Prensa Obrera N° 1468

La derecha venezolana viene de realizar un referéndum ‘de facto’ contra el gobierno de Maduro y ahora ha convocado a una jornada de “paro cívico” -es decir a un lock-out patronal. Reclama un golpe militar para, alega, “proteger la Constitución Nacional, y un gobierno de ‘unión nacional’, que debería tener por eje institucional a la Asamblea Nacional en funciones. La movida derechista cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea y los gobiernos latinoamericanos de cuño neo-liberal. El gobierno de Trump ha desechado por el momento un bloqueo a las exportaciones petroleras de Venezuela. La derecha plantea recurrir a una “ayuda humanitaria” internacional, desarrollar un ‘ajuste’ social, con el apoyo del FMI y del capital internacional, abolir el monopolio operacional de la estatal PDVSA en las asociaciones que ha establecido con el capital extranjero e incluso privatizar la petrolera estatal PDVSA, y avanzar en la privatización minera que ha iniciado el gobierno de Maduro. La acción de la derecha empalma con la tendencia antiobrera y privatista que encarnan los gobiernos como Temer y Macri. El golpismo y el recurso al lockout fueron utilizados por esta misma derecha en abril de 2002 y diciembre/enero de 2002/3. El gobierno de Maduro, por su parte, ha convocado para el 30 de julio a elecciones a una Asamblea Constituyente amañada, para obtener una mayoría digitada. Su objetivo: eliminar, por un lado, el actual Congreso Nacional y cancelar el calendario de elecciones para estados y municipios y, por otro, establecer una suerte de “estado comunal” que haría de pantalla a un gobierno dominado por la cúpula de las fuerzas armadas. Con esta nueva ‘legalidad’ pretende firmar acuerdos de privatización de áreas de PDVSA, como el que intentó con la rusa Rosneft -bloqueado por la Asamblea Nacional y la fiscalía. La Constituyente que se ‘elige’ el 30 de julio pretende institucionalizar un régimen de facto. La base económica del gobierno en funciones es el cumplimiento riguroso del pago de la deuda externa y el apoyo internacional a mayores refinanciaciones. El chavismo oficial ha bloqueado todas las iniciativas conducentes al establecimiento del control obrero de la producción y de la distribución, y a la nacionalización del comercio exterior. La camarilla en el poder utiliza el control de cambios para especular en su propio beneficio. Durante más de tres años demostró que no constituye ninguna salida a la bancarrota de la economía y a las necesidades del pueblo. El boicot conjunto a las iniciativas reaccionarias de la derecha y del chavismo oficial servirá para mostrar la disposición y la voluntad de los explotados y masas pobres de Venezuela para pelear contra una alternativa de la derecha con métodos políticos y sociales independientes. En esta fase de la crisis política hemos planteado el boicot al referéndum y a los lock-out patronales convocados por la derecha proimperialista. Ahora planteamos boicotear las elecciones truchas de la Constituyente de Maduro. La única salida a la catástrofe económica y social debe partir de una acción obrera independiente. Es necesario un plan de emergencia, que salga de un congreso de trabajadores. El nacionalismo militar bolivariano ha entrado en un callejón sin salida irreversible. La lucha contra la reacción derechista solamente puede triunfar con los métodos de la lucha de clases de los trabajadores, con total independencia política de la camarilla de facto gubernamental. La catástrofe venezolana es, por un lado, una manifestación extrema de la crisis capitalista mundial y, por el otro, de la incapacidad de la pequeña burguesía nacionalista y militar para desarrollar las fuerzas productivas de las naciones rezagadas y hacer frente a la declinación histórica del capitalismo. Una salida a la crisis capital venezolana y latinoamericana, que defienda sus condiciones de vida y la de todas las masas trabajadoras y abra el camino a un desarrollo nacional plantea: nacionalización integral de toda la industria petrolera, no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y del comercio exterior. Defender las condiciones de vida de las masas: salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, ocupar las fábricas que cierran o despiden masivamente, colocar todos los recursos del Estado -bajo control obrero- al servicio del abastecimiento alimentario de la población trabajadora. Impulsar la Unidad Socialista de América Latina. A casi tres semanas de las elecciones Paso en nuestro país, advertimos a los trabajadores y a la juventud de los ataques desesperados de la derecha contra las condiciones de vida de las masas, fundamentalmente las obreras y trabajadoras. Venezuela es el caso extremo de una lucha de clases que se está desarrollando en toda América Latina. En Brasil, un gobierno en crisis hizo aprobar a espaldas del pueblo una reforma laboral antiobrera que retrotrae las conquistas obreras al siglo XIX. Y los funcionarios de Macri han señalado, a pedido de las cámaras empresarias, que después de la elección imitarán esta reforma laboral antiobrera. El Partido Obrero (en el FIT) sus candidatos y militantes pondrán todo su empeño en defender a los trabajadores, SIEMPRE. Repudiamos las amenazas de sanciones que han planteado Trump, Macri y otros líderes derechistas contra el pueblo venezolano. Fuera el imperialismo. Por una salida de los trabajadores en toda América Latina. (20/7/17)

Las patronales lácteas avanzan según el camino trazado por el macrismo y todo el arco “opositor”: garantizar las ganancias de los empresarios, barriendo con todas las conquistas obreras. En la planta Danone-Longchamps (La Serenísima), a los trabajadores de la ex Graham, que se encontraban bajo el Convenio Colectivo de Trabajo lácteo con la modalidad de 7x2, se les anunció que pasaban a trabajar 44 horas semanales, lo que implica una reducción salarial de más del 30% (!). Se los empuja, de este modo, a autoexplotarse mediante horas extras para llegar a compensar lo perdido. Esto es sólo el puntapié inicial de la rebaja salarial para todos los trabajadores incluidos dentro del régimen de 7x2 (un 30% de la fábrica). Por otro lado, la ofensiva patronal se dio contra los trabajadores de maestranza, gastronómicos y seguridad (los repositores también quedarían incluidos), quienes después de protagonizar una larga lucha, conquistaron la percepción del sueldo correspondiente al mejor convenio -o sea el lácteo. A ellos también se les informó que esto quedará en el pasado, volviendo a sus antiguos convenios. Lo que significa una reducción de más de la mitad de sus salarios y la amenaza de perder sus puestos de trabajo, ya que las empresas que ingresen están autorizadas a despedir personal para contratar de nuevo. Este es sólo el comienzo de un ataque criminal, que incluye la reducción del porcentaje por antigüedad, endurecimiento del presentismo y enfermedad, disminución de categorías y rebaja de aportes patronales. Para el año 2020, cuando Arcor tome posesión de la totalidad de la empresa, no sólo tendrán las ganancias aseguradas, sino también un costo laboral por el piso, con trabajadores totalmente precarizados. Arcor ya obtuvo beneficios extraordinarios este año al ser una de las principales empresas beneficiadas por la devaluación (exporta el 80% de su producción, principalmente a China). Ante semejante embestida contra los trabajadores lácteos, la burocracia de Atilra, encabezada por Héctor Ponce, intentó buscar la legitimidad que no posee a través de un petitorio, en el que amenazaba con la desafiliación estatutaria de los trabajadores que desconozcan las medidas de fuerza, sin mencionar cuáles serían esas medidas. Rechazamos cualquier respaldo incondicional a una burocracia que posa de combativa en función del “volveremos”, alentada por quienes mandan a rezar a los trabajadores mientras se avanza contra el salario y los puestos de trabajo. Los trabajadores debemos prestar atención a lo que ocurre en Brasil, donde se votó una reforma laboral que lleva las condiciones laborales a cien años atrás. Este es el modelo que se le reserva a toda la clase trabajadora, con la complicidad de todos los partidos patronales y de la burocracia sindical. Es necesario un plan de lucha concreto, que se discuta mediante asamblea y que defienda las conquistas y los derechos adquiridos con años de pelea. Por paritarios electos en asamblea, que den una batalla contra el congelamiento salarial, que ya quedó homologado en un 13,9% para todo el año. Que se abran los libros de las empresas para saber dónde fueron las ganancias de todos estos años y los subsidios otorgados por el Estado. Por la ocupación de toda fábrica que suspenda o despida. Por el reparto de las horas de trabajo. Paro activo nacional y congreso de bases. El viernes 28 desarrollaremos una actividad en las puertas de la fábrica con la presencia de Romina Del Plá, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda.

La Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) de la zona sur del conurbano organizó este sábado festivales en dos de las principales plazas de la zona (la plaza Grigera en Lomas y Alsina en Avellaneda) bajo la consigna: “En defensa de la juventud, contra la represión y el ajuste”. Los festivales fueron el puntapié inicial de una campaña que se desarrollará en toda la provincia con el objetivo de organizar a la juventud contra la avanzada represiva impulsada desde el Estado. Las razzias policiales en los barrios, los aprietes y detenciones arbitrarias, la intromisión de las fuerzas represivas en instituciones educativas y la represión a las luchas obreras y populares son algunas de las expresiones que tiene la política represiva del gobierno, cuyas principales víctimas son los jóvenes. Numerosos grupos musicales y artistas se solidarizaron con la campaña y aportaron su trabajo para darle color y rock a la jornada. La lucha de Músicos Organizados y la Lista Naranja del Sindicato Argentino de Músicos (Sadem) por recuperar su sindicato estuvo presente en las plazas y recogió una gran adhesión. Los escenarios fueron también una tribuna de denuncia de los recientes casos de atropellos policiales en la zona. Ezequiel Marque y sus familiares relataron cómo la policía de Martín Insaurralde (FpV) pretende cobrarle coimas a la juventud trabajadora de los barrios pobres por trabajar y cómo, frente a su resistencia, fue detenido arbitrariamente. La organización y movilización del barrio El Progreso junto al Polo Obrero permitieron la liberación del compañero. Hicieron uso de la palabra familiares de Gonzalo, un joven de Almirante Brown asesinado en la comisaría de San José, luego de recibir una golpiza por parte de la policía que dice que la causa de su muerte fue ‘suicidio’. El conjunto de los concurrentes se comprometieron a apoyar y difundir la lucha por justicia para Gonzalo. Guillermo Kane, candidato a diputado provincial, y Walter Orozco, dirigente de la UJS, hicieron uso de la palabra para colocar el problema represivo como parte necesaria de la política de ajuste que viene desarrollando el macrismo en conjunto con sus socios de todos los partidos patronales y que se verá reforzada con la reforma laboral que están planeando. La represión se torna necesaria para socavar la lucha contra ese ajuste. En este sentido, el voto al Frente de Izquierda es un voto en defensa de la juventud y de las condiciones de vida de los trabajadores. La gran simpatía y participación que tuvieron los festivales demuestran que la lucha contra la represión tiene grandes posibilidades de desarrollo. La UJS compromete sus esfuerzos a llevarla a fondo, desarrollando más iniciativas para organizar a la juventud en cada barrio y lugar de estudio y trabajo.

Ante el plan de paros votado por el cuerpo de delegados, con el que se salió al cruce del acuerdo a la baja y a espaldas de la AGTSyP, firmado por la patronal, el macrismo y la UTA, la Agrupación Naranja del Subte fijó una posición que alerta sobre las maniobras que se esperan de dicho trío de conspiradores. La Naranja denunció los dos golpes que abarca la maniobra de la patronal y el gobierno: 1) rebajar el salario en más de 12 puntos (22,8% contra el 35%, reclamado para apenas nivelar el costo de vida), y 2), poner de rodillas a la AGTSyP, único sindicato representativo y con personería gremial en el subte, firmando a espaldas de los trabajadores y su organización un acuerdo impostor con el usurpador Roberto Fernández y su pandilla. Ya tomado el camino de la acción gremial -plantea la Naranja- corresponde alertar a todos los trabajadores que el rechazo del acta firmada, por ilegítima y humillante, significa ponerse firmes y organizar la resistencia a las presiones que ejercerán para domesticar a la AGTSyP y mantener los sueldos a la baja que la UTA impuso a los choferes y contó con el repudio de las bases de su gremio. La Naranja alerta contra nuevas bicicletas, falsas promesas y reuniones eternas, que son las herramientas que la patronal y la UTA suelen utilizar para desgastar y desmoralizar. A 150 días de la caducidad del convenio 2016, se agrega: “Es hora de poner en su lugar lo que haya que poner, con organización y con amor propio, para evitar que la AGTSyP sea humillada y marginada al banco de suplentes”. “Si no hay solución a nuestros reclamos -35% y mejorar de condiciones de trabajo”- finaliza “profundizar las medidas de acción”.

“Nuestros hijos tienen que recibir educación de excelencia, tanto en escuelas públicas como en escuelas de gestión privada, confesionales o laicas. Las privadas que no son de elite (…) también deben ser respaldas por el Estado”. La cita no es de Bullrich ni de Bandera Vecinal, sino de un volante de “Peronismo para el Bien Común”, la lista que encabeza Guillermo Moreno y que competirá con Filmus e Itaí Hagman en las Paso de Unidad Porteña. Moreno expresó siempre la derecha del peronismo. En los ’70 fue parte, junto al ahora papa Bergoglio, de Guardia de Hierro, que se alineó con López Rega y Perón contra Montoneros y la JP. Más tarde adhirió a la corriente del “monarca” de Catamarca, Saadi, y fue secretario en el gobierno menemista de Grosso en la Capital. Durante el gobierno kirchnerista no sólo fue el interventor del Indec, sino que dirigía una patota que en más de una oportunidad sirvió de fuerza de choque contra el movimiento popular (24 de marzo de 2013 por caso). En su acto de lanzamiento, reivindicó “La política de Trump (que) es idéntica a la que nosotros hicimos para cuidar el trabajo de los argentinos hace cinco años”. Con ese prontuario, la defensa de la escuela privada y confesional no debería sorprender. Pero eso no aligera el sapo para la militancia de La Mella-Patria Grande, que va a hacer campaña en octubre por este energúmeno (recordemos que después de las Paso las tres listas se integran en una misma boleta). En el terreno de la mujer, el programa de Moreno no es menos reaccionario. El mismo volante reza: “Recuperar los valores de los argentinos. Una ley de Emergencia Alimentaria para que las madres porteñas puedan alimentar a sus niños sin apremios”. ¿Un frente antipatriarcal? ¡Las pelotas! Para cuidar la extensión, no citamos el párrafo sobre seguridad, pero los lectores se podrán imaginar. Es evidente que el papel de Moreno en Unidad Porteña es secundario y que posiblemente quede en un lugar relegado en la boleta de octubre. Pero el hecho de que La Mella-PG acepte unas Paso y esté dispuesta a compartir boleta con este patotero defensor de la Iglesia, la familia y la educación privada, muestra hasta dónde llega el carrerismo sin principios de esta corriente. La idea de que es un frente táctico circunstancial contra el neoliberalismo que no engendraría un compromiso con el PJ, es desmentida por el propio Itaí en el video que publicita su Fb. “Nuestro objetivo es aportar a que Unidad Porteña pueda disputar las elecciones de jefe de Gobierno en 2019”, remata el video. Ni derrotar el ajuste ni parar la reforma laboral, ni ninguna salida para los trabajadores y la juventud hoy, sino “disputar las elecciones… ¡en 2019!”. Pero en cualquier caso, no serían -según las palabras de Itaí- Patria Grande ni la “izquierda popular” quienes disputen las elecciones, sino Unidad Porteña -o sea Filmus, el PJ y Moreno. El objetivo de La Mella se limita a “aportar” a que el PJ vuelva a gobernar la Ciudad en 2019. Pobre Julio Antonio Mella, las cosas que hacen con su nombre...

Estamos en vísperas de las de las elecciones de Constituyente en Venezuela, convocada por Maduro para el 30 de julio. Este llamado estuvo precedido por la realización del referéndum, motorizado por la oposición derechista al gobierno chavista. En el sitio de “ Prensa Obrera ”, dos semanas atrás, publicamos un artículo elaborado por Jorge Altamira planteando el boicot al referendo clerical y a la Constituyente amañada de Maduro. Días después, la organización venezolana Opción Obrera, miembro de la CRCI, publicó un artículo con otra mirada y planteo que discrepaba con el que señalamos. Reproducimos en la página siguiente, el texto firmado por José Capitán, de la organización venezolana “En defensa de una Constituyente amañada, en contra de un golpe fascista” y, en esta página, una declaración referida a Venezuela elaborada por la Comisión Internacional del Partido Obrero, que, en estos momentos, está siendo divulgada por la militancia en lugares de estudio, de trabajo y en la agitación callejera. La publicación de ambos artículos aspira a contribuir al debate que es imprescindible desarrollar entre los trabajadores y la juventud. Se trata de un debate de alcance estratégico, que llamamos a continuar y profundizar. En defensa de una Constituyente amañada, en contra de un golpe fascista, de José Capitán (Opción Socialista) Derrotemos a la derecha sin dar ningún apoyo al chavismo oficial, Declaración de la Comisión Internacional del Partido Obrero

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Elisa Carrió intentó interrumpir al diputado Pablo López, del Partido Obrero de Salta, pero éste la cortó en seco. “Si quiere hablar, lo que tendría que decir acá la diputada Carrió es quiénes son los funcionarios que encubren a De Vido, como dijo en todos los medios hace apenas dos meses. Y si no lo dice es porque está encubriendo a los funcionarios que protegen a Julio De Vido y a los jueces que han protegido todos estos años a De Vido. Hay una comunión de intereses, por eso la semana pasada fueron De Vido y Aranguren al Senado a defender las represas de Santa Cruz, donde está la empresa Electroingeniería -una de las empresas más corruptas- y una obra llena de sobreprecios, de contaminación y destrucción ambiental”. Inmediatamente, la candidata de Cambiemos se retiró airadamente de la sala. López no fue el único que le reprochó el encubrimiento a los funcionarios cómplices de De Vido. Durante toda la jornada circularon tuits que la diputada escribió hace apenas unos meses, en mayo, en los que criticaba a Cambiemos por encubrir a De Vido, antes de acordar que encabezaría la lista porteña del oficialismo.

Romina Del Plá y Néstor Pitrola recorrieron los principales medios de comunicación y realizaron actividades, reuniéndose con vecinos y trabajadores. La represión y desalojo en Pepsico de la planta Florida tuvo un fuerte impacto en Mar del Plata, donde se encuentra una planta de la misma patronal. El ajuste y los despidos fueron un problema central en todos los debates. La actividad en las puertas de la fábrica textil Textilana suscitó un gran interés entre los trabajadores. Esta planta refleja una realidad que se extiende entre los trabajadores. Salarios por debajo de la línea de pobreza, y una ofensiva de la burocracia de la AOT para desorganizar la comisión interna electa, tras décadas de prohibición. También se realizó una importante reunión con los familiares de las víctimas del Repunte, cuando se cumplía un mes del naufragio que se cobró la vida de tres trabajadores y del que aún hay siete más que se encuentran desaparecidos. Junto con los familiares que luchan por un cambio de fondo en las condiciones de trabajo, llevaremos adelante un plan común para terminar con esta situación. La presencia de Néstor Pitrola y Romina Del Plá en la peatonal de Mar del Plata provocó un constante diálogo y simpatía. Allí se realizó una actividad común junto a Nicolás Del Caño, Andrea D’Atri y los candidatos locales, ante una entusiasta concurrencia de vecinos y trabajadores. La concurrida cena en la Casa Socialista de Mar del Plata, fue el ámbito donde más de 100 trabajadores y simpatizantes discutieron los planteos del Partido Obrero y la campaña del Frente de Izquierda. Romina del Pla, caracterizó la candidatura de Bullrich como un tributo a la clausura de la paritaria nacional docente, desenvolvió la crítica al acuerdo salarial y explicó la necesidad de luchar desde el Congreso por la nacionalización del sistema educativo. Néstor Pitrola explicó que se encuentra en marcha una ofensiva continental contra los derechos de los trabajadores y planteó que las patronales argentinas reclaman una reforma laboral como en Brasil, donde se resolvieron cambios reaccionarios como la contratación individual contra los convenios colectivos, la jornada de 12 horas, el trabajo intermitente y la desarticulación de la organización sindical fabril. El debate se desarrolló también sobre el rol de los partidos de la “coalición del ajuste” que al igual que la burocracia sindical participarán del pacto de “unidad nacional” contra los trabajadores que preparan para después de octubre. La presencia de los principales candidatos en Mar del Plata ha sido un importante aporte para continuar desarrollando un movimiento de los trabajadores, las mujeres y la juventud, capaz de derrotar el ajuste. En este distrito, gobernado por el macrismo a través del intendente Arroyo, conocido por haber sido funcionario de la dictadura, crece el apoyo a la izquierda. En estas elecciones, el FIT ofrece un programa de salida a la crisis partiendo de la base de los intereses de los trabajadores, preparándolos como alternativa de poder político. El desarrollo del Partido Obrero y el Frente de Izquierda a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires es una expresión del crecimiento de las posiciones de la izquierda entre los trabajadores. Con importantes listas en General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell, Balcarce, Necochea entre otros distritos, seguimos la campaña en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Ha fallecido Angela Eisingier, productora del programa radial "Leña al fuego" y activa luchadora por los derechos de la mujer y los pueblos originarios. En la foto que acompaña esta nota, la vemos junto a su esposo, el periodista Herman Schiller, y el historiador Osvaldo Bayer, durante un reciente acto de repudio a las persecuciones desatadas en Formosa contra los wichí, qom, pilagá y otras etnias. Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Angela a Herman y a todos sus allegados.

Pocas personas y aún menos periodistas deben haberse dado cuenta de las primicias que publica Clarín en la página 2 de su edición del martes 25 de julio. Joseph Stalin es presentado, 64 años después de su muerte, como un cruzado de la lucha contra la corrupción cuando un régimen burocrático constituye por definición un régimen corrupto, desde que implica una capa social de privilegiados que abusa de sus ciudadanos. El columnista Alberto Amato confunde la ‘lucha contra la corrupción’ con los carpetazos del dictador para justificar sus purgas sanguinarias. Stalin no habría tenido inconveniente en contar a De Vido en su gabinete. Que Amato proyecte una luz favorable sobre Stalin para atacar a la izquierda revolucionaria de Argentina es más que un dislate. Es el recurso del que se vale para atacar la defensa del derecho constitucional vigente para desaforar a un diputado sin que medie pedido o condena judicial. El derrumbe del sistema político vigente y de sus apologistas ha llegado al extremo de que tiene que intervenir la izquierda ‘anti-sistema’ para ejercer la defensa de los principios constitucionales. ¿Desconoce Amato, acaso, que en ausencia de un requerimiento judicial objetivo, el Congreso no puede excluir a ninguno de sus miembros y que tiene, incluso, el derecho de rechazar esa petición si arriba a la conclusión de que es arbitraria o seudo-legal? El Partido Obrero ha hecho responsable a De Vido, en tiempo real, de las tragedias ferroviarias del país, y en particular de la de Once y del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La Secretaría de Transporte se encontraba bajo su jurisdicción ministerial. El año pasado, macristas y kirchneristas se negaron a tratar el desafuero, pedido por una orden de allanamiento contra De Vido, con la oposición de los diputados del Frente de Izquierda. Si los condenados Schiavi, ex secretario de Transporte, y Cirigliano, anterior concesionario de ferrocarriles, aún se encuentran libres es por el encubrimiento de los jueces y sus padrinos políticos. Lo mismo ocurre con los procesamientos e imputaciones a De Vido. En lugar de someter a juicio político a los jueces responsables de esta impunidad, la cohorte de la derecha argentina prefiere conculcar las disposiciones constitucionales parlamentarias. Eso sí: en Mendoza, el gobernador Cornejo ha pedido el desafuero de los diputados y senadores del FIT por la participación que tuvieron en la última huelga de la CGT. Amato todavía no escribió nada al respecto. Tentativas similares, contra diputados del FIT, han tenido lugar en Salta y Córdoba. La exclusión que se busca ahora, por “indignidad”, constituye un golpe parlamentario, porque carece de sustento jurídico e incluso político -esto último porque De Vido se encuentra en su banca por el voto popular. Ni qué decir que es un grosero encubrimiento del Poder Judicial. Asistimos a un maridaje entre el oficialismo y sus aliados con la Justicia corrupta. Los diarios informan en forma casi diaria acerca de las ‘operaciones’ del gobierno en los despachos judiciales. Asistimos igualmente a una extorsión: los inquisidores pretenden un certificado de dignidad. No hace tanto revistaban entre los grupos políticos que el pueblo, en la calle, reclamaba que se fueran, por motivos políticos y delictivos. El ataque a la izquierda ha desplazado, en los últimos días, a De Vido y sus corruptelas trágicas. El gobierno y sus legisladores están desesperados por producir todos los golpes de efecto necesarios y los golpes propiamente dichos para tapar el derrumbe de su política económica, el descontento social creciente y las luchas del mundo del trabajo.

La presentación de diez listas electorales en Junín, ciudad cabecera de la Cuarta Sección Electoral, el viernes 21, atrajo la atención de un sector del activismo, de los medios de comunicación escritos, entre ellos, el programa “Amanece que no es poco”-, que los días previos reportearon a Jorge Altamira. El acto se hizo en el emblemático Club Moreno de Junín, donde se concentraron más de 70 compañeros que siguieron con atención las intervenciones de los candidatos de la sección. El informe central partió de analizar la situación de la clase obrera y del proceso electoral a la luz de la crisis mundial. El plan de Macri, con trabajadores monotributistas, jubilaciones asistenciales, salarios del 25% de la canasta familiar, horarios de 10 o más horas, es el plan del capital a nivel mundial con el que se quiere hacer retroceder a los trabajadores a condiciones de trabajo de un siglo atrás. Los candidatos de las listas electorales de Bragado, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, Junín, Lincoln, 9 de Julio, Pehuajó y Trenque Lauquen formularon una catarata de denuncias contra los grupos capitalistas de la zona, desarrollaron las reivindicaciones insatisfechas y los ataques a las condiciones de vida de las masas y la intervención profunda del PO, en conflictos y luchas por las libertades democráticas, los derechos de la mujer, la juventud y las luchas obreras contra la contaminación capitalista, la falta de urbanización y obras públicas, etc. Cada compañero estuvo brillante en su exposición, contando sus experiencias y brindando a la audiencia un verdadero noticiero obrero oral, en vivo y en directo, sobre las novedades en la extensa zona donde actuamos. Se mencionó el gran conflicto de Ingredion, donde la juventud de Chacabuco, junto con los compañeros de Baradero, llevó a cerca de 100 obreros a una audiencia en el Congreso con el Bloque del PO-FIT, así como nuestra participación en la lucha triunfante contra Soros en la planta de Girasol Confitero de Pehuajó, donde los obreros ganaron el derecho a sindicalizarse mediante un bloqueo a la fábrica. También hubo referencias a la lucha docente, que se refleja en la conformación de todas las listas. Luego comimos y confraternizamos alrededor de las próximas actividades de la campaña electoral que nos movilizarán en cada lugar y finalizamos cantado “La Internacional”. La iniciativa del lanzamiento general fue saludada por los compañeros ya que muchos, por el aislamiento al que nos somete la falta de transporte y los costos, recién se conocieron en esta presentación de listas. ¡Adelante, compañeros!

1. El intento de destitución de De Vido por parte del gobierno macrista y sus aliados massistas forma parte de una maniobra política encubridora, en primer lugar, del ajuste en marcha con su secuela de despidos, suspensiones, tarifazos y carestía; en segundo término, de la corruptela del oficialismo, cuyo entramado de negocios tiene una continuidad con el gobierno pasado; y finalmente, de la propia Justicia, que ha protegido con impunidad los delitos de corrupción de la administración pasada y la presente. 2. En vez de proceder al juicio político de estos jueces, el bloque parlamentario oficial ejecuta una maniobra política que comporta el establecimiento de un régimen de excepción -o sea, un golpe parlamentario. Es que no puede caracterizarse de otro modo la expulsión de un diputado sin condena en los tribunales, apelando al simple recurso de su declaración de ‘inmoral’. Por esta vía se sienta un precedente peligrosísimo, que mañana podrá ser invocado contra cualquier diputado, ya sea que una acción u opinión contradiga al gobierno o a una mayoría circunstancial en la cámara. Ahora mismo, en Mendoza, los legisladores del Frente de Izquierda enfrentan el pedido de sanción por el gobernador Cornejo por haber participado de la movilización convocada por la CGT local en oportunidad de paro nacional de abril. La maniobra comporta también un autoblanqueo del bloque oficialista: al ejecutar una separación por “indignidad” o “inmoralidad”, los responsables de los Panamá Papers, el encubrimiento de Arribas y otros negociados se arrogan para sí el lugar de impolutos, que luego pretenderán usar en los agravios y ajustes que preparan contra el pueblo. La identidad de intereses capitalistas que actúan como telón de fondo de la corrupción -la de antes y la de ahora- se acaba de poner de manifiesto en la reciente audiencia por las represas de Santa Cruz, donde De Vido y Aranguren-Macri coincidieron en el respaldo a un proyecto largamente cuestionado por razones económicas y ambientales. 3. La responsabilidad de Julio de Vido como ministro de Planificación Federal, cuando estuvo al tope de los negocios de doce años de la patria contratista, está fuera de toda duda. El Partido Obrero lo señaló en tiempo y forma, y sufrió en carne propia la acción de la mafia ferroviaria que tenía al ex ministro de Planificación como jefe indiscutido. El asesinato de Mariano Ferreyra, ejecutado por la patota de Pedraza, formó parte de este entramado de intereses que combinaba los sobreprecios, las coimas y la tercerización del trabajo. Fue el mismo entramado que llevaría, meses después, a la masacre de Once, la expresión más lacerante de esta política tan corrupta como criminal. El bloque del Partido Obrero presentó el 22 de junio de 2016 un proyecto por el desafuero de Julio Vido ante el pedido del Juez Luis Rodríguez, con motivo de su orden de allanamiento, proyecto que hoy tiene estado parlamentario, pero que no tiene efecto porque no hay orden judicial alguna. En aquella oportunidad Cambiemos y los bloques que acompañan la expulsión sumaria de hoy no aceptaron el desafuero integral, porque negociaban las leyes del ajuste con el propio kirchnerismo. Poco antes habían repartido el poder de las comisiones y nombrado a De Vido presidente de la Comisión de Energía, cosa para la que no contaron, por supuesto, con el voto del Frente de Izquierda. 4. Pero esta línea de sangre que separa al Partido Obrero de De Vido pone a prueba justamente nuestra condición de partido principista que defiende las libertades políticas. Es que, por definición, la defensa de esas libertades y los derechos constitucionales relacionados con aquéllas se ponen a prueba cuando se ven afectados los de un opositor. De otro modo se trata sólo de una autodefensa. El Partido Obrero bregará por todos los medios para que el juicio que se le sigue a De Vido por la masacre de Once termine en una condena, como sucedió en el pasado con Pedraza. Y cuando logremos esa condena votaremos en el Congreso el desafuero, para que la ejecución de la misma tenga un carácter efectivo. La expulsión sumaria que hoy se pretende, en cambio, sólo enviaría a De Vido a su casa, sin alterar su condición procesal ni su patrimonio. 5. Advertimos que convalidarle a un gobierno empeñado en llevar adelante un ajuste contra el pueblo la posibilidad de vulnerar derechos constitucionales sería un error político mayúsculo, aún cuando esos derechos políticos sean los de un ex funcionario nefasto como Julio De Vido. Mediante poderes excepcionales o recursos de excepción, el gobierno pretende superar una crisis política mayúscula y una bancarrota económica de dimensiones enormes. Bien visto, es la situación que recorre a toda América Latina, donde los golpes parlamentarios avanzaron hasta el punto de destituir presidentes, como es el caso de Brasil y, antes en Paraguay, cuando se convalidó el golpe contra el ex presidente Lugo. En todos los casos, la derecha se valió de la corruptela de los llamados ‘nacionales y populares’, que terminaron siendo sólo el preludio de gobiernos derechistas. Es lo que ocurre también ahora en nuestro país y lo que explica la imposibilidad del kirchnerismo en enfrentar esta intentona del macrismo por establecer un régimen de excepción. El silencio de Cristina Kirchner frente al pedido de destitución de quien fuera su principal ministro es el resultado de su compromiso con la corruptela general y los intereses que se beneficiaron de la misma. 6. Los diputados del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, expresarán el rechazo a esta política del macrismo mediante el voto en contra. Denunciamos la maniobra del gobierno, distraccionista y encubridora, y resaltamos su carácter peligroso en tanto y en cuanto apunta a establecer un régimen de excepción y vulneración de derechos políticos. Llamamos a desarrollar una fuerte movilización popular por la condena judicial de De Vido y terminar con el régimen de la corrupción y la entrega, construyendo una alternativa obrera y socialista.

El gobierno de La Pampa acaba de denunciar el ultimátum del gobierno nacional en relación con las jubilaciones que paga esa provincia. El planteo se resume en la exigencia de una baja del 40% de las jubilaciones, que es lo que entrañaría una adecuación al régimen previsional de Nación, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Un jubilado pampeano, según la información oficial, cobra el 82% móvil, una conquista obtenida en 2007 y que hoy está en peligro porque en este año se agota el fondo de reserva destinado a ese fin y el gobierno nacional -primero con CFK, luego con MM- incumplieron el compromiso de financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos. La presión del gobierno nacional tiene ahora características extorsivas: sólo enviaba recursos para abonar jubilaciones al 75% e incluso éstos y otros fondos de la deuda de Nación con provincia han dejado de girarse (332 millones de pesos). El ultimátum es parte de una ofensiva de conjunto sobre las jurisdicciones que en su momento no transfirieron los sistemas jubilatorios y que, en algunos casos (Córdoba) están demoliendo las conquistas de su propio régimen. Un ajuste a tres bandas Una pluma que defiende rabiosamente al elenco de la Casa Rosada ha debido reconocer que “la reparación histórica de los jubilados viene teniendo bastante menos efecto del imaginado. Ese beneficio llega sólo al 40% de la clase pasiva (y) el promedio de los incrementos (24%) está por debajo de lo prometido. Los juicios no menguaron. Al contrario, se iniciaron otras 12.000 causas por reajustes” ( Clarín , 16/7). El fraude cometido con la Reparación Histórica parte de la utilización de un índice de actualización por debajo del que se venía aplicando en base al fallo de la Corte en el caso Ellif (2009). De acuerdo con ese fallo, los salarios debían actualizarse por el ISBIC (Indice de Salario Básico de la Industria y la Construcción). La Anses plantea la utilización del Ripte, otro índice que arroja una remuneración promedio, un haber y una retroactividad inferiores. La diferencia no es menor, tomando un período de quince años, el incremento, según el ISBIC es un 435% y según el Ripte, un 178. El gobierno ha presentado varios recursos a la Corte Suprema de Justicia para reducir entre un 50 a un 70% los valores de las sentencias en la mayoría de los casos. La tercera pata del ajuste es la que adelantó el titular de la Anses: “Tenemos que pensar… en una nueva ley jubilatoria que contemple un haber mínimo, o sea lo más universal posible y… que tenga una parte contributiva”, porque “es injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”. Va de suyo que esto extiende un blanqueo y un indulto a todas las patronales que evadieron los aportes. La política del Banco Mundial El planteo es una réplica de lo planteado por el Banco Mundial desde la década del ’90, en el sentido que los regímenes públicos de previsión social debían limitar su responsabilidad al pago de una jubilación básica con el objetivo de reducir la pobreza en la vejez. Quienes pretendieran un ingreso mayor debían realizar aportes adicionales a regímenes de “ahorro y capitalización”. Es un concepto que parte, como en la Asignación Universal por Hijo, de poner un piso a la pobreza y dejar cancelada la posibilidad de un empleo genuino y del 82% móvil. En el caso particular de las jubilaciones supone abandonar el concepto de que es un salario cuyo pago se posterga para cuando el trabajador se retira de la vida laboral y, por lo tanto, se trata de una confiscación despótica del ingreso puesto por los laburantes a lo largo de toda su vida. Desaparece la relación de la jubilación con el sueldo y se instaura una suerte de prestación asistencial. Estas posiciones forman parte de la política de un arco patronal que va desde el gobierno, pasando por la Coalición Cívica, el GEN y la propia Unidad Ciudadana, que dejó al 70% de los jubilados por debajo de la línea de pobreza. Cabe recordar que CFK se opuso a la Reparación Histórica en nombre del financiamiento de la Anses, así como se opuso al 82% móvil con el mismo argumento. Ni al gobierno “nacional y popular” ni al “neoliberal” le tembló el pulso, sin embargo, para pagar religiosamente los intereses de la usuraria deuda externa. Los fondos para el 82% móvil existen, pero están siendo usados para destruir las jubilaciones en función de esta política. Los recursos están a la vista y dependen de la acción del Estado: restitución de los aportes patronales (en los que tampoco hubo marcha atrás en la “década ganada”), gravamen a las rentas financieras, mineras y petroleras, eliminación de todos los impuestos que afectan al consumo y rebajan el salario, impuesto único al capital que permita afrontar los gastos del Estado. El vuelco exige convertir al aumento del 100% en las jubilaciones y del 82 en causa nacional y poner en pie de lucha a los “activos” y “pasivos” en esta lucha estratégica.

La dirección del PIT-CNT dijo que el paro general surge, entre otras razones, porque el gobierno informó al movimientow sindical sobre la ley de presupuesto [de Rendición de Cuentas], cuando apenas diez días antes se había negado a negociarla y la envió rápidamente al Parlamento. El paro de 24 horas no estaba en el libreto de la dirección oficialista del PIT-CNT. El planteo surgió de un bloque de sindicatos que escapan al control de las principales corrientes frenteamplistas y que ya venía siendo levantado en ocasión de anteriores paros parciales. La votación unánime del paro general reflejó que la burocracia no tiene ningún avance que mostrar, como lo refleja la insípida consigna del paro: “Lo que se estanca, retrocede”. Por otro lado, el paro fue utilizado para borrar las huellas de los dirigentes en varias entregadas recientes. La primera de ellas fue la aceptación del cierre de la clínica médica de Ancap: la cúpula pitcenetista presionó al sindicato para que dejara sin efecto las medidas de lucha, buscando que la asamblea aceptara el cierre. La asamblea de Trabajadores de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Fancap) y la de Tienda Inglesa desautorizaron a los dirigentes que impulsaban la entrega. Sin embargo, tanto en el supermercado como en la empresa estatal se terminó imponiendo la quita de conquistas, con la colaboración de los principales líderes del PIT-CNT. Ambas asambleas, sin embargo, reflejaron el crecimiento desde abajo de una oposición al oficialismo en los sindicatos, que también se expresó en pasadas elecciones sindicales -AEBU (bancarios), Ades (docentes), Aute (Energía), Afcasmu (médicos), Sintep (docentes privados), SAG (gráficos), entre otros). Los retrocesos de las listas frenteamplistas en estas elecciones son todo un síntoma de la descomposición que corroe a la burocracia sindical. Es imposible no relacionar este proceso con el fenómeno expresado en varias encuestas de intención de voto: las mismas reflejan la caída del Frente Amplio -no el crecimiento de la oposición patronal. Crecen el voto en blanco o anulado, y los indecisos, no la derecha. Balance El paro general fue masivo, pero estuvo aislado de cualquier perspectiva de continuidad, y no surge de un programa independiente de las distintas variantes ajustadoras. En gran medida, aparece subordinado a la negociación en el Parlamento, en torno de la Rendición de Cuentas para el año que viene, en lugar de levantar un inmediato aumento del salario mínimo a 36.000 pesos (media canasta familiar) o prohibir los despidos y terminar con las privatizaciones. “Con el FA no hay reforma laboral como en Brasil” La reacción del ministro de Trabajo frente al paro general del PITCNT fue muy reveladora. Ante la protesta sindical recurrió a agitar el cuco de la derecha. Ernesto Murro se refirió a la reforma laboral del gobierno de Michel Temer en Brasil, que implica un retroceso de varios siglos, según él mismo caracterizó. Con la referencia a Brasil, llamó implícitamente a los dirigentes sindicales a defender al gobierno frenteamplista. Lo que se ha producido en el país del norte es un ataque en regla a las conquistas y derechos laborales, dado que legaliza la violación de la jornada de ocho horas, poniendo los convenios por rama e incluso los acuerdos por empresa por encima de la legislación. Las patronales pueden así imponer jornadas de hasta doce horas sin pagar horas extras. La reforma brasileña, que por otra parte demuestra que el golpe contra Dilma Rousseff no era para combatir la corrupción sino para ir a un ataque a fondo a los trabajadores, no hace más que generalizar y llevar hasta las últimas consecuencias las tendencias del propio capitalismo. En el marco de la crisis, el capital busca una salida a través de un gigantesco retroceso social. En Uruguay, los cierres de Fripur, Fanapel o La Spezia son distintas manifestaciones de la crisis: los capitalistas cierran las fábricas (para trasladarse muchas veces a otros lugares o invertir en otros sectores) no porque se hayan fundido, sino para obtener mayores ganancias, dejando un tendal de obreros en la calle. Las privatizaciones en las empresas públicas (por ejemplo, el achique en el Banco República) también apuntan a sustituir empleos estables y con mejores convenios, por otros más precarios y peor pagos (como en las redes de cobranza). Lo que viene La masividad del paro es otro síntoma del creciente malestar con el gobierno, que se expresa más por izquierda que por derecha. Es necesario dar expresión política independiente a este descontento, rompiendo con toda la política que coloca al movimiento obrero de furgón de cola de distintas variantes burguesas y ajustadoras. La amenaza de un triunfo derechista está al servicio de reprimir las tendencias a la independencia de clase, que se deben concretar en la construcción de un partido propio de la clase obrera, que coloque las reivindicaciones inmediatas en la perspectiva de la lucha por un gobierno de trabajadores. Esta es la única estrategia realista, que abre una salida ante la tendencia del capital a liquidar las conquistas, aumentar el desempleo y rebajar el salario.

La defensa de las conquistas y las condiciones de trabajo están inscriptas en el programa de la CSC y sus agrupaciones. Con ese espíritu, Papeleros Lista Gris, recogió una inicitativa de las asambleas de Kimberly y Smurfit, de Bernal, frente a los serios problemas de salud que genera el trabajo en turnos nocturnos. La respuesta de los sindicatos y la Federación del Papel ha sido el silencio total. En contraste, los candidatos del FIT resolvieron impulsar la elaboración de un proyecto de ley que aborde la problemática del trabajo en turnos nocturnos y contemple la reivindicación de la jubilación anticipada a los 55 años, vacaciones suplementarias, la reducción de la jornada nocturna a 6 horas y la no realización de tareas críticas en turnos nocturnos. El tema fue ampliamente debatido con los trabajadores en la visita que Néstor Pitrola realizó a las plantas de Bernal junto a Walter Relañez, Emanuel Fernández y Sergio Díaz, todos ellos candidatos obreros del FIT y miembros de la agrupación Gris. Mientras en el gobierno avanzan las discusiones sobre la reforma laboral reclamada por todo el empresariado -en línea con la que se ha aprobado en estos días en Brasil- toda la oposición patronal le esquiva el bulto al tema. Ni Massa, CFK o Randazzo se han pronunciado contra esta aberración. Sólo el FIT pone como eje de su campaña electoral el rechazo a la agenda reaccionaria oficial y el acompañamiento de las luchas obreras, que se libran contra el ajuste, pese a la tregua de la burocracia sindical.

Como parte de la campaña de solidaridad con la lucha de los obreros de Pepsico, en la tarde del 21 de julio, una delegación de la Coordinadora Sindical Clasista y el Polo Obrero visitó la carpa que los trabajadores instalaron en el Congreso, tras el desalojo de la planta que ocupaban en defensa de los puestos de trabajo. La comitiva estuvo integrada por dirigentes gráficos, estatales, docentes universitarios, trabajadores de prensa, entre otros. El Polo Obrero hizo entrega de mercadería de los comedores para contribuir al sostenimiento de la lucha y también nos llevamos bonos del fondo de huelga. En diálogo con los trabajadores nos comprometimos a participar de todas las acciones que resuelvan, empezando por un plenario de organizaciones para debatir y resolver un plan de solidaridad. La CSC y el Polo Obrero ratificaron su resolución de apoyar permanentemente esta lucha clave del movimiento obrero, en momentos en que a los despidos, suspensiones y ataques a la organización gremial se añade el intento de imponer una reforma laboral “a la brasileña”. Por el triunfo de los obreros de Pepsico.

En un aula magna de la Facultad de Medicina, colmada por estudiantes universitarios, secundarios y terciarios, artistas y jóvenes de los todos los barrios de la Ciudad, sesionó la "Asamblea en apoyo al Frente de Izquierda", convocada por la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS), la juventud del Partido Obrero. Por su dinámica, la asamblea mostró la diferencia entre la juventud militante que lucha por el socialismo de aquella armada artificialmente desde el Estado. Numerosos compañeros de distintas partes de la Capital sumaron su voz para aportar en la campaña del Frente de Izquierda y contar sus experiencias de lucha, lo cual adelanta un salto en el desarrollo de la UJS. El candidato a legislador Gabriel Solano abrió la asamblea destacando que "la juventud identifica a la izquierda como la única fuerza que enfrenta consecuentemente el ajuste. El macrismo va a llevar a nuestro país a una nueva crisis y el Frente de Izquierda se postula como el instrumento de defensa para que esa crisis no la paguemos los jóvenes y trabajadores". De la asamblea participó también Elena, mamá de Nadia Rojas, la estudiante secundaria que estuvo desaparecida 33 días, caso en el cual conseguimos con luchas y cortes que la investigación judicial fuera caratulada como trata de personas. Elena agradeció a todas las organizaciones estudiantiles y docentes que pelearon durante un mes y lograron la aparición de su hija. La presencia de la juventud que participó en la campaña por la aparición de Nadia se reflejó en una gran delegación de compañeros del Lola Mora, del Delpini y la Emen 2. A raíz de esto, el presidente de la Fuba, Julián Asiner, quien también será candidato a diputado por el FIT en las próximas elecciones, señaló: "La misma policía que mira para otro lado cuando desaparece una compañera es la que está muy atenta para intimidar a los estudiantes que se organizan en los colegios o facultades, o que interviene para reprimir en Pepsico. Cuando el gobierno y sus supuestos opositores están discutiendo un plan de reformas para avasallar las conquistas laborales y degradar la educación pública, más que nunca necesitamos al Frente de Izquierda en las calles y en los parlamentos para defender a los trabajadores, las mujeres y la juventud, y rechazar la represión". Cerró la asamblea Marcelo Ramal, quien planteó que "el Frente de Izquierda no va a tomar a la juventud como un público de consumo a los cuales venderles un producto ‘joven’ segmentado, sino llamar a desarrollar una transformación social de raíz que permita el desarrollo personal de los jóvenes". La asamblea culminó votando un plan de campaña, en donde el rechazo a las reformas educativas y laborales del macrismo al servicio de la precarización de la juventud serán grandes ejes para explotar. En ese sentido, resolvimos grandes agitaciones en actividades culturales durante las vacaciones de invierno (por ejemplo, en el recital de La Renga), la elaboración de un material que aborde la problemática de la mujer y de género que ya está siendo militado por la UJS, distintas pintadas para impactar creativamente en las paredes de la ciudad y la formación de un equipo de comunicación para desarrollar contenidos para las redes sociales. También se discutió hacer una fuerte campaña en los secundarios a partir de la revista La Caldera, escrita por y para secundarios y la incentivación en los colegios a debates de candidatos. En la UBA, la UJS aprovechará el inicio de clases para realizar recorridas y mateadas con los candidatos. Sin dudas, la juventud será una inyección de energía importante en la campaña del Frente de Izquierda en la Ciudad y de la mano del objetivo de consagrar un diputado nacional se abre una gran perspectiva de desarrollo de la UJS en todos los barrios de la ciudad. El 6 de agosto, la UJS hará otra asamblea de la juventud en apoyo al Frente de Izquierda, en donde queremos que aún más compañeros sumen su voz.

A fines de mayo se realizó en Atenas (Grecia) una importante Conferencia Euro-Mediterránea a la que asistieron personalidades, militantes y organizaciones de 17 países, fundamentalmente de Europa y Asia ( PO N° 1.461 ). El eje de esta conferencia, la cuarta y más concurrida, impulsada por el EEK (Grecia) y el DIP (Turquía), fue “el propósito de determinar una línea de acción ante la aceleración de las crisis políticas y por sobre todo las guerras que asolan ese espacio geográfico, que incluye al Medio Oriente y a Europa, y a los Balcanes y al este de Europa en particular junto a Rusia y a Ucrania”. En dicha conferencia, de América Latina sólo estuvo presente una delegación de nuestro Partido Obrero, compartiendo el propósito de los organizadores y con el objetivo de aportar a la misma un análisis de las tendencias a las crecientes crisis políticas y luchas de masas que se están incubando de conjunto en este continente. El punto de unión común fue la caracterización que estamos atravesando un grave período de bancarrota capitalista mundial que agudiza la lucha de clases: crisis políticas, guerras y, a su término, emergencia de situaciones revolucionarias. Esto plantea importantes problemas de orientación política para la intervención de los revolucionarios en su objetivo de ayudar a las masas, que van enfrentado los ataques capitalistas, a superar los escollos a fin de ir construyendo fuertes partidos revolucionarios en cada país y desarrollar la lucha por imponer gobiernos obreros y campesinos. Los partidos de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI) en los días posteriores a la Conferencia Euro-Mediterránea se reunieron y establecieron bases para ponerse al frente de esta importante lucha internacionalista. Para ello es necesario asentar las bases político-programáticas-organizativas de la CRCI. Con este propósito es que el Comité Nacional del PO ha planteado convocar de común acuerdo a un Congreso Mundial de la CRCI a fines del primer trimestre del próximo año. Lo que implica ir coordinando ya los pasos para que éste se convierta en un verdadero éxito de reagrupamiento cuartainternacionalista. La situación política en América Latina se está acelerando. El trabajo de topo que realiza objetivamente la bancarrota capitalista está llevando a una fuerte polarización de enfrentamientos en Venezuela, entre el gobierno nacionalista burgués en crisis de Maduro y el frente derechista del MUD. Pero la izquierda que está interviniendo en Venezuela está ‘perdida’, dificultada para plantear una posición independiente que no sea puramente dogmática, colocándose en forma oportunista detrás de la derecha proimperialista o del fracasado y corrompido nacionalismo burgués que, igualmente, busca liderar el compromiso de una alianza más estrecha con el capital financiero, al costo de llevar un fuerte ‘ajuste’ contra las masas trabajadoras y de entregar una parte fundamental de las riquezas nacionales (la petrolera PDVSA).

Cumpliendo casi un mes de ocupación de fábrica, en rechazo a los despidos y suspensiones masivas y al vaciamiento patronal, la lucha de los obreros de MAM ha ingresado en una nueva etapa. Desde el comienzo mismo de la lucha, las asambleas de los trabajadores de MAM han sido soberanas. Muy correctamente, los obreros han defendido ese método clasista a rajatablas. Pero también es cierto que, con el correr del conflicto, los trabajadores han optado por seguir un curso cada vez más independiente de la opinión de la dirección del sindicato maderero. Es que el extremo conservadurismo de la dirección sindical ha hecho crecer entre los trabajadores una enorme desconfianza. Romper el chaleco de contención que representa la orientación que brinda la dirección del sindicato ha sido un factor clave para sacar el conflicto afuera y, de esa manera, poder disputarle al gobierno la opinión pública. Es esto lo que abre una nueva etapa en la lucha. Como parte de ese proceso, en la última semana los obreros optaron por elegir una abogada propia, que acompañe a la abogada del sindicato en las audiencias con la patronal. Por primera vez, los obreros de MAM optaron por movilizar a la audiencia que se realizó con la patronal en la fiscalía, convocando a todas las organizaciones solidarias a participar. Convocados por la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Patricia Jure, una nutrida delegación de trabajadores se hizo presente en la Legislatura, para reclamar la interpelación al subsecretario de Trabajo Ernesto Seguel y para presionar por la aprobación de un proyecto de declaración en apoyo al reclamo de continuidad laboral de los obreros de MAM. El día previo a que el MPN se dispusiera a votar a favor del proyecto de declaración en apoyo a la continuidad laboral, el funcionario del ministerio de Producción y Turismo Marcelo Raimondo había montado una maniobra falaz y artera acusando a los trabajadores de no cumplir un compromiso que, en realidad, nunca asumieron. La patronal y el gobierno le quieren imponer a los trabajadores el retiro de leña que se encuentra dentro de la fábrica, por haberse pagado, fruto de la lucha obrera, la última quincena de junio y el medio aguinaldo que se les adeudaba a los trabajadores. Pero la ocupación, en realidad, es la posición de fuerza desde la cual los trabajadores luchan por su reincorporación y contra el vaciamiento patronal. La nueva etapa en la que ingresó la lucha de los obreros de MAM plantea profundizar la orientación que los trabajadores ya han emprendido. Por un lado, es necesario retomar las medidas contra la patronal de MAM, realizando nuevos piquetes al grupo BM y, en lo posible, paralizándole la producción. Asimismo, reclamar la apertura de los libros de MAM y BM. Por otro lado volcándose de lleno a conquistar la adhesión popular, preparando una gran movilización a la Subsecretaria de Trabajo y a la gobernación. Pues es el gobierno quien tiene la llave para desautorizar los despidos y obligar a la patronal a reabrir la fábrica con todos los trabajadores adentro. El festival que se realizará en el Centro Cultural Mariano Ferreyra este sábado 29 colaborará, no sólo en la recolección de fondos sino también en popularizar la lucha de los obreros de MAM.

Apenas conocida la sanción de la reforma laboral brasileña, los principales medios de comunicación salieron a reclamar una reforma similar. El diario La Nación destaca que “los acuerdos individuales entre un trabajador y su empleador, y los acuerdos por empresa prevalecerán sobre los convenios colectivos por actividad”. Señala que se ha creado la figura del “trabajador autónomo exclusivo, una suerte de monotributista que puede prestar servicios para un único empleador, sin estar atado a un vínculo laboral permanente”. Y la figura del trabajador "hipersuficiente": los empleados “podrán pactar libremente con las empresas su jornada laboral, el fraccionamiento de sus vacaciones y otras condiciones de trabajo”. Además, la nueva legislación brasileña regula el teletrabajo y crea el llamado "contrato intermitente", por el cual “un trabajador podría permanecer a disposición de su empleador sin brindar una contraprestación laboral y sin garantía de recibir un salario mínimo ni de horas de trabajo. Autoriza también la posibilidad de una jornada laboral de 12 horas con 36 horas de descanso entre dos jornadas de trabajo”. Otro aspecto importante es que elimina la obligatoriedad de que los despidos colectivos sean negociados con los sindicatos. Por otro, se reduce en un 30 por ciento el costo de la indemnización por despido. Finalmente, “se busca limitar los juicios, al resolverse que los trabajadores… tengan que probar que no pueden hacer frente al costo de una demanda para poder iniciarla en forma gratuita”. Unión nacional El legendario diario mitrista marca una agenda que es patrimonio común del conjunto de la clase capitalista. Señala que cualquiera sea el juicio que merezcan dichas normas laborales, el cambio es inevitable, como resultado de la “interdependencia” que tiene la Argentina con los países vecinos, en particular con Brasil. El Mercosur es utilizado como instrumento para alentar una competencia ruinosa y la precarización entre los trabajadores de ambos países. Al editorialista no se le escapa que semejante paquete sólo puede pasar sobre la base de un acuerdo entre los principales bloques políticos. “Es menester que el gobierno nacional y las principales fuerzas de oposición analicen detenidamente no sólo el proceso de reforma laboral en el que se ha embarcado Brasil, sino también las razones que han llevado al vecino país a tomar semejante rumbo”. Se empieza a maquinar una "unión nacional," que se procura dé sus frutos después de las elecciones. “Para aprobar una reforma laboral, Macri deberá acordar con el peronismo" (Infobae, 21/7). La oposición Massa se cuidó muy bien de denunciar la reforma brasileña y los anuncios del gobierno de hacer lo propio en la Argentina una vez finalizados los comicios. El Frente Renovador plantea una política de promoción para las pymes que, entre otras cosas, promueve la reducción de las cargas sociales y, con la excusa del empleo joven, la promoción de pasantías, con sueldos y condiciones de trabajo por debajo del convenio. Cristina Kirchner, a su turno, tampoco se ha pronunciado contra la reforma laboral. Plantea “prohibir los despidos por un año” mientras se hace la distraída y deja pasar la ola de despidos y cierres en curso. Habla de una “emergencia laboral” cuyos términos son difusos. No olvidemos que el kirchnerismo dejó un tercio de los trabajadores en negro y la mitad de la población precarizada con un salario promedio de un 40% de la canasta familiar y el impuesto al salario para los que se arrimaban a esa canasta. Los K fueron parte activa en el aliento de las tercerizaciones, empezando por las concesiones del Estado (¡ferrocarriles!). En 2015, por iniciativa de Cristina, se aprobó un blanqueo laboral, que ya contiene algunas de las cláusulas que ahora el macrismo pretende profundizar. Con el pretexto de mejorar el empleo registrado, se rebajaron las cargas patronales, agravando el desfinanciamiento de la Anses. Este enorme subsidio a los empresarios no sirvió, sin embargo, para mejorar la ocupación. Una vez más, quedó demostrado que la crisis no se origina en el costo laboral, sino en la gestión capitalista de la economía y sus contradicciones insuperables. La reducción de los costos laborales no revirtió las tendencias recesivas sino que terminó agravando sus efectos. Cristina no está dispuesta a sacar los pies del plato y a rebelarse contra la clase social de la cual ha sido tributaria durante su mandato. Si hay algo que retrata la complicidad del arco opositor es la conducta que vienen teniendo frente a los conflictos que están sacudiendo el país. La burocracia sindical, vinculada con los diferentes bloques patronales, viene sosteniendo una tregua con el gobierno y desangrando las luchas. Cristina es la que exhortó a la CGT a diferir cualquier iniciativa de movilización para después de las Paso. En la unión nacional que se está maquinando para después de las elecciones no sólo entran las cámaras empresarias, sino las centrales sindicales. La reforma a la baja de los convenios colectivos de petroleros, lecheros y marinos mercantes, la instauración del presentismo entre los estatales, los acuerdos de flexibilidad en el Smata, todos ellos, bendecidos por la burocracia sindical y la reforma reaccionaria de las ART, aprobada por los bloques de la oposición, son anticipos del cambio de la legislación que se prepara. Estamos en presencia de una agresión estratégica. La clase obrera argentina debe tomar nota de este hecho, impulsar los combates que ya están curso y preparar los que van a venir. Aquí, en nuestro país, podemos parar la reforma laboral. Una derrota del gobierno y sus socios del ajuste será un paso fundamental para abrir paso a una salida política de los trabajadores a la crisis nacional. Foto: Javier Entrerriano

A última hora del 25 de julio y después de varias jornadas de lucha, el Ministerio de Trabajo de la Nación modificó la conciliación obligatoria que había fallado el viernes pasado, obligando al consorcio Proteínsa a otorgarle tareas normales a los despedidos. El nuevo fallo representa un paso adelante para los trabajadores, aunque no signifique aún la reincorporación definitiva, que supieron rechazar la conciliación dictada el viernes 21 que, eximiendo a la empresa de darle tareas a los despedidos, apuntaba a quebrar la unidad de la asamblea. La madre de todas las batallas Los medios especializados han barajado distintas hipótesis de conflicto, pero lo que no se dice es que los despidos en Cresta Roja apuntan -entre otros motivos- a desarmar la poderosa organización sindical de los trabajadores, que han respondido con medidas de fuerza ante cada atropello de la patronal. La agenda principal de los capitalistas, como en AGR-Clarín, choferes de Córdoba y Pepsico (y en la que se inscribe el proceso de desafuero de delegados en el grupo Arcor) es desarmar la resistencia obrera para poder luego descargar sin conflictos la crisis sobre los trabajadores. El principal núcleo de despedidos está compuesto por delegados de base, electos en asambleas de sector, que se cargaron al hombro la representación de los trabajadores luego de la destitución de los delegados anteriores. La lucha contra los despidos significa una defensa de ese cuerpo delegados, que deberá desembocar necesariamente en una nueva comisión interna. Los mejores, los únicos... Los trabajadores de Cresta Roja respondieron de manera contundente a los despidos, recurriendo a todo su arsenal de medidas de lucha: el paro, la asamblea y los piquetes. Le reclamaron a viva voz en asamblea un paro nacional al STIA. Desde hace un tiempo que el gobierno macrista, los empresarios y la burocracia sindical en su conjunto vienen batiendo el parche con que las empresas cierran por la combatividad obrera. ¿Pero qué mejor respuesta que la de los trabajadores de Cresta Roja? Carlos Stasiuk, delegado de sector y despedido, desenmascaró en un video que se hizo masivo la impostura del macrismo, que lejos de garantizar la fuente de trabajo, montó una opereta electoral usando a los trabajadores. El conflicto de la ex Rasic expuso con claridad las verdaderas tendencias políticas latentes en el país; los kirchneristas la llevaron a la bancarrota, los macristas buscaron descargar esa bancarrota sobre los trabajadores, el STIA que se adapta a los planes de ajuste de la patronal y en donde los únicos garantes de la fuente de trabajo son los trabajadores y su enorme tendencia a la lucha de clases. La lucha continúa Finalmente, la empresa tuvo que acatar la medida y permitir el ingreso triunfal de los despedidos. Hay que preparar la lucha que se viene por la reincorporación definitiva de los despedidos; por la constitución de una comisión Interna basada en el cuerpo de delegados de sector; la lucha por el pago de las indemnizaciones y la lucha por el reingreso de todos los despedidos que aún no fueron reincorporados.

El 2 de julio, el comandante de las fuerzas de ocupación sionista en territorio palestino de Cisjordania ordenó el secuestro y detención de la parlamentaria del FPLP ante el Parlamento Palestino, Khalida Jarrar, junto a la dirigente del movimiento de mujeres, Khitam Saafin. Después de varios días de detención, sin cargos ni proceso alguno, el comandante militar ordenó que se les aplique la llamada “detención administrativa”. Una figura arbitraria, antijurídica, que viola los Acuerdos de Ginebra y los pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos. Es una práctica extendida utilizada por el gobierno y las fuerzas armadas sionistas. Sobre más de 6.500 presos políticos palestinos, permanentemente hay más de 500 que están sin acusación ni proceso alguno, sólo bajo la figura de “detención administrativa”. Ya en 2015, la diputada Khalida Jarrar fue detenida durante seis meses bajo la figura de “detención administrativa”. La movilización internacional consiguió liberarla de esa situación, pero entonces fue arbitrariamente condenada y permaneció detenida un año más. Jarrar es responsable de la Comisión de Solidaridad con los presos políticos palestinos, que viene de una masiva huelga de hambre que logró que el gobierno sionista aflojara parte del dispositivo represivo sobre las cárceles. No hay respeto alguno del gobierno israelí sobre los fueros parlamentarios. Pretenden colocar gobiernos títeres en los territorios ‘autónomos’. El bloque de diputados nacionales del Partido Obrero-Frente de Izquierda presentó un Proyecto de Resolución ante la Cámara de Diputados, para repudiar la detención de las dos dirigentes palestinas y reclamar su inmediata libertad. En el mismo se exige que se eleve esta posición ante el embajador israelí en la Argentina y ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del gobierno sionista. Llamamos a pronunciarse y movilizarse por la libertad de las dirigentes palestinas.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el lapso de diez días en el conflicto de la Línea 60, quedando sin efecto cualquier sanción contra los trabajadores, por lo que deberán ingresar los diez choferes despedidos. La huelga apunta, como reclamo formal, contra las enormes violaciones en materia de seguridad e higiene que hace diez meses se cobraron la vida del mecánico David Ramallo. Pero todas las partes asumen que también forma parte decisiva en el conflicto la reincorporación de los despedidos, acusados de provocar disturbios aquel día, indignados ante la pérdida del compañero por la responsabilidad criminal de la empresa. Chivos expiatorios en un armado de la patronal y la Justicia, para desviar el foco de atención de dicha negligencia imperdonable. La intransigencia de la empresa Dota en las tratativas demostró que no sólo no pretende hacerse cargo de su inconducta, sino que va más lejos, con la mira puesta en liquidar al cuerpo de delegados y al activismo de tradición combativa como parte, probablemente, de una reformulación empresarial de la línea. En una solicitada acusó a la UTA de golpear a la empresa en beneficio de otros competidores. Efectivamente, la UTA ha tomado un protagonismo en la conducción del conflicto, diferente y opuesto a la tradicional hostilidad de esa burocracia hacia los luchadores de la 60. Con lo que no se descarta que Roberto Fernández, el secretario general del gremio, haya llegado a esta medida debido a sus propias disputas “empresariales” con Dota y no a algún tipo de vocación de defender a los trabajadores, a los que combatió en el pasado, incluyendo el uso de patotas. La conciliación obligatoria que dictan Triaca y Dietrich (ministros de Trabajo y Transporte, respectivamente), responde en parte a la intención de evitar que se profundice un conflicto en la Línea 60, teniendo las Paso a la vuelta de la esquina. Pero cualquier negociación que no resulte en la reincorporación de los despedidos, reabrirá el conflicto, planteando al cuerpo de delegados la necesidad de tomar medidas de lucha. No hay duda de que no será la burocracia de la UTA, impulsora actual del paro, quien lleve a los trabajadores a la victoria. Su intervención se ha limitado a trámites legales y administrativos, sin evidencia alguna de que se la va a jugar ni por los despedidos ni por las condiciones de trabajo ante la intransigencia empresarial. Por eso, sería un camino sin salida que el cuerpo de delegados se subordine a las maniobras de la camarilla de Fernández. Por ejemplo, fue ésta la que impuso que el paro no gane la calle con movilizaciones y agitación hacia la población, con el argumento de no perturbar las negociaciones. Así, la medida pasó casi desapercibida, excepto para los usuarios de la línea. Un condicionamiento de la burocracia que pretende, entre otras cosas, que los combativos delegados de la 60 no se vinculen con las grandes movilizaciones de “Autoconvocados” de UTA, contra la burocracia de Fernández. Al término de la conciliación ministerial, todos estos factores se pondrán en juego. Si pasan los despidos, será un gran golpe al activismo de la línea y un punto para la patronal en su intento de quedar impune por el crimen del trabajador Ramallo. Aparte de ser el puntapié inicial para un ataque mayor contra una línea combativa, que podrá incluir nuevos despidos y represalias. La mejor herramienta que tienen los trabajadores de la 60 es su propia organización. Y la forma de enfrentar los despidos, una lucha en unidad, independiente de la burocracia y sus negociados, profundizando el plan de acción hasta la reincorporación definitiva de todos los trabajadores y condiciones óptimas de seguridad laboral.

En la noche del sábado 21 de julio, un numeroso grupo de trabajadores, estudiantes y mujeres participaron de la inauguración del local del Partido Obrero en la ciudad de Rafaela. El evento se inició con una conferencia de prensa donde Nicolás Ferreyra, candidato a concejal por el Frente de Izquierda en la ciudad, y Jorgelina Signa, concejala de Capitán Bermúdez y candidata a diputada nacional por Santa Fe, expusieron a medios locales los planteos del FIT para la provincia y para la ciudad, además de hacer un análisis de la situación política actual. Signa destacó la importancia de contar con un lugar físico para la organización de los trabajadores: “Para un partido tradicional la inauguración de un local es, quizás, de debut y despedida. Es decir que se arman meramente en torno de la campaña electoral. En cambio, para nosotros, son centros de organización de la clase obrera, lugares donde queremos discutir con trabajadores, mujeres y jóvenes no sólo las elecciones sino también cómo enfrentamos el ajuste”. La apertura se da en el marco de una gran campaña del Frente de Izquierda camino a las Paso, la cercanía con la gente y el trabajo militante en las calles marcan una clara diferencia respecto del resto de los partidos. Una de las tantas actividades planteadas y que ha tenido gran repercusión mediática es la de hacer campaña arriba de los colectivos urbanos, donde las denuncias sobre las condiciones del servicio de transporte y las propuestas que impulsamos causan la aceptación y reconocimiento de los usuarios. La incapacidad de los partidos gobernantes de resolver los problemas de los vecinos se ve ahora reflejada en una alternativa política que busca utilizar sus posiciones parlamentarias como una verdadera tribuna de denuncia y organización de los sectores populares. Respecto de esto, Ferreyra declaró: “El Concejo está compuesto por tres fuerzas que gobiernan a nivel nacional (Cambiemos), provincial (Frente Progresista) y municipal (PJ), y funciona como una escribanía del Ejecutivo, dándole la espalda al pueblo trabajador”. Asimismo, recalcó que “los problemas reales de la población no se resuelven porque a los legisladores directamente no les interesa. Por eso, entendemos que es muy importante una voz del Frente de Izquierda dentro del recinto para que los reclamos de los trabajadores, de las mujeres y la juventud sean escuchados”. A nivel provincial, Signa denunció la complicidad del gobierno “socialista” con Cambiemos a la hora de aplicar el ajuste en la provincia, como se vio reflejado en los despidos y tarifazos. Luego de la conferencia de prensa, se dio inicio a una peña musical donde participaron artistas de la ciudad, el Dúo La Guerrera y Leonardo Bulacios, que brindaron un show para todos los asistentes. La inauguración reafirma el compromiso del Partido Obrero y del Frente de Izquierda de ser un canal político de la lucha de los trabajadores por la conquista de todos sus derechos. En estas elecciones, vamos con el Frente de Izquierda en todo el país.

En la Cámara de Diputados de Mendoza se acaba de aprobar un proyecto de ley impulsado por el oficialista Cambia Mendoza estableciendo un Protocolo para el tratamiento de la información relacionada con la violencia de género en los medios de comunicación. El Protocolo tendrá por objeto “la adopción de medidas para el tratamiento de la violencia de género y su consecuente prevención en los servicios de comunicación audiovisual” de la provincia. Para ello se establece un “seguimiento pormenorizado” de los contenidos por parte de la Dirección de las Mujeres, Género y Diversidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, erigida como responsable de su cumplimiento. Se dice que deberá velar por un tratamiento “objetivo”, no sexista y no “sensacionalista” en el tratamiento periodístico de la violencia de género. Se presenta como una ley progresista pero quien deberá velar por un tratamiento “igualitario” de los géneros en los medios masivos es un organismo estatal bajo la órbitadel gobierno responsable de una provincia que lidera los rankings nacionales de femicidios y violencia de género. Cornejo puso en la Dirección de Género -autoridad de aplicación de la ley- a una dirigente del grupo feminista Mumalá (Libres del Sur- integrado al oficialismo mendocino) lo que intenta blanquear la imagen de un gobierno que ha vaciado el presupuesto de asistencia a las víctimas de violencia y que aplica un brutal ajuste contra los y las trabajadores. “Evitar el efecto espejo” Nada más clarificador sobre la naturaleza del proyecto de ley que sus fundamentos. Allí se plantea que desde el femicidio de Wanda Taddei por su pareja con alcohol, hubo una seguidilla de asesinatos producidos del mismo modo -con alcohol u otros combustibles- y que “esto deja a luz que los ataques no son meras casualidades y que existe un efecto espejo que se desata a partir de la aparición de tal modalidad en los medios de comunicación”. Es decir, para los autores del proyecto, “el lenguaje, o la forma de mostrar las imágenes construyen hechos sociale s”. Pregunta: ¿si la información hubiese omitido las características horrorosas del femicidio, se habrían evitado algunos de los asesinatos? Los fundamentos plantean que “es importante ampliar la representación de las mujeres con imágenes positivas que reflejen la auténtica realidad” lo que es una directiva para sesgar la información, al punto que se plantea que en las redacciones de todos los medios “se estimule la valoración y el debate del trabajo realizado”, obviamente por el gobierno. ¿Qué tal? Ya al nivel del descaro se indica que “dar buenas noticias es tan útil o más que dar la noticia de un caso de malos tratos”. Censura El proyecto de ley no es simplemente orientativo. Determina una autoridad de aplicación que debe adoptar “las medidas conducentes” (artículo 3) para que “se observen” sus recomendaciones. Es decir no se trata sólo de un proyecto de ley que viene a edulcorar la violencia de género sino a limitar la libertad de expresión. Como el tema es muy sensible, los autores del proyecto de ley se manejan en el articulado de la ley con particular hipocresía. Plantean “mantener la objetividad al momento de transmitir la noticia”, “utilizar correctamente los conceptos violencia de género y femicidio en los casos que sean pertinentes”, “presentar al agresor… con detalles que demuestren que nunca tienen justificación, pero respetando siempre la presunción de inocencia”. ¿Quién ha sido dotado por el proyecto para medir la “objetividad”, la “utilización correcta de los conceptos”, la “presentación del agresor”? La autoridad de aplicación del gobierno Cambiemos, es decir Cornejo, el gobernador de una provincia que lidera el ranking de violencia de género y cuya mafia policial supera a la de la Bonaerense. Para esto la Dirección de las Mujeres tiene por tarea “realizar un seguimiento pormenorizado de los contenidos audiovisuales con perspectiva de género". Un símil de Miguel Paulino Tato, aquel que se hizo famoso como ejecutor de la censura, cierto que ahora en manos de una “progresista” (de Libres del Sur). Si bien el protocolo votado en Diputados no establece sanciones, los autores dejaron en claro que su objetivo en el corto plazo es que sí las haya. Lo que plantea un problema adicional: ¿contra quién cargará las tintas el gobierno de Cornejo? ¿Sobre los propietarios de los grandes medios o sobre el empleado cuyas producciones muchas veces son violentadas en virtud de lo que impone la “línea editorial”? La izquierda revolucionaria y el proyecto de ley Este proyecto de ley contó con el voto del PTS, lo que vendría a confirmar su consecuencia en un abordaje desclasado de la opresión de género y, a la vez, que no tiene pruritos en el seguidismo al kirchnerismo o al macrismo. Esto es lo que expresó también su acompañamiento -acrítico en un principio- a la paridad de género en una reforma política reaccionaria, que viene a embellecer un régimen político dominado por los enemigos de clase de las mayorías populares y sus reclamos. El planteo de la paridad de género en el parlamento ha sido convertido en bandera de campaña electoral por el PTS. La función de los legisladores socialistas es desenmascarar las verdaderas intenciones detrás de la demagogia, no reforzar las ilusiones en una vía muerta. La ruptura de bloques únicos del FIT en las legislaturas impide que se pueda procesar un debate común para golpear de manera unitaria a los representantes del régimen. La conmoción ante la violencia de género motorizó un movimiento de lucha extraordinario en la provincia de Mendoza que se ha enfrentado objetivamente al Estado y al gobierno, principales promotores de la violencia contra la mujer. La cosificación y degradación de las mujeres hunde sus raíces en la estructura clasista y la organización capitalista de la sociedad en la que vivimos. Ningún protocolo ni regimentación “por arriba” podrá ocultarlo. Se necesita una transformación profunda sobre nuevas bases sociales. Que nada distraiga la lucha por la emancipación de toda opresión. Hagamos una campaña para que esta ley mordaza no se apruebe.

La violencia de las fuerzas que pugnan en Venezuela conduce a un desenlace previsto. La situación económica empeora irreversiblemente, el chavismo como gobierno está acabado y la alternativa es la derecha hoy articulada en brigadas de asalto asesinando bárbaramente, desde tiros hasta puñaladas y quemados, incendiando módulos de salud, buses, locales culturales, oficinas de atención al público, cuya única justificación es su odio al comunismo que, lamentablemente, asocian con el gobierno. El gobierno está atrapado en un callejón sin salida, dando pancadas de ahogado, inclusive la represión de la GNB y la policía nacional, quienes en tiempos de normalidad o de paz, ejercen rigurosamente controles exigiendo el pago de “vacuna” o en criollo “aplicando matraca”, ahora en el enfrentamiento, son los represores de siempre, desbordados por el avance de los fascistas de la MUD. También es relevante denunciar los grupos motorizados de lumpen, ligados a mafias dirigidas por presidiarios, mal llamados colectivos, utilizados por el gobierno. El golpe en ciernes de la derecha ya es cruento. En su fase inicial ya se perfila así a través de innumerables asesinatos. Perciben que el gobierno está acabado pero aun así no quiere entregar, y el problema no se presenta a dos manos, en medio de la pugna entre la MUD y el gobierno, sino a tres manos, es la clase trabajadora y las comunidades la que llevan la peor parte. A la izquierda venezolana de escritorio, de redes sociales (twitter y facebook, entre otros) no le gusta la Constituyente, y prefiere mirar para otro lado, lo que termina favoreciendo a la derecha, la cual a través de su lucha contra la Constituyente -o sin Constituyente- tiene otro objetivo, imponer los intereses del capital nacional y sobre todo el extranjero llevándose lo que sea por delante. En fin de cuentas, la Constituyente, sí se realiza, ya tiene hasta sanciones ofrecidas por varios gobiernos de derecha, y la izquierda vernácula también se la tiene jurada a la susodicha, ambos con argumentos democráticos, por demás falsos. Toda la verdad, es que la pseudo-Constituyente es el señuelo para hacer el trabajo completo, liquidar la gesta con hitos revolucionarios iniciada en 1989, aplastar todo intentode defensa o de resistencia de las masas por lo alcanzado. La izquierda abyecta que jugó su rol de desviación de toda la vida al ascenso de las masas, una vez más le sirve, de maravilla a la derecha genuina y serena. Es necesario precisar que en Venezuela se abrió una crisis prerrevolucionaria, con altos y bajos, desde 1989, con hitos claves como la crisis política expresada en los sucesos de 2002 a 2003, hasta llegar al “llegadero”, a la debacle de una burocracia que golpeada por los vaivenes de los precios del petróleo, cuando los precios se vinieron al piso, fracasó. Los trabajadores si bien han ido perdiendo ilusiones en el populismo, no se dejan llevar por las arengas de la derecha. Sin embargo, en todo ese período, la izquierda no trascendió al chavismo, por otro lado todavía cerca de un 30% de los venezolanos sigue al gobierno, no sin contradicciones pero sin superar esa perspectiva. Es notable la cantidad de personas que defienden “el legado de Chávez” aún cuando sabemos que no pasó de algunos avances asistencialistas que se dieron al traste al disminuir la renta petrolera. La consigna de la Constituyente, que el gobierno de Maduro está imponiendo, fue levantada inicialmente por la derecha, aunque si bien, precisemos mayoritaria y correctamente exigida por la izquierda, hoy es a través de ella que el gobierno pretende su salvación y por lo mismo la derecha se vale de su rechazo para realizar su golpe. Por lo tanto, el fracaso de este intento golpista, es la respuesta inmediata que los trabajadores deben conseguir para evitar una salida compulsiva a la crisis económica que los termine de hundir mediante la privatización de recursos estratégicos y la destrucción del derecho laboral y de los derechos sociales. Con esto no queremos decir que el gobierno de Maduro no vaya por esa vía, y no lo combatamos como lo hacemos diariamente, pero una cosa en este momento es un populismo fracasado y otra cosa es el fascismo. Para luchar contra un golpe militar probable, también debemos hoy derrotar al fascismo. Por ahora, no hay soluciones o salidas democráticas, sólo hay dos vías en esta encrucijada, hacia el socialismo auténtico mediante un gobierno de los trabajadores o las variantes neofascistas En realidad, el gobierno busca alargar su agonía a través de la Constituyente, el problema se complica porque la derecha no quiso morder el peine de una constituyente y en realidad el gobierno promueve una a su medida, inclusive coaccionando a los trabajadores de la administración pública para su participación. Pero el escenario no es exactamente como pretende la MUD o como el gobierno lo desea, la derecha representada en la MUD, por sus cuatro organizaciones principales, no es homogénea y el tamaño de cada uno no supera a la del PSUV, el cual todavía tiene fuerza en los barrios de sectores de menores ingresos, en su conjunto, no integran a un 50% de la población, pero juega a favor de la MUD el descontento popular de la mayoría del país. Por el lado de los candidatos constituyentes, no todos son oficiales, a pesar del atrevimiento del PSUV en coaccionar a personas admitidas por el ente electoral, conminándolos a declinar (aunque algunos accedieron, otros se resistieron). Tanto en lo territorial como en lo sectorial hay elementos chavistas de base que presentan propuestas no oficiales, tampoco “trotskistas” pero combativas. En particular, trabajadores y representantes de las comunidades. El método escogido por el gobierno tuvo sus yerros que supieron utilizar algunos de los postulados y lograron calificar, el monto de firmas necesarias fue evidentemente mucho menor a cualquier otra contienda electoral tradicional. Si bien fue bastante rápida, dio el tiempo y se recogieron los recaudos exigidos, los cuales contrastan con los postulados oficiales en cuanto a recursos, pero sus propuestas no quedan en vano. Por otro lado, a pesar del método meticuloso presentado por el gobierno, hubo otros resquicios, como la intención de alcanzar la postulación como representante de un sector con un número de firmas exigido, inclusive de lejos, más factible que en la Constituyente del '99. No quiere decir esto que no será la posición oficial la que se imponga pero, 79 trabajadores de diferentes sectores, tendrán que rendirles de alguna forma cuentas a sus electores, donde algunos elegidos son nobles representantes de los trabajadores en lucha. Inclusive en el sector territorial (municipal), y en sectores de las comunas combativas. Como bien dijo un trabajador de la Misión Barrio Adentro: “A la Asamblea Nacional Constituyente llevamos una voz de protesta no llevamos una voz de aplausos”.

Como secretaria general (2017- 2020), realicé el saludo antes del brindis de asunción. En el mismo planteé que en estos 18 años del sindicato, el crecimiento de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA ha sido sobre la base de profundizar los métodos de construcción del clasismo, la soberanía de sus asambleas, el programa y la acción directa colectivos. Y, en cada paso y acción de la AGD fue quedando cada vez más al desnudo el papel de las burocracias sindicales docentes. Acompañada por toda la Mesa Ejecutiva y por varios de los nuevos miembros de las comisiones directivas, destaqué que, en los últimos años desde AGD profundizamos las acciones conjuntas con otros sindicatos, seccionales, comisiones internas y cuerpos de delegados clasistas, impulsando acciones comunes para hacer frente a los atropellos hacia la clase obrera, como contra los techos paritarios, contra el impuesto de Ganancias en los salarios o reclamando un plan de lucha y paro general, posición votada reiteradas veces por las asambleas de AGD, para enfrentar el ajuste del gobierno nacional y de los gobernadores de todos los signos políticos, que mientras ahora se dicen opositores, han votado todas las leyes contra los trabajadores en el Parlamento y legislaturas. Por esto fueron tan importantes las presencias de quienes vinieron a acompañarnos en este festejo, dado que son parte de los gremios con quienes hemos construido este espacio clasista. La lucha de Pepsico tuvo un lugar destacado en el acto. AGD está hoy con Pepsico, como ayer estuvo a fondo con los obreros de AGR-Clarín, en esa gran ocupación de 82 días. Se aprovechó para convocar al plenario que se realizaría al día siguiente y se invitó a colaborar con el fondo de huelga, más allá del aporte que ya hizo el sindicato. Algo lógico para un sindicato que desde su origen estuvo al servicio de la independencia política de los trabajadores. El acto finalizó, luego de la entrega de un reconocimiento a dos compañeros que se retiran de la docencia, con un brindis, que selló el compromiso de seguir manteniendo una AGD independiente de las gestiones universitarias, los gobiernos patronales y el Estado.

Una elección con bajísimo nivel de participación electoral y seguida con apatía por gran parte del electorado, se transformó en un acontecimiento político por el ingreso, por primera vez, de la izquierda chaqueña a la Cámara de Diputados de la provincia. Con Aurelio Díaz a la cabeza, el Partido Obrero logró, con el 5,7 por ciento de los votos, arrebatarle la décima banca al PJ provincial garantizando el ingreso en la Cámara baja de un diputado de izquierda, obrero de la construcción e ícono de la militancia popular de la provincia. Los resultados de Resistencia y Barranqueras alcanzan el 11 por ciento, en el Parque industrial de Tirol, casi el 10 por ciento. En los distritos más importantes del interior, los porcentajes duplicaron los de las Paso. El Partido Obrero superó al representante de Massa, al cristinista Frente Grande, a Progresistas (Libres del Sur-PCR) y a Proyecto Sur. El ingreso de Aurelio a la Cámara de Diputados es una verdadera patriada. Hace por lo menos dos décadas que en el Chaco no asoma una fuerza capaz de arrebatar siquiera una banca al binomio peronista-radical en la provincia. Tenazmente, el Partido Obrero fue desarrollando una fuerza militante capaz de canalizar el descontento frente al cuadro de ajuste llevado adelante por Macri y Peppo, en una campaña en la cual competimos contra un despliegue de recursos estatales en condiciones totalmente desiguales. Nuestra campaña tocó cada uno de los puntos de agravio más sentidos del pueblo del Chaco. Reclamamos el final de la precarización laboral, en una provincia donde miles de precarizados trabajan por 1.000 pesos en centros de salud. Denunciamos el 7,5% de aumento miserable de Peppo contra docentes y estatales. Reclamamos la reactivación del transporte de pasajeros de la línea Tirol Vilelas, llamamos a defender los puestos y condiciones de trabajo. Planteamos la reapertura bajo control de los trabajadores de las fábricas que cierran o despiden. Propusimos el control obrero de las empresas estatales Sameep y Secheep, que vienen aplicando durísimos tarifazos y mantienen a sus trabajadores en condiciones denigrantes. Reclamamos el apartamiento del directorio de Sameep por la responsabilidad en la muerte de seis obreros en lo que va del año en el sector de Cloacas, además de medidas de seguridad y el pase a planta de todos los precarizados. Planteamos con fuerza los reclamos de las mujeres, comenzando por la aparición con vida de Mayra Benítez, desaparecida hace siete meses en Villa Angela. En la provincia donde se pretende llevar adelante un Encuentro de mujeres encorsetado por el poder del Estado, desarrollamos un programa independiente de organización contra el régimen social responsable de la violencia y la opresión hacia la mujer trabajadora. El PJ provincial viene acentuando todos sus rasgos de colaboración política con el macrismo. De cara a las elecciones nacionales, Capitanich fue borrado de la lista -aspiraba a ser candidato a primer diputado nacional. Salió de la elección golpeado por la derrota en Resistencia a manos de Cambiemos, que su participación personal en la campaña no logró revertir. El armado kirchnerista residual que se formó en repudio a esta política (el Frente Grande) no despegó electoralmente. Cambiemos sostuvo sus triunfos en Resistencia y Sáenz Peña. Salió derrotado en Barranqueras, donde dirige la intendencia, y quedó a 12 puntos en la provincial, perdiendo en la mayor parte del territorio. Más allá de este saldo, el proceso electoral da la pauta del deterioro general de estas dos variantes que manejan la política provincial, algo que se refleja sobre todo en el ausentismo (de más de un tercio del padrón), materia de preocupación de toda la dirigencia política. De cara a esta realidad, incluso desde el Estado, se valoró como una muestra “de apertura” el ingreso del Partido Obrero. Aurelio Díaz, por el contrario, valoró su próxima tarea en la bancada en estos términos: “Iremos, como diputados socialistas, a pelear dentro de una institución capitalista, donde estamos en minoría. Para resolver los problemas, entonces, vamos a recurrir a la movilización popular. No hay ninguna grieta entre el PJ y la UCR. La verdadera polarización es entre estos dos partidos y el Partido Obrero, que va a defender los intereses de los trabajadores. Desde la bancada, vamos a plantear y a defender el objetivo de un gobierno de los trabajadores”. Aurelio valoró la banca obtenida como un logro colectivo de la militancia del Partido Obrero. Desde ahí, nos proponemos desarrollar una militancia por los reclamos populares y una tarea de construcción política de una alternativa, pueblo por pueblo, en todo el territorio provincial. El triunfo obtenido ha generado un gran entusiasmo: nuestra tarea es transformar ese impulso en un crecimiento militante. Con ese impulso vamos a encarar las elecciones de agosto y octubre, para arrebatarle a los colaboradores del ajuste macrista una bancada en el Congreso Nacional y ponerla al servicio de los trabajadores del Chaco. TE PUEDE INTERESAR: "Ya empezó a cambiar la agenda"

Los obreros del ingenio La Esperanza lanzaron desde este lunes un paro por tiempo indeterminado en reclamo por el pago atrasado de sueldos y del aguinaldo, y contra la modificación de las condiciones laborales y la situación de los trabajadores que optaron por pasar a la administración pública en el cuadro de una reducción del personal planteada por el gobierno, entre las principales reivindicaciones. El pliego fue debatido y aprobado en asamblea. En conferencia de prensa, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, atacó duramente a los trabajadores de La Esperanza por el paro e hizo responsable al sindicato si como consecuencia del paro no se produjera la venta del ingenio y se retiran los inversores interesados. Vaciamiento estatal y privado El ingenio La Esperanza supo ser un coloso en la provincia, pero actualmente sólo cultiva una fracción de sus 70.000 hectáreas. Hoy, el ingenio muele alrededor de 2.000 toneladas diarias cuando debería moler entre 5.000 y 7.000. Su último administrador privado fue el grupo Roggio, que “arrendó” el ingenio por dos cosechas y luego se retiró. El gobierno de Fellner y un “equipo técnico” nacional y, luego, Morales, con aval de Macri, se han hecho cargo de la administración del ingenio, con resultados desastrosos. El gobernador anunció que se iba a hacer cargo de los sueldos de los obreros hasta el 31 de diciembre de 2016, fecha límite para sellar el acuerdo con el grupo inversor que se haría cargo del ingenio. Sin embargo, todavía no hay ninguna oferta seria en la mesa. Ocurre que los capitalistas exigen, como condición para hacerse cargo del ingenio, una serie de condiciones: reducción de personal, exenciones impositivas, beneficios fiscales, etc. El inicio de la zafra se demoró más de un mes ante la falta de recursos para poner en condiciones el ingenio y pagar los sueldos a los obreros. Hace dos semanas se largó la zafra con la tradicional misa y, sin embargo, todavía no ha salido una bolsa de azúcar de la empresa. El sindicato denuncia que la falta de inversión provocó serios problemas con las máquinas (explosión de tuberías, averías en trapiche, rotura de calderas, etc.). El Estado provincial está cumpliendo el papel de “liquidador” de los trabajadores y de sus conquistas. Para esto se ha valido de una “ley de emergencia”, votada por todos los bloques legislativos, que habilita al Poder Ejecutivo a tomar “toda medida necesaria y suficiente” para reactivar el ingenio: esto es, retiros voluntarios bajo extorsión, pase de trabajadores a la administración pública, reforma de las condiciones laborales. En definitiva, todo un paquete de ajuste sobre los trabajadores. La salida es con los trabajadores adentro En un cuadro de reactivación de la producción y exportación azucarera, beneficiados por exenciones impositivas, por la suba del precio interno y por los subsidios al bioetanol, no hay excusas para el planteo ajustador de reducción de personal en el ingenio. El Estado (nacional y provincial) es acreedor del 95% de la deuda del ingenio. Se trata, por lo tanto, de una empresa virtualmente estatizada que el gobierno pretende privatizar. Frente a este escenario, planteamos que la salida no es venderla a precio de remate sino ponerla bajo control de sus trabajadores, única vía alternativa luego de años de fracaso de gestión privada. La producción bajo control obrero sería una fuerte palanca de desarrollo económico y social de la zona, teniendo en cuenta las 70 mil hectáreas que posee el ingenio; si es necesaria una reconversión, que sea planificada y dirigida por los propios trabajadores. Para esto es necesario plantear que caiga la ‘ley de emergencia’ que habilita la reducción drástica de personal; que se abran los libros contables para saber cómo se utilizan los fondos que inyecta el Estado; sobre esta base, planteamos el control obrero de las cuentas y la producción para poner en funcionamiento óptimo el ingenio. Estos planteos son los que llevamos al Congreso de la Federación Azucarera Regional de Salta y Jujuy realizado en mayo y que fueron aprobados por los trabajadores: ningún despido en el Ingenio La Esperanza, derogación de las leyes de ajuste, control obrero de la producción y las finanzas del ingenio. El congreso también votó un paro de todos los ingenios ante cualquier agravio o provocación de las patronales contra los trabajadores. Ya se registran tres -el desconocimiento de las elecciones del sindicato de Ledesma, el despido de trabajadores en San Isidro y la avanzada en La Esperanza- sin que se haya realizado ninguna medida. Por el carácter de conjunto de la avanzada, es necesaria también una respuesta de conjunto del movimiento obrero. Por eso planteamos que es necesario un segundo congreso de las FAR que discuta una salida en función de los intereses de los trabajadores. • Abajo la ley de Emergencia 5929/16 que habilita despidos y reducción de personal. • Control obrero de las cuentas y de la producción. • La responsabilidad por el vaciamiento del ingenio es de los empresarios y los gobiernos de turno. • Abajo las “apretadas” del gobernador Morales a los obreros que defienden sus fuentes de trabajo.

“Aurelio, ¿cuál va a ser el primer proyecto que llevará a la Cámara de Diputados?”, preguntó la conductora del noticiero de Canal 9, emisora de aire de Resistencia. Aurelio respondió sin vacilaciones: “Un proyecto de pase a planta y blanqueo de los trabajadores estatales y privados, para terminar con la precarización y el trabajo en negro en la provincia”. Con esta respuesta, el canal entrevistó al hombre fuerte del gobierno de Peppo: Horacio Rey, secretario de la Gobernación. Rey abrió el paraguas, señalando que la planta de trabajadores del Estado ha crecido y que el ingreso se produce por concurso. ¡Pero nunca se concursan los cargos, y cuando se realizan el número de cargos concursado no llega al 10% del número de precarizados! El Estado tiene miles de precarizados en escuelas y centros de salud con “becas” totalmente en negro que arrancan en los 1.000 pesos por mes. En la calle, el mismo equipo del canal preguntaba a los transeúntes su opinión sobre la propuesta de Aurelio, recogiendo una simpatía generalizada. El ingreso de Aurelio Díaz a la Cámara de Diputados ya plantea una modificación de la agenda política del Chaco. Antes de las elecciones, pasaron Frigerio y Dujovne, se entrevistaron con funcionarios provinciales, y plantearon reducir el déficit fiscal. Una agenda de ajuste, máxime si se tiene en cuenta que tienen en carpeta una reforma impositiva que va a reducir los ingresos de coparticipación. Desde nuestra nueva posición, queremos cambiar la agenda: en lugar de discutir el ajuste, pasar a discutir la agenda de reclamos de los trabajadores. TE PUEDE INTERESAR: "Chaco: Aurelio Díaz, diputado, una conmoción política"

Este miércoles 26 de julio, más de 5 mil compañeros del Polo Obrero se movilizaron de Puente Pueyrredón al Ministerio de Desarrollo Social, y posteriormente al Congreso, en reclamo de trabajo genuino, duplicación del monto del Argentina Trabaja, paritaria para todos los trabajadores precarizados y respuesta al plan de obra pública presentado hace dos meses. La actividad, que debió enfrentarse con las fuerzas represivas, se desarrolló en el marco de una jornada nacional de lucha que incluyó acciones en diez puntos del país. En Eldorado, más de mil compañeros marcharon por la ruta. Hubo movilizaciones en Tierra del Fuego (por primera vez), Mar del Plata, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Chaco, con un intento represivo que también fracasó. Al llegar al Puente Pueyrredon, en Capital, un enorme dispositivo represivo con cientos de efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal impidió nuestro paso por orden de la ministra Patricia Bullrich. Horas antes, habían sido reprimidos los despedidos de Pepsico en el Congreso. Desde las 10 de la mañana, en que se concentró la gran columna del Polo, hasta las 16, una columna de más de 1.500 compañeros se desplazó hasta la avenida Mitre en un movimiento de pinzas, cortando totalmente el histórico Puente. A las 17 horas se hizo presente el secretario de seguridad Milman y levantó el operativo represivo ante la evidencia de que no nos moveríamos de allí. La conquista recogió la mejor tradición de lucha del movimiento piquetero. Entendimos que lo que estaba en juego era mucho más que la movilización en sí misma: si el gobierno cumplía su cometido y no lográbamos atravesar el puente, se establecía un precedente negativo para las luchas populares venideras. La acción tiene un valor en defensa de las libertades democráticas y el derecho a protesta. El gobierno, para hacer pasar el ajuste, necesita reprimir la protesta social y regimentar las manifestaciones. Es ese el sentido del famoso protocolo antipiquete. Por lo tanto, haber hecho retroceder el opertivo de Bullrich y Macri es un golpe a favor del conjunto de la clase de trabajadora y del conjunto del.pueblo que pelea por sus derechos. Es para destacar la enorme convicción con la que miles de compañeros desocupados y precarizados dieron esta pelea, haciendo el aguante siete horas y luego movilizándose hasta el Congreso para confluir con los compañeros de Pepsico y alcanzar nuestra solidaridad. A todo esto, el triunvirato piquetero (Movimiento Evita-CTEP, CCC, Barrio de Pie) continúa en la tregua. Otro favor al gobierno mientras crece el ajuste a pasos agigantados. No hay novedades sobre el acampe que anunciaron hace 10 días y están festejando que serán recibidos por la ministra de desarrollo social, Carolina Stanley. El aumento para el Argentina Trabaja es de un mísero 10%, llevándolo a 4.400 pesos (menos de un tercio de la canasta de pobreza). Rechazamos este aumento miserable y continuamos en un plan de lucha, hay que romper la tregua para luchar contra el ajuste, hay que unir a los trabajdores con un programa y un método de lucha.

El lunes 24 se desarrolló una recorrida en el Hospital Ramos Mejía junto a Marcelo Ramal, candidato a diputado nacional por la Ciudad por el Frente de Izquierda. Esta visita fue la culminación de una serie de actividades políticas en la puerta del hospital por parte de los compañeros del Partido Obrero de Boedo y San Cristóbal, y preparada por los compañeros de Tribuna Municipal que trabajan en el hospital. Durante la recorrida, parte de la comisión interna de Sutecba (sindicato de municipales) le entregó una carta con cuatro puntos principales que desarrollan las reivindicaciones que necesitan los trabajadores de la salud de enfermería, técnicos y escalafón general para desarrollar su labor cotidiana. Estos van desde la denuncia de la falta de personal, que los compañeros estiman en alrededor de 150, y el déficit de insumos para la atención de los pacientes, hasta el reconocimiento de la insalubridad para todo el personal de enfermería, técnicos y administrativos. Allí se desarrolló un debate sobre el sistema de facturación que inauguró el Gobierno de la Ciudad en 2016, el Facoep. En este sentido, Ramal retomó la denuncia que hizo en su momento, planteando que es un eslabón dentro de la cadena que intenta construir el gobierno nacional hacia la privatización del sistema de salud, con la anunciada Cobertura Universal de Salud. El tránsito de “financiar la oferta a financiar la demanda” significa que serán los pacientes del hospital público quienes pagarán los servicios con su aporte: los de obras sociales y prepagas a través de las cuotas y los que no tienen ninguna cobertura, a través de un subsidio del Estado. La recorrida continuó por los sectores de ginecología, dermatología y maternidad, donde grupos enteros de enfermeras nos recibieron con sus reclamos y planteos. Estas compañeras fueron participantes activas, dentro del hospital, en la campaña por la ley de las seis horas de enfermería, y le plantearon a Marcelo Ramal llevar adelante esa lucha en el Congreso, en un contexto creciente de ajuste y desocupación donde los trabajadores son los más golpeados por el gobierno, y que se encuentran en el centro de la crisis económica nacional como variable de ajuste del gobierno. En este sentido, Ramal se comprometió a “llevar todo el programa de reivindicaciones obreras que levantamos durante estos años y por el que batallamos incansablemente en la Legislatura porteña, al Congreso Nacional”. Todas las compañeras se llevaron las boletas del Frente de Izquierda, y no sólo para ellas, sino también para sus familias trabajadoras. Por último, pacientes y vecinos se acercaron a brindar el apoyo a la campaña del Frente de Izquierda y dialogar con Ramal sobre las colas interminables para sacar turnos, la falta de medicamentos que provee el hospital, que se acentúa en esta época del año ya que el presupuesto comienza a escasear o ante la falta de cobertura para los pacientes de Pami. Muchos de estos pacientes se anotaron para ayudar en la fiscalización junto a sus familias, con la idea firme, al igual que los enfermeros del hospital de apoyar al Frente de Izquierda para que los trabajadores tengamos una alternativa que enfrente el ajuste y sea una voz propia en el Congreso.

Desde febrero de 2017, luego de siete reuniones paritarias y distintas propuestas inaceptables, el gobierno presentó a las federaciones de docentes universitarios una oferta que éstas consideraron aceptable para ser llevada a las asambleas de base. El nuevo ofrecimiento implica un aumento del 25% que, sumado al nomenclador y jerarquización -establecidos por convenio colectivo de trabajo- llega a un 26,45% en la mayor categoría. Todo en cuotas a diciembre 2017, siendo la más alta en octubre. A la vez, establece la garantía salarial por cargo y con un aumento del 101% (2016-2018) y cláusula gatillo desde el segundo semestre. Esta oferta fue presentada por la Secretaría de Políticas Universitarias (Ministerio de Educación) en pleno plan de lucha de la Conadu Histórica, sin toma de finales y con el anuncio del no inicio en el segundo cuatrimestre. Llamativamente, además, la reunión paritaria se hizo unas horas después de que Vidal cerrara con Baradel. La no toma de exámenes, muy fuerte en algunas universidades del interior, estaba siendo un tema candente en las casas de estudios, dividiendo aguas tanto en estudiantes como en docentes. La Franja Morada comenzó a tener los niveles más altos de militancia de los últimos tiempos contra la medida docente, llegando en algunas universidades a amenazar a dirigentes, como sucedió con la secretaria general Mariana Carminatti, de Adul (Santa Fe). En la UBA no sólo Nuevo Espacio (Franja Morada) atacó a los docentes. La dirección del Centro de Estudiantes de Psicología, en manos de El Impulso (Libres del Sur, Mella y El Brote) lanzó una campaña a través de un flyer contra la no toma de exámenes, reclamando por el derecho de los estudiantes a rendirlos. ¡Y hasta Feduba salíó a defenderlos! Varias “caretas” se fueron cayendo. Una propuesta insuficiente La propuesta deja por fuera de la garantía salarial a los docentes más bajos del escalafón, los ayudantes de segunda, que son los de menores salarios. Tampoco se avanza un ápice para terminar con el trabajo gratuito en las universidades nacionales, quedando en el acta paritaria una cláusula de compromiso a censarlos para avanzar hacia las rentas, un nuevo saludo a la bandera, como ya pudimos comprobar luego del incumplimiento de la paritaria 2016. Por otro lado, el porcentaje de aumento, cuotas incluido, dista mucho del 35% reclamado -o sea, que no nos permite recuperar en nada la pérdida de 2015/2016 y de 2016/2017. La mayoría de las asociaciones de la Conaduh rechazamos la oferta. Con ese mandato, el Congreso de la Federación resolvió no firmar y presentar una contrapropuesta en base a los reclamos más imperativos: adelantamiento de las cuotas, garantía salarial para los ayudantes de segunda, ad honorem. Sin embargo, la contrapropuesta ni fue escuchada por el ministerio. No lo necesitaban porque ya tenían pactada la firma de Conadu (Yasky), Fedun (Corriente Federal), UDA, Ctera y Fagdut (UTN). Así, el acta paritaria fue suscripta por todas las federaciones salvo la Conadu Histórica. Esta situación no llama la atención. Desde que empezara en febrero el plan de lucha, con más de 35 días de paro por parte de la Histórica, las demás federaciones vinieron a la rastra, en el mejor de los casos. Con asambleas de base, clases públicas, tomas de rectorados, marchas y concentraciones, y hasta la gran jornada de AGD en Plaza de Mayo, todas las iniciativas fueron organizadas y tironeadas por la Conadu Histórica. Todo un plan de lucha que obligó al gobierno, que comenzó las reuniones paritarias ofreciendo cero de aumento, a subir la oferta. Hasta se volvió a repetir la marcha conjunta donde sólo nosotros fuimos a reclamar a Plaza de Mayo. Por eso no nos extrañó la premura en aceptar y firmar la primera oferta que se bajó a las asambleas. Claro, no hay que olvidar el extorsivo 1% que reciben los firmantes. El plan de lucha continúa Más allá de la situación impuesta por la firma de las burocracias sindicales (y van…), la Conadu Histórica ha resuelto continua rpeleando no sólo por nuestros reclamos paritarios sino contra la reforma del sistema universitario que emprenderá este gobierno con la venia de todo el arco político patronal que intenta presentarse como opositor. En el segundo semestre sumaremos acciones contra el avance de la mercantilización en las universidades y contra las leyes antieducativas, como la ley de Educación Superior que viene manteniéndose desde el menemato.

Este régimen que fuga capitales y se beneficia de la mayor corruptela nacional -la deuda usuraria- ha decidido autoblanquearse con la tentativa de “expulsión” del Congreso del corrupto De Vido. Pero es el mismo gobierno y los mismos partidos los que pactaron con los jueces que mantienen impune a De Vido. Y que, a través de sus empresarios -como Calcaterra o Caputo-, están unidos por mil lazos a los corruptos. Es por eso que no lo mandan a De Vido a la cárcel, sino a su casa. Mientras tanto, sientan el precedente de la expulsión sumaria de un diputado -o sea, un ataque a la democracia y a los derechos constitucionales. Los Macri y compañía van a servirse de ese antecedente autoritario, no contra los corruptos, sino para reforzar al Estado que reprime obreros, aplica tarifazos y conculca derechos laborales y jubilatorios. Denunciamos este ataque a las libertades y derechos políticos, dirigido a rescatar a un gobierno cuya autoridad viene en picada. El Partido Obrero está empeñado en la condena política y penal de De Vido y todos sus cómplices. Un militante nuestro -Mariano Ferreyra- pagó con su vida la lucha contra el régimen corrupto y precarizador que encabezó De Vido, y que condujo poco después a la masacre de Once. Pero esa lucha exige desmarcarnos a fondo de quienes han pactado y preservado a De Vido y a los jueces corruptos, porque representan los mismos intereses sociales. Defendamos a Pepsico, Cresta Roja y a todas las luchas obreras. Juicio y castigo a todos los responsables de la masacre de Once. Abajo la represión y la impunidad, ni un gramo de confianza a sus mentores políticos -aunque quieran enmascararse de “demócratas” o “morales”.