Prensa Obrera N° 1451

Recordemos que, hasta hace muy poco, el macrismo venía sosteniendo que la devaluación realizada al debut de su mandato sería la última. El Estado no interferiría para fijar el tipo de cambio. El gobierno ha tirado por la borda sus promesas y está cediendo a las presiones devaluatorias que vienen alentando sectores cada vez más amplios de la burguesía. El gobierno “busca que el tipo de cambio mayorista tenga un nuevo piso de 16 pesos” (Ambito, 19/3). A partir de ahora, el gobierno nacional y las provincias no venderán un solo dólar más a través del mercado cambiario. El 100% de las divisas que salgan a ofrecer por las colocaciones de bonos que efectuaron en los últimos meses serán compradas por el Banco Central. El objetivo es reducir sustancialmente la oferta del mercado cambiario para impulsar la cotización del dólar. “La orden bajó directamente de Mauricio Macri… ante las evidencias cada vez más indisimulables del atraso cambiario y su impacto en el sector industrial” (ídem). El nuevo esquema significa un importante cambio respecto de la política que se venía manteniendo hasta ahora. El BCRA, hasta el momento, solamente compraba los dólares en poder del Tesoro Nacional. Ahora, se suman a este esquema las provincias, quienes aún deben vender la mayor parte de los dólares que consiguieron en las últimas emisiones de deuda. En total nada menos de 10.000 millones de dólares que el sector público consiguió en los mercados internacionales de deuda (ídem). La propaganda oficial que venía batiendo el parche sobre la necesidad de reducir los costos internos como la panacea para “mejorar la competitividad”, se ha revelado como un gran estafa. El latiguillo sobre los costos ha sido útil para atacar el salario y los convenios, pero no ha servido para nada reducir el costo argentino, que tiene su origen en los tarifazos y el aumento de los impuestos al consumo, o en el costo financiero, que se grava en forma proporcional al creciente endeudamiento, y en el aumento de los insumos nacionales y especialmente importados. El problema no es el costo laboral sino el costo empresario, la gestión capitalista, que está atravesada por contradicciones crecientes e insuperables. Las millonarias compras de dólares que tendrá el Central por delante lo obligarán a emitir una verdadera montaña de pesos, que luego tendrá que absorber vía Lebac o pases pasivos, asumiendo un costo adicional en esa tarea. Esto implica echar más sal en la herida, pues el Central ya carga en la actualidad con una deuda superior a los 40.000 millones de dólares y viene pagando intereses cercanos a los 10.000 millones de dólares. No se nos puede escapar que este nuevo salto en la deuda sólo se podrá sostener aumentando la tasa de interés, lo que da por tierra con cualquier perspectiva de reactivación. Ni qué hablar que una devaluación, a su vez, echaría leña al fuego de la carestía. El discurso oficial sobre la necesidad de poner un freno a la inflación, que se enarbola contra los docentes y los reclamos salariales, desaparece cuando se da cabida a las demandas patronales. La emisión de los títulos para absorber los pesos le costará al BCRA varios miles de millones de dólares, una cifra sensiblemente por encima del aumento que reclaman los docentes. El endeudamiento se duplica: primero, con el ingreso de los dólares al país que tiene como contraparte las emisión de bonos con tasas usuarias del 8 y 9 por ciento anual en dólares y luego a la hora de recomprar los dólares y emitir nueva deuda, esta vez a cargo del BCRA, absorbiendo los pesos que se emiten para llevar adelante esta operatoria. Ese endeudamiento no tiene un fin productivo sino que ha ido a alimentar una bicicleta especulativa y a financiar la fuga de capitales. “Sólo en el primer bimestre sumaron más de 4.500 millones de dólares (…) se trata de una cifra récord en los últimos 15 años” (ídem). Perspectivas Los bandazos del macrismo, sus marchas y contramarchas, dan cuenta del impasse creciente de la política económica oficial. Partiendo de esta caracterización, está claro que la devaluación, lo mismo que los tarifazos, impuestazos y ajustazos, no ha quedado atrás sino que los tenemos por delante. Las iniciativas que promueve el gobierno tropiezan con la crisis de fondo, que hunde sus raíces en la bancarrota capitalista en desarrollo y en los enormes desequilibrios económicos que hereda. A esto se agrega una resistencia obstinada de los trabajadores frente a los ataques a sus condiciones de vida, que ya se manifestó bajo la década kirchnerista. Es necesario que los trabajadores tengamos una comprensión y una claridad de la etapa convulsiva en que entramos para encarar a los desafíos y tareas que tenemos planteados.

Ante el ajuste que el gobierno de Macri-Urtubey pretenden agudizar, el viernes 17 de marzo se llevó adelante el II Encuentro de Jubilados y Trabajadores con Pablo López, diputado nacional del Partido Obrero - FIT. Con una importante concurrencia de jubilados, pensionados y trabajadores, se desarrolló un intenso debate sobre cómo debemos intervenir en la próxima etapa. El descontento de los adultos mayores se va canalizando en una organización que se plantea enfrentar el ajuste de Macri y Urtubey. Pablo López explicó el cuadro político nacional en el cual se enmarca la política de ajuste que el gobierno nacional y los gobernadores llevan adelante y en particular cómo afecta a los jubilados. Uno de los temas fue la salida de Carlos Regazzoni, como interventor del Pami. El compañero López explicó que Macri coloca en su reemplazo al ex titular de Ioma de la provincia de Buenos Aires, Sergio Cassinotti, con el objetivo de profundizar el ajuste contra los afiliados de la obra social. La estafa de la “reparación histórica” es otro capítulo del ataque a los derechos de los adultos mayores. En su último discurso, Macri se jactó de pagar la deuda a un millón de jubilados, cuando la realidad no alcanza siquiera al 20% de los damnificados por los haberes mal liquidados. En el encuentro se pusieron sobre la mesa todos los problemas de los jubilados y pensionados, como la urgencia de un aumento de 8.000 pesos para enfrentar la carestía de la canasta familiar y los medicamentos. También fue clara la preocupación ante el intento del gobierno de elevar la edad jubilatoria. En ese punto, Pablo López explicó que en este tema, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone (Frente para la Victoria), estuvo a la vanguardia de este ataque contra las masas elevando la edad de jubilación de los estatales fueguinos. Con éste y otros ejemplos, mostró que existe una coalición del ajuste, que incluye al oficialismo y a opositores, como también a la burocracia de los sindicatos, particularmente el triunvirato de la CGT. Pablo López explicó los proyectos de ley del bloque del Frente de Izquierda que integra junto a los diputados, también del Partido Obrero, Soledad Sosa y Néstor Pitrola, de aumento de emergencia para todos los jubilados, el del 82% móvil y el de rentas vitalicias, que recogen parte del programa de defensa de los trabajadores y jubilados. Arribamos a una valiosa conclusión: la necesidad de salir a la lucha ante el intento del gobierno nacional de pulverizar las condiciones de vida del sector, avanzando en un agrupamiento independiente del gobierno que lleva adelante el ajuste con la venia de los sindicatos y la oposición patronal. Como resultado del encuentro, varias compañeras manifestaron su voluntad de incorporarse a las reuniones semanales de Jubilados Clasistas y participar de las agitaciones que todos los jueves se vienen realizando frente a la sede del Pami, donde se recepta el enorme malestar frente al ajuste. Se dejó establecida también una agenda. Participar de todas las instancias de lucha de los distintos sectores que están ganando la calle, más todavía ante la irrupción de los trabajadores en la marcha de la CGT del 7 de marzo pasado. Se resolvió la participación de Jubilados Clasistas en la marcha del próximo 24 de Marzo, el 1° de abril a la Legislatura cuando Urtubey abre las sesiones y el 6 de abril en oportunidad del paro nacional.

En la primera sesión del Consejo Superior de la UBA se votaron el presupuesto 2017 y el calendario para renovar el conjunto de las autoridades de la universidad -consejeros, decanos y el rector. El bloque mayoritario de decanos (radicales, macristas y peronistas) se deshizo en auto-elogios al actual rector Alberto Barbieri, a cuyas “capacidades de gestión” atribuye el aumento presupuestario que permite que este año la UBA no esté en “cero” como en 2016. Esta entrada de recursos -indudablemente asociada a la lucha docente estudiantil del año pasado- sería la plataforma para la reelección al frente de la UBA del ex candidato del FpV, siempre rodeado de funcionarios de la corrupta y macrista Franja Morada. Las elecciones de claustros tendrían lugar a lo largo de todo el año para culminar en una Asamblea Universitaria el 7 de diciembre. E llos El presupuesto votado no contempla aumento alguno para docentes y no docentes. Estas partidas surgirían de las negociaciones paritarias en curso -o sea que la UBA se acopla a las ofertas miserables realizadas por el gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Bien mirado, los gastos de funcionamiento apenas cubren la inflación. Lo reconoce la propia resolución aprobada al dejar en claro que el elogiado presupuesto no servirá para pagarle salario alguno a los más de 20 mil docentes ad honorem ni para realizar las obras de infraestructura que necesita la UBA. Tampoco están los fondos para el nuevo Hospital de Clínicas, anunciado con bombos y platillos a fin del año pasado. Sin embargo, la mayoría de los decanos -incluyendo al kirchnerista Glenn Postolski, de Sociales- decidieron desligarse de la lucha docente y aprobar un presupuesto que no alcanza, a sabiendas de que sus intereses son otros: en paralelo, darán rienda suelta a la política de “recursos propios” (recortes de carreras, posgrados pagos, pasantías truchas y convenios con empresas), que conforma la verdadera “caja” de la UBA.l bloque minoritario de decanos y profesores K, que comanda Fe derico Schuster e integran las facultades de Exactas y Filosofía y Letras (ya casi nunca Sociales), no cuestionó la votación de un presupuesto sin aumentos salariales, en pleno conflicto docente, ni tampoco un calendario electoral basado en el actual régimen de cogobierno, el más antidemocrático de todas las universidades públicas del país. Por boca del decano Juan Carlos Reboreda, de Exactas, el “aguante” kirchnerista se limitó a reclamar una redistribución interna del presupuesto en función del gasto de las facultades. Según ellos mismos solicitaron, se trataría de desplazar hacia ellas el 0,4% del total… sí, la crítica K a Barbieri-Yacobitti consiste en una puja por el 0,4%. A este planteo miserable se acopló el consejero estudiantil de La Mella, que en el Superior comparte banca con La Cámpora y Nuevo Encuentro. Y nosotros La UJS fue la única fuerza política que estableció una crítica de fondo al Rectorado y planteó una alternativa distinta para la universidad. Rechazamos cerrar un presupuesto insuficiente y de “aumento cero” para los trabajadores, y mocionamos que la UBA se volcara en apoyo a la lucha docente reclamando, en simultáneo, los fondos necesarios para su funcionamiento, que deberían incluir a los ad honorem, a las obras y al boleto universitario gratuito (como conquistó la lucha estudiantil en la Universidad de La Plata). Exigimos también la apertura de las cuentas del Rectorado y las cajas de recursos propios, desechando todos aquellos negocios que pervierten la función de la universidad pública. En relación al calendario electoral, propusimos que se abriera ahora mismo un período de debate de 60 días sobre el régimen de cogobierno, cuestionando un estatuto basado en el poder de un ultraminoritario claustro profesoral entrelazado con los bancos, multinacionales y gobiernos de turno. Nuestra moción planteó la necesidad de convocar a un plebiscito en toda la UBA (incluyendo al CBC, los preuniversitarios y los hospitales, que hoy no cuentan con representación democrática alguna) y, sobre esa base, a una Asamblea Universitaria extraordinaria en mayo para reformar los actuales estatutos, inalterados desde su redacción por la "fusiladora" del ’55. Además, cuestionamos que la fecha de las elecciones estudiantiles (11 al 15 de septiembre) coincidiera con el aniversario de la histórica marcha de la Noche de los Lápices y que la Asamblea Universitaria se hiciera en diciembre, cuando ya no hay clases, y en un “bunker” ajeno a la universidad y custodiado por la policía. Convocatoria La sesión del Consejo Superior mostró la verdadera polarización que divide a la universidad. De un lado, los personeros radical-pejoto-macristas de un régimen antidemocrático y privatista, seguidos de cerca por los decanos K y las agrupaciones que a ellos se subordinan; del otro, las necesidades de la masa de estudiantes, docentes y no docentes, cuya defensa asume la UJS-Partido Obrero. El inicio de clases tiene que servir para poner las cosas en su lugar, volcando al conjunto de los estudiantes a la lucha en defensa del salario de docentes y no docentes. Sólo así podremos aislar y derrotar al gobierno de Macri y a sus autoridades aliadas. Sólo así se abrirá una perspectiva real de desarrollo para la universidad, la docencia y la investigación pública. Es con este objetivo que llamamos a todas las agrupaciones del movimiento estudiantil, y en especial quienes están al frente de los centros de estudiantes, a acordar la convocatoria a un Congreso Extraordinario, abierto, de la Fuba, para organizar la lucha en el inicio de este primer cuatrimestre. Un congreso de estas características permitiría abordar las divergencias estratégicas que cruzan a la actual conducción en un cuadro de deliberación colectiva y acción común de miles y miles de estudiantes. Serviría para abrir el debate en las diferentes facultades, colegios y sedes del CBC, y colocar al movimiento estudiantil en la ruta de la ocupación del Conicet, la huelga docente, las grandes movilizaciones de las últimas semanas y la del 24 de marzo. Vamos por un Congreso Abierto de la Fuba para votar un plan de lucha unificado por el triunfo de los docentes, por el presupuesto, el boleto, la democratización del régimen universitario y todas nuestras reivindicaciones. ¡Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro!

Este 24 de Marzo no sólo será una jornada masiva. Viene precedida, además, de otras movilizaciones gigantescas. El miércoles, centenares de miles de docentes y estudiantes marcharon en la Capital y en todo el país. La huelga docente ha recibido un mandato concluyente en favor de una lucha a fondo, para doblegar al gobierno que quiere condenar a los maestros a ganar por debajo de la línea de pobreza. Y con ello, a avanzar contra el salario y las condiciones laborales de todos los trabajadores. En medio de las huelgas docentes; de las marchas piqueteras contra la miseria social; de la ocupación de AGR contra el lock-out flexibilizador; de los despidos anunciados o en puerta en SanCor, General Motors y Nobleza, el gobierno quiere volver a la carga con la regimentación de la protesta. Para liquidar las conquistas laborales y el salario, el gobierno va por el primero de los derechos -el derecho a luchar. Con el mismo objetivo, le ha retirado la personería al sindicato del Subte y le lanzó la misma amenaza a los gremios docentes. Pero no hay “protocolo” que pueda dar cuenta de las movilizaciones multitudinarias de estos días. El 24 será una continuidad de las enormes marchas docentes; de la movilización del 7 de marzo que reclamó el inmediato paro general, de la gran movilización del 8 de marzo por las reivindicaciones de la mujer trabajadora. El 24 reclamará también el inmediato paro activo nacional, para que ganen los docentes y todas las luchas. El 24, en definitiva, es parte del enorme esfuerzo de lucha de los trabajadores contra el intento estratégico de Macri para derrotarlos. Nuestra libertad de organización y de lucha exige también la independencia política de quienes, con Milani, Aníbal Fernández y Berni, quisieron avanzar con sus propios “protocolos” represivos. El 24, vamos a la Plaza con todos los trabajadores, docentes, mujeres y jóvenes en lucha, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR La foto de Cambiemos y el agravio contra el 24 de Marzo Documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia El kirchnerismo y un acto de memoria selectiva El 24 de Marzo marchamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia La lucha contra la impunidad, a través de estos 41 años El 24 de Marzo de una Argentina movilizada 24M: el día que el kirchnerismo rompió la marcha única

La solidaridad con la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín ha logrado traspasar las fronteras de nuestro país y sumar importantes apoyos internacionales. A partir del llamamiento hecho por los trabajadores después de dos meses de ocupación de la fábrica, organizaciones y personalidades de diferentes países del mundo se están pronunciando. Además, se vienen organizando acciones de denuncia frente a las embajadas y consulados argentinos planteando que se atienda el reclamo de los trabajadores. En Chile, donde la patronal viene realizando la producción que era de la planta de Pompeya, la campaña tiene una importancia especial. Allí los trabajadores de AGR le piden a la CUT (la central obrera de Chile) y a los sindicatos gráficos chilenos una colaboración fundamental: rechazar la elaboración y el traslado de la revista Viva y, en general, toda la producción que envía Clarín con el único objetivo de destruir la organización y la lucha que vienen desarrollando los trabajadores de la planta. “Vale recordar que los gráficos de RR Donnelley Chile y su sindicato ya dieron muestras de solidaridad de clase en 1997, cuando frenaron la producción de los compañeros de Editorial Atlántida, que también había sido derivada allí por otra patronal argentina para intentar carnerear una ocupación”, señala el comunicado de los compañeros. Las primeras adhesiones de dirigentes sindicales y estudiantiles en Chile (de la Confederación de Trabajadores del Sector Privado-CEPCH, del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Santo Tomás, del Centro de Estudiantes de la Utem, etc.), y el acto de denuncia de los compañeros del POR frente a la embajada, son el principio de una campaña que empalma con un ascenso de las luchas del movimiento obrero en ese país. La solidaridad de las organizaciones de otros países de la región también es de vital importancia, ya que no se descarta que la empresa utilice en un futuro gráficas de algún país vecino. Tanto en Montevideo como en Brasilia se están preparando actos frente a las embajadas argentinas. Además, en Uruguay, el Sindicato de Artes Gráficas junto con Adeom (del PIT-CNT) enviaron un reclamo al embajador exigiendo la reincorporación de los trabajadores. En la misma línea se pronunció la Federación Unitaria de Sindicatos Bolivarianos del Estado de Carabobo (Venezuela), el Sindicato de trabajadores públicos del Ministerio de Seguridad Social, Salud y Trabajo del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil), y los principales referentes sindicales de la Prensa en Grecia. Compañeros del gremio del Caucho de México, así como otras figuras y activistas internacionales también acercaron su solidaridad. La colaboración con el fondo de lucha es otro aporte vital con el que muchos compañeros y organizaciones de otros países pueden ayudar. El llamado a internacionalizar esta lucha es un ejemplo de conciencia de clase. “Lo que no cuenta Clarín es que mientras los capitalistas siempre compitieron en todo el mundo, quienes tenemos tradición de solidaridad internacional somos los propios trabajadores”, dice el comunicado. Si gana la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín será un duro golpe al intento de ajuste que el gobierno de Macri, en la misma línea que los gobiernos capitalistas de todo el mundo, intenta descargar contra la clase obrera. ¡Viva la unidad internacional de los trabajadores! Foto: Javier Entrerriano

Sobre llovido, mojado... Mientras la onda expansiva del Lava Jato no se detiene, un nuevo escándalo conmueve al país (esta vez en torno de la comercialización de la carne): una investigación de dos años destapó un esquema de sobornos para autorizar la producción de alimentos no aptos para el consumo. Además de la gigante BRF (dueña de las marcas Sadia y Perdigão), entre las empresas investigadas figura JBS, líder mundial en el mercado de carne. Brasil es el primer exportador mundial de carne bovina y avícola. El impacto de este escándalo podría poner en serios aprietos a las corporaciones líderes, al punto que algunos analistas comparan el escenario actual con el de Parmalat, que se desplomó diez años atrás. Esto echaría más leña al fuego cuando Brasil carga con la recesión más importante de su historia y el gobierno proclamaba que lo peor de la crisis ya había pasado. Autoamnistía Entretanto, la crisis alrededor del Petrolão se agrava. En el listado que acaba de dar a conocer la Justicia figuran personajes del entorno presidencial, entre ellos los ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco y Aloysio Nunes Ferreira (el actual canciller) junto con diez gobernadores, entre ellos Geraldo Alckmin, de San Pablo. En ese fatídico listado figuran el titular de Diputados, Rodrigo Maia, y el del Senado, Eunício de Oliveira. Ni hablar del casi centenar de legisladores sobre los que la Corte Suprema deberá abrir procesos. La “salida” de apuro que intenta el gobierno para contrarrestar esta situación es solicitar a la Justicia que publique el nombre de “todos” los sospechosos. Como en ese segmento están incluidos el PT hasta el PSDB (socialdemocracia) y demás partidos, piensa que los “acusados” por el fiscal de fiscales pasarán “dentro del montón”. Pero la movida oficial apunta más lejos. Lo que el Congreso debate ahora es una polémica ley de autoamnistía, impulsada por el Poder Ejecutivo, para protegerse del avance judicial. Tanto en Planalto (el palacio presidencial) como en el Parlamento se orquestan las defensas frente a las últimas revelaciones. Los legisladores comenzaron a diseñar una ley para distinguir entre “donaciones “provenientes de actos lícitos o ilícitos. Al estar salpicados todos los bloques y partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, empezando por el PT, el gobierno confía en contar con el respaldo suficiente para aprobar el proyecto. La línea prevaleciente en la burguesía, por otra parte, ha sido cerrar filas en torno del presidente Michel Temer, aun marcándole la cancha y apostando a que implemente el giro económico que reclama la clase capitalista. Temer ha cumplido con ese propósito: en sus pocos meses de mandato ha llevado adelante un ajuste severo de las partidas sociales y en el empleo público. Está además en trámite de aprobación la reforma jubilatoria y se prepara una severa reforma laboral. Entretanto, el Planalto promueve la apertura petrolera, para que las multinacionales ingresen sin intermediarios en la explotación del recurso. Perspectivas Temer se ha empeñado en llevar adelante esta agenda, aún en medio de cuestionamientos y escándalos, pero todo indica que se está quedando sin resto. Sus medidas, lejos de revertir el impasse y el colapso de la economía, se han convertido en un factor revulsivo para las masas, agudizando el descontento popular y reavivando las protestas y huelgas. A raíz de la sanción de la reforma jubilatoria, el país se vio convulsionado por un paro nacional y nuevamente las arterias céntricas de las principales ciudades fueron el escenario de movilizaciones masivas. “En San Pablo, por primera vez desde las grandes movilizaciones de 2014 y 2015, la avenida Paulista fue literalmente tomada a lo largo de 15 cuadras” (Clarín, 16/3). Grandes gremios, como el de docentes, fueron protagonistas de la jornada, con la paralización de tareas y presencia activa en las calles. “Otras grandes movilizaciones se hicieron en Río de Janeiro y veinte capitales de estados provinciales. En total, se calcula que unos 750.000 brasileños ganaron las calles” (ídem). El alcance de la jornada debe ser valorada aún en mayor medida si tenemos presente que la CUT, la central sindical brasileña, enrolada políticamente con el PT, no se empeñó en organizarla en los lugares de trabajo. Todo indicaría que, en este clima, el operativo autoamnistía llega tarde. La sanción de esa ley puede ser la gota que rebalse el vaso y provoque un estallido de indignación popular. Entre tanto, la Justicia está haciendo malabarismos para no incluir en la lista a Temer y lleva el proceso en cámara lenta, pero ese cordón sanitario en torno de la figura presidencial resulta extremadamente endeble y puede romperse en cualquier momento, lo cual aceleraría el paso a un juicio político. Al comienzo de su gobierno, Prensa Obrera señaló que el nuevo mandatario debería reunir los recursos políticos y económicos para gobernar. Los escollos que enfrenta están superando la capacidad de respuesta del gobierno, que está quedándose sin combustible. En estas condiciones, la burguesía puede terminar por soltarle la mano, lo cual representaría un salto mayúsculo de la crisis política si se tiene en cuenta que en la línea sucesoria -los titulares de ambas cámaras- están también bajo la mira judicial. En medio de ese escenario, el PT, liderado por Lula, es una pieza clave para apuntalar la gobernabilidad. Mientras el “Fora Temer” se convierte en un reclamo generalizado, la política del líder petista es apaciguar las aguas y evitar que el actual presidente caiga como consecuencia de la acción directa de las masas. La orientación que pregona es esperar las elecciones de 2018, lo cual actúa como un freno de la creciente efervescencia popular. Consecuentemente con ello, las direcciones sindicales y representativas del movimiento de masas, tributarias políticamente del PT, dilatan las medidas de lucha y permiten que se abran paso la agenda y los ataques del gobierno. El paro del 15 de marzo tuvo un carácter aislado y no está prevista su continuidad. En manos de la CUT ha sido una válvula de escape y no una herramienta para reforzar las tendencias huelguísticas y de lucha de los trabajadores. La conducta del PT, sin embargo, no pasa inadvertida: junto al “Fora Temer” que atronó en las manifestaciones empieza a colarse la consigna “que se vayan todos”. Es decir, que el dedo acusador del movimiento popular se extiende no sólo al partido gobernante sino a los opositores. El escenario actual pone en el orden del día la convocatoria de un congreso nacional de trabajadores, para discutir y aprobar un programa de lucha contra el gobierno Temer y sus medidas antiobreras, por las reivindicaciones populares y para imponer una salida obrera a la actual crisis, haciendo pagar el costo de la misma a los capitalistas y sus corruptos funcionarios, y organizando un plan de lucha nacional hacia la huelga general.

En la provincia de Salta se desmontó el 2,5% de bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano fue de 0,51% y la media mundial fue del 0,20 por ciento. Estos números se desprenden de una investigación realizada por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (Inenco) y el Conicet. Su informe muestra que se deforestaron un promedio de 100.000 hectáreas por año, siendo 2008 el período en el que más bosques se perdieron, con un total de 234.456 hectáreas. La ley de Bosques de ninguna manera ha revertido este cuadro, incluso lo agravó a través de la proliferación de los desmontes “clandestinos” que, en realidad, son conocidos por un gobierno que da vía libre al negocio y a la expulsión masiva de comunidades campesinas y aborígenes, a las que luego Urtubey culpa por su propia pobreza. Romero, Urtubey y Olmedo contra el Chaco salteño Detrás de esta masacre socio-ambiental están los negocios de un capitalismo totalmente descompuesto y rapaz: la Sociedad Rural ha planteado que hay que volver a la llamada “ley Olmedo”, que convertiría 5 millones de hectáreas, que hoy figuran como zona restringida, en el mapa de protección de bosques, para pasar a ser zona verde, lo que significa dar vía libre a los desmontes. Romero apoya rabiosamente esta línea y es uno de los puntos de negociación con el urtubeísmo a la hora de consolidar un frente patronal para el próximo período. Por su parte, el oficialismo ha declarado no estar dispuesto “a tanto”, pero sí a habilitar esa zona para ganadería integrada. Esta práctica también está seriamente cuestionada porque implica desmontes parciales que no son sustentables. Detrás de esta variante están los dueños de las tierras del Chaco salteño, entre los que se destaca la familia Macri, Olmedo, Romero, el Banco Macro y hasta Seaboard Corporation (Tabacal), que espera entrar en el negocio ganadero por el lado de la venta de subproductos del biocombustible, que planifica producir en gran escala. El ataque antiobrero de la patronal de Tabacal en 2016 muestra, a la luz de estos datos, su alcance estratégico. Los bloques patronales salteños apoyaron en bloque las quitas salariales y los turnos relevantes porque las medidas de Seaboard son el punto de partida de una reorganización integral de los negocios, que implican una destrucción ambiental a gran escala, combinada con una mayor precarización laboral y la expulsión de obreros rurales y campesinos. Este fenómeno también se aprecia en el reciente acuerdo Urtubey-Olmedo por Salta Forestal, que permitirá a este último no sólo no pagar su deuda con el Estado sino seguir desmontando y subarrendando 150 mil hectáreas productivas provinciales. Esta política entraña nuevos y explosivos choques con las masas, de ahí también la importancia de un frente único patronal en Salta. Del otro lado, sólo nuestros parlamentarios se posicionaron del lado de los obreros y campesinos afectados por esta política criminal. Con respecto a los desmontes hemos planteado una ley de moratoria, en cuyo período de aplicación se debería investigar a fondo, junto a los profesionales en el tema y las comunidades afectadas, las consecuencias de esta política y cómo revertirla. Salta necesita una planificación productiva en beneficio de las mayorías trabajadoras, ajena a los negocios parasitarios de ocasión que han enriquecido a pequeños grupos, mientras se registran las tasas de miseria más grandes, justamente en las regiones arrasadas. Este es un debate de fondo, que divide aguas entre todas las variantes patronales (incluida la centroizquierda y la UCR) y el Partido Obrero.

En su columna “La Tronera”, publicada el martes 21 en Clarín, el periodista Alberto Amato se indigna porque calificamos de “dominguero” al tardío paro del 6 de abril convocado por la CGT. Nos acusa de lo que nos enorgullecemos, tomar un término de los ’60 y ’70, cuando el clasismo del Cordobazo acusaba de materos a los paros de la burocracia peronista de la época. Algo que acaba de reivindicar el triunviro Carlos Acuña cuando dijo que el paro era “para quedarse en casa tomando mate”. También explicó que la medida “no es contra nadie, es un desahogo”. Ocurre que la burocracia tuvo que ponerle fecha al paro al cabo de la rebelión de 200 mil trabajadores que la puso en fuga del palco el pasado 7 de marzo. Estiraron el paro matero hasta abril para desprenderlo de la estratégica huelga docente que reclama una inmediata medida de conjunto. El paro-desahogo es para desinflar las luchas contra el ajuste, como la heroica ocupación de los gráficos de AGR Clarín, que lleva 65 días e ignora el periodista, a pesar de tener tan cerca a los compañeros de la misma patronal a la que ha copiado el libreto. Es para desinflar General Motors, la movilización de Baradero, el paro de la CGT San Lorenzo y siguen las firmas. Amato, como Macri y su cría ajustadora, teme a los paros activos. Fueron paros de ese tipo los que produjeron giros históricos. El 17 de octubre de 1945, abriendo un nuevo período histórico; el Cordobazo, que puso fin a otra dictadura, la de Onganía o la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 que puso en fuga a Cavallo y De la Rúa. Justamente, la burocracia “triunvira” evitó otra fecha emblemática: la del 30 de marzo, de 1982, si se tiene en cuenta que en ese día otro paro activo reprimido por los militares de la dictadura, precedió a la caída del gobierno genocida. Esta burocracia agotada y entregada, usó esa fecha el año pasado para “parlamentarizar” el reclamo contra los despidos, pero cuando la ley que salió fue vetada por Macri ni siquiera amagó un paro dominguero, que volvió a convocar sin fecha en la primavera pasada, para no hacerlo nunca. Hasta que centenares de miles de gargantas se lo impusieron, so pena de que empezara directamente por abajo. Amato ironiza con que pretendemos enseñar al peronismo y a la burocracia sindical cómo hacer un paro, pero se equivoca, no aprenden más. Son una casta frenadora, empresarial, de barras bravas, asentada en el Estado, socia de las patronales y sus chanchuyos, enemiga de las bases y la democracia sindical. Es el peronismo sindical heredero de las Tres A, de Menem, de Duhalde y su puente Pueyrredón. Amato apela a la estafa para confundir ante el ascenso del PO y la izquierda clasista. Nos emparenta con el PC de la Unión Democrática del 1945 “que la vio pasar desde el puente”, pero el PO nació como antípoda histórica de esa izquierda gorila que hoy -y desde hace tiempo- está asimilada al peronismo y más recientemente al kirchnerismo. También con el guerrillerismo montonero que se subordinó a Perón, al cual el PO refutó políticamente en tiempo real. Le duele a los Amato una izquierda que no es furgón de cola de las variantes del sistema que hundieron a la Argentina. Esta izquierda que está basada en la independencia política de los Massa, los Pichetto, del kirchnerismo y de Cambiemos, es decir en la independencia política de los explotados de sus explotadores. Les duele que esté conquistando sindicatos, cuerpos de delegados, centros de estudiantes y crecientes posiciones políticas y parlamentarias. La CGT es la AFA, Amato. Nos acusás de nostálgicos, pero perdiste el tren de la historia. Lucharemos por un paro activo nacional que ponga un millón de trabajadores en la calle para derrotar el ajuste, por un salario equivalente a la canasta familiar, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para poner fin a los despidos, por la estatización y puesta bajo control obrero de toda fábrica que cierre, por el 82% móvil basado en la vuelta de los aportes patronales que Menem regaló al capital. Por ahora, sólo por eso, Amato.

Pablo Viñas habló en el escenario del Malvinas Argentinas, durante un show de la banda Salta la Banca. La enorme solidaridad de los artistas que se pronuncian en apoyo a la lucha de los trabajadores de AGR continúa. Salta la Banca se presentó el sábado 18 en el estadio Malvinas Argentinas en un show que grabó su primer CD + DVD en vivo. El recital -uno de los más importantes que haya dado la banda- fue escenario también de los trabajadores que desde hace más de 60 días ocupan la gráfica ubicada en Pompeya. Mientras los medios hacen lo imposible por ocultar una lucha que conmueve a la población, la banda liderada por Santiago Aysine cedió un espacio para que los gráficos pudieran explicar el carácter de su lucha. “Los trabajadores de AGR-Clarín, hace 61 días enfrentamos despidos completamente ilegales”, dijo Pablo Viñas, delegado de la comisión interna, al comienzo su intervención. “Hemos tenido que enfrentar un bloqueo mediático: los trabajadores que laburamos en los medios informamos, pero cuando nosotros estamos en lucha no sale en ningún lado”, continuó explicando frente a los miles de jóvenes presentes en el estadio. Así como Salta La Banca ayer, la solidaridad de los artistas en sus escenarios crece día a día y forma parte de las numerosas iniciativas por romper el cerco mediático, y son un ejemplo para la clase obrera y la juventud en la pelea contra el ajuste. ¡Vivan los trabajadores y la juventud!

Las encuestas arrojan un empate técnico de cara a la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas, que se desarrollarán el próximo 2 de abril. Aunque en la primera vuelta terminó muy por debajo del oficialismo, el banquero Guillermo Lasso cosechó rápidamente la adhesión del derechista Partido Social Cristiano (que salió tercero) y emparejó los guarismos. En su intención de retener el poder, el oficialismo ha sacado a relucir el comportamiento de Lasso durante el “feriado bancario” de 1999. Esta especie de corralito a la ecuatoriana implicó una estafa a los depositantes que consistió en congelar los depósitos, entregar a cambio certificados, recomprarlos a la mitad de su valor y vendérselos al 100% al Estado, quebrando la banca pública. Alianza País azuza el fantasma de un regreso a la noche neoliberal y a la inestabilidad política que marcó al país a fines de los '90. Presenta a Lasso, con razón, como un CEO con un precario armado político detrás de sí y las comparaciones con Macri son recurrentes. Lasso, por su lado, explota el malestar popular ante la recesión económica y se presenta como el candidato del “cambio” frente al “autoritarismo” de la Revolución Ciudadana. A los ataques por el “feriado bancario”, les devuelve otro carpetazo: los escándalos relativos a Petroecuador y Odebrecht (aunque éstos también podrían salpicar a referentes opositores). Pero detrás de estos choques hay una coincidencia en la aplicación de un ajuste severo frente a la crisis. Esta realidad, que implicará un salto en el ataque contra las masas, gane quien gane, exige un clima de colaboración de las fuerzas políticas. Por eso, el oficialista Lenin Moreno remarcó en el mitin donde recibió el apoyo del Consejo de Gobiernos Parroquiales que será el presidente “del diálogo y la unidad” (El Telégrafo, 19/3). La misma colaboración debería buscar Lasso, que tendrá en contra a la Asamblea Nacional en caso de triunfar. Al margen de sus divergencias en el modo de aplicarlo y en materia de política exterior, ambos candidatos son férreos defensores del ajuste. Izquierda y movimientos sociales En el contexto de un desenlace electoral abierto, tanto Lenin Moreno como Lasso han hecho un particular empeño en seducir a los movimientos sociales. Dos autores que simpatizan con la Revolución Ciudadana han caracterizado (en un artículo crítico donde examinan el retroceso electoral de Alianza País) el alejamiento de ciertos movimientos (de la mujer, ecologistas, indígenas) como resultado -entre otros factores- de lo que sería el verticalismo de Correa e hicieron un llamado a “recrear una transversalidad” (Sin Permiso, 2/3) para evitar una derrota en el ballotage. Este debate tuvo su expresión en la discusión de las candidaturas en primera vuelta. Correa desautorizó cualquier concesión y acusó a la Coalición de Organizaciones Sociales de intentar apoderarse de las candidaturas del espacio y posteriormente del gobierno, ratificando la hegemonía de Alianza País en el reparto de lugares. Para tratar de contener en el seno de la coalición oficial a los movimientos disconformes, e incluso marcando distancias con Correa, Lenin Moreno se ha mostrado dispuesto a una consulta popular sobre la extracción de petróleo en el parque Yasuni-ITT y prometió mayor control a la minería. Sin embargo, el grueso de los movimientos sociales (como la Conaie) e incluso varias centrales obreras y sindicatos (UGTE, Maestros, Cedocut, CEOSL) se han pronunciado en apoyo a la candidatura de Lasso. La señal de largada la dio el general “Paco” Moncayo, que aglutinó a algunos de estos movimientos en la primera vuelta (cosechando el 7% de los votos). Con la promesa de devolver la personería gremial al sindicato de maestros y poco más, Lasso canalizó el malestar de estas organizaciones con el régimen y logró su apoyo. “Es preferible un banquero a una dictadura” (La Nación, 23/2), fundamentó un referente ligado a la Conaie. La izquierda ecuatoriana y los movimientos populares han quedado -casi en su totalidad- completamente entrampados ante una falsa polarización patronal. Y esto, en una América Latina donde se combinan el agotamiento de las experiencias nacionalistas y la debilidad de sus relevos políticos derechistas para abrirse paso -o sea ante una oportunidad política excepcional. Esta aguda contradicción exige un debate.

Durante 60 días, los trabajadores de la imprenta AGR-Clarín, uno de los mayores grupos de prensa en Argentina, han permanecido ocupando la planta en defensa de sus puestos de trabajo ante el cierre impuesto por la patronal. Su lucha se ha convertido en punta de lanza para todo el movimiento obrero argentino contra las medidas de austeridad del gobierno. ”Para boicotear la ocupación, AGR-Clarín mandó a hacer las impresiones a un país vecino, Chile. El comité de fábrica de AGR-Clarín escribió a sindicatos chilenos y a sindicatos de camioneros exigiendo su solidaridad y pidiendo frenar la impresión y el traslado de la producción. ”Hay un llamado a la solidaridad internacional, mítines el jueves, 16 de marzo, con piquetes, protestas en las embajadas y consulados de Argentina y también declaraciones sindicales y de activistas de todo el mundo. El apoyo del movimiento obrero en Grecia -y especialmente del área de prensa- es crucial”. Stamatis Nikolopoulos, presidente de Eshea (Unión de Periodistas de Atenas diarios Prensa); Marina Meintani, miembro del Consejo de Administración de la Federación Panhelénica de Periodistas (PFJU); Babis Bikas, miembro de la Junta Administrada del Sindicato de Periodistas de Macedonia y diarios (JUMDN); Nassos, del Consejo General de miembros de la Federación Panhelénica de la Unión de Periodistas (PFJU); Popi Christodoulidou, miembro de la Junta de los trabajadores de la prensa diaria; Yiannis Angelis, miembro de la junta de Eshea y de la Junta los trabajadores en la prensa diaria.

La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero realizó el martes 21 una conferencia de prensa que tuvo por eje la transformación del paro convocado por la CGT para el 6 de abril en un paro activo con movilización. Estuvieron presentes los diputados nacionales por el Partido Obrero-Frente de Izquierda, Néstor Pitrola y Soledad Sosa, así como dirigentes de gremios nacionales, seccionales y comisiones internas combativas y de agrupaciones clasistas. Hubo referentes de la docencia como Romina Del Plá (secretaria general de Suteba Matanza), Ileana Celotto (secretaria general de AGD-UBA) y Daniel Sierra (dirigente nacional de Tribuna Docente), también secretarios generales de gremios nacionales industriales, como Víctor Grossi (del Sitraic, de la construcción) y Alejandro Crespo (del Sutna, Neumático). De la Naranja Gráfica participaron Pablo Viñas (secretario general de la comisión interna de AGR-Clarín), Miguel Bravetti (secretario general de Interpack) y Carlos Ponce (de la comisión interna de Morvillo). Fueron también parte de la mesa Rubén Schofrin (secretario adjunto de Sipreba, Prensa), Pablo Eibuszyc (congresal y delegado telefónico), Luis Lombar (referente de Tribuna Estatal y miembro de ATE Sur y de la CTA Lomas), Eduardo Belliboni (dirigente nacional del Polo Obrero) y Mario Diamonte (de Jubilados Clasistas). Viva la lucha docente Celotto, referente de los docentes universitarios que desarrollan paros en todo el país por sus paritarias, abrió la conferencia de prensa y la enmarcó en un mes de grandes luchas, como “la inmensa movilización docente, la marcha del 7 de los gremios industriales y el paro internacional de mujeres”. Luego hizo uso de la palabra Del Plá, candidata de la oposición combativa a Roberto Baradel en las próximas elecciones de Suteba (docentes bonaerenses). La dirigente denunció el ataque “muy a fondo” del gobierno nacional contra la gran huelga de educadores con un sinfín de maniobras y la responsabilización a los docentes por la crisis educativa (que se repitió ese mismo día en relación con los resultados del Operativo Aprender) y destacó que “está en juego el intento de imponer un techo paritario sobre todos los gremios”. Del Plá aseveró que “este 18% en cuotas de Vidal es un preanuncio. Vienen por las condiciones laborales, por la destrucción de la escuela publica y la pavimentación del proceso de mayor privatización” y manifestó fuertes críticas a la Ctera, señalando que sus dirigentes “hablan de auspiciosas negociaciones cuando todavía no hubo ninguna oferta concreta”. Contra los despidos y en defensa de los convenios Pablo Viñas, referente de los trabajadores de AGR-Clarín que ocupan la planta hace 65 días en defensa de sus puestos de trabajo, marcó la fortaleza de esta lucha y destacó que “lo que respalda el conflicto en AGR es que los trabajadores no están dispuestos a dejar pasar ningún ajuste”. Destacó que la CSC plantea “la ocupación de toda fábrica que cierre o despida”. El tendal de despidos en la construcción -más de 100.000 durante 2016- fue duramente denunciado por Víctor Grossi, del Sitraic, quien señaló que “esta masacre tuvo como cómplices a la Cámara Argentina de la Construcción, al gobierno anterior y al gobierno actual y, por supuesto, a la burocracia de la Uocra, que se ha encargado del achicamiento de la escala salarial y la mayor flexibilización de la actividad”, y reafirmó el reclamo del Sitraic “un básico inicial de no menos de 15.000 pesos” para los trabajadores de la actividad. Vestido con la remera del sindicato del Neumático, su secretario general, Alejandro Crespo, se manifestó duramente contra los más de 400.000 despidos y las suspensiones sufridos en el último período en el sector industrial y denunció el ataque del gobierno y las patronales a los convenios colectivos de trabajo. Por el paro activo y por la independencia política Néstor Pitrola denunció en su intervención las amenazas del macrismo de volver a la carga con el protocolo antipiquetes: “hoy amenazaron con los protocolos. Van a fracasar con la represión. En estas jornadas ya se han movilizado millones de trabajadores”, sostuvo, al tiempo que señaló que “tenemos que cerrar filas ante cualquier tentativa represiva” y empalmó esta lucha por las libertades democráticas con la movilización que se realizará el 24 de Marzo, llamando a marchar “masivamente con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia”. El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires comenzó su intervención criticando al columnista Alberto Amato, quien defendió en Clarín a la burocracia sindical de la CGT y atacó la afirmación de Pitrola de que aquélla preparaba para el 6 de abril “un paro dominguero”. En sentido similar se habían expresado los demás oradores, volcando el reclamo de la CSC de un adelantamiento del paro general -”el 6 de abril es una eternidad: la posibilidad de derrotar al gobierno es ahora”, sostuvo Del Plá- y de carácter activo, con piquetes y movilización. Pitrola sostuvo que “nuestra orientación, la de la izquierda y el clasismo combativo, avanza; hoy la Coordinadora Sindical Clasista y el Partido Obrero levantan las banderas de la independencia política para quebrar el ajuste, algo que no va a hacer el peronismo ni la burocracia sindical”.

Nora Biaggio, docente jubilada, fundadora de la organización clasista de la docencia Tribuna Docente y militante del Partido Obrero, participó del programa "Intratables" para hablar del conflicto docente. Ante la campaña oficial de desprestigio de la lucha de los trabajadores de la educación, la intervención de Nora puso blanco sobre negro la realidad laboral y social de la docencia. En relación con el tema del ausentismo, Nora reivindicó, en primer lugar, la lucha histórica de los docentes por los derechos laborales: "En 1958, con un paro por tiempo indeterminado de la docencia, se conquistó el Estatuto del docente y la ley jubilación. Hace muchos años atrás, la docencia se asumió como trabajadora de la educación y, para conquistar lo que no tenía, tuvo que salir a este tipo de lucha"; y recordó que en la época de la última dictadura militar (1976-1983) se suprimió el Estatuo y las licencias: "Por lo tanto, docente que se enfermaba tenía que ir a laburar o perdía el trabajo", razonó la docente. El periodista Paulo Vilouta quiso cortar el hilo conductor -"¡pero no hablemos de la dictadura!", intentó interrumpir-, pero Nora fue contundente: "¡ah no!: vamos a hablar de la dictadura, porque ustedes están cuestionando las licencias que se conquistaron en el año '58, que estableció que si un docente se enferma tiene que haber un docente que lo suplante para garantizar que el chico tenga continuidad educativa", aclaró. Nora explicó las dificultades que los docentes tienen que atravesar para poder acceder a las licencias por enfermedad: "Para que le den una licencia, un docente tiene que ir a una prestataria privada, que fue lo que impuso el gobierno de (Eduardo) Duhalde, por la cual vas con el certificado médico que dice que tenes que tener diez días de licencia y te dan tres, para no nombrar suplente y ahorrarse la plata de ese suplente. La realidad es que cuando los chicos no están atendidos en la escuela es porque no hay suplente, hay miles de cargos sin nombrar en la provincia de Buenos Aires, porque están las plantas funcionales y no se nombran los cargos", especificó. Capítulo seguido se refirió a la insoportable miseria jubilatoria que la lucha de los docentes también vino a cuestionar: "Me jubilé en 2005, tengo 33 años de trabajo, me reconocieron 27 y cobro por 25 de antigüedad, o sea el 70% (del salario de actividad), porque las leyes establecían que no había continuidad (entre el ciclo lectivo y las vacaciones), nos cortaban el año a fin de año y habiendo trabajado nueve o diez años te computaban como antigüedad seis años". Exhibiendo el recibo de sueldo, mostró la hipocresía de los gobiernos: "(al 7 de enero de 2017) cobro un básico de 2.968 pesos; en negro, 3.863. En total, total 10.538 pesos" y aclaró que es sobre ese sueldo en blanco sobre el que se calcula la desfavorabilidad y la antigüedad, y no sobre la masa salarial total. Los activos y jubilados "tenemos el 57% del suelo en negro", sentenció Biaggio. "Desde 2012, con (Daniel) Scioli, se inauguró que uno empieza a trabajar como suplente y no cobra. ¿Usted sabe que en esta provincia se trabaja y no se cobra, ¡¿a quién le preocupan los 30 mil docentes que trabajan y no cobran?! Porque hay un sistema inaugurado por Scioli y continuado por Vidal de que el docente que es ingresante, el que asciende, el que acrecienta, no cobra después de un montón de tiempo. ¡¿A quién le preocupa eso?!?" Respecto de la situación paritaria, Nora Biaggio dejó en claro que es al gobierno de María Eugenia Vidal a quien le cabe la responsabilidad por dilatar el cierre de la paritaria: "Este sueldo que tenemos, se tenía que reabrir en agosto de 2016, eso es lo que se había firmado (...) que en agosto se hacía un monitoreo (...) llegamos a esta situación porque Vidal no estuvo dispuesta desde agosto a sentarse a discutir el aumento de sueldo. Hay que decir con todas las letras que Vidal es responsable de que los chicos no tengan clases". Una verdadera lección de lucha.

Desde hace pocos días se encuentra online una nueva versión de “Milagros no hay: Los desaparecidos de Mercedes Benz”, de Gaby Weber, un documental imprescindible para la comprensión de las responsabilidades "civiles" de la clase capitalista en el genocidio de la dictadura y su impunidad bajo los gobiernos democráticos. El reestreno se realizó el jueves pasado en el Centro Cultural León León, con la presencia de la realizadora, de ex trabajadores de Mercedes Benz y de Claudia Ferrero, abogada militante de Apel. Weber, periodista de investigación de origen alemán, reside en Argentina desde 2002, año en el que se dio a conocer la primera versión del film; ahora, en 2017, vuelve a la carga mostrando el derrotero de las causas judiciales desde entonces. Un primer gran acierto es la elección del caso: Mercedes Benz es una expresión particular que reúne todos los elementos para desarrollar la complicidad de las patronales con la represión criminal de los militares. El documental relata, a través de las luchas de sus trabajadores, el auge del movimiento obrero en los ’60-’70 y los ataques del gobierno peronista y su Triple A contra el activismo; la continuidad de la dictadura con estos métodos, inaugurados bajo la presidencia de Perón-Perón; la estrecha ligazón entre patronales, militares y la burocracia sindical del Smata para la desaparición de los obreros; y el bloqueo de los gobiernos democráticos a cualquier avance en las investigaciones. El film tiene el enorme mérito de narrar los nudos de la historia a través de los testimonios, archivos y registros de la época, que la periodista recopiló al cabo de una ardua investigación. Entre otros documentos escalofriantes, Weber captura el testimonio de un gerente de Mercedes Benz que confiesa que la resistencia obrera decayó luego de sucesivos secuestros-asesinatos, rematando con la siniestra frase "Milagros no hay". En muchas oportunidades, el seguimiento de la verdad histórica lleva a Weber a refutar la mistificación "democrática" instalada por la burguesía, que ha hecho mella en numerosos documentales sobre la dictadura. También exhibe el papel dislocador de las organizaciones foquistas en el desarrollo de la organización, la conciencia de los trabajadores -puede verse, por ejemplo, la confusión que introduce en la comisión interna el secuestro de un directivo de la automotriz por parte de Montoneros, en el marco de un conflicto-; y las nefastas consecuencias de la cooptación de las organizaciones de derechos humanos por parte del kirchnerismo, que llevó a Abuelas de Plaza de Mayo a retirar su apoyo al avance de la causa contra la empresa. Durante su presidencia, CFK visitó la fábrica y saludó las inversiones de la patronal automotriz, sin hacer mención alguna a los desaparecidos. La actualización 2017 del documental muestra el devenir de la causa en Argentina, Alemania y Estados Unidos y documenta cómo los gobiernos democráticos actúan abiertamente por la impunidad y ceden a las amenazas abiertas de la empresa de retraer su producción en caso de cualquier avance judicial en su contra. Al mostrar la enorme capacidad de presión de las corporaciones, el documental abre las puertas a conclusiones revolucionarias, pues muestra el techo que el régimen social capitalista impone a la lucha por justicia y plantea a los movimientos de derechos humanos la necesidad de una transformación social integral. En la proyección del reestreno, Weber comentó que dio inicio a su investigación cuando sólo se hablaba de los militares, y sostuvo que "un Hitler, un Videla, siempre vas a encontrar: lo importante es entender los intereses económicos en juego". La inspiración le vino a la investigadora en su país de origen, donde –señaló- el castigo a los nazis no fue de la mano con un juzgamiento de los capitalistas (fue el caso de la propia Daimler-Benz, que siguió operando luego de embarrarse hasta el cuello en la barbarie fascista). Así, la investigación de Weber se sobrepasa a sí misma, resultando el canal de un aprendizaje histórico de décadas.

A veinte días del choque fatal que dejó como saldo trece muertos y que puso en evidencia una profunda negligencia patronal y estatal, el gobierno de Miguel Lifschitz está empeñado es sostener este sistema de transporte bajo las mismas condiciones que desembocaron en los fatídicos hechos de la Ruta 33. Tras el escándalo por el destape de las condiciones en las cuales operaba Monticas (Flechabus), con una responsabilidad directa en el choque, ambos gobiernos (nacional y provincial) determinaron la “suspensión definitiva” del servicio prestado por Monticas en Santa Fe y todo el país (llegaba a algunas localidades de Córdoba). El gobernador Lifschitz se vio obligado a desplazar al subsecretario de Transporte de la provincia. Sin embargo, cuando en los próximos días el gobierno provincial haga la nueva licitación para establecer las “nuevas” empresas que tomarán estos recorridos, dada la concentración que impera en el sector, tendremos como licitataria una nueva Monticas. Entrelazamientos Monticas es una de las más grandes empresas de transporte del país. Los hermanos Derudder están en el directorio de Monticas y de Las Rosas. Son dueños de Flechabus, también se los vincula con Chevallier, Empresa Argentina y General Urquiza entre otras. Han sido beneficiados tanto por subsidios como por aumentos en los boletos, pero las condiciones del servicio (así como el estado de las rutas) es pésimo. La absoluta falta de control por parte del Estado es evidente y en los últimos días se difundió en la provincia que la empresa fue aportante de la campaña electoral del socialismo. Párrafo aparte merece la burocracia de la UTA, que nunca denunció las extenuantes condiciones de trabajo en Monticas y la inseguridad para choferes y usuarios que implica el mal estado de las formaciones. Los familiares y usuarios de las ciudades afectadas están dando una pelea frente a este crimen estatal-empresarial (que la concejal de Capitán Bermúdez, Jorgelina Signa, definió como el Cromañón del gobierno provincial), para el castigo a los culpables. La formación de una comisión investigadora independiente del Estado (que evidentemente es parte implicada) podría ayudar en esa dirección. A este sistema de transporte regido por todo tipo de negociados le oponemos el planteo de la estatización del servicio bajo control de usuarios y trabajadores.

No caben dudas que la huelga docente se ha transformado en la gran pulseada que enfrenta a los trabajadores con el gobierno macrista y sus socios del ajuste. Cuando la lucha está a punto de entrar en su cuarta semana, el Presidente y los gobernadores se muestran implacables en su intento de imponer una paritaria ruinosa del 18 o el 19%, un número que desconoce el reclamo elemental de que la cifra recupere lo perdido durante 2016 y afronte una inflación que no será inferior al 25%. Para redoblar sus intentos de derrotar la huelga, el gobierno modificó su hoja de ruta original: postergó, por ejemplo, el tarifazo al transporte para después de las elecciones, ante la evidencia de que un aumento de los trenes, subtes y colectivos haría aún más difícil imponer la paritaria en los términos que pretende el oficialismo. Otro tanto hizo con los aumentos de la luz y el gas, que fueron ‘cuotificados’ hasta 2019. Una derrota de los docentes vale más que un punto de déficit fiscal. Se trata de una lección que deben tener en cuenta todos los trabajadores. A lo Menem Esta política del macrismo había sido anticipada en Prensa Obrera desde comienzos de febrero. Fue cuando señalamos que “el gobierno ha decidido tomar el rumbo de Menem, que ganó las primeras elecciones que enfrentó después de propinarle a los trabajadores una derrota de envergadura”. Y agregamos que por esa vía el gobierno se juega a ganar las elecciones, que “no son el reflejo de la libre opinión de la ciudadanía, sino de las relaciones de fuerza establecidas entre las clases sociales” ( Prensa Obrera N° 1.446, “Lo que está en juego” ). Desde que hicimos este señalamiento hasta la fecha mucha agua pasó bajo el río. El sentido de la corriente fue muy clara: el gobierno agravó su impasse, como resultado de las contradicciones insolubles que generan los intentos de salida a la bancarrota económica y, muy especialmente, por la irrupción de los trabajadores, que desde la ocupación de AGR-Clarín el 16 de enero ha adquirido un ritmo ascendente. Lejos de aplacarla, el impasse del gobierno ha reforzado su política antiobrera. La lógica es la señalada más arriba. Si Carlos Menem buscó superar la crisis inicial de su gobierno derrotando las luchas contra las privatizaciones, ahora Mauricio Macri pretende imponer un principio de autoridad política enfrentando a los docentes. Claro que, a diferencia del ‘turco’, Macri no tiene un patrimonio estatal a privatizar ni una coyuntura internacional signada por lo que se dio en llamar la ‘ofensiva neoliberal’. La agudización de la crisis mundial, los cambios en la política internacional con el triunfo de Donald Trump y el Brexit y la bancarrota de Brasil le quitan margen de acción a Macri. El gobierno sólo tiene para ofrecer un esquema de endeudamiento que ya está llegando a sus límites y, sobre todo, una política de ataque a fondo a las conquistas de los trabajadores. En su agenda están la eliminación de los convenios colectivos, los tarifazos y la reforma previsional privatizadora. Un horizonte de ajuste recargado, que hará aún más insoportable la situación de las masas. Coalición del ajuste Si Macri puede intentar esta ofensiva en un cuadro de impasse se debe, únicamente, a que cuenta con el aval activo de la llamada oposición. Los gobernadores del FpV-PJ empezaron el año en una reunión convocada por María Eugenia Vidal, en el Hotel Savoy, donde se comprometieron a defender en bloque la paritaria del 18%. Cuando el PO habla de la ‘coalición del ajuste’ se refiere exactamente a esto. Esa coalición incluye a Alicia Kirchner, aunque es necesario reconocer que el gobierno de Santa Cruz se distingue del resto en ‘ofrecer’ una paritaria del 0%. La cuñada de “ella” y la hermana de “él” es la vanguardia de la coalición ajustadora. El siempre locuaz Sergio Massa tampoco creyó necesario abrir la boca para defender a los docentes, para no contrariar a sus financistas de la Unión Industrial. Que los progresistas de Margarita Stolbizer hayan decidido presentarse como aliados menores de Massa en las elecciones, muestra hasta dónde avanzó la descomposición del centroizquierdismo local y su carácter irreductiblemente patronal. Para el macrismo, el ataque a los trabajadores es una forma de mantener el apoyo de la clase capitalista, cuando las contradicciones de la política oficial suscitan divisiones en las patronales sobre el tipo de cambio, la tasa de interés del BCRA, los tarifazos que encarecen los costos industriales y las importaciones. Pero esas divergencias son de segundo orden en relación con el objetivo superior de recomponer la tasa de beneficio mediante una reducción efectiva de los salarios y la imposición de una flexibilidad laboral generalizada. Esta coalición del ajuste tiene a la CGT como su pilar fundamental. El paro dominguero convocado para el 6 de abril debe ser entendido como una confirmación de su política de arreglo con el Presidente. Cuando es más necesario que nunca un paro inmediato para contrarrestar la ofensiva contra la huelga docente, la CGT lo posterga para abril, en la expectativa de una derrota previa de la lucha. El reclamo realizado por la Coordinadora Sindical Clasista de que el paro se realice de inmediato, y el llamado a Ctera y los gremios docentes de que realicen esta exigencia, no sólo apunta a poner todos los cañones en el triunfo de la huelga sino a denunciar la verdadera política de la burocracia sindical. Vamos por el triunfo La orientación derrotista de la burocracia se levanta como un obstáculo para el triunfo de la lucha docente, pero contradictoriamente aporta al desprestigio de una casta cada vez más desacreditada a los ojos de los trabajadores. La huelga docente es un acicate a la lucha desde abajo, que se expresa en distintas fábricas y gremios. Es ahí donde están los recursos para ganar la lucha, ante un gobierno que también está sufriendo un importante desgaste. La dirección kirchnerista de Ctera-Suteba se muestra inconsistente para llevar la lucha a la victoria. Numerosos gremios de base de Ctera ya han cerrado acuerdos salariales con los gobernadores, dando cuenta de una integración profunda a los Estados y gobiernos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel ya ha salido a declarar que buscarán ‘otros métodos de lucha’, anticipando lo que puede ser un desmonte de la huelga. Existe la ilusión de que Vidal se conforme con un ‘empate’, ofreciendo un aumento de algunos puntos sobre el nefasto 18%, pero muy lejos de las necesidades reales. Pero esa ilusión es el camino más seguro a la derrota. La huelga docente vuelve a plantear el vínculo indisoluble entre las luchas reivindicativas y la acción política. Sólo una orientación independiente de todos los partidos patronales puede permitir desarrollar la lucha sin ningún tipo de condicionamiento, ya sea de los gobiernos provinciales o de la burocracia sindical de la CGT. La campaña en defensa de la huelga docente y la exigencia del adelantamiento del paro, así como el carácter activo que el activismo le dará al 6 de abril, deben servir para impulsar por abajo la organización de la clase obrera, recuperando cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos. Para la izquierda, la conclusión necesaria debe ser reforzar la unidad entre la acción política y la lucha por las reivindicaciones inmediatas, incluyendo la política electoral. El lanzamiento unilateral de candidatos en vistas a unas Paso de agosto es sencillamente criminal, pues declara de antemano un propósito faccional y divisionista en oposición a la lucha contra la coalición del ajuste de los Macri, Massa y CFK. Nuestra propuesta de realizar un congreso del movimiento obrero y la izquierda, para actuar como frente único en la lucha y en las elecciones, adquiere ahora más vigencia que nunca. Desarrollemos esta perspectiva con una gran movilización política. Foto: Federico Imas

Estadísticas oficiales desmienten que haya una caída del consumo, como afirma la ex Nobleza Piccardo, que presentó un "recurso preventivo". La empresa, actualmente British American Tobacco, presentó este recurso ante el Ministerio de Trabajo de La Nación, con el objetivo de “readecuar” su producción a la supuesta crisis de consumo de cigarrillos. El Cronista (15/3) avanza sobre las consecuencias de esta política patronal: “la compañía -dice- planea despidos de personal y reducción de sus actividades, afectada por una fuerte caída del consumo de cigarrillos. La decisión -agrega- pone en riesgo la continuidad laboral de las 853 personas que trabajan en sus dependencias administrativas, industriales y de distribución en San Isidro, Pilar y otras localidades alrededor del país”. ¿Crisis de consumo? A pesar de los anuncios de crisis, el volumen de ventas en enero de 2017 fue superior en 2 millones de atados a las ventas de enero de 2016, manteniendo una recuperación después de la abrupta caída de mayo de 2016. De hecho, en los meses anteriores al anuncio de Nobleza, el consumo creció de 142 millones de atados en octubre de 2016, pasó a 152 millones en noviembre y a 172 millones en diciembre: una recuperación del consumo que se produce, además, a pesar de un sostenido incremento de los precios. Los números son elocuentes; la crisis de consumo no existe y muestra que el "recurso preventivo de crisis" es una maniobra para desenvolver una reducción del “costo laboral”. Pero el costo laboral está lejos de ser la causa del problema. La única crisis de consumo que tuvo la industria tabacalera, en mayo de 2016, fue consecuencia del tarifazo del gobierno de Macri, que buscó a través de un nuevo impuesto al consumo de cigarrillos, quedarse con una mayor tajada para el presupuesto. ¡La crisis por la que pasó el consumo de tabaco no tiene que ver con los trabajadores sino que es una consecuencia del descalabro económico que generan las medidas de ajuste del gobierno! En resumen: el costo laboral no tuvo que ver con la crisis de consumo. Esta se encuentra en franca recuperación, pero aún así la empresa busca resolver una “crisis que no hay” con un ataque a las condiciones de trabajo y una reducción de la plantilla. Nobleza se pone a tono con el gobierno en la línea de la flexibilización laboral, apuntando a mantener los niveles de producción con menos trabajadores (superexplotación). Es el mismo método que Héctor Magnetto aplica contra los obreros de AGR-Clarín: invoca una supuesta caída de la producción -que los números desmienten- para despedir a todo su plantel y retomar la producción con trabajadores precarizados, sin las conquistas actuales de los compañeros y sin organización gremial. Programa Hay que rechazar esta extorsión. No se debe aceptar ningún despido. Los trabajadores no sobran y no hay crisis de consumo. El problema no es el costo laboral, sino el objetivo capitalista de incrementar su ganancia. Los trabajadores de la British Tobacco deben tener acceso a toda la información sobre la realidad de la empresa y de las negociaciones en curso y no ser convidados de piedra; que se abran los libros y las cuentas de la empresa. Una comisión electa en asamblea general y responsable ante ella debe ser la encargada de llevar adelante estas funciones. Esto debe ser sostenido en pie de lucha por todos los trabajadores de Nobleza.

El 27 de febrero de 1917, luego del triunfo de la insurrección1, se constituyó en San Petersburgo el Soviet de Diputados Obreros y Soldados, con delegados electos hasta ese momento en las fábricas y los cuarteles, más dos delegados por cada partido socialista. Desde el momento que el movimiento de lucha adquirió cierta amplitud, la clase obrera rusa tendió a la formación de los soviets, retomando el punto más alto de la revolución de 1905. Existió, sin embargo, una diferencia apreciable que revela que la Revolución Rusa tuvo como factor esencial la crisis mundial y su expresión trágica -la Gran Guerra. En los soviets del ’17 fueron protagonistas los soldados campesinos que habían disparado contra los huelguistas en 1905 y aquí se alinearon en el campo de la revolución. Días después, el 2 de marzo, se constituyó un Gobierno Provisional, presidido por el príncipe Lvov, gran latifundista y partidario de una monarquía constitucional, y que tuvo el apoyo inmediato de la Iglesia Ortodoxa, la burguesía y la nobleza. Dualidad de poder. Lenin llamará a “corregir las viejas fórmulas del bolchevismo, pues si bien… estas fórmulas eran… acertadas, su realización concreta resultó ser diferente. Nadie pensaba ni podía pensar antes en la dualidad de poder”. Y precisa sobre el carácter político del poder concentrado en los soviets: “Es una dictadura revolucionaria… un poder que se apoya directamente en la conquista del mismo por la vía revolucionaria, en la iniciativa directa de la masas del pueblo desde abajo y no en la ley promulgada por el poder centralizado del Estado”. Advierte que no se medita lo suficiente sobre este hecho siendo que es “la esencia del problema. Este poder es un poder del mismo tipo que la Comuna de París de 1871”. “En la medida en que -subrayará Lenin- ejerza ese poder. Porque ese poder, a minutos de haber nacido, pactó con el Gobierno Provisional y abandonó posiciones a manos de la burguesía”.2 Paradoja Casi al mismo tiempo de la instalación del Gobierno Provisional, el Soviet de San Petersburgo condenó la agitación que exigía toda la tierra para los campesinos3. Desde el momento que la revolución democrática debía tener por único propósito liquidar los vestigios del feudalismo en Rusia para abonar un desarrollo acabado del capitalismo, no sería necesario tocar la propiedad privada. El poder debía ser puesto en manos de la burguesía y a esta política se aferraron los partidos mayoritarios en el Soviet (mencheviques y socialistas revolucionarios). Esta es la paradoja que nació en Febrero. De un lado, las masas irrumpían en los soviets como la puerta obligada de la revolución, al punto que el 9 de marzo, “el Gobierno Provisional no existe más que en la medida que lo permite el Soviet”4. Del otro, el gobierno de la burguesía, para el que, una vez derribada la monarquía, la revolución burguesa apenas iniciada había terminado y todos los problemas debían ser zanjados por una lejana Constituyente. En marzo, Kerenski, próximo a los SR y miembro del Soviet, otorgó al Gobierno el aval público del Soviet, declarando que su única función era controlarlo. La respuesta de la clase obrera Para los trabajadores, los objetivos políticos de conjunto planteados a la Revolución de Febrero -república democrática, oposición a la guerra y paz sin anexiones, reforma agraria- debían ser encadenados al conjunto de reclamos planteados en las fábricas, contra el despotismo atroz de las patronales y el zarismo. Allí estaban las ocho horas, un salario“propio de un ciudadano libre” y un régimen “constitucional” en las fábricas. En palabras de un delegado soviético: “Los trabajadores no pueden ganar la libertad y no usarla para sacarse las cargas de su trabajo, para luchar contra el capital”5.La expresión que llama a imponer el “régimen constitucional” en las fábricas resume este afán y esta lucha, que encarna la disputa obrera por el dominio del lugar de trabajo frente al despotismo del régimen. El Soviet de Petersburgo llamó a retornar al trabajo el 7 de marzo sin la promulgación legislativa de las 8 horas de jornada. Por esta razón, la gran mayoría de trabajadores desoyó el llamado del Soviet. Las asambleas votaron finalizar las huelgas sólo luego de haberse implantado las 8 horas. Sólo 28 fábricas de las 111 sobre las cuales tenía información la cámara patronal de Petersburgo habían retornado al trabajo el 7 de marzo y la mayoría fue introduciendo la jornada de ocho horas “sin permiso preliminar”. Después de la caída del zar, los trabajadores retornaron a una gran mayoría de plantas sólo para formular sus reclamos y quedar a la espera de que estos se cumpliesen. Se plantearon reclamos ante los directores y ante el Soviet, como el de un salario mínimo. Una parte de esta rabiosa revolución en las fábricas fue la purga de los administradores y capataces. Con una importante advertencia. No todos ellos fueron expulsados o castigados por conductas violentas o denigrantes para con los trabajadores. Luego de una inicial explosión violenta, el desplazamiento de administradores se fue produciendo en base a un protocolo no escrito en el que aparecieron otras razones para la baja. Desde ya que pesó de entrada si el administrador había sido un instrumento de la autocracia o había actuado de modo despótico frente a los trabajadores, pero luego se consideró también si ese personaje estaba calificado para manejar el puesto que detentaba, desde el punto de vista económico y técnico. Un cambio en la conciencia atribuible a la propia revolución en curso. Comités de fábrica En una vasta cantidad de empresas, como expresión de este proceso, se eligieron comités de fábrica cuya función era representar a los trabajadores frente a las administraciones patronales y otros organismos externos. Los trabajadores, por breves períodos, habían logrado imponer estos organismos durante 1905 y el ascenso de 1912-14. La iniciativa expresaba una tendencia a manejar el orden interno en la fábrica. David Mandel, un investigador del período, aportó el ejemplo del comité de fábrica de Radiotelegraph Factory, sólo uno entre tantos, que logró hacerse cargo de tareas tan vastas como la determinación de la jornada de trabajo, el salario mínimo, el servicio médico, los contratos y los despidos, la disciplina laboral y la comida, entre otras6. Estas actividades no llegaron al punto de cambiar el manejo de la administración capitalista en los aspectos técnico y económico, pero dieron vuelta el régimen despótico y de feroz explotación del período prerrevolucionario. El cuadro fue distinto en las empresas del Estado, en la que los trabajadores asumieron en muchos casos tareas de administración, frente a la deserción o expulsión de funcionarios del viejo régimen caído. Existió, luego de la Revolución de Febrero, la conciencia de que con la revolución democrática esas empresas pasaban al dominio del pueblo. Si el Estado se había democratizado, todas las empresas y fábricas pertenecientes a este Estado y debían ser parte de un mismo proceso. El movimiento por el control de las empresas privadas surgiría desde abajo y con mayor profundidad cuando la amenaza a la continuidad de las fábricas fuese ostensible. Frente a una serie de reclamos de los comités de fábrica sobre la necesidad del control obrero, el comité de Petersburgo del partido Bolchevique decidió recién en mayo, recomendar a los trabajadores la creación de comisiones de control en las empresas. Ante la paradoja de la Revolución de Febrero, la acción de los trabajadores irrumpió frente a la parálisis del Gobierno Provisional y del propio Soviet, colocándose a la izquierda de ambos. Fue el movimiento anticipatorio del viraje revolucionario que se operaría en abril. Además, en el mismo momento en que los obreros reprimían y echaban a los capataces, y tenían el ojo puesto en el director liberal, los campesinos ocupaban tierras y abandonaban las aldeas con destino a Petersburgo, los soldados (campesinos) ingresaban a los soviets. Una situación inmensamente revolucionaria y un partido, el Bolchevique, que había estado a la rastra de los acontecimientos por la política de Stalin-Kámenev de apoyo al Gobierno Provisional. Lenin, apenas desembarcado en Rusia, se interrogaba: ¿se debe derrocar ya al Gobierno Provisional? Y se respondía: “No se lo puede derribar inmediatamente, pues se sostiene gracias a un pacto directo e indirecto, formal y efectivo con los soviets de diputados obreros y, sobre todo, con el principal de ellos, el Soviet de Petersburgo… el único gobierno (nuestro) posible, que expresa directamente la conciencia y la voluntad de la mayoría de obreros y campesinos”7. Para convertirse en poder los obreros conscientes estaban obligados a ganarse a la mayoría, porque como marxistas, los bolcheviques eran enemigos de la toma del poder por una minoría. Estamos en las vísperas de las jornadas de abril en las que, por primera vez, se expresará en el terreno práctico la lucha entre los soviets y el gobierno capitalista. Notas: l. Ver P.O. N° 1.449, 9 de marzo 2017. 2. Lenin: Obras Completas, T. XXIV, Cartago. 1957. 3. J.J. Marie: Lenin. POSI, Madrid, 2008 4. Confesión de un ministro de Gobierno al general Alexéiev, al frente del Cuartel General, citado por León Trotsky: Historia de la Revolución Rusa, Indoamérica, 1954. 5. Revolyutsyonnoedvizhenie…, citado por David Mandel, Factory Committees and Workers’ Control in Petrogradin 1917, Notebooks. 6. Dok, ídem anterior. 7. Lenin: Obras Completas, T. XXIV, Acerca de la dualidad de poder, ídem anterior.

La Marcha Federal Educativa que llenó la Plaza de Mayo con 300 mil manifestantes fue una muestra contundente de las energías de la docencia y del apoyo popular a sus justos reclamos. Constituye un severo golpe al operativo de polarización contra la docencia montado por el gobierno. Los Suteba combativos protagonizaron una movilización extraordinaria con decenas de miles de compañeros. Dicha marcha se enmarcó en la tercera semana de paros, con paros masivos el 20 en la provincia y el 21 y 22 en todo el país. Mientras Mauricio Macri y María Eugenia Vidal no disimulan que su verdadero objetivo estratégico es derrotar a los docentes y redoblan sus ataques, la dirección del Suteba anunció que se dispone a abandonar las medidas de paro. De hecho, en la gigantesca manifestación sólo anunció el paro con movilización el 30 de marzo, convocado por las CTA. “La batalla madre del gobierno” Todos los editoriales de los diarios del domingo 19 de marzo coinciden en señalar que el conflicto docente no se arregla porque Macri y Vidal quieren “terminar el conflicto docente con una victoria política y si el resultado de la contienda concluye con los gremios de rodillas, mejor” (El Día, 19/3). “La batalla madre del gobierno”, tituló Clarín. El gobierno “aborda la conflictividad social con estrategias diferenciadas”, dice por su parte La Nación: está dispuesto al diálogo con los movimientos sociales que se sumaron a la paz social con el gobierno, y con la CGT. Pero "mantendrá la firmeza con los docentes. El presidente Mauricio Macri buscará dividir la semana próxima los sindicatos docentes y quebrar la huelga” (ídem). En este cuadro, las acusaciones de la gobernadora bonaerense sobre la supuesta politización del conflicto por parte de los maestros son de un cinismo completo. A Macri y a la gobernadora la educación les importa un bledo. Buscan derrotar a los docentes e imponerles un salario de pobreza para conquistar una fortaleza política que el macrismo no tiene y desenvolver ese ajustazo a fondo contra todo el movimiento obrero. No es una política exclusiva del gobierno de los CEO. Vidal quiere hacer con los docentes lo mismo que logró el presidente “nac & pop” de Ecuador, Rafael Correa: arrasar con las condiciones salariales y laborales de la docencia y atacar el derecho de huelga. Con ese “capital”, Correa hizo lo propio contra todo el movimiento obrero ecuatoriano. “La gobernadora ha puesto este conflicto -al estilo de lo que supo hacer Correa- casi como el motivo neural de la gestión que le resta” (Clarín). La que no se mueve de la intransigencia es Vidal, que desde diciembre pasado sostiene un “aumento” que no supere la valla del 19 por ciento. Baradel: “Evaluamos medidas alternativas al paro” La acusación de kirchnerista del gobierno contra Roberto Baradel, con la que el gobierno procuró montar una polarización, debe ser motivo de una caracterización. El kichnerismo es, en verdad, un partido político de Estado, que tiene como meta derrotar a los docentes y dejar pasar el ajuste en los distritos donde gobierna, como Alicia Kirchner en Santa Cruz. En el momento más estratégico del conflicto, las declaraciones de Roberto Baradel que señalan que “analizamos diferentes modalidades y alternativas, entre las que está que los chicos estén en el aula” (La Nación, 18/3), o los dichos de la secretaria gremial del Suteba, María Laura Torre, que declaró al mismo diario: “en algunas aulas habrá clases, en otras jornadas de protesta, en otras asambleas” (ídem), o el planteo del secretario general de que trocarán los paros por bicicleteadas, son todas invitaciones a retroceder en la lucha. No tienen mandato alguno para ello, menos luego de hacer votar a mano alzada a los 60.000 docentes que coparon la Plaza frente a la gobernación de Vidal el repudio a la propuesta de la gobernadora. Y menos aún después de la gigantesca Marcha Federal. Como en el caso del abandono del paro de parte de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), se trata de guiños a Vidal para llegar a un entendimiento que sería ruinoso para la docencia, lejano a los planteos originales de 35% de aumento. Optimismo forzado El lunes 20, en un nuevo gesto, todos los gremios docentes acudieron a la convocatoria de una reunión de la mesa técnica salarial sin anuncio previo de nueva propuesta de parte de Vidal. Los dirigentes -y especialmente la burocracia sindical de Suteba- se levantaron de la reunión pletóricos de optimismo: "Hubo otra actitud por parte del gobierno provincial", dijeron (La Nación, 21/3). "Es la primera vez que no nos imponen un techo", dijo María Laura Torre, del Suteba. "El gobierno ha tomado en cuenta que no podía insistir con la magra propuesta", coincidieron los representantes de los nueve gremios presentes en la negociación. El martes 21, en la Universidad de General Sarmiento, los secretarios generales de la región de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas de todos los gremios docentes, hicieron también una conferencia de prensa, en la que transmitieron el mismo mensaje. Pero ante las preguntas, reconocieron que el gobierno no había hecho ninguna nueva oferta -aunque había ratificado su decisión de mantener los descuentos por días de paro. Y ratificaron que estaban analizando levantar los paros para trocarlos con medidas más “creativas”, que incluía volver a las aulas, incluso con las manos vacías. En esto se resume el “volveremos” de este sindicalismo K.. Asambleas para decidir y paro general educativo para ganar Con esta consigna y con una bandera de arrastre que reclamaba el paro general contra el ajuste, marchó el sindicalismo combativo docente nucleado en la Lista Multicolor. Ni Baradel ni Suteba tienen mandato para cortar el paro, menos aún después de la gigantesca marcha del 22. Además, Macri y Vidal han resuelto mantener un techo salarial y las provocaciones a los docentes y su organización. Los docentes hemos respondido a las provocaciones del gobierno con un crecimiento de la movilización. En las asambleas de los Suteba multicolores se votaron la continuidad de las medidas de fuerza y la exigencia a Suteba de convocar al paro para el jueves 23 si Vidal no acepta nuestros justos reclamos. Planteamos el paro con continuidad hasta obtener las reivindicaciones. Exigimos a Suteba la inmediata convocatoria a asambleas en todos los distritos y un plenario provincial de delegados de escuela esta semana. Ctera debe hacer lo mismo en cada una de las provincias. Para derrotar el techo salarial de Macri, Vidal y los gobernadores, los sindicatos deben continuar la huelga. La CGT y la CTA deben adelantar el paro nacional y darle un carácter activo, con movilización, para ponerlo al servicio de la victoria de la huelga docente, que sería una victoria decisiva de todo el movimiento obrero. El anuncio de retroceder en las medidas de fuerza de parte de la dirección celeste de Suteba y del conjunto de los gremios provinciales se manifiesta en momentos en los cuales el presidente Macri denostó a la educación pública, al declarar que la escuela pública es el lugar donde “caen” los que no pueden ir a la escuela privada. Todo un dato. Por el triunfo de los docentes. Por los trabajadores de AGR-Clarín y de cada fábrica en conflicto. Contra las suspensiones y despidos. Podemos ganar. Foto: Nacho Smith

El Partido Obrero viene realizando un intenso debate de cara a su XXIV Congreso, que se realizará el 14, 15 y 16 de abril. Inicialmente la discusión de los documentos se concentró en los círculos y ya a partir de mediados de febrero comenzaron a realizarse los plenarios de zonas o locales, donde la participación de compañeros de distintos frentes permite enriquecer el debate con experiencias más vastas. En sus congresos, el PO debate la situación política nacional e internacional, junto a un balance del desarrollo del propio partido. Este punto, el “Informe de Actividades” es el número uno del debate congresal: antes de cualquier otro debate, el Partido debe saber de dónde parte y cuál es su 'estado de situación'. Este método, que aplicamos históricamente en el PO, vale mucho más cuando el propio partido se ha transformado en un factor de la situación política, y su desarrollo interno está entrelazado con las tendencias más generales de la lucha de clases. Desarrollo del PO Durante el período que distó entre el XXIII y el XXIV Congreso, el PO desarrolló una intensísima actividad política en todos los frentes. Esa actividad redundó en un crecimiento significativo de las organizaciones periféricas del Partido. Nos referimos a muchas agrupaciones sindicales, al Plenario de Trabajadoras, el Polo Obrero, y en muchos frentes la UJS. Aunque estas agrupaciones tienen un componente específico que las anima, la naturaleza de ese desarrollo estuvo estrechamente vinculada con los planteos políticos centrales del Partido. Una muestra de ello es que, salvo excepciones puntuales, los compañeros y compañeras que integran estas agrupaciones concurrieron masivamente al acto del Frente de Izquierda en Atlanta, posibilitando que el PO realice la mayor movilización de su historia, con casi 12.000 compañeros. Pese al crecimiento significativo de nuestras agrupaciones, el ritmo de crecimiento del PO durante este período es bastante más lento. Esta contradicción fue motivo de debate en los plenarios, con aportes y experiencias interesantes. Varios compañeros del movimiento obrero señalaron que muchas veces en las reuniones de círculo del Partido el abordaje de la situación política queda relegado e incluso omitido, ocupando la totalidad del tiempo las cuestiones referidas a los frentes específicos. En otros casos, y aún cuando se debata la situación política, luego no se remata con resoluciones de acción, con lo cual se concluye en lo mismo: la actividad práctica queda concentrada en los problemas específicos. A la luz de esta situación, varios plenarios abordaron un asunto importante, que es la relación entre el Partido y las agrupaciones. En general hubo coincidencia en que al quitarle a los círculos su naturaleza política se comete un doble error: el Partido tiende a transformarse en una agrupación y, a la vez, se limita la agrupación a los miembros del Partido. Para superar esta situación se mostraron distintas experiencias. El responsable de un equipo de una importante fábrica de la zona norte comentó que ellos habían resuelto dedicar el 80% del tiempo de la reunión de equipo al debate de la situación política y de las tareas. Esto generó un debate, porque algunos compañeros cuestionaban que se desentendía el trabajo fabril. Es posible que la superación de esta disyuntiva pase por tratar de vincular las tareas políticas con la actividad en el propio frente, aunque muchas veces las cuestiones específicas deben ser materia fundamental de las agrupaciones, que allí donde no existen deben ser fundadas. Las agrupaciones clasistas que impulsa el PO no son neutras políticamente sino que tienen definiciones estratégicas, que guían el conjunto de su acción cotidiana. Muchos compañeros insistieron en este punto llamando la atención sobre el fuerte debate político que recorre a los trabajadores. En particular, en varios plenarios se señaló la necesidad de una lucha política con el kirchnerismo, que aparece como un rival político al tratar de presentarse como un opositor a Macri y su ajuste. En el plenario de San Martín, compañeros que militan en el Polo Obrero, señalaron que esto pasa en sectores activos de las masas como también las barriadas populares. A diferencia de la izquierda, que tiende a asimilarse al kirchnerismo, el PO ha batallado para defender la independencia política de las organizaciones obreras y populares, denunciando que el kirchnerismo forma parte de la "coalición del ajuste" que comanda Macri. Agitación y propaganda La cuestión de la agitación política y la propaganda fue materia de debate en los círculos y plenarios. Una y otra son un todo indisoluble de la actividad revolucionaria junto con un tercer pilar: la organización. Lenin resumía de manera brillante a la agitación y la propaganda: definía a la primera como “poco para muchos” y a la segunda como “mucho para pocos”. Un compañero de una importante fábrica de la zona sur propuso darle más lugar a la propaganda, considerando que se trata de un método clave para el reclutamiento. Lo señaló desde su propia experiencia: "en la fábrica -donde tenemos una importante representación sindical- tenemos un listado de quince compañeros a incorporar, además del equipo de cuatro compañeros que ya funciona. Con actividades de propaganda -señaló- le mostramos claramente a los compañeros cuáles son nuestras finalidades estratégicas, nuestra perspectiva de poder, que muchas veces no se manifiesta abiertamente en la lucha reivindicativa". En la misma línea otros compañeros señalaron que con la propaganda, al desarrollar a fondo nuestro programa y las polémicas con otras fuerzas políticas, también se ayuda a la retención de los militantes, que se incorporan al partido con conocimiento pleno de las cuestiones estratégicas. En el Chaco también fue abordado este asunto, aunque poniendo especial foco en la importancia de la agitación política. Se destacó que la agitación es un método de acción, que coloca al Partido como alternativa política de conjunto frente al Estado y el resto de los partidos. Por omisión, en ausencia de un trabajo sistemático de agitación, el Partido se atomiza en acciones aisladas, cuyo eje no está puesto en las cuestiones políticas centrales. En varios plenarios se abordó críticamente que este método de agitación no envuelve al conjunto del Partido de manera permanente, salvo en períodos electorales. De este modo, se plantearía una paradoja crítica: el calendario electoral de la burguesía nos obliga a actuar como partido político. La agitación y la propaganda llevaron a otro debate, siempre muy presente en el PO, que es el de la formación política. La relación es lógica, porque el trabajo de agitación y propaganda requiere una capacitación política para quien lo realiza. En la mayoría de los plenarios que abordaron el punto se destacó como un avance la puesta en pie de una Comisión de Educación y Propaganda, y los cursos dictados tanto a nivel central como en las regionales. Pero algunos plenarios fueron más allá y señalaron que la formación política debe ser tomada como un todo, y que envuelve también la calidad de la intervención del Partido. Resumiendo: una actividad politizada, con agitación y propaganda socialistas, forma a quien la realiza, incentiva la lectura individual y facilita la asimilación de los conceptos; en cambio una actividad limitada a las cuestiones reivindicativas es un freno a la politización. Sigamos el debate El empeño por construir un partido revolucionario requiere de una constante lucha política, ya que la presión de las otras clases sociales actúa sobre el partido para que resigne su acción estratégica y se adapte al régimen democrático burgués. El canal de esta presión muchas veces lo encarna la izquierda, que ha dado pasos crecientes en su asimilación al régimen, o la burocracia sindical, que es un agente de la clase capitalista al interior de las organizaciones obreras. El XXIV Congreso encuentra al PO con un protagonismo incuestionable en la irrupción de los trabajadores contra el ajuste y como referencia política obligada de este nuevo ascenso de luchas. Cuando esto ocurre, las presiones sobre un partido se agudizan. El método del autoexamen que permite el debate del Informe de Actividades es nuestro "antídoto" para superar los obstáculos y asegurar un desarrollo revolucionario del PO.

El Juzgado Correccional Nº 12 resolvió suspender el juicio oral -cuyo inicio estaba previsto para el 29 de marzo- contra los delegados de Prensa de la Editorial Perfil, sin fijar nueva fecha. Los compañeros están acusados por la patronal de “violar la libertad de prensa” por un paro contra despidos, ocurrido en 2013. La patronal pretendía echar a un grupo de trabajadores, incluido un miembro de la Junta Electoral, el mismo día de la elección de comisión interna, por lo que los trabajadores respondieron con un contundente cese de actividades. La persecución penal contra los compañeros debe encuadrarse como una represalia de la patronal de Fontevecchia y compañía. El mismo día en que el juez Walter Candela, a cargo del juzgado Correccional N° 12, resolviera la suspensión sin fecha del juicio a los delegados de Perfil, se realizó en la sede del Sipreba una importante reunión con distintas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de los trabajadores. El encuentro, realizado el viernes 17, reunió a los trabajadores afectados, sus abogados defensores, representantes del Cels, la Correpi, Apel, Ceprodh, de la Asociación de Abogados Laboralistas, de medios comunitarios y alternativos, de organizaciones sociales y de otras asociaciones gremiales. El objetivo de la reunión fue el de coordinar acciones de cara al juicio que se iba a realizar entre el 29 y 31 de marzo Los trabajadores de Prensa de Editorial Perfil enfrentan un juicio penal por una lucha de más de 70 días contra despidos decididos por la patronal en octubre de 2013. “Se trata de una clara criminalización de la protesta social”, dijo Claudia Ferrero, abogada de los trabajadores. La empresa denunció a 18 trabajadores ante la justicia, la que ‘seleccionó’ a seis de ellos para procesarlos: cinco delegados y un miembro de la Junta Electoral de 2013. “Apuntan contra la organización sindical y el activismo para profundizar el ajuste”, expresó Guillermo Gianibelli, abogado laboralista y letrado del Sipreba. Los miembros de las organizaciones presentes comprometieron su participación en la campaña por la absolución, que ya ha logrado la adhesión de gran cantidad de periodistas y trabajadores de Prensa, además de referentes políticos y dirigentes sindicales, sociales y políticos. Rubén Schofrin, secretario general de la comisión interna de Prensa de Perfil y secretario adjunto del Sipreba, precisó que el primer juez y la cámara superior ordenaron el enjuiciamiento a pesar de que todas las autoridades judiciales y policiales presentes el día de los hechos, a fines de diciembre de 2013, aseguraron que se trataba de un conflicto gremial. “Estamos en presencia de un ataque contra los trabajadores y su organización a fin de imponer nuevas condiciones de trabajo en la empresa y en el gremio”, agregó. Los presentes coincidieron en resaltar la necesidad de impugnar la pretensión de la justicia de considerar que los trabajadores de Perfil cometieron los delitos tipificados en el artículo 161 del Código Penal, que somete con prisión de uno a seis meses a quien “impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico”. “Por medio de esta acusación buscan conculcar el derecho de huelga de los trabajadores de los medios de comunicación, sean de Prensa o gráficos”, subrayó Schofrin. La suspensión del juicio debe reforzar la campaña por la absolución definitiva de los delegados de Editorial Perfil.

La movilización del próximo 24 de Marzo contra la impunidad de ayer y de hoy coronará un mes marcado por la irrupción de los trabajadores en la escena política. Desde la ocupación obrera de AGR-Clarín contra los despidos, a mediados de enero, afloró una profunda tendencia a la lucha, con movilizaciones de decenas y hasta centenares de miles. La lucha docente ganó las calles el 6 de marzo y volvió a hacerlo esta semana, con una Marcha Federal descomunal, que juntó 300 mil personas en Plaza de Mayo y sus alrededores. La movilización de mujeres del 8 de marzo marcó un hito histórico, no sólo por su masividad sino también por haber expresado un claro pronunciamiento contra el gobierno. La burocracia sindical salió escaldada de su propio acto, en el que reunió a 200 mil trabajadores, cuando intentó postergar por enésima vez la convocatoria al paro general y tuvo que huir a las corridas. Lo pateó para el 6 de abril con el propósito deliberado de alejarlo de las luchas en curso y “descomprimir” la bronca. Pero la olla sigue levantando presión. En el medio, también los movimientos de desocupados y precarizados ganaron las calles en todo el país masivamente para reclamar por trabajo genuino y la distribución de la asistencia social, que el gobierno retacea. En este cuadro, el gobierno pretende retomar la ofensiva contra los “piquetes”, como ensayó al comienzo de su gestión con un “protocolo” que se demostró inviable ante la masividad de las protestas. Macri insiste, porque se juega su gobierno, en quebrar las luchas obreras y populares contra el ajuste y está dispuesto a jugar la carta represiva. El operativo de “reconciliación” con las fuerzas armadas apunta claramente en esa dirección. Las declaraciones de Lopérfido y Gómez Centurión, del propio Macri o las reuniones del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con los defensores de los genocidas no son exabruptos sino una línea política de fondo, sobre la cual La Nación y Clarín editorializan sistemáticamente: reintroducir a las fuerzas armadas en tareas de “seguridad interior”. Los gobiernos kirchneristas ensayaron el mismo rumbo, en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”, y pretendieron formar un ejército “nacional y popular” bajo la conducción del genocida César Milani. Al mejor estilo K, el gobierno de Vidal acaba de ensayar su propio “acercamiento” a Estela Carlotto y Abuelas al invitarlas a inaugurar la “semana de la memoria” (LPO, 21/3). La manipulación de los derechos humanos, como lo resumió la foto de Hebe con Milani en el gobierno de CFK, es la cobertura de esta operación reaccionaria. El 24 de Marzo saldremos a luchar, una vez más, contra la impunidad de ayer y de hoy y en defensa del derecho más sagrado, el derecho a luchar. Vamos con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia con las banderas bien desplegadas. TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR La foto de Cambiemos y el agravio contra el 24 de Marzo Documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia El kirchnerismo y un acto de memoria selectiva La lucha contra la impunidad, a través de estos 41 años El 24 de Marzo de una Argentina movilizada El 24, vamos por el derecho a luchar 24M: el día que el kirchnerismo rompió la marcha única

Macri hizo una pausa, pensó las palabras que diría y luego las pronunció detenidamente: la terrible inequidad -dijo- de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. De este modo, el Presidente -en medio de la disputa salarial de los docentes con el gobierno- aprovechaba para admitir y exhibir su preferencia por la escuela privada sobre la pública. Algunos resultados de la prueba Operativo Aprender, que Macri exponía en ese momento, arrojaban resultados negativos en cuanto a los niveles de conocimiento y aprendizaje de los estudiantes. Es preciso recordar que el Operativo Aprender fue rechazado por la comunidad educativa e incluso se llegaron a tomar establecimientos para evitar su puesta en marcha. Es que se trata de una prueba externa al sistema educativo, bajo la forma del laberinto capcioso de las opciones múltiples, desligada por completo de las condiciones sociales de los alumnos y del cuadro de destrucción de las escuelas. El “operativo” tenía por función establecer un ranking de escuelas, alumnos y docentes (peligroso paso hacia un sistema de ‘premios y castigos’ y hacia el salario por mérito y el ataque a la estabilidad laboral) y poner en el banquillo de los acusados a la docencia y responsabilizarla del derrumbe de la educación argentina. Sin embargo, los datos de la realidad condenan a los gobiernos anteriores y al de Macri mismo como responsables de tal derrumbe. Por eso mismo, el Presidente no podría desmentir que los resultados del Operativo Aprender se enmarcan en una sostenida desinversión del Estado en la educación, a la vez que las escuelas públicas de gestión privada -es decir, colegios confesionales (en su mayoría) que cobran cuotas a los alumnos- reciben suculentos subsidios del Estado sin los cuales no podrían sostenerse. Que a la escuela pública se caiga en detrimento de la posibilidad de ir a una privada no es sino una provocación más contra la docencia y la educación pública en general en medio de los paros de los maestros en defensa de sus salarios. El Operativo Aprender quiere lavar la cara de los gobernantes, responsables de la crisis en la educación. Por caso, Macri mismo gobernó ocho años la ciudad de Buenos Aires en los que de manera permanente hubo un sostenido retroceso en los parámetros educativos. Para maquillar estas responsabilidades políticas, el Operativo Aprender excluye elementos primordiales a la hora de evaluar el rendimiento de la educación pública y los estudiantes, como el desfinanciamiento educativo expresado a través de los ajustes en los presupuestos. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la participación presupuestaria en educación disminuyó del 27,8% en 2011 al 18,5% en 2017: esto sí se trata de una verdadera "caída". A la vez, esos mismos presupuestos se subejecutan mientras se aumenta el subsidio a la educación privada, confesional (y regida por la Iglesia católica) en su mayoría. Macri no hizo referencia a las reformas y contrarreformas aplicadas en todos los niveles educativos y que devalúan los contenidos a enseñar, las orientaciones educativas y las titulaciones de los docentes. Más importante, el Presidente no tomó como elemento para el análisis de la educación las condiciones materiales en las que se desarrolla la escuela pública, las carencias materiales y simbólicas que dificultan la tarea educativa ni la falta de profesionales ni equipos suficientes para abordar la creciente miseria social que rodea a la escuela y que estalla dentro de las aulas. Nada de esto fue mencionado por el Presidente que, a pesar de haber concurrido al exclusivo colegio privado Cardenal Newman, desconoce cuánto cobra un jubilado con la mínima. La pauperización del trabajo docente también explica la crisis educativa. Los docentes deben trabajar entre dos y tres turnos para llegar a un salario que se acerque a la canasta familiar. A la pauperización salarial se le suman las condiciones de trabajo precarias -infraestructura, falta de libros y recursos. Todos estos factores son fruto de la acción antieducativa de los gobiernos anteriores y que se mantiene y profundiza bajo el gobierno macrista. La huelga docente es una forma de defender la escuela pública. El proyecto educativo del macrismo no se ejerce en soledad. El ministro de Educación Esteban Bullrich anunció que el proyecto que enviarán al Congreso Nacional tiene el apoyo de todos los gobernadores que, a través del Consejo Federal de Educación, vienen apoyando la política educativa desde el encuentro Purmamarca en febrero de 2016 a la fecha. Los docentes, los estudiantes y las familias que conforman la comunidad educativa conocen las condiciones en las que se enseña y se estudia, y saben que la responsabilidad por la crisis educativa corresponde a los gobiernos que sistemáticamente atacaron y atacan a la escuela. Para Macri, a la escuela pública "se cae". Todo lo contrario de la docencia que hoy hace paro en defensa de la educación pública, pasa sacarla de la caída en la que la condenan las políticas de los capitalistas.

En la víspera de un nuevo aniversario del golpe, en muchos lugares de trabajo y de estudio se debate a cuál convocatoria movilizarse el próximo 24. Para clarificar esta polémica, conviene remitirse a sus orígenes. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fue fundado en 1996, durante la presidencia de Menem, para organizar la movilización del vigésimo aniversario. Allí participaban casi trecientas organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, sociales y gremiales, desde Madres (Línea Fundadora) y Abuelas de Plaza de Mayo hasta las asambleas barriales, pasando por el Partido Obrero y toda la izquierda. Durante diez años, marchamos a Plaza de Mayo con una convocatoria y documento unificados por consenso. Incluso, cuando el documento no reunía el “consenso” de todos, las organizaciones participaban de la movilización sin suscribirlo. En 2006, sin embargo, el gobierno de Néstor Kirchner fue a fondo en la pretensión de estatizar el 24 de Marzo. Primero, operó a través de la cooptación de dirigentes de los organismos, como lo había hecho con algunos grupos piqueteros. Designó como funcionarios a familiares de Estela Carlotto y Marta Vázquez , y comenzó a alimentar de fondos a la fundación de Madres de Plaza de Mayo, en lo que después derivaría en el escándalo de “Sueños Compartidos”. Segundo, declaró “feriado nacional” la jornada de lucha del 24 de Marzo. El “día de la memoria” se integraría en lo sucesivo al calendario turístico. La culminación de este operativo político pretendía convertir el acto del 30° aniversario en un acto semioficial, en Plaza de Mayo, salida al balcón incluida. Esto fue rechazado por la abrumadora mayoría de las organizaciones convocantes al acto de Memoria, Verdad y Justicia. En esos días, el gobierno militarizaba Las Heras para sofocar la lucha de los petroleros -Aníbal Fernández prometía “gobernar con el Código Penal en la mano”-, apuñalaba por la espalda la lucha del pueblo de Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras en la costa uruguaya, encubría el espionaje del almirante Godoy y enviaba tropas a Haití. El gobierno que pretendía apropiarse del 24 de Marzo había rechazado anular los indultos junto a las leyes de “obediencia debida” y “punto final”. El documento del acto denunciaba los crímenes y la impunidad de los genocidas y también todos estos atropellos. El operativo K había fracasado. Solamente 14 de las 356 organizaciones que integraban Memoria, Verdad y Justicia rehusaron firmarlo. Sin embargo, en el acto, se vivieron episodios de una gravedad inusitada. Una patota de la juventud peronista copó desde temprano la cercanía al palco y se dedicó a hostigar y lanzar objetos contundentes contra los compañeros que debían leer el documento central del acto. Su objetivo era acallar las críticas al gobierno de menemistas redomados que hipócritamente se habían declarado “hijo de las Madres” un par de años antes. Leer más: 24 de Marzo: el kirchnerismo intenta bloquear la Plaza de Mayo Esa fue la última vez que se realizó un acto unificado. En lo sucesivo, los organismos cooptados por los K rechazarían cualquier crítica al gobierno y subordinarían sus consignas a las necesidades políticas coyunturales del oficialismo. Las patotas de Guillermo Moreno, La Cámpora y los intendentes del PJ serían los encargados de custodiarlos. La deriva de los gobiernos K estaría jalonada por la condena a prisión perpetua de los luchadores de Las Heras, el empleo de la Gendarmería contra las luchas obreras, el Proyecto X, la “tercerización” de la represión a través de las patotas de la burocracia sindical (Hospital Francés, Casino, Mariano Ferreyra) y la designación del genocida Milani al frente del Ejército. El intento (fallido) de apropiarse de la jornada del 24 de Marzo apuntaba a encubrir esta política represiva. Con los K fuera del gobierno, el acto de los organismos cooptados y La Cámpora pretende manipular el 24 de Marzo al servicio del “vamos a volver”. A 41 años del golpe, el acto de los luchadores será, otra vez, el de Memoria, Verdad y Justicia. Allí estará el Partido Obrero con sus banderas.

En junio se realizarán las elecciones en el sindicato médico de la Capital. Se renueva la totalidad de los cargos: la conducción del gremio y de cada una de las 33 gremiales hospitalarias. La burocracia se ha fracturado y se presenta en dos listas: Integración, de Jorge Gilardi (actual presidente, que va por su cuarto mandato consecutivo), y Democracia y Participación, de Carlos Rojo (su ex socio). Esta fractura abrió un debate entre los que repudian los métodos burocráticos de la conducción: ¿es la lista de Rojo una alternativa democrática? De ningún modo. Ambos sectores están integrados al gobierno de Cambiemos y el PRO, y se disputan el reparto de cargos en el Ministerio de Salud porteño. Lo que está en juego es el control del aparato y una caja millonaria: la obra social Osmédica, la Sociedad de Seguros Médicos, el Instituto de Capacitación y los cuantiosos fondos de recaudación de las cuotas sindicales. La pretensión de cualquiera de los dos sectores de reclamar un voto democrático, en defensa de los médicos, la salud pública o incluso en contra del gobierno es un engaño de ex socios que hasta ayer compartían cargos y prebendas. Toda una trayectoria de entrega de los derechos laborales de los médicos une a Rojo con Gilardi. Juntos aprobaron el proscriptivo estatuto del año 2005, las paritarias a la baja, las memorias y balances truchas, la intervención del Hospital Moyano, la rebaja salarial, el cierre de programas, los sumarios y los despidos de profesionales de 2013. Para el Frente de Recuperación Gremial - Lista 2 se abre toda una perspectiva para poner en pie una lista independiente de la burocracia sindical y del gobierno, que luche contra el ajuste del macrismo y sus cómplices. Hemos iniciado una campaña (con declaraciones, afiches, video, página web) dirigida a los 13.000 médicos municipales de todos los hospitales y Cesac (centros de salud y asistencia comunitaria) porteños. Vamos por la recuperación del gremio. Defendemos una trayectoria y un programa de lucha: paritarias libres sin techo, en una sola cuota y retroactivas a enero, asambleas resolutivas con elección de delegados paritarios con mandatos, aumento salarial de 40% para todas las categorías incluidos los residentes, jubilación con el 82% móvil y blanqueo salarial total, ningún impuesto al salario, por un sindicato independiente del gobierno, por el triunfo de las luchas de AGR-Clarín y los docentes. Por un paro activo nacional y un plan de lucha para frenar el ajuste.

Los límites de los juicios responden a una decisión política de Estado de no ir a fondo contra los genocidas. Los juicios se desarrollan de manera fragmentada, en audiencias cortas y de pocos días por semana que garantizan, además, la impunidad biológica. Mientras tanto, el Estado conserva secretos los archivos de la dictadura. 2.800 Son los genocidas acusados desde 2006 a la actualidad. 1.279 Es la cantidad de esos genocidas que están libres, el 45%. 38% Es el porcentaje de genocidas que recibieron prisión perpetua. 13 Son los juicios que se llevan adelante en nueve jurisdicciones. 50 Es la cantidad de genocidas que se encuentran prófugos. 426 Son los acusados que fallecieron antes de finalizar el proceso. Fuentes: CELS / Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad / Centro de Información Judicial

La docencia universitaria participó de la Marcha Federal Educativa y realizó un macizo paro de 48 horas en todo el país el 21 y 22 de marzo, coincidiendo con el paro general lanzado por la Ctera. El reciente congreso de la Conadu Histórica votó también un paro de 72 horas para el 28, 29 y 30 de marzo. Los docentes universitarios reclaman frente a la falta de respuestas del gobierno a su planteo de $15.000 de básico y 35% de aumento y rechazan también los recortes en el Conicet.

La decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de “integrar” a los barrios Rodrigo Bueno y playón de Fraga sucede a medidas similares en la Villa 20 y a la Villa 31. Después de haber soportado diversas tentativas de expulsión, incluso por parte del propio macrismo, los habitantes de estos barrios han arrancado el derecho a permanecer en ellos y al acceso a una vivienda. La conquista alcanzada, sin embargo, debe ser caracterizada en el cuadro de la orientación general de la administración macrista: los mismos que ahora reconocen derechos a los barrios precarios han privatizado, en los últimos años, más de 200 hectáreas de tierras públicas. La política de “integración” de villas no es ajena a ese remate: de un modo general, una cuestión ha estado atada a la otra -o sea: la integración de villas aparece siempre como la justificación de algún proyecto inmobiliario o de venta de tierras públicas. Así ocurrió con la Villa 31 (que se financiará con parte del remate del Tiro Federal) y la Villa 20, que exigió la venta del 40% del ex Parque de la Ciudad. Ahora, la “integración” de Rodrigo Bueno aparece asociada al megaproyecto del grupo Irsa en la Costanera Sur, que realizará un “aporte” para la urbanización de aquel barrio. En el caso del playón de Chacarita, su propósito primario es la continuación de la avenida Triunvirato, contribuyendo a la ‘puesta en valor’ del conjunto de la zona. Las limitaciones de proyectos sociales que vienen “arrastrados” detrás de los “desarrolladores” inmobiliarios están a la vista: por caso, ello se aprecia en la baja proporción de vivienda nueva en relación con el conjunto de las necesidades habitacionales. Predomina, en cambio, la refacción cosmética. En el caso del Playón de Chacarita, el proyecto original preveía destinar una parte menor del predio en cuestión a la construcción de viviendas, reservando la mayor superficie a emprendedores privados. Nuestro bloque presentó un dictamen en disidencia, recogiendo el reclamo de vecinos y delegados en favor de que el predio de mayor porte fuera destinado a las viviendas sociales. Apoyados en la lucha de estos compañeros, logramos imponer este criterio en la versión final del proyecto, junto con varios otros reclamos -por caso, los derechos para los inquilinos villeros. En Rodrigo Bueno conseguimos introducir el derecho a que los créditos para la titularización de viviendas presenten condiciones especiales (tasa cero y plazo de treinta años). Nada de ello, sin embargo, puede ocultar que estamos ante las concesiones “sociales” de un régimen de desalojadores. Los proyectos de “integración” no contemplan la posibilidad de que sus habitantes accedan a tasas municipales diferenciadas, de acuerdo con la condición de vivienda social. Ni qué decir que un ABL de “mercado”, en localizaciones cercanas a Colegiales o Puerto Madero (en el caso de Rodrigo Bueno) podría tornarse intolerable para muchos vecinos. A ello, naturalmente, se unen los tarifazos en la luz, el gas y otros servicios. Si el costo de la “formalización” habitacional se vuelve prohibitivo, la expulsión de estos vecinos, que nunca pudo hacerse por medio de la fuerza, podría llegar por mecanismos ‘de mercado’: los acaparadores inmobiliarios podrían hacer una oferta por las viviendas titularizadas, enviando a sus habitantes hacia la periferia de la Ciudad. Es cierto que esta salida mercantil asociaría a los vecinos que vendan sus viviendas a los beneficios de la valorización inmobiliaria. Pero ello es sólo una ilusión, que terminarán pagándola con una expulsión de la Ciudad lejos de sus lugares de trabajo o estudio. Los émulos de Mauricio Macri en América Latina han apelado a este recurso para el copamiento empresarial de numerosos barrios populares. Como toda conquista parcial bajo el capitalismo, la urbanización de estos barrios se enfrenta con el límite de una orientación social general, y ello debe ser debatido con sus delegados y compañeros más activos. Para ello, tenemos que dotarnos de un programa para atravesar el período que viene: en primer lugar, debemos exigir el control de todas las obras de ‘integración’ por parte de vecinos electos, para impedir el fraude constructivo y la improvisación que caracterizan a las urbanizaciones ‘sociales’. Por las mismas razones, toda titularización debe contar con la finalización de las obras a cargo del Estado. Luego, asegurar las conquistas arrancadas en la ley -derechos para los inquilinos y para todos los núcleos familiares. Es necesario batallar por impuestos y tarifas especiales, en oposición a cualquier situación confiscatoria. En la Legislatura, el Frente de Izquierda ha sido el portavoz de todos estos planteos, frente a los macristas y a la complacencia de la oposición K y “lousteaiana”, que ha acompañado dócilmente a los limitados proyectos oficiales. Debatamos estas conclusiones y preparemos la lucha que viene, reforzando la lucha por una alternativa política de los trabajadores en toda la Ciudad.

Tal como lo habíamos anticipado, los Jubilados Clasistas realizamos un jornada de protesta frente al Pami, donde denunciamos la ferocidad del ataque de su intervención saliente (Regazzoni) contra los jubilados y pensionados para llevar adelante el ajuste impulsado por el gobierno. Sin embargo, parece que no fue lo suficientemente severo, razón por la cual Macri lo mandó a “patear” la provincia. Quien lo reemplaza -Sergio Cassinotti- viene con la “misión” de realizar un ajuste todavía mayor. Destacamos en un volante que distribuimos ampliamente y en nuestra propia intervención, que este señor Cassinotti tiene un prontuario y no un currículum, hombre la burocracia sindical, su nombre habría surgido de las “negociaciones” del gobierno con el triunvirato de la CGT. Planteamos que este ajuste iría también contra los propios trabajadores del Pami, y los convocamos a luchar con nosotros, no sólo contra el ajuste sino también para terminar con las intervenciones del Estado en el Pami y que éste será dirigido por sus propios trabajadores y afiliados. Varios delegados del edificio se nos acercaron y también numerosas personas que transitaban por el lugar. Con los delegados acordamos reunirnos para coordinar una acción común, mientras otros trabajadores se nos acercaban a felicitarnos. Una mención especial merece la intervención de la compañera diputada nacional por el PO-FIT, Soledad Sosa, quien respaldó nuestra lucha, explicó el nuevo escenario que se plantea en el país con la masiva irrupción de los trabajadores y la extraordinaria lucha del gremio docente donde, destacó, la mayoría de sus integrantes son mujeres. Soledad llamó a transformar el paro dominguero del triunvirato de la CGT en un paro con movilización y piquetes y convocó a la movilización del próximo 24 de Marzo por los 30.000 desaparecidos, a 41 años del golpe genocida y por el conjunto de los reclamos de los explotados contra el ajuste del gobierno macrista y los gobernadores K. También anunció una serie de iniciativas del bloque del PO en el FIT respecto del Pami y llamó también a los trabajadores de la obra social a sumarse a la lucha de los Jubilados Clasistas contra el ajuste y por la gestión obrera de la misma. La actividad culminó con una asamblea realizada en la misma puerta del Pami, donde consideramos una agenda de nuevas iniciativas que darán continuidad al plan de lucha que venimos desarrollando con nuestra agrupación.

A comienzos de este año, el desafío que motivara a Trotsky a escribir una de sus obras fundamentales volvió a dar vida a nuevas creaciones. La cuenta de Twitter @Rusia1917 (en facebook: "Rusia 1917 - Centenario de la revolución") se propone un "seguimiento en tiempo real" de este proceso histórico, en un dispositivo que combina el trabajo de archivo con la instantaneidad de las redes: día a día, se publican noticias de hechos sucedidos cien años atrás, así como imágenes, links a artículos y apreciaciones sobre la situación política. El emprendimiento, así, pinta el cuadro enormemente dinámico de la revolución rusa, al tiempo que permite ver la vigencia de ésta y de sus enseñanzas -cuyo tratamiento es también el centro de una sección especial de artículos en “Prensa Obrera”. Un proceso vivo La cuenta, que "transmite" desde el polo revolucionario (funcionan coligadamente usuarios como @1917Lenin_, @1917Trotsky_ y @Bolcheviques17), no sólo permite un acercamiento vívido a los hechos; a través de ese día a día colocado en el presente, salta a la vista la actualidad de los problemas políticos que enfrentaron aquellos revolucionarios. El seguimiento vivo del proceso, con sus reveses y avances, permite ver la importancia del partido y de su intervención. En un tweet de febrero, por ejemplo, se recuerdan los límites de convocatoria que todavía enfrentaban los bolcheviques (quienes, meses después, dirigirán la toma del poder por parte de los trabajadores). El emprendimiento permitirá ver también la intensa lucha política y teórica de los bolcheviques contra las corrientes que obstaculizaban el desarrollo de la revolución. Mediante registros fotográficos y aportes estadísticos, los tweets revisitan las masacres, la carestía de la vida y las migraciones forzosas resultantes de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial sobre la población trabajadora. En su centenario, el estudio de la revolución rusa y la asimilación de sus conclusiones es necesario porque continuamos en el mismo período histórico que le dio origen: el de la descomposición capitalista, que engendra guerras y revoluciones.

Una gigantesca marcha de antorchas recorrió este lunes 20 desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco, preparando el paro de 48 horas del 21 y el 22 de marzo, y la “Marcha Federal educativa” a Plaza de Mayo. Los docentes porteños le reclaman al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la convocatoria a mesa salarial. Amanda Martín, secretaria adjunta del sindicato Ademys, declaró que el gobierno de la Ciudad "ha dado por cerrada las mesas salariales por los medios, cuando se ha rechazado el 18% en cuotas". Reclamó, además, que las centrales sindicales adelanten el paro anunciado para el 6 de abril y se lleve adelante en apoyo a la lucha.