Prensa Obrera N° 1469

Con más de 600 trabajadores se realizó el mayor acto de la izquierda del distrito en años. Se destacó la numerosa delegación del Polo Obrero, directivos y delegados del Suteba Matanza, la comisión interna y activistas de Interpack, delegados de la Alimentación, de metalúrgicos y de harineros, activistas de numerosos gremios y decenas de jóvenes, en un clima de entusiasmo y avidez política, que da cuenta de la maduración política de la vanguardia obrera de la zona. La lista de los oradores fue, en sí misma, una expresión de la fusión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero. Hablaron Romina Del Plá (secretaria general del Suteba Matanza), Miguel Bravetti (secretario general de la gráfica Interpack), Guillermo Kane (legislador mandato cumplido y candidato por la tercera sección electoral), Gabriela De La Rosa (dirigente del Polo Obrero de La Matanza) y Néstor Pitrola. La agenda de los trabajadores En la intervención central, Pitrola marcó un balance de la campaña y una orientación para la fase final: defender la agenda de los trabajadores cada día. Destacó al FIT como una fuerza en ascenso a escala nacional, con el reciente resultado electoral del Partido Obrero en Chaco (donde rompimos la polarización) como una expresión de ello. También expresó el contenido político de ese ascenso: una campaña electoral soldada a las luchas obreras como nunca antes, prueba de ello es el protagonismo que tuvieron el Partido Obrero y el FIT en los conflictos de toda esta etapa; la ocupación de 82 días de AGR-Clarín, la huelga docente en Buenos Aires, la huelga en UTA de Córdoba, la lucha de los petroleros de la Patagonia y la lucha contra el cierre de Pepsico. Finalmente, el hecho de realizar un acto de 650 trabajadores en el distrito de mayor tradición peronista da cuenta de este proceso político. Remarcó que el ataque del oficialismo y la prensa burguesa al Partido Obrero tiene una directa relación con que nuestra campaña electoral está al servicio de las luchas. Caracterizó en detalle las tendencias de los realineamientos políticos y las luchas en curso, y en este sentido valoró las luchas que son derrotadas como parte de la preparación política de las grandes batallas por venir pero, a su vez, las luchas parciales que se ganan o los recortes a las ofensivas de las patronales. En este punto, explicó el ejemplo de los obreros de Cresta Roja, que frenaron momentáneamente los despidos con la huelga y el piquete en la autopista de Ezeiza. A su vez, el ascenso del Partido Obrero está relacionado a los desplazamientos políticos. Destacó que de allí surgieron los más de 21 mil votos a la lista Multicolor que encabezó Romina Del Plá. Finalmente, destacó el ingreso de Aurelio Díaz (obrero de la construcción de 40 años de lucha) a la Legislatura chaqueña como un proceso político de fondo. El ingreso de Aurelio expresa una transformación política de clase en los trabajadores de Chaco, con obreros que se enfrentan a la burocracia sindical, al Estado y que van por una perspectiva política de poder. Reforma laboral Miguel Bravetti destacó que el gobierno tiene como principal medida, para luego de octubre, una reforma laboral reaccionaria al estilo de la aprobada en Brasil. Ante este cuadro, los trabajadores también se preparan a través de grandes luchas que se van desenvolviendo en todos los terrenos; en las calles, los parlamentos, los sindicatos y, en estas semanas, en una gran preparación de cara a las elecciones primarias. El ajuste en la provincia Gabriela De La Rosa se refirió al cuadro de crisis social y laboral presente en La Matanza, denunció que los decenas de miles de despidos del último año se vieron simplificados por el enorme cuadro de precarización laboral montado en treinta años de gobiernos peronistas. Guillermo Kane denunció como el PJ de la provincia, con Fernando Espinoza y Verónica Magario al frente, hicieron lobby en la Legislatura para votarle a favor los presupuestos de ajuste y endeudamiento a Vidal. Por su parte, Romina Del Plá detalló la descomposición del Estado municipal, con hospitales que no funcionan ni tienen personal y la infraestructura derruida. Mencionó que tenemos que plantear claramente que Cristina y Magario son una falsa oposición al ajuste de Macri y Vidal. En este punto, refirió que la campaña del FIT es la única que desarrolla la agenda de los trabajadores y que un objetivo central es organizar a los luchadores para enfrentar el ajuste. Finalizó planteando que su candidatura tiene como objetivo central estar al servicio de la lucha docente. Denunció que el gobierno prepara una serie de reformas para atacar a la educación pública, que son continuadoras de las reformas educativas del kirchnerismo. Luego de este enorme acto, el Partido Obrero de La Matanza sale con fuerzas renovadas a militar las últimas semanas en cada barrio, en cada fábrica, hospital y escuela a luchar por el voto al FIT, un voto en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

El plenario de secretarios generales de la CGT, convocado para ratificar la marcha del 22 y votar un documento, estuvo lejos de demostrar la “inusitada fortaleza de la actual conducción” -como declaró el vocero de la central. En cambio, fue una vidriera de la fragmentación de la burocracia y la fragilidad del triunvirato. Pese al tono opositor de los discursos de Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, ambos ratificaron el rechazo a cualquier medida de fuerza. Esto desató silbidos y abucheos desde algunas de las tribunas, en especial del sector ocupado por camioneros, UOM, cerveceros y Alimentación. La interna sindical -explicó un cronista- se mezcló con el malestar de las bases: “La gente no tiene laburo", le gritaron a Daer. “Hasta nos robaron el palco, carajo", se quejó desencajado Leonardo Fabré de Apops (gremio del personal de la Anses).. El Masa y los K Fue significativa la ausencia de los gremios del Movimiento de Acción Sindical Argentino (Masa), encabezado por el taxista Omar Viviani, que habían confirmado asistir. El Masa -que también integran la Unión Ferroviaria, Luz y Fuerza y otros cuarenta sindicatos- viene negociando su reingreso pleno a la central, de la que se retiró luego de boicotear el confederal de reunificación en agosto del año pasado. Sí estuvieron presentes los kirchneristas de la Corriente Federal, conducidos por Sergio Palazzo, de La Bancaria. Durante todo este año, el kirchnerismo se sometió a la política de parálisis del triunvirato. Tampoco en el plenario mocionó nada diferente, salvo la convocatoria al Comité Central Confederal. La orden de Cristina Fernández de desmontar la movilización que algunos gremios venían promoviendo para el 7 de agosto, fue el argumento perfecto de los “Gordos” para justificar “la prudencia”. Re-reunificarse, para dialogar La vuelta a la central de los que rechazaron la conducción colegiada -además del Masa, las 62 Organizaciones, que fueron conducidas por el finado “Momo” Venegas- es alentada por un ala del gobierno y por la propia Unión Industrial. Consideran que “la reunificación plena le daría mayor representatividad a la mesa de diálogo tripartita que el gobierno pretende reinstaurar después de las primarias” ( La Nación , 30/7). La impugnación formal del triunvirato está en el escritorio de Triaca desde que se eligió; el Ministerio de Trabajo sólo le otorgó una habilitación provisoria, que podría extenderse o caducar según cómo continúe el vínculo con la Rosada. Por el momento, dos de los tres jefes actuales mantienen aspiraciones de quedarse. El que picó en punta es Daer, que cuenta con el respaldo de los “Gordos”, de los independientes y del Papa, una bendición determinante en la interna de la burocracia. El otro triunviro, Schmid, es respaldado por los gremios del transporte y el moyanismo. Aunque algunos sostienen que Hugo Moyano, fortalecido por el regreso a sus filas de dirigentes que abandonaron las 62 luego de la muerte de Venegas, podría sponsorear a un "tapado", como hizo Lorenzo Miguel con Saúl Ubaldini en los ’80. El tercero del trío actual y portavoz de Luis Barrionuevo, el estacionero Carlos Acuña, consideró más adecuado concentrarse en atender las posibles consecuencias del allanamiento de su sindicato, concertado por la Justicia federal y la Afip. Las mafias, con Macri El documento aprobado llama a “defender el modelo sindical" y a "condenar y exigir el cese de las abusivas intervenciones en los sindicatos". Con Canillitas ya son cuatro los gremios intervenidos: Marítimos (Somu), vigiladores (UPSRA) y azucareros (FEIA); además de varios que están bajo la lupa. La guerra a “las mafias” anunciada por Macri refuerza el disciplinamiento de la burocracia de cara al debate crucial de la reforma laboral que se viene. También sostiene el documento que "el sindicalismo argentino” no puede aceptar “que los derechos laborales, los convenios colectivos de trabajo, los sistemas de seguridad social y los fueros laborales... sean avasallados". Pero, a renglón seguido, aclara que "el diálogo social es una herramienta conducente y efectiva para construir consensos ”. Eso es exactamente lo que viene ocurriendo. La burocracia de petroleros “consensuó” el convenio flexible de Vaca Muerta; lo mismo hicieron la Uocra y el Smata. Hace unos días la Sociedad Rural y otras cámaras patronales firmaron con Uatre cambios en relación con la productividad en tres convenios y la disposición a revisar el resto (unos 250). Según el Ministerio de Trabajo, uno de cada tres de los 1.612 acuerdos que se firmaron el año pasado incorporaron cláusulas de “productividad”. La reforma en marcha Esta es la línea maestra que el macrismo y las patronales pretenden profundizar luego de las elecciones. "Brasil puso el tema en la agenda. Ya se inició el diálogo con los sectores sindicales y con las fuerzas opositoras", aseguró el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Al menos en una primera etapa, se buscará seguir avanzando en la discusión de los convenios colectivos de cada actividad “con el foco puesto en resolver dificultades como el ausentismo, hacer una revisión de categorías y darle protagonismo a la polifuncionalidad”. A eso se agrega la reducción de aportes patronales y un “fuerte impulso tanto del régimen de pasantías como de la tercerización de servicios” ( iProfesional , 24/7). Por lo pronto, todos coinciden en “esperar el dato de octubre". El resultado determinará el mapa de fuerzas en que la burguesía deberá moverse. Una gran elección de Frente de Izquierda, la única fuerza que lucha y ha rechazado la reforma laboral precarizadora, contribuirá a preparar a los trabajadores para las batallas que se vienen.

La tentativa de expulsión sumaria de Julio De Vido fue un intento de avasallar las libertades políticas, como valientemente lo denunció el Partido Obrero. Se sabe dónde empiezan las medidas de excepción pero no se sabe dónde terminan, o mejor, terminan invariablemente contra los explotados. La cuestión tuvo sus antecedentes, porque tuvimos el fallo del 2x1 en pos de la rehabilitación política de las Fuerzas Armadas, abortada por una colosal movilización popular. Antes de eso, el decreto 721 de autonomía de las Fuerzas Armadas (2016), frente al cual Prensa Obrera tituló “Estado de excepción” en su tapa, marcó la tendencia del macrismo y sus socios parlamentarios, que votan los reaccionarios jueces de la Corte y las leyes del ajuste. Operación La operación parlamentaria tuvo una clara función reaccionaria, porque en esos días, Vidal envió las tropas al Correo, en Esteban Echeverría, ante un conflicto con fleteros; a Carboclor, por su cierre en Zárate; a Cresta Roja, que fue a la huelga por 57 despidos; y, como todos saben, a Pepsico, con la represión a la ocupación de la planta. En los últimos días, también envió las tropas ante 172 despidos en Adidas, que es la cuarta fábrica con despidos masivos en la industria del calzado de la provincia, junto al virtual cierre de Gotelli en Las Flores, a las suspensiones masivas en Paqueta, Chivilcoy, y hasta fin de año en Dass, la enorme planta de Coronel Suárez. Habría que apuntar que siguen las luchas y represiones en Santa Cruz, como semanas atrás en Chubut, con gendarmería incluida en Tecpetrol ante el despido de 200 petroleros más. Pero es importante centrarse en la disputa por la agenda política de la clase obrera en lucha. Pepsico puso en primera plana de esa agenda no sólo el cierre de una planta sino sus motivos flexibilizadores, precarizadores, de ataque al convenio, al salario y a la organización fabril, al tiempo que la entrega por parte de la burocracia sindical de Daer. Esta disputa empezó con el Conicet, tuvo un salto con la ocupación de AGR-Clarín durante 82 días y otros tantos de carpa, otro salto más grande con las huelgas docentes y las movilizaciones de masas de marzo, por los docentes, por el paro de la mujer y el 24 de Marzo, que superó la de todos los años previos. En el medio ocurrió la revuelta contra la burocracia cegetista el 7 de marzo, obligando al fuerte paro nacional, que bien mirado, no logró cancelar el proceso de luchas, como lo marcaron las y los choferes cordobeses lanzados a una huelga general salarial contra la mismísima burocracia de la UTA y, más adelante, las luchas de la Alimentación mencionadas, al igual que la continuidad en Santa Cruz y aún la vuelta de la docencia bonaerense al paro antes del cierre de la paritaria. Cabe preguntarse por el destino que tendrá la movilización tardía y maniobrera del 22 de agosto, posterior a las elecciones, para no contribuir con las luchas y enterrar a los trabajadores en el voto a los verdugos. La batalla por la agenda política Desde principios de año, la clase obrera, contra la propia burocracia sindical, aún la kirchnerista, hoy llamada a silencio por ‘la jefa’, disputa la agenda política del país, condicionando la campaña electoral misma. Las fuerzas de Estado, que gobiernan para el capital, tuvieron que postergar hasta el último minuto sus candidaturas por la crisis social. La candidatura de CFK es un extremo de esa situación, sin un apoyo orgánico de la clase capitalista -opuesta a la vuelta de la agotada experiencia de contención del kirchnerismo. La ex presidenta, acorralada por causas judiciales, vuelve a pedido de los intendentes pejotistas, que carecían de un candidato central. No se puede separar el ataque al Frente de Izquierda, montado a raíz de la operación De Vido, de nuestra ligazón a las luchas de la clase obrera. Algo que ya tuvo antecedente en el intento de desafuero del gobernador mendocino Alfredo Cornejo a senadores y diputados del FIT por el paro del 6 de abril o los ataques a nuestro planteamiento ante el Consejo del Salario, donde nos movilizamos masivamente desde la Coordinadora Sindical Clasista del PO y el Polo Obrero, marcando que pondríamos la campaña electoral al servicio de las luchas. El flamante diputado chaqueño del PO, que rompe la falsa polarización del PJ y Cambiemos en el Chaco entre diez fuerzas, hizo eje en su último debate en la muerte de cuatro obreros de la empresa de aguas, un crimen laboral del régimen, del tipo de la muerte y desaparición de diez pescadores marplatenses en aguas chubutenses, por negreo, precarización laboral y desinversión. La clase obrera es la única que lucha contra la brasileñización de Argentina antes y después de octubre, y que se prepara para enfrentar la reforma antilaboral y antijubilatoria en ciernes. El Partido Obrero acompaña vigorosamente esa batalla por la agenda política. El voto al Frente de Izquierda reforzará posiciones para las grandes batallas que se avecinan, marcando la perspectiva de una reorganización social y económica bajo la batuta de los trabajadores, preparándolos para ser alternativa política y de poder. A eso contribuirá el voto a nuevos y más legisladores de la izquierda obrera y socialista.

Con 370 mil habitantes,Berazategui es gobernada desde hace tres décadas por el mismo clan, del histórico barón del conurbano Juan José Mussi, y el ahora intendente, su hijo Patricio. Junto a CFK en las listas de la Unidad Ciudadana, se preparan para continuar con la precarización laboral de la mitad de su plantel municipal, sin contar a los más de 3 mil cooperativistas que limpian las calles de la ciudad con los magros sueldos que paga Nación a través del Argentina Trabaja. Berazategui es un distrito con fábricas emblemáticas como la del vidrio Rigolleau, el parque industrial de Plátanos (con decenas de empresas dentro) y empresas como Argul, Siderar, papeleras, gráficas, alimentación, en distintos puntos de la ciudad. La precarización no es sólo cosa del Estado: en las empresas citadas hay contratos basura, con sus respectivos despidos por doquier. Hay una masa enorme de jóvenes de entre 21 y 30 y pico de años con salarios que se encuentran lejísimo de una canasta familiar. El clan Mussi ha sabido brindarle a las grandes patronales enormes exenciones de tasas municipales y dúctiles habilitaciones. Los Mussi “blindan el distrito para frenar el avance de Cambiemos”, tituló el diario El Día. Resulta que Juan José es uno de los más acérrimos defensores de Cristina, en una tercera sección electoral, la más populosa de la provincia de Buenos Aires, con amplia hegemonía K. Berazategui se ha distinguido en estos tiempos por el agua contaminada que paralizó las escuelas en 2016 por diez días, por los basurales sin control y el famoso “barrio de las ratas”, donde los roedores han copado directamente las viviendas de los vecinos. La falta de recursos por ser opositores a Vidal es una mera excusa mussista, pues se trata de un distrito que tiene la obra pública paralizada desde mucho más que el año y medio de mandato PRO en la provincia. La visita de Néstor Una extendida actividad con Pitrola en la peatonal permitió hablar con innumerables trabajadores que en medio de la ofensiva contra la izquierda por el caso De Vido, mostraron otras preocupaciones: el trabajo, la jubilación, la inflación. Sólo dos casos, en más de 40 que se detuvieron a conversar, plantearon el tema y comprendieron nuestros fundamentos. Más tarde, Néstor se reunió con trabajadores municipales, que nos contaron el escalofriante régimen laboral de 12 horas por día por salarios de 8.500 pesos, trabajadores de las cooperativas que ganan la mitad de eso, también para la municipalidad; jóvenes fabriles que piden el fin de los turnos rotativos, docentes y jóvenes. Todos nuevos sectores que se acercan al PO en el FIT, en búsqueda de una salida. Lógicamente, la problemática local no es el eje de la campaña en Berazategui por parte del oficialismo. Los Mussi apuntan sus cañones en el rumbo económico del gobierno nacional y Cambiemos, quienes, por otro lado, llevan a peronistas y burócratas sindicales del sindicato del vidrio en sus listas. La intensa campaña del PO en Berazategui ha puesto en la palestra los derechos de la mujer trabajadora, con la realización de jornadas por los jardines maternales en todos los lugares de trabajo junto al Plenario de Trabajadoras, la lucha por el pase a planta permanente de todos los precarizados, la lucha contra la inseguridad de los choferes en las líneas del transporte público, la reducción del turno noche en las fábricas y el salario igual a la canasta familiar. Sergio Salgado y Claudia Molina, históricos luchadores del municipio, van por la defensa de los trabajadores para que gobierne un día la clase obrera.

En vista de la severidad de la crisis social y política en Venezuela y del derrumbe, según todas las encuestas, de la popularidad de Maduro, la realización de la elección constituyente parecería demostrar que el oficialismo aún conserva una capacidad de gobierno mayor de la que se le adjudicaba, con independencia de la veracidad del informe oficial acerca del número de los asistentes a los comicios (más de 8 millones) y de la transparencia de la votación. Para el referente de la agrupación chavista ‘crítica’ Marea Socialista, Nicmer Evans, el anuncio es un embuste: “Maduro -dice- logrará más votos que Chávez sin gente en los centros votando ¡Estafa electoral del siglo 21!”. El rector de la Comisión Nacional Electoral, Luis Rendon, tuiteó: “Decidí no estar presente en la divulgación de resultados por inconstitucionalidad del proceso”. La derecha, de su parte, denuncia que sólo concurrieron a votar dos millones y medio de personas; en la zona este de Caracas (clase media), los centros de votación ni siquiera abrieron. Algunas consultoras que gozan de cierta reputación ponen el número de la concurrencia en tres millones. Martín Granovsky, en Página/12, no cuestiona estos datos -más bien los admite-, cuando señala “que un gobierno desgastado por méritos ajenos y propios logró diseñar una estrategia, llevarla a cabo e introducir una nueva realidad política”. Se trata de un ‘diseño’ que contó con un despliegue descomunal de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. La elección del domingo 30 no ha servido para reconvertir al régimen de Maduro-Cabello en plebiscitario, sino que ha confirmado que es un régimen de facto en disolución. Truchaje Sea como fuere, no alcanza con llevar a cabo una elección constituyente -además es necesario dotarla de un objetivo. En la breve campaña que la precedió, el gobierno no adelantó ninguna medida distinta de las que ha tomado durante tres años, frente al hundimiento económico y social de Venezuela. Venezuela asiste a un derrumbe económico del 20% del PBI y a una hiperinflación que el gobierno no tiene la intención de enfrentar, porque necesita emitir billetes sin cesar para atender los subsidios sociales. Lo que podría detener la emisión es el cese de la importación de papel moneda, debido a los retrasos de su pago por el Estado. No ha anunciado que dejará de comprimir el consumo y la atención sanitaria, que es el recurso del que se vale para pagar la deuda externa, ni tampoco que dejará de refinanciar pagos de intereses y vencimientos de deuda a costos enormes en términos financieros, o que tenga la intención de detener, para pagar esa deuda, la privatización petrolera y minera -incluida la abolición del monopolio estatal del comercio exterior de combustibles. Una Constituyente careta, que no se propone abordar la crisis alimentaria y de salud ni revertir el defol financiero del Estado y de PDVSA, no tiene condiciones de introducir “una nueva realidad política” -salvo que se entienda por ‘novedad’ el agravamiento. La Constituyente se instala, en oposición a la Asamblea Nacional que controla la derecha, por las peores razones: por la oposición de ésta a permitir una ‘oxigenación’ del gobierno mediante la privatización petrolera y la contratación de una mayor deuda externa. Maduro y compañía necesitan crear un marco legal que les permita seguir con estas operaciones -en primer lugar, el contrato de explotación directa de la cuenca del Orinoco en beneficio de la rusa Rosneft, incluido el derecho a exportación. Con estos mismos métodos, aspira a conservar el financiamiento de parte de China, con la cual tiene una deuda de 40 mil millones de dólares. El problema que enfrenta para alcanzar estos objetivos es que la mayoría de los Estados capitalistas han rechazado la legalidad de la Constituyente y, por lo tanto, la viabilidad del operativo financiero que está detrás de su convocatoria. El capital financiero internacional procura imponer una ‘salida macrista’ a la crisis venezolana -apertura comercial y financiera, ajuste social, privatización integral de PDVSA-, mientras hace negociados con el ‘defol’ bolivariano. Las sanciones votadas por el Congreso norteamericano contra Rusia y la expulsión, por parte de Rusia, de centenares de funcionarios norteamericanos acreditados en Moscú, no parecen alimentar expectativas en un acuerdo Putin-Trump que permita un rescate del régimen de Maduro. Todas estas contradicciones explican que el gobierno de Maduro no haya explicitado siquiera si va a disolver la Asamblea Nacional de inmediato o si lo hará cuando haya confeccionado la organización constitucional de un “Estado comunal”. Este Estado, en realidad municipal, no significa el desmantelamiento del actual Estado nacional ni el reemplazo de las Fuerzas Armadas por el armamento de los trabajadores; sería un Estado vertical, muy por atrás, históricamente, a la democracia parlamentaria burguesa. Estamos ante un planteo que viene ejerciendo el chavismo desde sus primeras derrotas electorales en los estados venezolanos, para privar de poder a los gobernadores que habían sido electos. Una demora en disolver la Asamblea Nacional debería interpretarse como el intento de crear un nuevo marco de negociación con la derecha -que no ha prosperado ni tiene visos de prosperar. En resumen, la Constituyente servirá para perder tiempo hasta un estallido final. No se ve “el diseño de una estrategia”, como pretende Granovsky. No hay situación sin salida Establecer, en el marco de una crisis social que empeora, un organismo deliberativo oficialista, significa instalar una caja de Pandora; fuerza a explicitar las divergencias que hasta ahora se debatían a puertas cerradas. Aunque la información es aún precaria, los candidatos que han recibido mayor número de votos pertenecen al ala llamada ‘cubana’, entre ellos Cilia Flores, la mujer de Maduro, y Elías Jaua, ex vicepresidente (La Nación). En términos políticos representan al ala que aún admite una solución mediadora con la derecha, en oposición a la de Diosdado Cabello, partidario de la disolución inmediata de la Asamblea Nacional y de la destitución de la fiscal disidente, Luisa Ortega. La cuestión es ahora si esta divergencia se hará púbica en la Constituyente. Más allá de esto, la cuestión es si emergerán disidencias de mayor alcance de parte de constituyentes más cercanos a la presión de la crisis social y los sectores más golpeados. El inmovilismo, a término, de la Constituyente, dejaría como única salida un golpe militar. La inusitada prolongación de esta crisis no significa que no tiene salida; pone solamente de manifiesto el desenvolvimiento complejo de sus contradicciones, entre ellas, el atraso relativo de su comprensión por parte de las masas. Es sobre ese desenvolvimiento que debe construirse una alternativa revolucionaria, que pasa, en primer lugar, por una ruptura política completa de los trabajadores con el chavismo, única forma de derrotar una salida ‘macrista’. En Venezuela hay numerosos dirigentes sindicales clasistas que podrían convertirse en la referencia de un polo de la clase obrera, pero están bloqueados hace mucho por los partidos de izquierda a los que pertenecen, que practicaron el seguidismo explícito al chavismo en una primera etapa, y se han pasado ahora a un frente práctico con la derecha. Esto expresa el empirismo de la izquierda democratizante -o sea la falta de estrategia, método, principios y programa. Es el caso del Partido Socialismo y Libertad (integrado al FIT con Izquierda Socialista). De otro lado se encuentra Marea Socialista, una variante del “chavismo crítico”, entre el gobierno y la derecha, que aboga por un entendimiento ‘inter-partes’ que neutralice un peligro de guerra civil, sin plantear en absoluto un régimen de nacionalizaciones estratégicas, así como el control y gestión obreras para salir de la hecatombe económica y, por lo tanto, sin un gobierno de trabajadores. El desarrollo de la Constituyente ficticia y la inevitabilidad de que caiga en el inmovilismo y en el fracaso debe servir para una crítica implacable del gobierno y del conjunto de su política, y para una crítica del conjunto de la situación política, al servicio de la construcción de una alternativa obrera y socialista y de un partido obrero revolucionario. Publicado en www.facebook.com/jorge.altamira.ok

Los obreros de MAM han cumplido un mes de ocupación de la fábrica defendiendo los 94 puestos de trabajo. En la última semana han ganado un valioso round. El martes pasado, la patronal pretendió retomar el control de la fábrica, sólo con los 47 suspendidos, consumando los 47 despidos. Para eso, intentó movilizar carneros. Fracasó, los trabajadores que se acercaron el martes, en su mayoría se plegaron a los obreros en lucha. La tentativa patronal de enfrentar trabajadores contra trabajadores y, de esa manera, retomar el control de la fábrica, no prosperó. Los trabajadores fueron claros: todos adentro o nada. El mismo día, la patronal pretendió dividir a los trabajadores en lucha presentando en fiscalía una oferta ‘superadora’, que consistía en ofrecer a los despedidos una indemnización del 80% en cuotas. A pesar de la posición de la dirección del Sindicato maderero, la asamblea rechazó la oferta patronal por unanimidad y se reafirmó el pronunciamiento por la reincorporación de todos los compañeros. La desconfianza de los obreros con la dirección del sindicato es irreversible. La careta del gobierno y la reforma laboral Fue el marco electoral lo que empujó al MPN y a todos los bloques políticos a simular un apoyo a la lucha de los obreros de MAM, aprobando una declaración legislativa la semana pasada. La semana previa habían votado contra el tratamiento de un proyecto por prohibición de despidos y suspensiones. Pero la hipocresía del MPN es la más evidente de todas. Pues el gobierno es quién le garantiza a la patronal una completa impunidad, incluso para manejarse en el cuadro de la ilegalidad. Es necesario insistir, por enésima vez, que la patronal de MAM no tiene ninguna crisis. En el balance de la empresa MAM, que la patronal presentó a la subsecretaría de trabajo para reclamar la aprobación del recurso preventivo de crisis, la propia patronal señala que la producción se triplicó, con la fábrica funcionando a un 95% de su capacidad. Y, a su vez, el patrón Bergese es miembro del directorio del grupo de servicios petroleros BM, que se encuentra en expansión. El gobierno, que por un lado vota ‘a favor’ de los obreros, por el otro, encubre y protege a la patronal vaciadora. Es indudable que la ofensiva patronal en MAM, tiene un hilo conductor con los cierres patronales de AGR-Clarín y Pepsico. Pues MAM tampoco cierra por quiebra, sino por una tentativa patronal de sacarse de encima a un personal obrero que goza de conquistas y derechos adquiridos. En MAM, el 95% de los trabajadores tiene entre 18 y 45 años de antigüedad en la empresa. Este tipo de vaciamientos patronales y la reforma del convenio colectivo de trabajo petrolero en Vaca Muerta, son la punta de lanza de la reforma (anti)laboral que el macrismo y el MPN pretenden aplicar luego de las elecciones de octubre. Cómo seguir Hasta el momento no se ha podido concretar una movilización a la Subsecretaria de trabajo y a la casa de gobierno, que denuncie la complicidad gubernamental con la patronal, exija la apertura de los libros contables de MAM y BM y reclame la reincorporación inmediata de los despedidos, los suspendidos y la reapertura de la fábrica. Es imperioso ponerle fecha a esa movilización y lanzarse a su armado y preparación. Por otro lado, hay que estar atentos a lo que sucede en BM, que linda con MAM, para preparar nuevos bloqueos que signifiquen un golpe doloroso a la patronal. Finalmente, el voto al Frente de Izquierda el domingo 13, también representará un golpe contra las patronales y sus partidos, y servirá para reforzar la lucha de los trabajadores contra el ajuste en marcha.

Dos nuevos spots de campaña comenzaron a circular en la televisión y las redes sociales en apoyo al Frente de Izquierda. La acción transcurre en una “Oficina de PRO mesas electorales”, en la que atiende un burócrata que hace pasar primero a los empresarios que aguardan en unos sillones VIP, mientras una multitud se agolpa en las filas de parados. “Empresas luz y gas”, llama el funcionario y pasan una mujer y un hombre ejecutivos. “Lo suyo ya está -anuncia el burócrata-. ¡Cuatrocientos por ciento de aumento!” y los empresarios sonríen satisfechos. “Trabajo y pobreza cero”, llama otra vez y acude un jubilado. “Se lo debo -dice-. Con nosotros los empresarios se la siguen llevando en pala”. “¿Y nosotros?”, pregunta el anciano. En el otro spot, el funcionario llama: “Mineras y cerealeras”. Acuden un hombre de saco y corbata y otro vestido como típico empresario rural. “Hecho. ¡Devaluación y rebaja de impuestos”, dice el burócrata ante la satisfacción de los burgueses. “Impuesto al salario”, llama otra vez. Una trabajadora se sienta mientras el hombre anuncia: “Te la debo. Con Massa, los K y el PJ votamos otra cosa”. “¿Me estás cargando?”, se queja la mujer. Los spots terminan diciendo: “No te dejes estafar. Contra el ajuste y el impuesto al salario, votá al Frente de Izquierda”. Los spots ya están listos para incorporarse al caudal creativo que explica el programa de los trabajadores que defienden los candidatos del FIT en todo el país.

El presidente de la Asociación de Fabricantes Automotores (Adefa) y de Mercedes Benz ha hecho público el programa de las patronales (no sólo automotrices) para la actual etapa. Sin anestesia, caracterizó que “el gobierno no ha implementado ninguna reforma estructural para mejorar la competitividad de la Argentina” y advirtió que “la industria automotriz… está jugando en este momento la sustentabilidad a largo plazo” ( La Nación , 30/7). Como respuesta a este virtual ultimátum, las terminales pretenden un “estatuto de estabilidad” de por lo menos diez años, con una reducción de la carga tributaria de unos seis puntos sobre el costo de producción, un aumento del reintegro a la exportación del 6 al 12 por ciento y una reforma laboral, aún cuando, con la complicidad de la burocracia del Smata, las patronales han avanzado en la materia más que ninguna otra en la última década. Como en Brasil o peor El diagnóstico del que parte el titular de Adefa es que “la mano de obra en Argentina está muy protegida” y que la clave es provocar un vuelco en el rendimiento por hombre y por hora. Se apresura a plantear que “hemos excluido el tema salario” para desenvolver un programa de exigencias de cambios en el régimen del trabajo que significan un arrasamiento de conquistas laborales. Lo que encabeza el “pliego de reclamos” es la polifuncionalidad, “no que a un trabajador se lo pueda usar para esto y no para otra cosa” -ilustra el capo automotriz-, para evitar el aumento artificial de la mano de obra, “o sea la ineficiencia”. Plantea la necesidad de flexibilización en la contratación de personal temporario y/o eventual. Tanto el trabajo eventual (empleo por circunstancias extraordinarias, como la cobertura de un trabajador con licencia por enfermedad) como el temporario (turismo, cosechas) deben tener un límite, que la Justicia tiende a considerar de seis meses dentro de un mismo año. Ambas modalidades son cubiertas hoy vía tercerización, y no respetando el convenio de la rama, lo que ya de por sí establece una divisoria de aguas entre los trabajadores. Pero el “capo” de Adefa está pidiendo otro régimen, que le permita el uso de la mano de obra sin límite y sin pago de la indemnización. El reclamo incluye “llevar el ausentismo a nivel internacional”. Casi como un eco, un reputado alcahuete del gobierno propone “limitar la cantidad de días pagos por enfermedad” y superado el promedio, una licencia sin goce de haberes ( Clarín , 30/7). El titular de Adefa innova en un punto: “Está el tema de la antigüedad, que deberíamos discutir. Sólo por eso aumentamos el costo laboral el 1% por año. Tenemos un trabajador treinta años en la empresa y te cuesta 40% más que uno nuevo por la antigüedad… no es justo, gana más porque calentó más tiempo la silla”. ¡Pero la antigüedad está ligada a la especialización del trabajador y las categorías que se corresponden con esa especialización! El hombre quiere arrasar con todo este régimen laboral y volver al salario al destajo. La desvalorización de la fuerza de trabajo Hace más de una década, en el convenio Smata-Toyota del año ’96, la burocracia aceptó la existencia de dos niveles de trabajadores, los operarios polivalentes y los líderes de célula, cuya función en ambos casos, era operar en cualquier tarea. Cierto que la burocracia “vendía” esta entrega con el pretexto de que era la condición para que se radicase una planta en el país. Ahora, Adefa lo pretende como premisa universal. La polivalencia lleva de por sí, como puede imaginarse, a la destrucción de las categorías tradicionales. El capitalista presenta la multifunción como un progreso en la calificación del trabajador, que de este modo estaría en condiciones de dominar el proceso del trabajo y hasta internarse en la investigación. Falso. El crecimiento en complejidad de las máquinas y los sistemas va paralelo a la simplificación de los conocimientos necesarios para operarlas. Se plantea, así, un proceso de descalificación, que evalúa al trabajador en función de una destreza específica, cada vez más unilateral, limitada y reiterada, y en la que cuenta, por sobre todo, la rapidez. Tiende a desaparecer el propio concepto de calificación, como puede verse en los tiempos de entrenamientos cada vez más cortos y el sometimiento cada vez más del salario a los premios de productividad, calidad y presentismo, que miden la extensión de la jornada y la intensificación física del esfuerzo del trabajador. Ni una sola de las modificaciones planteadas por el patrón de Adefa y Mercedes Benz es el fruto de la “modernización” capitalista. Es falso de toda falsedad que la tecnología traiga consigo la flexibilización laboral. Va de suyo que estamos frente a un ataque estratégico y continental a la clase obrera, que es el intento más serio de trasladar la bancarrota capitalista a los trabajadores de América Latina. Se trata de invertir la fórmula: en lugar de “competir” con los obreros de México y Brasil, organizar una genuina alianza de la clase obrera del continente, para quebrar la reforma laboral.

El sistema educativo arancelado de Estados Unidos ha provocado un incremento fenomenal de la cifra de la deuda estudiantil, alcanzando ya los dos billones de dólares, debido a los enormes préstamos a los que las familias obreras deben remitirse para pagar los estudios universitarios de sus hijos. Asimismo, este número abona -junto con la deuda hipotecaria de 8,2 billones de dólares- el incremento del endeudamiento general por parte de las familias, que alcanza ya los 12,6 billones de dólares según la Reserva Federal, acercándose cada vez más a la deuda contraída en la crisis económica de 2008. Sobre llovido, mojado El incremento exponencial de la deuda estudiantil muestra el fracaso del sistema educativo arancelado, y constituye uno de los principales motivos de las ofensivas bancarias con las que se topa muy tempranamente la juventud. Este régimen educativo lleva a una sobreexplotación laboral de las familias obreras, que se reflejan en padres de jóvenes universitarios con doble empleo para costear las cuotas e intereses de los préstamos -a lo que se suman recurrentes prácticas desesperadas, como la venta de óvulos o de sangre. A su turno, la creciente desocupación lleva a que los estudiantes ya recibidos tampoco tengan la garantía de un trabajo que les permita paliar esta situación, ingresando en una espiral de endeudamiento cada vez mayor. El problema se vuelve incluso más grande cuando la misma deuda condiciona en los procesos de verificación de las empresas a la hora de acceder a un nuevo empleo, al tiempo que imposibilita el acceso a la vivienda -ya sea por no poder contraer otro crédito bancario o por el porcentaje del salario confiscado- o el acceso a los planes de ahorro jubilatorios. Ni hablar de quienes abandonan sus carreras por estos motivos, corridos además por los intereses que se suman al crédito tomado. Aprietan las clavijas El gobierno de Trump acompaña al capital bancario, incrementando la ferocidad de las políticas confiscatorias implementadas por Obama: actualmente los bancos no solo tienen la posibilidad de tomar parte de los salarios como devolución, sino que ahora también se les retira el tope a las comisiones que se le agregan a los préstamos, determinando intereses impagables. La política del ex presidente de limitar la incautación de los ingresos a solo un porcentaje del mismo constituyó una ayuda ficticia, por los salarios de miseria que perciben los trabajadores. Los dos billones de dólares adeudados por 42 millones de estudiantes norteamericanos, así como el endeudamiento familiar general de 12,6 billones de dólares, son aspectos del fin del sueño americano. Un sistema económico totalmente agotado, que pretende sobrevivir sobre la base de una enorme confiscación de los salarios y las condiciones de vida de la población trabajadora, en todos los planos. La bancarrota capitalista, cuyo epicentro está en Estados Unidos, y sus tendencias disolventes, son incompatibles con la educación. Eso pone al rojo la necesidad de una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales.

Acompañado por Margarita Stolbizer y Roberto Lavagna, Sergio Massa presentó el libro Programa Económico Urgente, en el que se describen las políticas económicas que llevarían adelante y que, según ellos, se distinguen tanto de “conservadores” como de “populistas”. “Los de antes creyeron que el consumo era todo y los de ahora que alcanza sólo con inversiones”, sentenció el ex ministro de Economía, que cuestionó por igual los gobiernos de Cristina y Macri. En oposición a esta dicotomía, la propuesta del Frente Renovador apuntaría a integrar ambos factores, abriendo una supuesta senda de crecimiento. Salarios y jubilaciones Pero al hablar de consumo, en su extenso programa no hay ninguna referencia a un aumento de emergencia, cuando la mitad de los asalariados no supera los 10.000 pesos de bolsillo y gran parte de los mismos están por debajo de la línea de pobreza. La única referencia al poder adquisitivo es la eximición del IVA en once alimentos de la canasta básica, algo que ya se practicó en el pasado y no redundó en una rebaja de los precios Es que los capitalistas se las ingenian para embolsar ellos la rebaja impositiva. Pero en la mejor de las hipótesis, y según los mismos renovadores, el impacto mensual de esta medida sería de… “aproximadamente 800 pesos”, una cifra semejante a una asignación por hijo. En definitiva, una compensación de carácter asistencial que no alteraría los actuales niveles salariales de pobreza. No hay ningún planteo de paritarias libres, cuando desde el Estado se vienen imponiendo techos salariales. Proponen en cambio un “ Acuerdo Económico Social que definan metas de precios y salarios”. Estos pactos nunca sirvieron para frenar los precios, pero sí como corset de los salarios. Lo mismo puede extenderse a las jubilaciones. Plantean el pago de “un haber extraordinario equivalente a un salario mínimo” siempre y cuando “la movilidad jubilatoria” resulte en un deterioro del poder adquisitivo. No sólo tiene un carácter condicionado, sino que se trataría de “unos 700 pesos de aumento”, que seguirá dejando el haber mínimo en niveles de indigencia. Luego, proponen una “unificación del sistema jubilatorio”, el viejo anhelo de la burguesía de eliminar aquellos regímenes provinciales donde rige el 82 por ciento móvil y habilitar a que sus fondos pasen a ser manejados por el Estado nacional. Subsidios y flexibilidad laboral El núcleo de la propuesta del FR consiste en “proteger a la industria nacional a partir de fortalecer a las Pymes”. Este planteo se sintetiza en más exenciones y subsidios. El argumento, por cierto trillado, es que eso estimularía la producción y el empleo. Ya en la actualidad, sin embargo, existe una ley pymes, votada por el massismo, que ha otorgado importantes beneficios impositivos (aplicar el impuesto al Cheque al pago del impuesto a las Ganancias, diferimiento del IVA) y que se une a la rebaja de aportes patronales. Nada de esto ha redundado en una mejora de la actividad económica o la ocupación. Sin embargo, el “programa urgente” del massismo propone generalizar esta fórmula a toda la clase capitalista. Los massistas insisten en la “competitividad”, el término que tanto la UIA como el gobierno emplean para reclamar una baja de los costos laborales. En consonancia con ello, plantean un salario supeditado a la “productividad”, la pantalla de una mayor flexibilización laboral. Massa mantuvo un silencio cómplice sobre la reforma laboral brasileña en momentos en que los capitalistas la reclaman como punto central de la agenda a implementar luego de las elecciones. Mientras tanto, la burocracia sindical enrolada en sus filas viene dejando pasar la ola de despidos y cierres y los convenios a la baja. Incremento de tarifas y devaluación Otra vara se aplica, en cambio, para los costos empresariales. El massismo deja en pie un sistema agotado y corrupto de concesiones y contratos en los servicios y en la obra pública, cuando una de las fuentes principales del déficit fiscal proviene de los sobreprecios y desvío de fondos de las contratistas privadas y proveedores. El FR también deja inalterados los tarifazos que ya han conducido a la dolarización de los combustibles, y sólo propone que se ajusten según la variación de los salarios... pero a futuro. La propuesta renovadora plantea la existencia de “un atraso cambiario”. Por eso, ni Lavagna ni Massa salieron al cruce de la estampida del dólar que acaba de superar la barrera de los 18 pesos y que agravará la carestía que golpea el bolsillo popular. Los massistas advierten sobre el carácter explosivo del endeudamiento. Pero lo que omite Lavagna es que apoyó el rodrigazo macrista, como lo hiciera su jefe, y el arreglo con los buitres, que son el punto de partida del presente crecimiento de la deuda. Fue precisamente Lavagna quien hizo el megacanje en la época kirchnerista, el cual, presentado como una quita, permitió que los acreedores cobraran la totalidad de la deuda gracias a los cupones atados al PBI. Conclusión Aunque hoy la burguesía coloca mayoritariamente sus fichas en el oficialismo gobernante, la continuidad de Massa en el tablero político no deja de ser un síntoma respecto de la inquietud que despierta en las filas patronales un agotamiento de la política económica del macrismo y del propio macrismo. Más allá de ello, está claro que rivalizan en una agenda que tiene en cuenta solamente los intereses capitalistas; el gran ausente de esa agenda son las reivindicaciones obreras y populares. La “defensa de la industria nacional” no es sinónimo de defensa de los trabajadores que se desempeñan de ella, ni siquiera de los puestos de trabajo. El capital subordina cualquier incremento de la actividad económica a su rentabilidad. Precisamente por ello, cualquier relanzamiento económico suele estar unido a una poda de los salarios, a condiciones leoninas de trabajo y menor dotación de personal. Las pymes son un eslabón de ese proceso, pues actúan, directa o indirectamente, como tercerizadas de las grandes corporaciones. El crecimiento económico del primer tramo del mandato de Kirchner, en el cual fue ministro Lavagna, tuvo, precisamente, como base una extensión de la precarización laboral con precios dolarizados y salarios pesificados inferiores a 300 dólares, combinada con grandes prebendas y subvenciones al capital. Pero, por sobre todas las cosas, se apoyó en una onda expansiva de la economía mundial. El escenario actual ha cambiado. La “recuperación” capitalista, que está siendo minada por el desbarranque de los mercados de capitales, o sea el corazón del capital mundial, no podrá ser salvada por el nacionalismo de los subsidios y el ajuste, pese a los sacrificios y privaciones sin precedentes que trae aparejado.

La novela Las maldiciones , de reciente aparición, se constituye como la obra más “política” de la escritora Claudia Piñeiro, que retrata el mundo del poder desde su más plena actualidad, en la que conviven un candidato político surgido de las usinas del marketing, asesorado por expertos comunicacionales que basan sus acciones en focus group, y un entorno que no excluye al crimen para garantizar su ascenso y una investigación periodística no queda ausente de la trama. La escena inicial muestra a Román Sabaté esperando un ómnibus para viajar hacia algún lugar en compañía de un niño, al tiempo que quita la batería del celular para no dejar rastros. Luego se sabrá -en un relato que combina voces y tiempos- que Román cumple un rol central como secretario privado en la vida de Fernando Rovira, un político con aspiraciones a ser primero gobernador y luego presidente, cuyo principal proyecto es la partición de la provincia de Buenos Aires en dos. Una de las razones del proyecto sería evitar “La maldición de Alsina”, el supuesto conjuro que impide que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires lleguen a la presidencia del país. Sobre este punto, la periodista Valentina Sureda escribe una investigación que la lleva a tender lazos con Román. La trama avanza hacia el thriller político, que incluye la misteriosa muerte, acribillada por un sicario, de la ex mujer de Rovira y la secreta partida de Román. La novela tiene un ritmo incesante y posee un in crescendo a medida que avanza el thriller, que incluye persecuciones, pactos espurios y muestra los vericuetos de la corrupción, el pago de retornos y la financiación de los partidos tradicionales (y los de reciente aparición) mediante aportes empresariales, que cobran formas oscuras e ilegales. Parte de una cotidianeidad de los partidos burgueses que se trasluce muy bien en el texto -y que revela mecanismos que están bien a la vista, pero que parecen legítimos en una primera mirada. Un personaje central en el armado de las políticas supuestamente “desideologizadas” que propugna Rovira (cuyo partido no por nada se llama Pragma) es su asesor comunicacional, un Durán Barba que sustituye el programa y los principios por las encuestas y estudios de mercado. En oposición a este orden de cosas, el texto rescata la figura de Adolfo Sabaté, tío de Román, que alguna vez fuera concejal por el radicalismo en una localidad del interior y que gusta repetir de memoria los discursos de su ídolo Raúl Alfonsín. Así, en la novela, la política se transforma en una contraposición de discursos; se rescata la oratoria de Alfonsín, sin señalar que su gobierno se caracterizó por el rescate del aparato represivo y judicial de la dictadura militar y en la aplicación de una “economía de guerra” contra el pueblo, bajo el mandato del FMI, que sumió a grandes masas en la penuria económica y acabó en una hiperinflación galopante. De este modo, la nostalgia por un discurso democratizante es contrapuesto a la baja politiquería -deliberadamente asemejable a la del PRO- del presente. Entre una remembranza apologista del ayer y el derrumbe de hoy, en lo que respecta a la trama política de Las maldiciones, no se vislumbra futuro. La novela de Piñeiro atrapa al lector, mientras que la conjugación de voces y tiempos que van del presente al pasado y regresan, los apuntes de la investigación de la periodista Sureda, los giros de tuerca del argumento y un final apoteósico muestran que Piñeiro puede pasar del relato íntimo de su anterior libro, Una suerte pequeña, a un thriller político trepidante con efectividad.

Esta semana, nuevamente los trabajadores de Pepsico volverán a movilizarse, desde el Ministerio de Trabajo al Congreso en caravana. En el ministerio, solicitarán una respuesta al reclamo de declarar la nulidad del procedimiento preventivo de crisis fraudulento que presentó la empresa y que hasta ahora viene avalando la cartera que conduce Jorge Triaca. El ataque de Triaca-Vidal-Macri contra los obreros se hizo explícito con el desalojo represivo del 13 de julio pasado y continúa al permitir que la empresa infrinja la ley. Como si fuera poco, la patronal sigue desconociendo el fallo judicial que salió a favor de los trabajadores y que exige su reinstalación. El miércoles pasado, una movilización que fue del Obelisco al Congreso llevó consigo el proyecto de expropiación de la planta. En la movilización del próximo jueves 3 de agosto, harán un abrazo al Congreso y volverán a llevarlo con nuevas firmas de diputados y senadores. El proyecto de ley plantea declarar de utilidad pública la planta de Florida. “Se trata de una fábrica de alimentos que se encuentra cerrada y sin producir cuando podría hacerse muchísima producción barata para las miles de personas que tienen necesidades alimenticias”, explican los obreros. El domingo se realizará un nuevo festival en la carpa del Congreso con la presencia de importantes artistas solidarios con el conflicto. También te puede interesar: El cierre de Pepsico: a confesión de partes...

Bien mirada, y en lo que respecta a los partidos del régimen, la campaña hacia las Paso ha sido una gran tentativa de ocultamiento de una crisis política y social de fondo, de alcance nacional y continental. Ese ensayo encubridor, sin embargo, no ha podido evitar que esa crisis se exprese cotidianamente, en términos de luchas y choques con las masas. La ocupación de Pepsico, desalojada el mismo día en que comenzaba ‘formalmente’ la campaña, colocó en las Paso una agenda que ya estaba presente desde comienzos de año, con AGR-Clarín, las huelgas docentes de todos los niveles, la lucha de Santa Cruz, de los choferes de Córdoba y un paro nacional que la CGT puso en juego sólo como recurso para contener esta irrupción obrera en vísperas de los comicios. La burocracia actuó, de ese modo, como agente de los candidatos patronales, los cuales, del PRO al kirchnerismo, se empeñaron en encauzar la inquietud popular en el corset de las elecciones. A pesar de ello, las Paso no han podido desembarazarse de un escenario de luchas. Sólo la militarización de la planta impidió una nueva ocupación fabril -la de Cresta Roja. La lucha de Adidas, por su parte, es la punta visible de una escalada de cierres y despidos masivos en la industria del calzado. La clase obrera de los ingenios del NOA salió a luchar por el salario y sus conquistas laborales, primero, y ahora contra el cierre del Ingenio La Esperanza. En Santa Cruz, el ajuste salvaje contra docentes, estatales y petroleros tiene el doble sello de la administración provincial kirchnerista y del gobierno nacional. La convocatoria de la CGT a una marcha con un mes de plazo sólo vuelve a refrendar el abismo que separa a las aspiraciones obreras de la burocracia, que apura la firma de convenios flexibilizadores en diferentes sindicatos. Pero la dilación de la burocracia ha contado con la venia de todas las fracciones burocráticas, incluyendo al kirchnerismo. Antes de ello, CFK había desechado una movilización de su corriente sindical para este 7 de agosto. El esfuerzo para que la clase obrera no intervenga en la crisis involucra a todos los bloques capitalistas que disputan estas Paso, del macrismo a “nacionales y populares”. Crujidos por arriba Los slogans de campaña tampoco han podido evitar los cimbronazos cada vez más agudos del programa económico oficial. En el curso de estas Paso, el peso sufría una devaluación del 15%. Los lenguaraces oficiales atribuyen la suba del dólar a la ‘inquietud electoral’, en un intento por disimular desequilibrios de fondo. A la corrida contra el peso de días atrás se volcó una fracción de especuladores que decidieron no renovar sus colocaciones en la deuda del Banco Central (Lebacs), aún cuando el gobierno había elevado su rendimiento. Para sofocar la corrida, el gobierno apeló a divisas que han ingresado a través de préstamos externos: o sea que el hiperendeudamiento está financiando la fuga de capitales, un escenario ya conocido en las vísperas de otras bancarrotas nacionales. La deuda pública roza las dos terceras partes del Producto Bruto y su refinanciación aparece cada vez más gravosa, a causa de su propio crecimiento y del escenario internacional. El comercio exterior del país, golpeado por la crisis mundial y continental, no puede proveer los recursos para reciclar esa hipoteca. La brusca devaluación, entretanto, ha dañado prematuramente al nuevo programa de créditos hipotecarios, uno de los recursos que el gobierno esgrimía para una reactivación. El carácter potencialmente confiscatorio de estos préstamos -cuya capital y cuotas se actualizan por la inflación y no con el salario- se puso de manifiesto con la devaluación, que disparó el valor de los inmuebles. Pero la inviabilidad de esta burbuja hipotecaria daría por tierra con una reactivación de la construcción, un “brote verde” que, en ese caso, pasaría sólo a depender de la hipertrofiada deuda pública. Por otra parte, no se detiene la bancarrota industrial de los sectores más expuestos a la competencia internacional. Tampoco la de las producciones regionales, donde los incentivos oficiales -eliminación de retenciones e impuestos- han quedado en manos del capital financiero y los pulpos exportadores. Así las cosas, el escenario postelectoral semeja a la Argentina con una gran convocatoria de acreedores, donde la clase capitalista redobla la exigencia de trasladarle el fardo de la quiebra a los trabajadores. Esto explica la exigencia de una reforma laboral flexibilizadora en espejo con Brasil; de una reforma previsional que contemple un aumento ¡optativo! de la edad jubilatoria -optar entre morirse de hambre y seguir trabajando- y un salto en la degradación educativa, como lo revelan los planes para convertir al 5º año secundario en una pasantía a gusto de las empresas. Crisis continental Hasta donde les fue posible, los partidos capitalistas han disimulado también el alcance continental y mundial de la crisis en curso. La caída de los precios internacionales, por un lado, y el agravamiento de la guerra de rapiña por un mercado mundial en retroceso, del otro, no sólo han colocado en defol a los regímenes nacionalistas o pretendidamente progresistas del continente. También han puesto en tela de juicio a la tentativa de reemplazarlos por regímenes derechistas, que sólo podrían progresar a costa de desatar rebeliones populares aún más agudas a las que vivió el continente. En Brasil, la experiencia de Temer podría terminar bebiendo de su propia medicina -una destitución parlamentaria, en medio de las denuncias de corrupción y de su incapacidad para aplicar el programa antiobrero que exigen los ‘rescatistas’ del país. En Venezuela, la experiencia chavista ha derivado en un régimen bonapartista de facto, sostenido por una cúpula militar y una camarilla corrupta. La amañada Constituyente de Maduro no se propone tomar las medidas elementales para sacar a las masas de la penuria extrema ni oponerle un planteo de transformación social al programa de recolonización integral que propugna la derecha proimperialista. Por el contrario, aspira a dictar el estatuto de una reprivatización petrolera. Por eso mismo, las masas que salen a enfrentar la crisis no podrían tener una salida en manos de los ajustadores derechistas. Venezuela expresa un dilema que atraviesa a toda la clase obrera continental: la lucha y la necesidad de una salida propia, frente al nacionalismo fracasado y a los macristas de la región. La perspectiva estratégica que deja esta crisis es la lucha por gobiernos de trabajadores en todo el continente. Las perspectivas políticas Mientras los protagonistas de las Paso proyectan el futuro como el cambio progresivo y pacífico de las relaciones de fuerza parlamentarias, nosotros avizoramos un escenario de grandes choques sociales, crisis políticas e incluso de alteraciones de régimen político -ello, como consecuencia de la crisis capitalista y de la tentativa de trasladarle la factura de esa crisis a las masas. Este es el escenario continental, del que Argentina no es ajena. La tentativa de llevar adelante la expulsión sumaria de un diputado en el Congreso es sólo un anticipo y una pantalla para avanzar en un régimen de excepción para hacer pasar esta agenda antipopular y explica la oposición firme que desarrolló el Partido Obrero en este punto. El escenario preelectoral destaca una fuerte contradicción entre la victoria que las encuestas pronostican para Cristina Kirchner, de un lado, y su completo silencio frente al progreso de la crisis nacional y continental, del otro. La jefa del kirchnerismo ha callado frente al ensayo de golpe parlamentario de la semana pasada y -ahora- frente a la propia crisis venezolana. Algunos voceros K se han despegado del gobierno de Maduro, pero sólo para auspiciar una mediación liderada por la OEA -o sea, por el “ministerio de colonias” del continente. A ello, se suma la ausencia del kirchnerismo en las grandes sociales del período, que han tenido como protagonistas al sindicalismo clasista y a la militancia y voceros del Frente de Izquierda. El macrismo parece absorber una posible derrota de Buenos Aires, que aspira a equilibrar con victorias propias o de aliados en el interior. Pero principalmente, apostando a revertir el resultado electoral bonaerense en octubre, apelando para ello a una polarización política. A su favor, cuenta con la inconsistencia política del armado kirchnerista, que es lo que se ha puesto de manifiesto en estos grandes episodios de crisis que han atravesado las Paso. El Frente de Izquierda, en cambio, no pasó desapercibido. Una campaña “en defensa de los trabajadores” lo encontró poniendo el cuerpo en las luchas obreras, en toda la geografía del país. La tentativa de disimular el ajuste y la impunidad hacia los corruptos con un golpe parlamentario, por otra parte, encontró a nuestros diputados en la primera fila de la lucha política y la denuncia contra los nuevos y viejos cómplices de la corrupción capitalista. Tenemos indicios de que esta intervención política y de lucha ha calado entre toda una porción de los trabajadores y la juventud, lo cual debemos refrendar estos días en la conquista del voto ‘hombre a hombre’ y de miles de fiscales.

La nota publicada en La Nación (1/8) sobre la actualidad de Pepsico (“Pepsico hoy: despidos, cierre de planta, trasladado a Mar del Plata e importación de productos de Chile”), contiene conclusiones reveladoras. La primera es la confesión abierta de la empresa norteamericana de que el objetivo del cierre de Planta Florida es el desmantelamiento de la organización gremial: “Desde la empresa destacaron que las ventajas logísticas de esta nueva planta, más cercana a la zona de producción de papas en la provincia de Buenos Aires, junto con una posibilidad de minimizar la influencia de los delegados gremiales de izquierda, fueron los motivos que impulsaron el cierre de la operación en Florida y su traslado al polo industrial marplatense”. Otro punto importante es la rotunda desmentida de que la empresa habría ofrecido traslados a la planta marplatense -versión que ayudó a deslizar la propia conducción del sindicato STIA- y de la versión del gobierno de que los 500 puestos no se perdían sino que se mudaban: “A la fecha no hay empleados trasladados desde Vicente López ni certezas sobre otra ola de incorporaciones que se comentó como una suerte de compensación de la merma de producción que significó la paralización y cierre de una de las dos plantas”. Hasta mayo de 2017 trabajaban en Pepsico 1.300 trabajadores (700 en Mar del Plata y 600 en Florida); en agosto, quedan solamente los 700 de Mar del Plata. La nota expone otra confesión: Pepsico reemplaza la producción de Florida con importaciones desde Chile de chizitos, palitos, papas fritas y tostadas saborizadas. Este artículo alcanza y sobra para verificar que el cierre de Pepsico -como antes ocurrió en AGR- tuvo por finalidad reventar la organización gremial de la planta y sus conquistas. El gobierno actuó de acuerdo con el libreto de la patronal, del cual no se apartó un milímetro, y el papel rastrero y traidor de la burocracia de Daer. Cuando la Justicia ordenó desalojar a los trabajadores que resistían adentro de la fábrica, el gobierno macrista dispuso un megaoperativo policial para hacer cumplir la orden. Pero cuando la Justicia ordenó reinstalar a los trabajadores en sus puestos porque el cierre de la empresa era fraudulento, el gobierno cuestionó el fallo. La respuesta de la burocracia sindical de la Alimentación a este plan antiobrero fue recomendarles a los trabajadores cobrar la mejor indemnización posible. Mucho cacareo de Daer contra la reforma laboral, pero a la hora de luchar se le queman todos los papeles. Así pasaron las masacres laborales del menemismo en los '90, cuando él estaba a cargo de la conducción de la CGT. Las ocupaciones de AGR, Pepsico, Tecpetrol, deben reproducirse ante cada empresa que cierre o despida para defender los puestos de trabajo. La defección de la burocracia sindical es irremontable. Asimismo, las ocupaciones demuestran ante la sociedad que somos los trabajadores los únicos interesados en el funcionamiento económico del país y refuerzan la conclusión que solamente un gobierno de trabajadores pondrá fin al ajuste interminable de la clase capitalista sobre los explotados. También te puede interesar: Cómo sigue el conflicto

El 23 de julio de 1917, la retirada de los ejércitos rusos del frente de batalla en Galitzia contra los alemanes y austríacos se convirtió en huida. La llamada “ofensiva Kerensky” había culminado en una catástrofe, con la pérdida de todas las conquistas territoriales obtenidas en los dos primeros años de contienda, la muerte de no menos de 40.000 soldados (una cifra similar había caído en mayo), y la eliminación del ejército ruso como factor actuante en la guerra mundial. Como contracara de las deserciones masivas se produjo una oleada de ocupaciones de tierras, alentadas por el soldado campesino que regresaba a su lugar. Ni los rusos ni los pueblos de las naciones sometidas querían más guerra -la “ofensiva” fracasó en gran medida por la decisión de regimientos enteros contrarios a sumarse- y la tierra era un reclamo insoslayable de ciento veinte millones de campesinos (en una población de 175). La paz y la tierra seguían siendo los grandes émbolos de la revolución. ¿Cuál era la naturaleza del gobierno a esta altura? La respuesta permite internarse en un capítulo fundamental de la Revolución Rusa: la presencia dominante del Frente Popular en el escenario vertiginoso de los siete meses que van de febrero a octubre. De minoría a mayoría “socialista” en el gobierno A principios de mayo se había formado un nuevo gobierno con el ingreso de seis “socialistas” como representantes del soviet (dos mencheviques, dos social revolucionarios, dos independientes), frente a diez ministros capitalistas. El régimen de doble poder, inaugurado en la Revolución de Febrero había creado una situación inviable desde el momento que ninguna sociedad puede funcionar por largo plazo bajo la dirección de dos poderes opuestos. Presentado como un aumento del control del soviet sobre el nuevo gobierno, fue un modo de comprometer a la organización obrera con un gobierno timoneado por la burguesía, decidido a seguir la guerra interimperialista y a postergar todos los reclamos para no chocar con los terratenientes y la burguesía. Luego de las Jornadas de Julio, del giro contrarrevolucionario y del fracaso de la ofensiva militar, este gobierno entró en crisis. Kerensky reclamó la suma del poder público y dio los primeros pasos de una experiencia bonapartista, esta vez con mayoría de ministros “socialistas”. Apelando al pretexto de "evitar la contrarrevolución”, el nuevo Gobierno Provisional de Coalición vino a enmascarar la contrarrevolución actuante. Frente a las deserciones masivas en el frente militar, decretó la censura de toda información proveniente del frente y la restauración de la pena de muerte como facultad de los tribunales militares. Ratificó la decisión de continuar la guerra y, a la vez, no entregar la tierra, un reclamo que siguió confinado a una Asamblea Constituyente sin fecha. Detrás del gobierno, el poder real estaba en manos de tres fuerzas unidas en función de la contrarrevolución: la burguesía, preparando el terreno para eliminar al propio Gobierno Provisional; el Estado Mayor y el alto mando del ejército, que habín lanzado la represión contra los soldados, el desarme de las tropas y obreros revolucionarios de Moscú y San Petersburgo, la persecución y el arresto de los bolcheviques y la clausura de sus periódicos. Finalmente, y no menor, la prensa monárquica y de la burguesía, cuya campaña iba dirigida a la disolución de los soviets, la verdadera esencia de la política de la dictadura militar que se ha enseñoreado en Rusia. Liquidar los soviets La contrarrevolución se daba en el marco de las explosiones de la bancarrota capitalista y la catástrofe social. “En julio y agosto, 366 empresas cierran sus puertas. Noventa mil obreros son despedidos en San Petersburgo, se cierran 200 pozos mineros en el Donbass, la mitad de las empresas de los Urales están averiadas. Los campesinos comienzan a ocupar las tierras de los terratenientes, degollándolos a veces y a menudo quemando sus residencias y pertenencias…” (J.J. Marie). Los bolcheviques, que habían ganado influencia sobre los campesinos gracias a su trabajo sobre los soldados, llamaban a la acción directa y las tierras eran confiscadas, bajo la dirección de comités agrarios y soviets campesinos. Se había iniciado una verdadera revolución agraria, que hace caso omiso a los llamados a la paciencia y al respeto a la propiedad del Gobierno Provisional y que la represión de los cosacos no lograba hacer retroceder. Lenin caracterizó el nuevo Gobierno Provisional como un intento de bonapartismo. La lucha de clases se había agudizado al extremo, como se había revelado en las Jornadas de Julio, características de un país al borde de la guerra civil. Una situación que constituía el terreno clásico para el bonapartismo, un poder que hace equilibrio entre dos clases enemigas, duramente enfrentadas y que no se pueden derrotar entre sí, pero que se apoya en el militarismo -la resaca del ejército luego de la masacre militar y las deserciones. Un gobierno bonapartista era el único que podía aparecer como capaz de contener la extendida revuelta campesina, por ser capaz de plantear las mayores promesas y desconocerlas a todas. Pero era un gobierno bonapartista y, a la vez, de Frente Popular, por la mayoría “socialista” en sus filas, que aparecía representando a los soviets. Este punto era crucial para la burguesía, porque aunque estiviesen momentáneamente vaciados y encadenados a su política, se podían convertir en una herramienta decisiva en la lucha por el poder. ¿Por qué la burguesía no marchó, junto a la camarilla militar contrarrevolucionaria, contra ellos, forzando su disolución? Porque aguardaba el momento oportuno para poder hacerlo, ante masas que habían refluido luego de las movilizaciones prematuras de julio, pero no habían sido derrotadas. La evolución de las masas Entre las masas y la conducción menchevique y social revolucionaria de los soviets se agravó el distanciamiento político. A partir de las Jornadas de Julio y del compromiso de los “socialistas” con el gobierno que era pantalla de la contrarrevolución, se profundizó un proceso de ruptura con la dirección de los soviets y los "socialistas"; ¿cómo seguir defendiendo una autoridad frente al proletariado si ahora los líderes de los soviets se habían integrado al gobierno dictatorial y, encima, eran su mayoría formal? El gobierno no era más que una mampara detrás de la cual se ocultaba el trípode contrarrevolucionario -burguesía, alto mando, prensa- pero tenía frente a sí un problema insoluble; los bolcheviques eran el único partido que no se había comprometido con la coalición burguesa -“socialista” en ninguna de sus instancias desde la Revolución de Febrero. Es bajo el gobierno bonapartista del Frente Popular que se inició el proceso que llevaría al bolcheviquismo a ganarse la confianza de la inmensa mayoría de obreros y campesinos. El Frente Popular, 1917 y 1935 Lenin, naturalmente, no llamó Frente Popular al gobierno (o los gobiernos) presididos por Kerensky. El término fue acuñado por el estalinismo cuando la burocracia del Kremlin viró a la política que dejó en manos de la burguesía la disputa de poder que planteaba, en la década del ’30, una encrucijada de hierro: o la clase obrera tomaba el poder o, de la mano del capital financiero, sobrevenía la contrarrevolución y la Segunda Guerra Mundial. España y Francia, ambas en la década del ’30 fueron escenarios de esta política de derrota. El Frente Popular, ese gobierno entre organizaciones obreras y la “sombra” de la burguesía, bajo cuyo amparo se desenvuelve la contrarrevolución, dividió a mencheviques y bolcheviques. Para aquéllos, la revolución era burguesa y el proletariado debía ir como furgón de cola de la burguesía llamada “liberal”. Para los bolcheviques, la revolución también era burguesa, sólo que para ello la burguesía traicionaría la revolución, por lo que la clase obrera debía separarse tajantemente de ella y forjar una alianza con los campesinos pobres, lo que daría lugar a una "dictadura democrática obrera y campesina". Este frente estaba personificado en Kerensky, un “amigo de ruta” de los social revolucionarios, y llevó a la colaboración de éstos y los mencheviques con la burguesía, en el Gobierno Provisorio, primero, y el Gobierno Provisorio de Coalición, después. El Frente Popular, como lo reveló la Revolución Rusa, no era neutral en la lucha de clases. Jugó un papel, como lo haría en otros momentos históricos, de desmoralización y desorganización de los trabajadores. Impidió que el pueblo tuviera paz, que los campesinos tuvieran la tierra, que los obreros tuviesen la jornada de ocho horas y los hambrientos tuvieran pan. Preparó y fue parte de la contrarrevolución en Rusia, así como fue cómplice del golpe militar que trató de aplastar a sangre y fuego al proletariado y el campesinado en lucha, bajo la dirección de Kornilov. En Rusia, sin embargo, no hubo un partido estalinista que condujera al Frente Popular. El Partido Bolchevique se formó en lucha contra la colaboración de clases con la burguesía, tomó el poder y se erigió en caudillo de la revolución socialista, atrayendo la consideración de la clase obrera del mundo en su lucha contra la guerra y el capitalismo. Fuentes: J.J. Marie: Lenin , Ediciones POSI, Madrid, 2008. E.H. Carr: La Revolución Soviética I , Alianza, Madrid, 1975. V.I. Lenin: Obras Completas , Tomos XXIV y XXV, Cartago, Buenos Aires, 1958. Alexander Rebinowitch: Prelude to Revolution…, Indian University Press, Boomington, Indiana, 1991. C. Rath: "El viraje del 4 de julio", Prensa Obrera N° 1.466.

El mismo gobierno que amparó y pactó con los jueces que vienen asegurando la impunidad del ex ministro De Vido quiso arrogarse la condición de juez moral del Congreso, para avanzar en una expulsión sumaria. Pero el objetivo de esa expulsión no era terminar con un corrupto, sino avanzar en un régimen de excepción, contrario a las libertades políticas y a las garantías constitucionales. Otorgarle esas facultades excepcionales al gobierno del ajuste, los tarifazos y el hiperendeudamiento nacional hubiera constituido, de parte del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, un crimen político. Por eso, rechazamos la maniobra del macrismo. Pero la operación oficial tiene otro flanco deleznable -la explotación política de la masacre de Once y del movimiento de familiares de las víctimas, para sus propósitos. Apenas superada la votación del pasado miércoles, los voceros de Cambiemos salieron a afirmar que dependerá de su victoria electoral en octubre la posibilidad cierta de que las corruptelas de De Vido -y principalmente la cuestión de Once- encuentren justicia en un futuro. Con independencia de que ello no ocurrió durante el año y medio de macrismo, donde el bloque PRO jamás amagó siquiera con el juicio político a los magistrados de la impunidad, la pretensión de que un gobierno y un Congreso “fuertemente macristas” harán justicia por las víctimas de Once es una verdadera estafa política y moral. De Vido será juzgado por el mismo Poder Judicial vitalicio e inamovible que le ha asegurado una vejez tranquila a innumerables funcionarios. Pero más allá de las chicanas y argumentaciones que interponga el ex ministro para zafar de la cárcel, los límites para encontrar justicia no serán solamente judiciales. Patria contratista, kirchnerismo y macrismo En una indagación a fondo de la causa de Once, debería salir a la superficie un entramado que hace al corazón del capitalismo, que lucra con los fondos públicos -cosechados en base a la exacción impositiva a la población- y a la explotación directa de “sus” trabajadores. Ahora bien, ¿no es el macrismo una expresión directa y ‘pura’ de esa patria ‘contratista’? Como empresario, los vínculos de Macri con los Lázaro Báez, Cristóbal y su gobierno son mucho más que vasos comunicantes. IECSA, la empresa que pertenecía hasta hace días a Angelo Calcaterra, primo y presumible testaferro de Mauricio, era socia de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento. Según la Justicia americana que investiga el lavajato, altos gerentes de IECSA participaron del sistema de coimas para la adjudicación de la obra, ello, junto con los colegas de De Vido. Desde el gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires, el régimen de desfalco del patrimonio público a favor de capitalistas privados estuvo en la orden del día, desde la ruinosa concesión del grupo Roggio en el subte hasta las que favorecieron al grupo Caputo, que se ha quedado con el 70% del mantenimiento de los hospitales porteños. Pero el mayor saqueo de la Ciudad también fue consumado en sociedad con el kirchnerismo: nos referimos a la venta y concesiones de tierras públicas, una corruptela votada en sociedad con los legisladores del FpV y, a veces, por medio de acuerdos directos entre Cristina y Macri. Una de estas concesiones, la de Costa Salguero, armó el negocio de las ‘raves’ electrónicas, con dealers y zona liberada -o sea, el Cromañon macrista que terminó con la vida de cinco jóvenes. ¿Qué autoridad o interés pueden tener los cómplices estatales de todas estas fechorías para hacer progresar -o siquiera invocar- la causa de los asesinados en la estación de Once? El reforzamiento de este gobierno -avalando, por ejemplo, lo que hubiera constituido un golpe de Estado parlamentario- nunca puede conducir a la justicia, sino a la impunidad de los socios empresariales del kirchnerismo y del macrismo. Cooptación En la voluntad de hacer avanzar sus maniobras, el macrismo y Carrió, supuestos abanderados de la moralidad y la transparencia, han emulado e incluso empeorado uno de los recursos más deleznables del kirchnerismo. Nos referimos a la cooptación de movimientos y luchadores que se levantaron contra el Estado, reclamando justicia por sus hijos o familiares asesinados. Hace una década atrás, vimos cómo Hebe Bonafini terminaba entrelazada al gobierno de Schoklender, De Vido y el represor Milani. Los Carrió y Macri han reiterado ahora la historia, integrando a familiares de Once al apoyo al macrismo. Cuando los luchadores contra el Estado pierden su independencia respecto de ese mismo Estado, le restan a su movimiento el recurso fundamental para sostener consecuentemente la lucha contra la impunidad. Por una deliberación política Este hilo conductor entre las masacres sociales y el Estado capitalista debería dar lugar a un debate político de fondo en el Congreso -es el que promoverán los diputados del Frente de Izquierda si la Justicia pide el desafuero de De Vido, el cual, desde luego, votaremos favorablemente, pero exigiendo a la vez esta discusión de fondo, para colocar ante toda la opinión popular las raíces sociales de un régimen de saqueo e impunidad. Digamos, de paso, que la separación sumaria de De Vido hubiera apartado al Congreso de este debate, circunscribiendo a la masacre de Once a una cuestión de responsabilidades penales e individuales. Nosotros luchamos -y lucharemos- para que esas responsabilidades personales se esclarezcan y se castiguen con la cárcel: nos hemos movilizado por ello desde el primer día en que lo hicieron los familiares de sus víctimas, y cuando los Carrió o Macri callaban desde sus casas. Pero haremos de esa condena un peldaño para la lucha contra un régimen social, en el que los crímenes de Estado son el último escalón en su tarea cotidiana de opresión a la mayoría trabajadora. Llamamos a todos los luchadores contra la impunidad a una reflexión y a un balance político. Hay que apartar a los cantos de sirena de los viejos socios de la corrupción capitalista, en la comprensión de que la justicia exige un camino de lucha y movilización independiente de quienes gobiernan o gobernaron el país a cuenta de esos corruptos.

El Gobierno de la Ciudad ha dado a conocer un proyecto de reforma de la escuela secundaria que implica un golpe demoledor a su carácter científico y pedagógico. Siguiendo el objetivo de las reformas iniciadas bajo el menemismo, se pretende adaptar la educación a un mercado laboral caracterizado por la descalificación y degradación. El proyecto va a fondo en el objetivo de subordinar la educación a las necesidades de las empresas. Así, se llega al extremo de eliminar el quinto año de la actual escuela secundaria, al menos en su función actual. En su lugar se constituirá un “año integrador y formativo del más allá de la escuela”. El mismo tendrá la siguiente estructura: “El 50% del tiempo escolar destinado a la aplicación de los aprendizajes en empresas y organizaciones, según los talentos e intereses de cada uno”. Y el otro “50% del tiempo escolar destinado al desarrollo de habilidades y proyectos relacionados con el emprendedurismo”. (1) Esta eliminación del quinto año conduce a las “pasantías” que Macri quiere reimplantar con su reforma laboral. Ya, bajo el menemismo, las pasantías fueron usadas para reemplazar trabajadores bajo convenio por precarizados, sin derechos laborales de ningún tipo y salarios esencialmente menores. Su pretendido propósito pedagógico quedó en la nada. Bastó que frente a tales abusos el Congreso ponga algunos límites a las patronales para que éstas pierdan todo interés en tomar pasantes. Descalificación… El nuevo proyecto es una vuelta de tuerca en la política de descalificación de la educación secundaria. Ya en 2013, bajo el paraguas de la llamada ley Nacional de Educación, con Filmus como ministro de Educación, en la Ciudad se eliminaron más de cuarenta orientaciones y desaparecieron materias fundamentales. La alusión a la ‘sociedad del futuro’ fue la alegoría usada para sustraerles a los estudiantes conocimientos avanzados de Historia, Matemática y Filosofía, entre otras disciplinas. Ahora, y junto a la liquidación del quinto año, toda la estructura de la actual secundaria sufrirá un golpe demoledor. Se dividirán los primeros cuatro años en dos ciclos, uno “básico” y el otro “orientado”, con promociones independientes. Por esta vía -aunque el proyecto no lo dice- se concluye en títulos intermedios aún más descalificados. Así, se ocultará la deserción actual en la escuela secundaria, que alcanza niveles enormes, diplomando a quien deserte al concluir segundo año. Docentes La descalificación del proceso pedagógico abarca a los docentes: sólo el 30% de las clases estará a cargo de ellos, mientras el otro 70% consistirá en el uso de plataformas y cuadernillos, mediado por la tecnología, bajo la figura de un “facilitador”. ¿Pero el “facilitador” tendrá la calificación de un docente y realizará su tarea bajo el amparo de los derechos que establece el actual Estatuto? Además, la alusión a la “tecnología” abre la puerta a la llamada educación a distancia, cuya aplicación hasta el momento se limitaba a la educación superior. La educación a distancia, por su propia naturaleza, le resta al estudiante y al docente la interconexión de un proceso pedagógico democrático e integrador. …y capitalismo Estas reformas, basadas en los papers del Banco Mundial, son justificadas por sus mentores bajo el precepto de que la educación debe ir de la mano con el ‘mundo del trabajo’. Se llega al extremo de afirmar que la "falta de mano de obra preparada para la integración al trabajo" sería la causa que retrasa el crecimiento del país, demora la llegada de las inversiones y la creación de los puestos laborales. Pero los que embellecen al capital presentan la realidad invertida. Así, el desocupado no sería una víctima del capital que necesita de un ejército de reserva para bajar los salarios, sino que el desocupado debe su condición a la falta de esfuerzo en su propia formación. Para justificar esta posición interesada se citan estadísticas que muestran que la desocupación es menor en las personas que alcanzaron niveles superiores del sistema educativo, pero no dicen que las tareas que realizan están por debajo de su propia calificación, que bien podrían ser asumidas por otros trabajadores. La sustitución de una educación científica e integral por el suministro de “habilidades blandas”, como eufemísticamente se utiliza en los textos oficiales, apunta en esa dirección. Esto permite interpretar adecuadamente los discursos recurrentes de Macri sobre la necesidad de la “educación permanente”, pues las “habilidades blandas” se modifican con pequeños cambios en el proceso productivo. Es el capitalismo el que impone un freno a la educación y no al revés, como pretenden hacernos creer los propagandistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial. La contrarreforma a la basura La reforma antieducativa de Rodríguez Larreta y Macri tiene una finalidad descalificadora, a la medida de las empresas. De aplicarse, representará un nuevo golpe a la educación, de un nivel igual o mayor al que significó la ley Federal de Educación menemista que produjo en los ’90 la destrucción de la escuela secundaria. Llamamos a los estudiantes, docentes y al conjunto del pueblo trabajador a debatir sus alcances reaccionarios y oponerle un programa y acción de lucha. 1. La figura de “emprendedor”, que acaba de plasmarse en una ley del Congreso, consagra un sistema de tercerización del trabajo a gran escala. Las empresas, como en buena medida ya ocurre, podrán derivar determinadas tareas en trabajadores que autogestionen sus propios emprendimientos sin ingresos asegurados. La explotación capitalista cobra la forma de autoexplotación, en el sentido de que los trabajadores deben imponerse a sí mismos condiciones laborales y salariales degradantes. Las exenciones impositivas que el Congreso votó para los “emprendedores” terminarán indirectamente reduciendo los costos empresariales. LEE MÁS Crece la lucha de los secundarios contra la reforma

Los trabajadores petroleros tomaron el yacimiento El Tordillo, administrado por Tecpetrol, del grupo Techint, frente al despido de casi 200 trabajadores (197, según el comunicado oficial de la empresa). Los trabajadores se han apostado pacíficamente para cuidar las maquinarias. El gobierno y la patronal han respondido militarizando la zona, lo que trata de regimentar o impedir las manifestaciones de solidaridad en el lugar. El pedido de los obreros es que se retrotraigan los despidos y se garanticen 36 meses de trabajo sostenido. La burocracia, que maniobró para dar una tregua y respetar la conciliación obligatoria, tuvo que -finalmente- apoyar la toma. Ha anunciado un paro de 14 horas sin confirmación. Los despidos en Tecpetrol se suman a la sangría que se está operando en los yacimientos de la provincia y que, a esta altura, suman 1.400 trabajadores petroleros (si se añaden a los 550 despidos directos, las bajas producidas por retiros “voluntarios” y jubilaciones adelantadas). ¿Extorsión? El comunicado de la empresa plantea que ha estado obligada a despedir en función de "adecuar la operación de El Tordillo a los bajos precios internacionales de petróleo vigentes desde fines de 2014 y a los altos costos propios de un yacimiento muy maduro”. La frase referida a los precios internacionales suena a extorsión. Debe recordarse que en 2016 los gobiernos nacional y provincial acordaron un subsidio al barril de petróleo, por lo que los grandes pulpos que operan en la zona recibieron 250 millones de dólares del Estado nacional y 40 millones de dólares de Chubut. El acuerdo tuvo el respaldo de la burocracia sindical (con el compromiso de no despedir durante seis meses). Ante la baja de los precios internacionales y el acuerdo en 54.90 dólares -el precio “criollo” para la cuenca del Golfo San Jorge, no puede descartarse que las petroleras utilicen los despidos como moneda de cambio de un nuevo aumento. El gobernador Mario Das Neves, junto al secretario general Jorge “Loma” Avila, han llegado a plantear que se otorgue el mismo subsidio para el precio del gas que se otorga en Vaca Muerta. Ante el saqueo del gobierno, las petroleras y la crisis y despidos hay que exigir la apertura de los libros contables de las petroleras que suspendan o despidan, la necesidad de expropiar sin pago las operadoras que bajen la producción y la nacionalización de los hidrocarburos. Es la oportunidad para plantear la planificación económica en la actividad petrolera, bajo control de sus trabajadores.

Los candidatos del FIT en la Ciudad, Marcelo Ramal, Myriam Bregman, Gabriel Solano, Vanina Biasi y Patricio Del Corro, recorrieron en la tarde del sábado la avenida Corrientes. Marcelo Ramal declaró: “La creciente adhesión al Frente de Izquierda que estamos evidenciando en el último tramo de la campaña hacia las Paso se debe a que una parte considerable de la población nos ve como la única alternativa para derrotar el ajuste que lleva adelante el gobierno en complicidad con la falsa oposición”.

La paritaria de los trabajadores del Neumático se encuentra en momentos decisivos. Luego de extensas negociaciones, las patronales han ofertado un 23%, muy lejos del reclamo del 35% resuelto en la asamblea general del gremio. El Sutna se movilizará a las puertas del Ministerio de Trabajo este jueves 3 de agosto, y ha realizado una convocatoria a las diferentes organizaciones sindicales antiburocráticas para que formen parte de esta movilización y acompañen los reclamos de los trabajadores del Neumático. Contra las habituales acciones de aparato de la burocracia sindical, la nueva dirección del Sutna ha definido convocar a todos los trabajadores a formar parte de la pelea por la recomposición salarial en gremio. Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, ha estado presente en las grandes plantas, realizando asambleas en todos los sectores. Los argumentos presentados por la dirección del gremio en las audiencias son concluyentes. Luego de años de comando kirchnerista de los acuerdos paritarios, el salario del Neumático se encuentra con un importante retraso. Las patronales aducen que en la última paritaria acordada por la nueva dirección fue suficiente recomposición salarial y que, en esta oportunidad, sólo se debe discutir la inflación corriente. Los compañeros han rechazado la propuesta patronal y, al mismo tiempo, el criterio de discusión que se pretende imponer desde las empresas y el gobierno. En el transcurso de estas discusiones, los trabajadores de Fate han avanzado con una conquista de suma importancia. Luego de muchos años de discusión y luchas, una asamblea general con más de seiscientos compañeros votó una propuesta de acuerdo sobre un nuevo premio de planta. El sistema de “premio celular”, que era utilizado por la patronal para extorsionar a los trabajadores, ha llegado a su fin. El acuerdo establece el fin de la variabilidad del premio, estableciendo un piso del 20%. Este paso adelante refuerza la organización de los compañeros de Fate frente a las luchas que se encuentran por delante. La movilización será un termómetro del la voluntad de lucha del conjunto de los trabajadores del Neumático y para que las patronales tomen nota de la misma. La situación salarial y las condiciones de trabajo en todo el gremio son los temas centrales de discusión al interior de las grandes plantas. Los cuerpos de delegados y seccionales han lanzado una encuesta sector por sector, compañero por compañero, para establecer la verdadera canasta familiar de este sector de trabajadores de la industria. Este mecanismo ha incentivado la discusión entre todos los compañeros sobre la necesidad de abrir paso a una nueva realidad del conjunto de los trabajadores, contra las intenciones patronales y gubernamentales de avanzar contra las conquistas y reivindicaciones de la clase obrera. Perspectivas La pelea en esta paritaria se desarrolla en un cuadro donde las principales direcciones sindicales del país han entregado el salario de los trabajadores. Al mismo tiempo, la burocracia sindical de todos los pelajes ha estado ausente de las principales luchas que se han desarrollado en la última etapa. Para ser más precisos, han actuado en comunión con los intereses patronales en todos los planos. Tanto en AGR-Clarín, Cresta Roja o más abiertamente en Pepsico, las direcciones burocráticas han actuado para evitar un triunfo de los trabajadores. La situación en el Neumático no puede ser analizada por fuera del conjunto de la situación política. La pretendida reforma laboral “a la brasilera” que encarará el gobierno de Macri en la próxima etapa, impactará de lleno en el corazón del movimiento obrero argentino. La paritaria del Sutna es un episodio de lucha preparatorio de una etapa de grandes enfrentamientos entre las clases, donde los trabajadores serán protagonistas principales. La CSC-PO acompaña la movilización de los compañeros del Neumático y llama a todo el clasismo a apoyar las medidas que los compañeros definan. Esta lucha también formará parte de la campaña del Partido Obrero y el Frente de Izquierda como ejemplo de la lucha de los trabajadores contra las paritarias a la baja y la flexibilidad laboral.

En un mes y medio se llevarán a cabo las elecciones de consejeros directivos y centros de estudiantes en todas las facultades de la UBA. Luego se votarán los decanos y, de acuerdo al calendario dispuesto por el Consejo Superior, en diciembre se elegirá al próximo rector. Ajuste del gobierno y del Rectorado La renovación de centros y autoridades se dará en el contexto de una intensa puja entre el gobierno y la universidad pública. Desde que asumió, Macri se abalanzó sobre el presupuesto de la universidad, lo que sólo fue frenado por grandes huelgas y movilizaciones de estudiantes, docentes y científicos. El gobierno tiene en carpeta un violento achique del Conicet y un “rediseño” de todas las carreras de grado para adecuarlas a las privadas, siguiendo los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (flexibilización curricular, precarización docente, trabajo gratuito como condición para recibirse, títulos desvalorizados y posgrados arancelados). De acuerdo con el plan Maestro presentado por el ex ministro Esteban Bullrich, esta gigantesca degradación debería estar culminada para 2021. La campaña reeleccionista del actual rector Alberto Barbieri va en sintonía con esta ofensiva. El rector pasó de ser candidato a ministro de Educación de Scioli a las buenas migas con Cambiemos, sin solución de continuidad, siempre rodeado de funcionarios radicales partidarios por igual de Lousteau y de los negocios con la plata de la universidad. Su secretaria académica, “Cati” Nosiglia, anunció que va a poner a la UBA “a tono” con los planes del gobierno y ya firmó un convenio con la Universidad de Córdoba -cuna de las reformas macristas- para avanzar en ese sentido. Barbieri y su pata estudiantil “Nuevo Espacio” son los máximos exponentes de un Consejo Superior que acaba de aprobar su propio ajuste contra los trabajadores de la UBA: un aumentazo de las cuotas de la obra social Dosuba, que acompaña el recorte de prestaciones. Crisis de la Fuba y cómo superarla La ofensiva del gobierno y el Rectorado hacen más necesario que nunca la presencia de una Fuba y centros independientes, que asuman la defensa de la universidad pública, de sus estudiantes y trabajadores. Para ello, los estudiantes debemos sortear la situación actual de nuestra federación, que se encuentra en crisis debido a la cooptación de una parte de su conducción -La Mella- a las filas del PJ-kirchnerismo. Se trata de salto largamente anunciado, con antecedentes como el frente con La Cámpora en Filosofía o la alianza con los massistas de Libres del Sur en Psicología, en ambos casos para enfrentar a las agrupaciones de izquierda. A pesar de ello no dejó de provocar un sismo al interior de la propia organización. Lejos de representar un contrapeso u oposición a Barbieri, el espacio “nacional y popular” de la UBA se encuentra él mismo fracturado por la presión del Rectorado. Es lo que ocurre en Sociales, su “bastión” en la UBA, donde el decano Postolski y su troupe sabbatellista serán desafiados por el ala K ligada a Filmus y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que reunió el apoyo entusiasta de Viamonte 444. Algo similar pasó en Medicina, donde La Cámpora cerró filas en graduados con el PJ y Nuevo Espacio, dejando patas para arriba al resto de la banda K. El bloque al cual se integra La Mella está quebrado por dentro y sus decanos vienen de votar buena parte de los convenios y presupuestos elaborados por Emiliano Yacobitti. El desafío de las próximas elecciones es superar este cuadro logrando un reagrupamiento independiente que potencie en el plano de la Fuba y de los centros la lucha de miles de estudiantes y trabajadores contra el ajuste y la política privatista del gobierno y las autoridades. En oposición al carrerismo al interior de las estructuras del régimen, llamamos a fortalecer un movimiento estudiantil ligado a la lucha de nuestros docentes y a las grandes batallas de la clase obrera, como AGR y Pepsico, y las tantas que están por venir. Convocatoria La defensa de la Fuba, recuperada al calor del Argentinazo y con 16 años de lucha y apoyo a cada una de las causas populares de nuestro país, es una tarea que le cabe al conjunto de las agrupaciones que se reclaman de izquierda y defensoras de la lucha del movimiento estudiantil. La UJS, que se presentará en las trece facultades de la UBA, convoca a unir fuerzas y a pelear para reunir una mayoría de delegados en pos de este objetivo. Dirigimos este llamado a los compañeros de La Corriente de la Fadu; del Base, de Económicas, con los que construimos el MxE; a la 29 de Mayo; Poder Popular, a las fuerzas con las que componemos el Frente de Izquierda y al conjunto de las corrientes de la izquierda. Estamos ante un desafío ineludible a la hora de derrotar el ajuste que Macri y toda la clase capitalista quieren descargar sobre la juventud y los trabajadores.

El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, declaró a medios de prensa que su objetivo es realizar una reforma previsional que establezca la edad “optativa” de jubilación. Aunque el planteo suena liberal, en realidad, esconde una coacción por parte del Estado. Es que si a las personas se les paga una jubilación mínima de 6.080 pesos, como ocurre con más del 35% de los jubilados, se las obliga de hecho a continuar trabajando para poder solventar los gastos elementales de subsistencia. En la actualidad, sólo una minoría de los jubilados alcanza la canasta básica de la tercera edad que mide la Defensoría a cargo de Eugenio Semino. La extensión de la edad jubilatoria, ya sea que se establezca taxativamente por ley o que se imponga por los hechos mediante la coacción de haberes de miseria, representa un ataque al conjunto de los trabajadores. En particular afectará a la juventud, a la que le costará aún más conseguir un empleo dado que la extensión de la edad jubilatoria actuará como tapón al mantener en sus puestos de trabajo a personas que deberían jubilarse. Así, se incrementa el ejército de desocupados que impulsa la competencia por conseguir un empleo, permitiendo a las patronales pagar menores salarios. Según Basavilbaso, las personas que decidan jubilarse a una edad más avanzada serán compensadas con jubilaciones más altas, pues tendrán mayores años de aportes y menos años en los que cobrarán el haber. Pero por esta vía se vuelve a la jubilación de capitalización individual, contraria al concepto de universalidad que es un principio rector del sistema previsional argentino. Por eso, aún si fuese cierta la promesa del titular de la Anses de que no se volverá a privatizar el sistema previsional, tendríamos una especie de AFJP estatal. Las declaraciones de Basalvibaso se producen en momentos en que se agrava la ofensiva contra los jubilados. La Anses, contrariando las promesas realizadas durante la campaña de Macri, ha vuelto a apelar los juicios que debe pagar a quienes tienen sentencia a favor. Esto porque pretende ajustar los pagos por un índice (Ripte) que no llega al 50% del que se venía usando hasta el momento (ISBIC). Con el criterio del gobierno, la actualización sería del 91% y con el fijado por la Corte Suprema, es del 183%. La llamada ‘reparación histórica’ esconde una confiscación enorme. Denunciamos esta reforma que está en marcha, que ha sido solicitada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) junto con la reforma laboral y la reforma educativa diseñadas por las patronales y el Banco Mundial. El Frente de Izquierda le opone a estos planteos la plena vigencia del 82% móvil, la reinstalación de los aportes patronales reducidos por Menem-Cavallo y la dirección de la Anses por trabajadores y jubilados.

El pasado viernes, en una nutrida conferencia de prensa, se presentó la lista del Frente de Izquierda en Lincoln. Es la primera vez que la izquierda concurrirá a la lucha electoral en la ciudad. Es un enorme salto para un trabajo incipiente realizado por compañeros del Partido Obrero de Junín, junto al docente y músico Martín Beloso, integrante de la Multicolor y del Partido Obrero, quien encabezará la nómina de Concejales. También integran la lista la docente jubilada Cristina Osteolaza, Fátima Rano, Paula Langan, César Bernard y otros luchadores sindicales y de la juventud. De la presentación participaron, además de los dirigentes locales, los precandidatos a diputados nacionales Miguel Bravetti (PO) y Mónica Schlotthauer (IS). Bravetti destacó en su intervención el rol desempeñado por el Frente de Izquierda en apoyo a las luchas actuales, contra los despidos y cierres de empresas -la crisis de Sancor es un ejemplo cercano ya que tiene una planta en la localidad- y la enorme batalla política librada contra la tentativa de golpe parlamentario en torno del caso De Vido. También puso de relieve la importancia de la banca recientemente conquistada en Chaco, como expresión del ascenso del FIT. Beloso, por su parte, explicó los contrastes sociales de un distrito beneficiado por el boom sojero. Denunció la precarización de los trabajadores municipales por la gestión del anterior intendente K, Jorge Fernández, y por el actual, Salvador Serenal, de Cambiemos; el drama del “agua contaminada por arsénico y agrotóxicos”; la ausencia de planes estatales de vivienda “a los que podrían destinarse entre 20 y 30 millones de pesos que hoy se dilapidan en la organización de la fiesta de carnaval”. El debate que siguió a las intervenciones iniciales, en el que hicieron uso de la palabra muchos de los vecinos presentes, atravesó la situación de la escuela pública, del transporte, las formas de explotación agrícola no contaminantes y el uso responsable de la tecnología, el vaciamiento en marcha de los organismos de investigación como el Inta y el Conicet, y la persecución policial de la juventud, entre otros temas. El lanzamiento de la lista debe servir para darle un impulso decisivo a la campaña y organizar núcleos de jóvenes y trabajadores en comités de apoyo a los candidatos. El Frente de Izquierda y el Partido Obrero serán un instrumento de la organización del pueblo de Lincoln por todas sus reivindicaciones postergadas.

El proceso de reconversión y el plan de Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) para solucionar el conflicto azucarero en La Esperanza, hasta el momento es palabra muerta. El gobernador ha planteado que es necesario desvincular 680 trabajadores para hacer efectiva la llegada de un grupo inversor privado para hacerse cargo del ingenio, pero desconoce el acta de audiencia firmada por miembros de su propio gabinete, como el ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz; el diputado Fabián Tejerina, en representación del Ingenio La Esperanza, y el secretario de Trabajo y Relaciones Laborales, Juan Ignacio Palermo, el 12 de enero pasado. En dicha acta el gobierno se compromete a satisfacer los créditos laborales de los trabajadores hasta el momento en que el inversor privado se hiciera cargo, garantizando las fuentes de trabajo de los obreros hasta la venta del ingenio. Lo único que “cumplió” fue el pago del retiro voluntario de 70 trabajadores (aunque no en los términos acordados, ya que lo que se pagó está muy por debajo de lo que corresponde), que era uno de los puntos que se venían reclamando y que se dio luego de la importante asamblea que decidió parar. Acciones de lucha El lunes 24 de julio, los obreros fueron al paro por tiempo indeterminado con permanencia en la puerta de fábrica. Recién ese día, y con el paro de por medio, el gobierno depositó los 120 mil pesos (no se puede llamar indemnización) a cada obrero que aceptó el “retiro voluntario”. El martes 25 se reunió la Comisión Directiva del Sindicato (SOEA) con miembros del Ministerio de Trabajo para discutir algunos puntos de la demanda, con el objetivo de llegar a un acuerdo e ir resolviendo el conflicto con la fábrica en marcha. El gobierno no dio ninguna respuesta al reclamo de los trabajadores. Es en este marco que se resolvió movilizar hacia la ciudad de San Pedro, cabecera de la región. El miércoles 26, los trabajadores emprendieron una marcha de más de 4 kilómetros junto a vecinos, familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos políticos, etc., de la cual también participó el Partido Obrero de Jujuy. Este tercer día de paro, entre cantos y banderas flameando, los cientos de compañeros que se dirigieron caminando desde La Esperanza hacia San Pedro (de donde proviene el 90% de los trabajadores) y las decenas de motos con sus bocinas y el paso firme y veloz que la situación ameritaba, hicieron sentir su reclamo y la exigencia al intendente Julio Bravo (UCR) que intervenga directamente en el conflicto. Mientras la gran columna obrera fue recibida por los vecinos con aplausos y muestras de solidaridad, Bravo huía del municipio para escapar de su responsabilidad de pararse del lado de los trabajadores para defender sus puestos laborales. Conciliación obligatoria, rechazada En este contexto, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia dictó la conciliación obligatoria y se convocó al SOEA a una audiencia para el viernes. Esta maniobra por parte del gobierno provincial es totalmente arbitraria, ya que el Estado pretende ser juez y parte en el conflicto, y sólo conmina a los obreros a volver a la fábrica sin ningún avance en las negociaciones. Esta acción refleja la orientación del gobierno, que actúa en connivencia con las patronales en esta avanzada sobre el conjunto de las conquistas de los trabajadores. Luego del rechazo de la conciliación obligatoria por parte del SOEA, durante el cuarto día de paro se realizó una caravana en la Ruta Nacional 34 desde Arrayanal hasta la entrada a San Pedro, como otra modalidad de protesta, ante la falta de repuesta por la desafectación de los empleados de la fábrica a la jornada laboral de zafra, de mejores condiciones de trabajo y seguridad, falta de equipamiento de trabajo y ante la falta de información sobre los posibles inversores (o “inversores fantasmas”, como los llaman los obreros) y la falta de claridad sobre la situación del ingenio. El quinto día de paro se resolvió, en asamblea, continuar con la medida por tiempo indeterminado ante la ausencia de respuestas por parte del gobierno. El gobierno sigue tensando la cuerda y ha amenazado con no pagar los días no trabajados, incluso no pagar la quincena. Por un segundo congreso de la FAR En este marco, desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda planteamos nuestra completa solidaridad y disposición con los obreros, y reforzamos nuestro planteo sobre la necesidad de convocar a un segundo Congreso Azucarero de la Federación Azucarera Regional (FAR) para poder superar el aislamiento de conflictos particulares y poder discutir de conjunto qué medidas tomar entre todos los trabajadores azucareros de Jujuy y Salta para evitar los atropellos de las patronales privadas y los gobiernos que las apoyan. Ante el cuadro de avanzada sobre las conquistas laborales de las patronales azucareras es urgente la realización de una jornada de lucha del conjunto de los trabajadores de los cinco ingenios que integran la FAR. Esto le daría fuerzas a los conflictos de La Esperanza, San Isidro y de Ledesma, ya que ante estos tres ataques no se anunció ninguna medida. Más que nunca, resulta imprescindible que el movimiento obrero del azúcar resuelva un fuerte plan de lucha en defensa de sus puestos de trabajo y de las condiciones laborales. Se puede ganar Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda creemos que la importante marcha del 26 de julio y el apoyo de las familias es una muestra de que a esta lucha puede ganarse. Debemos desarrollar fuertemente las instancias asamblearias, confiar en la fuerza de las bases obreras, sin depositar expectativas en el gobierno ni en los partidos de la coalición del ajuste. * Apertura de los libros. Control obrero de las finanzas y de la producción. * Ningún despido ni desvinculación. Todos adentro. * Liquidación de todas las sumas adeudadas a los obreros y entrega de los equipos de trabajo.

Estudiantes universitarios y terciarios de Buenos Aires, La Plata, General Madariaga, Chaco y Formosa realizamos durante nueve días una experiencia formativa y de lucha junto a los campesinos y originarios que enfrentan la sojización y expulsión de sus tierras. La pasantía comenzó con una charla en Formosa capital a cargo de Fabián Servín, dirigente del Partido Obrero y candidato a senador por el Frente de Izquierda, quien junto a Sergio Sapkus describió el desarrollo histórico del capitalismo en la región y cómo la crisis actual no hace más que agravar el profundo atraso de la provincia, con altísimas tasas de desempleo y precarización laboral sostenidas por el gobernador del Frente para la Victoria, Gildo Insfrán, y la oposición patronal. La Primavera, cooptación y reflujo De allí partimos a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Recorridas por las viviendas y una asamblea de mujeres reflejaron una situación extrema: caminos intransitables cuando llueve, desempleo, superexplotación, salud y educación vaciadas sin insumos ni personal. La incorporación de su líder Félix Díaz al Consejo Consultivo y a la Mesa de Diálogo, organizadas por el gobierno de Macri y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, consiguió que se levantara el acampe qopiwini, pero no se tradujo en ninguna mejora concreta para los originarios, que siguen reclamando el reconocimiento de su territorio. El descontento crece en una parte de la comunidad, principalmente en los más jóvenes y en las mujeres, que empiezan a plantearse la necesidad de salir nuevamente a la ruta y de organizarse junto a los campesinos y los trabajadores de forma independiente de todos los gobiernos de turno. Loma Sené, colonia luchadora… El siguiente destino fue la colonia campesina Loma Sené, en el departamento de Pirané. Nos encontramos nuevamente con una situación crítica. Enfermedades producidas por agrotóxicos, falta de herramientas para trabajar la tierra y una sala de salud que estuvo cerrada los cinco días que paramos en la colonia. La educación merece un punto especial, ya que los más de 200 estudiantes de la Agrotécnica deben cursar sin agua potable y en aulas con nula ventilación. El Estado no contrata personal no docente, por lo que una madre voluntaria cocina el almuerzo (que los chicos deben pagar) y entre docentes y estudiantes se reparten las tareas de limpieza. Frente a esto, los padres organizaron una comisión que, con piquete y asamblea, logró echar al director de la escuela, puesto a dedo por el gildismo, que se había robado un millón y medio de pesos el año pasado. Los estudiantes también empezaron a organizarse para enfrentar estos atropellos, y nos reunimos con ellos para darles una mano en la conformación de su centro de estudiantes. ...que saca conclusiones políticas Lo interesante de Loma Sené (colonia a la que viajamos hace diez años) es que los campesinos han hecho una experiencia política con el peronismo, el kirchnerismo y el radicalismo. Hoy salen a luchar, empujados por el recrudecimiento de la crisis, y se suman a construir una alternativa política de los trabajadores. La reciente inauguración de un local del PO en la ciudad de Pirané es una muestra de ello. Allí se realizó una muy movilizante asamblea abierta del Plenario de Trabajadoras que discutió, entre otras cosas, el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en Chaco. Allí también hicimos base para aportar a la campaña del Frente de Izquierda, con timbreos, agitación por las avenidas e incluso una pintada, pese al apriete del gobierno para prohibirnos hacer campaña en las paredes. Por una alternativa de los trabajadores Nuestro último día en Formosa produjo un hecho político del que los medios locales tomaron nota. Decenas de estudiantes de la Fuba, junto a jóvenes y trabajadores formoseños marchamos a la Casa de Gobierno. Exigimos la inmediata liberación de Agustín Santillán. Gabriela Torres, su compañera, encabezó la movilización e hizo uso de la palabra frente a la Gobernación. La movilización también recogió los reclamos más sentidos de los trabajadores formoseños: tierra, trabajo, salud y educación. El gobierno de Gildo Insfrán, apoyado en un régimen de patotas e instituciones monolíticas, beneficia a un puñado de terratenientes y banqueros que depredan la tierra y hunden la provincia en el máximo atraso. En el curso central sobre la vigencia de la Revolución Rusa, que constó de tres clases, discutimos que las condiciones históricas de la revolución socialista están más maduras que antes y que los levantamientos populares que ocurren en todo el mundo en defensa de las condiciones de vida del pueblo trabajador ponen a la orden del día la necesidad de superar a este régimen de explotación, crisis y masacres. En Formosa y en todas partes La pasantía terminó en la carpa de Pepsico, solidarizándose con los trabajadores. La unidad obrero- estudiantil marca el camino para enfrentar el ajuste y es por eso que la pasantía no terminó al bajarnos del micro. Llevaremos esta enorme experiencia a nuestros lugares de estudio, junto con una gran campaña por el voto al Frente de Izquierda y preparando las elecciones en la UBA en defensa de una Fuba independiente y de lucha.

La campaña del Partido Obrero en la ciudad de Dolores avanza a paso firme, con la mira puesta en que el Frente de Izquierda esté presente en las elecciones generales ofreciendo a los trabajadores una alternativa política contra el ajuste. En el marco del bicentenario de nuestra ciudad nos encontramos con una situación crítica por la que atraviesan numerosos barrios, a los que no llega el agua potable ni la red cloacal, sumado a las falencias con respecto del asfaltado de las calles, la limpieza y el servicio eléctrico. El municipio, gobernado por Camilo Etchevarren, de Cambiemos, ni siquiera ofrece una salida al tratamiento de los residuos, razón por la cual tenemos un basural a cielo abierto y una planta de reciclado en estado de abandono, muy próximo a una zona rural habitada y a dos establecimientos escolares. El ajuste lo sufren en particular los trabajadores municipales, en condiciones de precarización laboral, sin la ropa ni las herramientas necesarias para las tareas que realizan. Mientras tanto, los fondos del municipio se van en “inversiones” para el proyecto Aguas Termales, que es inaugurado y reinaugurado sin atisbos de que empiece realmente a funcionar. La falta de acceso a la vivienda y las dificultades de los jóvenes para conseguir trabajo son otras de las realidades que padecemos, mientras el intendente asegura por los medios que en Dolores hay pleno empleo. Un eje crucial en la campaña que estamos desenvolviendo gira en torno de las necesidades de la mujer trabajadora. Desde la prevención en cuestiones de violencia familiar y de género, hasta la puesta en funcionamiento de un refugio y centro de asistencia para la mujer víctima de violencia, son reclamos que defiende únicamente el Frente de Izquierda. Presentamos a los trabajadores de Dolores un programa político que -ligado a la lucha política que da el FIT como única fuerza que enfrenta el ajuste a nivel nacional- ofrece una salida a esta situación. Reclamamos la apertura de los libros contables de la municipalidad y la publicación de todos los contratos y concesiones, para terminar los negociados como el de Aguas Termales. Exigimos también el pase a planta permanente de todos los trabajadores del municipio. Queremos un plan de urbanización que llegue a todos los barrios de la ciudad, elaborado en conjunto con consejos vecinales. Planteamos la creación de una Secretaría de Medio Ambiente integrada por las organizaciones ambientalistas y de protección de animales, junto a representantes vecinales electos, que diseñe un plan para el abordaje de la cuestión. Además, defendemos el planteo de la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres, electo por las mujeres en forma directa y con cargos revocables, que cuente con presupuesto para combatir la violencia de género. Llamamos a los trabajadores de Dolores a votar para que este programa en defensa de sus necesidades esté presente en estas elecciones. Nuestra lista, integrada por docentes, trabajadores de la salud, jubilados, obreros rurales y de la industria láctea, se encuentra desarrollando una intensa campaña con este objetivo y ya ha conquistado una quincena de fiscales para defender el voto al Frente de Izquierda.

El jueves 27 cientos de activistas, trabajadores y jóvenes se congregaron en un gran festival frente a la Municipalidad de Córdoba bajo la consigna “Basta de Despidos y Suspensiones - #NiUnaFamiliaEnLaCalle”. Esta verdadera jornada de lucha en defensa del trabajo fue convocada por el Comité contra los Despidos y Suspensiones, integrado por los compañeros de la agrupación mecánica La Tuerca, la Lista Unidad de UTA, Lista Negra del Sutna, delegados y activistas de Aoita, las agrupaciones Tribuna Docente, Tribuna de Salud, Lista Fucsia SUOEM, los compañeros del Polo Obrero, el legislador Eduardo Salas y Jorge Navarro, abogado y dirigente del PO. La convocatoria fue un espaldarazo a la carpa que sostienen desde hace 14 días las trolebuseras y congregó a representantes de las principales luchas de la provincia, entre los que se destacan los compañeros de Volkswagen, que enfrentan suspensiones discriminatorias; los delegados de Arcor Colonia Caroya; Pablo Heredia, delegado de Intercórdoba, que enfrentan procesos de desafueros, y los trabajadores del Neumático que enfrentan despidos en Ruiz por enfermedades laborales. Por el escenario pasaron importantes artistas locales como Pachi Herrera, Rama González y el Ají Rivarola, quienes pusieron su música al servicio de la lucha de los trabajadores por la inmediata reincorporación. Desde esta tribuna, Sonia Beas, delegada de trolebuses e integrante del Comité, denunció los despidos ilegales, las maniobras de la UTA nacional por quebrar la lucha de los choferes y exigió a las conducciones sindicales la inmediata convocatoria al paro provincial. Por su parte, Luciano Fiorelli, trabajador suspendido de VW y también integrante del Comité, describió la lucha desenvuelta por los trabajadores de La Tuerca dentro del gremio del Smata, el que en sociedad con la patronal permite las suspensiones ilegales en la empresa para avanzar en la liquidación del convenio. Sobre el cierre del festival, Eduardo Salas anunció la presentación del proyecto de ley en defensa del trabajo, elaborado por el conjunto del Comité. El proyecto concentra un programa que se opone de raíz a la política de ajuste y despidos desenvuelta por Macri y Schiaretti, y constituye un blindaje para los trabajadores partiendo de la prohibición de despidos y suspensiones, así como el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. En esta jornada de lucha, el Comité puso en la calle un verdadero frente único de lucha para enfrentar los despidos, tomando en sus manos el plan de lucha abandonado por las conducciones sindicales. Con este método enfrentamos el ajuste en cada lugar de trabajo y reforzamos en las calles una alternativa política de los trabajadores.