto de la convocatoria, con precisión quirúrgica, refiera a “una página grande en el devenir de la humanidad” sin decir su contenido, salvo que “asestó golpes demoledores a la explotación del hombre por el hombre”. El texto, deliberadamente corto porque sería imposible lograr puntos en común con tales protagonistas, refiere al entierro de la revolución por la dictadura burocrática y la restauración capitalista en sólo nueve palabras: “sobre sus causas, un intenso debate recorre nuestras filas”. ¿Qué tal, MST? Dejamos de lado el papel contrarrevolucionario de la burocracia, el sacrificio de las revoluciones por su política a partir de la muerte de Lenin y la derrota de la Oposición de Izquierda, la política opuesta al frente único que posibilitó el ascenso del nazismo, el llamado a la revolución política en la URSS, a la construcción de la IV Internacional y a la revolución internacional porque, de otro modo, como pronosticó León Trotsky, la burocracia conduciría la vuelta al capitalismo -en defensa de sus propios privilegios. El MST ha solicitado el ingreso al Secretariado Unificado de la IV Internacional, el mismo que planteó, ante la disolución de la Unión Soviética, la renuncia formal a la dictadura del proletariado y declaró llegado a su fin el período histórico abierto por Octubre. En todo caso, la derechización se apodera cada vez más de esta izquierda. No viene de ahora. El PCR y el MST tienen notorias afinidades políticas, aunque uno siga explotando el nombre de trotskista: ambos son partidarios (el uno explícito, el otro en forma vergonzante) del Frente Popular, es decir de la alianza de las organizaciones obreras con la burguesía en defensa del orden burgués, ambos militaron juntos en defensa del capital financiero y los terratenientes “en defensa del campo”, ello no les impidió apoyar más o menos incondicionalmente al chavismo, que abusó de la demagogia “socialista” para mantener en pie el régimen social capitalista y regimentar al movimiento obrero. El manifiesto de la Comisión por el centenario de la Revolución Rusa alumbrado por el PCR y el MST omite, nada menos, las palabras proletariado, clase obrera, trabajadores. Elimina al sujeto histórico que lideró la Revolución de Octubre y que está llamado a acaudillar, apoyándose en el resto de las clases oprimidas, las revoluciones socialistas por venir. En la medida que es la cobertura de una maniobra política, la Comisión produjo una acción de encubrimiento que se expresó en un acto a los 99 años de la Revolución Rusa, en que las palabras Stalin, burocracia, Trotsky fueron omitidas y del que el PCR elogió el respeto a la “brevedad” de los discursos, además de un libro con un prólogo a varias manos que pretendió reemplazar cualquier tipo de clarificación política. Llamamos a una campaña que rescate las banderas genuinas de la Revolución de Octubre y rinda homenaje a los miles que cayeron, fruto de la barbarie capitalista o del horror estalinista, defendiendo esas banderas.

El gobierno macrista recibirá el 11 y 12 de septiembre en Buenos Aires al primer ministro Benjamín Netanyahu, como parte de una gira del mandatario israelí que incluirá a Colombia, México y Estados Unidos. La noticia de su visita ha suscitado la convocatoria a movilizaciones de repudio por parte de las organizaciones que luchan contra la opresión del pueblo palestino. En vistas a ello, para la “protección” de este criminal el gobierno macrista prepara un “megaoperativo de seguridad con vallados” (La Nación, 3/9) y un amplio despliegue de fuerzas represivas. La agenda de intercambios incluiría negocios en agricultura, ganadería, agua, equipo médico y tecnología, así como en educación y salud –montados en el derrotero privatista que prepara el gobierno en esas áreas. Pero, ante todo, se destaca en la agenda la compra de armamento y tecnología militar israelíes por parte del gobierno argentino. Precisamente, “la cooperación en inteligencia y seguridad se restableció tras el interés nacional por equipamiento militar israelí: Patricia Bullrich viajó a Israel en noviembre de 2016 para una feria de armamento” (Ambito, 1/9). En esa ocasión, la máxima responsable del encubrimiento en la desaparición de Santiago Maldonado compró -a precio de oro- cuatro lanchas de combate para patrullar el río Paraná y un sofisticado sistema de vigilancia de fronteras. Asimismo, “la semana pasada pasó por el país Eran Gabay, nuevo agregado militar israelí para la región, acompañado por funcionarios de la Sibat, la agencia que arbitra la cooperación internacional en defensa, y se reunió con autoridades de los ministerios Seguridad y Defensa” (ídem). El macrismo, que desarrolla un reforzamiento represivo en regla contra la movilización popular, busca profundizar su asociación con los expertos en estas labores reaccionarias. Es lo que ya estuvo presente en las conversaciones de Macri con Donald Trump (un “amigo” de Netanyahu, en palabras de éste), en las que también se sellaron acuerdos en materia de “seguridad” entre Argentina y Estados Unidos. Los medios destacan la buena relación entre Macri y el primer ministro israelí, con quien conversó amigablemente en la cumbre de Davos en 2016. El acercamiento de Macri al Estado sionista viene de lejos. “Cuando el actual presidente argentino creó la Policía Metropolitana, nombró como jefe de esa fuerza a Jorge ‘El Fino’ Palacios, un hombre involucrado en el encubrimiento del atentado a la Amia y en el escándalo por las escuchas ilegales. Al ser cuestionado por esa designación (…) Macri argumentó: ‘Fuimos a la embajada de Estados Unidos y a la de Israel y les dijimos: ‘Queremos que nos recomienden cuál es la mejor policía’, y los dos, sin hablar entre ellos, dijeron: ‘El señor Palacios’. Luego, el actual presidente remarcó: ‘Fue una recomendación de dos servicios de inteligencia extranjeros’, refiriéndose a la CIA y el Mossad” (Contexto, 3/6/16). A su turno, la vigilante Bullrich fue en su rol de diputada nacional presidenta de la Comisión Nacional de Amistad con Israel. De la mano del tándem Macri-Bullrich, se reforzó la penetración de las agencias yanki y sionista en el aparato represivo argentino. Por último, la agenda de Netanyahu en el país incluiría actos relativos a la voladura de la Embajada de Israel (1992) y la Amia (1994), dos atentados que fueron manipulados por todos los gobiernos argentinos para colocar al país a remolque de los intereses imperialistas en Medio Oriente. La lucha contra la impunidad debe comenzar por el esclarecimiento de la conexión local –el Estado argentino y los servicios de inteligencia. Criminal de guerra Figura clave de la política sionista en las últimas dos décadas, tres veces primer ministro, Netanyahu es un criminal de guerra. Solamente en la ofensiva militar “Margen protector” a la Franja de Gaza en 2014, fueron asesinados cerca de 2.000 palestinos, entre ellos más de 500 niños y niñas. Mantiene un bloqueo sobre la Franja que condena a sus 1,8 millones de habitantes a las condiciones de vida más penosas, convirtiendo su territorio en una suerte de campo de concentración a cielo abierto. Netanyahu hizo aprobar en febrero pasado una ley mediante la cual se legalizan de manera retroactiva los 4.000 asentamientos colonos sobre tierras palestinas en Cisjordania. Ambito Financiero destaca que “el propio premier se jactó de ser ‘el primer ministro que más hizo por el movimiento de colonización’” (1°/9). En las cárceles sionistas, los miles de presos palestinos vienen de protagonizar una huelga de hambre contra las detenciones arbitrarias y las deplorables condiciones de encarcelamiento. Actualmente, Netanyahu vive una crisis política en su país por estar involucrado en numerosos casos de corrupción, incluyendo la recepción de sobornos a cambio de tratos preferenciales a empresarios; pactos trazados con medios locales para obtener una cobertura favorable a cambio de restricciones a la competencia. El brindis del sionista con Macri será un encuentro de “lavajatistas”. Contra la opresión al pueblo palestino, el reforzamiento represivo del macrismo y la colocación del país al servicio de la política imperialista en Medio Oriente, repudiamos la visita de Netanyahu.

El férreo operativo de encubrimiento en relación con la desaparición forzada de Santiago Maldonado ha comenzado a derrumbarse. La gigantesca movilización popular ha animado a testigos a volcar sus testimonios. El aparato represivo se fractura y la verdad empieza a abrirse paso. La mira apunta a la Gendarmería. Pero con ella, al gobierno que dirigió personalmente la represión en el Sur. Y que luego cerró filas, con versiones falsas y mentiras, en torno de los represores. Un fiscal ha iniciado una investigación sobre el propio gabinete, a causa de este encubrimiento. Pero todo un sector del pueblo ha llegado a esa misma convicción. La crisis abierta es un golpe al gobierno de la reforma laboral, de la extensión de la edad jubilatoria, del endeudamiento exponencial en favor del capital internacional. Pero también cuestiona al kirchnerismo, que introdujo a la Gendarmería en la represión interior y reforzó el acaparamiento de tierras en favor de los monopolios capitalistas. Luchemos a fondo por la aparición con vida de Santiago, para que se vaya Patricia Bullrich, y por el juicio y castigo a todos los responsables de la desaparición forzada y su encubrimiento.

Los secundarios de la Capital Federal, en pie de lucha contra la reforma antieducativa del macrismo, mantienen en este momento tomadas más de una decena de escuelas, y más de 50 colegios se movilizaron a los ministerios de Educación nacional y porteño. Expresión de un movimiento creciente, la marcha fue del Palacio Pizzurno (Ministerio de Educación Nacional) a la sede de la cartera educativa porteña, acompañada por el sindicato docente Ademys y la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba). Reforma anti-educativa Los estudiantes enfrentan la mal llamada “Secundaria del Futuro”. El plan del gobierno transforma el quinto año en un “año formativo del más allá de la escuela” que implica el 50% del tiempo escolar destinado al trabajo gratuito en las empresas, reemplaza docentes por “facilitadores” y divide los primeros cuatro años en dos ciclos, uno básico y orientado, lo que conduciría a títulos intermedios aún más descalificados. Es una reforma que acentúa la subordinación de la educación a las necesidades del gran capital y va en consonancia con el proyecto de reforma laboral del oficialismo que pretende avanzar en un fuerte recorte de los costos laborales. Entre los secundarios se vive un clima de lucha ascendente. Hasta el momento se encuentran tomados el Pellegrini, la Belgrano, el Comercial 7, el Padilla, el Antonio Devoto, el Liceo 9, el Normal 1, el Plumerillo, el Yrurtia y el Normal 10 y la cuestión se discutía en el Cortázar. Luego de una asamblea unificada de la docencia semanas atrás, Ademys ha promovido asambleas en los diversos colegios para debatir un plan de lucha, que deberá ser resuelto en un nuevo plenario unificado a realizarse este viernes. “Nos movilizamos junto con los estudiantes; hemos hecho actividades conjuntas en talleres de las tomas y promovemos la coordinación de alumnos, docentes y padres para enfrentar la reforma”, dijo Amanda Martín, secretaria adjunta del gremio. Arriba la lucha El proceso de resistencia a la reforma es el escenario de una pedagógica lucha política. Las agrupaciones kirchneristas y filo-kirchneristas que dirigen los centros de algunos colegios y la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) han repetido hasta el cansancio que “las condiciones no están dadas” (un argumento también desplegado por la conducción K de UTE-Ctera), no impulsando como CEB la toma de todas las instituciones e incluso votando contra ellas en sus colegios. Esa posición, criticada por la UJS-PO, ha sido refutada por la amplitud del movimiento de lucha y la conformación de un intenso activismo independiente. Tal movimiento ha obligado a las conducciones kirchneristas a votar a favor de las tomas contra su posición original. En otros casos continúa el boicot y la dilación a las acciones de lucha, como en el caso de la conducción del Nacional Buenos Aires. Pero el ascenso del movimiento asegura nuevas tomas y medidas de lucha. Vivan los pibes. Abajo la reforma antieducativa del macrismo.

El viernes 18 de agosto, en la Mesa del Frente de Izquierda y los Trabajadores, presentamos la iniciativa de que el FIT sea convocante de un Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda. Al otro día de la movilización del 22 de agosto, en el balance de la movilización cegetista, Prensa Obrera hizo pública la propuesta. La propuesta se fundamenta en la necesidad de que el activismo obrero participe activamente de la campaña electoral, ya que ninguna vanguardia obrera puede formarse bajo el principio de la neutralidad política entre los partidos burgueses y la izquierda que se reclama obrera y socialista. Junto con ello señalamos que un Congreso de este tipo sería adecuado para explotar la crisis de la burocracia sindical que, luego de la fracasada movilización del 22, ha ingresado en un nuevo terreno de colaboración con el macrismo. Por otro lado, una iniciativa de este tipo brindará una referencia política antagónica a la demagogia antiajuste del kirchnerismo, mostrando que el FIT se apoya en el accionar independiente de la clase obrera para derrotar el ajuste, mientras Cristina y el resto del PJ buscan disputar el favor de la burguesía para ser ellos quienes lo apliquen en sus términos. Los fundamentos para la iniciativa, expuestos en la reunión, cobran más vigencia aún en los días transcurridos. Esto como consecuencia del defol de la burocracia sindical y también por el nuevo escenario de la ofensiva represiva y la lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pejotismo y burocracia sindical Para satisfacción del gobierno de Macri, las distintas alas del peronismo y la burocracia sindical, incluido especialmente el kirchnerismo, han sacado de la agenda política la reacción del movimiento obrero ante el ajuste en marcha y ante el que se prepara para después de octubre. No hay ni habrá paro nacional. Al contrario, la propia Cristina Kirchner se inclina hacia la pejotización de su campaña electoral y hace un guiño al conjunto de la burocracia sindical como recurso político que tiene la contrapartida de la tregua y la asociación a la política de gobernabilidad del ajuste que permitió al macrismo todos los ataques sufridos hasta hoy por los trabajadores. Massa y Randazzo articulan a su vez con distintos sectores de la burocracia sindical. De conjunto, forman parte de las fuerzas que aseguraron las 84 leyes del ajuste en el parlamento hasta el presente. La movilización del 22 de agosto fue raquítica, fracturada y vaciada en los días previos. Sin asambleas fabriles ni plenarios de delegados previos, sin cese de tareas, la movilización no fue canal del activismo y menos aún de las bases del movimiento obrero. La dirección sindical del triunvirato estuvo de espaldas a todas las luchas del período: las ocupaciones de fábrica como AGR y Pepsico, las huelgas docentes por el salario, las huelgas contra los despidos como Ingredion o Ingenio La Esperanza, las extendidas huelgas, acampes y manifestaciones del pueblo trabajador de Santa Cruz, al igual que las grandes movilizaciones y cortes de los movimientos de trabajadores precarizados y desocupados, como la realizada frente al Ministerio de Trabajo ante el Consejo del Salario Mínimo. Ahora, la burocracia sindical aporta a la tregua para que se sigan desenvolviendo los ataques al movimiento obrero y se procese el debate electoral en los ejes planteados por las centrales patronales y el gobierno: reforma laboral, reforma jubilatoria y reforma impositiva, en lo que constituirá la segunda y más profunda fase del ajuste, descargando sobre el pueblo trabajador las consecuencias del fracaso de la política de endeudamiento, ajuste y tarifazo. Ofensiva antiobrera La política en curso forma parte de una ofensiva continental contra los derechos de los trabajadores para incrementar la tasa de explotación mediante la precarización y la flexibilidad laboral, los convenios a la baja y por empresa, la extensión de jornada, pasantías, rebaja de aportes sociales, todo luego de las paritarias a la baja por segundo año consecutivo. La adaptación de la burocracia sindical a la ofensiva patronal y oficial no ha sido gratuita. Condenó al aislamiento a numerosas luchas obreras pero, por otro lado siguen los desplazamientos del activismo hacia la izquierda y las conquistas sindicales del clasismo, como lo prueban las recientes elecciones en el Suteba y la conquista del Sute de la docencia mendocina. La columna independiente que integramos las fuerzas del clasismo y el Frente de Izquierda el 22, junto a los obreros de Pepsico en lucha, del Sutna en lucha por su paritaria, a la Unión Ferroviaria de Oeste, a los Suteba opositores, AGD-UBA, Ademys, Sitraic y todo el sindicalismo combativo y clasista, entró cantando paro y plan de lucha, marcando una perspectiva política estratégica: la intervención de los trabajadores en la crisis para quebrar el ajuste. Senadores y diputados del FIT están y estarán al servicio de esa estratégica política. La CTA formó parte del operativo de la burocracia sindical, adaptada en sus dos variantes al derrotero de la CGT. El kirchnerismo sindical es antagónico a una intervención independiente del movimiento obrero, como es vertebralmente antagónico a la independencia política de clase. Hacer frente al ajuste El Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda brinda la oportunidad para debatir una gran movilización de la izquierda y el clasismo contra las reformas antiobreras en curso para la primera semana de octubre: por la ocupación de las fábricas que cierran, por paritarias sin techo y un salario equivalente a la canasta familiar, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por el 82% móvil a partir de reponer los aportes patronales que rebajaron Menem y Cavallo. También por el cese de la represión, por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la derogación de todas las leyes represivas, de la ley antiterrorista y el Proyecto X, por el fuera Bullrich y Noceti, por el juicio político a la Corte del 2x1. Lo ideal es que el Congreso se realice en un estadio adecuado el próximo 30 de septiembre y constituya un hecho político que coloque a la izquierda obrera y socialista del FIT como referencia y canal del activismo luchador para motorizar las luchas contra el ajuste, antes y después de octubre. Asociando la lucha por la expulsión de la burocracia sindical y por una nueva dirección del movimiento obrero a la construcción de la alternativa política de los trabajadores por su propio gobierno. La consigna central del encuentro tiene que recoger este planteo político: Al ajuste le hacemos frente con la izquierda y los trabajadores.

La semana pasada, Daniel González, el matón que luce cuello ortopédico y aparece en las imágenes del ataque que logró captar C5N, fue visto nuevamente en los andenes del Roca, hablando con delegados y con algunos trabajadores. A seis años y poco más de diez meses del crimen de Mariano Ferreyra, y de las heridas sufridas por Elsa Rodríguez y otros compañeros, poco a poco, los condenados como coautores de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio están siendo beneficiados con la libertad condicional, tras haber cumplido la 3/4 partes de la pena. En algunos casos, además, se les aplican los beneficios para la reducción de la condena del “estimulo educativo”. El año pasado fueron excarcelados Claudio Alcorcel y Francisco Pipitó. Poco tiempo después, fue liberado González. Por su parte, José Pedraza y Juan Carlos Fernández gozan de prisión domiciliaria desde principios de 2016 por supuestas razones de salud. Pedraza habita una lujosa torre en el barrio de Palermo, sin ningún tipo de control de parte del patronato de liberados ni restricción alguna a visitas. Solamente permanecen cumpliendo su condena en cárcel común Pablo Díaz, Cristian Favale y Gabriel Sánchez. Se les han otorgado permisos de salida, acompañados de custodias ante enfermedad de sus familiares, un beneficio al que no es frecuente que acceda cualquier detenido. También se encuentran detenidos los comisarios Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Raúl Ferreyra, quienes llegaron al juicio oral en libertad. Comenzaron a cumplir su condena recién cuando la Corte Suprema la dejó firme, en noviembre de 2016. Esta situación se deriva de la sentencia emitida por el Tribunal Criminal Oral N° 21, que dictaminó que no hubo premeditación en el crimen y atenuó las condenas. Los jueces recurrieron a una voltereta contrafáctica -“a Pedraza no le convenía un muerto porque iba a terminar preso”- para rechazar nuestro alegato: que el crimen de Mariano y la emboscada fueron parte de un “plan criminal” que reunió a la burocracia sindical, los empresarios y los funcionarios, beneficiarios del saqueo de subsidios estatales y la explotación de las tercerizaciones. Ni los empresarios -que otorgaron los permisos “gremiales” para que la patota saliera de los talleres de Escalada- ni los funcionarios de la Secretaría de Transporte -que dieron luz verde para que la burocracia atacara la movilización de los tercerizados- fueron juzgados por el crimen. Las causas que se iniciaron como consecuencia de los numerosos fraudes revelados en el curso de la investigación y que denunciamos en el juicio oral, vinculados con la tercerización del personal, el manejo de los subsidios del Estado y de las licitaciones de los servicios y obras del Ferrocarril Roca, duermen el sueño de los justos. El juez federal Ariel Lijo, quien debía llevar adelante la investigación de los enjuagues económicos de De Vido y Pedraza en el ferrocarril, no requirió ningún tipo de medidas para su investigación. El cuadro de impunidad se completa con la absolución del camarista Eduardo Riggi, el único juez imputado en la “causa de las coimas” que permanece con vida. Las condenas contra Pedraza y su banda fueron el resultado de una movilización popular extraordinaria. El poder político volcó todo su peso para intentar limitar sus alcances, cuando la situación de Pedraza y su entorno resultó ya insostenible como consecuencia de la irrupción popular y de la crisis política creada por ésta. La parálisis de las causas paralelas ha dejado impune el entramado mafioso de sindicalistas, empresarios de Ugofe y funcionarios a cargo del transporte y de la obra pública en el momento del crimen, como el fallecido Antonio Luna, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y de Julio De Vido -el gobierno de Macri intentó dar un golpe de mano y echarlo del Congreso, pero no mueve un dedo para juzgar a los jueces que lo encubrieron sistemáticamente y a los empresarios a los cuales benefició con fondos públicos. Esta gran lucha sigue hasta acabar con esta lacra capitalista, responsable de tantos agravios a los trabajadores.

A medida que pasan las horas, el círculo de las responsabilidades por la desaparición forzada de Santiago Maldonado se cierra inexorablemente sobre la Gendarmería, la fuerza que Patricia Bullrich dirigió al sur para aplacar los reclamos de la comunidad mapuche. El gobierno creyó que lograría disipar o al menos postergar esta crisis después de los incidentes y de la brutal represión desatada al término de la gigantesca marcha del viernes pasado. Pero el alivio le duró poco: el mismo lunes se derrumbó la versión oficial que daba a Maldonado herido o muerto en el asalto a un puesto de Benetton. Poco después, uno de los miembros de la comunidad mapuche que soportó aquella represión se presentó a la Justicia y dio testimonio de cómo vio detener y apalear a Santiago. Pudo superar el temor a declarar a partir del “gran acompañamiento del pueblo” a esta causa; de ese modo, dio cuenta del papel de la movilización popular para tirar abajo el encubrimiento. Luego, el ministro de Gobierno de Chubut se encargó de derrumbar otro de los mitos oficiales -la presencia “sólo circunstancial” de Pablo Nocetti, el jefe de Gabinete de Bullrich, en el sur, en los días de aquella represión. El funcionario provincial, por el contrario, señaló que Nocetti mismo ordenó el operativo. La propia Gendarmería, que no quiere cargar sola el fardo de la crisis, refrendó la versión. Finalmente, llegó a la Justicia un reporte ‘oficioso’ de la Policía Federal, indicando con pelos y señales las circunstancias de la detención y, según el informe, un apaleamiento mortal a Maldonado por parte de la Gendarmería. Tirando de este caso, aflora una crisis política y una guerra al interior de los aparatos de represión del Estado y del propio gobierno. Los federales y sus agentes han encontrado la oportunidad para un ajuste de cuentas con la Gendarmería, la fuerza que los desplazó de la llamada ‘seguridad interior’ y del ‘control’ del narcotráfico. Del lado del gobierno, el ministro ‘político’ Frigerio sería favorable a una echada de lastre, que incluya el apartamiento -o al menos una bajada de perfil- de la represora Bullrich. A partir de estas revelaciones, un fiscal ha decidido investigar al Gabinete por posible encubrimiento. La crisis política está llevando a los represores al banquillo. Crisis de Estado La línea de un “sinceramiento” apuntaría a volcar las culpas en los “excesos” de algunos gendarmes -o sea, una maniobra para rescatar de la crisis al gobierno que ordenó la represión y montó durante treinta días un enorme operativo de encubrimiento. Dos periodistas del diario Clarín, que se han sumado a la echada de lastre, revelan esta operación. El editorialista Van der Kooy señala que el juez Otranto allanó los cuarteles de Gendarmería recién “diez días después de sucedido el incidente”, otorgando un tiempo precioso a los represores para limpiar sus huellas y, naturalmente, cerrar un pacto de silencio en torno de los hechos, lo que se hubiera dificultado con una intervención judicial inmediata. Otro periodista, Santiago Fioriti, pone de manifiesto el silencio con el cual los grandes medios buscaron aplacar la causa, supuestamente, porque “carecía de interés popular”. Pero las propias encuestas oficiales terminaron de derrumbar esa pretensión, porque la mitad de los que conocen el caso consideran al gobierno como encubridor. Aunque Macri presente ahora cualquier revelación como “prueba de que no ocultamos nada”, es claro que a ese desenlace se llegaría como resultado de una derrota del ocultamiento oficial. Es decir, de las versiones falsas, de las mentiras de Bullrich y de la mora de la Justicia. Concientes de ello, Bullrich y los suyos siguen blindando por ahora a la Gendarmería, lo que va a seguir echando nafta al fuego de la inquietud popular. Entre agosto y octubre La crisis de Maldonado ha derrumbado la pretensión de que entre las Paso y las elecciones generales no ocurriría otra cosa que una nueva campaña electoral. Esa campaña, que tendrá lugar, estará surcada por la crisis que ha desatado el caso de Maldonado. Por lo pronto, los candidatos oficiales, como Carrió o Bullrich, han ingresado a la condición de “desaparecidos políticos”, ello, si se exceptúan algunos tuits de Carrió que emulan las infamias de Aníbal Fernández cuando desapareció Jorge Julio López. Lo mismo ocurre con Martín Lousteau, cuya oposición alcanza para criticar la política municipal de Larreta (que sus legisladores suscriben), pero no para denunciar a un Estado y a unas fuerzas de represión a las cuales les tramitó la compra de armas desde su embajada en Washington. El kirchnerismo ha salido a golpear al gobierno por el caso Maldonado, lo que los macristas denuncian por “aprovechamiento político”. Pero un debate a fondo sobre la cuestión, y es claro que la izquierda debe promoverlo, conduce a las responsabilidades de los “nac & pop”, que introdujeron a la Gendarmería en la represión interior. Ese debut tuvo lugar bajo Nilda Garré y Berni, en la acción de espionaje -“Proyecto X”- y represión directa a los movimientos populares, como ocurriera reiteradamente en la Panamericana. Cristina Kirchner ha justificado su maridaje con la Gendarmería señalando que “todo depende de la orientación política con que se dirija la fuerza”. Sin decirlo, está reivindicando aquellas represiones, que se ordenaron bajo la envoltura de la “seguridad democrática”. El kirchnerismo también fue partícipe del proceso social que opera como telón de fondo de esta crisis: un acaparamiento capitalista de tierras que involucra a los Benetton y a los monopolios petroleros y mineros. El fracking tuvo su debut en los pactos secretos del kirchnerismo con Chevron, al igual que los beneficios leoninos a la minería. El caso Maldonado interpela, en definitiva, a todos los bloques políticos del capital. Intervenir El gobierno denuncia el “aprovechamiento electoral” de la oposición que se moviliza por Maldonado. No hay peor maniobra electoral, sin embargo, que la de quienes encubren la detención forzada para salvar un resultado en las urnas. El caso Maldonado ha desatado una crisis de Estado, pero sus premisas ya estaban presentes antes de la represión en el sur: la fractura del aparato estatal, que se traduce en una guerra entre las fuerzas de ‘seguridad’ y en las contradicciones sociales monumentales que resultan del copamiento de la Patagonia por parte del capital internacional. Más de conjunto, vuelven a plantearse los choques y rebeliones populares que tienen y tendrán lugar a partir de la pretensión de una salida ajustadora a la crisis nacional. Estos límites ya se habían puesto de manifiesto cuando se quiso poner en marcha el beneficio carcelario del 2x1 a los represores, algo que también reventó la intervención popular y obligó al gobierno a un recule apresurado en el Congreso. La crisis actual es una bofetada a todos los que auguraron una “larga noche bajo el macrismo” con el único objetivo de no luchar contra él -ello, comenzando por la burocracia de los sindicatos, lo que incluye a la que comulga o va en las listas de la Unidad Ciudadana. Por eso mismo, hay que enlazar la lucha por Maldonado con toda la agenda obrera y popular que está planteada. Una intensa campaña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores por este motivo debe enlazarse con la lucha contra la reforma laboral; la reforma educativa precarizadora de la enseñanza media, que ya ha desatado una ola de tomas y movilizaciones masivas en los secundarios porteños; por las reivindicaciones de la mujer, que enfrentan a los opresores clericales y políticos de sus reclamos. Sigamos ganando la calle por la Aparición con vida de Maldonado, Fuera Bullrich y todos los encubridores; juicio penal y político a los responsables materiales y políticos de la detención forzada. Los que levantaron el dedo acusador contra el movimiento popular están hoy en el banquillo. Desarrollemos la crisis para abrirle paso a una salida de los trabajadores.

Después de una jornada emblemática en la cual centenares de miles de personas colmamos Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de Patricia Bullrich, realizamos en el local del Partido Obrero de Paternal la proyección de la película “La cena blanca de Romina”, producción del Ojo Obrero referida al caso de Romina Tejerina. Para el cine-debate contamos, además, con la presencia de Olga Viglieca, su guionista. Pero, fundamentalmente, la proyección de la película tuvo como eje un importante lanzamiento: la primera actividad financiera para las compañeras que viajan al Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco a dar una batalla política de características excepcionales. Mientras unas bondiolas se hacían en la parrilla, ya habíamos puesto play a la película. Los comentarios mientras iban sucediendo los testimonios de la película eran inevitables. Esta estaba despertando, en los 60 espectadores, debates y posiciones sobre un caso testigo en el terreno del movimiento de mujeres. El debate arrancó por lo más evidente: la necesidad de legalizar el aborto. No sólo en caso de violaciones, sino en cualquier circunstancia en que una mujer lo elija. En este punto, Olga dio una clase magistral sobre la lucha de las mujeres, que abarcó un recorrido histórico y afirmó que negar la existencia del aborto sería negar la existencia del sol o de la luna. Hay, entonces, dos posiciones: los que quieren el aborto legal, por un lado, y los que quieren que siga siendo clandestino, por otro. El debate continuó en torno de aquel pueblo católico y homogéneo que narra la película. Allí, donde las chicas son juzgadas por el Estado, por la Iglesia y por todos los vecinos. Donde ser Romina es la regla y no la excepción. Luego de atravesar la experiencia de cómo todo un pueblo y la Justicia atacan violentamente a una chica de 17 años que fue víctima de una violación, mientras el abusador sigue libre, la familia de Romina hizo un proceso maratónico de comprensión política. El padre ya no fue más violento, la Iglesia no fue más palabra santa, visualizaron los abusos de hombres a mujeres y, por fin, el rol cómplice del Estado y de la Justicia. Otro punto un poco más fino que se coló en el debate tuvo que ver con la paridad de género en las listas para cargos públicos. En el film, el intendente del pueblo es quien dice que, en realidad, a él le gusta trabajar más con mujeres que con hombres. Que en realidad él tiene más mujeres que hombres a su cargo, que no sabe cómo hacen para hacer recorridas por todos los barrios, además de atender al marido y las cosas de la casa. Son más fieles políticamente, dice. Es este mismo hombre quien, a su vez, niega la existencia de violaciones y avala todo tipo de abuso, “porque el amor es así, porque las chicas no son tontas”. En el debate, esto demuestra que el ingreso de más mujeres en los cargos no está sujeto al ingreso del programa de las mujeres. La paridad de género en las listas y cargos públicos fue concebida por el propio régimen para propulsar un igualitarismo reaccionario, donde lo que se busca es que las mujeres lleven a cabo el ajuste, la precarización, y el sometimiento de toda la clase obrera, y no los reclamos por aborto legal, seguro y gratuito, contra los femicidios, y todo tipo de violencia contra las mujeres, y la separación de la Iglesia del Estado. El documental refleja y saca a la luz todos los debates que nos caben como movimiento de mujeres en lucha y de toda la clase obrera y la juventud. A colocar todos los debates, a reclamar nuestros derechos en todos los ámbitos, es que vamos al Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Invitamos a todas las que quieran viajar a acercarse al Plenario de Trabajadoras (PDT) y a todos los que quieran contribuir a colaborar con la financiación de este viaje.

En artículo publicado en Clarín el pasado domingo 3 refleja claramente el compromiso oficial con el encubrimiento de Gendarmería. Según recoge el periodista entre fuentes provenientes del gobierno, se trata de una decisión “político-estratégica”. La razón es formulada de manera elocuente: “Los gendarmes que participaron del operativo en la ruta 40 lo hicieron cumpliendo una orden para desalojar una protesta” (Clarín, 3/9). “No vamos a entregar a ningún efectivo así porque sí”, advierten los funcionarios. Lo que se concluye es que el gobierno que acusa a la oposición de “politizar” la desaparición de Maldonado es responsable de haber colocado la defensa de la Gendarmería, por encima de cualquier evidencia, como una cuestión estratégica. Con esto se ha comprometido hasta el tuétano. En la primera línea se encuentra la ministra Patricia Bullrich. Su jefe de Gabinete, virtual viceministro, supervisó personalmente el desplazamiento de tropas para desalojar a los mapuche. La ministra ya tomó nota de que el asunto puede costarle el cargo. Con este objetivo, el gobierno puso en marcha, a todo vapor, el accionar de provocadores a sueldo y servicios de inteligencia, como se vio en postrimerías de la marcha del viernes. Sus alcahuetes mediáticos acataron la orden de instalar un “clima de violencia” para extorsionar al electorado con vistas a octubre. La ofensiva reaccionaria se complementa con la censura a los docentes y alumnos, objetivo de una avanzada que busca ahogar el reclamo en las escuelas, y con el despliegue de los trolls en las redes sociales. El alcance “político-estratégico” que el gobierno asigna a este operativo encubridor se vincula, obviamente, con una escalada represiva que incluye la habilitación, por ley, de la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior. Ha pasado, de los dichos de Lopérfido y Gómez Centurión, a los hechos. La “cuestión indígena” ocupa un lugar destacado en esa agenda represiva. No se restringe a la Patagonia, donde la presencia de Gendarmería y el merodeo de los servicios de inteligencia se han vuelto cotidianos. Hace una semana, Urtubey celebraba en un acto con la Sociedad Rural salteña “el fin de los obstáculos al desarrollo”, en referencia al levantamiento de la suspensión de los desalojos campesinos. Del “protocolo antipiquetes” a los desalojos de AGR y Pepsico, de la represión de los cortes del paro del 6 de abril al fallo del 2x1 y el decreto de autogobierno de las fuerzas armadas, derrotemos esta ofensiva reaccionaria mediante la deliberación en lugares de trabajo y estudio y una mayor organización y movilización políticas.

Con el acuerdo en el sindicato del Neumático (Sutna) prácticamente se cierra el debate en torno de las paritarias por este año y un balance provisional recoge dos conclusiones: una, los máximos índices -entre el 27 y el 30%, si se analizan con cuidado los números en relación con el salario de bolsillo y lo que se incorpora al básico- corresponden a la Federación Aceitera y al mencionado Sutna, dos sindicatos recuperados de manos de la burocracia sindical. La docencia siguió el rumbo de lucha de la gran huelga docente del Suteba que rompió el 18% firmado por UPCN y tras ella los gremios docentes universitarios -que luego de un plan de lucha arrancaron un 26,45%, que el Congreso de Conadu Histórica igualmente no firmó. Antes que todos, los bancarios, con la amenaza de una huelga de cinco días, habían firmado un 23,5% en una sola cuota. De conjunto, la burocracia sindical, incluida la camionera, firmó convenios a la baja por segundo año consecutivo, puesto que el promedio paritario no supera el 22%, desde luego en cuotas. El silencio frente a los despido Para el Triunvirato y las distintas a las de la burocracia, los despidos no son motivo de una lucha directa, sino un dato económico para fundar un discurso de tipo semiopositor. Así es que se están produciendo despidos en masa con el aval de la burocracia en todo el país: la Planta II de Cresta Roja se ocupó por 300 trabajadores no reincorporados y por el no cobro de las indemnizaciones comprometidas, en Santa Cruz, hubo130 en San Antonio (Sinopec), 200 en YPF y un número indeterminado en Río Turbio, por lo que los trabajadores han resuelto ocupar la mina. En Chubut está por vencer la conciliación obligatoria en Tecpetrol, lo que sumaría 650. En Córdoba ha cerrado Plaster, dejando casi 350, en Santa Fe ha cerrado Energy, con otros 180, y existen despidos de importancia en el interior -en primer lugar en Sancor (en noviembre vence el acuerdo en GM, lo que amenaza la continuidad de otros 300). ¿Qué pasará con OCA? El veterano burócrata petrolero Antonio Cassia invocó un estudio según el cual entre el 47 y el 60% de los puestos de trabajo está en riesgo por el desarrollo tecnológico por lo cual las cesantías formarían parte de un orden “natural” y sería inevitable sentarse a discutir con los empresarios las condiciones para una mayor inversión. En una mesa redonda en la Universidad Di Tella Facundo Moyano, el ministro Triaca, el triunviro Schmid y el economista Levy Yetati “todos coincidieron en que hay y seguirá habiendo pérdida de empleos” (Clarín, 16/8). Nada de paro Toda una fracción de la burocracia sindical (gordos, independientes, MASA) ha cerrado filas con el gobierno planteando su oposición a cualquier tipo de paro. Adelantándose a todos ellos, desde la burocracia sindical de UTA “descartaron por completo su adhesión a un eventual paro antes de las elecciones de octubre” (Ambito, 4/8). El moyanismo está en la misma sintonía. El propio Hugo Moyano se ha convertido en un artífice de la “paz social” y de la productividad en su propio gremio. Allí está el acuerdo por la recolección de la basura en la Ciudad: “De 180.000 litros pasamos a 320.000 con un operario menos de recorrido”. Ahora está en marcha un acuerdo para bajar el costo de la logística. Existe sí un punto crítico, que es la situación de OCA, con su deuda a la Afip por casi 4.000 millones de pesos, con la que el gobierno aprieta pero, por ahora no ahorca. La transa con el gobierno tiene el eje de siempre. Los fondos de las obras sociales y la continuidad del “modelo” actual de estatización y monopolio sindical. Contra lo que pueda suponerse, el relevo del superintendente de Salud y del segundo de Trabajo estaba planteado desde antes y Macri habría aprovechado la oportunidad, colocando a un hombre de su absoluta confianza en un área que mueve millones y que enfrenta a las prepagas Osde y Swiss Medical, entre otras. Al mismo tiempo los proyectos de transparencia de los gremios -depuración de padrones, control del manejo de fondos- han sido cuidadosamente archivados. Todos negocian y todos buscan un pacto que no desmadre el Confederal, lo que no excluye su propia suspensión. Luego de la marcha del 22 de agosto s e abrió un debate en el gobierno en torno a si fracturar o no a la CGT (como hizo Menem en su primer mandato) pero la tendencia se estaría inclinando hacia la unidad, por lo que le rinde a la burguesía. “El mejor escenario para el Presidente no sería el de una CGT fracturada, sino el de una capaz de sostener sus promesas y acuerdos” (Clarín, 17/8). Estos acuerdos van mucho más allá de los pactos de productividad en los gremios, exigen cambios en las leyes para imponer la precarización laboral -pasantías-, la disminución de las indemnizaciones -un colosal subsidio a las patronales y la reforma previsional. Todo lo dicho explica por sí mismo la importancia del el Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda que el PO propone convocar al resto de los partidos del FIT. Un congreso político y de lucha. Para organizar la ocupación de todo lugar de trabajo que suspenda o despida, para organizar la victoria de todas las luchas presentes, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por la derrota de las reformas laboral, educativa y previsional, por el salario igual a la canasta familiar, por el aumento de emergencia del 50% para los jubilados. Por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

En el interior del país también hubo movilizaciones multitudinarias en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado y por el apartamiento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago a manos de la Gendarmería. En Córdoba, la movilización de entre 70 y 90 mil personas tuvo un carácter especial porque el día previo a la manifestación fueron allanados once locales de organizaciones políticas y sociales, como represalia a una manifestación contra el gatillo fácil policial. En Rosario, más de 40 mil personas se concentraron frente al Monumento a la Bandera, con una presencia muy destacada de las fuerzas de izquierda y del gremio docente Amsafe. El kirchnerismo armó una concentración divisionista el día previo. La Plaza Independencia, en San Miguel de Tucumán, fue el escenario que reunió a miles de personas en esa provincia. “Nuevamente, como ocurrió contra la Triple A, como ocurrió contra la dictadura, hoy el pueblo argentino se ha levantado para decir aparición con vida”, dijo el diputado nacional Pablo López en el acto desarrollado en Salta, del que participaron varias organizaciones. “Hay un nuevo Plan Cóndor para garantizar los negocios de los Benetton, de las petroleras y las mineras, y por eso tocan a la comunidad mapuche y todas las comunidades originarias. La lucha por la tierra es la lucha de las comunidades de Salta, Formosa, de todo el país, a las cuales el gobernador Urtubey también ataca”, añadió. Fueron muy destacadas también las movilizaciones en Mar del Plata y San Carlos de Bariloche.

El directorio del Banco Provincia (Bapro) ha dado un salto alarmante en la avanzada contra nuestro convenio colectivo de trabajo. En la resolución 1037/17 del 17 de agosto modifica de forma unilateral los puestos, funciones, perfiles y remuneraciones de los empleados de las sucursales. En el ámbito de “lugares de negocios” y “gerencias zonales”, reemplaza los puestos de supervisor operativo, jefe de área, ayudante de firma, auxiliar, cajero accidental, efectivo y principal por las categorías junior, semi senior y senior. Esto significa no sólo el desconocimiento de las categorías sino el avasallamiento de la carrera bancaria, la antigüedad y el coeficiente. Se introduce, de esta manera, una reforma ilegal en las condiciones de trabajo que busca la reducción del costo de la mano de obra, profundizando el achatamiento salarial. Esto se enmarca en un proceso, llevado adelante por el banco desde hace años, de traspaso de sus negocios a la órbita de empresas tercerizadas del grupo Bapro. Bajo la excusa de maximizar la rentabilidad y lograr objetivos de comercialización e implementación de tecnología, se tercerizan tareas bancarias produciendo una quita de derechos adquiridos (garantizados por el Convenio Colectivo de Trabajo) y un violento ataque al bolsillo de los trabajadores. Esta resolución que pretenden implementar en el Banco Provincia encuentra su correlato en la exigencia de las patronales argentinas al gobierno por una reforma al estilo brasileño que implica una degradación sin precedentes para los trabajadores de ese país. Estas medidas, alentadas por el oficialismo con el silencio de la “oposición” kirchnerista y massista, son parte de la agenda que, luego de las elecciones de octubre, buscará decantar en una reforma laboral, previsional y tributaria. Es necesario que los trabajadores bancarios tomemos la iniciativa, frente a la pasividad de las direcciones sindicales. Las luchas que se dieron en el transcurso de este año, como AGR-Clarín, Pepsico y las huelgas docentes, dan cuenta de una enorme reserva de los trabajadores para salir a luchar y enfrentar el ajuste. Las marchas de marzo, las recientes de agosto y la enorme movilización por la aparición de Santiago Maldonado muestran el enorme caudal con el que cuenta la clase obrera. Impulsemos asambleas con mandatos en todos los sectores y sucursales del banco, que se pronuncien por un paro y plan de lucha por la derogación de la resolución 1031/17, defendamos el convenio colectivo de trabajo.

Una multitud, semejante a la que repudió en mayo el fallo del 2x1 favorable a los represores de la dictadura, copó Plaza de Mayo en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado al cumplirse exactamente un mes de su desaparición. Sergio, su hermano, reclamó la renuncia de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, lo que fue correspondido por la manifestación que también insultó a la funcionaria. Lo mismo que él, Andrea Antico indicó el carácter solidario que llevó a su cuñado hasta la comunidad Lof Cushamen, donde fue desaparecido por fuerzas de Gendarmería, y criticó severamente al juez y fiscal de la causa, así como a los funcionarios del gobierno, por no querer investigar a esa fuerza. “Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago y a su familia”, sentenció su hermano. La Gendarmería fue repudiada por los presentes al grito de "asesinos". La concentración se replicó en las principales ciudades del interior del país, en tanto que en la localidad bonaerense de 25 de Mayo (de donde es oriundo Santiago) se desarrolló una manifestación encabezada por sus familiares. En un sector de la Plaza se ubicó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde confluyeron las columnas de las organizaciones políticas y de derechos humanos que conservan una independencia política del kirchnerismo. Luego de las palabras de sus familiares, se desarrolló en la Plaza un festival con la participación de importantes bandas, como Salta la Banca y Pez. “Esta es la respuesta que tenía que dar el pueblo”, analizó el legislador porteño del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, quien criticó el hostigamiento del gobierno hacia las organizaciones solidarias con la lucha por la aparición con vida. En esa línea inscribió las detenciones y los once allanamientos contra locales partidarios en Córdoba, pocos días después de una manifestación contra el gatillo fácil policial. Maldonado fue desaparecido tras la represión de la Gendarmería contra la comunidad mapuche de Lof Cushamen, en Chubut, donde se encontraba solidariamente. El gobierno argentino, lo mismo que el chileno, reprime a las comunidades originarias como parte de una política que busca preservar los intereses de grandes terratenientes (como Benetton, que posee un millón de hectáreas en la zona) y de mineras y petroleras. Su desaparición se ha transformado en una crisis política. En las vísperas de las protestas, el gobierno no cejó en su intento de desviar la responsabilidad estatal en la desaparición, planteando hipótesis falsas y calumniando a la comunidad mapuche y los familiares de Santiago a través de la cobertura editorial infame de los oficialistas TN-Clarín y La Nación.

Los trabajadores del turno tarde de la ex Cresta Roja decidieron el martes la ocupación de la planta en reclamo del pago de las indemnizaciones. El grupo Proteínsa -integrado por Ovoprot, Laclau y Tanacorsa- se había hecho cargo de la operación de la quebrada Cresta Roja sin pagar un peso, simplemente comprometiéndose a mantener la producción y a abonar las indemnizaciones. Los plazos de cobro se han vencido una y mil veces y las promesas de la empresa ya no las cree nadie. Los trabajadores vuelven a realizar medidas de fuerza luego de haber conquistado la reincorporación de los despedidos el mes pasado a través de asambleas, paro y piquetes. El conflicto de Cresta Roja pone otra vez en escena la situación crítica del STIA; al cierre de Pepsico siguió el cierre de Dulcypas; los delegados de Felfort, Mondelez y Arcor tienen proceso de desafuero; Lipo estuvo parada varios días contra los despidos, y la lista puede seguir. El gremio es responsable de dar respuesta, por los cierres y despidos, por las indemnizaciones, por los desafueros. ¿Alguien tiene duda de que estamos ante un ataque general? Cada día es más necesario ponerle un freno a las patronales con un paro general de la Alimentación. ¡Viva la ocupación de Cresta Roja!

El Congreso Extraordinario de la CUT votó realizar una marcha el 11 de noviembre, contra las “políticas neoliberales” en el continente, en la capital uruguaya, Montevideo. La iniciativa contó con el apoyo de la delegación de la central uruguaya (PIT-CNT) y de la CTA de Yasky. La burocracia de estas tres centrales se encuentra empeñada en impedir una lucha de clase consecuente contra esas políticas en sus respectivos países. ¿No sería más efectivo declarar una huelga general continental de 24 horas, para iniciar un plan de lucha conjunto en cada país? Es lo que demostró la huelga internacional de mujeres el 8 de marzo pasado. La resolución que votó la CUT es una farsa. Del 28 al 31 de agosto sesionó en San Pablo el Congreso Nacional de la Central Unica de Trabajadores (CUT) de Brasil. La mayor central de trabajadores de Latinoamérica, con cerca de 8 millones de afiliados, lo convocó con el propósito, dijo, de hacer frente al ataque del gobierno golpista de Temer contra los trabajadores. Se han aprobado leyes que congelan los presupuestos sociales (salud, educación, etc.) por 20 años, de tercerizaciones laborales generalizadas con salarios a la baja. Una reforma laboral antiobrera hace tabla rasa de convenios y conquistas obreras (terceriza la actividad principal de las empresas, promueve convenios por empresas e individuales, divide las vacaciones, autoriza la extensión de la jornada laboral, etc.) y prepara reformas reaccionarias en materia previsional y fiscal. Simultáneamente, el gobierno Temer desato una feroz política de privatizaciones de puertos, aeropuertos, la Casa de la Moneda, el gigante proveedor de electricidad -Electrobas-, dos centrales atómicas y la represa binacional de Itaipú. Se trata de un canje de activos por deuda externa, por 14 mil millones de dólares. Temer acaba de entregar la reserva natural de Renca ¡46.500 km2 en el Amazonas! a grandes mineras de Canadá y China. No se votó el paro general En este cuadro, el Congreso de la CUT se transformó en un show de verborragia. Con cien invitados internacionales -entre los cuales estuvo Hugo Yasky, de la CTA Argentina- hizo todo tipo de denuncias y convocó a luchar contra el neoliberalismo pero… no votó un plan de lucha hasta demoler los ataques del gobierno (y al gobierno mismo). La huelga general es una consigna popular en la calle y en el movimiento obrero. El presidente de la CUT, Vagner Freitas, prometió que si se pone a votación en el Parlamento la reforma previsional, “Brasil va a parar”; pero no hizo paro alguno contra la reforma laboral antiobrera. En este caso, la burocracia de la CUT votó un plan… para juntar un millón y medio de firmas para presentar un proyecto de iniciativa popular de anulación. La ‘iniciativa’ quedará a consideración de un Congreso de golpistas y ladrones. “Lulinha, paz e amor” En realidad, el Congreso “extraordinario” de la CUT votó otra estrategia: el apoyo electoral a Lula. El 13 de septiembre, en la sede de Curiti, la sede el juez Moro, hará un acto por el cese “de la persecución judicial” a Lula, bajo la consigna: “Eleição sem Lula é fraude!”. Una suerte de concentración en Comodoro Py por CFK. La Central se coloca bajo el alero de la campaña electoral por Lula para las elecciones de octubre de 2018. La CUT se ha sumado a la gira de actos de Lula por el Nordeste. En resumen, nada de luchas por más de un año -o sea un apoyo a la agenda de Temer. Lula y la CUT están buscando una absolución política por parte de las grandes patronales. Como el kirchnerismo en la Argentina, el PT acompaña -como pseudoopositor- la ofensiva burguesa contra las masas. La huelga de Brasilia El mismo día que se abrió el Congreso Extraordinario de la CUT salieron a la huelga los choferes del transporte público de Brasilia, lo que dejó sin transporte a más de un millón de pasajeros y paralizó la Capital. Reclaman un aumento del 10% frente a un ofrecimiento patronal del 4,5%. No tuvo el apoyo práctico de la CUT. La burocracia de la CUT y del PT está empeñada en desandar el camino de lucha planteado por la huelga general de abril pasado. La mayor parte de la izquierda brasileña se ha volcado también al electoralismo -por adelantado- incluso a la campaña de Lula presidente. El PSOL acompaña esta política de tregua, mientras se ha convocado para decidir sobre su propio candidato para la elección que debería tener lugar dentro de catorce meses. El condicional obedece a que el régimen está estudiando una reforma política parlamentarista, que aboliría la elección presidencial. La izquierda está sumada a una política de neutralizar la tendencia de lucha de los explotados.

Mineros de Río Turbio ocuparon las instalaciones para frenar un paquete de despidos y para reclamar la plena vigencia de su convenio laboral, desde el mediodía del miércoles 6. La asamblea convocada por la seccional Río Turbio de ATE, resolvió que el turno mañana se quede en las instalaciones y organizar un acampe en los accesos a la mina 5, para controlar el ingreso y egreso de personas mientras se ha paralizado por completo la actividad. La situación de la empresa YCRT (intervenida por el gobierno nacional) es de recorte tras recorte, despidos, retiros voluntarios y el interventor ha denunciado los convenios laborales de los cuatro gremios que actúan en la empresa (ATE, Personal Superior, Luz y Fuerza y la Fraternidad). En la práctica está incumpliendo sus obligaciones convencionales en forma unilateral, ya que todos los gremios han rechazado negociar sus convenios a la baja. Una nueva tanda de despidos y la amenaza de otros 150 en lo inmediato fue la gota que rebalsó el vaso y llevó a la conducción de ATE a tomar esta iniciativa de lucha. ATE seccional está conducido por una lista independiente (Multicolor) que asumió el mes pasado, con el compromiso de frenar los despidos y los atropellos de la empresa al convenio. Se trata de su primer conflicto en el camino de poner en pie un sindicato desmovilizado por completo. El programa de lucha votado en la asamblea, además de los temas urgentes ya mencionados reclama la figura legal de la empresa como una carboeléctrica estatal, y la finalización de las obras de la usina para darle viabilidad productiva al yacimiento de carbón. Elida Ramos, dirigente del PO y de la CTA de Río Turbio, estuvo presente en la asamblea llevando el respaldo de ambas organizaciones. Ahora está planteado organizar una movilización de conjunto en la cuenca carbonífera para apoyar a los mineros y levantar los reclamos de los municipales de ambos pueblos que están en huelgas salariales, los hospitalarios y maestros que también tienen congelados sus salarios.

Un fiscal provincial, Gustavo Dalma, procedió a allanar 15 locales sociales, culturales y políticos, entre ellos la sede central del Partido Obrero de Córdoba. El fiscal justificó tamaño operativo en la necesidad de actuar frente a incidentes ocurridos en la marcha efectuada el lunes 28 de agosto contra el gatillo fácil. Decidió estos allanamientos sin, según sus propias palabras, ninguna denuncia o sospecha fundada sobre que las organizaciones allanadas fueran partícipes o responsables de los incidentes por él investigados. Más aún, una parte importante de los locales allanados corresponde a organizaciones que no participaron de la movilización. El fiscal, que actúa de oficio, descartó líneas de investigación e incluso denuncias efectuadas por los familiares de las víctimas del gatillo fácil, organizadores de la marcha, que atribuyeron los incidentes a infiltrados de la policía. Es decir, el fiscal hizo una selección de sus pasos a seguir en la investigación sobre las organizaciones que vienen teniendo protagonismo en la lucha contra el gatillo fácil y que jugaron un papel activo en la preparación de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Realizó cuatro detenciones, dos de ellos fleteros, uno de los cuales ni siquiera estuvo presente en la manifestación. Amedrentamiento y escalada represiva Las acciones del fiscal están abiertamente en la línea de atacar la movilización en contra de la represión del Estado. Quieren tildar de violentas a las madres de víctimas del gatillo fácil, para encubrir que en Argentina un pibe cae muerto cada 24 horas en manos de la policía; culpan a la familia de Santiago Maldonado mientras protegen a la Gendarmería, que se lo llevó a la fuerza en el marco de una represión. Pretendieron frenar un descontento popular en ascenso, que se expresó en una movilización popular multitudinaria el 1° de septiembre pidiendo por la aparición con vida del joven desaparecido. El gobierno de Córdoba y la Justicia se han puesto a la cabeza de esta ofensiva. El mismo día, a la par de los allanamientos, la ciudad de Villa Allende amaneció desbordada de gendarmes e incluso hubo aprietes a jóvenes que pegaban carteles reclamando por Santiago Maldonado. En Laboulaye, en el sur provincial, fueron detenidas tres personas que realizaban pintadas por el mismo motivo. La política represiva del macrismo, que está al servicio de la aplicación del ajuste, incluye el ataque a los conflictos obreros (por ejemplo, los desalojos en AGR-Clarín y Pepsico), el 2x1 a los genocidas (en lo que debió recular) y un fuerte impulso a la incorporación de las Fuerzas Armadas a la represión con la excusa del “terrorismo” y el narcotráfico. La acción de la Justicia provincial del gobernador Juan Schiaretti, vía el fiscal Dalma, está en la misma línea y son elementos de provocación para atacar a las organizaciones de izquierda. Provocación mirando a las elecciones En una reunión con el fiscal Dalma, responsable del operativo de allanamientos, éste no pudo explicarnos el motivo de la irrupción al local del Partido Obrero. Sólo repetía que podía ser un lugar donde se reunieran los buscados, sin ningún dato que lo lleve a suponer eso. Los allanamientos, en realidad, forman parte de un operativo político de Schiaretti, que busca, mediante un ataque derechista a la protesta social, remontar su derrumbe electoral. Schiaretti, que acompañó todas las medidas de ajuste de Macri, buscó polarizar con el gobierno nacional en las Paso, pero luego de su fracaso electoral pretende ahora descontar puntos mostrándose como la avanzada reaccionaria contra la izquierda, y en particular contra el FIT, expresión política la movilización. Pero el tiro le salió por la culata, el repudio al accionar de su fiscal incentivó la concurrencia a la marcha y del viernes 1°. El gobierno provincial, por su parte, salió a reclamar por primera vez por Santiago Maldonado. Tarde.

Con la excusa de la realización de inversiones en infraestructura portuaria, el 24 de agosto, Mauricio Macri se reunió en la Casa Rosada con empresarios de distintas cámaras pesqueras de Mar del Plata y Chubut, funcionarios del Ministerio de Trabajo, Afip, del Consejo Federal Pesquero y una comitiva de funcionarios de Vidal. Entre los empresarios se encontraron Solimeo y Valastro que, junto con José Moscuzza, son dos de los tres pulpos más grandes de la pesca local. Junto con Luis Caputo, del pesquero Repunte, son los beneficiarios de los convenios “Pyme” homologados por el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada en 2007. El compromiso del gobierno K con las patronales fue bajar los “altos costos laborales” y la derogación de la ley que creó Areas Marítimas Protegidas en distintos sectores operativos del Mar Argentino, para limitar la sobre explotación de los recursos pesqueros. Premios El gobierno de Macri hizo su parte: eliminó las retenciones e incrementó los reintegros a las exportaciones para algunos productos elaborados en tierra, y creó el Comité del Fondo de Asistencia Financiera, ya anunciado por Vidal, para subsidiar a las patronales con un desembolso de 1.210 millones de pesos, en su mayor parte provenientes del Estado nacional y el provincial. La contratación barata de las ART (y las coimas a la Prefectura), por parte de las patronales, permite soslayar cualquier tipo de inversión en seguridad e higiene en las embarcaciones. Lo novedoso es que ahora el gobierno ha emitido letras por más de 83 millones de pesos para financiar la entrega de subsidios por parte de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en detrimento de los (pocos) recursos destinados a la prevención de accidentes laborales. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? La flota pesquera en Mar del Plata (y en todo el país) es una trampa mortal para los trabajadores. Con más de 40 años de antigüedad, en promedio, los empresarios envían las chatarras flotantes al mar para no perder (que no se venzan) los permisos de pesca. En los últimos 17 años, naufragaron 42 barcos, dejando un tendal de 80 trabajadores muertos. Una precarización criminal de la fuerza de trabajo. Un 35% de las mercaderías no pasan por la balanza en los puertos. Esa subdeclaración produce un mayor agotamiento de los recursos naturales y deriva en una reducción del salario atado a la producción: el proporcional al 1% del volumen de pesca que supera el asegurado por la patronal. A la subdeclaración se suma la evasión fiscal. Los trabajadores embarcados no cuentan con medidas de seguridad e higiene mínimas. La ley exige “un casco y un chaleco salvavidas en cubierta”, cuando las principales causas de muerte por naufragios tienen que ver con la hipotermia. Los trabajadores son sometidos en las bodegas a temperaturas de -32°, corriendo peligro también de sufrir hipotermias. Las jornadas laborales llegan a 15 horas diarias, sin respetar el mínimo descanso por trabajo insalubre. La diversidad de sindicatos, sumado a la constante desafiliación, fuerza a los trabajadores a negociar directamente (individualmente) con cada patrón. Una reforma “a la brasileña” Las patronales buscan eliminar la cuota sindical poniéndole fecha de vencimiento a los (ya devaluados) convenios colectivos, empujando a los trabajadores a negociar los acuerdos por empresa (si hay una comisión interna), y lo mismo corre para las indemnizaciones por despido. La reforma laboral también busca “legalizar” el régimen de tercerizaciones ya presente en los puertos. La reforma laboral empezó hace rato con la homologación de los contratos Pyme por parte del gobierno kirchnerista durante 2007. Sin la necesidad de derogar formalmente el convenio colectivo 161/75 (que rige el trabajo de procesamiento del pescado en tierra), permite articular convenios con éste y se cambió la garantía horaria por un garantizado semanal. Con lo anterior, miles de trabajadores pesqueros son contratados en forma tercerizada (suscriptos al régimen autónomo), pudiendo haber dos o más “pymes” por empresa, lo cual exime a las patronales del pago de los aportes de jubilación y salud, de los días de enfermedad, del pago de los accidentes de trabajo y enfermedades producto de las condiciones y altos ritmos de trabajo. Los contratos “por marea” buscan evitar la acumulación de antigüedad. Una salida Para frenar la profundización de la reforma laboral, terminar con la masacre de los trabajadores pesqueros y poner en plena vigencia el convenio 161/75 es necesaria una acción decidida del conjunto de los trabajadores pesqueros. Para ello hay que romper el corsé de las burocracias sindicales portuarias, mediante asambleas de base. El control obrero de las embarcaciones, que podría incluir a los familiares de víctimas de los hundimientos, es la única garantía para evitar que sigan saliendo chatarras al mar. El ‘control’ de la Prefectura es funcional a las patronales. Apoyamos la exigencia de los familiares del Repunte para que una comisión de trabajadores y expertos independientes del Estado investiguen los hundimientos. Nota escrita con aportes de JR (trabajador pesquero de Comodoro Rivadavia) y GS (comisión de familiares del Repunte)

La conmoción generada por los atentados en Barcelona y Cambrils dejó por unos días en segundo plano la pelea entre el gobierno español y el gobierno catalán por la realización del referéndum independentista en Cataluña convocado para el 1° de octubre. Pero la herida se reabrió rápidamente y la Generalitat (gobierno catalán) insiste en que se vote a pesar de las amenazas de Madrid. Independentismo El nacionalismo catalán, de larga data, resurgió con la crisis mundial y fundamentalmente con la bancarrota económica de España. La burguesía catalana salió a reclamar un mejor reparto de la torta fiscal y lo hizo aprovechando un contexto de movilizaciones masivas. Pero aunque desde 2012 la Generalitat viene cacareando con la separación de España, realizando marchas, consultas y demás, el proceso sigue un paso de tortuga. Lo que sí avanzó a saltos es el ajuste contra el pueblo trabajador. Un estudio publicado por la Universidad Pompeu Fabra indica que el desempleo en Cataluña ronda en torno al 13% y entre los jóvenes llega a las tasas más altas de la UE junto con el resto de España, Grecia e Italia. Otros indicadores de deterioro del mercado de trabajo, como el nivel de precariedad, también se encuentran entre los más altos de la UE. De particular importancia ha sido el descenso salarial, que ha sido muy marcado entre los trabajadores con salarios bajos. Si en 2008 el 10% peor pago de la fuerza laboral percibía salarios por debajo de los 9.221 euros brutos anuales, en 2016 este 10% percibía salarios por debajo de los 7.841 euros brutos anuales (¡un descenso del 15%!). Además, los recortes del gasto público fueron sustanciales. El gasto en educación se redujo un 17%, el gasto sanitario y de protección social un 14% y el de vivienda ¡60%! Acompañando estos recortes, hubo una privatización masiva de la gestión de los servicios públicos así como una externalización de tales servicios al sector privado. El ex-presidente de la Generalitat Artur Mas, resumía este programa antiobrero con el slogan “la austeridad nos hará fuertes”. Cabe destacar que el último eslabón en la cadena de precarización laboral, o sea quienes más vienen sufriendo el ajuste, son las comunidades de migrantes, entre las cuales los marroquíes son los más numerosos. Junts pel Si, la actual coalición de gobierno, amalgama un amplio espectro de partidos que van desde los centro derechistas de Convergencia Democrática, en el gobierno desde hace más de dos décadas, hasta los izquierdistas de Esquerra Republicana. La realización del referéndum ha sido la prenda de la unidad bajo cuyo paraguas están cobijados incluso los anticapitalistas de la CUP, quienes aunque no formaron parte de Juts pel Si, permitieron formar gobierno y hasta firmaron un pacto de gobernabilidad. Finalmente después de varias dilaciones la fecha de la consulta fue establecida para este 1° de octubre. Roces y confluencias Ante el anuncio del referéndum el gobierno central puso el grito en el cielo. La secesión catalana significaría la bancarrota de una economía española endeudada por encima del 100% de su PBI, siendo que Cataluña aporta casi un 20% del producto bruto de toda España. Rajoy, desde el primer momento buscó mostrarse intransigente en la prohibición del referendum y desplegó una ofensiva legal y política enjuiciando a varios funcionarios de la Generalitat y amenazando con sanciones económicas. Pero también buscó descomprimir dejando entrever que aceptaría concederle a Cataluña un régimen tributario como el de Navarra o el País Vasco, es decir con potestad para mantener, establecer y regular sus impuestos. Ante los atentados, ambas facciones buscaron aprovecharlos en su favor. Por el lado del gobierno central se insistió en la necesidad de la unidad con el sambenito de la lucha contra el terrorismo. La Generalitat por su parte exaltó “los valores del pueblo catalán” y consideró su respuesta a los atentados como “digna de un gobierno autónomo”. Diez días después de los atentados y faltando un mes para el 1° de octubre, tanto el presidente español como el presidente de la Generalitat, Puigdemont, abandonaron los circunloquios y volvieron a la carga: Rajoy llamó a suspender el referéndum, Puigdemont reiteró que su realización no tiene marcha atrás. Pero, cca pesar de que muchos analistas se refieren a la confrontación entre Cataluña y Madrid como un “choque de trenes”, la enorme mayoría considera que la independencia catalana no será posible. La falta total de apoyo internacional (ni la UE ni la ONU, ni Estados Unidos avalan el proceso independentista) y el pulgar abajo de una parte importante de la burguesía y el capital financiero de Cataluña que temen por los costos que acarrearían posibles represalias por una ruptura, condicionan y obstaculizan el proceso separatista. Además, existen entre los dos gobiernos coincidencias fundamentales. En la última movilización contra los atentados que se realizó en Barcelona, el Rey y Rajoy fueron fuertemente cuestionados (y abucheados) por la intervención española en la guerra y los negocios de armas con Arabia Saudita (reconocidos patrocinadores del terrorismo). Desde el govern no se hicieron eco de esta crítica y desalentaron como pudieron las expresiones de repudio, después de todo en materia de política internacional no existen diferencias mayores con el gobierno central: los líderes del proceso independentista lo último que quieren es salirse de la Otan o de la UE. Semanas antes del atentado había tenido lugar una huelga de controladores aéreos en el Aeropuerto del Prat, que reclamaban contra la rebaja de salarios y el recorte de personal (¡ahora se sabe que el recorte de personal de control aeroportuario se hizo con nivel de alerta 4 por posibles ataques terroristas!), pero un operativo conjunto de la policía catalana y la Guardia Civil española desactivó la huelga. El sabotaje de las luchas obreras y la imposición del ajuste está por encima de las rencillas soberanistas. En España está planteado un problema de poder que combina una profunda crisis de régimen político (es importante recordar que casi todo el año pasado transcurrió sin que pudiera formarse gobierno) con un principio de fisura estatal. El PSOE, Podemos y otros partidos opositores coquetean con la idea de una reforma constitucional para pasar del estado autonómico a un estado de naciones. Se realice o no el plebiscito estas tensiones de fondo seguirán operando. La crisis capitalista y la tendencia a la desintegración de la Unión Europea son las fuerzas centrífugas que apuntalan todo el proceso. Perspectiva La cuestión nacional no puede ser disociada de los intereses sociales en pugna y la lucha de clases. Trotsky estudió el problema del nacionalismo catalán e instó al POUM a no diluirse tras la perspectiva chouvinista de la gran y pequeñoburguesía catalana. “¿Qué significado tiene el programa del separatismo? La desmembración política y económica de España, o, dicho de otro modo, la transformación de la península Ibérica en una especie de península Balcánica, con estados independientes, barreras aduaneras, con ejércitos independientes y con guerras hispánicas " independientes"... Los obreros y los campesinos de las diferentes partes de España, ¿están interesados en el desmembramiento económico del país? De ninguna manera. Precisamente por esto, es nefasto identificar la decisiva lucha por el derecho a la autodeterminación, con la propaganda separatista. Nuestro programa es la Federación Hispánica, con el elemento indispensable de unidad económica. No tenemos intención de imponer este programa a las nacionalidades oprimidas de la península con la ayuda de las armas burguesas. En este sentido, estamos sinceramente por el derecho a la autodeterminación” ( La cuestión nacional en Cataluña , L. Trotsky, 1931). Cataluña fue una de las primeras regiones europeas en industrializarse y su poderosa clase obrera, vanguardia en la revolución española, tiene un legado heroico. La tarea de la izquierda ante la crisis entre Madrid y la Generalitat es denunciar el carácter antiobrero de ambas facciones y movilizar contra el ajuste impuesto por ambos gobiernos, para que la crisis la paguen los capitalistas. Una real autodeterminación nacional catalana sólo será posible con un gobierno de trabajadores en el marco de una Federación Socialista de los Pueblos Ibéricos.

Para los candidatos de la Lista Roja-“Agrupaciones Unidas”, la tarea del momento es recuperar el sindicato para evitar los despidos. Así lo expresaron Martín Oñate, candidato a secretario general; Eduardo Kuc, candidato a secretario adjunto, y Eduardo Vibares, candidato a secretario de Organización durante una recorrida en Río Gallegos, donde visitaron los lugares de trabajo para dialogar con los trabajadores y acercarles las propuestas de cara a las elecciones del 21 de septiembre en el sindicato petrolero de Santa Cruz, en que se presentan cuatro listas pero donde la disputa se concentra entre la Roja y la conducción burocrática de la Lista Azul (Claudio Vidal). “Nos han recibido muy bien y eso produce expectativas, estamos haciendo campaña en toda la provincia”, dice Oñate a Prensa Obrera en un alto de la recorrida. Consultado sobre la situación actual del gremio, plantea que “las operadoras y el gobierno buscan descargar la crisis sobre el trabajador, mediante la adenda y los despidos masivos. Por eso, los trabajadores necesitamos recuperar nuestro sindicato para ponerlo de pie y que sirva como una herramienta de organización y de lucha en defensa de nuestros derechos y fuentes laborales”. Y agrega que “los petroleros estamos retrocediendo porque el sindicato hasta ahora le ha dado la espalda a los compañeros”. Acerca de las propuestas, Oñate comenta que “en primer lugar planteamos la modificación del estatuto para que las comisiones directivas funcionen por cuatro años y luego sean renovadas en su totalidad; esto es para garantizar que vuelvan a trabajar a la par de los compañeros y evitar, así, cualquier tipo de persecución. Rechazamos la Resolución Ministerial 365 (adenda) y haremos hincapié en mejorar las condiciones laborales y salariales, las ocho horas de transporte y la remediación ambiental que siempre fueron olvidados”, afirma Oñate. Por su parte, Eduardo Kuc, candidato a secretario adjunto, apunta: “buscamos la igualdad de trato y el respeto a las mujeres dentro de la industria, no queremos más que sean reducidas al rubro maestranza”. Luego se refirió a la obra social, señalando que hay que rever el contrato con Ospe (obra social de petroleros) y exigir mejores prestaciones. “Vamos a luchar para que los no afiliados reciban los beneficios que fueron arrebatados en los últimos años con el consentimiento de la actual conducción”. Finalmente, Vibares llamó a los trabajadores a votar el próximo 21 de septiembre por la Lista Roja-“Agrupaciones Unidas” que “busca poner en pie un sindicato para los trabajadores y que sea independiente del poder político”.

La represión estatal contra trabajadores de prensa se repite y agudiza. Lo sucedido durante la multitudinaria movilización por la aparición con vida del Santiago Maldonado, demuestra que la policía fue a detener específicamente a los trabajadores de prensa que registraban la represión, además de agredir a otros más con palos, patadas, gases y balas de goma durante más de dos horas. No es la primera vez que pasa: abundan las denuncias contra el accionar intimidatorio o directamente brutal de las fuerzas policiales y de seguridad en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y el resto del país. El gobierno nacional no ha expresado su rechazo a ninguna de estas acciones violentas ejercidas por fuerzas estatales contra los trabajadores de prensa. Por el contrario, ha hecho silencio ante estos actos, cuando no los ha aprobado en forma indirecta por medio de la promoción de los perpetradores o el aplauso en las redes sociales. A la luz de esta realidad, queda claro que el protocolo de seguridad para periodistas que pergeñó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich imponía el corralito -que buscaba contener a los trabajadores de prensa lejos de los hechos- para evitar que registraran la represión estatal a la lucha popular contra los intentos del gobierno nacional y los provinciales de descargar la crisis sobre esas espaldas. En Santa Cruz, por ejemplo, es el gobierno de Alicia Kirchner que hoy ajusta y persigue sindicalmente a trabajadores de Canal 9 de Río Gallegos, que reclaman la pauta salarial adeudada desde 2014. Ese mismo año, en Santiago del Estero, el Ejecutivo provincial aliado del oficialismo intentó aplicar la ley antiterrorista -impulsada por el gobierno kirchnerista y la misma que se quiere aplicar ahora a los mapuches- contra un trabajador de prensa, que marcaba una continuidad con el Proyecto X de Gendarmería contra las organizaciones políticas y sociales. El vaciamiento del Grupo 23 por parte de Szpolski-Garfunkel -los Cirigliano de los medios- fue la síntesis por antonomasia del manejo K de los medios y los servicios. Los trabajadores de prensa se han sumado masivamente a la lucha actual por la aparición con vida de Santiago Maldonado. En todos los lugares de trabajo se han pronunciado con declaraciones, fotos y asambleas. La defensa de la integridad física de los trabajadores de prensa en el ejercicio de su oficio es inseparable de la lucha por la libertad de expresión, de la independencia de las patronales y los gobiernos y por el derecho popular a la información. Sólo la movilización de los trabajadores en general, y de prensa en particular, con estas banderas, creará las condiciones para obligar al gobierno a retroceder en su política represiva. ¡Basta de ataques estatales a los trabajadores de prensa! ¡Fuera Bullrich! ¡Aparición con vida ya de Santiago Maldonado!

Al cumplirse dos meses del conflicto iniciado por el grupo BM al cerrar la maderera MAM y dejar a 94 familias en la calle, los trabajadores presentamos una ampliación de la denuncia contra el Directorio, por haber efectuado un lock-out patronal ofensivo, administración fraudulenta y desconocimiento de derechos de los trabajadores. En esta ocasión, adjuntamos un informe técnico contable, dando cuenta de manera minuciosa que la empresa MAM lejos se encuentra en la situación que invocó al dar inicio a un ilegal procedimiento preventivo de crisis ante la Subsecretaría de Trabajo provincial y que fuera la excusa fraudulenta para despedir a la mitad de su personal y suspender a la otra mitad. El informe desarrolla todos los aspectos que dan cuenta de una situación económica y financiera normal en la maderera, y aún de superávit durante el año 2016 y 2017. Indica: “Por último cabe destacar que en los primeros meses de 2017 existen ventas normales y habituales de la empresa por varios millones de pesos, que demuestran el correcto funcionamiento del ente luego del próspero cierre de 2016… Su situación económica actual parecería ser razonable al igual que su situación financiera”. Es por ello que hemos solicitado el avance de la investigación fiscal contra los empresarios Gustavo y Adrián Bergese, que se mantienen en su postura ilegal e intransigente sin decir qué quieren hacer con la fábrica. Es más, ratificaron otros nueve despidos con causa inventada, y se pretendió chantajearnos con que "entreguemos" a esos compañeros por conflictivos, acusación que hacen por el sólo hecho de que defendemos nuestro sustento. Tanto los delegados de la Comisión Interna como el Sindicato Maderero, rechazamos esta extorsión. Nos niegan el derecho a trabajar y llevar el plato de comida a nuestros hogares, como hemos hecho siempre. No lo vamos a permitir. Convocamos a las organizaciones que se vienen solidarizando con nuestro reclamo a seguir acompañando esta pelea exigiendo que MAM sea reabierta y de esa manera conservar nuestras fuentes laborales. No a los despidos y suspensiones. Reapertura de MAM ya. Familias en las calle, nunca más.

La izquierda anticapitalista de Cataluña, la CUP, tiene una fuerte impronta nacionalista -lo cual, dicho sea de paso, es una demostración de que la vocinglería anticapitalista no es sinónimo de socialismo y tampoco de gobierno obrero y dictadura proletaria. El nacionalismo anticapitalista se encuentra ahora, no a la rastra de la “hoja de ruta separatista” de Junts pel Si (Juntos por el Sí), sino a la cabeza. La CUP no integra la coalición de gobierno, aunque tiene una división interna sobre el punto, simplemente debido al brutal ataque antiobrero que lleva adelante la Generalitat, en particular a partir de la bancarrota internacional, desde 2007. No obstante esto, le dio los votos e incluso firmó un pacto de gobernabilidad “para garantizar el referéndum” y no interferir con la convocatoria prometida por el primer ministro Puigdemont y la Esquerra Republicana, de Junqueras. Con el pretexto de “allanar el camino al referéndum”, dieron al gobierno, a fines de marzo pasado, los votos que necesitaba para la aprobación del presupuesto de ajuste (“carente de contenido social”, en el léxico cupista). El nacionalismo catalán tiene un contenido histórico reaccionario, pues apunta a la balcanización de la clase obrera de las distintas nacionalidades y autonomías del Estado (monárquico) español. Es una tentativa de salir de la bancarrota capitalista mediante un poder estatal capaz de una guerra de clase integral contra los derechos de los trabajadores -que es lo que ha venido haciendo. Es una maniobra de distracción que busca atenuar la pérdida de autoridad de la burguesía catalana frente a las masas y la juventud. La IV Internacional defiende el derecho a la autodeterminación nacional, o sea a la decisión democrática del pueblo acerca de sus destinos nacionales, pero aboga por una República Socialista de España y la península Ibérica. La ‘esquerra’ anticapitalista de Argentina La filial catalana de Izquierda Socialista, “En Lluita”, integró la CUP durante años, en condición de tendencia, que se disolvió a finales del año pasado, cuando arreciaba la presión hacia la CUP para que se integre al gobierno catalán. El PTS, por su lado, con la misma lógica teórica que plantea la CUP, caracteriza al referéndum convocado para el 1° de octubre, para sancionar la separación, como el final del “régimen del 78” (el pacto que sanciona la transición monárquica constitucional del franquismo) -o sea como un paso progresista que abriría paso incluso al tratamiento de los “problemas sociales”. El planteo no solamente es acertado sino además premonitorio, porque el partido de gobierno de la burguesía de Cataluña ya ha anunciado que el paso siguiente a la separación estatal será ir más a fondo aún contra los derechos de los trabajadores. La Cataluña independiente y socialmente ajustadora ya tiene pedido de reconocimiento internacional en la Unión Europea -el comité de guerra de la burguesía imperialista que acompaña el FMI. Cataluña superaría “el régimen del 78” por el “régimen de la Troika” -una curiosidad como alternativa ‘anticapitalista’. Al igual que la CUP, el PTS insta a la movilización de las masas contra las amenazas de intervención política, policial y aún militar de Rajoy contra la independencia de Cataluña (una posición excelente), pero siempre bajo el programa del separatismo. Es cierto que una Cataluña independiente se despojaría en forma residual de la monarquía, pero es más cierto aún que la lucha por la República debe servir a todo el proletariado del Estado español -unido como clase, para acabar con la monarquía por completo en el marco de una revolución socialista. El referendo nacionalista del gobierno catalán y sus socios adolece de un defecto decisivo en materia democrática. Plantea “el derecho a decidir” por Sí o No la separación, pero no lo hace en cuanto a la forma política que adoptaría el nuevo Estado independiente. Esa decisión la ha reservado al Parlamento e incluso ha elaborado el texto relativo a la nueva estructura política. Ni convoca a un nuevo referendo sobre este asunto decisivo ni tampoco a una Asamblea Constituyente soberana. Al PTS no se le ha ocurrido (¿podría haber sido de otro modo?) que la “caída del reaccionario régimen del 78” pueda dar lugar a un nuevo régimen reaccionario, puesto que balcaniza a la única clase potencialmente revolucionaria del espacio español. Los mismos que rechazan, por ejemplo, una ruptura de Grecia con la UE, la cual podría ser caracterizada también como “una ruptura del régimen imperialista de la burguesía europea”, adhieren con gusto a una balcanización estatal en la época de la decadencia imperialista. Hay otras fuerzas preocupadas por el agotamiento del “régimen del 78”, como el PSOE o incluso Podemos (que está dividido en cuanto a la separación), que proponen una reforma constitucional que refuerce las autonomías estatales en el marco de la monarquía y al mismo tiempo interesadas en una balcanización de la clase obrera y sus organizaciones. El punto de vista de los ‘anticapitalistas’ que integran el FIT con el Partido Obrero, los obligaría a formar tantos PTSs y tantas ISs como Estados que se escindan. A cien años de la Revolución de Octubre no han entendido que el partido históricamente más consecuente con la autodeterminación nacional, el bolchevique, construyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. La lucha contra el Estado español no debe hacerse bajo la consigna de la separación sino de la revolución permanente. Por una Federación Socialista Ibérica y por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

Las patronales del neumático han realizado una nueva oferta de aumento salarial sobre el filo de la caducidad de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de trabajo. Hasta último momento intentaron doblegar el reclamo de los trabajadores. El propósito de llevar al Neumático a un acuerdo que lo colocara en el promedio de los cierres de los distintos sindicatos ha vuelto a fracasar y las patronales han tenido que ofrecer un 27% de aumento, colocando al posible acuerdo en el podio de los aumentos salariales. El ministerio dictó la conciliación obligatoria frente al anuncio definitivo del sindicato de comenzar con paros generales, frente la definición de las empresas de mantenerse sin realizar propuestas que se acercaran al pedido de los trabajadores. La política dilatoria de las empresas y el ministerio intentó hacer retroceder la decisión colectiva de pelear por hacer avanzar el salario. Frente a esto, la dirección del Sutna convocó a una serie de actos en puertas de fábrica que se transformaron en acciones masivas de los trabajadores de todo el gremio. Estas acciones estuvieron precedidas por una movilización a una de las audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo, al cabo la más masiva demostración de fuerza callejera que ha realizado el Sutna desde la recuperación clasista. En la última etapa, el conjunto de las plantas del Neumático se transformaron en verdaderos hervideros de discusión sindical y política. El abordaje de la discusión paritaria por parte de la nueva dirección del gremio tuvo en cuenta la situación del salario real en el gremio, colocando en el centro de la discusión la necesidad de pelear por conquistar un salario igual al costo de la canasta familiar para el conjunto de los trabajadores del Neumático. En este sentido, se puso en el centro del debate la situación de atraso salarial que dejó la burocracia kirchnerista luego de muchos años de acuerdos a la baja. Esta propuesta última, considerando todas sus cuotas, establece la segunda paritaria consecutiva por encima de la inflación anual y un nuevo paso en la recomposición salarial en todo el gremio. Los principales medios de comunicación se han hecho eco de la situación del Neumático. Han destacado no sólo que un sindicato nacional, con una nueva conducción de izquierda y clasista -cuyo secretario general es del Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista-, haya conquistado una paritaria por encima del resto de los gremios (La Nación, 6/9). Destacan por sobre todas las cosas que tanto el comienzo como el final del período de discusión salarial partiera de la base de la discusión y resolución colectiva, realizando asambleas generales de todo el gremio. En cada asamblea general, las fábricas quedan paralizadas. Cada trabajador ha tenido la posibilidad de intervenir, opinar y sumarse a las diferentes acciones de lucha. El método de la organización de clase se despliega con éxito en el Sutna. Cada compañero comprende que la organización colectiva es la llave para obtener cada uno de los triunfos y avances de los trabajadores. Las perspectivas La asamblea general no sólo tratará y resolverá sobre la paritaria. El temario de convocatoria incluye el rechazo al intento del gobierno de proceder a una reforma laboral antiobrera, la propuesta de reducir la edad jubilatoria para los trabajadores del Neumático, la lucha por la anulación del impuesto al salario y la exigencia de aparición con vida de Santiago Maldonado. La burocracia sindical desactiva cualquier medida de lucha y se pasea por las oficinas gubernamentales a espaldas de los trabajadores para hacer pasar la reforma laboral y todo tipo de ataques. El Sutna, como parte del clasismo, se prepara conscientemente para enfrentar los embates del gobierno y las patronales contra la clase obrera y todos los que luchan para terminar con el ajuste y la represión.Se abre una nueva etapa, donde los trabajadores y la izquierda confluirán en grandes batallas en defensa de los intereses y necesidades de todo el pueblo explotado. Los obreros tendrán la última palabra.

Las ciudades del país tienen graves problemas asociados a la pérdida de suelo: inundaciones, escasez de espacios verdes recreativos y carencia de terrenos para desarrollo de viviendas sociales. Esta situación recrudece con cada gestión gubernamental. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, durante los ocho años de administración de Macri, se privatizaron más de 174 hectáreas. Su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, en un sólo año privatizó 122 hectáreas más. Décadas de privatización del suelo El 9 de agosto de 2012, Cristina Kirchner emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1382 por el cual creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), de la cual pasaron a depender todas las tierras públicas del país, con la potestad de vender o concesionar sin pasar por el Congreso Nacional. Sin embargo, la Constitución Nacional otorga facultades sólo al Congreso para “disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional” (art. 75, inc. 5 de la CN de 1994). Por lo tanto, dicho decreto es violatorio de la Constitución. Pero ésta no era la primera vez que se violaba la Constitución: en 1978, el intendente de la dictadura -Osvaldo Cacciatore- entregó tierras a los clubes deportivos afincados en el Parque 3 de Febrero (los bosques de Palermo); en 1989, con la creación por decreto de la Corporación Antiguo Puerto Madero SA, Menem le transfirió a esa sociedad anónima las tierras públicas portuarias que dieron lugar al mayor negociado inmobiliario en la ciudad hasta la fecha; en 1991, también Menen efectuó una operación de compraventa del Predio Ferial (dominio público nacional) en favor de la Sociedad Rural Argentina a precio vil. Hasta ese momento, el Congreso Nacional era quien entregaba dicho predio en concesión a la SRA. Los predios públicos restantes de la Ciudad de Buenos Aires: doce playas de maniobras ferroviarias, áreas portuarias, predios militares desactivados, el Mercado de Hacienda y otros, un total de 350 hectáreas “ociosas”, fueron puestas a disposición del mercado inmobiliario especulativo por el DNU de Cristina Kirchner. Isla Demarchi y playas ferroviarias A fines de septiembre de 2012, otro decreto de Cristina Kirchner comunicó la creación de un Polo Audiovisual y Hotelero en 12 hectáreas de tierras públicas nacionales situadas en Isla Demarchi (Comuna 15, La Boca), lugar donde actualmente existen instalaciones de dragado y un astillero; pero afortunadamente este proyecto no se concretó aún. En ese mismo año se desafectaron del uso ferroviario los predios pertenecientes a las ex playas de Palermo, Caballito y Liniers y se dispuso la utilización para el “desarrollo de proyectos integrales inmobiliarios, a cuyos fines instrúyese a la Anses” y al Ministerio de Economía “para que constituyan una Sociedad Anónima” (Decreto Nº 1723). Así, también se permitiría dedicar tierras públicas nacionales a nuevas urbanizaciones administradas por el Banco Hipotecario SA con dinero del organismo previsional. Por su parte, los proyectos de ley ingresados en la Legislatura de la Ciudad para habilitar la rezonificación son presentados por representantes del interbloque kirchnerista (Ibarra, Cerruti, Cabandié) y apoyados por el oficialismo del PRO. Liquidación de inmuebles nacionales La presidencia de Macri -haciendo uso de las facultades conferidas a la AABE- por decretos PEN N° 952/2016 y1064/2016 ordenó la venta de numerosos inmuebles nacionales en todas las provincias del país y en el exterior. En particular, en la Ciudad de Buenos Aires se venden casi 10 hectáreas de valiosos terrenos ferroportuarios de la zona de Retiro (Catalinas Norte II), frente a Dársena Norte. En estos momentos se están tratando en la Legislatura de la Ciudad otros proyectos de ley para liquidar dos predios: siete hectáreas de la Playa Ferroviaria de Colegiales y tres hectáreas de tierras nacionales en La Boca (Catalinas Sur II), para construir torres de hasta 90 metros de altura, en desmedro de las necesidades y expresos pedidos de los habitantes de ambos barrios que reclaman espacios verdes y mejoras en los servicios. Recientemente, Macri firmó el decreto 652/2017 que delegó en el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la potestad de clausurar ramales ferroviarios, lo que podría habilitar la enajenación de tierras de los ferrocarriles. Se impone la exigencia de modificar el Decreto PEN 1382/12 eliminando la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda enajenar tierras sin intervención del Poder Legislativo y obligando a la realización de una audiencia pública en las cercanías del predio a intervenir. Con este objetivo se realizará una audiencia pública el jueves 28 en el Congreso Nacional (17 horas, 2 Piso, sala 3 del Anexo), convocada por los diputados Pablo López y Soledad Sosa, del PO-Frente de Izquierda, junto al legislador porteño Marcelo Ramal.

Hace apenas cinco meses, la empresa Techint anunció a través de su controlada Tecpetrol una inversión de 2.300 millones de dólares en los próximos tres años para desarrollar el área gasífera Fortín de Piedra. Precisamente en ese área, y en tareas que forman parte de ese desarrollo, un obrero de la construcción falleció por un paro cardíaco, luego de agonizar casi una hora ante la ausencia de un equipo sanitario como exige la concesión. Este asesinato laboral muestra que el desprecio por la seguridad laboral y el cuidado de las vidas obreras es parte de la renta capitalista; la “baja de los costos laborales”, tan defendida por los empresarios. Este nuevo crimen está en línea con la flexibilización de las condiciones de trabajo con viento y en horas nocturnas que impuso la adenda al Convenio Petrolero para No Convencionales. Techint-Tecpetrol, que no llevan más que semanas de iniciados los trabajos en este área, ya se ha cobrado una víctima obrera. Tienen la concesión por 35 años. Como en un corto lapso se han producido otros crímenes laborales y accidentes graves, está claro que la anulación de la adenda en petroleros y la elección de Comités de Seguridad e Higiene en cada base y yacimiento son dos tareas necesarias para defender la vida en Vaca Muerta.

En el día internacional del detenido desaparecido (30 de agosto), residentes argentinos en el exterior y otros manifestantes protestaron en varios consulados de la Argentina en Europa (Barcelona, Londres, París, Madrid) en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. En Berlín, un grupo de argentinos se presentó con una nota exigiendo la aparición del joven. A su turno, luego de denunciar que no fueron recibidos, reclamaron contra el accionar represivo del gobierno de Macri, exigieron la renuncia de la ministra Patricia Bullrich y repudiaron el cargo de agregado cultural de la Embajada, Darío Lopérfido (ex director del Teatro Colón, conocido por negar el verdadero número de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar). Por su parte, en París también hubo una concentración y se presentó un petitorio. Todos llevaban en sus manos una imagen con una frase que contenía lo que hace un mes nos venimos preguntando: ¿dónde está Santiago? Sin embargo, quienes protestaban no solo fueron intimados por la policía a retirarse de la embajada, sino que también se les exigió que desconcentraran ( Tiempo argentino , 1/9). Asimismo, la comisión “Santiago Maldonado Barcelona” -que viene realizando diferentes manifestaciones, entre ellas un escrache a Benetton y una ronda en la plaza de Catalunya, todos los jueves- entregó un petitorio al Consulado, en la misma línea que las otras ciudades europeas nombradas. Esto fue acompañado por un reclamo que pone eje en la responsabilidad del gobierno de Macri y la necesidad de la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el centro de Londres, trabajadores argentinos y británicos protestaron en las puertas de la librería Calder.

A más de un mes del corte de la Ruta 4 que instaló en la opinión pública los despidos en planta de Esteban Echeverría, Extreme Gear (Adidas), la situación de sus 450 trabajadores se encuentra en un punto crítico. En las audiencias ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la empresa amenazó con cerrar definitivamente el próximo 15 de setiembre si no se produce una drástica reducción de la plantilla de personal. La cartera laboral y el Ministerio de Modernización colaboran con este operativo de eliminación de puestos de trabajo ofreciendo un subsidio por desempleo doble (menos de 7 mil pesos mensuales, durante ocho meses) a quienes adhieran a un retiro "voluntario". De este modo, el Estado pasa de subsidiar la producción capitalista a subsidiar los despidos. El ofrecimiento de cursos de capacitación e incorporación a la bolsa de trabajo del gobierno de la provincia, en un cuadro general de caída del empleo y cierres de empresas, es una burla. El Sindicato del Calzado no ha convocado a nuevas acciones de lucha y deja trascender que la firma sólo sería viable con 50 empleados, lo cual significa que ha negociado las condiciones para dejar pasar los despidos masivos. Sin embargo, en los últimos ocho años, Extreme Gear ha producido en un 90 por ciento para Adidas, actuando como subsidiaria de una firma dominante en el mercado. No ha habido acción gremial alguna para que se abran los libros de la empresa. Los propios trascendidos demuestran que la intención es continuar, pero con menos trabajadores, menor salario y más flexibilidad laboral. Es momento para una autoconvocatoria de los trabajadores que retome un camino de lucha en defensa de todos los puestos de trabajo. La lucha de los compañeros de Cresta Roja ilustra cómo un reagrupamiento de la base puede revertir la complicidad de un sindicato con la patronal. Impulsemos la solidaridad con los trabajadores de Extreme Gear. Ni un despido más.

El déficit habitacional de la Argentina alcanza a 3,5 millones de viviendas (suplemento Propiedades, La Nación, 2/9). Ante este enorme problema social, la respuesta del gobierno nacional es profundizar la promoción de los negocios inmobiliarios, lo que tiene como consecuencia un incremento de los precios de las propiedades y terrenos, y por lo tanto, una mayor dificultad de la población trabajadora para acceder a la vivienda. Al dirigir la solución del problema de la vivienda hacia los empresarios que “buscan oportunidades” (ídem), el gobierno refuerza el negocio capitalista de las propiedades y le da la espalda a las necesidades de vivienda de la población, cuya solución pasa por negar ese negocio. Así es como se establece un mercado inmobiliario y no una planificación en función de las demandas sociales. Ese marco determina todas las medidas que ejecuta el gobierno. Por caso, el lanzamiento de créditos hipotecarios genera un incremento de la demanda de vivienda y ello repercute en forma inmediata en una suba del valor de las propiedades. Así, la reactivación de la demanda termina en los bolsillos de los conglomerados inmobiliarios, que realizan en simultáneo las operaciones financieras y la construcción. El control que estos conglomerados ejercen sobre los valores y las propiedades les permite definir dónde construir en busca de un mayor beneficio. De acuerdo con el mismo suplemento de La Nación, los conglomerados financiero-constructores han salido a colonizar las “zonas periféricas” o “postergadas”, como llaman a los barrios obreros y de clase media empobrecida de la Capital Federal. Las razones de este corrimiento son tres. La primera es “la falta de terrenos aptos y los elevados valores de las tierras para desarrollar en los barrios más tradicionales”, calificados como “premium”. Es decir, ante el saturamiento del negocio inmobiliario en Palermo, Belgrano, Núñez y Puerto Madero, los conglomerados comienzan a ofrecer viviendas en los “barrios históricamente relegados” y donde vive el 80% de la población de la Capital (ídem). No lo hacen para satisfacer una demanda social sino a fin de aprovechar que “existe alrededor de un 20% de variación de precio entre las zonas consolidadas y las que están en crecimiento, pero hay un margen para obtener un mayor beneficio porque, como son zonas en desarrollo, aún no han llegado a su techo” en materia de generación de ganancias. “La oportunidad en estos barrios es hoy (…) porque quien ingresa primero saca mayor ventaja”, dice un representante de los conglomerados (ídem). En estos barrios olvidados “desde hace décadas” el valor promedio del metro cuadrado de una vivienda es menor que en un barrio premium o consolidado. En la base del precio más bajo se encuentra el menor valor de los terrenos. Los conglomerados vienen acaparándolos desde hace tiempo: “Aquellos (inversores) más previsores y visionarios ya habían comenzado a hacer landbanking -banco de tierra- durante los últimos años”, con lo que compraron tierra “a costos muy por debajo -en algunos casos, la mitad- que en el corredor norte”, donde se concentran las construcciones premium (ídem). La segunda razón es que muchos de estos barrios dejaron de ser “periféricos” por las obras de infraestructura que se realizaron en ellos. Así, la llegada del Metrobus “revaloriza entre un 20 y 30 por ciento el valor del metro cuadrado”, según uno de los emprendedores. De esta forma, los conglomerados logran superganancias con las tierras acaparadas previamente a precios muy bajos. Un dato a resaltar es que como la tierra y la vivienda están en manos de los conglomerados, las obras de infraestructura y de servicios públicos realizadas con fondos estatales generan nuevas ganancias al revalorizar el negocio capitalista. Los pulpos inmobiliarios no pagan extra. Al revés, piden “menores impuestos” por construir en “ciertas zonas hasta ahora no explotadas”. Por último, la tercera razón es que un sector de la población se está endeudando para comprar su vivienda y escapar al pago del alquiler. Pero estas familias trabajadoras y de clase media se encontrarán con que su necesidad de vivienda chocará con la búsqueda de beneficios de los conglomerados financiero-constructores, los que ya están elevando los precios a través de la especulación con la tierra y con la falta de viviendas. Estas familias, además de enfrentar viviendas sobrevaluadas, deberán lidiar con préstamos a 10, 15, 20 o más años ajustados por inflación. La salida para las familias trabajadoras y obreras es: • que el Estado disponga una masa de recursos monetarios para la puesta en marcha de un plan de viviendas que solucione de manera integral e inmediata el actual déficit habitacional; • que esos recursos provengan de la aplicación de impuestos a la renta de las grandes fortunas privadas y corporativas; • que esos recursos se centralicen en una banca única estatal, bajo control de los trabajadores y los tomadores de créditos y se presten a tasa cero; • que las cuotas a pagar no superen el 20% del ingreso; • que se cree un banco nacional de tierras urbanizables que elimine la especulación y ponga la tierra al servicio del plan de construcción de viviendas.

El Congreso Extraordinario de la CUT votó realizar una marcha el 11 de noviembre, contra las “políticas neoliberales” en el continente, en la capital uruguaya, Montevideo. La iniciativa contó con el apoyo de la delegación de la central uruguaya (PIT-CNT) y de la CTA de Yasky. La burocracia de estas tres centrales se encuentra empeñada en impedir una lucha de clase consecuente contra esas políticas en sus respectivos países. ¿No sería más efectivo declarar una huelga general continental de 24 horas, para iniciar un plan de lucha conjunto en cada país? Es lo que demostró la huelga internacional de mujeres el 8 de marzo pasado. La resolución que votó la CUT es una farsa. TE PUEDE INTERESAR: Brasil: la CUT bloquea las huelgas para apoyar a Lula