Prensa Obrera N° 1450

Al cierre de esta edición se está realizando un paro nacional convocado por sindicatos nacionales y locales para luchar contra el gobierno Temer y la reforma del régimen jubilatorio que se encuentra para su votación en el Congreso, donde el gobierno tiene asegurada una mayoría para aprobarla. La reforma eleva la edad de retiro en los varones de 60 a 65 años y para las mujeres de 55 a 65 años. Hay funcionarios que han salido a decir que esto es parte de la lucha... por la igualdad de género. Diversos sindicatos importantes confirmaron la adhesión a la huelga: choferes y subterráneo de San Pablo y Belo Horizonte, maestros de San Pablo. La CNTE de educadores también adhirió. Los trabajadores de la universidad, empleados públicos y del poder judicial, bancarios, de la energía, correos, metalúrgicos, químicos y otros gremios y sectores sociales salieron a las calles en todo Brasil. Sin embargo, las centrales, sindicatos y movimientos populares ligados al PT y a frentes de conciliación de clases pretenden usar el paro y las movilizaciones de los trabajadores como un elemento de negociación política entre la oposición y el gobierno, y no como una herramienta de lucha de los trabajadores en defensa de sus reivindicaciones. Las burocracias (en primer lugar la del PT y la CUT) bloquean la centralización de todos los sectores (sindicatos, movimientos populares, centrales, jóvenes, mujeres, etc.) que son blanco del ataque gubernamental. Tribuna Classista de Brasil, aboga por un Congreso Nacional de Trabajadores, para discutir y aprobar un programa de lucha contra el gobierno Temer y sus medidas antiobreras, por las reivindicaciones de las masas y para salir de la actual crisis, haciendo pagar el costo de la misma a los capitalistas y sus corruptos funcionarios, y organizando un plan de lucha nacional hacia la huelga general. En esta perspectiva apoyamos la huelga del 15 de marzo, impulsando su extensión y éxito. En muchos casos, los trabajadores deberán superar a sus actuales direcciones, que no la han organizado. La organización y lucha de los trabajadores evolucionará con su conciencia política y con la necesidad de organizarse en forma políticamente independiente de la burguesía y su gobierno. ¡Que la clase obrera irrumpa en la escena nacional para luchar por sus intereses inmediatos e históricos! *(sobre la base de la posición enviada por Tribuna Classista de San Pablo)

Foto posterior a la conferencia de prensa del viernes 10 de marzo, que denunció los preparativos de desalojo con patotas contratadas y agentes de la Gendarmería, que se filtraron a través de un audio de whatsapp. El lunes 13 se desarrolló un acto en las puertas de la planta con la presencia de referentes políticos, sindicatos combativos, organizaciones sociales y estudiantiles. El cierre estuvo a cargo de Pablo Viñas, que denunció los aprestos represivos. La ocupación de AGR-Clarín anticipó una lucha de los trabajadores que hoy se expresa en la movilización masiva de los docentes. Foto: Federico Imas

La ciudad esperaba una fiesta. Sin embargo, el lucro empresarial y la complicidad del Estado produjeron una tragedia. El intendente Ezequiel Galli (Cambiemos) decidió lavarse las manos y descargar toda la responsabilidad en la productora del evento, En Vivo SA (ex Chacal Producciones), cuando la organización previa, de la cual es responsable, fue un desastre. Dos semanas antes del recital, el intendente no tenía respuestas sobre dónde se iban a estacionar los cientos de micros que arribarían a la ciudad. Al día siguiente del show, había micros y combis desperdigados por toda la ciudad, con colectivos a más de 60 cuadras del predio. Esto generó desesperación en las personas que vinieron a disfrutar del recital, al no saber a dónde tenían que ir y que tuvieron que vagar durante horas por la ciudad. Los micros no ingresaban en la terminal para que la gente pudiera volver a su ciudad; las rutas 226 y 3 se encontraban colapsadas y varios accidentes empeoraron la situación. Días antes del recital del Indio, Galli sostuvo en conferencia de prensa junto con los organizadores del recital que “esto es un evento cultural, no comercial”. Mientras tanto, el municipio lucraba a costa de los vecinos, a quienes cobraba desde 4.000 hasta más de 8.000 pesos para poner un puesto. Del mismo modo, recibió un porcentaje de la venta de las entradas. La intención del intendente al separarse de la organización del recital, luego de “trabajar en conjunto”, es la de quitarle la responsabilidad al Estado municipal y provincial. Al contrario, son claramente responsables al no prever ni asistir adecuadamente en esta situación. El predio no estaba preparado para recibir tanta gente ni estaba organizado internamente para evitar avalanchas o que el público se amontonase y lastimase. Según los bomberos, tenía capacidad para albergar 170.000 espectadores, pero se estima que hubo medio millón. En todo caso, se sabía con mucha antelación que llegaría una multitud a la ciudad. Pero tampoco los controles dentro del predio fueron los adecuados para la masividad del show: por orden expresa de los organizadores, se debía dejar ingresar a todo el mundo, con o sin entrada. Esta decisión no contemplaba una organización a la medida de la cantidad de personas que entraron. Una vez iniciados los problemas, la productora retiró a los periodistas que se encontraban cubriendo el recital en las inmediaciones del escenario. Fuera del predio, la zona fue liberada: ni Defensa Civil ni bomberos, ni la policía ni ninguna organización gubernamental. El jueves previo, el ministro provincial Cristian Ritondo entregó móviles y motos a la policía local, un acting que contrastó con la ausencia de medidas de seguridad antes, durante y después del recital. La habilitación del predio se puso en tela de juicio, mostrando al municipio como responsable desde el momento cero. Fue la intervención de un gran número de vecinos y de los mismos asistentes al recital la que posibilitó el auxilio evitando que el desastre fuera mayor, socorriendo desmayos y descompensaciones, asesorando a los perdidos y colaborando en todo lo que pudieron. Mientras Galli asevera que “el sistema de salud no se desbordó”, se conformó un comité de crisis para poder determinar de qué manera afrontar la situación. Pero el hospital colapsó, con ambulancias que no paraban de ir y venir hasta bien entrada la mañana siguiente. Galli sostuvo que se realizó “un trabajo muy bueno” refiriéndose al accionar municipal, a pesar de que hay dos personas fallecidas, decenas de heridos y personas con paradero desconocido que son intensamente buscadas en las redes sociales. Exigimos que se investigue y se castigue a los responsables: a los empresarios, que en su interés por recaudar terminaron poniendo en juego las vidas de las personas; al Estado municipal y provincial, que formaron parte de ese lucro, habilitando el show sin las condiciones mínimas para llevarlo adelante y sin garantizar la seguridad para evitar este desastre. No permitamos que un nuevo operativo de impunidad como los de Cromañón o Time Warp.

La movilización realizada por el Sutna el 7 de marzo ha sido la más masiva desde la recuperación del sindicato. Más de cuatrocientos compañeros encabezaron junto a los trabajadores de AGR-Clarín la gran columna del sindicalismo combativo y el clasismo. La convocatoria fue precedida por una extensa declaración de la dirección del sindicato titulada “Paro nacional y plan de lucha" en la que se establecía una clarificación respecto de las motivaciones que llevaron a la CGT a realizar la movilización y las perspectivas que se abren para todo el movimiento obrero. En primer lugar, la conducción del Sutna denunció el plan económico de Macri y la utilización de las importaciones por parte de las patronales como ariete para avanzar con miles de despidos y empujar a los trabajadores a resignar conquistas laborales. El Sutna, al mismo tiempo, trazó una fuerte delimitación con la CGT, mostrando que la movilización del 7 se trataba de un operativo para evitar la convocatoria a un paro nacional, anticipando los sucesos que luego terminaron con el triunvirato de la CGT repudiado por miles de trabajadores. La declaración también hace referencia a la conducción de la CTA, central a la que pertenece formalmente el Sutna, señalando que acompañó la tregua de la CGT al gobierno de Macri durante todo 2016. Esta declaración y la movilización del 7 han reforzado la conciencia colectiva de los trabajadores y ha significado un nuevo salto en la organización de nuevos activistas y luchadores. Ningún despido, reparto de las horas de trabajo La dirección del Sutna ha comenzado el año enfrentando todo tipo de embates patronales. En Imperial Cord, una pequeña fábrica del neumático en Gualeguaychú, se produjeron veinte despidos. La patronal aduce la caída en la producción por la importación de cubiertas, cuando es la propia patronal la que sustituye la producción nacional por productos importados. Ese nivel de despidos supera el porcentaje que, según la ley, obliga a las patronales a iniciar el recurso preventivo de crisis y dar explicaciones sobre el estado financiero de su empresa. Pero esta patronal evitó realizar ese procedimiento. Mientras iniciaba los reclamos en el Ministerio de Trabajo, la dirección del sindicato realizó una asamblea general, que resolvió un paro de actividades y nuevas asambleas por la reincorporación de los compañeros. La pelea por torcer el brazo de esta patronal sigue su curso. También en las grandes fábricas se han producido luchas. En Fate, luego de una serie de paros en el mes de enero, se conquistó el establecimiento del 20% de piso del premio celular. Este premio a la producción combina en una misma ecuación el presentismo, la “calidad” del producto terminado y otros elementos por cada “célula” o sector de trabajo. Se trata de una enorme conquista. La variabilidad y la manipulación de este premio por parte de la patronal jugaban un factor de extorsión al conjunto de los trabajadores. También la patronal de Fate utiliza el recurso de la importación. Luego de reubicar a un grupo importante del sector diagonal -donde se producen las cubiertas que llevan cámara-, comenzó un intento de modificación del régimen de trabajo en el sector para “bajar costos”. La respuesta de la seccional de San Fernando, su cuerpo de delegados y la dirección nacional ha sido contundente. Cualquier acuerdo posible tiene necesariamente que contemplar el reparto de las horas de trabajo y al mismo tiempo no perjudicar el salario de los trabajadores. Luego de una asamblea con los compañeros del sector, la dirección del gremio entregó una contra propuesta en este sentido a la patronal. Perspectivas La orientación y los métodos del sindicato del neumático contrastan con los de la burocracia sindical. El Sutna es un ejemplo para miles de trabajadores que siguen con atención el proceso de recuperación de las organizaciones obreras por parte del clasismo y la izquierda. La presencia del Sut-na en todo el proceso de lucha de AGR-Clarín es un ejemplo de solidaridad obrera. La pelea por reagrupar a nuevos sectores del movimiento obrero se presenta en una nueva situación, abierta por la clara capitulación de la burocracia sindical a los planes de ajuste del gobierno de Macri. La lucha sindical y política se encuentra a flor de piel en miles de trabajadores que han repudiado a las direcciones sindicales y buscan un canal para conquistar sus reivindicaciones y defender sus conquistas. El Sutna es una referencia para todos ellos. Foto: Sebastian Baracco

Los reiterados pronósticos de los gúrues oficiales sobre el repunte económico que está “a punto de llegar” volvieron a recibir un cachetazo: el consumo popular en febrero cayó un 6,6%, sin que existan mayores expectativas de una recuperación en los próximos meses. Detrás del tobogán del consumo, la crisis industrial ha ingresado en una fase más aguda: a los cierres de plantas y despidos en Sancor, se suma ahora el gigante tabacalero Massalin, controlado por la British Tobacco. La multinacional reclama un “recurso preventivo de crisis” que le permita despedir y precarizar el trabajo -o sea, la ruta que abrió la patronal de Clarín en AGR. En Rosario, General Motors ha anunciado suspensiones masivas, con despidos a término para noviembre. El reguero de crisis fabriles y despidos agranda la impotencia del triunvirato cegetista, que abandonó el palco del pasado 7 en medio de reclamos de paro general y que discute, ahora, cómo marcar el paso con un paro aislado y lo más lejano posible de la gran lucha del momento -la huelga docente. Docentes En su segunda semana de paros, el conflicto de los docentes de todos los niveles concentra los problemas del movimiento obrero y de la propia situación política. La pretensión del gobierno de establecer un aumento del 18% ha quedado desautorizada por la inflación de febrero, que llegó al 2,5% sin intenciones de ceder, lo que anticipa una inflación superior al 25% para este año. El gobierno puede tolerar que los acuerdos privados superen en algunos puntos al techo oficial, aunque existe el antecedente de la impugnación judicial al aumento de los bancarios. Pero en cualquier caso, que ese cepo funcione contra los docentes y estatales se ha convertido en una cuestión de Estado. Los voceros del capital financiero le exigen al gobierno un duro ajuste fiscal, para que los ingresos del Tesoro -engordados también con la inflación- sirvan de garantía a la gigantesca bicicleta financiera que sustenta el ingreso de dólares al país. La escalada contra la docencia tiene también un propósito político: el gobierno quiere exhibir una autoridad de la cual carece para salir del empantanamiento económico, la inflación creciente o las disputas al interior de la coalición oficial, relacionadas con su propia impasse. Macri, por eso, se juega a un desgaste de la huelga y a una polarización política, como ya se demostró en la fracasada tentativa de los “voluntarios” rompehuelgas. Como demostración de ello, ha sacado al ruedo a la “moralista” Carrió, que se calló la boca frente a la corruptela del Correo, pero vocifera ahora contra los docentes bonaerenses, que perciben un salario de 13.300 pesos con 20 años de antigüedad. En medio de la guerra a los maestros, Macri “mide” como candidato al principal verdugo de la educación pública, el ministro Bullrich. El escenario electoral oficial se prepara en medio de una guerra contra la clase obrera. Desflecando el paro Era previsible, en ese cuadro, que el gobierno saliera a desflecar el paro cegetista que, en cualquier caso, sigue en veremos. El arsenal de esta operación contra una huelga nacional explota a fondo el carácter propatronal de la burocracia sindical. Por un lado, el gobierno sella en estas horas el “Vaca Muerta” de la industria automotriz, un acuerdo de metas de producción asociadas a la flexibilidad laboral en las terminales. Como ocurriera en el petróleo, la burocracia suscribirá la pérdida de conquistas sin que ello represente la menor garantía de estabilidad laboral, en medio de la caída del mercado interno y del agravamiento de la crisis brasileña. En otro plano, el gobierno le ha “regalado” a la burocracia de la UTA el retiro de la personería gremial al sindicato del Subte: aspira a una devolución de favores de Férnandez y los suyos, a la hora de debilitar el paro nacional. Los herederos de Pedraza en la Unión Ferroviaria, que han recibido enormes prebendas del actual gobierno, marchan en la misma dirección. El paro, si finalmente se convoca, estará cruzado por estos acuerdos y capitulaciones de la propia burocracia convocante. En medio de la indefinición cegetista, las CTA resolvieron la convocatoria a un paro nacional y a una marcha el próximo 30 de marzo. En el cordón industrial de San Lorenzo, un conjunto de organizaciones obreras locales han convocado un plenario para debatir un plan de lucha contra los despidos y un piso salarial de 27.000 para todos los trabajadores del complejo industrial aceitero. La escalada de despidos y las paritarias están sacudiendo en profundidad al conjunto de las organizaciones obreras. El panorama se completa con los renovados piquetes de las organizaciones de desocupados, de la mano del Polo Obrero. El evidente fraude de la “emergencia social”, que justificó la tregua de los amigos del Vaticano en favor del gobierno, anticipa nuevas y mayores jornadas de lucha piquetera. La oposición, contra la huelga Los diarios oficialistas presentan a este cimbronazo como el resultado de una “escalada opositora”, atribuída en primer lugar al kirchnerismo. Es un recurso para descalificar a las luchas obreras, pero que está muy lejos de la realidad. Los gobernadores pejotistas o massistas, que enfrentan también la lucha docente, son completamente solidarios con la línea ajustadora del gobierno nacional. A medida que avanza la crisis social, los Pichetto y Massa han redoblado los llamados a la “responsabilidad” a la burocracia sindical. En este cuadro, la convocatoria de Cristina Kirchner a no sacar los pies del plato del armado pejotista tiene consecuencias de fondo en el movimiento sindical. La “Corriente Federal” kirchnerista no ha realizado la menor delimitación del triunvirato cegetista, acompañando todas sus vacilaciones en relación con la convocatoria al paro. Por su parte, los kirchneristas Yasky y Baradel transitan por la decisiva huelga docente con una política de paros intermitentes, bajo la presión de los gobernadores del FpV y el PJ (y del pejotismo que cogobierna con Vidal). Pero la envergadura de la ofensiva oficial contra la docencia exige una respuesta de otro alcance -la huelga general que reclaman y preparan los Suteba dirigidos por la Multicolor. En el caso del subte, la Corriente Federal y el kirchnerismo “político” (La Cámpora, Nuevo Encuentro) estuvieron ausentes en la conferencia de prensa donde se anunció la tentativa de proscripción al sindicato. El kirchnerismo porteño ha recibido la orden de Cristina de “cerrar filas” con el pejota -o sea, con los amigos de Férnandez y la UTA. La izquierda y el movimiento obrero La enorme crisis que se puso de manifiesto en el desenlace de la marcha sindical del pasado 7 dejó dos grandes conclusiones. Por un lado, la debacle de la burocracia sindical, atornillada a fondo con el ajuste macrista. Por el otro, la conmoción que ese ajuste ha instalado en las grandes organizaciones obreras, recorridas por un ‘sismo grado seis’. Cuando los Massa, Stolbizer y otros se probaban sus trajes de candidatos, para transitar una elección sin sobresaltos, la clase obrera ha irrumpido en la crisis. A la luz de este cuadro de conjunto, la responsabilidad de la izquierda es enorme. Por un lado, se nos impone una campaña en todos los sindicatos con un claro planteo: el porvenir de la lucha contra el ajuste no puede ser decidido por los Daer, Acuña o Yasky. Es necesario un confederal de todas las organizaciones y centrales obreras, con representantes electos y mandatos de base, para que el paro nacional conduzca a un plan de lucha y establezca un programa claro: ningún despido, organizar la ocupación de toda planta que cierre o despida, como lo hizo AGR Clarín; paritarias con un piso del 35%, que recupere la pérdida salarial de 2016 y considere la inflación real de este año; por la victoria de la lucha docente, por un aumento de emergencia a los jubilados; salario igual a la canasta familiar, 27.000 pesos como reclaman los trabajadores del cordón de San Lorenzo. Una campaña política del Frente de Izquierda debe partir de este escenario apasionante, y concentrar una acción común -en todos los campos de la lucha política y sindical- para que la clase obrera irrumpa definitivamente en la crisis y lo haga con un programa propio. Foto: Paula Acero Lagomarzino

El viernes 10 de marzo, cuando vencían los plazos para presentar listas para la elección de Suteba, que se llevará a cabo el 17 de mayo, la oposición Multicolor se presentó para disputarle la dirección provincial del sindicato docente a la Celeste de Roberto Baradel y la conducción de 38 seccionales de la provincia. La Multicolor está encabezada por Romina del Plá, secretaria general del Suteba Matanza, integrante de las direcciones nacionales de Tribuna Docente y del Partido Obrero. Se trata de la presentación más extensa e importante de la oposición en toda su historia, que buscará retener las seccionales recuperadas (La Matanza, Quilmes, Tigre, Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz, La Plata, Escobar y Ensenada) y conquistar la dirección de muchos otros distritos clave de la provincia de Buenos Aires. En medio del conflicto docente, que domina el escenario político de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, la Multicolor se plantea la lucha por una nueva dirección en el Suteba y en Ctera, independiente del gobierno de Macri-Vidal y del kirchnerismo, a cuyos gobiernos estuvo atado el Suteba dirigido por Baradel. En su programa reclama un básico nacional unificado de 15.000 pesos, la defensa de las condiciones laborales docentes, que la actual crisis económica y social no la debe pagar la educación pública, sino la banca, las privatizadas y los grandes pulpos empresariales que, ayer con los K, y hoy con Macri “la juntan en pala" en tanto que la pobreza, según la UCA, ha trepado a casi un 33 por ciento de la población trabajadora. La Multicolor reclama la triplicación del presupuesto educativo y la defensa irrestricta de la democracia sindical y de los métodos de lucha de la docencia. De esta manera, recoge la mejor tradición de la docencia argentina. El impacto de esta presentación de la Multicolor ha sido inmediato, en la aprobación de la base docente de la provincia de Buenos Aires y en la repercusión en los grandes medios nacionales, que lo destacaron en sus portales del día posterior al cierre de las listas. La Lista Multicolor expresa el avance de los sectores combativos y de la izquierda al interior del Su-teba. También ha sido la prueba del avance del Frente Unico de Clase, un método siempre defendido por Tribuna Docente versus el divisio-nismo proburocrático. El método de frente único primó por encima de las actitudes faccionales que, aunque marginales, existieron en las discusiones para armar lista en algunas seccionales. Tribuna Docente en la Multicolor Tribuna Docente integra 35 de las 38 listas seccionales que se han puesto en pie y encabeza las candidaturas a secretario general en 18 de ellas: La Matanza, La Plata, Ensenada, Lomas de Zamora, San Martín-Tres de Febrero, San Isidro y Merlo son algunas de ellas. Otro aporte de Tribuna es la presentación de nuevas listas en el interior de la provincia de Buenos Aires, como Puán, Madariaga, Las Flores y General Belgrano. Una gran movilización para quebrar el fraude de Baradel En el fin de año pasado, en las asambleas ordinarias de Suteba, en las que se votaron las juntas electorales para estas próximas elecciones, la dirección celeste de nuestro gremio dejó en evidencia la burda adulteración de los padrones, con la incorporación de miles de personas ajenas a la docencia, con el objeto de superar por esta vía el avance de la oposición multicolor. En distritos clave para Baradel, como en La Matanza, La Plata y Ensenada, la Lista Celeste ha avanzado en un rejunte con lo peor del pejotismo local, que utilizará los recursos municipales y la movilización de una tropa cautiva para intentar arrebatar las seccionales recuperadas. En el inicio de la campaña electoral para recuperar el Suteba de manos de la burocracia sindical para los docentes, llamamos a todos los trabajadores de la educación a realizar una gran movilización que conquiste el apoyo de la mayoría de la docencia para esta tarea y que garantice que ningún fraude de la Lista Celeste arrebate la decisión de los docentes. ¡Vamos por una nueva dirección en el Suteba!

El 25 de marzo se reunirá la conferencia del Partido Obrero de Buenos Aires. Su objetivo será analizar el conjunto del proceso político en la provincia, principal escenario de luchas de la clase obrera y, también, de luchas políticas de alcance nacional. Participarán centenares de delegados de todos los rincones de la provincia. Entre ellos, los docentes de Tribuna, protagonistas de la gran huelga docente, dirigentes del Sutna, delegados de la alimentación, telefónicos, ferroviarios, papeleros, plásticos, y otros, junto a la militancia de la mujer trabajadora, territorial y de la juventud del Partido Obrero. La Conferencia tendrá lugar en el marco de las primeras respuestas masivas frente a los despidos, el aumento incesante de la pobreza, los tarifazos y otros ataques del gobierno a los trabajadores. Vidal al descubierto El violento ataque de la gobernadora María Eugenia Vidal a los docentes ha desmoronado su intento de salir indemne de las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. La lucha docente ha dejado al descubierto la política de Vidal. En su primer etapa de gestión, la mandataria provincial llevó adelante una alianza parlamentaria permanente con el Frente Renovador, que integró a los intendentes de distintas alas del PJ en una política ajustadora. Vidal logró tempranamente la ruptura del FpV. Estos compromisos le permitieron una política de endeudamiento de 94 mil millones de pesos, lo que equivale a una quinta parte del presupuesto. La nueva hipoteca será utilizada para pagar deuda a tasas de interés exorbitantes, echando leña al fuego de una quiebra de las finanzas provinciales. El mega plan de obras para reactivar la economía bonaerense se frustró. La “bicameral” que Vidal aceptó para consensuar el reparto de estos fondos con intendentes opositores ha sido anulada por un decretazo. Las elecciones La caída de la candidatura de Jorge Macri a pedido de Carrió y la presión del radicalismo por colocar sus candidatos ha colocado la interna de Cambiemos al rojo vivo. El trasfondo de estas disputas es el retroceso electoral que evidencian las encuestas -todas los colocan terceros. Emilio Monzó ha reiterado su planteo de que “no hay equipo” y de que no se puede gobernar sin la pata peronista, lo que ha su turno plantea un eventual gobierno de coalición post electoral. El desembarco de Florencio Randazzo como competidor de Cristina Kirchner al interior del PJ refleja un movimiento de la burguesía en favor de otro “oficialista opositor”, es decir, que mantenga en alto la orientación social que encarna el Presidente en el caso de una derrota electoral oficialista. La disposición de Cristina a ser mascarón de proa del viejo PJ y sus capitostes derechistas -incluyendo especialmente a la burocracia sindical- no es más que la voluntad de ofrecerse como garante de los planes capitalistas y como factor de contención de la lucha popular. El “volveremos” de los sectores más ligados a Cristina Kirchner ha quedado reducido a una eventual candidatura de ella misma, donde el armado de todas las listas quedará en manos del viejo aparato que dijeron combatir. La tendencia a la desintegración de los partidos patronales y el choque del Estado con las masas tiene expresión en diversas realidades municipales. Un claro ejemplo es el gobierno del videlista Arroyo en Mar del Plata. Las muertes en el recital del Indio Solari han puesto en jaque al intendente de Olavarría, y comprometen a funcionarios provinciales como Cristian Ritondo. En Baradero, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo ha producido una marcha de la CGT local con más de 4.000 personas, una multitud para la ciudad. Por una alternativa de los trabajadores y la izquierda Por la crisis social y el peso de la crisis industrial, por las luchas obreras y por la batalla política planteada, la propuesta de congreso del movimiento obrero y la izquierda formulada al FIT tiene enorme vigencia en la provincia. La conferencia del Partido Obrero afrontará la lucha política ante la respuesta internista -y oportunista- del PTS que “exporta” a Nicolás Del Caño a la provincia. Tendrá en sus manos la resolución de los principales ejes de la campaña en la provincia y la organización de nuevos sectores de trabajadores y distritos donde surgen nuevos compañeros a la militancia socialista. Una tarea fundamental de la conferencia será la selección de los voceros de las listas nacionales y en más de ochenta distritos y secciones electorales, que serán propuestos como candidatos del PO en el Frente de Izquierda. La preparación de la campaña para enfrentar a los partidos que integran la coalición del ajuste está al orden del día. Vamos por una alternativa de los trabajadores y la izquierda.

Sobre las tres y media de la madrugada del miércoles 15, finalmente los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social decidieron dar una respuesta al masivo acampe piquetero y la jornada nacional de lucha que el Polo Obrero y el Si-traic protagonizaron en la Ciudad de Buenos Aires y otras diez provincias, y que confluyó en las calles con miles de compañeros de otras organizaciones que también salieron a exigir una respuesta frente a la desocupación y pobreza crecientes. El gobierno accedió al reclamo de abrir el ingreso de compañeros a los programas de capacitación y empleo de los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, organismo que se mantuvo ausente durante todo el proceso de diálogo. Los funcionarios también se comprometieron a levantar los programas caídos y a ampliar el cupo alimentario. Este compromiso arrancado es una primera conquista, cuyo cumplimiento será garantizado con un fortalecimiento de la organización y movilización independiente del Estado. La situación social -1,5 millón de nuevos pobres y 600.000 nuevos indigentes, según el Observatorio Social de la UCA- en las barriadas es intolerable por el crecimiento de la carestía y el hambre, motores de esta gran movilización. Miles y miles de familias trabajadoras organizadas en el Polo Obrero marcharon caminando desde el partido de Avellaneda hasta el centro de la Ciudad de Buenos Aires para acampar sobre la 9 de Julio. En el resto del país, se destacaron las movilizaciones en El Dorado, Misiones, los cortes de ruta en el Chaco, el acampe en Pampa del Indio, las acciones en Córdoba y el crecimiento exponencial del movimiento de lucha de los desocupados en Mendoza. El Sitraic volvió a colocar con fuerza el reclamo por la reactivación de la obra pública para ofrecerle una salida laboral a las decenas de miles de desocupados de la construcción que han quedado en la calle como resultado de la caída de la industria. Ante esta situación se insistió en la responsabilidad del gobierno nacional y la Cámara de la Construcción en descargar la crisis económica sobre ñas espaldas de los trabajadores. Esto dio lugar a una fluida organización de compañeros desocupados para luchar por la obra pública y por un seguro económico al parado de la construcción hasta tanto se garanticen los ingresos a los puestos de trabajo. En la Capital, el PO confluyó con otras organizaciones piqueteras, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD-Aníbal Verón, la FOB, Lucha y Trabajo y el MRP, como resultado del incumplimiento previo por parte de las autoridades del Estado de dar una respuesta a los compañeros desocupados. Numerosas organizaciones de desocupados continúan en la calle a la espera de ser atendidas. Como balance de la jornada, el Polo Obrero, junto con el combativo sindicato de la construcción, Sitraic, realizaron un acto sobre la avenida 9 de Julio, en el que intervinieron trabajadores del Sutna y una delegación de compañeros de AGR-Clarín, que han forjado un lazo de clase junto a los compañeros del Polo, codo a codo sosteniendo el acampe que acompaña en la puerta la ocupación de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo. Se impone una acción de conjunto, que oponga a la política de ajuste y cooptación de Cambiemos un frente único de lucha de las organizaciones por todas sus demandas.

Ha quedado claro que Cromañón o Time Warp no han sido circunstancias excepcionales. Es claro, también, que la parafernalia de controles, regulaciones, “leyes especiales” y otras acciones estatales desde 2004 hasta hoy han resultado inútiles. Lejos de atenuarse, las condiciones para la masacre se han amplificado. Sólo la casualidad hizo que no se repitiera con la misma magnitud lo ocurrido en aquel 30 de diciembre. Por un lado, la circunstancia de la celebración masiva, asociada al rock, se ha prostituido en manos de los “empresarios” del espectáculo. La fiesta se ha convertido en hacinamiento. Fatal, sí, pero rentable. Es mejor incurrir una vez por año en los costos de un recital y reunir la facturación que dejan 300.000 personas, a distribuirlas en el curso de varios recitales. Es mejor gastar una sola vez en publicidad, vigilancia privada y otros gastos, aunque ello implique amontonar indignamente a una multitud en una ciudad sin condiciones para albergarla. A la responsabilidad del productor privado -en este caso el propio Solari- se suma la del Estado -intendentes, gobernadoresque miran para otro lado frente a la masa de jóvenes que dejarán algunos pesos en los kioscos, bares o estaciones de servicio. La ecuación fatal se combina con los dealers, que encuentran un mercado gigantesco para una producción y tráfico que no podría desenvolverse sin la complicidad del Estado. Así fue en Time Warp y en su reciente remake, cuando volvieron las rave a la Costanera Norte. La juventud, como masa de maniobra -y explotación- de capitalistas, funcionarios y traficantes. Olavarría marca, sin duda, un punto de inflexión para la fiesta ricotera, y no sólo por el anunciado declinio físico del Indio Solari. En la música y los recitales de los Redondos asomó siempre la rebelión de los pibes sin futuro, de los que soportan cotidianamente la explotación infernal de trabajos extenuantes o mal pagos; de los que no tienen siquiera trabajo y han perdido la esperanza de tenerlo; de los que asisten al derrumbe de sus familias laburantes. Esa rebelión, como todas, enfrenta ahora su encrucijada. Uno de los caminos es el de La Colmena -o sea, el estallido que fagocita el sistema, y lo vuelve un filón rentable para la “industria” del recital, las arcas de los municipios, los dealers y otros vampiros empresarios de los jóvenes. Pero para esa misma rebeldía se abre otro camino: luchar contra la sociedad que nos explota bajo toda circunstancia y transformarla de raíz. Para que el trabajo deje de ser un calvario; para que la escuela y la universidad no nos expulsen, y para que la fiesta, cuando toca, sea simplemente eso, nuestra fiesta.

En una conferencia de prensa, la conducción del sindicato del subte, junto a Yasky, denunció el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto el otorgamiento, hace más de un año, de la personería gremial en el subte a la AGTSyP y fijó su posición ante el mismo El fallo, amañado y arbitrario, está en línea con la política del gobierno macrista y su ministro Triaca: mantener la personería del subte en las manos ilegítimas de la burocracia de la UTA. Coincide en ese sentido con el ataque más general a las organizaciones que luchan -docentes, bancarios, gráficos de AGR- y con el empeño oficial en reclutar alianzas de la burocracia sindical, que neutralicen la fuerte tendencia hacia el paro nacional y dejen pasar techos salariales y despidos. Es un dictamen tomado en base a supuestas fallas de procedimiento de la decisión de Tomada, cuando dio a la UTA por no presentada para un cotejo de afiliaciones y otorgó la personería a la AGTSyP. Lo real es que no existe chicana leguleya que pueda revertir lo que es vox populi: la de los “metrodelegados” es la organización reconocida por la gran masa de los trabajadores del subte. El tribunal no se privó, inclusive, de dejar constancia de argumentos de la UTA que van más allá del propio fallo, como que no corresponde reconocer como sindicato de empresa a lo que no sería más que una rama de actividad de la UTA. Una amenaza a la propia existencia de la AGTSyP. En cualquier caso se trata de repudiar el ataque derechista y reclamar el otorgamiento inmediato de la personería para la AGTSyP sobre la base de la más amplia movilización de los trabajadores. No lo entiende así la conducción del sindicato, que declaró en la conferencia de prensa que no tomará medida de acción alguna y se limitará a apelar a la Corte Suprema, procedimiento de final incierto y que demoraría no menos de tres años. La explicación de esta conducta es que esta directiva yaskista nunca colocó la legitimación del sindicato y, por ende, la expulsión de la UTA del subte, en el terreno de la lucha del gremio. Durante años depositó la confianza en que el gobierno kirchnerista la consagraría, cosa que no ocurrió. Tomada y el régimen K, y luego el macrismo, fueron aliados de la burocracia de Fernández, con la que firmaron todos los convenios y trataron todos los conflictos, subordinando a la AGTSyP a una coexistencia asfixiante con la patota de la UTA. Fue recién con el pie en el estribo que Tomada tiró la personería “a la bartola”, más como un acto agónico y oportunista que como afirmación de una política antiburocrática que nunca profesó. Agréguese el dato de que ningún legislador o diputado del FPV se hizo presente en la conferencia de prensa -sólo los del Frente de Izquierda- para confirmar que los K no están interesados en la lucha contra la burocracia de la UTA, en el marco de su subordinación al triunvirato de la CGT. El abordaje puramente legalista de semejante golpe que hace la dirección de Pianelli-Segovia es contradictorio con su propia caracterización de que se trata de un ataque político del gobierno macrista. Significa que bajan los brazos ante el golpe. Es urgente para los luchadores del subte superar los límites de esta conducción y poner en marcha la movilización del sindicato, comenzando por un paro con movilización al ministerio de Triaca. Si de revalidar títulos se trata, no hay mejor prueba que parar el subte y poner 3000 trabajadores en la calle. ¡Fuera el fallo reaccionario! ¡Fuera la UTA del subte!

Con la presencia de numerosos sindicatos del Cordón industrial, con la presencia destacada de los portuarios de San Lorenzo y de Rosario, el plenario de la CGT San Lorenzo lanzó el paro general para el 30 de marzo, por 27 mil pesos de básico para todos los trabajadores y contra los despidos y suspensiones. Estuvieron presentes los trabajadores de General Motors suspendidos, con los que todos los presentes se solidarizaron. La Coordinadora Sindical Clasista se hizo presente con una importante delegación de estatales, docentes, químicos y de la alimentación, junto a la concejal Jorgelina Signa, de Capitán Bermúdez. El planteo del lanzamiento del paro fue unánime y se realizarán tres cortes para bloquear todos los accesos del cordón. La Coordinadora Sindical Clasista planteó la adhesión a la medida, y la necesidad de empeñarnos para la extensión del paro a toda la región y a Rosario contra el ajuste de Macri y del gobierno provincial, para que ganen los docentes y por la reincorporación de los trabajadores de GM. Este planteo fue también manifestado por los portuarios de Rosario.

Luego de las intensas movilizaciones de la semana pasada (en concordancia con las intensas jornadas de lucha de la docencia, los gremios industriales y por las reivindicaciones del movimiento de la mujer), los trabajadores de Santa Cruz siguen en pie de lucha contra el ajuste de Alicia Kirchner. La gremial docente Adosac inició la semana con un quite de colaboración y un paro por 72 horas, a lo que le sumó una acción directa ocupando el Ministerio de Economía, en reclamo del pago en tiempo y forma de los sueldos adeudados y para que el gobierno ponga fecha a las paritarias todavía no convocadas. También los trabajadores judiciales han declarado la huelga y ocuparon el Tribunal Superior de Justicia, en reclamo del pago del reajuste del 10% que, conquistado a nivel nacional, no se está efectuando en la provincia. A su turno, está firme y ha suscitado un gran apoyo popular la lucha de los estatales por el cese de la intervención de la Caja de Servicios Sociales (la obra social del gremio), frente a los resultados calamitosos de la misma. Mientras que la cuota es descontada religiosamente a todos los afiliados, éstos no pueden acceder a los servicios, ya que el Ejecutivo no abona los haberes de los prestadores médicos y de servicios, que han ido retirando sus prestaciones. El miércoles 15 se desarrolló en Río Gallegos una marcha provincial docente y un acto frente a Casa de Gobierno. Santa Cruz sigue a pasos acelerados la crisis que atraviesa el país.

La localidad correntina de Itatí fue noticia: el intendente Natividad "Roger" Terán (FpV) y su vice Fabio Aquino fueron detenidos este martes 14 por tráfico de drogas. El operativo, a cargo de Gendarmería, continúa los allanamientos y detenciones iniciados a mediados de febrero, cuando la hija del intendente fue encontrada con 326 paquetes de marihuana en su auto. A los pocos días, apresaron al hermano del viceintendente, Fabio Aquino. Las autoridades políticas y de seguridad de Itatí serían la punta del ovillo en una red de transporte y distribución nacional de marihuana y otras sustancias ilegales. El operativo alcanzó horas después la provincia del Chaco, con allanamientos en la Unidad Penal 7. El caso sucede al poco tiempo de que el juez federal santafesino Aldo Alurralde ordenara investigar al gobernador Ricardo Colombi por interferir en un operativo antinarcóticos en la ciudad de Goya. A fines de diciembre, policías de Santa Fe realizaban un procedimiento en esa ciudad correntina, desde donde se traficaba marihuana hacia la ciudad santafesina de Reconquista, situada enfrente, Paraná de por medio. El gobernador correntino, al frente de varios agentes de su policía provincial, se presentó en el lugar y ordenó demorar al jefe del procedimiento, de la brigada antinarcóticos de la Policía santafesina, argumentando que “estaba privando de la libertad a jóvenes de la capital correntina” que habían sido trasladados a Goya para oficiar como testigos de los allanamientos. Este conflicto enfrentó institucionalmente a dos provincias, donde el narcotráfico, coludido con las fuerzas de seguridad y el poder político, hace estragos. Pronto bajó la marea del escándalo, lo que hace presumir algún acuerdo entre bambalinas. Ahora todas las luces apuntan a Itatí, donde el intendente es de signo político opuesto al del gobernador provincial, ligado a Cambiemos. Hace tiempo que los medios venían indicando la impactante penetración que el narcotráfico había alcanzado en la pequeña localidad. Lo cierto es que en Corrientes (donde los numerosos controles en ruta de la Gendarmería implican diariamente demoras de una, dos o tres horas para los pasajeros de los colectivos) los parientes y/o amigos de los funcionarios circulan libremente con cargas ilegales de una punta a otra de la provincia. En Formosa, otro punto de paso, las denuncias contra funcionarios y familiares son cajoneadas cotidianamente. Este martes, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, se acercó a la localidad, ¿pero alguien puede pensar seriamente que el asunto se circunscribe a la camarilla que gobierna Itatí? El tema exige ir a fondo en las complicidades políticas y estatales: todo el régimen correntino está en el banquillo de los acusados.

Ante el mantenimiento del techo salarial del 18% y la suspensión de la mesa para dar el pase a planta a los científicos que reincorporamos el año pasado, resolvimos continuar y profundizar el plan de lucha de la docencia universitaria, con jornadas de paro nacional los días 15, 16, 21 y 22 de marzo. Preparamos una marcha nacional educativa a la Plaza de Mayo y en la Conadu Histórica convocamos a congreso con mandato para profundizar el plan de lucha con paros progresivos hasta lograr nuestras reivindicaciones. El ataque brutal del gobierno de Macri y los gobernadores de la coalición del ajuste tuvo una respuesta acorde el 6, 7 y 8 de marzo: centenares de miles de trabajadoras y trabajadores nos movilizamos. Los docentes universitarios paramos y nos movilizamos en todo el país junto a más de 70 gremios docentes. Excepto uno, la Conadu K, que no llamó a parar ningún día. Los tres días tuvieron una consigna común en todas las calles: “Paro, paro, paro; paro general” y ahora debemos llevarla a la práctica. Se marchará a Plaza de Mayo Macri-Bullrich-Barañao y los rectores lo hicieron En 2016, la inflación le ganó ampliamente a los salarios. A la vez, los 8.500 pesos de nuestro cargo testigo está un 40% debajo de la línea de pobreza y es el sueldo más bajo de toda la docencia. El ajuste en la ciencia y la educación recorta el 50% de las becas, así como los ingresos al Conicet. Se trata de una política de ataque a los trabajadores y a todo el movimiento popular, una política que sólo pudo pasar por la complicidad de los rectores de todos los colores y el directorio del Conicet. Orientaciones Las burocracias sindicales del resto de los gremios docentes que dicen luchar por una paritaria nacional (UDA, la Ctera, la Conadu K, la Fedun de los rectores) sostienen como orientación las “acciones en cuotas”, sin plantear ninguna estrategia que vaya más allá del latiguillo de una “oferta superadora”. La Agrupación Nacional Naranja de Docentes Universitarios e Investigadores fue, en cambio, un actor vivo en esta rebelión de los trabajadores contra el ajuste. Lo hicimos al terminar en las universidades con la paritaria de 16 meses a junio y así poder unificar nuestra lucha salarial con toda la docencia del país. Lo hicimos al plantear desde hace meses que los sindicatos, congresos y asambleas se pronuncien por un urgente paro activo nacional y unplan de lucha del conjunto del movimiento obrero. Lo hicimos al ser parte convocante del movimiento de Ni una Menos y del Encuentro Nacional de la Mujer. En definitiva, nuestra agrupación, con este programa y como parte de la lucha del clasismo, los sindicatos recuperados y la izquierda, ayudó a preparar las condiciones para que hoy el plan de lucha sea una exigencia de toda la docencia universitaria. Las asambleas de los docentes e investigadores de todo el país deben pronunciarse por un plan de lucha ya. Deben repudiar a las burocracias sindicales y exigir al gobierno que se terminen los despidos y suspensiones. Por paritarias libres y cumplimiento de los convenios colectivos. No a la flexibilización laboral. Anulación de los tarifazos. Por un congreso de trabajadores con mandato para poner un plan de lucha en acción hasta derrotar el ajuste. Estos planteos no caen en el vacío. Al igual que lo que le ocurrió al triunvirato de la CGT el 7 de marzo en el palco de la movilización, la burocracia de la Conadu K tuvo sus propias crisis ante el profundo malestar que anida en los trabajadores: nueve de sus sindicatos de base se sumaron al paro, la presión de los docentes fue incontenible y la decidida intervención de nuestra agrupación Naranja amplió la grieta y llevó, por ejemplo, a que en el bastión “azul” de La Plata el plenario de delegados imponga el paro el 6 y el 7. Ahora se “subieron” a los paros del 15, 16, 21 y 22 e incluso a la Marcha Federal. Estos reacomodamientos reflejan las profundas tendencias a la lucha de la docencia.

La catástrofe ocurrida en el predio La Colmena, que dejó dos muertos, demuestra que estamos frente a otro Cromañón, donde el Estado municipal y empresarios hacen prevalecer el lucro capitalista por sobre la seguridad del público y artistas. Según datos y estimaciones aportados por la fiscal Susana Alonso, el lugar del recital estaba habilitado para 170.000 personas pero “habría habido más personas de las permitidas en el predio La Colmena. El lugar tenía una capacidad determinada. Hubo venta de entradas sin límites y gente que entró sin entrada”. Se habla de una concurrencia de más de 300.000 personas. Estamos frente a un fenómeno de masas explotado para el lucro en su máxima expresión. Detrás del “mito” y “la misa ricotera”, los organizadores generan ganancias exorbitantes, a 800 pesos la entrada, al más bajo costo posible, con una infraestructura insuficiente para la gran concurrencia. En ocasión del recital del Indio en Gualeguaychú (en 2014), salió a la luz que las condiciones que ponía la productora, En Vivo Group SA, era la exención de impuestos municipales, que según la normativa debieran ser del 5% de la recaudación y que sólo podría eximirse en caso de que el recital fuera no lucrativo. En esa oportunidad, el entonces intendente de Gualeguaychú Juan José Bahillo (FpV) declaró que “preferimos ceder para beneficio de toda la ciudad, que ganará con este recital cien millones de pesos”. Si este recital fuera realizado en River u otro estadio de menor capacidad se necesitarían al menos cuatro fechas. El Indio y los “fundamentalistas del aire acondicionado” deberían tocar cuatro veces, y pagar impuestos y gastos de organización mucho más abultados. El Indio, que no podía desconocer las condiciones en que “su” productora armó el espectáculo, al darse cuenta que había gente en el piso pidió encender las luces y dijo desde el escenario: “¿Hay alguien desmayado?, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay gente en el piso, por favor, a ver la gente de seguridad, la gente de... de (tartamudeando...) calma, calma los que están atrás por favor, hay mucha gente, hay que tener mucho cuidado, habíamos quedado que nos cuidáramos”. ¿Pretendía sortear un problema de inseguridad organizativa con la conciencia de “cuidarnos entre todos” a un predio que superaba el 100% de su capacidad? El resultado de esta negligencia en favor de la ganancia y la explotación de la música son dos muertos y decenas de heridos. La única manera de “cuidarnos” que tenemos los músicos es organizarnos y luchar por nuestros derechos y seguridad laboral. Músicos Organizados pide justicia por las víctimas y heridos. Exigimos que se investigue y condene a todos los culpables, tanto privados como municipales, que han sacado provecho lucrativo de esta masacre social que tiene a los jóvenes como rehenes. “Se esperaban 150 mil personas”, mintió el intendente Ezequiel Galli (Cambiemos) en una conferencia de prensa donde pretendió eximirse de responsabilidades. La expectativa de la llegada a la ciudad de Olavarría era, desde antes, de 300 mil personas. Según reveló La Política Online, Galli decidió otorgar el predio de La Colmena sin que tuviera habilitación -el predio estaba inhabilitado y la intendencia dio permiso para que el recital se realizara. El lugar, según la documentación periodística, fue alquilado por 300 mil pesos, una suma ridícula frente a la recaudación total -las entradas costaban 800 pesos. Galli decidió presentar a la Municipalidad de Olavarría como garante para pasar por arriba de la ley de un predio inhabilitado. Como lo fue en Cromañón, denunciamos la complicidad del Estado y los empresarios y exigimos cárcel a los culpables.

El 14 de marzo se realizó la audiencia convocada desde el bloque de diputados del FIT-PO y la Coordinadora de Ex trabajadores de Correo. Entre la numerosa asistencia se encontraban también los compañeros de la Coordinadora de Ypefianos, despedidos de Segba y de Entel. Además de los diputados Soledad Sosa y Pablo López, estuvieron dando su apoyo al proyecto de ley de indemnización por el incumplimiento del pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada a los trabajadores de Encotel -pri-vatizada y concesionada al grupo Correo Argentino, formado por Soc-ma (Macri), Banco Galicia y Correo Inglés-, los diputados Juan Carlos Giordano (IS) y Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular). Se explicó el proyecto de ley presentado a fines de 2016, donde se plantea la indemnización para más de 20.000 trabajadores y que cuenta en sus fundamentos con la denuncia sobre los Macri y la quiebra fraudulenta, que les permitió no pagar su deuda con el Estado, así como el salvataje de este grupo por parte del kirchnerismo. Las intervenciones de los compañeros fueron valiosísimas. Se transmitió la experiencia de los ypefianos, que lograron su ley, hoy violada por el gobierno de Macri porque no paga en término a la totalidad de compañeros; se describieron los métodos de asamblea, movilización y de independencia política de todos los partidos privatizadores. Se denunció a las privatizaciones y el rescate estatal a los monopolios como una política de Estado de todos los gobiernos, que ha llevado a la quiebra al país, al remate del patrimonio nacional y a la desocupación y precarización laboral. El diputado Pablo López planteó que: "hay que colocar este reclamo obrero, en medio del escándalo por la condonación de la deuda a la familia Macri, con una campaña, con la movilización de la Coordinadora a nivel nacional, siguiendo los pasos de los compañeros de YPF". Las medidas que se debatieron incluyen la movilización por el pago a los ex YPF, la semana próxima; la siguiente, radio abierta y acto por la ley de Correo, en el Congreso, y luego una movilización al edificio donde funcionó el Correo Central, además de la realización de asamblea de ex trabajadores de Segba para elaborar su ley. Se planteó la conformación de una Coordinadora de Ex Trabajadores de Empresas Estatales, en un clima muy combativo. La diputada Soledad Sosa cerró la audiencia destacando que: “Frente al desfalco capitalista planteamos a los trabajadores como alternativa política".

El lanzamiento unilateral de las candidaturas del PTS ha generado un creciente rechazo en la militancia del FIT y de la izquierda en general. No sólo porque el ultimátum vino de la mano de un embellecimiento de las Paso, que son un instrumento para la penetración del Estado en los partidos políticos. Es que sumado a esto y en un solo acto el PTS sacó a relucir dos tendencias profundamente negativas: una disposición indisimuladamente divisionista del propio Frente de Izquierda y electoralera en grado avanzado. A sólo unas pocas cuadras del coqueto hotel donde se realizaba el anuncio, el movimiento piquetero protagonizaba un acampe masivo que sacudía al país y a la opinión pública, lo que pasó desapercibido para los proclamados candidatos. Su intención de atraer la atención mediática tampoco resultó, pues los programas televisivos prefirieron invitar a los protagonistas de las luchas obreras y populares que enfrentan el ajuste en curso. Pero el problema no fue de timing publicitario sino de estrategia política. Sucede que días antes de que se consumara el lanzamiento unilateral de candidaturas, el PTS había rechazado, en una reunión de la Mesa Nacional del FIT, nuestra propuesta de convocar un congreso del movimiento obrero y la izquierda para intervenir en las luchas del momento, pelear por llevarlas al triunfo y desarrollar en ese cuadro una acción política unificada que incluya naturalmente a la propia cuestión electoral. Esta propuesta, que el PO desarrolló extensamente en su Manifiesto Político, había sido girada a los partidos del FIT desde hace un par de semanas sin merecer respuesta alguna del PTS. Este silencio ensordecedor era toda una línea política. Mientras la irrupción de los trabajadores reclamaba y reclama del FIT una acción unificada en todos los terrenos (de lucha reivindi-cativa y política), el PTS decidió comenzar una larga campaña faccional que coloca el eje en el internismo contra los partidos aliados. Semejante despiste no lo arregla un GPS, sino un curso acelerado de política revolucionaria. Si había dudas de que el afán electoralista es hermano siamés del carrerismo, el PTS se encargó otra vez de corroborarlo. Es que su lanzamiento unilateral vino con yapa. Nos referimos a la candidatura de Nicolás Del Caño en la provincia de Buenos Aires, lo que conlleva ni más menos que su renuncia a pelear por la renovación de la banca de diputado de Mendoza conquistada en 2013 junto a Soledad Sosa. La mudanza precipitada no fue motivada por una necesidad del FIT, ya que en el distrito bonaerense éste tiene voceros políticos y parlamentarios de creciente reconocimiento popular. ¿Qué motivó, entonces, semejante deserción? Simple: en la provincia de Buenos Aires se eligen 35 diputados y en Mendoza, cinco. Y el PTS ha decidido colocar el domicilio de Del Caño en función, las chances de acceso a una banca. Para quien hizo campaña con eje en la denuncia de la “casta política” es un hecho clarificador. Nunca tan cierto aquello de “dime de qué te jactas y diré de qué adoleces”. Este combo mortal de divisionismo-electoralismo-carrerismo vino de la mano de un retroceso ideológico profundo. En la reunión de la Mesa Nacional del FIT, el PTS afirmó que las polémicas desarrolladas en el Frente de Izquierda mostrarían la decisión de nuestro partido de resolver el armado de las listas en las Paso, a pesar del daño que esto podría implicar al FIT y, sobre todo, porque sustituyen la acción unificada en la lucha político-reivindicativa por una disputa internista. Obviamente, rechazamos este planteo sin miramientos. La izquierda debe distinguirse de la política capitalista no sólo por su programa sino también por sus métodos. La polémica política abierta es un medio insustituible para la elevación de la conciencia de clase de los trabajadores. El secretismo debemos dejárselo a los Macri, Pichetto o Massa. Por nuestra parte, sostenemos que nuestras críticas a la ruptura al acto del 1° de Mayo de 2016 para desarrollar una acción afín al gobierno de Dilma Rousseff, el abordaje de la cuestión de la mujer como un tema ajeno a la lucha de clases, el pedido de un cupo femenino en el Parlamento junto con las mujeres de la clase capitalista o el haberse amparado en la acciones represivas del macrismo para participar en marchas y movilizaciones reivindicatorias de personeros del kirchnerismo y la estatización del movimiento popular, contribuyen a formar una conciencia y un programa de la clase obrera. Pero a partir de este método de clarificación de los acuerdos y las divergencias planteamos una acción unificada del Frente de Izquierda contra los partidos capitalistas. Nuestro rechazo a este lanzamiento unilateral está fundado en la defensa de un método y una estrategia política: la necesidad de un frente único de lucha en todos los terrenos contra el gobierno, los partidos del ajuste, las patronales y la burocracia sindical, al servicio de lo cual debe estar la participación electoral con listas comunes. Nuestra propuesta de un congreso del movimiento obrero y la Izquierda persigue este objetivo político. La militancia de la izquierda debe tomar la palabra y defender el curso político que abrió el Frente de Izquierda.

El conflicto en la fábrica Prodalsa -por su desarrollo, desenlace y final- debería ser estudiado como ejemplar en los cursos para activistas sindicales (que STIA no hace desde hace décadas y que volverán a hacerse cuando gane la Naranja). A través de una maniobra, haciendo desaparecer las autorizaciones y al supervisor que autorizó un retiro de mercadería, la patronal acusó al trabajador Alejandro Romero de robar mercadería para el delegado naranja Miguel Arce. La maniobra apuntaba a que a través de la intervención del sindicato, el compañero sea reincorporado a cambio de la renuncia del delegado. La respuesta de los trabajadores de Prodalsa no se hizo esperar; la asamblea votó unánimemente la huelga general por la reincorporación del compañero y en defensa de su organización gremial. La negociación abierta en el Ministerio de Trabajo fue crucial; ante la floja presencia de la Verde del STIA, los trabajadores convocaron a distintas agrupaciones a movilizar en su apoyo. Entre ellas se destacó una nutrida concurrencia del Polo y el Partido Obrero de Quilmes y Berazategui, junto al apoyo de delegados naranjas de la zona sur. El Ministerio de Trabajo intentó buscar por todos los medios una salida favorable a la patronal; en primera instancia, la "conciliación voluntaria", que compromete a los obreros a levantar la medida pero sin que el despedido regrese a su puesto de trabajo. Ante la firmeza granítica de los delegados naranjas, el ministerio operó por todos los medios para que el despedido llegue a un arreglo (cosa que los trabajadores habían discutido de antemano) y que fue, una vez más, rechazado por la firmeza obrera. El ministerio acusó de "falta de flexibilidad" a los delegados naranjas y los desafió a hacer una asamblea con presencia del STIA, donde se pusiera en consideración la conciliación voluntaria. Los delegados recogieron el guante, hicieron la asamblea y aplastaron la moción conciliadora por unanimidad. Para esto, la huelga llevaba ya 72 horas y el atraso productivo de la empresa empeoraba minuto a minuto. La patronal, luego de constatar por todos los medios que la maniobra no había logrado dividir a los trabajadores, solicitó al ministerio la conciliación obligatoria, con el correspondiente regreso del despedido a su puesto. Las negociaciones, antes de llegar al vencimiento de la conciliación, expusieron que la batalla había sido ganada en el primer round: la empresa reemplazó la propuesta de despido por la de una suspensión de siete días, lo que significa la reincorporación definitiva del despedido y un triunfo en toda la línea de los trabajadores. La zona sur del STIA está conmovida por la lucha de Prodalsa; todas las excusas de la Verde fueron refutadas; "que los trabajadores no quieren luchar", "que no se le puede hacer un paro a las empresas chicas", "que ante el despido no puede hacerse nada", etc. En vez de impulsar un tarifazo en la obra social y pedir subsidios para los empresarios, el STIA debería impulsar un plan de lucha contra los despidos y en defensa del salario. Prodalsa demostró, una vez más, la enorme predisposición a la lucha de los trabajadores alimenticios.

El 8M en Argentina coronó tres jornadas de lucha que colocaron a miles de trabajadoras y trabajadores en las calles, comenzando por la imponente movilización de las docentes el lunes 6. Sólo en Buenos Aires se movilizaron más de 300 mil personas en la jornada del 8. A la hora prevista para que la marcha saliera del Congreso, la Plaza de Mayo ya estaba colmada de gente. Dos pasacalles recibían a la concurrencia “Ni una Menos. El Estado es Responsable’! “Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores. Plenario de Trabajadoras’ En el resto del país la postal se repetía. En Salta, la movilización se dividió entre quienes no aceptaban marchar con funcionarias responsables de vejámenes contra las mujeres y niñas de la provincia y quienes sí aceptaron hacerlo. En Santa Fe, el feminismo de estado primó en la elaboración del documento final, que el PO-FIT junto a otras fuerzas de izquierda, se negó a firmar. En las calles de la Ciudad de Buenos Aires, se destacaron las mujeres del Polo Obrero y del PDT, que soportan la precariza-ción, la miseria habitacional y la persecución macrista a los trabajadores migrantes.. La Comisión de Familiares de AGR fue gran protagonista del armado y de la propia movilización del 8. Las mujeres de Unilever que trabajan en el conglomerado fabril de Pilar, intervinieron en las asambleas organizadas por los delegados de fábrica, quienes desafiaron la ausencia de convocatoria al paro por parte de la burocracia de la Alimentación y de la CGT. Las textiles de Neu-quén, el Sipreba, AGD y Ademys fueron de la partida, así como los Sutebas en paro. Las calles se llenaron de familiares de las propias víctimas y de víctimas de la impunidad. Las mujeres de los pueblos originarios fueron parte de la convocatoria, denunciando la represión orquestada por el Estado y las empresas. Las trabajadoras y la burocracia Desde los lugares de trabajo se movilizaron miles de personas, a contrapelo de la pasividad de la burocracia. Aparatos sindicales inscritos en la CGT, en la Corriente Federal o en las CTAs decidieron no hacer olas, por temor a que las trabajadoras les reclamáramos una lucha por nuestras reivindicaciones gremiales. El acto en la Plaza tuvo un carácter combativo. El texto que se leyó traduce una radicalización del movimiento, expresado en consignas como la Independencia de todos los gobiernos, la separación de la Iglesia del Estado, o la denuncia al ajuste de Macri y de los gobernadores. En esas consignas, quedó expuesta la historia reciente de lucha de un movimiento que se enfrentó al Estado en marchas multitudinarias, desde el #Niunamenos hasta hoy. Ese empuje combativo puso de manifiesto, como nunca, una lucha política al interior del 8M. Por un lado, es claro que las consignas anticlericales se dan de cabeza con una década de compromisos entre el kirchneris-mo y la Iglesia, que terminaron bloqueando la sanción de una ley de aborto seguro y gratuito. Sin embargo -y con la anuencia del colectivo "Ni Una Menos"- se subieron al escenario diputadas kirchneristas que no tuvieron ninguna participación previa en la organización de la jornada. El acto a Plaza llena Junto a Liliana Daunes, la voz del documento que se leyó en la Plaza, estaban Nora Cortiñas y otras destacadas luchadoras. Entre ellas, Alika, víctima de trata que querelló al Estado y a proxenetas, Adriana de la Comisión de Familiares de AGR, Doris Quispe militante contra el DNU anti-inmigrantes, Margarita Meira de la organización Madres contra la Trata; e integrantes del colectivo “Ni Una Menos". Luego, representantes del sindicalismo combativo y de distintos partidos de izquierda. La Plaza vibró ante la parte dedicada a las demandas laborales, reclamando el paro general y denunciando la tregua. En la sección dedicada a la Iglesia, por primera vez se dedicaba un pasaje entero a denunciar al clero, su encubrimiento a la pedofilia, a reclamar su separació de las políticas de Estado y a declarar al movimiento de mujeres “anticlerical’ Consignas, método y contenido En el debate sobre el documento ocupó un lugar importante la definición del movimiento en curso como “anticapitalista’. Las compañeras del PDT nos encargamos de señalar que esta definición, que reúne a impugnaciones o críticas muy diversas al presente régimen de explotación, no implica sin embargo la perspectiva de una transformación social, y, en pos de ella, la unión de la lucha de la mujer junto a la de la clase obrera. De todos modos, el texto definitivo acotó incluso el alcance originalmente propuesto, al resumirlo a una característica del pasado: “el movimiento de mujeres -dice- es hijo e hija de esta historia antipatriarcal y anticapitalista’ Pero lejos de ser parte de la historia, las reivindicaciones de la mujer son más antagónicas que nunca al orden social vigente. Lejos de haberse morigerado, la violencia doméstica, el aborto clandestino o la discriminación laboral a la mujer se han agravado al calor de la descomposición capitalista, y plantean la necesidad de superar el actual orden social. Un capitalismo sin opresión de la mujer es una ilusión reaccionaria que sólo nos lleva a callejones sin salida. Este debate crucial abre aguas entre dos perspectivas: o un movimiento de la mujer unido a la clase obrera y a la lucha de clases; o la explotación de sus reivindicaciones como pretexto para un frente policla-sista, detrás de los partidos que son enemigos históricos de la lucha de la mujer. Este debate, que continuaremos desarrollando con todas las compañeras de este movimiento, está en el centro de la maniobra operada por el PCR, Patria Grande y los partidos del régimen para llevar el próximo Encuentro Nacional de Mujeres al Chaco, violentando la decisión mayori-taria de que se concretara en la Ciudad de Buenos Aires. La jornada del #8M quedará como un nuevo capítulo del crecimiento masivo del movimiento de mujeres y nos deja la enorme tarea de impulsar su maduración y organización en el camino de la independencia de los gobiernos, el Estado capitalista y la Iglesia, tal como proclamamos frente a la plaza repleta de indignación y de disposición a luchar. Foto: Fermin Vissio También te puede interesar: Un 8 de marzo histórico y los desafíos que se presentan

Al promediar la segunda semana de paros, dos semanas de 96 horas en Buenos Aires y de entre 72 y 48 horas en la mayoría del país, el gobierno insistió con atacar a la docencia. Luego de ofrecer un 1% más, una falta de respeto, la gobernadora Vidal realizó una conferencia de prensa en la que anunció otra nueva provocación: dar un presentismo extraordinario a los docentes que fueran a trabajar, es decir , una cuña para promover el carnereaje del gran paro que se está desenvolviendo en su provincia. La “propuesta” en provincia de Buenos Aires siguió siendo el miserable 19% en tres tramos (5, 5 y 9%, el último a cobrar recién en enero de 2018), que rechazaron todos los gremios. La nueva provocación es parte de una guerra sucia contra la docencia que han asumido Macri, Vidal, los gobernadores y toda la oposición patronal, que buscan afianzar al régimen de la coalición del ajuste derrotando esta gran lucha de la docencia, y abrir un curso de ataque más profundo contra todo el movimiento obrero. El anuncio de castigar a los huelguistas y de ratificar que descontará los días de paro, sin embargo, es la expresión de un gobierno que no puede doblegar la huelga, ni en la provincia de Buenos Aires ni en la mayoría del país, como lo demostró el masivo paro de Ctera que se desarrolló al mismo tiempo que sus aprietes en televisión. En medio de esta ofensiva de Macri y Vidal, la burocracia sindical de la FEB abandonó el barco, y se bajó del paro nacional convocado por Ctera, un hecho para nada aislado de los “anuncios” de la gobernadora. Antes, la burocracia de Amet había aceptado la conciliación obligatoria ilegal del gobierno provincial. El tan meneado Frente Nacional Educativo , y la “unidad” de todos los gremios provinciales de Buenos Aires terminaron siendo palpel pintado, algo que la dirección celeste de Baradel dejó pasar respetando “las decisiones orgánicas” de esos sindicatos. Desde las entrañas de los sindicatos, la burocracia sindical despliega y/o permite una política de deflecamiento del paro que la docencia no va a aceptar. Gobierno en problemas Todos los diarios han publicado el golpe que ha significado la fortaleza del conflicto docente. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha conformado un equipo de “crisis” encabezado por Vidal y constituido por el jefe de gabinete, Federico Salvai; el ministro de Economía, Hernán Lacunza; de Educación, Alejandro Finocchiaro; de Trabajo, Marcelo Villegas, y sus secretarios de Comunicación y Medios, Federico Suárez y Mariano Mohadeb. La desorientación de su equipo de crisis ha llevado a que uno de sus integrantes “confesara que para el termómetro de Vidal, las aulas vacías superan con creces los otros problemas que enfrentó” hasta ahora (La Nación, 12/3). A la par de esto, en medio de despidos masivos, escándalos como el del Correo y la rebaja de jubilaciones, la imagen de Macri-Vidal ha caído y “temen que esa caída se profundice con la extensión del conflicto docente” (Clarín, 10/3). Rebelión subterránea Las masas están sacando conclusiones profundas frente a la situación de ajuste contra los trabajadores de parte del gobierno. Entre otras cosas, esto se traduce en ver a los docentes como una referencia de lucha contra esa avanzada. Al interior de la base docente, por otra parte, crece el rechazo por los gestos hacia el gobierno de parte de la dirección celeste de Baradel. Y las agachadas de la FEB y de Amet. Otros gestos de las directivas burocráticas con los gobiernos son el de la dirección celeste de la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), 3 que se muere por cerrar por el 19 por s ciento con Juan Schiaretti; el retorno a clases el miércoles 8 de parte de UTE en Capital Federal (dejando aislado al Suteba de provincia de Buenos Aires), el arreglo del 13 por ciento de la Unión e de Docentes de la Provincia de Misiones y el 21/22 por ciento aceptado por el Atep y Apem celeste de Tucumán. Por estos y mismos gestos, el mismísimo Marcee lo Longobardi, agente número 1 en la guerra mediática contra los docentes, salió a rescatar a Baradel, un moderado -dijo- frente a “la banda” de la oposición multicolor de Suteba. Muy tempranamente, la base docente ha comenzado a percibir esta e política de Baradel y Sonia Alesso de 3 poner el freno, para arribar a un entendimiento con el gobierno. El estado de rebelión que anida en la docencia ha sido seriamente registrado por los grandes medios. En su s editorial del domingo 12 de marzo en a La Nación, Joaquín Morales Solá, con una acusación pérfida de kirchneris-tas hacia los maestros, alertó que “el viernes pasado, un día sin huelga docente, muchos maestros bonaerenes no fueron a trabajar” Efectivamente, ese viernes 10 de marzo, el paro fue votado y llevado a cabo por la Lista Multicolor y los sutebas combativos, y acatado por la mayoría de los docentes, como se quejó Morales Solá. La lucha docente ha puesto al gobierno contra el rincón, existen las condiciones para quebrar la avanzada antiobrera de Macri, Vidal y todos los gobernadores. Pero deben decidir los docentes Por plenarios de delegados con mandato para organizar y defender la lucha docente hasta obtener los reclamos. Ctera debe dar continuidad a las medidas de fuerza, con la huelga general. El 22 de marzo, en la Marcha Federal Educativa ya anunciada por Ctera, convocamos a todos los trabajadores a sumarse para quebrar el ajuste de Macri y los gobernadores. Un paso previo será la mutitudina-ria marcha que se llevará acabo el jueves 16 a la gobernación de Buenos Aires, en La Plata, en el marco de un paro provincial de docentes, judiciales, estatales y profesionales de la salud.

La conmemoración de la Revolución Rusa dispuesta por Putin no debe suscitar la menor duda en cuanto a su naturaleza. Es la continuidad del intento del régimen por enterrar todo vestigio revolucionario en la conciencia de las masas, una tarea en la que continúa al (y se vale del) propio Stalin. En el año 2000, a instancias de Putin, la Duma sancionó la restauración del antiguo himno soviético (con nuevo texto), la bandera roja para las Fuerzas Armadas, la bandera tricolor zarista (blanca, azul y roja) como emblema de la nación y el escudo con el águila bicéfala -también propio de los zares. El nuevo texto del himno hizo desaparecer toda referencia al comunismo y a Lenin, concentrándose en la reivindicación chauvinista de Rusia y la protección de Dios, que “vela por la Madre Rusia”. Pero aún el himno soviético original fue un producto de la política contrarrevolucionaria llevada adelante por la burocracia de la URSS. En 1943, Stalin planteó la disolución urgente de la Internacional Comunista y el reemplazo de “La Internacional “como himno de la URSS -una decisión que había sido tomada en 1922 por el gobierno bolchevique dirigido por Lenin. La burocracia del Kremlin adoptó estas medidas como parte de un viraje de conjunto hacia un acuerdo con la burguesía mundial: “Para vencer, el ejército soviético tenía que avanzar y derrotar al gobierno hitleriano. Pero el temor a las consecuencias revolucionarias de la derrota alemana podía quebrantar la coalición antihitleriana”. La burocracia se allanó a una paz que fijara “de manera aceptable para todos los interesados, los objetivos de la victoria... la perspectiva de la revolución en Europa no era aceptable para los aliados capitalistas de la URSS”(1). De Stalin a Putin, “La Internacional”, el himno internacionalista de los trabajadores, así como el resto de los símbolos de la Revolución Rusa, están proscriptos en el primer estado obrero victorioso de la historia. La lucha de los socialistas revolucionarios habrá de reponer la famosa canción (“Arriba, los pobres del mundo...”) como punto de encuentro de los socialistas revolucionarios en cualquier latitud del planeta tierra e himno proletario internacional. 1. Fernando Claudín: La crisis del Movimiento Comunista, Ruedo Ibérico, Madrid, 1970.

Los obreros del Grupo MAS Energía realizaron un corte total de la ruta provincial 22 el lunes 13, a la altura de la localidad neuquina de Plaza Huincul. Reclaman el cobro de los salarios adeudados y la preservación de las fuentes de trabajo. Acompañaron la protesta miembros de la comisión directiva de Aten Cutral Có-Plaza Huincul, la Junta Interna de los trabajadores telefónicos de Copelco, compañeros de la Agrupación Obreros del Petróleo y la diputada provincial del Frente de Izquierda, Patricia Jure. El corte fue precedido por la ocupación, por parte de los obreros, de las fábricas Maikop, Renesa, Petrolera Argentina y Admine, el pasado 8 de marzo. Todas esas empresas pertenecen al Grupo MAS Energía, que está vaciando las fábricas y despidiendo a sus trabajadores. La importante decisión obrera se produce luego de reiteradas promesas patronales incumplidas y de la inacción de los gobiernos municipal y provincial, así como de la dirigencia sindical petrolera y aceitera. Los obreros de Maikop han recibidos telegramas de despido luego de estar más de siete meses suspendidos sin goce de sueldo. Los obreros de Petrolera Argentina recibieron durante tres meses un subsidio de 15.000 pesos, del cual se hizo cargo el Sindicato Petrolero. Durante los siguientes tres meses, los municipios de Plaza Huincul y Cutral Có incumplieron su compromiso de sostener el subsidio a los trabajadores. En Renesa, el proceso de vaciamiento de la fábrica se inició a mediados de 2014. El reciente rechazo del MPN, de Cambiemos y del FpV a tratar el proyecto presentado por Patricia Jure en la Legislatura neuquina, que reclamaba el pago inmediato de los salarios adeudados a los obreros de Maikop, es una muestra cabal de que la patronal vaciadora cuenta con la complicidad de todos los partidos tradicionales. Un plan para ganar Los trabajadores denuncian que la crisis que atraviesan las fábricas del Grupo MAS Energía se debe fundamentalmente al desvío de fondos que realizó la patronal, que recibió subsidios millonarios de los gobiernos local, provincial y nacional, pero que nunca fueron invertidos. En este cuadro, es necesario colocar como eje el reclamo de esta-tización sin pago de las empresas del grupo y su puesta en funcionamiento bajo el control de comisiones obreras electas y revocables. Es la única forma de reactivar las fábricas, garantizar la continuidad laboral y de que el Estado recupere los fondos que la patronal fugó. YPF, a su vez, debería garantizar la compra de la producción, como lo hizo hasta hace no mucho tiempo. Pero es indudable que esta salida de fondo reclama, en primer lugar, reforzar las ocupaciones y diseñar meticulosamente un plan de lucha. Sumar a la pelea por los puestos de trabajo a las nuevas camadas de desocupados de la comarca, realizando una convocatoria abierta, sería una iniciativa valiosísima para este objetivo. Junto con eso, es clave buscar la unidad con los docentes, los telefónicos y todos los sectores de trabajadores que se encuentran enfrentando el ajuste en la región. Finalmente, conquistar la simpatía y el apoyo de todo el pueblo de la comarca petrolera es fundamental. La lucha librada por los obreros de Stefani en su momento es todo un ejemplo a tener en cuenta. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda se pone a completa disposición de la lucha de los obreros de Maikop, Petrolera Argentina, Re-nesa y Admine.

Finalmente, el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) ha convocado a la Asamblea de Oficio y el domingo 19 se realizarán las elecciones para “normalizar” la dirección de Incob, frigorífico recuperado por sus trabajadores; primero, de la ruina a la que lo llevó el patrón -digno representante de la industria nacional, y luego, del burócrata kirchnerista Enrique Garaggiola, que tomó la conducción de la empresa. Garaggiola malversó y evadió fondos. Los trabajadores también denunciaron que los estafaba con la complicidad de funcionarios del Estado. Más aún: la descomposición llegó al punto que intentó atacarlos con armas de fuego (esta experiencia generó un fuerte rechazo al kirchnerismo entre los trabajadores de la cooperativa). El Inaes macrista habilitó a este personaje a formar parte del padrón y, por consiguiente, a presentarse como candidato. Esto ha generado un rechazo profundo entre los trabajadores de Incob, que han llamado a las organizaciones sociales y de lucha a apoyarlos en esta nueva batalla para consolidar definitivamente a la nueva dirección. La lucha en Incob La recesión económica golpea al frigorífico. Esto se traduce, por ejemplo, en una caída del 50% de la faena. Frente a esto, los trabajadores de Incob vienen desarrollando una movilización en conjunto con otros sectores de trabajadores para reclamarle al Estado las herramientas necesarias para afrontar las presiones del mercado y deudas heredadas de los antiguos patrones y gestiones. Durante los dieciséis meses de la nueva dirección obrera se ha recompuesto la vida cotidiana en el frigorífico (proyectos sociales) y también la actividad y las remuneraciones. También han tomado iniciativas parlamentarias a través de la banca del ex legislador del PO-Frente de Izquierda, Guillermo Kane. Un proyecto discutido y elaborado en conjunto con los trabajadores de Incob propone la condonación de la deuda con Arba (ente recaudador) y la Afip, contraídas por la anterior gestión. La Cámara de Diputados de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto de ley, lo que abre una nueva etapa de lucha, que implicará que los trabajadores lleven sus reclamos al Senado para conquistar la sanción efectiva. Todo el apoyo a los trabajadores de Incob.

La lucha docente se abre paso, a pesar de las provocaciones del gobierno y sus aliados. La tentativa de reemplazar a los maestros con “voluntarios” rompehuelgas quedó atrás. Pero el gobierno ha renovado su escalada: ahora, Vidal quiere instigar al carnereaje, premiando a quienes desconozcan los paros. Los recursos que dicen que faltan para que los docentes salgan de la línea de pobreza, “aparecen” para tratar de quebrar su lucha. Para el gobierno, someter a los docentes al miserable 18% es una cuestión de Estado, de cara a las paritarias que se vienen. Es que los recursos del presupuesto macrista están reservados para los especuladores de la deuda pública, y para los “amigos” Caputo y Calcaterra. Los Massa, el kirchnerismo y otros se han borrado frente a esta lucha decisiva. Es que a la hora de ajustar, sus gobernadores son solidarios con Macri. A despecho de ellos, la huelga docente es nacional, se extiende desde Salta a Santa Cruz. Las burocracias sindicales que responden a estos gobernadores siguen esquivando el paro general, que necesitan los docentes y todas las luchas. Pero la huelga gana en masividad y apoyo, además, dentro de las familias trabajadoras. No puede ser de otra manera: la mayoría de los padres y madres soporta la picota de los despidos, las suspensiones o la caída del salario. Por eso mismo, la huelga docente no está sola: empalma con la ocupación de AGR-Clarín, la lucha de GM en Rosario, la del cordón de San Lorenzo, Sancor y muchas otras. Apoyemos con todo a los docentes. Organicemos comisiones de apoyo en los barrios y lugares de trabajo. Si los maestros le quiebran el brazo al gobierno, habremos abierto un rumbo para todos los trabajadores. Reclamemos e impulsemos la convocatoria a un paro activo nacional. Foto: Javier Entrerriano

En Tierra del Fuego, la persecución y la represión por parte del gobierno de Rosana Bertone (FpV) y de una justicia obsecuente continúan en el orden del día. Se ha confirmado el procesamiento de trece compañeros estatales por el delito de “entorpecimiento de los servicios públicos" Entre los mismos se encuentran José Gómez, secretario general del sindicato de empleados públicos, Afep; Roberto Camacho, secretario adjunto de la CTA-A, y el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, por el corte producido en abril de 2016 en inmediaciones de la planta Orión, cuando se reclamaba por la derogación del paquete de leyes de ajuste. El procesamiento y llamada a declaración fue dictado por la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo. En aquella oportunidad, una patota del gremio camionero atacó a los estatales con la complicidad de las fuerzas policiales, que liberaron la zona. Resulta que Barrionuevo es la misma que determinó que no hubo una zona liberada por parte de la policía en la Planta Orión y exculpó de responsabilidades a los funcionarios del gobierno provincial. Más aún: Barrionuevo sostuvo en enero que “nada de esto hubiera sucedido si los estatales no hubieran provocado a los camioneros" Una mentira que busca colocar a las víctimas como victimarios para exculpar de responsabilidades al poder político y sus fuerzas de choque contra la clase obrera. El ataque judicial no es un rayo en cielo sereno. Se suma a las gravísimas restricciones dictadas por el juez Javier De Gamas Soler, de impedirle el acercamiento a establecimientos públicos y a la gobernadora, al vicegobernador y a distintos funcionarios, que pesan sobre Horacio Catena, secretario general del gremio docente Sutef; Horacio Gallegos, del Soem (municipales); José Gómez, secretario general de Afep, y Roberto Camacho, de ATE y adjunto de la CTA-A, entre otros compañeros. El ensañamiento con los estatales por parte de Bertone no debe sorprendernos ya que, desde su asunción, las medidas de ajustes y los distintos proyectos enviados a la Legislatura provincial contienen un carácter antiobrero y de ataque permanente a las conquistas de la clase obrera. Desde el aumento de la edad ju-bilatoria y la inminente entrega de la caja provincial a las arcas de la Anses, hasta los despidos en el Estado provincial y la continuidad de la precarización laboral con los planes PEL (Programa de Entrenamiento Laboral) por mencionar sólo algunas. Bertone desarrolla una política de ajuste y represión que no tiene nada que envidiarle a la política de Macri. Desde el Partido Obrero de Tierra del Fuego exigimos el inmediato desprocesamiento de todos los luchadores y el cese inmediato de la persecución a todos los que se organizan para enfrentar el ajuste y la represión.

La diputada nacional Soledad Sosa presentó un proyecto de declaración del Partido Obrero en el Frente de Izquierda para que la Cámara de Diputados se pronuncie por la libertad para Higui, presa por ser lesbiana y defenderse de un ataque sexual en banda. El proyecto también repudia el accionar de la Comisaría 2° de San Miguel, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 25 de Malvinas Argentinas, y del Juzgado de Garantías en lo Penal N° 6 de San Martín, provincia de Buenos Aires, por el trato discriminatorio contra la mujer. El 16 de octubre de 2016, en el partido de San Miguel, Eva Analía de Jesús (Higui) fue atacada por diez hombres que intentaron violarla como castigo por ser lesbiana, amenazándola de “empalarla”. No pudieron lograrlo porque ella -que fue golpeada hasta quedar casi inconsciente- se defendió y, en resguardo de su propia vida, le ocasionó una herida mortal a uno de sus atacantes con un elemento punzante que tenía a mano. Higui, una mujer trabajadora y lesbiana que hoy tiene 42 años, era constantemente hostigada por este grupo de atacantes, que pretendían aplicarle una "violación correctiva" sobre su orientación sexual. A ella no se le ha reconocido la legítima defensa en que actuó, ni el beneficio de la duda con prisión domiciliaria hasta que se esclarezca el caso. Sufrió violencia institucional desde el momento de la detención, en un proceso plagado de irregularidades. El Estado y sus instituciones que criminalizan a la víctima, protegen a los atacantes, una banda de criminales lesbofóbicos sueltos en San Miguel. Mientras tanto, Higui se encuentra detenida en una cárcel de Bellavista. Su familia, padres y hermanos, denuncian amenazas por parte de los atacantes y familiares del atacante fallecido. El proyecto presentado por Sosa denuncia que “la situación que está viviendo Higui es un caso concentrado de violencia social e institucional, que refleja la responsabilidad del Estado en la promoción de los prejuicios más retrógrados contra la población LGTBI. El Estado no solo desampara a la víctima, sino que la criminaliza en lo que pretende ser un mensaje aleccionador sobre toda la comunidad LGTBI”. Las masivas movilizaciones de las mujeres contra la violencia de género en nuestro país apuntan a las responsabilidades estatales en la desprotección de las víctimas y en las condiciones materiales precarias de existencia a las que los distintos gobiernos someten a las mujeres trabajadoras y a la enorme mayoría del colectivo LGBTI, que se ve azotado por los crímenes de odio y femicidios. En todo el país se están conformando coordinadoras de organizaciones y mujeres para llevar adelante acciones que vi-sibilicen la situación de Higui, que es un reflejo de lo que padece el colectivo de gays, lesbianas, trans, travestis, bisexuales. El proyecto presentado por nuestra bancada en el Congreso es un aporte a esta lucha.

Vladimir Putin ha autorizado la conmemoración del centenario de la Revolución Bolchevique de 1917 a través de un decreto que encarga la tarea al Ministerio de Cultura. Lo había anticipado en su discurso sobre el estado de la nación, el 1° de diciembre pasado, incluyendo el contenido de la conmemoración: “No podemos arrastrar hasta nuestros días las divisiones, los odios, las afrentas y la crueldad del pasado. Recordemos que somos un pueblo unido. Un solo pueblo”. El propósito es la “reconciliación nacional -siguió Putin- independientemente del lado de la barricada en que hayan estado nuestros antepasados”. Así como los proceratos nacen de decisiones de Estado en función de las necesidades de la burguesía, las conmemoraciones de los hechos históricos no son neutras. Putin, más que otros, ha hecho un uso abusivo y manipulador de la historia, tendiente a la exacerbación del nacionalismo, una política nacida de su propia debilidad -finalmente, la restauración capitalista convirtió a Rusia en un Estado periférico que no tiene posibilidad de oficiar de alternativa a los Estados capitalistas dominantes. La manipulación de la historia en nombre de la Gran Rusia es, al mismo tiempo, la defensa del propio régimen bonapartista del KGB y del sometimiento de la periferia económica y estratégica en un país desgarrado, que no es aún un Estado nacional. En función de estos propósitos, Putin colocó en un lugar de culto nacional tanto el papel del ejército y la nación soviéticas en la Segunda Guerra Mundial -la “guerra patriótica de Stalin”- como en la industrialización forzada en función de sus necesidades políticas de hoy: enaltecer al Estado fuerte, al líder supremo y las Fuerzas Armadas. El aniversario coincidirá, además, con los preparativos de las elecciones presidenciales de marzo de 2018, en que Putin irá por la reelección. ¿Qué hacer con la Revolución Rusa? Varias publicaciones señalan que, una vez lanzada la iniciativa, Putin no sabe qué hacer con el centenario, siendo que ya estamos en febrero, el inicio de la Revolución Rusa. Aunque en la Rusia actual no existe posibilidad de hacer una conmemoración oficial que parta de los hechos ocurridos y su significación histórica, la decisión de Putin obliga al gobierno a decir, por lo menos, qué conmemorar y en qué momento (Gorbachov, en 1985, interrumpió la celebración de la Revolución de Octubre). ¿Por qué Putin aceptó meterse en este brete? Quizá porque es consciente de que el Estado no puede quedar al margen de un episodio histórico que sigue presente y despierta sentimientos encontrados desde hace décadas a la sociedad rusa, más hoy, en presencia de una bancarrota capitalista a escala mundial. “Mientras las manifestaciones se orienten hacia la museificación, no hay problema. Lo que Putin quiere evitar es un movimiento popular”, sostiene un experto en Rusia (Le Nouvel Observateur, 13/1). En función de un “relato” histórico a la medida del régimen, Putin ha comisionado a la Sociedad Rusa de Historia la organización del centenario. No es una jugada inocente. En un comité aparentemente variopinto (figura allí el cineasta Nikita Mijailkov), su director y responsable es Serguei Narishkin, jefe del servicio de Espionaje Exterior. El gobierno ha planteado, además, que la conmemoración debe estar centrada en el proceso que va de Febrero a Octubre del 17 y no poner el foco del fasto en esta última fecha, que para la comunicación oficial es, hoy día, “el golpe de Estado de Octubre”. En lo que pretende ser el manual único de historia escolar, pedido por Putin en 2014 a expertos de la Academia de Ciencias y del Ministerio de Educación, la Revolución de Octubre ya no debía ser identificada como Velikaa (Grande) y, por otra parte, debía ser considerada el fruto de un golpe de Estado, no de una revolución que estableció un doble poder, tuvo el apoyo macizo de la masa obrera y campesina, y condujo a un gobierno de trabajadores que fue refrendado por los Consejos Obreros. Vladimir Medinsky, ministro de Cultura -la otra cabeza de la conmemoración- ha fijado los términos del “relato”: “Es necesario condenar el terror (y) mostrar respeto a los héroes de todos los bandos: los rojos, los blancos y quizá los verdes (las milicias campesinas que, en la interpretación oficial, lucharon por igual contra el Ejército Rojo y el Ejército Blanco durante la guerra civil)” (www.Eldiario.es, 7/1). Es decir, el gobierno se presenta asociado a la Revolución de Octubre para expropiarla políticamente en nombre de una unidad nacional que requiere, como condición, un Estado fuerte. El regreso de Stalin A fines de 2016, Putin consideró absurda la decisión de Lenin de entregar Donbass a Ucrania (así como la de Kruschev de entregar Crimea) y enjuició duramente la política de autodeterminación, incluyendo el derecho a la separación de los pueblos de la URSS. “Muchas de estas ideas -dijo Putin- como la de dotar a las regiones de autonomía, colocaron una bomba atómica bajo el edificio del Estado llamado Rusia, que más tarde explotó” (AFP, 26/10/16). El gobierno de la KGB no puede sino delimitarse del gobierno soviético que en 1917 proclamó la igualdad y soberanía para los pueblos de Rusia, incluyendo el derecho a la secesión y a la formación de Estados separados -además de la abolición de todos los privilegios nacionales. A este posicionamiento se suma el dejar correr el culto a Stalin. Al tiempo que anuncia la construcción de un monumento a todas las víctimas de la represión política en Rusia, no hace nada para detener las distintas iniciativas que han habido en todo el territorio para conmemorar a Stalin. “Se trata más de una idea sutil que de una práctica oficial”, plantea un investigador ruso, para quien esta política comenzó hace tiempo, “conectada con la figura de Putin, su imagen de líder fuerte y su pasado en el KGB” (BBC Mundo, 29/2/16). ¿Qué historia? En Rusia no ha habido juicio y castigo por los crímenes cometidos por la burocracia estalinista, desde el momento que levantaría una losa sobre el papel del Kremlin que amenazaría su subsistencia y dejaría expuestos los acuerdos con el imperialismo. ¿Cómo soportar un juicio público sobre los Procesos de Moscú, la liquidación de la vieja guardia bolchevique, de los generales rojos, sobre la alianza con Hitler, sobre el aplastamiento de las revoluciones políticas? Tanto un decreto sobre el restablecimiento de los derechos de todas las víctimas de la represión política de los años 20 a los 50, firmado por Gorbachov (13/8/90), como otra ley similar votada por la Federación Rusa (1991), fueron papeles en el agua. Putin no introdujo cambio alguno a esta política. Existe un vacío histórico que pretende ser reemplazado por un pastiche que simbolice y que ignore la lucha de clases. El ministro de Cultura ha propuesto construir un monumento en Sebastopol que represente al barón Wrangel, comandante del Ejército Blanco; al anarquista Néstor Majnó, comandante del Ejército Negro -ambos antibolcheviques-, y a Mijail Frunze, comandante del Ejército Rojo que, a las órdenes de Trotsky y junto a una fracción nacionalista, expulsó a los dos anteriores de Ucrania. Los obreros revolucionarios de todo el mundo pondrán, a su tiempo, las cosas en su lugar.

La lucha de AGR-Clarín cumple ya dos meses de sostenida ocupación de la planta y su energía impulsa las tendencias más profundas al desarrollo del paro general contra el ajuste. Los obreros enfrentan el lock out y los despidos con sus propias fuerzas, la organización de sus compañeras y familiares, el acompañamiento de las organizaciones que rodean la toma y la inteligencia clasista colectiva. Prensa Obrera conversó con Pablo Viñas, secretario general de su comisión interna. -Son ya dos meses de ocupación, es una lucha muy larga. ¿Cómo caracterizás la situación? -La patronal y el gobierno tuvieron varias tácticas para enfrentar el conflicto. En las primeras 48 horas, reprimieron mientras nosotros estábamos reunidos en el Ministerio de Trabajo. Luego supimos que no había ninguna orden judicial para llevar adelante esta represión y que fue una orden directa de Patricia Bullrich, que quería intimidar con gases y balas de goma a nuestras familias. En un primer momento, no dejaban que nos pasen cigarrillos siquiera. Nos querían desgastar. Pero no es la primera vez: los trabajadores de AGR hemos dado peleas de largo aliento. Tuvimos un quite de colaboración de 50 días, no hacíamos horas extras o colaboraciones. Teníamos asambleas escalonadas de una hora, de dos horas, de tres y hasta cuatro horas por turno. La patronal nada. A veces, una patronal frente a un conflicto trata de mostrar que no afecta, pero no es así. Nosotros discutimos que nuestro sacrificio tiene para ellos un alto costo, así que lo encaramos de diferente manera. Para Clarín tiene un costo político y económico tremendo y también para el gobierno nacional que lo sostiene. Apostamos a que se rompa esa asociación por el costo que tiene para el gobierno, ya que empalma con una situación hacia el paro general. De hecho, esta lucha ayudó a instalar esta idea. La movilización del 7 de marzo de los sectores industriales salió después de la reunión que tuvimos con el consejo directivo de la CGT. -¿Cómo fue su participación en esa movilización? -Tuvimos el orgullo de encabezar la columna que tenía una posición independiente, obrera, clasista. La bandera que la encabezaba decía “Basta de ajuste, paro general ya” y fuimos con una posición propia: paritarias libres, defensa de los puestos de trabajo, los convenios colectivos, la organización gremial, contra el ajuste y sin plantear subsidios a los empresarios. Clarín es la principal muestra de que esa no debe ser nuestra política: es mayorita-riamente nacional y está recontra subsidiada desde las exenciones impositivas, los semisubsidios como la pauta oficial, las licitaciones del Estado como la guía telefónica, los manuales subsidiados por el Estado o la evaluación docente. A pesar de todo esto, Clarín despide. Por eso necesitamos una política de unidad de los trabajadores para enfrentar el ajuste de la Unión Industrial Argentina y el gobierno. En la movilización del 7 hubo una rebelión de las bases que reclamaron un paro general. Es un cambio que le da muchas perspectivas a nuestro conflicto, que se empieza a entrelazar con la lucha de los docentes, con las mujeres y con los obreros industriales que reclaman un plan de lucha. Nosotros cerramos el acto de la columna independiente planteando que el paro no debía ser a fin de año ni fin de mes, sino que debía ser ya y activo para derrotar el ajuste. -¿A qué se refiere la denuncia por amenazas de desalojo recibidas? -Cuando nuestro conflicto empieza a empalmar con esta rebelión más general contra el ajuste, llega un audio a la redacción de la Prensa Obrera en el que nos enteramos que se están preparando barras bravas en combinación con Gendarmería para un desalojo. Vemos que empezaron con una salida represiva y fracasaron, apostaron al desgaste y fracasaron, y por eso están buscando una línea de provocación que empezó con las infamias que pretendieron mostrar a los trabajadores como rompemáquinas, lo cual hemos desmentido mostrando las instalaciones en perfecto estado a la población, a la prensa, a organismos de derechos humanos y diputados. Ahora nos enteramos de esto, que repudiamos y planteamos reforzar el acampe en la puerta. Hacemos responsables al gobierno de Macri y Patricia Bullrich por cualquier situación represiva policial o parapolicial que ejecuten contra AGR. -Después de estos meses de lucha, ¿se pueden calcular los daños económicos que sufre Clarín? -Son cientos de millones de pesos a esta altura. La tirada del domingo de Clarín es de 500 mil ejemplares. Están resignando la ganancia e imprimen en Chile la revista Viva, tienen que pagar el traslado, el seguro de transporte. La idea de que Clarín es invencible no es así. Y la situación política empalma con una situación más general de luchas. -Realizaron grandes acciones de lucha y seguirán más, ¿cómo explicás su método? -Todas estas acciones no podrían darse si no hubiera un acompañamiento enorme. Ese acompañamiento se da por cómo encaja en la situación más general. Este es un conflicto obrero que enfrenta el ajuste frente a la pasividad de las direcciones sindicales y se convirtió en una expresión de una lucha contra el mismo. Todo esto permitió la masividad de las acciones, junto al acompañamiento de las organizaciones obreras. Tenemos una experiencia en la fábrica de años de enfrentamiento con Clarín que ayuda en la orientación del conflicto. La dureza del grupo Clarín les jugaba en contra porque terminábamos haciendo más músculo en la lucha. De ahí la importancia de la asamblea y de la dirección de la asamblea, que siempre tuvo una política independiente del gobierno y de las patronales, y que le da un norte al conflicto. -¿Qué rol juega el sindicato gráfico? -Al iniciarse el conflicto llamó a un paro de 24 horas, que fue histórico porque hacía 30 años que no convocaba ninguna medida de esa naturaleza. Fuimos críticos de cómo lo implementó, porque fue con permanencia en los lugares de trabajo y eso facilita que las patronales puedan generar una presión para que el paro no se desenvuelva. Más allá de estos límites, el paro permitió que hiciéramos piquetes y asambleas. Arcángel Maggio paró por primera vez en su historia. En dos talleres de Pompeya, se hicieron asambleas y luego se paró. El gremio no garantizó en algunos lugares, pero hubo asambleas por una o dos horas. En otros casos, el paro fue por doce horas. También realizamos una movilización a Plaza de Mayo, donde entregamos una carta dirigida a Macri de manera conjunta. Pero tenemos un debate con el gremio. En la misma movilización a Plaza de Mayo terminaron haciendo un acto de la Corriente Federal cuyo eje era: “Volveremos’. Y el problema es que estamos con un ajuste ahora, no podemos esperar a las elecciones para enfrentarlo. Y por otro lado, quienes ellos quieran que vuelvan están acompañando el ajuste. El gran límite es su subordinación a una política de la patronal. Con sus límites, ha tenido esta intervención determinada también por la enorme lucha de AGR. Un problema es que en su dirección participan miembros de Clarín Zepita, donde se imprime el diario y lo carnerearon. Esa comisión interna participa de la comisión directiva. Como primer vocal aparece el delegado de Clarín Zepita. Es un límite que tiene la intervención del sindicato. Valoramos las movilizaciones, el plenario de delegados, el paro y vamos a seguir apostando a actuar conjuntamente. -El espíritu se mantiene alto. ¿Hubo un aprendizaje político en esta lucha? -Estamos todos haciendo una gran experiencia. Acompañamos mucho la lucha de Poligráfica del Plata. Tenían un gran problema: la gráfica había sido sostenida por la pauta oficial, pero luego no tenían trabajo. Hubiera correspondido que no cerrara y que los millones que había ganado Szpolski sostuvieran el trabajo de la fábrica. El caso nuestro es diferente. Las máquinas están, el trabajo está, los obreros estamos. El reclamo tiene una perspectiva. Los compañeros dicen: “Estamos haciendo historia’. Entonces, la perspectiva y la magnitud del conflicto, el acompañamiento de las familias, el rol de los compañeros que no están en la fábrica y el apoyo de las organizaciones y la militancia le dan un carácter que da mucha fuerza. La organización de la Comisión de Mujeres y Familiares es fundamental para sostener el conflicto. -También sostienen la toma con actividades cotidianas tanto deportivas como culturales o de recreación... -Tenemos un sistema de guardias, tenemos que cubrir adentro distintos puestos, también algunos techos. La empresa está bajo nuestra custodia y hay maquinarias. Hemos hecho campeonatos de fútbol. Tenemos compañeros que en determinado horario trotan y hacen un recorrido por las rotativas como para mantenerse en forma. Un compañero hace jiu jitsu y entrena a otros compañeros. Otro hace kickboxing. Incluso tenemos un peluquero. Podría parecer superficial, pero tiene importancia mantener el estado físico, estar prolijos, mantenernos bien y no convertirnos en unos ermitaños sin salud. El abogado de Clarín decía que esto era un descontrol, que comíamos pizza y jugábamos al básquet. Pero el estado de las máquinas es impecable. No voy a desmentir que jugamos al básquet y que hemos comido pizza. Pero eso es un signo de salud y no de descontrol. Estamos en buen estado para mantenernos en la lucha. -Hubo nacimientos, ¿no? -Desde que se inició esta lucha nacieron dos hijas de dos compañeros que, hay que destacarlo, estaban en la toma. Es muy fuerte estar en una toma mientras faltan días para el nacimiento de los bebés. Han nacido dos compañeritas para nuestra familia gráfica. Foto: Nacho Smith

Marchamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la impunidad de ayer y de hoy, así como también contra el ajuste de Mauricio Macri y los gobernadores. La cita es a las 13, de Congreso a Plaza de Mayo. Esta marcha a 41 años del golpe genocida de 1976 será una respuesta a la alevosa ofensiva del macrismo a favor de la impunidad de los genocidas y al ajuste que la administración nacional y los gobernadores (de todo signo político) aplican contra los trabajadores. La ofensiva del gobierno por la “reconciliación” con los genocidas de la dictadura apunta a consumar el operativo político que el kirchnerismo no pudo llevar hasta el final con César Milani: reintroducir a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna, cuando se intensifican los despidos y la carestía. Dos marchas Este año, como ocurre desde hace más de una década, se realizarán dos marchas: una, la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agrupa a las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y estudiantiles que durante doce años enfrentamos a la represión y la cooptación K y, la otra, la de los organismos cooptados y las agrupaciones kirchneristas, que han malversado la lucha contra la impunidad para apoyar políticamente al gobierno del desfalco de los “Sueños Compartidos”, el encubrimiento de la desaparición de Julio López, el Proyecto X, la entronización del genocida Milani, la perpetua a los petroleros de Las Heras y la alianza con José Pedraza, el asesino de Mariano Ferreyra. La convocatoria independiente y la delimitación política con la marcha kirchnerista no son caprichos sectarios. Se trata de cuestiones de fondo. En base a estas conclusiones, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia lanzó una campaña política para instalar los términos y el horario de su convocatoria. “Son 30.000. Fue Genocidio” “Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy: no a la reconciliación”, “Abajo el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores” y “Perpetua a Milani” son las consignas que, acompañadas en redes sociales del hashtag #YoMarchoConElEMVJ, se difundirán en afiches y redes sociales. También se resolvió una campaña de pronunciamientos de figuras públicas y personalidades que se movilicen con nosotros. Un 24M independiente y de lucha La convocatoria del EMVyJ denuncia los crímenes y la represión de la dictadura, y también los crímenes y la represión de la democracia. Con esa tradición de lucha vamos a enfrentar a la ofensiva macrista y a apoyar las luchas de los trabajadores, las de los docentes, de los gráficos de AGR-Clarín, de General Motors y de todo el movimiento obrero, a pesar de la tregua de la burocracia sindical. A poco más de dos semanas de la movilización del 24, impulsemos una fuerte campaña de instalación y difusión de la convocatoria del EMVyJ. Llenemos Plaza de Mayo y todas las plazas del país. 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes! También te puede interesar: 24 de Marzo: declaración encubridora de La Mella, Yacobitti y los decanos

Varios trabajadores de Fundación Santa Cruz Sustentable fueron notificados la semana pasada de la elevación a juicio de sus causas por un corte de ruta realizado en octubre de 2012. A la medida en cuestión habíamos llegado los trabajadores luego de extensos reclamos a Daniel Sloper -quien en ese momento era interventor- de que cumpla con el aumento homologado en paritarias, habiendo agotado los correspondientes “pasos legales". En respuesta al corte, y por solicitud del gobierno, la jueza Yañez ordenó en aquella ocasión el desalojo de los manifestantes, y tuvo lugar una represión feroz con 26 trabajadores y trabajadoras detenidos. Luego de esto, volvieron a negar los reclamos y a pagar sumas en negro, mientras que Sloper fue premiado con el cargo de ministro de Gobierno de Daniel Peralta. Las notificaciones aparecen ahora, luego de cinco años en los que a muchos de los trabajadores nunca se les informó que había pasado con la causa, asignándoles de prepo un “defensor oficial" al que recién conocerán en el juicio. Una cadena de ataques Al llamado a juicio se suma la notificación de indagatorias a más trabajadores de la Fundación, que durante 2015 nos manifestamos en la ruta porque el gobierno de Alicia Kirchner pretendía dejar sin trabajo a más de 230 familias que dependían de la empresa. Como fue de público conocimiento, no hubo solución al conflicto hasta que llegamos a la ruta. Así y todo, los trabajadores debimos seguir reclamando, ya que nunca se cumplió con los compromisos establecidos -por el contrario, se ha profundizado el vaciamiento de la empresa y la tercerización del trabajo en entes públicos. En abril de 2016 dimos a conocer esta situación a la jueza Yañez; mediante nota le planteamos el cuadro que seguíamos atravesando y que lo que reclamamos es que se cumpla con la ley y lo acordado. Todos estos años los trabajadores hemos sido empujados a la ruta; la ley solo importa cuando puede ser utilizada contra la clase obrera, y no frente a los desfalcos y maniobras del empresariado y los fun- cionarios con el dinero estatal. Por todos estos motivos, reclamamos la inmediata absolución de nuestros compañeros. En un año que se prevé de grandes luchas, contra el ajuste de Macri y de los gobernadores, rechazamos la criminalización de la protesta social. En lucha Esta semana se realizó una conferencia de prensa con el acompañamiento de la gremial docente Adosac, delegados municipales, petroleros, estatales, el Partido Obrero y otras organizaciones de izquierda. El próximo jueves 16, vecinos y organizaciones vamos a marchar, a partir de las 9, desde el Gorosi-to hasta la Prefectura, donde se constituirá el Juzgado Federal que llevará adelante el juicio. Conquistamos nuestro trabajo con lucha, y luchando lo vamos a defender.

El 8 de marzo, la movilización protagonizada por hombres y mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, dejó una enorme huella en la historia de nuestro país y el mundo entero. En Uruguay, la movilización fue la más grande en los últimos 20 años, con 300.000 personas ganando las calles en reclamo por los derechos de las mujeres. Cincuenta países adhirieron a la convocatoria del paro internacional de mujeres. Una convocatoria sin precedentes, donde millones de mujeres en el mundo entero alzamos nuestra voz denunciando toda la violencia a la que estamos siendo sometidas las trabajadoras, en el marco de una crisis brutal que, sin duda, nos golpea con mayor fuerza particularmente a las mujeres. En Uruguay hubo varias actividades en transcurso del día: talleres, asambleas y representaciones artísticas, entre otras. Pero, sin dudas, la convocatoria más concurrida (convocada por la coordinadora de feminismos) fue la de la marcha que comenzó en la plaza Libertad sobre las 18 horas. El PIT-CNT convocó a un paro parcial y a la movilización. Algunos sindicatos como los municipales y docentes de Montevideo paralizaron sus actividades 24 horas. El Plenario de Mujeres Trabajadoras (PMT) desenvolvió una gran agitación política denunciando al Estado no sólo por su inacción respecto de los femicidios, bajos salarios y precarización laboral que sufrimos las trabajadoras, sino por su responsabilidad política en la opresión de la mujer. Las consignas levantadas por el PMT no sólo hacían foco en los femicidios (que ascienden a 8 en lo que va de 2017) sino al derecho sobre nuestros cuerpos, sistemáticamente violentado como lo expresa el fallo de la jueza Pura Concepción, que impidió la realización de un aborto a una mujer contrariando la ley vigente. Reclamamos su inmediata destitución y denunciamos la responsabilidad en este caso, tanto del clero como del propio Estado que lo ampara. La agitación política del PMT fue enorme, se repartieron 3.000 volantes y centenares de boletines “Paso a las Luchadoras”. Nuestra columna en la movilización desarrolló, a partir de canciones, bombos y redoblantes, una gran agitación que hizo carne en miles de compañeras y compañeros que marchaban. En el conjunto de la marcha se pudo ver el rechazo de mujeres y hombres respecto de una política cada vez más clara de responsabilidad en la violencia contra las mujeres por parte del Estado. La masiva movilización Muchas representantes del gobierno y la oposición participaron de la marcha, en un acto de descaro, intentando exonerar sus responsabilidades respecto de la nefasta política que aplican votando presupuestos de ajuste, atacando a docentes y maestras, sin dar ningún tipo de solución a los problemas de las mujeres. Esta jornada histórica, de lucha contra el régimen que nos oprime y su Estado, es el mejor homenaje y un recuerdo vivo de las mujeres rusas, protagonistas hace 100 años de una enorme huelga que daba comienzo a la revolución de febrero. Estas mujeres son el origen de esta generación que ha protagonizado de forma internacional una gran rebelión política, en respuesta a la crisis social y económica. Culminamos la jornada con un gran festival de la juventud del PT en plaza Libertad con cerca de cinco mil compañeros, donde tocaron bandas como la Rikotera y el Pecho y Cabra de Las Manos de Filippi (la febril actividad de la juventud continuó con un importante campamento, en el que participó Jorge Altamira del curso central sobre el centenario de la Revolución Rusa). El Plenario de Mujeres Trabajadoras realizó una oratoria en el festival en Plaza Libertad, saludando la gigantesca movilización de la que fuimos parte y culminando con un grito bien fuerte: “Compañeras y compañeros, nuestra lucha por la liberación de la mujer va de la mano de la unidad con la clase obrera, por la superación de este régimen de explotación sobre el cual se erige la cultura machista, clerical y misógina. Llamamos a todas las compañeras a sumarse a la lucha por construir una salida propia de los trabajadores, en una perspectiva socialista”.

En un hecho muy poco usual para el tango, 50 grandes músicos de la escena actual tocaron y pusieron el cuerpo en el festival que Músicos Organizados ofreció este domingo 12 en las puertas de la planta ocupada de AGR-Clarín en defensa de los puestos de trabajo y contra los despidos. Seis horas ininterrumpidas de música sonaron para el disfrute de los 300 espectadores que se acercaron a Pompeya. Por el escenario pasaron Patricia Barone y Javier González, la Orquesta Típica Cambio de Frente, 34 Puñaladas, la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, Diego Schissi Cuarteto, Guillermo Fernández, Hernán Reinaudo, Agustín Guerrero Quinteto y Juan Martín Scalerandi, Pablo Marchetti y Rafael Varela, y cerró pasadas las 22 horas el sexteto Astillero. También hubo decenas de bailarines en una improvisada pista de baile. Estuvieron presentes el legislador del PO-FIT, Marcelo Ramal, quien charló con los músicos presentes comentándoles sobre el conflicto y la importancia de que los artistas se acerquen a rodear esta lucha; la dirigente del Plenario de Trabajadoras Vanina Biasi y la diputada nacional Victoria Donda. Todos los grupos denunciaron al grupo Clarín y se pronunciaron por el triunfo de la lucha de sus trabajadores en una suerte de “barricada antigarcas” como llamó el ex director de la Revista Barcelona desde el escenario a quienes estamos por el triunfo de la lucha de los compañeros de AGR. También hubo palabras de apoyo a la huelga docente y contra el ajuste. Pablo Viñas, desde adentro de la planta, agradeció en nombre de la comisión interna la enorme participación y apoyo de los músicos. Pasó así un nuevo festival en las puertas de AGR-Clarín en apoyo a esta gran lucha obrera, enmarcándolo también en la campaña que Músicos Organizados está realizando por la recuperación de su sindicato. Es por ello que durante la jornada se llamó a todos los músicos a afiliarse para que este año transformemos al Sadem en una herramienta que esté al servicio de los músicos. Foto: Javier Entrerriano

El derrumbe de Sancor es un alegato inapelable de la política capitalista y sus consecuencias catastróficas. El consumo interno de este año es el menor desde la salida de la crisis de 2001 y se ubica a niveles similares de ese momento. “En promedio, durante 2015 se consumían 28,97 litros al año, mientras que en la actualidad se consumen 23,12, de acuerdo con un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda” (El Destape, 9/3). Este desplome es una medida del crecimiento que está teniendo la pobreza. Si hay un producto que es esencial en una canasta básica alimentaria es, precisamente, la leche, que, por ese motivo, su consumo es preservado por las familias aunque los precios suban (demanda inelástica). Cuando enfrentamos una declinación en el consumo de estas dimensiones, este hecho, muy probablemente, esté indicando que el empobrecimiento es, inclusive, mayor de lo que indican las estadísticas oficiales. La crisis de la industria láctea hunde, por lo tanto, sus raíces en esta brutal caída del mercado interno. Esto es lo que está en la base del colapso del sector y no el exceso de personal, que ha pasado a ser el latiguillo sobre el que vienen batiendo el parche la patronal y también la propaganda oficial. El gobierno actual, y agreguemos los gobiernos provinciales cómplices, se declaran “ajenos” a la crisis de Sancor cuando son sus primeros responsables. Basta como botón de muestra el conflicto docente, que envuelve a todas las provincias, que tienen como eje la paritaria nacional, un aumento y la recuperación de los salarios, que están por debajo de la canasta de pobreza. El empobrecimiento es un fenómeno que se extiende y comprende cada vez a más asalariados en blanco y no sólo a trabajadores precarios y en negro. Importa señalar que este proceso ya venía desde el kirchnerismo, como lo indican los niveles de pobreza, que rozaban el 30%. El macrismo ha retomado y profundizado esta tendencia. La crisis de Sancor y de la industria, de un modo general, ya viene de antes. La política de la empresa, en connivencia con el kirchnerismo, fue tratar de buscar una salida a esta caída en un acuerdo con Venezuela, lo que terminó siendo un salvavidas de plomo, pues esa nación dejó de comprar y de pagar con una deuda que resulta incobrable. De un modo general, la industria láctea tampoco ha escapado de los cimbronazos de la crisis capitalista mundial, que ha traído aparejado un derrumbe de la demanda global de productos lácteos y caída de sus precios (empezando por la leche en polvo). Pero, la declinación de las exportaciones (se redujo en un 40% entre 2015 y 2016) no es suficiente para explicar el derrumbe actual. En realidad, si el consumo interno estuviese a la altura de las necesidades sociales, lejos de cerrarse plantas deberían abrirse nuevas, reactivarse la industria y tomar más trabajadores. El retroceso del consumo popular es lo que, a su turno, explica que “la caída de producción de lácteos fue la peor desde la década de 1970” (ídem). Esto ha tenido un efecto cascada, empezando por los productores, que se les reconoce precios con los cuales ni siquiera cubren sus costos. “A los tamberos les pagaron en promedio 3,2 pesos por litro durante 2016. La suma no les alcanza ni para pagar el incremento en los costos como la luz y el gas” (ídem). Sancor intentó sobrevivir, entre otras cosas, con un ajuste a los productores, que concluyeron disminuyendo la entrega de la materia prima y recortando su capacidad de producción. “De 2,4 millones de litros pasó a procesar 1,7 millones” (La Nación, 10/3). Sancor es una cooperativa y tal como ocurre con otros casos, bajo su fachada, tenemos una camarilla capitalista, que terminó conspirando contra los propios tamberos, que son sus socios. Costo empresario El problema de Sancor no es el costo laboral sino el costo empresario. La reducción de la produccion ha ido de la mano de un aumento de la capacidad ociosa y con ello del aumento de los costos fijos a lo que hay que sumar los tarifazos y la devaluación. Ni hablemos del costo financiero: Sancor tuvo que soportar intereses usurarios que fueron creando una deuda que asciende a 280 millones de dólares. Dentro de sus principales acreedores figura llamativamente, aparte del Bice (banco de origen chileno), “fondos de inversión”, que habrían realizado préstamos a la empresa. Todo esto debe ser investigado, incluida la cesión que el directorio hizo el año pasado de sus productos más rentables -empezando por su negocio estrella de yogures- a Vicentín -una de las empresas nacionales líder en la producción de aceites. Sancor, parcialmente, pasó a ser una “tercerizada” de este grupo económico. El proceso de copamiento de la empresa, que comenzó en 2016, pretende ser completado ahora. La campaña que se extiende por los medios sobre la “inviabilidad” de Sancor es funcional a este operativo, aunque, por más empeño en este sentido, no se puede disimular que es un “bocato di cardinale”. Prueba de ello es la multitud de interesados, entre los cuales “se alistan las empresas Adeco, Coca-Cola, Milkaut, Foterra y Vicentín” (Clarín, 9/3). A este listado, hay que agregar el mayor grupo lácteo del mundo, Lactalis. El gobierno de Macri tiene un papel determinante en este traspaso de manos en preparación, al negarle la entrega de un segundo tramo de un crédito que se había comprometido. El desembolso del préstamo tiene como paso previo el despido de 1.500 trabajadores, que es una condición puesta por los interesados en comprarla. El “trabajo sucio” debería ser hecho por la actual patronal. Programa Hay que rechazar esta extorsión. No se debe aceptar ningún despido. Los trabajadores no sobran, sino faltan, si tenemos en cuenta las necesidades populares, que deberían ir de la mano de una reactivación de la producción a los fines de satisfacer el consumo de los productos lácteos, que son prioritarios. El problema no es el costo laboral, sino la gestión capitalista que enfrenta una crisis y contradicciones crecientes e insuperables. Los trabajadores de Sancor deben tener acceso a toda la información sobre la realidad de la cooperativa y de las negociaciones en curso y no ser convidados de piedra; que se abran los libros y las cuentas de la empresa. Una comisión electa en asamblea general y responsable ente ella debe ser la encargada de llevar adelante estas funciones. Esto debe ser sostenido, poniendo en pie de lucha a los 4.000 trabajadores de Sancor.

Nuestra Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo se dirige a usted con el objetivo de solicitar al gobierno que representa en Uruguay intervenga en la resolución de la situación dramática que atraviesan los trabajadores gráficos y sus familias de AGR-Clarín. Estos, como es de público conocimiento, se han visto obligados a ocupar la planta y llevan 50 días en esta situación, ante la maniobra empresarial para mantener su producción y ganancias intactas, mientras despide a todos los trabajadores de su empresa. Nos resulta violatorio del derecho al trabajo y de todo el derecho laboral internacional que más de 300 familias sean despojadas de sus puestos de trabajo mientras la empresa Clarín sigue sacando sus publicaciones en otros talleres con el único objetivo de quebrar la convención colectiva y la organización sindical para precarizar las condiciones de trabajo. Solicitamos por ende la inter-vencón de su gobierno para la reapertura inmediata de la planta gráfica de AGR y la reincorporación de todos sus trabajadores a sus puestos de trabajo. Saluda atentamente. Foto: Bernardo Cornejo