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Prensa Obrera N° 1472

31 de agosto de 2017 · 27 notas

Notas de este número

31 de agosto de 2017
Arquitectura - UBA: Un compromiso provisorio para defender el Ceadig

El martes 29 se presentaron las listas para las elecciones del Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseño Gráfico (Ceadig). Luego de algunas semanas de intenso debate en el movimiento estudiantil quedó configurado el mapa de la elección Luego del fiasco del año pasado, cuando el frente con el PRO le valió el repudio de buena parte de la facultad, el decano Luis Bruno decidió ocultar cualquier vínculo con los partidos de gobierno. En la nueva Lista 10, “Somos Fadu” (Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano), los candidatos de Franja Morada fueron cuidadosamente escondidos detrás del “Corazón Fadu” y el aparato clientelar de Coalición. El PRO presentó su propia lista, aunque sin boleta, por lo que es posible que terminen negociando una no presentación para favorecer a las autoridades. Las autoridades y el gobierno vienen por nuestro Ceadig, para desarmar al movimiento estudiantil frente al ajuste y las reformas que se vienen. La lista de los estudiantes En las últimas semanas, desde En Perspectiva (UJS + independientes) insistimos en una propuesta para defender el Ceadig de los estudiantes y reforzar su capacidad de acción contra el ajuste y junto a los trabajadores. Nuestro planteo partía de valorar al Ceadig como un canal de organización de los estudiantes, y al mismo tiempo ver los límites que le impone la presencia de una agrupación ligada al kirchnerismo en la conducción. Sobre esta base, hicimos un llamado a La Corriente a romper con La Mella y a la izquierda que hoy actúa por fuera del centro, a involucrarse en su defensa. Nuestra propuesta fue rechazada por partida doble. Por un lado, La Corriente prefirió sostener a La Mella en un lugar sobrerrepresentado, incluso a costa de romper el frente de los estudiantes y, por el otro, el PTS y el MAS no se atrevieron a decir esta boca es mía y priorizaron una línea de autoconstrucción partidaria por fuera de la lucha del movimiento estudiantil. Ante este rechazo y constatando que una división de la lista 5 podía desembocar en un triunfo de Bruno y Franja Morada, aceptamos una lista común con La Corriente y La Mella para defender el Ceadig de los estudiantes. Este acuerdo, de todas formas, no anula la existencia de dos orientaciones distintas para el Centro, que a la luz del debate de la última semana han quedado más expuestas que nunca. La defensa cerrada por parte de La Corriente del lugar que ocupa La Mella, una agrupación prácticamente inexistente en la facultad, mostró una definición política de encaminarse hacia un compromiso con el bloque kirchnerista que pacta el ajuste en la universidad. La política de En Perspectiva es la independencia del Centro de todos los sectores de las autoridades, su ligazón al movimiento obrero combativo y la lucha por democratizar la universidad. Estas dos orientaciones ya se habían plasmado en los debates sobre dónde debía marchar el Ceadig el 7 de marzo, en la movilización contra el 2x1 a los genocidas o antes, frente a la votación de autoridades. Lo más probable es que en la etapa que se abrirá después de las elecciones estas diferencias se profundicen. Pero ahora el desafío número uno es derrotar a las autoridades y al gobierno y defender la herramienta de organización de los estudiantes. Si tenemos éxito en esta tarea, estaremos en mejores condiciones para encarar este debate y enfrentar los intentos de torcer el rumbo independiente del Ceadig. Llamamos a todos los estudiantes a sumarse a esta pelea y acompañar del 11 al 15 de septiembre a la lista 5. LEE MÁS Sociales-UBA: ahora, la izquierda Masivo reclamo por Santiago Maldonado en Filosofía y Letras Festival en la Facultad de Psicología UBA a 1 mes de la desaparición de Santiago Maldonado

31 de agosto de 2017
Río Negro: Los desafíos del FIT hacia octubre
Corresponsal

Los resultados de las Paso rionegrinas han representado un golpe demoledor para el gobierno provincial de Alberto Weretilneck. Es que en las elecciones del 13 de agosto, el pueblo rionegrino no acompañó la pretensión del gobernador de ir a fondo en la instalación de una central nuclear en la provincia, que fue uno de los principales ejes de debate de la campaña. Ubicado en el tercer lugar y con apenas un 18,1 por ciento de los votos, el gobierno provincial ha debido volver sobre sus propios pasos y desistir de su intención de instalar esa central. El recule de Weretilneck lo ha enfrentado abiertamente con el gobierno de Mauricio Macri, principal patrocinador del acuerdo con el gobierno chino para la construcción de la central. Este choque se suma a la crisis política del propio gobierno provincial, fruto de la derrota electoral. Superando a Juntos Somos Río Negro (el partido del gobierno provincial) y a Cambiemos, se ubicó Emilia Soria del FpV. Con el 40,7 por ciento de los votos, el peronismo rionegrino conquistó el primer lugar, aventajando al segundo, Cambiemos, por una diferencia de más de 20 puntos. Soria capitalizó, en gran medida, un rechazo popular al ajuste en curso y a la orientación entreguista del gobierno provincial y nacional, que tiene una expresión directa en la provincia con la enajenación de los bosques y lagos cordilleranos al magnate inglés Joseph Lewis. Obviamente, Emilia Soria ocultó las responsabilidades del bloque legislativo que ella misma integra en la aprobación de numerosas leyes macristas contra los trabajadores, como lo reflejó la votación a los presupuestos ajustadores. Su formal oposición a la planta nuclear reveló toda la hipocresía de la candidata, pues ella misma votó a favor, bajo el gobierno de Cristina Fernández, el acuerdo marco con los chinos para su construcción en Río Negro. En la misma línea, el sorismo fue ejecutor de la derogación de las leyes de prohibición de la explotación minera a cielo abierto con cianuro. Además de la lista del oficialismo provincial, la otra gran derrotada de las Paso es la lista de la senadora nacional Magdalena Odarda, de la CC-ARI. Ocultando la integración de su partido a Cambiemos, Odarda se presentó a las legislativas manteniendo un perfil “progre-ambientalista”. Cosechó, apenas, un 13 por ciento. El Frente de Izquierda, que obtuvo el 3,9 por ciento de los votos a escala provincial, llegó al 10 por ciento en Villa Regina, la localidad de Norma Dardik, la compañera del Partido Obrero que encabezó la lista del FIT. De cara a octubre, la delimitación con el FpV y de la CC-ARI será una tarea central que deberá abordar el Frente de Izquierda para desarrollar una alternativa política de los trabajadores.

31 de agosto de 2017
Fuera Bullrich
Redacción

La detención-desaparición de Santiago Maldonado, de la cual se cumple un mes, ya se ha convertido en una crisis política en regla. La razón es clara: el gobierno nacional, a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha salido a defender a rajatabla el accionar de la Gendarmería, la fuerza que ejecutó la represión allí donde se encontraba Santiago. Se trata de un encubrimiento y un aval que, objetivamente, blinda a estos represores incluso respecto de la investigación judicial. Complementando este accionar, Elisa Carrió, que posa de “fiscal de la república”, ha salido a desacreditar esta lucha por las redes sociales. Y el gobierno porteño, a perseguir a la docencia que organizó jornadas de debate por Santiago. El gobierno Cambiemos no sólo protege a sus represores. Principalmente, ha salido al rescate de los apropiadores de tierras en la Patagonia: el blindaje oficial se hace en nombre de los Benetton, las mineras y petroleras, cuestionadas por la movilización mapuche. La carátula de desaparición forzada es clara: el gobierno debe dar cuentas de su responsabilidad y deben ser apartados los encubridores, comenzando por la ministra de “Seguridad”. ¡Fuera Bullrich! ¡Aparición con vida de Santiago Maldonado! Leer más: [VIDEO] El hermano de Santiago Maldonado convoca a marchar este viernes por su aparición con vida

31 de agosto de 2017
Sociales-UBA: ahora, la izquierda

La quiebra de la conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo), expresada por Proyecto Sociales (PS) a través de una denuncia tipo “carpetazo” contra la otra copresidencia de la UES, es el punto más alto al cual ha llegado la crisis de las autoridades de la Facultad, actualmente en guerra por el decanato. La declaración de ruptura de PS omite lo fundamental, a saber: la denuncia sobre los 170.000 pesos (un “vuelto”) a nadie debería sorprender, siendo que la UES nunca dejó de ser la agrupación del Rectorado de Alberto Barbieri y del radical Emiliano Yacobitti en la facultad, y que hasta ayer (literalmente), pavimentaron su ascenso en la facultad. Por otra parte, no han sido precisamente los decanos kirchneristas quienes enfrentaron la política de Barbieri (ex candidato en las listas de ¡Scioli!) en la UBA sino que, muy por el contrario, son ellos mismos quienes aplican el ajuste en las siete facultades (sobre 13) que gobiernan. Lo esencial, en todo caso, es que PS hace explícito, de esta forma, su apoyo al actual decano Glenn Postolski. Dos listas, los mismos intereses Aunque PS quiera hacer creer ahora que sus ex compañeros de frente “le abren la puerta al Rectorado en la facultad”, lo cierto es que esa puerta ya estaba abierta desde hace rato por el propio Postolski. Fueron los kirchneristas de Sociales los que cobijaron durante años a los radicales de Ciencia Política en su lista de profesores, y su decano el que votó cada uno de los presupuestos que ahogaron a nuestra facultad. La candidatura de Carolina Mera apunta a llevar a fondo esa orientación. La facultad de los Berni y Tomada implosionó por sus propios límites y contradicciones. No estamos frente a una ruptura entre amigos/enemigos del Rectorado, sino a una pelea entre las direcciones de las diferentes carreras para ver qué sector va a capitanear una política de ajuste, contra-reformas y precarización que ninguno de los bandos cuestiona (más allá del discurso). Ambos sectores son co-responsables de la decadencia de una facultad que ofreció su “ciencia” a los pies del gobierno de turno, sin recibir a cambio más que promesas incumplidas. Es esta misma política la que explica que, afuera de la facultad, los diputados y senadores del PJ-kirchnerismo le voten a Macri los presupuestos que golpean a la ciencia y la universidad (84 leyes en total). En este cuadro, con el kirchnerismo dividido en dos bloques que pelean por el decanato, La Mella acaba de publicar una declaración llamando a Proyecto Sociales y al Partido Obrero a conformar un frente “para defender a Sociales”, es decir, para votar la reelección de Postolski. En boca de La Mella, que viene de compartir lista con la UES (y Moreno) en “Unidad Porteña”, el llamado a la izquierda es una operación de auto-blanqueo. Los (¿ex?) chavistas de La Mella no se privaron, tampoco, de hacer lista con Mera en Ciencia Política. Ahora su objetivo, tras la ruptura del Cecso, es preparar una alianza con La Cámpora y Nuevo Encuentro, lo que dejaría en la banquina a su nuevo experimento electoral, “Sudestada”. En este punto, convocamos a la reflexión a las y los compañeros de La Dignidad y El Viejo Topo-Emergente, aún a tiempo de romper el seguidismo a una agrupación que hizo del carrerismo desenfrenado su único principio, y hoy actúa a la sombra del PJ-kirchnerismo en la Ciudad y el resto de la UBA. Por un centro y consejeros independientes La fractura del kirchnerismo abre una gran oportunidad para la izquierda, y una responsabilidad. La ofensiva gubernamental contra la educación y la universidad pública requieren de una respuesta a la altura de las circunstancias: una Fuba y centros de estudiantes que estén donde tienen que estar, en pie de lucha junto a los trabajadores. En la UBA, la izquierda es la única fuerza realmente independiente del régimen universitario de Barbieri y los decanos, que lucha consecuentemente por el presupuesto, la vigencia del convenio colectivo docente y la democratización del cogobierno. En Sociales, la tarea de recuperar un centro y consejeros que se planten de forma independiente a las gestiones actuales y “por venir”, no puede esperar. Por eso, desde la UJS-Partido Obrero llamamos a todas las agrupaciones de izquierda e independientes (29 de Mayo, MAS, Prisma) a converger en un gran frente de unidad y de lucha para impulsar al movimiento estudiantil de cara a los desafíos que tenemos planteados en Sociales y en el país. Ahora, en Sociales, démosle paso a la izquierda. LEE MÁS Arquitectura - UBA: Un compromiso provisorio para defender el Ceadig Masivo reclamo por Santiago Maldonado en Filosofía y Letras Festival en la Facultad de Psicología UBA a 1 mes de la desaparición de Santiago Maldonado

31 de agosto de 2017
“Vi a Noceti en el operativo que culminó con la desaparición de Santiago”
Corresponsal

“El día de la represión y de la desaparición de Santiago Maldonado estuvimos detenidas en la ruta por la Gendarmería y yo misma pude ver al jefe de gabinete del ministerio de Seguridad Pablo Noceti en el operativo”, contó Soraya Maicoño a la delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) que se hizo presente en Esquel, Chubut, para reclamar la aparición con vida de Santiago. “Él se presentó con ese título y cuando le dijimos que hacía dos horas estábamos paradas por los gendarmes nos dijo: ‘Podemos tenerlas seis horas así’. Y así ocurrió, sólo varias horas después nos dejaron ir’”. Maicoño, miembro del Lof Cushamen, relató en la primera jornada de la delegación no sólo los pormenores de la represión del 1° de agosto, sino que señaló que los ataques a la población mapuche están en línea directa con la defensa de los intereses de la multinacional Benetton. El relato de Maicoño desmiente la versión que sostiene la ministra Patricia Bullrich, según la cual Noceti pasaba casualmente por el lugar y bajó de su vehículo para saludar a un gendarme. “Ese día, la Gendarmería reprimió el corte informativo que estaban haciendo los lamien de la comunidad y se metieron en la comunidad a los tiros”, relató Maicoño. “Los compañeros cruzaron el río Chubut para resguardarse pero ante los tiros que rebotaban en el agua, Santiago Maldonado no cruzó”. El relato coral reconstruyó cómo fue detenido, golpeado, subido a la Unimog -cuya existencia al principio la Gendarmería negó- y luego de formar una línea de gendarmes para impedir la visión trasladaron algo -¿a Santiago?- de la Unimog a una camioneta que salió a alta velocidad hacia Esquel. “Nosotros recuperamos esa porción de territorio el 13 de marzo de 2015”, explicó Macoiño. “Menem le había vendido una parte de ese territorio a Benetton, pero fueron corriendo los límites hasta ocupar nuestras tierras. Por eso se decidió la recuperación de la usurpación. También se recuperó para frenar los proyectos mineros contaminantes que tiene el empresario Benetton en ese territorio. Desde ese momento hemos tenido todo tipo de hostigamiento por parte de la policía que le responde. Y fue en escalada, al punto que detuvieron a nuestro lonko Facundo Jones Huala bajo acusaciones falsas tomadas bajo tortura, como comprobó la Justicia”. La narración de Maicoño mostró los vínculos íntimos entre los ataques del Estado y los gobiernos nacional y provincial a la comunidad mapuche y los intereses de grandes grupos económicos. Como tuiteó Jorge Navarro, dirigente del Partido Obrero de Córdoba que integró la delegación: “Que quede claro: la represión a la comunidad mapuche y la desaparición de Santiago Maldonado se desarrollan para beneficiar al usurpador Benetton”. La comisión del EMVyJ estuvo integrada por representantes sindicales y políticos, como el diputado nacional Pablo López, del PO-Frente de Izquierda, Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, los ex diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño, entre otros. Entre sus objetivos, la comisión solicitó una entrevista con el juez Guido Otranto, visitó en el penal de la ciudad al lonko Facundo Jones Huala en el marco del pedido de su libertad y estuvo en Pu Lof en Resistencia Cushamen, donde ocurrieron los acontecimientos represivos que culminaron con la desaparición de Santiago Maldonado por la Gendarmería. También se hicieron presentes Margarita Gutiérrez y María Laura Bretal, que presentaron un pedido de querella en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado a nombre de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos patrocinada por Liliana Alaniz y Gloria Sáez, de Apel, y Liberpueblo. Este fue aceptado el martes 29.

31 de agosto de 2017
Colegios tomados contra la nueva reforma educativa
Corresponsal

Desde el lunes 28 de agosto, varias escuelas de la ciudad (como la Manuel Belgrano de Barracas, la Escuela Técnica Plumerillo de Pompeya y el Liceo 9 de Belgrano) se encuentran tomadas contra la "secundaria del futuro" que el gobierno quiere imponer el año próximo. Además, se empezó a preparar una movilización unificada de todas las escuelas de la Capital para el próximo 6 de septiembre a las puertas del Ministerio de Educación. La reforma que el gobierno quiere imponer elimina quinto año de la escuela secundaria para reemplazarlo por trabajo gratuito en empresas, reemplazar a los docentes por "facilitadores" precarizados y avanzar en un nuevo recorte de materias y contenidos como ocurrió con la aplicación de la Nueva Escuela Secundaria (NESC) hace tres años. Contra las tomas se han producido intimidaciones policiales. Al menos cuatro agentes de la Policía de la Ciudad ingresaron armados al Liceo 9 “Santiago Derqui” y recorrieron el establecimiento con total impunidad el martes. “Se retiraron advirtiendo que ante cualquier actitud que perjudique a los vecinos, iban a volver y no de una forma amable”, denuncian desde el Centro de Estudiantes a través de un comunicado. Agregan que varios policías se instalaron en la puerta del colegio. Por otra parte, en el Antonio Devoto, los estudiantes vivieron momentos de violencia institucional por parte de las autoridades, primero, y luego por parte de la policía, convocada al establecimiento. Según se relata en un comunicado del Centro de Estudiantes, efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron al colegio “a pedir identificación y el DNI a la estudiante Daniela Llanos, presidenta del Centro de Estudiantes, y amenazaron con tomar 'represalias' contra quienes tomaran el establecimiento”. “El conflicto tocó fondo cuando, después de negociaciones, dirección y supervisión, que se habían encerrado tres horas adentro (del edificio) para impedir la toma, se retiran del colegio llamando nuevamente a la Policía de la Ciudad para que desarmara la toma con medidas de fuerza, con amenazas como 'llevarnos a la comisaría'", agregaron. Las tomas marcan el camino de cómo enfrentar esta nueva ofensiva contra la educación. Para ganarle al macrismo necesitamos generalizar el movimiento de lucha, organizando reuniones y asambleas en todos los colegios, cortes de calles, festivales y extendiendo las tomas a más escuelas. El Frente de Izquierda, que es la única fuerza política que se opuso en la Legislatura y el Congreso a esta política antieducativa, se propone la tarea de desarrollar hasta el final este movimiento de lucha. ¡Abajo la reforma antieducativa de Macri y Bullrich! ¡Vivan las tomas!

31 de agosto de 2017
El encubrimiento en el caso Maldonado
Corresponsal

Una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se entrevistó con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En ese encuentro, el funcionario ratificó cínicamente el libreto del gobierno nacional: no reconoce la desaparición forzada de Santiago Maldonado, dice que no está comprobado que Gendarmería se lo haya llevado tras la represión a la comunidad Pu Lof Cushamen, y que ni siquiera está claro que haya estado allí durante aquel episodio. “Le planteamos al secretario Avruj que el cambio de carátula (a desaparición forzada) desmiente todo lo dicho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hasta el momento. Ella mintió cuando dijo que no envió a su jefe de Gabinete Pablo Noceti a dirigir el operativo represivo contra la comunidad mapuche, y mintió también al afirmar que su ministerio no impartió la orden operativa de reprimir”, explicó Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, uno de los integrantes de la delegación. Solano dijo también: “que Bullrich salga a decir públicamente que ella está en contra del cambio de carátula quiere decir que hay una presión a la Justicia por parte del Poder Ejecutivo”. Y añadió que “las versiones que se empiezan a distribuir sobre los lugares supuestos donde podría estar Maldonado pretenden, indudablemente, embarrar la cancha”. Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), denunció la posición del Estado de “sembrar dudas sobre la familia de Santiago, la seguridad que demuestra Patricia Bullrich al decir que la Gendarmería no intervino en la desaparición (o sea que ni siquiera lo pone en duda), y la demonización de la comunidad mapuche”. Todo eso -analizó- está al servicio de un operativo estatal de autoencubrimiento. Que se aparte a Patricia Bullrich del cargo El gobierno persiste en su intento de desviar la investigación mientras se redobla el clamor por la aparición con vida. No cesa de manifestarse en los estadios, en los recitales, y en las redes sociales. El 1° de septiembre, se preanuncia una masiva movilización a Plaza de Mayo y en las principales plazas de interior del país cuando se cumpla un mes de la desaparición.

31 de agosto de 2017
Masiva audiencia ferroviaria contra el cierre de ramales

Una masiva audiencia pública se realizó el pasado viernes 25 en el Congreso Nacional por la derogación del decreto de Macri que otorga al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el arbitrio de cerrar ramales y estaciones, levantar vías y desmantelar estructuras ferroviarias. Convocada por los diputados del Frente de Izquierda (Soledad Sosa, Pablo López y Néstor Pitrola (mc), del PO; Juan Carlos Giordano, de IS, y Nathalia González Seligra, del PTS), contó con una gran presencia de delegados, ferroviarios del Sarmiento y del directivo Rubén “Pollo” Sobrero, de la seccional Haedo de la Unión Ferroviaria (UF). También fue coconvocante la Agrupación Causa Ferroviaria (Lista Gris), liderada por Jorge Hospital. Hubo importantes delegaciones de los Ferrocarriles Roca, San Martín, Belgrano, Mitre, Ferrobaires, etc. De Chaco se recibió la adhesión de Oscar Denis, quien denunció que hace seis meses no corren algunos trenes, lo que amenaza con el despido de 400 ferroviarios. Los empleados de Ferrobaires denunciaron que 1.000 trabajadores no tienen tareas hace meses: se presupone que gran parte de ellos serán cesanteados. Una misma política Edgardo Reynoso, del Cuerpo de Delegados del Sarmiento, explicó el plan Dietrich: desarrollar dos polos, el Belgrano Cargas para los agronegocios de exportación, y el Ferrosur para mineras y petroleras. Para el resto, ir concretando el desguace por el que trabajan hace años los sucesivos gobiernos. La intervención de Pitrola recordó la oposición del bloque del FIT a la ley -llamada demagógicamente de renacionalización- de CFK y el entonces ministro de Transporte, Florencio Randazzo. Este la denominó de “resurrección ferroviaria”, lo que rechazamos calificándola “de última generación privatista”. Por eso la apoyó entusiasta el bloque del PRO. Ya con el gobierno de Macri, cuando se discutió el Presupuesto 2017, Pitrola denunció que se estaba votando sostener el controvertido proyecto del soterramiento del Sarmiento, enjuiciado por la opinión pública por sus sobreprecios y corrupción (Odebrecht-De Vido-Calcaterra). Dietrich planteó que el decreto es un ‘formulismo’ para facilitar la entrega de tierras ferroviarias a villas en urbanización, etc. Pero varias denuncias han demostrado que ya se entregaron varias hectáreas en Caballito para armar emprendimientos inmobiliarios. Hay similares proyectos para barrer con los talleres de Liniers, en Haedo, Merlo, General Rodríguez. Por un plenario nacional antiburocrático Una real oposición al plan de desguace ferroviario no será impulsada por la burguesía nacional y sus partidos. La audiencia pública evidenció que sólo los ferroviarios unidos al resto de la clase obrera y a los usuarios podrá frenar estos ataques y poner en marcha un verdadero plan ferroviario, partiendo de la nacionalización integral del sistema, sin pagar ninguna ‘compensación’ a los concesionarios y bajo control y dirección de sus trabajadores. Esto como parte de un plan general de transporte y desarrollo a llevar adelante por un gobierno de trabajadores. La burocracia sindical ferroviaria está nuevamente del lado del poder. Ayer con Cristina-Randazzo, hoy con Macri-Dietrich. La dirección de La Fraternidad (conductores de trenes) agasajó con una cena a Macri. La burocracia de la UF fue base de apoyo electoral de Florencio Randazzo. Junto con el desguace ferroviario, el gobierno prepara la “reforma laboral” que en ferroviarios se propone quitar la insalubridad (6 horas) a maquinistas y guardas. Los reclamos hacia la burocracia para que encabece la lucha contra el desguace y por los puestos de trabajo no tiene perspectiva. Alentar que se los puede ‘presionar’ crea una ilusión desmoralizadora y desmovilizadora. Por el contrario, Jorge Hospital (Causa Ferroviaria-Lista Gris) planteó la necesidad de un plenario nacional de la oposición antiburocrática para encarar la lucha contra el desguace, en defensa de los puestos de trabajo, del convenio colectivo y los salarios. El planteo fue apoyado por Marcelo González-Lista Naranja del Roca y otros compañeros. Necesitamos una campaña por la nulidad del decreto 652, organizada por los trabajadores ferroviarios combativos, con el apoyo del FIT y de todos los partidos y organizaciones obreras y populares, que convierta cada intento del gobierno en una trinchera de lucha contra el desguace y el ajuste. Los diputados del FIT se comprometieron a llevar esto adelante ante el ministro Dietrich en la comisión de Diputados de Obras Públicas y ante el jefe de gabinete, Marcos Peña en el Congreso.

31 de agosto de 2017
Estados Unidos: Agresión en Afganistán y crisis política

“Con su giro en Afganistán, Trump le tiende la mano al establishment”. Así tituló La Nación la reciente decisión de Trump de continuar la presencia militar en Afganistán. Hasta ese momento, el presidente norteamericano había pregonado la necesidad de retirarse de dicho país. Quienes pusieron el grito en el cielo fueron los sectores derechistas más recalcitrantes, partidarios del retiro, que tildaron a Trump de “panqueque”. La decisión fue celebrada, en cambio, por el Ejército y por el Partido Republicano, cuyos representantes en el Congreso lo cubrieron de elogios. El anuncio sobre Afganistán coincide con el desplazamiento del ala más facistoide del gabinete, empezando por su asesor en jefe, Bannon, uno de los hombres de mayor confianza del presidente. La crisis que estalló en torno de los episodios de Charlotteville, fue el momento elegido por la elite empresarial y militar para forzar un cambio de gabinete. La preocupación del establishment es que el racismo descontrolado de La Casa Blanca termine por comprometer el paquete de medidas que el gobierno tiene en carpeta: implementación de los recortes fiscales para las corporaciones, la eliminación de regulaciones empresariales, desmantelamiento del seguro médico para los más pobres. En otras palabras, la agenda delineada por Trump al arrancar su mandato sigue en pie. Lejos de abandonarla, estamos en presencia de una tentativa de salvarla y hacerla viable, removiendo los escollos que se interponen en la Casa Blanca. En esta línea, el New York Times, en un editorial declaró: “Los estadounidenses, acostumbrados constitucional y políticamente a líderes civiles, dependen ahora de tres generales activos y retirados -John Kelly, el nuevo jefe de personal de la Casa Blanca, H. R. McMaster, el asesor en seguridad nacional, y Jim Mattis, el secretario de Defensa- para prevenir que el señor Trump se salga completamente de curso” (NYT, 18/8). Este “control” sobre el gobierno fue respaldado por los círculos empresarios. Un coro de líderes corporativos salió a la palestra para denunciar “ a los grupos de odio” y defender “la tolerancia”. Habrá que ver hasta qué punto las heridas que ha abierto este principio de crisis política pueden cerrarse. Si el bonapartismo de Trump tendiente a armar un poder personal, puede superar esta prueba y sobrevivir en medio del condicionamiento que pretende imponerle la elite gobernante. De lo contrario, la grieta va a profundizarse y, de la mano de ello, las tendencias al impeachment, que en la actualidad están latentes en la investigación en curso por los vínculos del presidente y su elenco de colaboradores con el gobierno de Putin. Lo cierto es que, como telón de fondo de este cuadro, se encuentra la creciente inestabilidad política y económica que acosa a Washington en todos los frentes. Una recuperación económica endeble, con índices de empleo decepcionantes -enorme precariedad laboral- y el peligro de un colapso de la burbuja financiera, que se ha inflado desde el desplome de Wall Street. Las cotizaciones de la bolsa no se compadecen con los resultados corporativos ni con el estadio actual de los negocios. Lo mismo puede decirse en el plano internacional. El presidente norteamericano ha intentado exhibir en el ámbito internacional un liderazgo y una iniciativa que oficie de contrapeso a los escollos que tropieza en el frente interno. Pero hasta ahora no puede mostrar algún éxito relevante. En los principales escenarios de conflicto enfrenta una impasse. Afganistán no es la excepción. También te puede interesar: Escalada bélica en medio de un enorme impasse

31 de agosto de 2017
Paso atrás del gobierno

Una gran movilización del Polo Obrero cruzó la Capital y también se replicó en once puntos del país contra los recortes que el gobierno nacional quería aplicar sobre los comedores populares. Como ya ocurrió con las pensiones para discapacitados, los descuentos a jubilados o el 2x1, el gobierno probó aplicar el recorte y medir fuerzas para ver si podía imponerlo. La respuesta del Polo hizo retroceder esta medida aún antes de que la movilización partiera de su punto de salida. Alertados sobre la acción de lucha por las redes sociales y los comunicados públicos, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social llamaron a los compañeros de la Mesa del Polo para concretar una reunión urgente en la que se comprometieron a la restitución total de los alimentos que abastecen nuestra red de comedores y merenderos. A la vez, se comprometieron a pagarle los ingresos por el programa Argentina Trabaja a los compañeros que han sufrido descuentos o bajas injustificadas y, en los casos que corresponda, el retroactivo desde el momento en que dejaron de cobrar. También se acordó una solución inmediata de los compañeros que teniendo el plan AT no pueden acceder a la obra social que les corresponde. Es una victoria de la movilización popular que impidió, ante el sólo anuncio del acampe, que le fueran arrebatados más de 70.000 kilos de alimentos a los miles de niños que concurren a nuestros comedores. El avance sobre las conquistas y el recule del gobierno ante la movilización no es novedad: se trata de un gobierno temeroso a la reacción popular y que prueba fuerzas, consciente de que tiene planteado aplicar un ajuste de mayor envergadura. Quedan muchos reclamos pendientes, como la apertura de los programas para todos los desocupados, el trabajo genuino, el pase a planta de los precarizados y el aumento en el ingreso por los planes. Por eso se mantuvo la movilización, dirigiéndola al Ministerio de Trabajo, el que venía sin responder al reclamo de más de 300 compañeros de Construir Empleo que no cobran desde julio y otras reivindicaciones. La movilización reunió a 5.000 compañeros en la Ciudad de Buenos Aires y se replicó en Mar del Plata, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán. Por primera vez en el último tiempo hubo una manifestación del Polo Obrero que obtuvo conquistas en Neuquén, también salimos en Tierra del Fuego, más de 1500 compañeros se movilizaron en Misiones y hubo una importante marcha en Tucumán. Párrafo aparte merece la movilización en Salta, en la ciudad de General Mosconi, una de las cunas del movimiento piquetero, en la que se acaba de refundar el Polo Obrero. Se arrancó una reunión con el secretario de Trabajo, Miguel Ponte, quien se sorprendió por la masividad de la movilización. Se conquistó el compromiso de restitución de los programas caídos, los compañeros cobrarán a mitad de mes. También se obtuvo el compromiso de apertura de programas para jóvenes en provincias del interior. Para culminar la jornada se votó masivamente en una asamblea general que el Polo Obrero se movilizará el próximo viernes 1° de septiembre exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de Patricia Bullrich.

31 de agosto de 2017
Censura en las escuelas

Luego de la extensa campaña de fotos entre los docentes, a casi un mes de la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado, el gobierno ha montado un operativo de censura para que no se trabaje en el aula dicha situación. Tanto la Ctera y sus entidades de base como el sindicato Ademys -dirigido por la oposición multicolor– sacaron aportes y sugerencias dirigidas a los docentes para trabajar en las clases y eso provocó un ataque de parte del gobierno y los medios intimidando a los docentes, conducciones escolares y familias para que no se mencione el tema. El operativo incluye supuestas familias que se niegan a que se trate el tema del aula, reflotando el 0800 buchón para denunciar a los docentes y escuelas. La línea del gobierno es que mientras la Justicia investiga no se puede trabajar en temas de la realidad social, en particular del caso de Santiago. Sin embargo, el propio gobierno es el que construye un relato desde el primer día, primero negando la desaparición, luego encubriendo el accionar de la Gendarmería, culpando a la familia y tratando de desviar la causa y encubrir su propia responsabilidad política. La dirección de Ademys defendió públicamente el tratamiento del tema y las orientaciones para trabajar en cada escuela y viene sosteniendo un compromiso con los organismos de derechos humanos nucleados en el EMVyJ, convocando a las acciones por la aparición de Santiago. Una vez más, los estudiantes y docentes preguntamos: ¿dónde está Santiago Maldonado?

31 de agosto de 2017
Cristina Kirchner y Pepsico

Una delegación de trabajadoras de Pepsico se reunió con Cristina Fernández en la sede del Instituto Patria, para solicitarle “su apoyo para nuestra lucha”, según difundieron en un comunicado. De acuerdo con la gacetilla, al término de la reunión CFK se habría comprometido a interceder para “que los bloques del FpV apoyen la ley de expropiación de los trabajadores”. Por su parte, las usinas de la ex presidenta dejaron trascender que, en el encuentro, se abordaron los “diferentes planes de ajuste económico aplicados en la Argentina en distintos momentos de la historia”, además del “ajuste del presente y las situación de los trabajadores que sufren por los despidos generalizados, las tarifas impagables y las crecientes dificultades para alimentar a sus familias”. La hipocresía de Cristina Fernández deja mucha tela para cortar. Basta recordar sus furiosos ataques a la ocupación obrera de Gestamp, cuando acusó a sus trabajadores de querer “tomar el Palacio de Invierno y creen que cuanto peor mejor”, o las represiones comandadas por Sergio Berni en la Panamericana contra los trabajadores de Lear, cuando era presidenta. En aquellas ocasiones, CFK cerró filas con la burocracia de Ricardo Pignanelli (Smata), del mismo modo que el gobierno de Macri respaldó a Rodolfo Daer en el conflicto de Pepsico. Pero la impudicia de la ex presidenta no refiere sólo al pasado, toda vez que los bloques ante los cuales se ofrece interceder apoyaron -unos más, otros menos- el centenar de leyes que viabilizaron el “ajuste del presente”. El “apoyo” de CFK a una eventual expropiación de Pepsico es una impostura. Bajo su presidencia, perpetuó la situación precaria de las llamadas “fábricas recuperadas”, operó el rescate de los empresarios vaciadores y trabajó -a través de sus funcionarios y de la burocracia- para quebrar la organización obrera. El gobierno “nacional y popular” restó a los trabajadores de las recuperadas todo apoyo en materia de aporte de capital, garantía salarial y derechos de convenio. El kirchnerismo sancionó una ley de quiebras que refrendó este abandono por parte del Estado y circunscribió su situación a un conflicto “entre privados”. Las empresas recuperadas que no sucumbieron a la crisis y competencia capitalistas sobrevivieron como tercerizadas del capital, bajo penosas condiciones de autoexplotación de sus obreros. Si la burguesía toleró hasta cierto punto las “gestiones obreras” como válvula transitoria al quebranto general de 2000/2001 -incluso como una chance de revalorización de ese capital quebrado- sin por ello resignar sus derechos de propiedad ante la Justicia, el veto de Macri, en diciembre de 2016, a la expropiación del Bauen fue una señal inconfundible de “fin de ciclo”. Los bloques del FpV no movieron un dedo para oponerse. Ahora, el jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, acompaña al gobierno en la postulación de Argentina para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el organismo imperialista que fija los estándares de “buenas prácticas” para el comercio mundial. ¿Acaso va a apoyar la expropiación de Pepsico? En este punto es lícito interrogarse si para un colectivo obrero que se reivindica clasista y enfrenta una lucha en condiciones tan duras, un apoyo tramposo como el de CFK representa una ganancia o, por el contrario, introduce una confusión fenomenal. La pregunta tiene una respuesta: luego de la reunión los obreros y obreras de Pepsico no han ganado nada en su favor. El supuesto apoyo de Cristina Fernández no pasa de la mera pose, porque ella lo hace a sabiendas de que el proyecto no va a prosperar. En cambio, quien sí ganó fue la ex presidenta, que ante los ojos de la población que respalda la lucha de Pepsico, recibe por parte de sus trabajadores un certificado de ‘amistad’, siendo que durante meses de lucha ella nunca se acercó ni a la fábrica ocupada ni a la carpa montada frente al Congreso. Aunque desconocemos cómo se gestó la reunión, es evidente que los términos de la misma fueron dictados por la ex presidenta. El lugar elegido fue el Instituto Patria, su bunker electoral, y sólo con “obreras”, evitando así que se asocie a Cristina Fernández con una organización gremial opositora a los aliados históricos de la ex presidenta en el campo sindical, la burocracia que abrió paso a éste y a todos los despidos. CFK se las arregló para promover, no un encuentro con la organización gremial interna de fábrica, sino con ‘trabajadoras’ a secas. Es la línea de campaña electoral de la ex presidenta, donde se muestra solidaria, no con los obreros en lucha y sus organizaciones, sino con personas aisladas que sufren las consecuencias del ajuste. En esos términos, la reunión no fue un episodio de la lucha de Pepsico, sino de la campaña electoral de Unidad Ciudadana. Los compañeros y compañeras de Pepsico argumentaron que la reunión fue para pedir el apoyo al proyecto de expropiación del predio y de las instalaciones y máquinas. Sin embargo, Cristina Kirchner no ocupa banca alguna, ni en la Cámara de Diputados ni de Senadores. El pedido, entonces, podría haberse canalizado vía Héctor Recalde, el jefe de la bancada del FpV. Dicho esto, debe agregarse que el comunicado difundido por los trabajadores no establece ninguna delimitación con Cristina Fernández y su fuerza política, ni informa que en la reunión se haya desarrollado una polémica política. Esta omisión agrega a la confusión política que generó la reunión, pues borra la barrera entre quiénes son los amigos del pueblo y quiénes sus enemigos. Esta delimitación elemental es el punto de partida para cualquier desarrollo de una clase obrera con conciencia de clase. Lo contrario conduce a la desmoralización y en el extremo a la cooptación política. Esta orientación ya se había manifestado en el debate suscitado previo a la movilización del 22 de agosto de la CGT, cuando los compañeros del PTS propusieron armar una columna común con la CTA. La propuesta ratificó el seguidismo del PTS al kirchnerismo. En los hechos, significa borrar una estrategia política independiente de la clase obrera, que en las condiciones concretas de la movilización debía plasmarse en la formación de una columna independiente de los sectores combativos y clasistas. La CTA no sólo rechazó la propuesta sino que sacó un comunicado con parte de la dirección de la CGT donde omite el reclamo del paro general. La reunión con CFK continúa esta línea política y constituye un golpe a la campaña del Frente de Izquierda, apenas 60 días antes de las elecciones generales de octubre. La agenda de reuniones, promovida por el PTS, continuará nada menos que con Sergio Massa, el candidato de la baja de la edad de imputabilidad y la militarización de las villas. Massa se arrastró con Macri en Davos y votó a pie juntillas el pacto con los fondos buitre. Corriendo detrás de estos “apoyos”, el PTS está golpeando la campaña de diferenciación que el FIT y las fuerzas combativas de la clase obrera que se referencian en él debemos encarar hacia octubre. La lectura del PTS acerca de que hubo “dos tercios de los votos contra el ajuste” conduce a esta política criminal. Solamente un curso de lucha independiente y sin compromisos con los agentes políticos y sindicales del ajuste abrirá una salida para Pepsico y para todas las luchas obreras y populares.

31 de agosto de 2017
Escalada bélica en medio de un enorme impasse

Trump se tuvo que desdecir de sus promesas de retirarse de Afganistán y ha anunciado que “no hay fecha de salida”. Según funcionarios, eso allana el camino para aumentar los actuales 8.400 efectivos presentes en ese país. Esto significa que una de las guerras más largas en la historia se extenderá, ahora, una vez más. La amenaza se extiende a Pakistán, a cuyo gobierno Estados Unidos acusa de amparar a la guerrilla afgana. La represalia podrá empezar con un límite a la ayuda financiera y militar estadounidense. El discurso de Trump incluyó una advertencia a Islamabad (capital paquistaní): Estados Unidos está dispuesto a alinearse abiertamente con la India contra Pakistán en el largo conflicto entre las dos potencias nucleares del sur de Asia. Washington ha cultivado vínculos militares y diplomáticos con la India a lo largo de las dos últimas décadas e intenta transformar a ese país en un Estado de primera línea en la estrategia estadounidense de cercar y aislar a China. ¿Cuál es el cuadro de situación? Más que un empantanamiento en Afganistán y en la región estamos ante un verdadero desmoronamiento del régimen títere de Washington. El avance talibán amenaza con repetir lo ocurrido en 1996, cuando las milicias fundamentalistas tomaron el poder (La Nación, 25/8). Además, el gobierno afgano está sumido en divisiones étnicas y políticas y en la corrupción, y controla menos del 60% del país, circunstancias similares a las que allanaron el camino para la toma del poder por parte de los talibanes veinte años atrás. “El mes pasado, cinco capitales de distrito cayeron en manos de los insurgentes, que ahora controlan 48 de los 407 distritos. Los distritos controlados por el gobierno apenas ascienden a 100, menos de un cuarto del total, mientras que el resto están disputados, en algunos casos controlados de día por el gobierno y por los talibán de noche” ( SWS , 23/8). “La alternativa es perder o no perder, porque lo cierto es que ganar ya es imposible”, dice James Dobbins, ex representante especial de Estados Unidos en Pakistán y Afganistán durante la presidencia de Obama. Washington ya no aspira a aplastar a los talibán y finalmente obligaría a los líderes rebeldes a aceptar una solución diplomática para el conflicto” (La Nación, ídem). En otras palabras: la escalada militar está al servicio de una salida negociada. Pero es necesario recordar que Obama intentó y fracasó con un enfoque básicamente similar. Lideró un esfuerzo aún más grande, que en determinado momento involucró a más de 100.000 soldados, un poder de fuego aéreo considerable, cientos de drones de la CIA y miles de millones de dólares en programas civiles, lo que acompañó las tratativas en el plano diplomático. Más allá de las bravuconadas, Trump ha mantenido en el escenario internacional la política de compromisos y negociaciones que había enhebrado Obama, que, recordemos, fue violentamente denostada por el actual presidente. Siguen los acuerdos con Irán y un entendimiento, con sus sobresaltos pero entendimiento al fin, con Rusia en Siria; también el deshielo con Cuba y los acuerdos con la FARC en Colombia. La Casa Blanca está obligada a operar en el marco de un retroceso estratégico del imperialismo. No olvidemos que Estados Unidos ha sufrido una seguidilla de reveses, que culminó con la retirada de Irak y el compromiso de hacer lo mismo en Afganistán. Queda por ver cuál es la magnitud del despliegue militar que Estados Unidos realizará. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dado a conocer el número de hombres que estarán comprometidos en la escalada ni tampoco las fechas programadas de su desembarco. Aunque el gobierno invocó razones de seguridad dirigidas a no brindarle información al enemigo, el hermetismo, como lo han destacado algunos analistas, tiene por destinatario al pueblo norteamericano, sensibilizado frente a guerras que se han extendido en el tiempo y han culminado en fracasos. El anuncio de la escalada militar en Afganistán, desdiciéndose de su promesa de terminar la guerra, constituye un golpe a la demagogia de Trump, socava su capital político cada vez más devaluado y, sin duda, dejará sus huellas entre los trabajadores y la población estadounidense.

31 de agosto de 2017
“Hay que terminar con la industria del juicio”

Frente a los proyectos de reforma laboral que el gobierno prepara para luego de las elecciones de octubre (1) , el candidato a senador por Unidad Ciudadana y vocero de CFK, Jorge Taiana, ha planteado su rechazo en términos que merecen ser examinados. Ha diferenciado a los gobiernos de NK y CFK de los anteriores y del actual asociando éstos al “viejo sueño de la elite económica de la Argentina para que se transforme en un país de bajos salarios (y) mayor productividad”. La “tesis” no es nueva. Siete años atrás, Héctor Recalde declaraba que de la década del ’90 habían quedado sólo “la ley de accidentes de trabajo, algunos aspectos de la ley de quiebras, la ley de conciliación obligatoria y la ley de empleo con algunas modificaciones” ( La Nación , 4/7/10). Ya entonces, Recalde desmentía a Recalde. Uno de sus proyectos planteaba la derogación de convenios flexibilizados de los ‘90 que, por ejemplo, establecían en el sector minero 2.400 horas de trabajo al año, derogando de hecho la jornada de ocho horas. Otro, la restitución del derecho a la indemnización mínima de dos meses de sueldo sin importar la antigüedad, una conquista que tuvo vigencia en la Argentina desde 1933 hasta 1998, en el inicio de la década “neoliberal”. Pero, incluso de aquella enumeración, hoy Recalde se mordería la lengua por el cambio que finalmente operó CFK en la ley de accidentes de trabajo, que no sólo eliminó la doble vía, privando al trabajador de la posibilidad de reclamar ante la ART y, a la vez, ir a la Justicia. La reforma eliminó el concepto de reparación integral, que supone la posibilidad de reclamar ante la Justicia daños morales, psíquicos y derecho de vida. Limitó, además, la vía judicial al ámbito civil, anulando la posibilidad de accionar en la Justicia laboral, un retorno a la norma en tiempos de Menem. Un retorno a la ley de 1915, que obligaba al trabajador a elegir entre la indemnización tarifada por ley o aquella impuesta por la Justicia. CFK puso en debate esta reforma emulando a Macri: “Hay que terminar con la industria del juicio” ( Ambito , 25/11/10). Precarización laboral El gobierno CFK presentó como un enorme logro la reducción del trabajo en negro. Pero el empleo no registrado no bajó del 35%, una baja respecto de los altos niveles de 1997/2002, pero superior al 25% de los comienzos de los ’90 o incluso al 30/33 de la primera mitad del menemismo.A pesar de todo el cacareo durante la crisis del campo, el trabajo rural en negro se mantuvo, inconmovible, en el… ¡75%! Lejos de haber inaugurado un nuevo régimen de empleo, los gobiernos K profundizaron la tendencia de la década “neoliberal” de blanquear la precariedad laboral de los ‘contratos basura’ a través del llamado monotributo -una de las figuras, por otra parte, predilectas de la tercerización. Cientos de miles de trabajadores “en relación de dependencia” se convirtieron en meros “factureros”, eximiendo a las patronales del pago de los aportes de jubilación y salud, de los días de enfermedad, de las licencias, del pago de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de las indemnizaciones. ¿Cuántos en el propio Estado? Cambiemos denuncia a CFK por el crecimiento del empleo estatal, pero nada dice del crecimiento de la masa precaria en el Estado, que el actual oficialismo mantiene y acrecienta. Los gobiernos de NK y CFK fueron adelantados de la reforma laboral, si se considera que crearon el monotributo social (2004), dirigido, entre otros fines, a convertir a los trabajadores desocupados en precarizados eternos, sumiéndolos con cooperativas con salarios por debajo del mínimo, tratando de crear una especie de subproletariado que jamás podría ser mano de obra permanente en el Estado. ¿Pero acaso no se contuvo el desempleo con los Repro (una política que continúa Cambiemos)? Estos fueron subsidios a las patronales para pagar una suerte de seguro de desempleo, por debajo del salario percibido, a trabajadores suspendidos. Estuvo financiado por el Fondo Nacional del Empleo, cuyos recursos debían sostener el seguro de desempleo. Los gobiernos K mantuvieron el congelamiento de este seguro, que venía de los ’90 y que no cubría un tercio del salario promedio, cuando se podía acceder a él. Es decir, se trató de un desvío hacia los empresarios financiado por los desocupados con seguros de hambre (¿"inclusión social”?). Recordar la unificación de los Códigos (2) Llegamos así a la perla máxima del gobierno K: la unificación reaccionaria de los códigos Civil y Comercial en acuerdo con la Corte Suprema, inspirado en un proyecto elaborado por el menemismo en 1998. Allí se eliminó la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las deudas laborales de firmas dependientes o subsidiarias, un fenomenal impulso a la tercerización, contenida además en la regulación de las Uniones Transitorias de Empresas. Estas se constituyen sobre la presunción de que no existe responsabilidad solidaria de los socios por los actos que realicen ni por las obligaciones frente a terceros, entre los que pueden estar los trabajadores. Se habilitó, además, la “prestación de servicios sin relación de dependencia”, una ancha vía para el fraude laboral. Es interesante advertir que con la unificación de los códigos se avanzó, sin hacerlo explícito, sobre la ley de Contrato de Trabajo (LCT). El nuevo texto deslindó toda responsabilidad entre un franquiciante y un franquiciado, admitiéndolo sólo en caso de fraude laboral, lo que borró de hecho el artículo 30 de la LCT, que no exige fraude laboral para hacer responsable al contratante principal de los incumplimientos frente al trabajador sometido a la tercerización. La reforma viabilizó, una vez más, el contrato de agencia, sinónimo de precarización laboral. Eliminó la aplicación de la garantía de indemnidad en el caso de accidente, por lo que el trabajador no puede invocarla en caso de accidente. En línea con la reforma del régimen de ART innovó planteando que la indemnización sólo procede para cubrir “la disminución de la aptitud”, lo que supone que la vida humana no tiene valor en sí mismo, sino en función de lo que potencialmente podría producir. Ataque a la organización de los trabajadores Punto para el asombro. El artículo 1.762 de aquella unificación estableció que: “si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros”. ¿Es un exceso suponer que es una norma aplicable a una movilización que se considere ‘riesgosa o peligrosa para terceros’? El texto, además, no planteó defensa alguna de los derechos de protesta, denuncia o petición. Cambiemos no votó el proyecto de unificación por cuestiones ligadas al procedimiento. Pero ninguno de sus representantes en el Congreso denunció la “reforma laboral” encubierta en la unificación de los códigos. ¿Cuál sería el balance de lo acaecido con el trabajo en la “década ganada”? La que surge de este análisis. Bajo los K se preservaron y profundizaron las columnas básicas del régimen laboral de precariedad: período de prueba, agencias de empleo, pasantías, trabajo en negro, tercerización, desigualdad y, contradictoriamente con el desempleo y el subempleo, la extensión de la jornada laboral más allá de las 8 horas. CFK impulsó aún más la faena menemista. Notas 1. Ver Prensa Obrera N° 1.471: "La reforma laboral en marcha". 2. Ver Prensa Obrera N° 1.334, "CFK culmina la faena menemista".

31 de agosto de 2017
[Editorial] La responsabilidad del Frente de Izquierda

El anuncio de una ajustadísima victoria del kirchnerismo en Buenos Aires era previsible, ello después de la alevosa manipulación del gobierno en las horas posteriores al comicio. Pero Cristina Kirchner se servirá de estos resultados definitivos para relanzar su campaña con un viraje: según informan los diarios, la “segunda fase” será de la mano de los intendentes pejotistas, con quienes ha venido reuniéndose en los últimos días. La campaña “ciudadana” ha mostrado sus límites, y CFK está obligada a sincerar lo que siempre estuvo presente -a saber, que el armado de su frente político reposaba en el viejo aparato del PJ bonaerense, el mismo que viene pactando con Vidal el ajuste en los municipios. El apartamiento de la sigla partidaria en la provincia fue un episodio excepcional, ya que CFK no podía admitir que su caudillaje personal fuera desafiado en unas Paso. Pero en Capital, Santa Fe o Mendoza, el cristinismo participó desde el vamos en los armados pejotistas. Senado Junto con el acercamiento a los intendentes, ha comenzado a debatirse el rol de CFK en el futuro Senado: sus laderos en la Cámara alta, como el neuquino Fuentes, reclaman para Cristina la jefatura del futuro bloque del FpV. Con ello ratifica lo que habían anticipado otros voceros kirchneristas -la integración de CFK al bloque de senadores que ha sido, en este año y medio, un respaldo crucial para la aprobación de las leyes macristas. Sin embargo, los números no le son favorables para ese liderazgo: según La Nación, los senadores “no cristinistas” del FpV sumarían 25, frente a unos diez que seguirían a la ex Presidenta. La “unidad” que pregona la señora Kirchner, en este caso, la dejaría subordinada a los Pichetto. La cuestión del futuro Senado se cruza con otro punto estratégico del régimen que tendrá lugar después de octubre: el gobierno prepara una reforma fiscal cuyo eje es liberar de cargas impositivas al capital, en particular, de aquellas que dependen de los tesoros provinciales. Ello deberá compensarse con un mayor ajuste en los distritos, por un lado, y nuevos impuestos sobre el consumo, del otro. El gobierno está condicionando nuevas autorizaciones de deuda a las provincias a un nuevo pacto de “responsabilidad fiscal”, que ate a los gobernadores -y a sus representantes en el Senado- a esta nueva vuelta de tuerca contra los explotados. En el mismo paquete de negociación aparecerán aspectos de las reformas laboral y jubilatoria, con el otro actor de la crisis del peronismo que es la burocracia sindical, cuyos lazos son comunes al kirchnerismo y al resto del PJ. O sea que mientras CFK acentúa su demagogia antiaujuste, debate su rol con los mismos senadores pejotistas que conforman el núcleo de la actual -y futura- coalición del ajuste. ¿Polarización? El resultado electoral ajustado ha servido también para reforzar una tentativa de polarización electoral, que -por ahora- celebran los dos bandos en pugna. El kirchnerismo piensa que esa polarización lo dejaría en un lugar privilegiado dentro de la disputa al interior del peronismo, ello, en medio de las derrotas de numerosos caciques históricos del pejotismo. El gobierno, por su parte, confía en que la polarización volcaría a su favor a una parte decisiva de los votos del massismo, lo que permitiría doblegar al kirchnerismo en octubre. Una derrota de los K en esos términos prepararía las condiciones para una capitulación más amplia de los “nacionales y populares” en la nueva fase del ajuste, en nombre de que “las condiciones no dan”. La polarización, sin embargo, es sólo una de las variantes del escenario electoral. La pugna de los dos bandos, en el curso mismo de la campaña, puede tener consecuencias explosivas para ambos, en términos de choques y de disgregación política. Por lo pronto, tenemos la crisis desatada en torno de la desaparición de Santiago Maldonado, que pone en la picota al esquema represivo armado por Macri-Bullrich. Desde el vamos, el gobierno se encontró, por un lado, con la descomposición de los aparatos tradicionales de represión -la Federal, la Bonaerense- y por el otro, con la necesidad de contar con dispositivos represivos para emprender el ajuste. Para afrontar esa contradicción, colocó a la Gendarmería como el eje del nuevo andamiaje represivo, acentuando de ese modo el lugar que había comenzado a jugar bajo Berni-Garré-Kirchner. Pero la detención-desaparición de Maldonado coloca en la picota a esa fuerza represiva. Y de un modo general, a la orientación de reinstalación de los represores que se puso de manifiesto con el decreto de autonomía de las Fuerzas Armadas de mediados del año pasado, con el 2x1, los desalojos violentos de fábricas ocupadas y otras medidas similares. Por la falta de respuestas en el caso de Maldonado, el debut de la campaña oficial podría coincidir con una crisis de gabinete. En esa línea, unimos al reclamo por la aparición con vida de Santiago el planteo de “fuera Patricia Bullrich”, responsable y encubridora de los represores. Del lado del kirchnerismo, la campaña estará recorrida por una escalada de causas judiciales contra Cristina y su gabinete, comenzando por Julio De Vido. El juicio de Once tendrá lugar en estas semanas y volverá a colocar en la picota al entramado de negocios que tuvo como telón de fondo al vaciamiento ferroviario, a costa de los usuarios y de la precarización de sus trabajadores. El kirchnerismo, comprometido hasta la médula en esta hipoteca de muertes, sólo podrá mirar para otro lado ante esta ofensiva judicial. Es necesario que intervengamos con una política de movilización, en reclamo por el juicio y castigo a los responsables políticos que incluyen a De Vido especialmente, y destacando los múltiples vínculos que unen al régimen de corrupción y negociados que encarna aquél con los socios del macrismo, como Calcaterra y otros. El gobierno está dividido frente a la escalada judicial contra los K: los que vacilan en ir a fondo contra Cristina apuestan, por un lado, a infringirle primero una derrota electoral. Pero temen que una revulsión profunda de los chanchullos del gobierno anterior termine echando tierra -como de hecho ya ocurre- sobre el macrismo. El periodista Alconada Mon reveló que los mismos trianguladores financieros que pagaban en Brasil las coimas al clan de Vido alimentaban los giros de Gustavo Arribas, el actual jefe de espías del gobierno Cambiemos. Como se ve, la campaña electoral no será un paseo, comenzando por aquellos que pretenden monopolizarla. El lugar del Frente de Izquierda El escenario que aquí presentamos destaca la enorme responsabilidad política del Frente de Izquierda y de los términos de su campaña. La campaña electoral es una lucha política viva, las cosas no están preestablecidas ni congeladas en el resultado de las Paso. La tentativa de polarización debe ser enfrentada con una política de delimitación y desenmascaramiento de los bloques capitalistas en pugna. Pero muy especialmente del kirchnerismo, que se presenta ante el electorado popular como “la única opción efectiva contra el ajuste”. No se trata solamente de las conquistas parlamentarias que pretendemos defender y acrecentar, y que se pondrán en juego en estos dos meses. Se trata también del lugar que deberá jugar la izquierda y la parte más avanzada del activismo obrero en el período político que tendrá lugar después de octubre. La pretensión de llevar ese voto al kirchnerismo no sólo conduciría a una desmoralización política de los luchadores, como resultado de las propias elecciones o del curso posterior. Es, además, una operación política dirigida a borrar el intenso proceso de delimitación y lucha que tuvo lugar bajo los gobiernos kirchneristas, y que fue el escenario de conquistas de sindicatos, comisiones internas, organizaciones estudiantiles y territoriales. El origen y desarrollo del Frente de Izquierda es inseparable de ese proceso, que tuvo su momento culminante en la lucha por llevar a la cárcel a los asesinos de Mariano Ferreyra. Esa lucha debe ponerse a prueba en esta segunda fase de la campaña electoral. La delimitación de los ajustadores macristas, del kirchnerismo y de las demás variantes capitalistas debe tener lugar en la confrontación con los grandes problemas de las masas: la reforma laboral que se prepara, los ataques jubilatorios, la tentativa de degradar la escuela secundaria, la corrupción estatal que envuelve por igual a los De Vido-Kirchner como a los Calcaterra-Macri; la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, frente a la cual no hay “grieta” entre Carrió-Bullrich y CFK. Es necesario explicar, en todos y cada uno de los puntos de la agenda popular, que sólo el voto al Frente de Izquierda le abre una perspectiva a esas reivindicaciones cruciales. Sobre esa base, tenemos que convocar a todos los votantes de quienes no pasaron las Paso -la mayoría de izquierda o centroizquierda- y también a quienes votaron por las candidaturas principales a que reexaminen su voto. La asunción de estas bases políticas de campaña, por parte del FIT, debe reforzar una política de frente único en todos los planos -spots comunes, actos y recorridas comunes en los distritos. En particular, resaltamos la importancia de convocar a un congreso o plenario del movimiento obrero y la izquierda, para discutir un programa y un curso de acción frente al ajuste que ya se viene aplicando y el paquete de medidas que se prepara y comprometer, asimismo, al activismo obrero y al clasismo en la lucha electoral. El kirchnerismo no puede ni debe infisionar los sindicatos e internas recuperadas -su “lugar sindical” es el de la burocracia que sostiene, en sus diferentes matices, un acuerdo estratégico con el gobierno del ajuste. Dirijámonos a todo el pueblo a explicar que “al ajuste, le hacemos frente con la izquierda y los trabajadores”. Foto: Sebastián Baracco

31 de agosto de 2017
Repudio del Polo Obrero al atentado contra Julia Rosales
Corresponsal

El 29 de agosto se realizó una conferencia de prensa con numerosas organizaciones en el local de la CTEP Capital, en repudio al gravísimo atentado contra Julia Rosales, dirigente de la CCC-PCR baleada cobardemente en la puerta de su casa por un individuo que montado en una motocicleta descargó cinco tiros sobre la compañera con el objetivo de asesinarla. El Polo Obrero, que participó de la conferencia, denunció y repudió el accionar mafioso contra la dirigente: “El ataque se da en medio de una ofensiva mediática y gubernamental contra militantes populares: la estigmatización de la lucha del pueblo mapuche, los ataques del gobierno a organizaciones de izquierda y el accionar encubridor y cómplice del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, son el marco donde se desarrolla este ataque a la dirigente de la CCC. Más que nunca es necesario reforzar la movilización popular del próximo viernes 1° de septiembre y exigir que se vaya Patricia Bullrich. Aparición con vida de Santiago Maldonado, juicio y castigo a los responsables del ataque a la compañera Julia Rosales”.

31 de agosto de 2017
Nuestro voto crítico a la ley de alquileres

En la sesión del jueves 24, la Legislatura porteña votó una “ley de alquileres” presentada por el oficialismo. La ley establece que el pago de la comisión que cobra la inmobiliaria debe ser cargado al propietario, eximiendo al inquilino, como ocurría hasta el momento. Es un histórico reclamo de las organizaciones de inquilinos en su búsqueda de limitar las penurias y los términos abusivos que se plasman en los contratos de alquiler. Esta cuestión desató una polémica por la férrea oposición a la ley por parte de las cámaras de inmobiliarias que temen un retiro de la oferta y la merma del negocio. Por otra parte, la iniciativa es un reconocimiento de una crisis habitacional explosiva, que tiene dos componentes principales. Por un lado, el mismo gobierno que exime del pago de la comisión al inquilino, encarece el costo de vivir en la Ciudad. A través de la venta de tierras públicas para megaproyectos inmobiliarios especulativos, que son en buena parte financiados por el blanqueo de capitales, el gobierno ha impulsado el valor de la vivienda y los alquileres. En el último año, los alquileres en la Ciudad aumentaron un 46,7%, según la estimación de la Dirección de Estadística porteña, superando incluso el índice de inflación. Por otro lado, el salario y las jubilaciones de los trabajadores no acompañan esta evolución, lo que ha llevado la relación salario-vivienda a la más desfavorable de la historia. Si tenemos en cuenta que el salario promedio en la Ciudad es de 17.000 pesos y el alquiler de una vivienda familiar alcanza los 9.000, sin contar expensas, tenemos que en el caso de familias con un solo ingreso o en los sectores con trabajos en negro o precarios el alquiler puede representar más de la mitad del salario. A esto hay que sumar el aumento de las expensas y los tarifazos en la luz, el gas, el agua y ABL. Teniendo en cuenta el conjunto de la situación, se ve con claridad que la “ley de Alquileres” es apenas un paliativo, un pequeño alivio frente a una grave situación generada por la política del gobierno. Incluso no se nos escapa que del otro lado del mostrador muchas veces se encuentran trabajadores o jubilados que con el alquiler de una pequeña propiedad completan penosamente un ingreso que les permita llegar a fin de mes, los que ahora deben cargar con la comisión. El avance de la venta de tierras con fines especulativos coloca a unos y otros frente a una tendencia expulsiva de la población trabajadora de la Ciudad. Sólo en 2016 se vendieron o concesionaron más de 200 hectáreas de tierras públicas para esos fines. Este cuadro complejo exigía de parte de una bancada socialista no perder de vista de que finalmente la ley es una reivindicación para el eslabón más débil de esta cadena, el inquilino. Por lo tanto, desde la banca de Marcelo Ramal dimos un voto crítico a la ley, lo cual abrió un debate dentro del Frente de Izquierda con Laura Marrone y el legislador de Zamora, quienes se abstuvieron. Para el PO, se trata de un peldaño que expone una crisis habitacional de conjunto y que no tiene salida en el marco del dominio del capital financiero-inmobiliario. A partir de allí planteamos la unidad de inquilinos y trabajadores pequeño-propietarios con una política opuesta: la reserva de la tierra pública para la construcción de viviendas populares, parques verdes públicos, escuelas y hospitales; el control vecinal del desarrollo urbano para terminar con la especulación inmobiliaria; los créditos a tasa cero e impuestos al capital inmobiliario especulativo y, finalmente pero no menos importante, la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (incluyendo la vivienda) y el 82% móvil para los jubilados.

31 de agosto de 2017
Textil Neuquén: El gobierno ni siquiera cumple con el acuerdo precario

Las obreras de Textil Neuquén realizaron una agitación y volanteada en la ruta 7, que atraviesa el Parque Industrial de Neuquén, como parte de la lucha que vienen llevando adelante en defensa de sus fuentes de trabajo. Es que, hace 45 días, las obreras, que desde febrero ocupan la fábrica, firmaron un acuerdo que el gobierno no está cumpliendo ni haciendo cumplir. El acuerdo El “acuerdo”, que se basa en una mediación de la Fiscalía en la causa judicial por usurpación del predio, contempla que una empresa rosarina monte un galpón, se lo alquile a las obreras textiles constituidas en cooperativa y le compre una parte de la producción. Las obreras producirían con sus propias máquinas -las que devolvió la patronal vaciadora y nunca pagó al ente estatal que se las financió. Pero, durante cinco años, las obreras deberán destinar el 20% de sus ventas a pagar dicha maquinaria al gobierno. En la Legislatura, el bloque de diputados del Movimiento Popular Neuquino (MPN) impulsó una Declaración de “reconocimiento” a ese proceso judicial que posibilitó “conservar la fuente laboral” y reivindicó lo actuado por el gobierno provincial. Y contó con el apoyo de todas las bancadas patronales, desde Cambiemos hasta el massismo. La Declaración, además de haber funcionado como una maniobra electoral del MPN, fue un aval a la judicialización de los conflictos laborales y a la tercerización laboral. Oportunamente, cuando se firmó el acuerdo, las obreras denunciaron: “Cobraremos las indemnizaciones nueve meses más tarde y sin indexar”. También señalaron que “el galpón es de menor tamaño al que se necesita y no entran todas las máquinas” y que “el gobierno lo único que hace es ayudar a empresarios. Es todo una pantalla de campaña” ( Río Negro , 21/7). Por su parte, el empresario rosarino completó el panorama con otros detalles. Dijo: “Hace cuatro años que comercializamos en Neuquén, y buscábamos producir aquí a través de cooperativas. El canal de venta ya lo tenemos trabajado. Sabemos cuáles son los productos, lo que nos faltaba era mano de obra para poder producir” (ídem). Se trata de un acuerdo precario, que representa un salvataje empresarial a costa de la desesperación y la coacción estatal contra la parte obrera. Para colmo, el limitado acuerdo está siendo incumplido. Incumplimiento Las obreras, que la semana pasada visitaron el predio, denuncian que no se avanzó nada en la obra para acondicionar el lugar a las necesidades de producción de la cooperativa obrera. El empresario santafesino alega que aún el acuerdo con el gobierno no está firmado, a pesar de los rimbombantes anuncios hechos por el gobernador hace un mes y medio. Las obreras también denuncian que no les entregaron las maquinarias ni les pagaron las indemnizaciones. Por eso, su lucha continúa, ahora por el cumplimiento del acuerdo.

31 de agosto de 2017
Felipe Vallese y la historia oficial

Un 23 de agosto de 1962, hace 55 años, bajo el gobierno títere de las Fuerzas Armadas encabezado por José María Guido, se produjo la desaparición de Felipe Vallese. No fue el primer secuestrado-desaparecido de la Argentina -como algunos medios ligados al nacionalismo quieren hacer creer (1) - aunque sí el primer peronista en sufrir esa suerte. A mediados de 1958, Felipe Vallese, con 18 años, era estudiante en una secundaria nocturna y se ganaba la vida como operario en la fábrica metalúrgica TEA (Caballito), donde fue elegido delegado. Activista peronista, era miembro de uno de los tantos grupos referenciados en la Resistencia Peronista, un nombre que encubre una tergiversación histórica. La dirección del movimiento justicialista, en manos de Perón y sus sucesivos “comandos”, jugó un papel de desorganización y desvío de la lucha de la clase obrera. Después de su rendición y huida ignominiosa en el ’55 -sin lucha y con fuerzas militares leales superiores a las amotinadas-, la línea de Perón era el guiño a un cuartelazo militar, mientras entre bambalinas se empeñaba en la “institucionalización” de la dictadura, un remedo de democracia con el movimiento nacionalista proscripto y la tutela de las Fuerzas Armadas. Cuando el golpe militar fracasó y culminó en el fusilamiento de obreros y militares, Perón tramó el pacto con Frondizi y llamó a votarlo en 1958. Con el ascenso del presidente “desarrollista” se inició el período de entregas al capital financiero que aún no ha concluido, aunque asociado a la nueva capa dirigente de los sindicatos. Frondizi promulgó la ley de Asociaciones Profesionales, lo que significó retomar el proceso de estatización del movimiento obrero y de regimentación de las luchas obreras -establecía el reconocimiento de un solo sindicato por industria y abolía la representación de las minorías. Fue el caldo de cultivo de una nueva burocracia sindical, cuyo nombre emblemático sería el de Augusto Timoteo Vandor, dirigente máximo de la UOM hasta su asesinato. En forma paralela a estas maniobras, una serie de atentados permitían ocultar la política del peronismo invocando una “táctica insurreccional”. Con este telón de fondo se desenvolvió un agudo y creciente proceso de huelgas, retiros de colaboración, trabajo a desgano en fábricas y lugares de trabajo orientado por un activismo que hizo su tarea con métodos, en muchos casos, forzosamente clandestinos. La burocracia de la CGT había sido un cuerpo muerto a la hora de enfrentar la Libertadora en 1955. El vacío dejado por su caída fue ocupado por un movimiento obrero que enfrentó y puso un límite a la ofensiva patronal-dictatorial. “Con todo, la clase obrera, en especial desde 1955 a 1959, luchó denodadamente por liquidar la influencia de la burocracia y su dominio” (2) . Las huelgas producidas en 1956 y 1957 llegaron a niveles jamás alcanzados en la década anterior. Huelgas por el salario, contra la pérdida de conquistas laborales y, en definitiva, por el dominio de los lugares de trabajo que las patronales pretendían ganar apoyándose en la dictadura. Este ascenso de la clase obrera produjo un hecho notable: en 1958, el salario real era superior en un 12,7% respecto del año anterior y en casi un 8% respecto al de 1950 (3) . Toda una franja de esta vanguardia obrera intentó una delimitación. Ante la orden de votar a Frondizi, un vasto sector del activismo peronista repudió al candidato por “gorila” y llamó al voto en blanco, que superó los 800.000 votos, tercera fuerza y casi un 10% del electorado (4) . Felipe Vallese formó parte de ese activismo. “En febrero del año 1958 desobedece, como varios otros compañeros, la orden de Perón de elegir a Arturo Frondizi para presidente y vota en blanco. Ese año participa de las movilizaciones estudiantiles en favor de la enseñanza laica y termina expulsado del colegio. También ese año va preso a la cárcel de Caseros, por organizar un paro” (5) . “El papelito que se perdió” Felipe Vallese volvió a ser arrestado en enero de 1959, esta vez por respaldar la huelga general en apoyo a la ocupación del Frigorífico Lisandro de la Torre (14 de enero 1959) contra la privatización resuelta por el gobierno de Frondizi. La dirección sindical, que se reconocía en el liderazgo de Perón, expuso entonces y después sus limitaciones. Una huelga general indefinida impuesta desde la base y empeñada en una lucha de barricadas, fue levantada en una traición memorable de la cúpula de las 62 Organizaciones. Aceptaría más tarde, sin lucha, el desconocimiento de la victoria del peronismo en ocho de las catorce provincias, incluida la estratégica Buenos Aires, en marzo de 1962. Frente a la desaparición de Felipe Vallese, la UOM no hizo absolutamente nada. En palabras de la naciente (nueva) burocracia sindical metalúrgica: “Al tomarse conocimiento de la insólita detención, se interpuso un recurso de hábeas corpus” (6) . José Leopoldo Barraza, el hombre que investigó la vida del activista, agregó un dato revelador: “Felipe le manda un mensaje al dirigente gremial Augusto Vandor, secretario general de la UOM, donde le dice dónde está y que movilice al gremio para sacarlo. Un SOS a la vida. Este mensaje fue entregado en propias manos por el compañero de cárcel de Felipe. Pero el papelito, muy chico, se perdió por algún resquicio del traje: el que usaba el señor Augusto Vandor en ese momento” (7) . En el minuto postrero y decisivo, la burocracia sindical no reconoció a Vallese como uno de los suyos. El ocultamiento Los ocho artículos de la certera investigación de Barraza sobre la desaparición de Vallese nunca fueron publicados. Es más, una figura histórica del peronismo, Eduardo Luis Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos en los gobiernos K (2003/2012), hizo un intento de denigrar el trabajo de J. L. Barraza. Lanzó en 2002 una segunda edición del libro que había escrito con Rodolfo Ortega Peña en 1967 -Felipe Vallese Proceso al Sistema- negando las conclusiones escritas cinco años después de la desaparición de Vallese. En la primera edición ambos autores exaltaron el trabajo de Barraza. En la segunda, Eduardo Luis Duhalde no sólo dice estar “convencido” de que la UOM actuó bien, sino que denuncia a Barraza por intencionalidad política en su trabajo: “Barraza, quien tenía una fuerte concepción antiburocrática que compartía con el diario ‘Compañero’, construyó la teoría de la responsabilidad de la UOM por no haber hecho lo suficiente” (8) . Frente a la imputación de Barraza de que la UOM no decretó la huelga general (ni ninguna otra medida), Duhalde sostuvo que “objetivamente fue casi (¿?) imposible hacerlo en aquel agosto de 1962… en el marco de una situación nacional caótica, tras la anulación de las elecciones nacionales (que había ganado el peronismo) y la deposición de Frondizi”. Invocó el clima de efervescencia política y movilización sindical, “en los que las detenciones estaban a la orden del día", para justificar la inacción. Poco serio. La derrota de la huelga general por el Lisandro de la Torre abrió un período de reflujo en el movimiento obrero, pero la burocracia sindical fue un factor activo en ese retroceso: ante el desconocimiento de las elecciones ganadas por el peronismo, convocó una huelga de protesta (23 de marzo de 1962) que tuvo un fuerte acatamiento, pero luego se llamó a silencio, defendiendo las prebendas obtenidas del gobierno y adoptando una política de inmovilismo frente a la disputa militar entre azules y colorados. La burocracia apostaba a los primeros, partidarios de una ofensiva histórica contra las masas, pero apoyándose en la burocracia sindical. El líder militar de la facción azul era Onganía. En su asunción, luego del golpe contra Illia, en 1966, en la Casa Rosada, pudo verse, en un lugar ostensible, a Augusto Vandor. Notas 1. Antes que él, fue fusilado y desaparecido, bajo el golpe de Uriburu, Joaquín Penina, militante anarquista (1930), desaparecieron -quizás asesinados y tirados al Río de la Plata- Roscigna, Vázquez Paredes, Malvicini, también militantes anarquistas, bajo el gobierno de Agustín P. Justo. En 1955, en el segundo gobierno de Perón, fue secuestrado y desaparecido Juan Ingalinella, militante comunista. 2. Política Obrera 2-3, Editorial, septiembre 1964. 3. Marcelo Cavarozzi: Sindicatos y política en Argentina 1955-58 , Estudios CEDES, Buenos Aires, 1979. 4. En oposición a este voto de independencia obrera, el PC y Palabra Obrera (antecedente del PST y el MAS) llamaron a votar a Frondizi, para “no dividir el voto obrero peronista”, ambos en la vereda opuesta a una política de independencia política de la clase obrera. 5. Diario El Mundo , edición del 25/8/62. 6. UOM: “Vallese, proceso de un crimen impune” (folleto), Buenos Aires, 1963. 7. José Leopoldo Barraza: Revistas 18 de Marzo y Compañero , 1963. 8. Ortega Peña, Duhalde: Felipe Vallese Proceso al Sistema , Editorial Punto Crítico, Buenos Aires, 2002.

31 de agosto de 2017
Córdoba: Se presentó la Lista Fucsia en el Suoem
Isabel Argüello

El próximo 12 de octubre serán las elecciones en el Suoem, el sindicato de trabajadores municipales de Córdoba Capital. En la elección se presentan dos listas: la Verde (actual conducción) y la Fucsia. Esta última, conformada por trabajadores y luchadores de distintas reparticiones (áreas operativas, dispensarios, hospitales, escuelas, CPC, etc.), se planta como la única alternativa independiente, con un fuerte agrupamiento que es una flamante referencia para dar una salida concreta a la parálisis del sindicato. El intendente Ramón Mestre (UCR-Cambiemos) pretende profundizar su planteo de ajuste. Ha lanzado una ofensiva contra los trabajadores municipales publicando sus datos personales para preparar el terreno para sus ataques. El acuerdo salarial de este año fue a la baja, del 15%, con una cláusula gatillo que nunca se cumplió y que ni siquiera se plantea hacer cumplir. A esta pérdida salarial, que se viene arrastrando desde hace tiempo, hay que sumarle el exorbitante robo del impuesto a las Ganancias. Su plan de ajuste lo completan el vaciamiento sostenido de las reparticiones, la tercerización y la precarización laboral, que hacen de la municipalidad un refugio de sus propios negocios. El ataque de Mestre al sindicato llevó a una fuerte parálisis de la comisión directiva, que permitió el avance de esta política contra los municipales. Una muestra cabal de ello son los descomunales descuentos y sanciones por paros y asambleas. Para intervenir en la vida gremial, Mestre jubiló de hecho al secretario general, Rubén Daniele, quien luego de rechazar esta decisión intempestiva y de manifestar que iba por un nuevo mandato en el sindicato, se bajó horas antes de que se presenten las listas. Daniele colocó en su lugar colocó a Beatriz Biolatto, actual secretaria de Educación del gremio, reconocida por instalar entre los docentes la regimentación y los negocios de los cursos pagos. La renovación de la directiva es parte de una disputa que pone en juego muchos negocios de la lista Verde. Estas disputas, que nada tienen que ver con reclamos sindicales, hacen a nuestra organización completamente permeable a la política de ajuste del gobierno. Ni oficialistas (Verde) ni “opositores” (Naranja, que se sumó a la Verde en estas elecciones) buscaron una salida para sacar al sindicato de la parálisis, por el contrario se unificaron para defender una camarilla que está atravesada por intereses comunes con el Ejecutivo municipal. La renuncia de Daniele es un guiño a Mestre en su política de intromisión en el sindicato y le da el respaldo que no tiene en la población para intentar imponerles nuevas derrotas a los municipales. Una política que ya desarrolló con los despidos y los desafueros en UTA. En contraposición con el derrotero de entregas de la directiva aparece la lista Fucsia, como una bocanada de aire fresco para defender a los trabajadores municipales, su organización, y enfrentar el ajuste de Mestre. El oficialismo Verde ha hecho lo imposible para que la Fucsia no se presente, apretando hasta el último respiro a los candidatos, maniobrando con el intento de presentar una lista paralela (“la tricolor”) para sacar de la escena a la Fucsia, pero no ha podido doblegar ni torcer la firmeza de nuestra lista independiente de esos aparatos burocráticos y mafiosos. Sólo una lista independiente, sin ligazón con las patronales ni con los gobiernos ajustadores, y con los negociados y estafas, puede resistir y avanzar contra estos ataques al conjunto de los trabajadores y plantarse como alternativa de poder en el sindicato. La presentación de la Fucsia, con Susana Rins como candidata a secretaria general, significa un enorme impulso de lucha para el Suoem para despegarlo de los negocios del Ejecutivo que lo tiene sumido en la parálisis. Vamos con la Lista Fucsia para: •Terminar con la tercerización de los servicios municipales y enfrentar el vaciamiento de las áreas operativas; • Recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario, el 82% móvil y defender nuestra caja de jubilaciones, frenando la armonización; • Continuar la lucha por la derogación del impuesto a las Ganancias. •Plena libertad y defensa del derecho de huelga y de asambleas. No a los descuentos. • Por un sindicato independiente del gobierno, para defender la lucha y las conquistas de los trabajadores municipales.

31 de agosto de 2017
La revolución rusa y el no pago de la deuda externa

La usura está en el origen del capital, forma parte de su “acumulación originaria”. La evolución del sistema capitalista, y su transformación en imperialismo, ha incorporado a la usura, al capital puesto a interés, como una de las formas de apropiación de la plusvalía. Pero, además, al expandir a todo el globo los préstamos a los Estados, ha sumado la explotación de naciones enteras, por esta vía, al ciclo de acumulación del capital, y a su forma más concentrada, el capital financiero. En los países centrales, una parte de los recursos que recibe la clase capitalista se origina, en forma parasitaria, de la renta de los bonos de la deuda pública. En los países atrasados, la deuda pública (con un mayoritario predominio del capital financiero internacional, aunque también participa la propia burguesía nacional) es una fuente de confiscación de los recursos nacionales. Esta deuda y sus intereses, impuesta por gobiernos y banqueros imperialistas en condiciones leoninas, ahoga la economía de los países atrasados. Es lo que sucedía en la Rusia zarista, sumergida en la carnicería de la primera guerra mundial. Según Trotsky ( Historia de la Revolución Rusa ): “En 1915, la guerra le costó a Rusia diez mil millones de rublos; en 1916 otro tanto; en la primera mitad de 1917, diez mil quinientos millones. A principios de 1918, la deuda pública había de ascender a sesenta mil millones, representando casi tanto, por consiguiente, como toda la riqueza nacional, que se calculaba en unos setenta mil millones”. Es decir, casi el 90% del PBI. Los gastos bélicos acrecentaron el déficit de las finanzas públicas del régimen zarista y lo llevaron a contratar empréstitos con bancos de los países imperialistas: Francia, Gran Bretaña, Bélgica y, en menor medida, Alemania. El estallido de la revolución y la caída del zar en febrero 1917 crearon la ilusión en las masas rusas de que estaba próximo el fin de la guerra. Pero… nuevamente Trotsky ilustra: “El Comité ejecutivo central (de los soviets, dirigidos por mencheviques y social revolucionarios conciliadores con el gobierno provisional) redactó un proyecto de proclama abogando por un empréstito de guerra con el pomposo nombre de "Empréstito de la Libertad"; el gobierno, por su parte, llegaba a la fácil conclusión de que sin un nuevo y grandioso empréstito exterior, no sólo no podría pagar los pedidos hechos al extranjero, sino que no podría siquiera cumplir las obligaciones interiores. El déficit de la balanza comercial crecía constantemente. Era evidente que los aliados se disponían a abandonar al rublo a su propia suerte. El mismo día en que la proclama sobre el "Empréstito de la Libertad" llenaba la primera página de las Izvestia de los Soviets, el mensajero del gobierno dio cuenta de la catastrófica baja del rublo. La prensa de estampar billetes no daba ya abasto por la inflación”. Con el nuevo gobierno provisional, Rusia no se retiraba de la guerra y seguía endeudándose y hundiendo las finanzas del país. El antecedente de 1905 En 1905 estalló la primera revolución rusa, impulsada por la derrota del zarismo en su guerra con Japón. El déficit fiscal del gobierno zarista lo impulsaba a endeudarse. El soviet de San Petersburgo, cuyo presidente era Trotsky, emitió un “Manifiesto Financiero” el 2 de diciembre denunciando ese endeudamiento. Trotsky, en Mi Vida, su autobiografía, considera que el Manifiesto fue la gota que rebalsó el vaso. El 3 de diciembre, el soviet en pleno fue detenido: “A mí me detuvieron al día siguiente de haberse publicado el llamado ‘Manifiesto Financiero’, en él proclamábamos que la bancarrota de la Hacienda zarista era inevitable, y declarábamos categóricamente que el pueblo victorioso no reconocería las deudas contraídas por los Romanov. ‘La autocracia no ha tenido jamás la confianza del pueblo, ni ha recibido de éste mandato alguno’, decía en aquella declaración el Soviet de los Diputados Obreros. ‘Decretamos, por tanto, que no hemos de consentir que sean saldadas las deudas nacidas de todos esos empréstitos emitidos por el gobierno zarista, en abierta guerra contra el pueblo’. A los pocos meses la Bolsa francesa contestaba a nuestro Manifiesto abriendo al zar un nuevo empréstito de 3.250 millones de francos. La prensa reaccionaria y la liberal se burlaban de aquella amenaza fanfarrona que los soviets dirigían a la Hacienda zarista y a los banqueros europeos”. El derrumbe militar del zarismo en 1917 vino, nuevamente, acompañado por la bancarrota financiera del régimen. Volvió a plantearse con fuerza acabar con el militarismo, la guerra y la deuda pública. Pero esta vez, la revolución lo efectivizaría realmente. Terminar con la deuda y nacionalizar los bancos El primer acto del gobierno soviético dirigido por los bolcheviques que asume con la revolución de octubre es anunciar el fin de la guerra. Pero Rusia debía enfrentar una catástrofe económica. Se planteó, entonces una medida democrática y de transición, el desconocimiento de la deuda pública contraída por el zarismo. El 10 de enero de 1918, el gobierno suspendió el pago de la deuda externa: bloqueó el pago de los intereses y las amortizaciones de los bonos y la remisión de beneficios de las empresas extranjeras a sus casas matrices. En tiempo récord el gobierno soviético realizó una investigación y el 21 de febrero, el Soviet Supremo decretó: “Todos los préstamos estatales contraídos por los gobiernos de los terratenientes y de la burguesía rusa… son declarados en este acto nulos a partir de diciembre de 1917. Los cupones de estos préstamos correspondientes a diciembre no serán pagados… Los préstamos externos sin excepción son anulados incondicionalmente”. El decreto expropiaba al gran capital financiero que había esquilmado a la nación y al pueblo trabajador de Rusia. No anulaba los derechos de los pequeños ahorristas: “Los ciudadanos de escasos recursos que posean títulos de deuda estatal anulados correspondientes a la deuda interna, en cantidades no superiores a 10.000 rublos (valor nominal), recibirán a cambio certificados denominados del nuevo préstamo de la República Socialista… por una suma que no exceda de los 10.000 rublos”. Revolución y finanzas Este decreto fue acompañado por otro que planteaba la expropiación de la banca, sin pago de indemnización. Desconocer la deuda llevaba directamente al manejo estatal de la banca. Ya que si la banca fue manejada por los capitalistas, éstos sabotearon las medidas del gobierno revolucionario. En esto, la revolución rusa aprendió de la experiencia de la Comuna de París de 1871. Habiendo tomado el poder la clase obrera, no se atrevió (no comprendió la importancia) a allanar los bancos y usar los fondos para el desarrollo de un plan de gobierno. Marx, en su época, señalo fuertemente esta limitación del proletariado revolucionario francés. Los bolcheviques rusos habían asimilado la lección. Unidad imperialista contrarrevolucionaria El revolucionario Víctor Serge ( El año I de la revolución rusa ) señala que la anulación de la deuda pública “era un golpe directo contra la alta banca internacional y los imperialismos aliados”. Con el retiro de Rusia de la guerra mundial y la anulación de la deuda externa, el Gobierno Soviético consumaba “su ruptura definitiva con los aliados” (ídem). El desconocimiento de la deuda usuraria replanteó la solidaridad de clase entre imperialismos -enfrentados a muerte en la guerra- contra la revolución rusa. Serge relata que el embajador de Inglaterra, declaraba el 18 de diciembre “¡en tono conciliador!” que su gobierno aguardaría a que “se constituyera en Rusia un gobierno estable, reconocido por el pueblo”. Los aliados alentaban que Rusia siguiera en la guerra mundial, acorde los compromisos contraídos por el anterior régimen. Pero cuando los soviets proclamaron el no pago de la deuda, el alto mando militar alemán y los aliados promovieron una nota común dirigida al gobierno de los Comisarios del Pueblo, planteando: “los embajadores y los ministros plenipotenciarios aliados y neutrales acreditados en Petrogrado ponen en conocimiento de la Comisaría de Asuntos Exteriores que consideran que todos los decretos del gobierno obrero y campesino acerca de la anulación de los empréstitos del Estado, las confiscaciones de bienes, etc., como inexistentes en cuanto pueden afectar a los intereses de los extranjeros”. La importancia del no pago de la deuda -que fue reclamada durante largas décadas por el imperialismo mundial- resultó esencial. Las reservas de oro rusas, depositadas en Kazán, cayeron en manos de la contrarrevolución a comienzos de la guerra civil. Proveyeron a los ejércitos blancos contrarrevolucionarios de una base financiera durante mucho tiempo. La reserva ascendía a 6.500 millones de rublos, más 100 millones de “diversos valores, depósitos de oro y de platino”. El almirante Kolchak, uno de los líderes contrarrevolucionarios, dispuso de la reserva de oro robada al gobierno soviético. Este oro ruso pagó el armamento de los blancos y la intervención imperialista en la guerra civil contra los soviets. El principio del no pago de la deuda pública fue incorporado a la ‘Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado’ adoptada por el Tercer Congreso de los Soviets en enero de 1918 e incluida luego como preámbulo a la primera Constitución Soviética: “El Tercer Congreso de los Soviets de Rusia considera al decreto relativo a la anulación de los préstamos negociados por los gobiernos del zar, de los propietarios y de la burguesía como el primer golpe dado al capitalismo financiero internacional, y expresa la esperanza de que el poder de los soviets avanzará resueltamente en este camino hasta la victoria completa de la revolución obrera internacional contra el yugo del capital”.

31 de agosto de 2017
Los trabajadores de Clarín rechazan aprietes patronales para aceptar retiros
Corresponsal

La asamblea de trabajadores de AGEA-Clarín “votó de forma unánime el apoyo incondicional a los compañeros intimados por distintos jefes para que adhieran al retiro ‘(in)voluntario’ y el rechazo a esas presiones. Las interpretamos -dice un comunicado de la Comisión Interna- como veladas amenazas de despidos”. Se planteó iniciar una campaña bajo las consignas "Sin periodistas no hay periodismo” y "Basta de retiros (in)voluntarios". Este nuevo rechazo mantiene una línea de continuidad con las medidas de lucha del año pasado (quites de firmas, cortes de calle, cacerolazos), una rebelión interna que tuvo como lema: “Pagame por quedarme y no porque me vaya”. La política de los retiros voluntarios, que se cuentan por cientos dentro de las redacciones de Clarín, acompaña el plan de la ‘convergencia’: se trata de un esquema que, bajo la bandera de la “vanguardia tecnológica”, multiplica la producción con menos trabajadores, precarizados y multifuncionales, en medio de la coexistencia del formato papel y la web. En la naturaleza de este modelo hay un proceso de descalificación del oficio periodístico. La política de la ‘convergencia’ no es producto del extraordinario avance de la ciencia y la tecnología, sino una reorganización de los medios masivos de comunicación como rescate capitalista ante la crisis. Esta ofensiva de la patronal de Clarín se enmarca en un ataque de las patronales en todo el gremio, con despidos en el grupo Crónica de los Olmos; el cierre del Buenos Aires Herald; el vaciamiento en Radio del Plata; la falta de pago del aguinaldo en Perfil; el retraso y la censura en Ambito Financiero; la falta de pago del aumento salarial de convenio en Página/12 y, más allá de Buenos Aires, con los despidos en el diario Los Andes de Mendoza. Tras la importante jornada de lucha del Sipreba en todas las redacciones durante la primera semana de agosto -con asambleas y reclamos- es necesario sumar más fuerza con la convocatoria a un nuevo plenario abierto de delegados y trabajadores de prensa para decidir nuevas medidas de lucha de conjunto en el gremio. La asamblea, además, reclamó la urgente aparición con vida de Santiago Maldonado. Lo hizo a través de una foto colectiva, tomada en medio de la redacción, con carteles que apuntaban: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. El pronunciamiento de los trabajadores de Clarín por Santiago -cuya desaparición forzada es responsabilidad de la Gendarmería de Patricia Bullrich tras la represión en Lof Cushamen-, vuelve a poner de manifiesto que los trabajadores de Prensa y las empresas en las que trabajan (las líneas editoriales, las operaciones políticas) no son lo mismo. Ahí sí hay una profunda grieta.

31 de agosto de 2017
Misiones: Importante votación en toda la provincia

En Misiones, el Frente Renovador -que no es el massismo sino un sector del PJ- cosechó 260 mil votos y revalidó su condición de principal fuerza patronal de la provincia. Se trató, sin embargo, de un triunfo con cierto sabor amargo ya que sufrió una dura derrota a manos de Cambiemos en la capital de la provincia y en importantes localidades del interior, como Oberá. El FR ha pagado el costo de ser pro-oficialista del gobierno de turno, ahora con el macrismo y antes con el kirchnerismo. Por su parte, Cambiemos se consolidó como segunda fuerza y mejoró su elección respecto de 2015. De repetirse estos resultados, colocaría un senador y un diputado nacional. El frente kirchnerista PAyS (Partido Agrario y Social), compuesto por Patria Grande y Nuevo Encuentro, obtuvo 70 mil votos apostando a un discurso "opositor" y al voto de la pequeña burguesía agraria, en crisis por la política económica macrista. Sin embargo, los K le votan el presupuesto y las autoridades de la Cámara al gobierno del FR. Unidad Popular, un sector del PJ alineado directamente con Macri, logró un 4% al igual que el partido local que responde a Sergio Massa, furgón de cola del FR provincial. El Partido Nuevo Octubre-Podemos (de un ex intendente del PJ de Puerta y De la Sota), un armado político de carreristas con ex PRO, kirchneristas, etc, obtuvo un 3% y el progresismo de la CTA estuvo cerca del 2,2%. El Partido Obrero El Partido Obrero logró casi un 3% de los votos, un importante registro ya que por primera vez logramos superar el piso de las Paso y lo hicimos de manera holgada, con más de 18.000 votos. Este resultado es producto de un importante trabajo militante que nos ha permitido un fuerte desarrollo partidario en las localidades donde ya estábamos: Posadas, Eldorado, Iguazú, Bernardo de Irigoyen y Oberá y la apertura de nuevos espacios de militancia en Puerto Piray, Colonia Victoria, Aristóbulo Del Valle y San Vicente. En las localidades del norte misionero, el PO se transformó en la tercera fuerza política con 10% en Puerto Piray, 18% en Colonia Victoria y 7,5% en Eldorado. El resultado se asentó en una participación activa de nuestros militantes en todos los frentes de lucha, como la del Polo Obrero ante la crisis laboral en la zona Norte de la provincia y la suba del boleto en Eldorado y la de las compañeras del Plenario de Trabajadoras en el caso Victoria Aguirre y en otras luchas contra la doble opresión de la mujer. También la de los compañeros de Tribuna Docente, que se destacaron en la lucha de los trabajadores de la educación a principios de año y los de Tribuna Estatal que tuvieron una importante participación en las luchas por los despidos en la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Esta intervención ha permitido ubicar al Partido Obrero como un referente en el combate contra el ajuste de Macri y el gobernador Hugo Passalaqcua, mientras los supuestos opositores presentes en la legislatura votan y acompañan todas las leyes nacionales y provinciales que atacan a los trabajadores. A pesar de no contar con desarrollo en todas las localidades, el Partido fue votado en todos los circuitos electorales, lo que demuestra que lentamente los trabajadores de la provincia comienzan a ver en el PO una herramienta de lucha contra la avanzada antiobrera. El desafío de cara a octubre La tarea que se abre ahora es inmensa. En primera instancia debemos encarar una campaña que nos permita consolidar la votación obtenida en las Paso para reforzar la instalación del PO como herramienta para las luchas de la clase obrera. En las Paso ni el FR ni Cambiemos pusieron en juego sus estructuras clientelares. En octubre, se eligen diputados provinciales y concejales donde los partidos patronales van a poner en funcionamiento el perverso sistema de Ley de Lemas que permite utilizar varias listas de arrastre para cooptar el voto de los trabajadores. Es necesario que organicemos la intervención y transformemos esa simpatía lograda entre los trabajadores en un desarrollo partidario en toda la provincia.

31 de agosto de 2017
Elecciones de Ctera: votemos a la Multicolor

En los últimos días, el gobierno ha blanqueado públicamente su ofensiva contra la educación: “Todos los alumnos deberán trabajar en el último año”, tituló Clarín (29/8); todo ello para absorber la mayor parte del tiempo escolar “en aprendizaje dentro de las empresas y el resto al desarrollo de habilidades relacionados con el emprendedorismo”, es decir, a la actividad laboral “monotributista” (ídem); “Las secundarias tendrán un foco más empresarial” (La Razón, 29/8). Esta política de derruir con pico y pala a la educación pública y transformarla en un desvalorizado entrenamiento laboral va de la mano de la reforma laboral (anulación de los estatutos docentes) y del ajuste (escuelas autónomas que armen su proyecto pedagógico de acuerdo con las necesidades socioproductivas locales y en función de lo cual recibirán financiamiento). De acuerdo con el proyecto de esta “secundaria del futuro” que está implementando Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, pero que se extenderá a todo el país, los docentes dejan su lugar a “facilitadores pedagógicos”, los que acompañarán la “trayectoria” educativa del alumno sólo en un 30 por ciento. El resto de este camino de formación de mano de obra barata se realizará en forma autónoma por parte del alumno. Estos son los preceptos básicos del pomposamente llamado “Plan Maestro”, lo que se completa con la eliminación de la paritaria nacional. La reforma laboral y antieducativa es un claro testimonio de la convergencia de intereses de parte de todos los candidatos de los partidos patronales en el ajuste contra la clase trabajadora. Todos los pasos asumidos por las autoridades educativas del macrismo fueron aprobados por todos los ministros de Educación del país en el Consejo Federal de Educación (CFE). Las avanzadas de esta política son las gobernadoras K de Tierra del Fuego y de Santa Cruz. Ctera ha dejado pasar todo este ataque La docencia del país ha salido masivamente a enfrentar este atropello. Así lo demostraron las huelgas de comienzo de año, las movilizaciones multitudinarias en Plaza de Mayo y en la gobernación de Buenos Aires, la lucha de los docentes de Santa Cruz, que todavía no han podido cerrar un acuerdo salarial, y ahora se suma la lucha de los estudiantes en defensa de su educación con la toma de colegios contra la reforma en curso, mal llamada educativa. Por el contrario, Ctera ha permitido que se implemente el presentismo inhumano del llamado ítem aula en Mendoza, la eliminación de la paritaria nacional y el avance del “Plan Maestro”. La presencia de Hugo Yasky, secretario general de la CTA y jefe de Sonia Alesso y Roberto Baradel, como sexto candidato a diputado en la lista de CFK ratifica a la Lista Celeste como una dirección que defiende la política de Estado contra la educación. Es la política que Yasky va a votar como diputado del bloque del peronismo en el Congreso. Los sindicatos y seccionales multicolores a la cabeza de la lucha La contracara de esta adaptación de la Ctera a la política de los representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es la lucha de los sindicatos y seccionales multicolores de todo el país. Es la lucha que lleva a la recuperación de la Ctera al servicio de los reclamos docentes y de la defensa de la educación pública. Así lo expresó la base docente de Mendoza, que expulsó a la burocracia docente del Sute, en las recientes elecciones, llevando a la dirección del gremio a los que enfrentaron al ítem aula que la Celeste dejó pasar; o en la enorme elección de la Multicolor en el Suteba, con una votación que superó el 40 por ciento de los votos. El próximo 7 de setiembre convocamos a los docentes de todo el país a votar y fiscalizar por la Multicolor, encabezada por Sebastián Henríquez, secretario general del Sute, y Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza, e integrada por dirigentes docentes de 15 provincias, por una Ctera que represente realmente a los docentes, contra el “Plan Maestro” y la defensa de la educación pública, de las paritarias y de las condiciones laborales, y que ponga en pie un plan de lucha unificado por la nacionalización de la educación y un salario básico nacional que cubra la canasta familiar. La dirección de Alesso y Baradel está montando otra vez un fraude monumental, con padrones inflados, manipulación de lugares de votación, negativa de las juntas electorales provinciales a atender a los apoderados de la Multicolor. El 7 votá y fiscalizá por la Multicolor. Romina Del Plá - Daniel Sierra

31 de agosto de 2017
El juicio a Cristina Santillán: un fallo contra todas las mujeres
Rocío Vazquez y Juan Rubolino

En la cuarta jornada del juicio oral y público por jurado que se llevó a cabo en Azul se dio a conocer el veredicto del jurado que culpó a Cristina Santillán por “lesiones gravísimas” contra su esposo, de quien se defendió tras 40 años de violencia de género. La fiscal pidió 15 años de prisión. El hombre falleció seis meses después del episodio, tras ser externado por decisión de las autoridades de un hospital y alojado en un lugar donde carecía de asistencia médica. La sentencia se produjo al cabo de una larga jornada en el palacio judicial que albergó una importante cantidad de compañeras y compañeros que exigían la libertad y absolución para Cristina Santillán, logrando que este grito resuene en el tercer piso del palacio donde se desarrolló el juicio. Una fiscalía al servicio del machismo Este fallo sienta un precedente gravísimo para todo el movimiento de mujeres. La fiscalía a cargo de. Laura Margaretic, acompañada por el fiscal Javier Barda, se encargó durante todo el juicio de atacar a los testigos de la defensa que daban cuenta de la violencia de género que padeció Cristina Santillán durante 40 años de calvario. Este no fue el único blanco de ataque, sino que también se ensañó con vehemencia contra las organizaciones que reclaman la libertad de Santillán, llegando a decir incluso, que estas lanzaron una campaña mediática en base a mentiras. El alegato de la defensa dejó en claro que la fiscalía nunca tuvo perspectiva de género durante la investigación, y ello conllevó consecuencias nefastas para la verdadera víctima de esta historia. A la fiscal no le tembló la voz para poner en duda los contundentes y tremendos testimonios de sus hijos menores que ratificaron la violencia (física, sexual, psicológica y económica) que aplicaba su padre hacía su madre. Hecho totalmente miserable y repudiable desde donde se lo mire. La fiscalía actúa en este caso como portavoz y usina ideológica del Estado. En los dichos y ataques de Margaretic se encarnan la concepción machista y burguesa de la justicia. No sólo la fiscalía se valió de los ataques, sino que operó permanentemente sobre el jurado. Un paso para adelante, dos para atrás Pese a todo ello, la fiscalía no pudo penetrar con su discurso en el jurado. La fiscalía proponía cargar con todo el peso de la ley contra Cristina Santillán, achacándole el homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, el jurado popular desvinculó la muerte del violento con el suceso. Algo que las organizaciones venimos pregonando desde el inicio, sosteniendo la responsabilidad del Estado en este desenlace. En este punto es altamente valorable la férrea lucha que dio en todos los terrenos el movimiento de mujeres de Azul. ¿Cómo seguimos? La noche tuvo como corolario la militarización de las calles que rodean tribunales para proteger la salida de los fiscales. Como contrapartida, Cristina Santillán salió por la puerta delantera, abrazada por todos los activistas, y sosteniendo un cartel que ella misma escribió para llevar consigo al juicio en donde rezaba “por todas las mujeres del mundo y por Santiago Maldonado”. El movimiento de mujeres tiene que tomar nota de este fallo, y reafirmar la lucha contra el Estado que protege a los violentos y criminaliza a las víctimas. El viernes 1° de septiembre se conocerá la pena que le impondrán a Cristina. Es imperioso reforzar y fortalecer más que nunca la movilización popular para hacer oír a la Justicia nuestro reclamo de libertad para Cristina Santillán.

31 de agosto de 2017
Mendoza: Luego de las Paso

El sábado 26 y domingo 27 de agosto, el comité provincial del Partido Obrero elaboró las conclusiones de las Paso y definió su política hacia la batalla electoral de octubre. En ésta, la izquierda se juega revalidar la diputación nacional que compartirán Noelia Barbeito y Soledad Sosa mediante el método de la rotación. Oficialismo El oficialismo se alzó con una victoria que no puede ocultar su retroceso de varios puntos. Fue un triunfo a lo Pirro, ya que, de repetirse estos resultados en octubre, el gobernador Cornejo perdería la mayoría en las dos cámaras de la Legislatura provincial. Si Cambiemos pretendía plebiscitar su gestión, los resultados son negativos, pues ganó con el 38% de los votos, una de las elecciones más pobres de la UCR mendocina en los últimos tiempos, lejos del 48% de Julio Cobos en 2013 y del 46,5% de Cornejo en 2015 (42% en diputados nacionales). Para Cornejo no se trata solamente de “una elección para el olvido”: las aspiraciones del gobernador eran mantener la mayoría legislativa para avanzar en el proceso de reforma constitucional que le permitiera ser reelecto gobernador. En las barriadas obreras y populares, donde la política de guerra contra el pueblo trabajador se sufre más, los registros electorales del oficialismo se desmoronan, quedando en muchas zonas terceros debajo del FIT y el peronismo. En los barrios medios y acomodados sus registros crecen, pero perdiendo votos a manos del Partido Intransigente (PI). El llamado de Cambiemos a votar por “el orden” y para “no volver al pasado” no logró disimular en la población, pero especialmente entre los trabajadores, la destrucción masiva de puestos de trabajo, los techos salariales, los tarifazos y la legalización del autoritarismo patronal mediante una serie de leyes. Las posibilidades de un crecimiento hacia octubre aparecen limitadas para el oficialismo, más bien pareciera ser que su desafío es sostener lo que ya tiene. Si en meses no logró potenciar a los principales candidatos, no parece estar dentro de sus posibilidades hacerlo en las ocho semanas que quedan. Peronismo La enorme demagogia desplegada por los candidatos del peronismo no logró disimular su disgregación en cuatro listas. El triunfo del presidente del PJ, Omar Félix, con un 14,8% de los votos fue el resultado del apoyo del aparato partidario y las cinco intendencias que controla. El peronismo tradicional pretendió hacer de la “defensa de la industria nacional” su bandera, un desatino total para Omar Félix, uno de los firmantes del acuerdo secreto con Chevron cuando era director de YPF. Estos presentaron un plan para la creación de miles de puestos de trabajo, justamente lo contrario a lo que sucedió en los últimos años de gobierno peronista. Sin lugar a dudas, la sorpresa fue la elección del kirchnerismo. Su estrategia fue colgarse de las faldas de CFK, y con envión nacional. Colocaron sus esfuerzos en presentarse como “los opositores al ajuste” y defensores de los sectores populares, dentro del Congreso y la Legislatura (lo que, de paso, es una lavada de cara para el apoyo de los burócratas sindicales que acompañaron la lista). Tomaron como bandera los reclamos sentidos de los sectores más humildes, los mismos que desconocieron mientras fueron gobierno. Aprovechando el retroceso del PJ tradicional en los grandes departamentos, donde gobierna Cambiemos, pudieron alzarse con triunfos en las estratégicas y populosas primera y tercera sección. La tercera lista del PJ, de Jorge Tanus y Patricia Fadel, dos pesos pesados del PJ, quedó relegada en tercer lugar con una elección menos que modesta. Finalmente, la senadora Ubaldini, que ya anunció que se retira del bloque peronista, y se presentó por fuera del PJ, apenas pasó las Paso. Luego de una dura interna, el peronismo tiene el desafío de mantener pegado a un electorado que fue sometido a una confrontación. ¿Derechización? Una de las tesis esgrimidas por el peronismo para explicar el resultado de la elección es que el triunfo de Cambia Mendoza se debe a una derechización de la sociedad, planteo que rechazamos. La adhesión de la primera minoría en la provincia a un programa de ajuste capitalista no supone por sí sola una derechización de la sociedad; en primer lugar, porque gran parte de este sector mantiene simpatías con las demandas democráticas, como fue el rechazo al 2x1, e incluso en defensa de derechos sociales, como fue en ocasión de la quita masiva de pensiones a los discapacitados. El gobernador explotó al máximo las ilusiones de que una estabilidad capitalista puede alumbrar un período de progreso social, centralmente entre sectores de la pequeño burguesía y la clase obrera más acomodada. El final del gobierno kirchnerista y su descalabro económico, particularmente en la provincia con “Paco” Pérez, potenciaron esta ilusión. ¿Cuál sorpresa? El Partido Intransigente llevó a la cabeza de sus listas a los referentes de la ONG “Protectora”, que ganó notoriedad con amparos contra el aumento del gas y basó su campaña en “la defensa del consumidor”. Esta variante se alzó con el 7,5% de los votos. Luego de apoyar al kirchnerismo durante años y votar a Scioli en el balotaje, sus referentes se dedicaron a atacar a la izquierda. Nada nuevo, sólo oportunismo. Los Verdes y una variante lavada del PJ, pasando el piso proscriptivo, junto a la aparición del PI, fueron la expresión de la disgregación y la dificultad de las fuerzas patronales tradicionales para contener al electorado y no un síntoma de salud democrática. El fenómeno más apreciable es la opción elegida por los electores de acuerdo con el sector social al que pertenecen: mientras que en los sectores más humildes Cambiemos hace su peor elección, el kirchnernismo y la izquierda suben notablemente. En los barrios más acomodados se invierte la relación y aparece la candidatura del PI. Las tareas de la izquierda El FIT conquistó el 8,8% de los votos, de modo que retrocedió en relación con las Paso de 2015, cuando se elegía diputado nacional junto con presidente, y creció en relación con las Paso de 2013. No obstante, hay que señalar que conquistó los mejores resultados históricos en las barriadas más humildes, pese a un férreo cerco mediático. El trabajo en redes sociales, pero, por sobre todo, los destacamentos militantes, en especial del Polo Obrero, jugaron un rol clave en el contacto casa por casa. Tal como quedaron las cosas, el Frente de Izquierda deberá disputar la quinta banca nacional contra el oficialismo provincial en disputa. Un triunfo de la izquierda será claramente un revés para la política de ajuste de Cornejo. El problema central que debe enfrentar la izquierda es la disputa por el voto de las familias trabajadoras. Un sector significativo de los trabajadores y explotados han apoyado formaciones capitalistas en su variante de choque o de contención, fuerzas que, en definitiva, buscan recomponer la tasa de ganancia capitalista a expensas de las condiciones de vida de los explotados. Una campaña unificada del FIT debe señalar este hecho con el método de la confrontación de programas y la polémica con los candidatos patronales, destacando los planteos de carácter transicional que defiende el FIT. Vamos por el ingreso de Noelia y Soledad al Congreso de la Nación, vamos a estas elecciones para procesar una fuerte delimitación de clase y preparar una gran fuerza militante para enfrentar la lucha de clases en curso.

31 de agosto de 2017
Sin aborto legal, no hay Ni Una Menos

El 28 de septiembre es el Día por el Derecho al Aborto. El 29 marchamos en todo el país para reclamar: legalización del aborto ya, basta de muertes y mutilaciones de niñas y mujeres, educación sexual laica y científica en todos los niveles educativos, separación de la iglesia del Estado, fuera el clero de la educación y de la salud. En nuestro país se practican medio millón de abortos al año. Entre 50 mil y 100 mil mujeres son internadas por causas relacionadas con el aborto clandestino. Al menos seis mujeres de extracción social muy humilde fueron detenidas durante 2014, entre ellas Belén, a quien logramos liberar con la movilización popular en 2016. Sólo en la provincia de Tucumán la asesora legal de Belén investigó la apertura de 600 causas contra mujeres pobres en 20 años. El aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes, aún teniendo en cuenta que las posiciones políticas de las diferentes gobernaciones con respecto al tema condicionan la cuantificación correcta de la dimensión de las secuelas del aborto clandestino. El aborto clandestino se practica en todos los ámbitos sociales: desde prácticas extremadamente inseguras hasta la práctica cotidiana en las clínicas privadas con condiciones de seguridad y de privacidad ganadas por razones de clase: el poder adquisitivo definirá el tipo de atención que se recibe y si la mujer entrará o no en la mira de la persecución judicial. Aunque es una práctica habitual y fuente de ingresos entre las clases acomodadas, nadie en el país ha visto jamás que fuera noticia la situación de una mujer gestante rica, cuando tuvimos que presenciar miles de veces la exposición impúdica de mujeres sin recursos a las que se vulnera su derecho a la privacidad. La práctica del aborto está penalizada e ilegalizada en la Argentina. Con el correr de los tiempos ha variado el alcance de las causales que están despenalizadas y hoy su atención es muy desigual, dependiendo de las autoridades de hospitales o de los servicios de ginecología y obstetricia colocadas por los gobiernos. Sin embargo recrudece la persecución legal, como ocurrió en Chubut con la condena a una médica residente por practicar un aborto amparado legalmente. El avance de la penetración clerical en el terreno de la salud responde, también, a la postración de los gobiernos hacia el clero. La ilegalidad de la práctica del aborto es una herramienta de control social. Con ella se intenta imponer la figura de la mujer excluyentemente madre, la mujer incubadora, la mujer responsable de una práctica cuyas causas mayoritariamente le son impuestas, como el contexto de violencia de género o la precarización laboral y ambiental. La mujer que no puede decidir por sí misma y que debe ser tutelada por el Estado o por el marido. La mujer cuyo embarazo sólo puede ser entendido como consentido. Esta presentación intencional cumple un rol político de primer orden. El Estado abortista, que no brinda educación sexual científica y laica, precariza y extiende la violencia de género, es el que luego levantará el dedo para condenar la práctica del aborto. Como otros recursos, el uso político de la clandestinidad del aborto está al servicio de contener a una población, discriminar a un sector de ella y de esa forma amansar y controlar a mayorías populares a las que los gobiernos quieren ajustar y explotar para reportar beneficios a la clase capitalista. Al gobierno de Macri, a los gobernadores, al Papa y a los jueces, la vida, el embrión, el feto, el bebé o el niño les importa muy poco. Este uso político es lo que explica dos realidades fácticamente comprobables: que si la preocupación es la disminución de la práctica del aborto, entonces debe legalizarse ya mismo, ya que allí donde es legal, la práctica se reduce a niveles muy bajos. En España, un país con la misma población que el nuestro, donde el aborto es legal, con muchas trabas impuestas por la preponderancia del clero, se practican el 20% de los abortos que en Argentina. En Uruguay, donde la práctica está despenalizada, la mortalidad de mujeres por esta causa se reduce a cero. No hay “grieta” Sin “grieta” los gobiernos nacionales y populares y los de derecha actúan con idéntica orientación en relación al aborto, así como en materia económica los gobiernos tienden a postrarse frente a monopolios capitalistas y a gobiernos imperialistas. El aborto clandestino es también la vara con la que se debe medir el atraso de un país y su incapacidad de decidir de manera soberana. Cambiemos, CFK, el PJ en todas sus expresiones y los llamados “movimientos sociales” están todos detrás de la estrategia del clero, o sea que están atados detrás de una definición contraria a los derechos más elementales de las mujeres. Esta penetración alcanza al propio Encuentro Nacional de Mujeres bajo la conducción del PJ y del PCR, férreos aliados del clero. Solo el Frente de Izquierda como expresión política nacional mantiene una independencia total con relación al clero. Esta que ha sido una orientación presente durante años, se ha profundizado aún más con la llegada de Bergoglio al Vaticano. Esta orientación explica que el proyecto de ley de legalización del aborto haya cumplido 10 años sin que se avanzara en su tratamiento. Arrancar la legalización del aborto es, en la lucha por los derechos de las mujeres, es una batalla estratégica.