Prensa Obrera N° 1446

El fondo de lucha es una herramienta clave para evitar que la patronal ahogue económicamente el conflicto. Así lo han entendido los miles de trabajadores y estudiantes que han hecho su aporte en las más de 40 colectas realizadas en los lugares de trabajo y de estudio. Así lo han entendido también los obreros y la Comisión de Familiares que se han puesto al frente de ellas. Y así lo han entendido también los sindicatos, comisiones internas y centros de estudiantes que las organizan. La importante recaudación y cantidad de aportes obtenida en muchos lugares es el síntoma de la simpatía que despierta la aguerrida y estratégica lucha de los obreros de AGR-Clarín. Los choferes de la Línea 60 se sumaron a la campaña, colaborando con el fondo de lucha y publicitando el conflicto con un cartel adherido a los colectivos. Carlos, activista conocido como "Clark Kent", con 10 años de antigüedad en la empresa, entrevistado por Prensa Obrera dijo: "La solidaridad con otros conflictos obreros es algo que hemos incorporado, hubo un periodo de maduración en el que los compañeros aprendimos a ayudar a otros que lo necesitan, aunque no sean siempre choferes. Sobre todo con el conflicto del año pasado de 42 días, cuando los compañeros se dieron cuenta de que somos todos trabajadores, compañeros. Cuando fue nuestra lucha se acercaron de todos los sectores, inclusive los compañeros de AGR que vinieron a apoyarnos. Vemos que es muy injusto que un grupo monopólico los deje sin trabajo". Pero no sólo fue Constitución, dado que la colecta se desarrolló también en la cabecera de Maschwitz. Los aceiteros de Nidera recorrieron la planta de Valentín Alsina haciendo una colecta. Los compañeros habían participado con una importante columna el día del abrazo a Clarín Zepita, como también lo hizo la Federación Aceitera, por lo que esta acción con el fondo de lucha se inscribe en una sostenida participación para que los gráficos ganen. En las papeleras Kimberly Clark y Smurfit Kappa el fondo también dijo presente, lo mismo que en la alimenticia Felfort. Entre los estatales, las colectas han sido particularmente exitosas. En el Hospital Garrahan se recolectaron más de 150 aportes y en el Acumar la recaudación ascendió a casi 10 mil pesos. Hubo colectas importantes en el Inti (12 mil pesos) y también en el Ministerio de Trabajo, o sea en las barbas de Triaca. Junto a miembros de la Comisión de Familiares de los trabajadores de AGR Clarín y delegados estatales de Tribuna Estatal, el fondo de lucha también fue llevado a gran parte de las dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El interés y la preocupación de los trabajadores de Justicia (que vienen de enfrentar los despidos masivos y actualmente se encuentran en lucha por la efectivización de las adecuaciones salariales en el INAI) hizo que se multiplicaran los sitios previstos para la recorrida; incluso que se abarcara a otros organismos que se encuentran en el predio, como Educar y Canal Encuentro. El resultado de estas recorridas fue una recaudación superior a los 30 mil pesos. El fondo recorrió también el Hospital Posadas, el Zubizarreta y el Moyano, donde se juntaron casi 40 aportes. Entre los no docentes de la UBA, se llevaron a cabo actividades importantes en el Hospital de Clínicas, en las sedes de la Facultad de Ciencias Sociales (Marcelo T. de Alvear y Constitución) y en el Rectorado (sede Uriburu). Un punto destacado fueron las recorridas por el Ferrocarril Sarmiento, en compañía de Rubén "Pollo" Sobrero y otros delegados. La buena recepción de los ferroviarios se plasmó en los $7500 recaudados, así como en el debate en las cuatro asambleas realizadas en la estación Once y los talleres de Villa Luro, Liniers y Castelar. El fondo también estuvo presente en el subte y, en Ezeiza, entre los aeronáuticos. Entre los periodistas hubo colectas en Télam, Tiempo Argentino, Página 12 y Perfil. También se destaca la actividad en el Edificio República de Telefónica. Y en la Facultad de Arquitectura, junto al Centro de Estudiantes, se realizó una recorrida con buenos resultados en pleno receso vacacional. A todo esto debemos sumar el aporte realizado por los propios sindicatos y juntas internas de más de una decena de gremios. Un dato a destacar de las recorridas es el gran impacto causado por las intervenciones de los obreros y las compañeras de la Comisión de Familiares. Su presencia motivó una fuerte deliberación acerca de los problemas que enfrenta el movimiento obrero, por ejemplo en el Ministerio de Justicia, ferroviarios, INTI. En resumen, el fondo de lucha es un potente instrumento de agitación, organización obrera y de solidaridad con el conflicto.

Un grupo de catedráticas, mayoritariamente de Estados Unidos, ha publicado un llamado haciendo referencia a una nueva ola de feminismo que se ha abierto en el mundo y planteandoque dicho movimiento se inscriba en una estrategia anticapitalista: “Aunque el disparador inmediato de la respuesta masiva del 21 de enero fue la misoginia explícita de Trump, el ataque contra las mujeres (y toda la población trabajadora) antecede por mucho a esta administración”, señala certeramente la declaración. El texto se encuentra motorizado por las masivas movilizaciones de mujeres que han conmovido al mundo, entre ellas la que se produjo en EE.UU. el 21 de enero, colocando a más de 2 millones de personas en las calles. La explosividad de la protesta, allí y en otros países, ha colocado a las firmantes en una honesta y verdadera reflexión: cómo hacer para impulsar un movimiento de masas con una orientación que, como ellas plantean, represente un “feminismo del 99%”. Una de las firmantes, Cinzia Arruzza, escribía en un medio digital: “El hecho más notable acerca de la marcha de mujeres es la participación masiva de personas sin experiencia política previa, ni participación en la protesta. Este hecho por sí solo, más allá de las limitaciones políticas que han caracterizado a la convocatoria de la marcha y su representación pública en los medios de comunicación, debería ser una razón para el optimismo, así como una invitación a pensar seriamente acerca de cómo mantener el impulso y sobre las formas en que las movilizaciones de las mujeres pueden actuar como un disparador para el nacimiento de un movimiento de masas; hacer frente no sólo a las políticas de la derecha agresiva de la administración Trump, sino también los efectos del neoliberalismo y el racismo institucional en la vida de millones de mujeres y la clase trabajadora en general” (Novara Media, 01/02) Cinzia Aruzza es italiana y desarrolla su actividad profesional como profesora de New School for Social Research de New York. Nuestra organización, el Plenario de Trabajadoras, incluyó un texto de esta académica y activista en un libro de textos seleccionados que publicamos hacia el Encuentro Nacional de Mujeres de 2016 titulado “La lucha socialista por la emancipación de la mujer”. La publicación de Arruzza, “Reflexiones degeneradas: patriarcado y capitalismo”, retoma el hilo de un debate relativo al vínculo entre patriarcado y capitalismo en el cual la autora caracteriza que el patriarcado no existe como un sistema autónomo ya que la opresión de género, así como la opresión racial, son parte integral de la sociedad capitalista, "a través de un largo proceso histórico que ha disuelto anteriores formas de vida social". La declaración actual busca imprimir al Paro Internacional de las Mujeres del próximo 8 de marzo, una orientación anticapitalista e independiente, alejada de cualquier conciliación con el “feminismo corporativo”, como el que se manifiesta en la virtual conducción de ex funcionarias del Partido Demócrata en el enorme movimiento de mujeres que se pone en pie. En contraposición a estos sectores, proponen atender un programa de clase, en defensa de las mujeres, los inmigrantes y la clase obrera en general: “el feminismo lean-in y otras variantes del feminismo corporativo nos ha fallado a la inmensa mayoría de nosotras, que no tiene acceso a la autopromoción y el progreso, y cuyas condiciones de vida solo pueden mejorar a través de políticas que defiendan condiciones de vida dignas, aseguren los derechos reproductivos y garanticen los derechos de las y los trabajadores”. Inspiradas en el “Ni Una menos” de Argentina “Al plantear un feminismo para el 99%, nos inspiramos en la coalición argentina Ni Una Menos”, señalan en el texto, y explican qué es lo que las acercó al movimiento en nuestro país: “la violencia contra las mujeres, como ellas la definen, tiene muchas facetas: es doméstica, pero también del mercado, de las relaciones de propiedad capitalista, y del Estado". Este entusiasmo por el movimiento en la Argentina, ratifica algo que hemos marcado: el esfuerzo realizado aquí para no limitarnos a describir un fenómeno cultural, sino para unir la cultura machista y misógina al régimen social de explotación y a su Estado, que se sirve de estos vínculos y de estas prácticas como un enorme instrumento de disciplinamiento social y como pata fundamental de la precarización y la esclavización laboral; es decir, como un instrumento del capital para incrementar su tasa de beneficio en medio de una bancarrota capitalista mundial sin precedentes. Los esfuerzos por señalar la responsabilidad del Estado se han encontrado con no pocas oposiciones, sencillamente porque como ocurre en Estados Unidos, cierto sector del “feminismo corporativo” al decir de estas mujeres, o del “feminismo estatal” como lo llama la feminista italiana Silvia Federici, actúan al interior del movimiento para encauzarlo políticamente según el interés de sectores que se benefician a la sombra del Estado. Sin embargo, la denuncia contra el régimen social responsable de la opresión contra la mujer es inevitable: es lo que muestra que el movimiento masivo es peligroso para el poder de la burguesía y de la Iglesia. La declaración viene a cumplir un rol fundamental en el firmamento de la rebelión internacional de las mujeres. Debemos garantizar desde hoy la acción internacional que coloque todas las demandas de las mujeres trabajadoras, desde la referida a los derechos sexuales, pasando por los derechos laborales y materiales, fundamentales para hacer consciente la necesidad de la independencia social y política de las mujeres y de su lucha por la emancipación y la libertad, convirtiendo al Paro Internacional de las Mujeres en otro hecho de carácter histórico. ¡Viva el Paro Internacional de las Mujeres!

La gran jornada de lucha impulsada por los obreros de AGR frente a la planta de Zepita-Clarín, donde se imprime el diario, culminó cerca de las 7 de la mañana con un balance más que positivo. En palabras de Pablo Viñas, secretario general de la Comisión Interna, "los diarios no salieron. Éxito del abrazo solidario por los obreros de AGR. Gracias a los camioneros de base. Unidad de los trabajadores". La envergadura de los tres piquetes desarrollados por las organizaciones que acompañan a los obreros empujó a los choferes de los camiones -en un acto de solidaridad obrera- a tomar la decisión de no trasladar el material. Otros camiones no pudieron cargar los ejemplares. Al amanecer, un contingente de choferes se retiraba de la planta. A primeras horas de la mañana, el diario no podía conseguirse en varios barrios de la Capital y no llegó a numerosos puntos del interior del país. Finalmente, sólo un operativo con camionetas alquiladas permitió su distribución tardía en la ciudad de Buenos Aires. En varios lugares del Gran Buenos Aires la edición tampoco llegó o hubo fuertes faltantes. El abrazo a la planta Zepita fue acompañado del lanzamiento de una campaña que llama a no comprar aquellas publicaciones que la patronal está desviando a otros talleres con el propósito de quebrar el conflicto. Entre ellas se encuentra la revista Viva, que acompaña la edición dominical de Clarín. En las primeras horas de la jornada de lucha, el hashtag #NocompresClarin se transformó en la primera tendencia nacional en Twitter y la campaña encontró un amplísimo eco popular. La revista Barcelona se plegó ese mismo sábado a la campaña. Frente a Zepita se desarrolló un acto donde hablaron referentes obreros del Sutna, aceiteros, Suteba La Plata, ferroviarios, AGD-UBA, Naranja Gráfica, la Línea 60 (estuvo presente la mamá del chofer David Ramallo, que murió en un accidente como resultado de la negligencia patronal), de Amsafe Rosario, Sitraic, Ademys, No Docentes, telefónicos, de la Comisión Interna de Canal 7, Editorial Perfil, Alicorp, Pilkington, Ministerio de Hacienda, entre muchos otros. Cerraron el acto las compañeras de la Comisión de Familiares, que están cumpliendo un rol organizativo clave en el conflicto. Casi todas las organizaciones sociales y piqueteras de la Villa 24 participaron de la acción, en la esquina de Luna y Zepita. Una semana más tarde, la redacción del diario de Héctor Magnetto abandonó las tareas a las 15 horas del sábado por una decisión de la dirección. La patronal del grupo Clarín ordenó adelantar el cierre de modo escandaloso para que su producto saliera el domingo a la hora habitual. Una estafa a los lectores. El cierre adelantado de la edición de Clarín fue acompañado por la militarización de la planta de Zepita. Un verdadero operativo de guerra se materializó en el barrio de Barracas. Operativo que también se mantiene con retenes en los alrededores del diario Clarín en la calle Tacuarí.

Las masas rumanas llevan una semana consecutiva de movilizaciones de cientos de miles de personas. Ocurre que el gobierno socialdemócrata que resultó ungido de la elección del 11 de diciembre pasado está sufriendo las movilizaciones populares más grandes desde la caída del muro de Berlín y del gobierno de Ceaucescu. Si se produce la caída del primer ministro, estaremos ante el segundo gobernante que cae debido a la movilización popular. En noviembre de 2015, una rebelión se llevó puesto a un primer ministro, también socialdemócrata, debido a enormes manifestaciones que reclamaban su renuncia luego de un Cromañón rumano. Las manifestaciones actuales son en rechazo a un decreto firmado por el Ejecutivo que despenaliza algunos delitos de abuso de poder y de corrupción si han provocado un perjuicio no superior a 200.000 lei (44.000 euros). El gobierno, finalmente, debió retroceder en su intento de aplicar el decreto no solo a los nuevos casos, sino también a las investigaciones y juicios en curso. La medida eliminaba la consideración de delito de negligencia penal y aligeraba el concepto de conflicto de intereses. Crisis de régimen El régimen bipartidista en Rumania se encuentra en quiebra total y se ha demostrado incapaz de contener los reclamos de las masas. El fracaso de ambos partidos generó un descontento generalizado que se plasmó en las últimas elecciones en las urnas: solo el 39% de los ciudadanos acudieron a votar. Ni liberales ni socialdemócratas despertaron el entusiasmo popular. En ocasión de la caída del primer ministro en 2015, el presidente —del Partido Nacional Liberal— colocó en su lugar a un tecnócrata, vinculado con la cúpula de la Unión Europea, quien gobernó el país hasta las elecciones recientes. Sin embargo, en los trece meses que duró su mandato las paupérrimas condiciones de vida de los trabajadores rumanos no se modificaron. El salario medio es de 400 euros por mes, lo que implica que grandes capas se encuentran muy por debajo de ese número, convirtiendo a la clase obrera en una de las peores pagas de todo Europa. Esto ayuda a configurar un cuadro de fuerte malestar popular. Rumania lleva nueve años como miembro de la UE y sigue siendo la segunda economía más pobre de la región. La experiencia ha sido concluyente, las ilusiones de un progreso asociado al protectorado alemán han chocado con la realidad de un país que no consigue salir a flote. Como otros países de la región, Rumania es un territorio de disputas geopolíticas internacionales. Ubicado en el bajo vientre ruso, es concebido como una apetecible plataforma por yanquis y europeos para avanzar en una colonización de Rusia. Estos últimos, a su vez, también buscan incidir en la zona. Perspectivas El recule del gobierno y la marcha atrás de la autoamnistía no devolvió a los manifestantes a sus casas, porque la evolución política que tuvo la protesta marchó hacia un destino claro: la renuncia del primer ministro. El escenario inmediato es el de una pelea parlamentaria que difícilmente modificará algo. Por un lado, la oposición presentará una moción para formar un nuevo gobierno, que seguramente será rechazado por la mayoría socialdemócrata. Por otro lado, desde el gobierno entienden que el problema de la medida fue de “comunicación” e intentarán pasarlo por el Congreso. Pero las masas rumanas, en acción, no han cejado en su propósito de voltear a otro gobierno de una Europa convulsionada.

Las afirmaciones del fascista salteño Alfredo Olmedo respecto de la construcción de un muro en la frontera boliviana sólo han servido para disimular dos cuestiones. En primer lugar, el carácter absolutamente persecutorio –también fascistoide– del decreto macrista que modifica la ley de Migraciones; en segundo lugar, el apoyo de la supuesta “oposición” a este decretazo contra la población migrante, por un arco que va desde Sergio Massa hasta la kirchnerista Diana Conti. El decreto no modifica la ley de Migraciones; es, en verdad, la redacción de una nueva ley que altera y extiende todos los aspectos restrictivos de la norma anterior respecto de la población extranjera. El decreto reduce de 180 a 90 días la vigencia de las residencias precarias, cuya prórroga, añade, no “resulta residencia válida a los efectos del arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente”. Establece, por lo tanto, un sistema de prórrogas indefinidas, sujetas a la arbitrariedad de una omnipotente Dirección de Migraciones. Si el afectado introdujera un recurso judicial por la cancelación de su residencia, el Estado podrá conceder una “permanencia transitoria”, que se extinguirá cuando “se desnaturalicen (sic) los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento”. No puede haber nada más ambiguo —y sujeto a la discrecionalidad— que el término “desnaturalización”. El decretazo impide “el ingreso al país de aquellos que tengan antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan, según las leyes argentinas, penas privativas de libertad”. En la ley original, ese impedimento se reducía a las condenas en firme con tráfico de armas, de personas, narcotráfico o lavado de dinero. Por los mismos motivos –antecedentes, condena no firme “o desnaturalización” de las razones del ingreso–, el Estado podrá disponer la salida del extranjero que ya ingresó al país. Basta, por lo tanto, un simple procesamiento, para que el Estado disponga una expulsión. La dirección de Migraciones, sin embargo, se reserva la “admisión o permanencia excepcional” de ciertos extranjeros. Esa posibilidad, por caso, podrá “ser concedida a los que brinden en sede judicial información (sobre) alguno de los delitos contra el orden migratorio”. El decreto incorpora, por lo tanto, una suerte de “ley del (migrante) arrepentido”, donde la permanencia en el país podrá ser obtenida a cambio de delatar a otros inmigrantes. Finalmente, el decreto incorpora un régimen de expulsión “sumarísimo” que incluye “la retención preventiva (del extranjero) en todo momento del procedimiento administrativo o del proceso judicial, hasta que se concrete la expulsión”. El decretazo antimigratorio será complementado, según se informa, por la creación de una policía y de un fuero judicial migratorios, esto es, de un régimen especial de justicia y represión a la medida de la disposición oficial. El zorro y las gallinas Los opositores han apoyado esta aberración con el argumento de que “sólo se persigue a delincuentes o narcos”. Pero soslayan que el decreto otorga verdaderos superpoderes a un Estado y a unas fuerzas de represión surcadas, precisamente, por sus vínculos estructurales con el delito organizado. A caballo de este decreto, la policía –y su versión “migratoria”– tendrá amplias facultades para extorsionar a los inmigrantes con sus recursos conocidos –“plantar” pruebas, fabricar evidencias, promover falsas delaciones– y, sobre esta base, armar la peor de las extorsiones: a los migrantes, se les ofrecerán “legajos limpios” a cambio de participar en las redes delictivas que cuentan con protección estatal. Nos referimos, por un lado, al tráfico de drogas. Por el otro, a la trata de personas y el sometimiento al trabajo semiesclavo, en los sórdidos talleres clandestinos que pululan a la vista de los “inspectores” de Trabajo. Bajo la espada de Damócles de la expulsión del país, los socios estatales del delito organizado contarán con un arma de chantaje invalorable. Es esto lo que aplauden, en las últimas horas, los “demócratas” de toda laya en la Argentina. Los apologistas del decreto reaccionario muestran a las villas porteñas y a sus pasillos oscuros como una amenaza nacional, sin decir que quienes gobiernan se han negado, durante años y décadas, a transformar a esas villas en barrios y a promover su urbanización, lo que constituiría el primer paso para erradicar a las redes delictivas que atemorizan, en primer lugar, a sus propios habitantes, sean estos argentinos o extranjeros. Migrantes trabajadores El control migratorio no alcanzará, por supuesto, a los “Mi Sangre” y otros jefes narco que han vivido en el Delta del Tigre y otros paraísos de la especulación inmobiliaria. Ni qué decir que el mismo régimen que ha establecido este estatuto persecutorio viene de premiar a los zares del lavado con un generoso blanqueo de capitales. La escalada antimigratoria, por lo tanto, sólo ataca a los migrantes trabajadores, para facilitar su sobreexplotación en todos los planos, los ilícitos y los “licitos”. Por eso mismo, es nefasto el otro silencio, el de la burocracia de los sindicatos y centrales obreras, que miran para otro lado frente a esta ofensiva contra la franja más explotada y precarizada de los trabajadores. Es necesario desarrollar una gran campaña política contra el decreto antimigratorio, que no es sólo una lucha democrática sino también por la unidad de todos los trabajadores –nativos y extranjeros– en defensa de sus conquistas y condiciones laborales. La persecución al extranjero sólo apunta a deprimir, todavía más, el piso de la condición de vida y de trabajo de toda la clase obrera. El programa es claro: derecho a la radicación del trabajador migrante; igualdad de condiciones en la contratación laboral; blanqueo del precarizado, con la sola denuncia de su condición laboral al Estado. Urbanización de las villas. por el carácter público y el control de los actos migratorios por parte de organizaciones obreras y de la comunidad inmigrante; que se derogue el secreto bancario, para conocer a los lavadores y sus vínculos con el aparato estatal, cárcel a las mafias capitalistas, libertad y derechos a los trabajadores de todo el continente.

El jueves 26, la planta de AGR Clarín, ocupada por sus trabajadores contra el lock-out patronal, nuevamente recibió muestras de apoyo y solidaridad de distintos sindicatos combativos. Estuvo Ademys temprano. Luego, compañeros de AGD-UBA llevaron su comprobante de aporte al fondo de lucha y aprovecharon para organizar una mateada con los obreros de AGR. Al rato se sumaron compañeros de la directiva del Sutna. Y finalmente llegaron el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra y el secretario general del sindicato de Aceiteros de Capital, Ezequiel Roldán. Además del aporte que hizo cada sindicato, quedamos en sumarnos a las iniciativas planteadas por la Comisión interna de AGR y todos nos llevamos bonos del fondo de lucha. ¡Unidad de los trabajadores!

Es, en principio, una manifestación de torpeza la pretensión de que México vaya a pagar el muro que ha anunciado Trump mediante un arancel del 20% a las importaciones de Estados Unidos desde ese país. Cualquiera se da cuenta de que ese impuesto lo va a pagar el consumidor norteamericano como consecuencia del aumento de los precios internos que provocará en Estados Unidos. Elaborando con mayor finura, se puede decir que afectaría los beneficios de las compañías norteamericanas si ese aumento determina un incremento de los salarios, como forma de compensar la pérdida de valor de la fuerza de trabajo. Una sustitución de producción extranjera por producción nacional, de un mercado con salarios bajos a otro de salarios mayores, también produciría un aumento de precios y un aumento de recaudación sobre esos precios, de modo que, de nuevo, serían las compañías instaladas en EEUU y no en México las que pagarían la cuenta de la construcción del muro ¿Trump escupe para arriba? Un reequilibrio del balance comercial en perjuicio de México debería disminuir la salida de dólares de EEUU, y como consecuencia fortalecer el dólar. Un dólar más caro equivaldría a una devaluación del peso mexicano, lo cual neutralizaría el perjuicio comercial que el arancel a las importaciones podría ocasionar a las compañías que exportan desde México. De otro lado, sin embargo, penalizaría las exportaciones norteamericanas al mercado mundial en general. La factura del muro volvería a recaer en el bolsillo de los compinches capitalistas de Trump. Como ocurre con una mayoría de países, México aplica el impuesto al valor agregado a su producción, que devuelve a las empresas que exportan. En Estados Unidos no rige el IVA y tampoco por lo tanto una devolución de este impuesto para los exportadores, que luego deberán pagarlo, sin embargo, en el mercado de destino. Un impuesto a la importación podría perjudicar a la exportación desde México, pero no cambiaría en nada el hecho de que el muro lo seguirían pagando los contribuyentes norteamericanos. La provocación de Trump -“México va a pagar”- no tendría, en apariencia, ningún sentido. El planteo en cuestión, sin embargo, habría recibido el apoyo del establishment norteamericano, por un lado (y de la burocracia de los sindicatos norteamericanos, por el otro, a pesar de una larga historia de complicidad con la burocracia sindical de México). La posición de la cúpula republicana deja ver que el impuesto en cuestión es una extorsión política anticipada a la renegociación del tratado comercial de América del Norte (Nafta), cuando Trump pretende extraer de México concesiones sin precedentes, incluso mediante un tratado bilateral que convierta a México en un apéndice político de Estados Unidos. Esas concesiones serán, en primer lugar, convertir a México en colonia petrolera de su vecino imperialista. El muro no es, con todo, un asunto económico, ni está dirigido principalmente contra México. El capitalismo yanqui no puede prescindir de los trabajadores inmigrantes, muy mal pagos. El secretario de Comercio de Trump es dueño de una cadena de comidas rápidas, atestada de trabajadores inmigrantes que cobran 7 dólares la hora. La campaña anti-inmigratoria es el eje de una campaña reaccionaria contra los derechos políticos en Estados Unidos -por eso viene acompañada con el ataque al derecho al aborto, la sindicalización, la escuela pública. El muro convierte a Estados Unidos en un gueto, no a México, aunque represente una línea de ataque contra toda América latina. Trump anuncia el arancel por medio de un decreto, al igual que otro numeroso conjunto de medidas. Se perfila el gobierno de poder personal-bonapartista, que habrá de colisionar con el régimen político vigente en su totalidad. Por el lugar que ocupa EEUU en la economía y política mundiales, la polarización que emerge con el ascenso de Trump deberá tener un alcance internacional. Publicado en www.facebook.com/jorge.altamira.ok

La ocupación de la planta de AGR Clarín por sus trabajadores, con su comisión interna clasista a la cabeza, lleva ya tres semanas. Sus razones se replican de a miles en todo el país. Con los despidos en Banghó; en el laboratorio Roux Ocefa o en Mascardi; entre los petroleros de Neuquén y los mineros de Sierra Grande. El gobierno que mira para otro lado en AGR es el mismo que quiere un techo del 18% a las paritarias, cuando la inflación -tarifazos y carestía mediante- superará por mucho a ese porcentaje. A los bancarios, Macri y Triaca acaba de vetarles un aumento mayor a aquel “techo”. Mientras tanto, el mismo Macri -y sus supuestos “opositores” del Congreso- marchan a sancionar una legislación aún más negrera sobre los riesgos del trabajo. Frente a esta escalada contra los trabajadores, el fracaso de la tregua que la CGT le concedió al gobierno y a las patronales no puede ser mayor. Ahora, y en medio de un escenario de conflictos, el trío cegetista ha convocado a una marcha… para dentro de un mes; y a un “paro”... ¡sin fecha! Es una cachetada a los gráficos, docentes, bancarios que están jugando en estas horas el destino de sus luchas por el derecho al trabajo y por el salario. El camino es otro, y lo enseñan todos los días los compañeros de AGR. Impulsemos asambleas y plenarios en todos los gremios, para reclamar el paro activo nacional ahora, por la reincorporación de los despedidos, por paritarias sin techo, en defensa de los convenios colectivos y contra la legislación negrera a expensas de la salud y seguridad en el trabajo. Pongamos todo por la victoria de AGR y de todas las luchas. Foto: Federico Imas

El lunes 30 por la tarde, una serie de intelectuales, escritores y periodistas se hicieron presentes en la planta de AGR en el barrio de Pompeya. Varios de ellos habían firmado una declaración elaborada a iniciativa de Maristella Svampa, Beatriz Sarlo y Roberto Gargarella, entre otros. Algunos otros habían firmado el texto realizado por los trabajadores de AGR-Clarín: en ambos casos se expresó el apoyo de un sector del campo cultural local a la lucha obrera de AGR, el acontecimiento de mayor relevancia de la lucha de clases en la actualidad y, por sus características, un conflicto estratégico en la lucha contra la flexibilización general que promueven el gobierno y las patronales. Las rejas de por medio no impidieron la confraternización ni el diálogo sobre el estado del conflicto a través de un detallado informe brindado por el secretario general de la Comisión Interna, Pablo Viñas, acompañado por sus compañeros de ocupación. Viñas, luego del informe, les señaló que un aporte podría ser la difusión del conflicto en los espacios de escritura que los presentes tenían, a la vez que la difusión del fondo de lucha y la participación en las movilizaciones planteadas por los obreros. También expresaron su solidaridad Osvaldo Bayer y Pablo Lago, guionista de la telenovela La Leona. Martín Kohan dedicó su columna del domingo en Perfil a la lucha de los obreros. Por otra parte, los pronunciamientos en el mundo artístico se multiplicaron en los últimos días: a los festivales solidarios, como el gran festival de jazz del martes 7 y el que se organizó en Tucumán, se deben añadir las muestras de solidaridad del Indio Solari, Attaque 77, Los Gardelitos, Las Pastillas del Abuelo y Santi Aysine, de Salta La Banca. También tronó el festival de Cosquín en apoyo a AGR-Clarín, con las declaraciones solidarias de Gustavo "Cuchi" Leguizamón (h). Y en medio de su lucha contra el vaciamiento cultural, la asamblea de artistas de Paraná emitió una declaración de apoyo. Foto: Ignacio Smith

En torno del decreto que prohibe el ingreso de inmigrantes -sobre todo de musulmanes- se está procesando una gran crisis politica. La Justicia bloqueó la aplicación del veto migratorio y provocó la reacción presidencial dirigida a remover este escollo. Por ahora, la batalla legal no le ha sido favorable a Trump. Una corte de apelaciones de San Francisco rechazó un recurso de urgencia del gobierno que pretendía anular otro fallo de un juez de Seattle y dejó sin efecto la resolución antimigratoria, a pedido de los Estados de Washington y Minessota. Estamos ante una pulseada estratégica. Un revés del gobierno sería un golpe serio a su tentativa por avanzar hacia un régimen de poder personal, por encima del Congreso. El hilo conductor de este esfuerzo apunta a poner en pie un Estado policial y a desenvolver una política de guerra comercial y belicista a escala internacional. Trump deberá demostrar si es capaz de abrirse paso en esa dirección, y reunir los recursos políticos y económicos que necesita para gobernar en esa línea. Por eso el presidente deslizó la posibilidad de llevar la batalla legal hasta la Corte, lo que a su vez ha puesto en el orden del día la cuestión clave de su composición. Aún resta nombrar al noveno integrante del cuerpo, en un cuadro de paridad de fuerzas entre el ala liberal y la conservadora. La Casa Blanca no oculta su interés por acelerar la designación del miembro faltante , lo que le permitiría a Trump contar con una Corte afín. Pero un fracaso de este operativo podría acelerar el impeachment del magnate, extremo que ya insinúan algunos sectores. Fractura y división El decretazo contra los inmigrantes ha puesto de relieve la enorme fractura del Estado yanqui, que se extiende a todos sus estamentos e instituciones: Estados federales han tomado la iniciativa de interponer causas judiciales, mientras municipios, el cuerpo diplomático y hasta la propia administración central, algunos de cuyos funcionarios han repudiado la resolución de la Casa Blanca y se niegan a colaborar en su aplicación. Esta fractura se nutre de una gran división de la burguesía imperialista. Un centenar de empresas de Silicon Valley, lideradas por Google, Facebook y Microsoft, rechazó el decreto inmigratorio de Trump y se sumó a la demanda presentada por varios Estados. En la lista no sólo figuran las empresas tecnológicas; también otras como AirBnB , firma lider en alquiler de viviendas, Uber y Lyft, en servicios de transporte. La decisión de la Casa Blanca generó mucho malestar en estos sectores, con gran peso de fuerza laboral inmigrante. En 2016, el 37% de los empleados de estas empresas eran extranjeros. Pero este rechazo al veto inmigratorio es un tiro por elevación contra el conjunto de la orientación económica del nuevo gobierno. Su proteccionismo choca con el esquema “global” de negocios y producción que impera en muchas de las grandes corporaciones estadounidenses. Iniciativa popular Al reparo de esta crisis politica se ha colado la movilización popular. En la última semana, en forma ininterrumpida, continuaron las protestas contra el decretazo. Cientos de miles de personas se manifestaron en aeropuertos y centros urbanos norteamericanos, y protestas similares se multiplicaron alrededor del mundo. Este proceso tiene un carácter contradictorio. Por un lado, encarna un repudio popular a la política derechista, xenófoba y discriminatoria de Trump y en defensa de los derechos democráticos. Al mismo tiempo, es clara la dirección patronal de este movimiento. Estamos ante un frente de contención encabezado por el Partido Demócrata y que incluye al papa Francisco, y que apunta a enchalecar al movimiento anti-Trump bajo su tutela. Los demócratas como Obama y el líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer, se están asociando con las protestas para encausarlas y evitar que se desmadren. La hipocresía está a la vista, si se piensa que bajo la administración demócrata se alcanzó un record de 2,5 millones de deportaciones. Uno de los representantes demócratas que encabeza la denuncia contra el decreto de Trump es Michael Morell, exdirector de la CIA bajo la gestión demócrata, quien ha defendido públicamente el uso de la tortura y los asesinatos con drones que él monitoreó en persona durante su mandato. Viene al caso recordar que la política inicial de Obama y de los demócratas fue colocar paños fríos a la conmoción popular que provocó el triunfo de Trump, y exhortar a favor de una colaboración con el nuevo gobierno. Ello incluyó a Sanders y a la burocracia sindical enrolada históricamente en el Partido Demócrata. La masiva y honda reacción que provocó la ascensión del magnate y sus primeras medidas los obligó a acomodar de apuro su libreto. El desafío que plantea este nuevo escenario es darle a este gran irrupción de masas una fisonomía política independiente. Es necesario separar a los trabajadores y la juventud de la tutela de la burguesía y defender la independencia de clase. Esto vale también para el sector de trabajadores que abrigan expectativas en Trump cuya política xenófoba y demagogia nacionalista ha introducido una cuña divisionista entre los explotados. A las variantes y opciones patronales en disputa, es necesario oponerles un rumbo y un programa político propio que enarbole la defensa integral de los derechos democráticos y reivindicaciones sociales de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas.La llamada izquierda radical debe discutir una estrategia en la convulsiva etapa política que ingresamos.

A partir del relevamiento realizado en los comercios, la información periodística coincide en que el llamado “sinceramiento de precios” no ha dado los resultados que el gobierno había anticipado. En el anterior sistema “Ahora 12”, el precio de contado era similar al que resultaba de financiar en 12 cuotas. La supuesta venta “sin interés” se lograba, por un lado, a través de un subsidio estatal a los bancos. Y por el otro, cargando parte de los intereses sobre el precio de contado. Es por eso que el gobierno prometió que, al eliminar los planes de “cuota sin interés” los precios en efectivo bajarían entre un 15 y un 20%, mientras las ventas en cuotas (que seguirían con un interés subsidiado) tendrían un recargo menor. Pero no fue lo que ocurrió. Los precios en efectivo o en un pago con tarjeta de débito o crédito se mantuvieron sin modificación o con rebajas ínfimas, en tanto la financiación a 6, 12 y 18 meses tuvo recargos de hasta el 40%, un porcentaje que duplica la pauta inflacionaria del gobierno para el 2017. El “sinceramiento” representará un golpe a las ventas, pues los consumidores deberán disponer de la totalidad del dinero para poder comprar a precios similares que en el pasado eran financiados en cuotas. Dado que el consumo representa la porción más importante del PBI de la Argentina, la medida tendrá un efecto claramente recesivo. Para las cadenas de supermercados y electrodomésticos el “sinceramiento” significa un claro beneficio, pues el cobro de intereses explícitos a la venta financiada no ha sido compensada por una reducción de los precios de contado. Se trata, por lo tanto, de un aumento de precios, que podría ser equivalente a la inflación –esto si se parte de la premisa de que el interés implícito como mínimo debía ser igual al aumento de precios esperado para el plazo financiado. Para el año en curso estamos hablando de un aumento de aproximadamente el 25%. Con los planes Ahora 12 los comercios y bancos se distribuían el interés implícito, ya que los segundos le cobraban a los primeros un porcentaje en concepto de gastos. Pero el negocio principal de los bancos era otro. Al aumentar las ventas con tarjeta el gran filón de su ganancia estaba en que los consumidores, imposibilitados de cubrir la totalidad de las cuotas por los bajos salarios imperantes, se limitaban a hacer frente al pago mínimo. El monto restante pasaba a ser financiado por el banco, con intereses que, en muchos casos, eran superiores al 60% anual. A través de este mecanismo el salario del trabajador se transformaba directamente en un flujo de caja de los bancos. Esto situación abarcaba muchas veces la compra no sólo de bienes durables sino también de comida o productos de uso corriente. Ahora, con la eliminación de estos planes, el negocio continúa bajo otra modalidad. Los comercios se embolsarán el interés manteniendo los precios, y los bancos podrán cobrar un interés importante para ventas en cuotas. Igual que antes, a ese porcentaje habrá que sumarle luego lo que los bancos cobran a sus clientes por la financiación del monto que supera el pago mínimo de la tarjeta. El “sinceramiento de precios” sólo puede lograrse mediante la apertura de las cuentas de las grandes cadenas de supermercados y de electrodomésticos, y la nacionalización del sistema financiero. Pero esta tarea no la hizo el kirchnerismo y tampoco la realizará el macrismo, cuyo gobierno está copado por los CEO de las grandes empresas.

Mercedes Benz despidió a 90 contratados en diciembre, y en lo que va de enero a más de una docena de trabajadores bajo convenio y efectivos, mientras anuncia que tercerizará la producción de una pick-up en la planta de Renault en Córdoba, donde rige un convenio firmado a la baja entre el Smata y Nissan-Renault. Volkswagen acaba de dar un paso firme en su política de ajuste y flexibilización laboral con la absoluta complicidad del Smata. En diciembre de 2016 se vencía, según el sindicato, un acuerdo de “estabilidad laboral” totalmente fraudulento. Desde abril de ese año rige un esquema de suspensiones rotativas para todo el personal de producción. La patronal alemana logró en este lapso de tiempo deshacerse de más de seiscientos trabajadores, mediante retiros voluntarios, prejubilaciones y despidos por goteo. Con el argumento de “repartir los costos de la crisis entre todos los trabajadores”, las suspensiones rotativas fueron presentadas por el Smata casi como una conquista. “Con este esquema –decían- no se le pone nombre y apellido a los suspendidos, y evitamos el armado de listas negras”… La burocracia por la boca muere… Los primeros días del año “Paco” Manrique, eterno secretario general adjunto del sindicato, viajó a Alemania para reunirse con los directivos de Volkswagen y trajo “buenas noticias”: a cambio de extender la “estabilidad laboral” hasta junio del 2018, se le pondrá nombre y apellido a los suspendidos. Con la velocidad de un rayo se pasa de “repartir la crisis entre todos” a las listas negras. Pero las “conquistas” no terminan ahí, también se logró un paquete con diferentes programas de retiros voluntarios, prejubilaciones y reubicación en otras plantas y autopartistas. El Smata presentó este paquete de ajuste a los trabajadores como algo “mucho más positivo de lo que se esperaba”. Una canallada. La mentada estabilidad laboral que vocifera la burocracia no es más que un burdo eufemismo para dorar la píldora de los despidos encubiertos, que se realizaran en el plazo de la fraudulenta estabilidad, es decir hasta junio de 2018. La lista de trabajadores suspendidos con una brutal rebaja salarial será de más de seiscientos, y estará de seguro compuesta por los compañeros afectados por enfermedades laborales, activistas o simplemente indeseables para la empresa y la burocracia. Las suspensiones prolongadas no son ninguna herramienta para frenar despidos, como lo demuestra lo sucedido en Siderca, que despidió por segunda vez en menos de dos años a trabajadores que estaban suspendidos indefinidamente desde diciembre de 2015, luego de ser reincorporados. Sobre los trabajadores que quedan en la lista de suspendidos, pesará una presión económica y psicológica enorme, que empujará a muchos a agarrar los retiros voluntarios en las condiciones impuestas por la patronal. Aunque el año pasado la patronal avanzó sobre el convenio, reduciendo tiempo de comedor y descanso, y se logro imponer el turno americano en mantenimiento, más allá de la resistencia de todos los trabajadores, no es algo que haya pasado sin tensiones, y la herida de esa entrega todavía está abierta. Que el plan de reducción del personal que se trazaron la patronal y la burocracia sea de dieciocho meses no es algo improvisado. El lapso relativamente largo para aplicar el plan de ajuste en VW, responde a que no son pocas las reservas de lucha de los trabajadores metalmecánicos. Necesitan desgastar, tanto a los que estarán afuera como a los que quedarán adentro. Un paso en falso puede despertar a un gigante dormido. La principal preocupación de la burocracia no son los puestos de trabajo, sino mantener el control de la planta. Las elecciones de delegados que se debían desarrollar en septiembre pasado fueron suspendidas indefinidamente por el miedo a que surja de la bronca de los trabajadores un recambio de delegados que exprese una tendencia a la lucha. La enorme lucha de AGR-Clarin, refuerza el miedo de la burocracia del Smata, comprometida a fondo con el ajuste. Llamamos a todos los trabajadores de Volkswagen a organizarse en todos los sectores en base a este programa: - Ningún despido ni suspensiones. - Abajo las listas negras. - Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. - Defensa del convenio colectivo. - Elecciones ya de cuerpo de delegados. - Que la crisis la pague Volkswagen y no los trabajadores.

La ocupación de la planta de AGR-Clarín golpea en el centro de la situación política del país que se caracteriza por una ofensiva capitalista en regla contra la clase obrera. Toda la agenda del gobierno va en esa dirección: el decretazo de modificación del régimen de las ART para bajar los costos laborales a costa de la salud y la vida de los trabajadores; la campaña para terminar con los convenios colectivos de trabajo y avanzar en una mayor flexibilización laboral; las paritarias con un techo del 18% tanto para el Estado como para los trabajadores del sector privado; el crecimiento de los despidos, con la anuencia del Ministerio de Trabajo; el reaccionario decreto contra los trabajadores inmigrantes y los tarifazos, que superan todas las previsiones originales, generando una mayor desvalorización del salario por su impacto inflacionario directo e indirecto. El macrismo adoptó este rumbo antiobrero como resultado del fracaso de la política seguida hasta el momento. El llamado ‘gradualismo’ aplicado en el primer año de gobierno profundizó todas las contradicciones económicas, agravándose la recesión, la caída de la producción, la construcción y las ventas. El 2017 comenzó de igual forma, con un retroceso del consumo del 10% y con un enero que fue el segundo peor mes para la construcción en los últimos 6 años. Mientras muchos pensaban que el año electoral tornaría imposible una etapa de mayor ajuste, el gobierno ha decidido tomar el rumbo de Menem, que ganó las primeras elecciones que enfrentó después de propinarle a los trabajadores una derrota de envergadura. Las elecciones no son el reflejo de la libre opinión de la ciudadanía, sino de las relaciones de fuerza establecidas entre las clases sociales. La oposición La ofensiva antiobrera también es un recurso del gobierno para sacarle base de sustentación a la oposición patronal de los Massa, Pichetto y compañía. Las divergencias entre los sectores capitalistas se dejan de lado cuando se trata de establecer la relación del Estado y el capital con la clase obrera. La UIA puede protestar por el crecimiento de las importaciones o el atraso cambiario, pero aplaude entusiasta la campaña contra los convenios colectivos, la modificación del régimen de las ART o el techo a las paritarias. Se acaba de formar una gran coalición de gobernadores, que reúne a macristas, radicales y peronistas, para imponerle a los docentes una paritaria del 18% en cuatro cuotas. Los pocos gobernadores que hicieron reclamos fue para pedirle fondos a la Nación, aclarando que de no tener ayuda siquiera pagarán ese miserable porcentaje. No es casual que toda esta oposición asista en silencio a ocupaciones como la de los obreros de AGR-Clarín, o se pase directamente a la vereda de enfrente de los docentes que reclaman un aumento salarial que recupere lo perdido por la inflación. Esto vale también para el kirchnerismo, que en Santa Cruz ha implementado durante 2016 la paritaria más baja de todo el país. La borrada de los K en la lucha de AGR-Clarín también es clarificadora. Sus choques con Magnetto tuvieron una naturaleza capitalista, vinculados a la distribución del negocio de las telecomunicaciones y de la industria audiovisual. Chocaron con Magnetto mientras reforzaban sus lazos con las telefónicas. En cambio, cuando el choque con Clarín es protagonizado por sus obreros, el kirchnerismo desaparece de escena. La CGT El crecimiento de los despidos y la pretensión de imponer paritarias a la baja, por un lado, y las luchas que han comenzado desde las filas de la clase obrera, han obligado a la CGT a modificar la hoja de ruta que se había trazado desde su unificación. La convocatoria a una movilización para el 7 de marzo y el anuncio de un paro sin fecha son, antes que nada, la confesión del fracaso de la política de pactos y compromisos con el gobierno y las patronales. La CGT ni siquiera hizo cumplir el pago del bono de fin de año, mientras las patronales aprovecharon la tregua para avanzar en despidos y suspensiones. Los propios números dados por la CGT son pavorosos: 400.000 despidos en lo que va del macrismo. Claro que no explican qué hicieron para evitarlos. El cambio de hoja de ruta, sin embargo, no entraña un cambio político. La movilización del 7, limitada a los gremios industriales, se hará sobre la base de un programa de unidad con las patronales que despiden, para quienes la burocracia sindical reclamará mayores subsidios o el cierre de importaciones para que puedan incrementar los precios internos. La burocracia ya anticipó que está dispuesta a que los obreros pongan su parte, admitiendo una revisión de las conquistas plasmadas en los convenios colectivos. El paro, por su lado, no pasa de una amenaza, cuya concreción estará sometida a todo tipo de maniobras y negociaciones, sobre las que los trabajadores no tendrán el menor control. El anuncio del paro, mientras tanto, ha unido a todas las alas de la burocracia en una política de aislamiento a las luchas libradas por las comisiones internas combativas. La campaña votada en el plenario obrero de AGR-Clarín para que el paro se realice de inmediato (ver la carta de los trabajadores de AGR) apunta a desmontar esta maniobra, reagrupando fuerzas con pronunciamientos y asambleas. El ala kirchnerista de la burocracia sindical, encarnada en la Corriente Federal, es parte activa de esta política. La Federación Gráfica se ha borrado de la lucha de AGR-Clarín, siendo que es el taller más importante del gremio, porque cierra filas con el resto de la patronal que busca compensaciones por la importación de libros y porque participa de la tercerización y carnereaje de las revistas de Clarín. La Bancaria ha demorado casi dos semanas en convocar a asambleas, luego de la liquidación de la paritaria que ya había suscripto con las patronales. El seguidismo de la burocracia K al triunvirato de la CGT reproduce el seguidismo del kirchnerismo al PJ de los Pichetto, Abal Medina, Manzur y cia. con los que Cristina Kirchner quiere armar listas electorales conjuntas. Abal Medina impidió, en la Bicameral, el rechazo al decreto de necesidad y urgencia sobre riesgos de trabajo; evitó así un golpe al gobierno. Lucha y política Para la izquierda que se reclama obrera y socialista las luchas en curso adquieren una importancia política nodal. La consolidación del macrismo como gobierno se juega en su capacidad de imponerles a los trabajadores una derrota decisiva que implique un retroceso generalizado de sus condiciones de vida y trabajo. La reconfiguración de la relación entre el capital y el trabajo estuvo también en la mesa de negociación de Temer y Macri, ambos empeñados en agravar la competencia entre los trabajadores del Mercosur para que cedan bajo chantaje sus conquistas históricas. El peronismo-kirchnerismo y la burocracia de la CGT realizan el trabajo pérfido de ser cómplices del ajuste mientras convocan movilizaciones limitadas para las próximas semanas, con el objetivo de descomprimir la presión popular y fingir una oposición que no es tal. Para el Frente de Izquierda se presenta el desafío enorme de participar activamente de esta lucha, ya no sólo apoyando las acciones llevadas adelante por los trabajadores. Como señalamos en el acto de Atlanta ante 20.000 compañeros, esta acción requiere de una movilización política del Frente de Izquierda, con el método del frente único de trabajadores. Llamamos a los partidos del FIT a una campaña política común para defender las luchas en curso y preparar por medio de la agitación y la propaganda las que se irán gestando contra la ofensiva capitalista. Foto: Javier Entrerriano

Los trabajadores de la fábrica Canale de Llavallol vienen enfrentando desde hace meses el vaciamiento del grupo empresarial, como también en las fabricas de Mendoza y Catamarca. En Llavallol hay 120 trabajadores, la mayoría afiliados a la UOM, pero entre las tres plantas los empleados en conflicto suman 1.800 los afectados. Desde hace dos años la firma presentó un recurso preventivo de crisis que se trasladó en un ajuste brutal sobre los trabajadores, con cierres de fabricas, despidos, perdida de premios, actualizaciones por paritarias y aguinaldo; y más grave aún, se adeudan de dos a tres meses de salario. Los obreros de Canale Llavallol, frente al incumplimiento del pago salarial de este mes, se encuentran en huelga por tiempo indeterminado y realizan guardias en puerta de fábrica, frente a la amenaza de vaciamiento de maquinarias y materiales. También se han movilizado a la seccional de la UOM Avellaneda en reclamo de una convocatoria a un congreso de delegados seccional y medidas en apoyo a los conflictos. Plantean también realizar un festival, una actividad cultural con mural y participar de los plenarios, junto a las acciones que llevan adelante los trabajadores de AGR y un fondo de huelga para sostener su lucha. Este 7 de febrero los trabajadores, en audiencia en el Ministerio de Trabajo, luego de 11 dias de paro consiguieron el pago de enero y las horas caídas, pagos parciales de la deuda con fecha máxima al 30 de abril y el compromiso del pago en fecha de los sueldos venideros. Este triunfo es un reflejo de la iniciativa de los propios trabajadores con sus delegados a la cabeza, un laboratorio que recorre a todo el movimiento obrero frente a la tregua de todas las burocracias sindicales.

La negativa del gobierno a habilitar la permanencia de la jueza Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema trajo los comentarios suspicaces del caso. Nadie dejó de recordar que los mismos macristas que reclaman la jubilación de la jueza habían puesto el grito en el cielo cuando el kirchnerismo intentó hacer lo propio con el casi centenario Carlos Fayt. Sin embargo, la intención de mandar a Highton a su casa excedería al gobierno de Cambiemos. En La Nación del miércoles 8, el editorialista Joaquín Morales Solá informa que, antes de negarle la petición a la jueza, el macrismo verificó que la prórroga en su cargo no pasaría por el Senado. A la cabeza del rechazo estaría nada menos que Miguel Pichetto, el jefe del bloque del FpV. Ocurre que, si Highton se jubila, le correspondería al FpV-PJ colocar a un nuevo miembro -ello en función de los acuerdos que en su momento permitieron la consagración de los reaccionarios Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti como nuevos integrantes de la Corte, a petición de Macri. En suma: la permanencia de Highton es una piedra en el zapato de los acuerdos políticos PRO-FpV-PJ. Esos acuerdos han modelado la formación de la nueva Corte, pero también la batería de leyes votadas este año, comenzando por el acuerdo con los fondos buitre. El nombramiento de la nueva Corte tampoco es ajeno a la escalada de iniciativas que están en la agenda de Cambiemos: es que varias de ellas, como el decreto antimigratorio o la nueva ley de ART, piezas cruciales en el progreso de una orientación represiva y flexibilizadora, podrían muy bien ser judicializadas a causa de su inconstitucionalidad. La Corte, en ese caso, deberá actuar como garante último de un régimen empeñado en una agresión de fondo contra los trabajadores. Pero el macrismo no está blindando a la Corte en soledad, sino como parte de la coalición del ajuste que, en este año, ha permitido que pasen los despidos y los tarifazos; que las finanzas públicas queden a disposición de los usureros internacionales, y el que, como contrapartida, el salario continúe siendo confiscado por un supuesto “impuesto a las ganancias”. Cristina Kirchner no ha dicho una palabra sobre este acuerdo estratégico entre los senadores del FpV y el gobierno -si se exceptúan las puteadas en privado a Pichetto, que sólo trascendieron a partir de las filtraciones de las escuchas judiciales. Después de todo, los K aspiran a coaligarse electoralmente con los Pichetto de todo el país: en una reciente reunión con dirigentes porteños, CFK le pidió a los K de la Ciudad que cierren filas con los pejotistas del distrito, cuyos legisladores, cuando se votan las leyes macristas, levantan la mano a favor con más entusiasmo que el propio bloque del PRO. Las guerras de escuchas telefónicas -que los servicios han colocado a disposición de los choques preelectorales- no pueden ocultar de qué modo los ajustadores van colocando los cimientos de una Corte a su medida.

Luego de dos audiencias en el Ministerio de Trabajo por el conflicto en la alimenticia Prodalsa, y ante la persistencia de los trabajadores, se dictó la conciliación obligatoria por 20 días con la reincorporación del despedido Alejandro Romero a sus tareas habituales. La Comisión Interna, dirigida por la Naranja, encaró la defensa del compañero Alejandro Romero -despedido injustamente- consciente de que el despido formaba parte de un ataque a la organización de los trabajadores en la fábrica. Por unanimidad, las asambleas votaron -ante la extorsión de la empresa de “cambiar” el despido del compañero por el delegado Miguel Arce- parar 24 horas, y luego ir a la huelga indefinida hasta la reincorporación inmediata. Estas medidas de lucha resultaron decisivas. Mientras la lucha se llevaba adelante, la actitud de la seccional del gremio de la Alimentación, fue la de justificar la ofensiva patronal, llevando adelante una campaña nacional contra la Naranja. No faltaron, por supuesto, las amenazas y el amedrentamiento físico inclusive. Esto dejó en evidencia que gremio y patronal tienen exactamente el mismo objetivo, la renuncia de los delegados genuinos de los trabajadores, la eliminación del clasismo. Pero los trabajadores no se dejaron amedrentar, la huelga siguió firme sin reparos ante las amenazas de cierre, traslado de la empresa, etc. La tenacidad obrera pudo más. La empresa, apresurada por producir y cumplir con sus compromisos de venta, pidió la conciliación al Ministerio de Trabajo, luego de una huelga que duró cuatro días. La Coordinadora Sindical Clasista de la zona Sur, junto al PO, acompañó a los trabajadores de Prodalsa en las instancias ministeriales, con pintadas, pronunciamientos y una campaña mediática. Pequeña experiencia de una gran lucha. La CGT sigue deshojando la margarita a pesar de los más de 127 mil despidos de los últimos nueve meses. La superación de la burocracia sindical y los métodos del clasismo están a la orden del día. Vamos por la reincorporación definitiva del compañero Alejandro Romero.

La entrega de conquistas convencionales y laborales en la actividad hidrocarburífera fue justificada como una vía para abrir camino a las inversiones en el sector. El secretario general del sindicato de Neuquén, Rio Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, planteó que sin compromiso de inversión, no firmaría la conocida adenda de flexibilización: “las empresas tienen que invertir, si no, no sirve de nada discutir un nuevo convenio laboral”. Finalmente la adenda se firmó sin compromiso de inversión alguna, a cambio de una “esperanza”. Sólo tres empresas… Tratándose de un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector No Convencional, la adenda nació bajo una forma poco ortodoxa. No la suscribieron las cámaras patronales en el acto de la Rosada, sino solo tres empresas (YPF, PAE y Total). Se trata de las tres empresas que encabezan la producción de gas en nuestro país (73% del total en noviembre de 2016), por lo que la explotación No Convencional se concentrará en la producción gasífera, dejando la producción petrolera para mejores tiempos. Las importaciones de gasoil de parte de las refinerías que operan en Argentina aumentaron un 28% en 2016, según las estadísticas del Ministerio de Energía de la Nación. Cada metro cúbico de combustible que ingresa del exterior son al menos 18 barriles de petróleo local que dejan de refinarse, con su secuela de menor trabajo. Las patronales petroleras no están conformes con este precio subsidiado (barril criollo) y la caída abrupta de la producción de petróleo de ahora en más será en picada. Esto anuncia que vamos a la importación de petróleo, de gasolinas y fueloil, con menores precios a nivel internacional. Con lo cual además de los buques con GLP, ahora será el momento de los buques petroleros. Eso sí, los combustibles no bajarán de precio (como no han bajado hasta ahora) en los surtidores, dejando una renta excepcional a las integradas que importen su materia prima. Esto tiene otra implicancia: gran parte de las inversiones en gas, serán desinversiones en petróleo, como acaba de hacerlo Chevron en El Trapial (puesto en venta y con una caída de producción petrolera del 80%), en el mismo momento que anuncia “inversiones” en Loma Campana. Ni aun así Por propias palabras del presidente de YPF, la flexibilización laboral tiene, entre otras finalidades, atraer inversiones de los pulpos internacionales -Gazprom, Conoco, Statoil- que no han desembarcado aún en el país, y de otras que ya están con áreas, como Shell y Exxon con caja propia. Shell tiene en Neuquén dos áreas (Cruz de Lorena y Sierras Blancas) operadas por su subsidiaria O&G, y anunció en 2014 un plan de inversión para un piloto de 252 millones de dólares. La producción de ambas áreas a fines del año pasado era insignificante en petróleo y cero en gas. En tanto Exxon tiene otras dos áreas (Bajo del Choique y La Invernada), donde también anunció una inversión de 250 millones de dólares. Su producción en ambas áreas es nula. Dos asociaciones de YPF con multinacionales (Petronas y Dow Chemical), anunciadas con bombos y platillos hace tres o cuatro años, languidecen en la marginalidad productiva. Con Petronas (en área La Amarga Chica), tiene declarada una inversión de 152 millones de dólares y un anuncio de otros 165 millones. En petróleo ronda los 800.000 barriles anuales y en gas es intrascendente. La única área que puede considerarse es El Orejano, explotado por Dow, donde se anunció una inversión de 850 millones de dólares. Es la única que reporta una producción de gas que puede considerarse (casi 2.000.000 de metros cúbicos/día). En petróleo es insignificante. Pero aquí cabe una observación: Dow es propietaria del gasoducto que lleva gas rico (materia prima: etano, propano y butano) a sus plantas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, donde ese gas se industrializa en diversos productos que se exportan (polímeros de etileno, urea, polietilenos y PVC). Por lo tanto Dow tiene un interés particular en la producción gasífera en Neuquén. Con la adenda se abarató sustancialmente el “costo laboral” pero las inversiones reales aún brillan por su ausencia.

El gobierno de Mauricio Macri disolvió la paritaria nacional docente. Luego, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal ofreció un aumento salarial de 18% en cuatro tramos: aproximadamente 200 pesos mensuales de aumento. Por eso, la primera reunión de la paritaria provincial fue acompañada por una movilización de la docencia. El salario inicial docente quedaría, con la propuesta oficial, en menos de 10.000 pesos, casi 4.000 pesos debajo de la línea de pobreza. El aumento no incluye al incentivo docente que, de mantenerse, no sería actualizado por inflación, lo cual es otra vuelta de ajuste. Vidal agrega que, además, habrá que establecer índices de “productividad”. El brutal recorte, mientras las tarifas eléctricas tienen hasta un 150 por ciento de aumento, incluye la caída de más de 3 puntos del presupuesto educativo provincial cuando, en sentido estricto, el 70 por ciento de las escuelas se encuentran en riesgo edilicio. Además, Macri anunció la eliminación para 2020 del Fondo Compensador (1.800 millones el año pasado), que subsidia a las provincias que pagan un salario inicial por debajo del mínimo, vital y móvil de pobreza. ¿No es esto una provocación? El ministro de Educación de la provincia, Alejandro Finocchiaro, a lo guapo, dijo que “lo que vamos a ofrecer es lo que podemos, porque no se puede ofrecer lo que no se puede pagar”. Como los docentes rechazarán masivamente este atropello, Vidal amenazó con descontar los días de paro. La discusión “abierta”, entonces, no es una paritaria. Es un ultimátum, que Macri pretende extender a todos los trabajadores. “Incluso, el gobierno nacional quiere imponer este acuerdo como un modelo para todo el país” (La Nación, 7/2). Un ultimátum acompañado por todos los gobernadores, que se han complotado en la misma línea. Y varios de ellos han deschavado el mecanismo que utilizarán Macri y Vidal. En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck “ya anunció un tope del 17 por ciento, que se establecerá por decreto en caso de no haber acuerdo” (ídem). Será por eso que todavía ni convocó a paritarias. En Santa Cruz, Alicia Kirchner debe el pago de salarios desdoblados, y Rosana Bertone, de Tierra del Fuego (del Frente para la Victoria) declaró que va a ofrecer por debajo de eso. Rechacemos la campaña anti-docente El gobierno nacional y todos los gobernadores, durante todo el año pasado, han orquestado una campaña de desprestigio de la educación pública y de la docencia (Operativo Aprender 2016 mediante), amplificada pérfidamente por los grandes medios de comunicación. Buscan por esta vía hacer responsables a los docentes del deterioro educativo y colocar a los padres, también trabajadores, en contra de su lucha. Ahora, acusan a los docentes de extorsionar, poniendo a los alumnos de rehenes. Pero, así como hacer pasar los despidos ilegales de Clarín contra los trabajadores de AGR pretende extender esa práctica a todas las patronales y reemplazar las plantillas con trabajadores precarizados con salarios por fuera del convenio, quebrar las luchas docentes de una paritaria testigo es requisito necesario si el gobierno y los capitalistas pretenden imponer el ajustazo a todo el pueblo trabajador. Llamamos a los padres, es decir a los trabajadores de todo el país, a pasar de largo de las mentiras de las patronales y del gobierno, y a fundir nuestras luchas en una sola hasta quebrar el ajuste antiobrero. Por el no inicio de las clases y un plan de lucha por un básico de 15.000 pesos. Triplicación del presupuesto en educación Finocchiaro sostuvo que “si los representantes sindicales van a actuar como gremialistas, es muy posible que cerremos un acuerdo” (ídem). María Laura Torres, secretaria gremial de Suteba, declaró un tibio “así estaremos ante las puertas de un conflicto”. La burocracia sindical de Ctera-Suteba se expresa con más cautela que los triunviros de la CGT. Los Suteba combativos, Ademys, las opositoras de Aten, Adosac, Sutef, Amsafe-Rosario y los sectores antiburocráticos de todo el país se han pronunciado en contra de esta avanzada. Promovemos la realización de plenarios nacionales y provinciales de toda la docencia y de los sectores combativos, para resolver un plan de lucha y el no inicio. El IX° Congreso Nacional de Tribuna Docente se reunirá el 18 y 19 de febrero en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029), y sus deliberaciones y resoluciones fortalecerán el desarrollo de la lucha y organización independientes de la docencia en todo el país.

Las declaraciones del restituido funcionario macrista Juan José Gómez Centurión sobre el número de desaparecidos de la dictadura -minimizándolo a 8.000- no dejan dudas. Si se tiene en cuenta que lo mismo señaló Darío Lopérfido meses atrás, sin que ello le valiera su salida del gobierno, y si se agregan las declaraciones del propio Macri sobre la “guerra sucia”, es claro que minimizar las consecuencias de la represión dictatorial constituye una política de Estado. Centurión, además, no es un advenedizo en el mundo del macrismo: como funcionario porteño carga con el criminal incendio del galpón Iron Mountain, del que nunca pudo rendir cuentas en la Legislatura. A pesar de ello, Macri le dio la gestión de la Aduana, donde terminó sostenido a pesar de las graves denuncias en su contra. Centurión, como el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, es Macri. En sus declaraciones, Centurión rechazó también que la represión videliana formara parte de un plan genocida -algo que no debería sorprender, si se tiene en cuenta que formó parte de la rebelión carapintada que le arrancó el punto final y la obediencia debida a los partidos que gobiernan la Argentina desde 1983 hasta hoy. La tentativa de reinstaurar el protagonismo político de las Fuerzas Armadas, de todos modos, tiene sus antecedentes en el nombramiento de un espía y partícipe del genocidio, César Milani, bajo el kirchnerismo. Las declaraciones del ex carapintada se producen después de que Macri intentara transformar en un feriado móvil al 24 de marzo, lo que finalmente desechó en nombre de la “unión de los argentinos”; o sea, en función de evitar una deliberación política respecto del genocidio dictatorial. La negación del genocidio como política de Estado es inseparable del reforzamiento represivo que el macrismo y sus cómplices provinciales -incluyendo a massistas y peronistas- están emprendiendo, como se vio en la salvaje escalada contra los mapuche, en la reciente represión a los obreros de AGR-Clarín, y en la tentativa de criminalización a los inmigrantes y a la juventud. El reclamo urgente para que se vaya Gómez Centurión debe ser parte de una lucha general contra el gobierno ajustador y represivo que encabeza Mauricio Macri, y no para “preservar” a un gobierno de quien, a todas luces, no dijo un exabrupto, sino que tradujo una posición oficial.

Luego de una última reunión en el Ministerio de Trabajo de Morón (que fue acompañada por una movilización de choferes de colectivos de la ex Ecotrans y líneas solidarias, la Comisión de Mujeres de Ecotrans, el Sutna, los Suteba combativos, ATE-Inta y delegaciones de la Coordinadora Sindical Clasista) los delegados pudieron anunciar que, después de meses de lucha, habían revertido 55 de 56 despidos producidos en octubre y que seguirían peleando por la reincorporación del trabajador que resta. Se trata de un triunfo sobre una empresa precarizadora logrado en base a la lucha, la organización y la movilización. En octubre, la empresa Metropol había despedido a 56 trabajadores de la línea 503 por haber realizado una asamblea con retención de servicio que se había producido en solidaridad con los trabajadores de la línea 136. Hubo conciliación obligatoria y en distintas audiencias se fueron reincorporando distintas camadas de trabajadores, al punto que la última reunión se realizó con 15 despedidos de los echados en principio. "La intención de la empresa era desplazar al cuerpo de delegados, la organización gremial y crear una cabeza de playa en la línea con elementos de la burocracia", dijo Carlos Pacheco, delegado de los choferes de la ex Ecotrans. Con tenacidad y el acompañamiento de los compañeros en cada instancia en el Ministerio, los trabajadores lograron reincorporar despedidos cada vez. A pesar de que la empresa se empecina en mantener un despedido, a quien los delegados y trabajadores insisten en defender y reclamar su reincorporación, de los 56 despedidos originales 55 regresaron a sus puestos de trabajo. Se trata de un triunfo y en el logro de hacer retroceder a la empresa. Metropol se caracteriza por un salvaje accionar antiobrero que incluye despidos como método de regimentación y atemorización de los trabajadores para combatir su tendencia a la organización. "La victoria de los trabajadores también acrecienta las posibilidades de un reagrupamiento en el gremio que pueda dar pelea a las patronales, sus despidos y sus intenciones flexibilizadoras", concluyó Pacheco.

En decenas de países del mundo se está preparando una jornada internacional de protesta con paros y movilizaciones para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El movimiento de mujeres se ha transformado en un factor de la situación política internacional. Desde 2015 no pararon de crecer las movilizaciones y la elaboración de un programa que enfrenta las aspiraciones de las mujeres a un régimen de guerras, precarización y hambre. El triunfo de Donald Trump en EEUU, con la furia de un discurso racista, misógino y antiobrero, ha despertado a un gigante que estaba dormido. El 21 de enero la manifestación de 2 millones de personas en diferentes estados contra Trump produjo la mayor movilización de los Estados Unidos desde las décadas del 60 y 70. El intento demócrata por colocarse en este campo para recuperar el terreno perdido en el último proceso electoral no ha podido evitar que varios sectores levanten su voz para recordar que la agresión contra las mujeres, en particular contra las latinas y la negras, no es privativa de esta administración (declaración de académicas norteamericanas). La administración Obama produjo uno de los mayores movimientos migratorios, expulsando a 3 millones de personas del territorio estadounidense. Los ataques policiales contra negros y pobres rememoraron las peores épocas de segregación racial. La funcionaria y luego candidata Hillary Clinton, fue la ejecutora directa de la triplicación de iniciativas belicistas de parte del gobierno de Barack Obama. Como síntoma de los debates y de un principio de radicalización en el curso de este movimiento, cabe destacar la iniciativa de un grupo de mujeres académicas, entre las que se cuenta la propia Angela Davis, quien fuera dirigente del movimiento afroamericano Panteras Negras y presa politica en la década del 70, y de la catedrática Cinzia Arruzza, a favor de un movimiento de mujeres independiente de los gobiernos y el estado, un “feminismo anticapitalista”. Para estas mujeres y para muchas otras en el mundo, la Argentina se ha convertido en un ejemplo a seguir. Y no sólo por la masividad del #niunamenos, sino por la centralidad que en nuestro movimiento tiene la lucha contra el Estado y sus instituciones. Argentina En Buenos Aires, la iniciativa de poner en pie el Paro Internacional de las Mujeres ha convocado a un abanico amplio de organizaciones que se reunieron en una asamblea masiva de 200 mujeres de organizaciones políticas, feministas, sindicales y estudiantiles. Allí se resolvió exigir a la CGT la convocatoria al paro, destacando que el primer paro al gobierno de Mauricio Macri lo organizamos las mujeres, frente al feroz asesinato de Lucía en Mar del Plata, el 19 de octubre. La respuesta de la CGT vino de boca de algunos dirigentes en los medios, en los que aseguran que el 8 de marzo darán “cobertura gremial a las mujeres”. Sin embargo la CGT se niega a convocar al paro, en la misma línea que ha llevado a la central a ofrecer durante casi un año y medio una tregua al gobierno de Macri. La lucha contra esta tregua, en la cual se inscribe también la Iglesia Católica y sus “organizaciones sociales” tributarias, es crucial para nuestro movimiento. Es que la precarización, el hambre y la desocupación golpean especialmente a las mujeres. Desde cada sindicato y comisión interna dirigida por el clasismo debe levantarse con fuerza el programa de las mujeres, tanto en lo referido a las demandas como el aborto legal y el desmantelamiento de las redes de trata como en lo que respecta a los derechos laborales de las mujeres, que permitan terminar con la diferenciación salarial del 27% que persiste entre hombres y mujeres, el acceso al trabajo en blanco, y la aprobación de todas las medidas que materialicen la socialización de las tareas domésticas y de cuidado de niños y adultos, las grandes tareas no remuneradas que mayoritariamente recaen sobre las espaldas de las mujeres trabajadoras. El marco de esta movilización es el centenario de la Revolución Rusa, que otorgó plenos derechos legales a las mujeres y que puso en práctica la creación de instrumentos materiales para terminar con su sometimiento. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Por un movimiento de mujeres independiente de los Estado capitalistas y de la Iglesia!

La última audiencia por la paritaria bancaria, realizada en el Ministerio de Trabajo el pasado miércoles 1, concluyó con la negativa de las patronales a firmar el acta de la reunión. Desconocen así el aumento de un 20% que ellas mismas firmaron, con el favor del gobierno -que se negó a homologarlo- y a pesar del fallo judicial que insta a las cámaras empresariales a cumplir con las cláusulas del acuerdo y al gobierno nacional a no interferir. La ofensiva del gobierno y las patronales contra las paritarias no se restringe solamente a nuestro gremio. También los docentes han entrado en un período de ebullición en la pelea por el salario, y la discusión es la misma: por un lado, el planteo del techo del 18% en cuotas; por otro, la intentona de avanzar sobre los convenios colectivos y las condiciones laborales bajo el verso de la “productividad del trabajo”. Ataques y CGT El ataque del gobierno toma mayor dimensión porque el preacuerdo implica apenas un 20% para el inicial, disminuyendo a lo largo de la escala. Se trata de un acuerdo absolutamente "barato" para el bolsillo de los banqueros, que han obtenido ganancias exorbitantes en los últimos años (en 2016, de más del 60%). No hay otra explicación para esta avanzada que un intento de disciplinar al movimiento obrero y a los trabajadores bancarios en particular, que ya demostramos nuestra capacidad de lucha. Mientras las patronales liquidaban sin la actualización, la CGT unificada mantuvo el jueves 26 su reunión en Mar del Plata, de la que participó Sergio Palazzo, el secretario general de La Bancaria: el cónclave no se pronunció públicamente por la paritaria bancaria, ni por los despedidos de AGR Clarín y Banghó. Luego, el triunvirato de la central lanzó una movilización para el 7 de marzo y un paro nacional sin fecha para la segunda quincena de dicho mes -otra maniobra dilatoria frente a un 2017 que empezó a puro ajuste, con subas en los combustibles y el servicio eléctricos y una inflación que raya el 2% para enero y va subiendo. El rol de la Corriente Federal de Trabajadores, en la cual milita la directiva nacional de La Bancaria, ha sido de completa adaptación al triunvirato; primero bregando por un lugar en la mesa directiva, luego rehusándose a unificar la pelea con diferentes gremios enrolados en CTA que también buscaban una recomposición salarial frente a 2016 y la reapertura de la paritaria, y dejando pasar cada episodio del ajuste del gobierno y la oposición (Ganancias, “reparación histórica” de las jubilaciones, ART, veto de la ley anti despidos, etc.). Por un paro nacional La Bancaria ha lanzado una campaña de asambleas por lugar de trabajo. Planteamos convocar un paro nacional bancario, como primera medida de un plan de lucha escalonado hasta obtener el reconocimiento del acuerdo y, por supuesto, para poner sobre la mesa la defensa de nuestras condiciones de trabajo en un pliego de reivindicaciones urgente de los bancarios. Ni un despido en el movimiento obrero; por la adhesión a cada evento que resuelvan los compañeros de AGR-Clarín y Banghó. El viernes 3 acompañamos la movilización de los trabajadores de AGR al Ministerio de Trabajo. Por el pase a planta de todos los contratados, monotributistas y tercerizados –incluidos mantenimiento, seguridad y limpieza. Por la abolición del impuesto a las ganancias sobre los salarios; mientras tanto, que las patronales se hagan cargo. Por la defensa irrestricta de nuestro convenio colectivo de trabajo 18/75. Por ingreso de personal en todos los bancos. Por la defensa de la Caja de Jubilaciones del BPBA y todos los servicios sociales. Basta de vaciamiento del Banco Provincia.

En el Obelisco, el Monumento a la Bandera en Rosario, en playas de Necochea y Villa Gesell y en numerosas provincias como Córdoba, Mendoza y Salta, se realizaron tetazos para repudiar la represión que sufrieron un grupo de mujeres en Necochea por no usar la parte de arriba de la bikini. La indignación frente al descomunal operativo represivo y el intento de aplicarles el Código Contravencional por exhibicionismo levantó un debate a nivel nacional respecto del tema, en el que se cruzan prejuicios de todo tipo con el hecho incontrastable de que mientras proliferan los negocios en torno a la comercialización del cuerpo de la mujeres (incluidos los ilegales, como la explotación sexual y la trata de personas) el Estado y sus fuerzas represivas actúan con fiereza frente a las mujeres que por decisión propia y en un contexto de esparcimiento tomaron sol sin corpiño. Todo un símbolo de opresión de la mujer. La acción se inscribe en la lucha creciente del movimiento de mujeres a nivel mundial y del llamado a un Paro Internacional de Mujeres para el próximo 8M, Día de la Mujer Trabajadora. Entre otras organizaciones, se hicieron presentes la FUBA y la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras, planteando la necesidad de terminar con la represión sobre el cuerpo de las mujeres y el fin de las contravencionales represivas. También participaron las compañeras de la Comisión de Familiares de AGR-Clarín que difundieron el conflicto iniciado por la patronal de Clarín (hasta TN debió dar cuenta de la presencia del reclamo por AGR en el tetazo), que inició un lockout patronal para reemplazar el plantel con trabajadores precarizados. En reclamo de la reincorporación de los 380 gráficos despedidos la planta de Corrales se encuentra ocupada. En solidaridad con la protesta de las mujeres, los obreros realizaron un tetazo en la planta gráfica de Pompeya bajo el lema “Si nosotros podemos, ellas también”, con un fuerte mensaje respecto de la igualdad entre géneros. Los gráficos también se hermanaron con la lucha de las mujeres antes de su conflicto, cuando el 19-O pararon para reclamar Justicia por Lucía, la joven de 16 años asesinada por un grupo de narcos en una zona liberada en Mar del Plata. El juez correccional Mario Juliano ha ordenado archivar las actuaciones abiertas contra las cuatro mujeres. Según el juez, el artículo 70 del Código de Faltas, sobre el cual se amparaban los policías de este operativo, es poco específico, ya que plantea que “todo el que con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofenda la decencia pública se verá obligado a pagar una multa por el acto cometido”, pero no especifica qué es y qué no es un acto obsceno y como consecuencia da vía libre a que las fuerzas de seguridad lo implementen a su gusto. Es decir, es arbitrario -como todos los elementos que hacen al control del espacio público por parte del Estado. Como dijimos en Prensa Obrera, salta a la vista el doble estándar y la hipocresía. Mientras que la utilización del cuerpo de las mujeres como vehículo para jugosos negocios prolifera en la industria de la pornografía, la moda, el deporte, los concursos de belleza, la explotación sexual y la trata de personas; el Estado penaliza la decisión de un grupo de mujeres de disponer del propio cuerpo para el disfrute personal en una situación de esparcimiento y por decisión propia en nombre del “pudor público”. Todo lo que implique la comercialización del cuerpo femenino es intocable para el Estado capitalista y su policía: la misma comisaría que reprime a las mujeres por hacer topples, llena sus arcas con las coimas de los prostíbulos de la zona que esclavizan tetas por importantes sumas de dinero. Ni se les pasaría por la cabeza interrumpir este proceso de comercialización de los cuerpos femeninos. En Argentina, la regimentación estatal sobre el cuerpo de las mujeres incluye la criminalización del aborto, un aspecto que concentra la tutela oscurantista del Estado que se sostiene con garrote en mano, incluidos numerosos casos de niñas obligadas a ser madre por orden directa del poder político y judicial. El episodio de Necochea también puso de relieve la ausencia de educación sexual en nuestro país, en la medida que su abordaje se resume a una serie de tabúes, y que el cuerpo de la mujer es estigmatizado cuando se aleja de los estereotipos sociales establecidos bajo el capitalismo. Repudiamos la violencia institucional y social contra las mujeres. Abajo la contravencionales represivas. ¡Viva la lucha de las mujeres! Abrazamos a nuestros compañeros de AGR-Clarin

El paro nacional de judiciales del viernes 3 contra el traspaso a la Ciudad tuvo un acatamiento masivo. Para los trabajadores judiciales el traspaso viene a liquidar el salario y las condiciones laborales, amenaza la obra social y el trabajo de cientos de trabajadores precarizados o bien caer varios cargos en el escalafón. También se sumaron magistrados y funcionarios, con un cese de tareas de una hora impulsada por un sector de secretarios y prosecretarios, que también fue masiva. Luego del parazo de los fueros penal y laboral en noviembre pasado, el gobierno se había comprometido ante los jueces a comenzar a tratar el tema desde cero, en marzo, y con la participación de todos los sectores involucrados. Pero finalmente decidió patear el tablero y firmar el convenio de transferencia del fuero penal en plena feria judicial. Según el “radiopasillo” de Tribunales, el gobierno se envalentonó porque logró que Pichetto, jefe de la bancada de senadores del FpV-PJ y aliado incondicional de la Asociación de Magistrados, apoyara el proyecto de traspaso. El gobierno contaría, por lo tanto, con los votos para aprobar el convenio en el Congreso. En el fuero penal, donde una asamblea general de 600 trabajadores aprobó por aclamación la medida, se superó el 90% de adhesión. Algo similar ocurrió en el fuero laboral. Ambas comisiones internas son dirigidas por la oposición. Las condiciones que le permitieron a Julio Piumato una luna de miel con el macrismo durante 2016 comienzan a esfumarse. El paro fue la consecuencia de una bronca y movilización creciente por abajo. La directiva de la UEJN decretó un paro por arriba, sin movilización, para contener este ascenso. Plan de Lucha La lucha contra el traspaso no se va a definir por un paro de carácter aislado, es necesario impulsar un plan de medidas progresivas. Habrá muchas instancias y sucesivas crisis políticas, incluidas la batalla legislativa y la posibilidad siempre cierta de un veto judicial a partir de una declaración de inconstitucionalidad. La CI del fuero penal ha llamado a la elección de delegados en todas las oficinas penales, con la finalidad de impulsar nuevas medidas para parar el traspaso. Con asambleas y plan de lucha, así enfrentamos los intentos de copamiento de la justicia, el ajuste y la impunidad de los gobiernos de turno.

Bajo el pomposo título de “Cambio en el Estado: obligan a los empleados a capacitarse y rendir examen”, el diario La Nación (6/2) presentó las “novedades” de la ofensiva contra los trabajadores estatales que impulsa el gobierno. No deja de ser risible que una gestión cuyo ministro de Medio Ambiente declara no tener “conocimiento técnico ni profesional en el área” haga gárgaras con la “idoneidad” y el “mérito”. En realidad, la “capacidad” les importa un bledo: tras esos eufemismos se encuentra una ofensiva antiobrera. En el Estado, esta tentativa flexibilizadora fue clarificada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en un reportaje que acompaña el citado artículo, en el cual anticipa que van por el salario “atado al cumplimiento de objetivos”. Una genuina “modernización” de un país atrasado como el nuestro implicaría desarrollar la industria, la salud, la infraestructura; en manos de la clase capitalista, por el contrario, significa retrotraer las relaciones laborales a niveles superiores de explotación. El plan oficial debe ser rechazado en su totalidad. En primer lugar, la “jerarquización del empleo público” sólo puede arrancar modificando las condiciones laborales, hoy en paupérrima situación. El gobierno no se propone terminar con los contratos precarios, que inundan todos los niveles del Estado (nación, provincias, municipios) y consagran la inestabilidad laboral, la confiscación de derechos (aguinaldo, antigüedad, licencias) y los salarios de miseria –lejísimo de los mentirosos 30 mil pesos promedio que “informa” el diario, sin reparar que, un mes atrás, informó con datos duros sobre el brutal retroceso en el ingreso de los estatales. La implementación de “cursos y capacitaciones” ya existe en el Estado, aunque en forma desigual; se busca profundizar una ruta que gobiernos anteriores ya recorrieron. Allí donde se aplicó a fondo, sirvió para dividir a los trabajadores, que cobran salarios diferentes aunque realicen la misma tarea; conculcar derechos consagrados, como la antigüedad y la carrera; reforzar la arbitrariedad patronal de jefes y coordinadores, ejecutores últimos y discrecionales de los “puntajes”. Una enfermera que trabaja en turno noche de un hospital con este régimen es obligada a quedarse durante el día para los “cursos”, so pena de estancarse indefinidamente en su carrera –lo cual ocurre indefectiblemente, salvo que trabaje 24 horas diarias. Esta opresión espantosa es la que defienden el macrismo y también los gobernadores que aplican medidas similares en sus provincias. Los trabajadores del Estado necesitamos otra cosa: en primer lugar, el pase a planta de todos los precarizados y el fin de los contratos basura; un salario mínimo igual a la canasta familiar –hoy las categorías más bajas no llegan a la mitad de ella– y una escala móvil, respetando la antigüedad y el desarrollo de la carrera para todos. Los sindicatos de estatales deberían estar impulsando la lucha contra esta declaración de guerra, pero ocurre lo contrario. Sin empacho, Andrés Ibarra, el “modernizador”, les propone discutir “ahora, fuera de la paritaria”, para alcanzar “consensos”. UPCN pisa fuerte en este terreno, porque habilitó los despidos, y firmó en la Provincia de Buenos Aires una de las paritarias más ruinosas del país –18% en cuotas– que pretende ser utilizada como “modelo” por el gobierno. Por el lado de ATE Nacional (Verde), su secretario general, “Cachorro” Godoy, declaró a la agencia Télam que “el personal de la administración pública ´está comprometido y capacitado´ y que “todo anuncio en ese sentido ´es positivo´”, pero “el problema es que se realiza en un marco en el que la línea principal del Gobierno es el ajuste”. Prácticamente un llamado al “diálogo” para discutir el plan del gobierno. En cambio, no se conoce reunión o plenario del sindicato desde hace meses. Mientras tanto, los kirchneristas de la Capital (Verde y Blancos), dejaron pasar los despidos en Educación, con un “paro indefinido” testimonial que ni siquiera cumplían sus delegados. Las agrupaciones, juntas internas y delegados combativos debemos deliberar en torno a una orientación distinta, que incluya acciones para sacar de la parálisis al gremio. Empecemos por reuniones y asambleas en las dependencias.

Los trabajadores de la fábrica de plásticos Mascardi votaron en asamblea un paro por tiempo indeterminado, con permanencia en planta, para enfrentar 40 despidos. A partir de la implementación de la medida, el Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a una audiencia de conciliación. A principios de año, la empresa, cuyo titular es Roberto Reidy, procedió a despedir sin motivo a un tercio de la fábrica. Tras un paro total de la planta, la cartera dictó una conciliación obligatoria con los despedidos adentro. Hace una semana venció la conciliación y la empresa evitó toda negociación y sostuvo todos los despidos, lo cual obligó a los trabajadores a tomar esta determinación. Con el argumento de una baja de las ventas, la patronal se propone proceder reducir sus costos con un ajuste brutal contra los trabajadores de despidos, flexibilización laboral y contratación precaria. Un objetivo que persiguen muchas patronales, como ya denunciaran los gráficos de AGR Clarín que sostienen una ocupación que ha conmovido al movimiento obrero. Unido a esos objetivos, están los intentos de golpear la organización gremial clasista de la fábrica, con la reciente impugnación patronal de las elecciones de cuerpo de delegados. Se llegó hasta la planta una gran delegación de la Coordinadora Sindical Clasista, del Polo Obrero y del Partido Obrero en solidaridad con los trabajadores. Los delegados de Mascardi llaman a todas las organizaciones del movimiento obrero a dar su solidaridad y reclaman al gremio plástico un paro general por el triunfo de esta lucha y para frenar todos los despidos.

El sábado 4 se realizó el segundo plenario de coordinación nacional de trabajadores y trabajadoras de CyT con la participación de delegaciones de 17 provincias. El plenario comenzó con la intervención de los compañeros de AGR, recaudándose 8.000 pesos para el fondo de lucha, que se suman a los 4.000 ya recaudados en la asamblea regional de Capital. Un plan de lucha nacional El plenario comenzó debatiendo un plan de lucha donde se presentaron las mociones aprobadas en las asambleas regionales. Desde la Naranja CyT, intervinimos con una delegación de compañeros y compañeras de Bahía Blanca, Capital, La Plata, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mar del Plata, Rosario y Córdoba, enfatizando que debíamos irnos del MinCyT con un plan de lucha nacional unificado. El plenario, que debutó con un primer triunfo cuando las autoridades pusieron fecha para la primera reunión de la comisión de seguimiento del acta acuerdo de diciembre, logró consensuar un plan de acción que comienza con una movilización a la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento para reclamar el ingreso de los compañeros al Conicet. En este sentido, todas las asambleas regionales definieron por unanimidad apoyar el pliego de reclamos de la Red Federal de Afectados que surgiera durante la toma del Ministerio y tomara forma en el plenario de Córdoba. Se aprobó también la realización de una marcha a la primera reunión del directorio del Conicet para rechazar el ajuste en las becas y una Marcha Federal por la Educación y la Ciencia con docentes y estudiantes universitarios. El pliego de la movilización incluirá no solo las reivindicaciones inmediatas, sino también los reclamos que los trabajadores y trabajadoras de CyT venimos impulsando desde hace años: derechos laborales para los becarios, pase a planta de los trabajadores contratados, transparencia en los procesos de evaluación y democratización de los organismos. Estos reclamos de fondo fueron cuestionados en numerosas asambleas regionales por sectores kirchneristas. No debería llamar la atención, dado que durante sus 12 años de gobierno, la precarización y las arbitrariedades se mantuvieron intactas. Unidad de los trabajadores En la segunda parte del plenario se debatió sobre la coordinación nacional de la lucha. La discusión colectiva clarificó que, lejos de lo que buscaban instalar algunos sectores del kirchnerismo, la posición de conformar un “Senado” con un voto por CCT/provincia no es la mayoritaria. Efectivamente, la mayor parte de los mandatos de las asambleas regionales propusieron, con formas heterogéneas, la representación proporcional al número de trabajadores de CyT por región o asamblea. Garantizando la participación de las asambleas menos numerosas con un piso de representación, un esquema proporcional permite mantener un carácter federal a la vez que respeta la voluntad de la mayoría de los trabajadores del sector. Frente a las antinomias artificiales de Capital vs “interior” que reproducen las lógicas de las camarillas del Conicet, desde la Naranja de CyT intervinimos para plantear que la unidad debe ser entre trabajadores. El plenario: un primer triunfo La masividad del plenario fue un éxito en sí mismo dado que la mayor parte de las organizaciones kirchneristas de Capital boicotearon permanentemente su realización. El kirchnerismo apostó desde el primer momento a romper la unidad de acción: desde plantear que el plenario sólo debía discutir cuestiones puntuales para llevar a la Comisión Mixta de seguimiento (en lugar de un plan de lucha) hasta la negativa de convocar a una asamblea regional conjunta en Capital que elabore un mandato para el plenario. Al igual que en la toma del ministerio, cuando por tres días boicotearon la medida, durante la semana previa al plenario paralelizaron la asamblea regional propuesta por Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) con reuniones propias. El plenario fue, en los hechos, organizado desde JCP Buenos Aires con el apoyo de un sector de ATE Conicet (Saavedra 15), la Red Federal de Afectados y AGD UBA. Descontando un pequeño aporte realizado por Becarios Empoderados y Autoconvocados de Córdoba, el resto del kirchnerismo (CyT Argentina, Autoconvocados CABA, CONADU) no aportó a los gastos organizativos. El 9/2 todos al Conicet El masivo plenario del sábado deja planteados grandes desafíos: desde impulsar y construir el plan de lucha en cada punto del país hasta profundizar los canales de articulación entre las distintas asambleas. El jueves 9 tenemos una primera cita en la movilización a la primera reunión de la comisión de seguimiento. Frente a la profundización del ajuste y la represión, profundicemos nuestra organización y movilización colectivas.

Cuarenta trabajadores despedidos de la planta Fumiscor (Servicios Industriales) acordaron una conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo con todos adentro de la planta. El acuerdo se alcanzó luego de que el conjunto de los trabajadores paralizaran la planta y el bloqueo de los ingresos. Los trabajadores permanecieron dentro de la planta mientras afuera se realizaban cortes. El método de los trabajadores de Fumiscor fue la ocupación hasta que los compañeros regresaran a sus puestos de trabajo. La fábrica de autopartes, que pertenece a la presidenta de la Cámara de Metalúrgicos, fue distinguida en septiembre con el premio a la Trayectoria Empresarial y cinco meses más tarde pretende desprenderse de 40 trabajadores. La compañía está estrechamente vinculada a la provisión de partes y piezas para Renault, Fiat, Peugeot, lo que muestra que la crisis industrial se profundiza y pretenden que esta crisis la paguen los trabajadores. Pero, como lo muestran los compañeros de Fumiscor, esta pretensión puede ser enfrentada con los métodos de la ocupación de fábrica, los cortes y los piquetes.

“El triunvirato cegetista sintió el cimbronazo del conflicto de AGR-Clarín”. Este comentario, que se filtró en una nota de La Nación del 31 de enero, atravesó el pesado cerrojo mediático contra la heroica ocupación de fábrica. Y es expresiva del cuadro político y del movimiento obrero. El fracaso de la “Mesa de la Producción” le estalló en las manos a la burocracia sindical. La CGT finge “romper la mesa de diálogo con el gobierno” y convoca una marcha de los gremios industriales el 7 de marzo, a un mes vista. Y “llama” a un paro sin fecha para la segunda quincena de marzo, dentro de dos meses, cuando habrá terminado la fecha de la carta de intención de no despido firmada con las cámaras patronales y el gobierno de Macri ¡en noviembre! A pesar del compromiso de Facundo Moyano en puerta de fábrica de plantearlo, la CGT no dijo una palabra sobre el conflicto de AGR. La nueva ola de despidos, calculada en más de 5000, con casos resonantes como los petroleros, Banghó, Sierra Grande, Alpargatas y textiles, además de los 380 de AGR Clarín, indican el completo fracaso de la política de concertación de la CGT. A ello, se suma una verdadera provocación a los bancarios y al movimiento obrero, anulando la pre-paritaria que “sugería” un aumento del 20%, y la liquidación de la paritaria nacional docente que se venía realizando hace años. Días antes, Macri atropelló al Congreso y al movimiento obrero con dos decretazos: ART y migraciones. Uno, atacando la salud obrera, el otro agravando la indefensión y –con ella– la superexplotación del sector más castigado de la clase obrera, víctima incluso del trabajo semiesclavo. La burocracia sindical venía de perpetuar Ganancias, de acompañar silenciosamente el DNU de ART, de justificar una revisión flexibilizadora del convenio colectivo de Vaca Muerta y de acompañar un año entero de ajuste. Nada de esto apaciguó la ofensiva contra la clase obrera. Por el contrario, esa escalada se ha profundizado. En medio del fracaso para controlar la inflación, de la recesión económica y del encarecimiento de la política de hiperendeudamiento internacional, la ofensiva contra la clase obrera se ha constituido en el eje de la política oficial, y el recurso de Macri para disimular, ante el círculo rojo, el empantanamiento de su política. La recaudación de enero, restado el blanqueo que es por única vez, estuvo diez puntos debajo de la inflación. La inflación de enero anualizada superaría el 25% y los tarifazos a repetición en servicios y combustibles podrían llevar todavía más lejos el contraste entre el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y los precios. Los “precios transparentes” son otro ataque al bolsillo obrero, encareciendo las compras a crédito, lo que deprime todavía más el consumo. Una industria que viene funcionando al 40% de capacidad ociosa, marcha a la racionalización de planteles y a una política de precarización y flexibilización laboral –el eje del cierre trucho de AGR Clarín. En semejante cuadro, la CGT busca salvar su política de contención de las luchas del movimiento obrero. Para ello, condiciona el diálogo y lanza medidas a plazo para negociar y, si llegara al paro, para descomprimir la tensión popular. Pero este “plan” se encuentra absolutamente disociado de las necesidades de las luchas actuales y, en primer lugar, de la gran lucha que, con su ocupación fabril, generó un “cimbronazo” en todos los trabajadores del país que van conociendo el conflicto: AGR Clarín. Si el destino de la maniobra de la burocracia fuera posicionarse para gravitar en las listas de la diáspora peronista en las elecciones, eso sólo indica que buscarán postrar a los trabajadores mediante el voto a los socios parlamentarios del ajuste, los Massa, los Pichetto, los Urtubey y las variantes del FpV. Resulta notable que, tras el paro del 19 de enero y luego de realizar una modesta contribución al fondo de huelga, la Federación Gráfica haya abandonado todo apoyo al conflicto. Carnerean las revistas en los talleres, no participaron de la gran movida a Canal 13 ni del abrazo que enterró la edición dominical de Clarín. Se bajaron de la gran marcha al Ministerio (y de la exigencia de que Triaca intervenga) y arrastraron a la CTA Yasky y la Corriente Federal al faltazo. Es decir que el kirchnerismo sindical, tras 12 años de cacarear contra Clarín, le sacó el cuerpo a la lucha contra el monopolio, que marca un rumbo contra el conjunto del ajuste a toda la clase obrera. Resulta notable también que La Bancaria no reaccionó ante el golpazo recibido. Las medidas de la CGT, insignificantes, lejanas, y que incluso alternativizan el 8 de marzo, el día de grandes movilizaciones internacionales de la mujer, han servido para que diferentes fracciones de la burocracia sindical le saquen el cuerpo a las luchas centrales de hoy. El contraste lo marca el paro de Prodalsa que impuso la reincorporación de un activista, la disposición de los plásticos de Mascardi a ocupar ante el ataque patronal, los despedidos que resisten en Halliburton en Neuquén y la enorme red de solidaridad que crece día a día alrededor de la ocupación obrera de AGR, el punto fuerte de todo el movimiento obrero argentino. Se aprecia también en la exigencia de las mujeres organizadoras del 8 de marzo reclamando paro nacional de la mujer trabajadora. Llamemos a desplegar una campaña formidable por un Confederal de la CGT –que no ha sido convocado–, pero con mandato de asambleas fabriles y de gremio para que el paro nacional activo con movilización y las fábricas en lucha a la cabeza sea ya. Por el 35% de aumento en paritarias, que CTERA lleve el reclamo de los dichos a los hechos, por la defensa de la paritaria bancaria y por un salario equivalente a la canasta familiar, por la defensa de los convenios y un aumento de emergencia a los jubilados. Apoyémonos en cada movida de los obreros de AGR Clarín y sus combativas mujeres, como la jornada nacional del próximo jueves 8 de febrero, para que un movimiento general de la vanguardia de lucha obligue a las organizaciones obreras a enfrentar la ofensiva del gobierno Macri, los gobernadores del ajuste y el conjunto de la patronal. Foto: Javier Entrerriano

Al cierre de esta edición, más de 800 compañeros de Capital y la provincia de Buenos Aires estaban anotados para participar del campamento de la UJS en Villa Gesell. Otro contingente se sumará desde la provincia de Santa Fe. Además, se multiplican las iniciativas para seguir sumando compañeros y recaudar los fondos necesarios para asegurar el viaje. Hemos sacado un afiche y un folleto para recorrer los cursos de verano y las mesas de exámenes que empezaron esta semana en universidades y colegios. El sábado 11 se realizará una mega-fiesta de la UJS de Capital y el Gran Buenos Aires en la facultad de Veterinaria, y otras fiestas están planificadas para el viernes 17 y el sábado 18. El campamento en Villa Gesell será una gran instancia de formación y de preparación política para encarar los desafíos de 2017. La tónica del año está marcada por la gran lucha de los trabajadores de AGR-Clarín que concentra, de un lado, la ofensiva ajustadora del macrismo y las patronales contra los convenios y el derecho al trabajo y, del otro, la disposición a la lucha de los trabajadores, en la medida en que se encuentran respaldados por su propia organización clasista e independiente. La nula participación de La Cámpora, Nuevo Encuentro o Patria Grande revela el entrelazamiento profundo del kirchnerismo juvenil con la burocracia sindical. Alumbra también sobre el carácter inter-capitalista de su disputa con Clarín –basada en subsidios y negocios para los Szpolski, Cristóbal López o Telefónica, nunca en reivindicaciones obreras o democráticas. La UJS ha colaborado con la toma e impulsado pronunciamientos y colectas de la Fuba y los centros de estudiantes que dirigimos. Y nos preparamos para un (no) inicio de clases de lucha, peleando codo a codo con nuestros docentes, que enfrentan los salarios de hambre del ministro Esteban Bullrich y del conjunto de los gobernadores. Son estas batallas las que inspirarán el programa de las listas que, a su turno, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda presentarán en todos los distritos del país. Con esta convicción, haremos del propio campamento una gran instancia de agitación de alternativa política de la izquierda:el domingo 26 organizaremos una recorrida por la playa con Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, y luego un gran acto público como parte de su gira por la costa atlántica. El curso central sobre los 100 años de la Revolución Rusa será el gran eje del campamento. Se organizarán tres clases generales y comisiones más pequeñas para procesar los debates. El lunes 27, Vanina Biasi brindará una charla sobre el paro internacional de mujeres del próximo 8 de marzo. Gabriel Solano tendrá a su cargo la última clase del curso. En paralelo, organizaremos cursos sobre la concepción marxista del Estado y la Revolución, para los compañeros que asisten por primera vez. Además de la política y el mar, otro punto fuerte de Gesell serán las noches: ya se están organizando una noche de juegos, una noche cultural y una gran fiesta para el último día. El martes al mediodía, tras el cierre y las conclusiones, emprenderemos el regreso. El campamento de Gesell promete ser una gran instancia en el desarrollo de la UJS. Vamos por una gran organización socialista y revolucionaria de la juventud. Para viajar, anotate en: campamentoujs2017@gmail.com

El Ministerio de Trabajo llamó a una reunión de urgencia a las partes involucradas en el conflicto de AGR-Clarín. Por un lado concurrieron el secretario de organización de la Federación Gráfica Bonaerense y los delegados de los trabajadores de AGR-Clarín, y por el otro Matías Fredricks, abogado del grupo liderado por Héctor Magnetto. La mediación corrió por parte de Mercedes Gadea, jefa del departamento de Relaciones Laborales. “El ministerio siguió con su tesitura de lavarse las manos”, dijo a Prensa Obrera Pablo Viñas, secretario general de la Comisión Interna de AGR-Clarín. “Ya casi parece una burla, porque se repite la misma palabra que fue usada por el viceministro (Ezequiel) Sabor o la directora de Relaciones Laborales: dicen ‘que les excede el problema’. Hemos reclamado que el Ministerio de Trabajo tiene que intervenir. Planteamos con el sindicato que se infraccione a la empresa por el incumplimiento en el pago de haberes. El Ministerio sigue dando largas al asunto, sin dar una respuesta, cuando debería haber intervenido frente a la falta de pago y al cierre trucho e intempestivo de la empresa. Con esto ratificamos más que nunca la jornada de movilización y cortes de ruta en Acceso Oeste, Puente Pueyrredón y Panamericana y 197 y en más de 14 provincias. Vamos a reclamar ser atendidos por Jorge Triaca, a quien este conflicto no lo puede exceder y debe actuar frente al despido de 380 trabajadores y 380 familias en la calle, ya que se trata de un capricho del grupo Clarín que pretende aplastar la organización gremial, aplastar el convenio colectivo y dar un ejemplo en el resto del grupo Clarín”. Durante la reunión se hizo presente una delegación de obreros gráficos de la fábrica Morvillo y de la Lista Naranja Gráfica, a la vez que los delegados de ATE del ministerio permanecieron expectantes durante las cuatro horas que duró el encuentro. El viernes, los delegados habían desplegado una bandera que rezaba: “AGR-Clarín somos todos” para recibir la movilización de los obreros y ante el llamado de las autoridades volvieron a hacerse presentes para recibir a los obreros que ocupan desde hace tres semanas la planta en el barrio de Pompeya. En oportunidad de la movilización del viernes 3, Triaca se negó a recibir a los obreros. Foto: Federico Imas

En Rosario se ha conformado una Multisectorial del centroizquierdismo y sectores filo kirchneristas, cuya estrategia es la del "frente antimacrista" con sectores capitalistas y de colaboración de clases. Mostrando que su pretensión es de alcance político y no para apoyar o impulsar luchas, han elaborado un documento con pretensiones estratégicas donde se omite una delimitación con el kirchnerismo. Que lo hayan firmado fuerzas como el Frente Social y Popular, de Carlos Del Frade; la Unidad Popular, de Claudio Lozano, y grupos filo kirchneristas como Patria Grande o la conducción de Coad (docentes universitarios), no debe sorprender. Lo realmente grave es el acompañamiento dado por la izquierda y en especial por el PTS e Izquierda Socialista, que conforman, junto con el PO, el Frente de Izquierda a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe. Su firma en el documento y la participación en una movilización cuyo único propósito era darlo a conocer, los coloca en un terreno opuesto al FIT. ¿Y el kirchnerismo? Bien, gracias El documento firmado por la izquierda se propone desarrollar un “planteamiento (para) avanzar en los caminos de unidad”. ¿Pero unidad con quién? En el documento no hay una sola línea de delimitación con el kirchnerismo. Por eso, la firma del PTS e IS aparece junto con la de todos los grupos filo kirchneristas como el Frente de Unidad Guevarista, Causa, el Centro de Estudiantes de Humanidades de la UNR dirigido por los yaskistas —celestes de Mate Cocido, entre otros. Para justificar la unidad indiscriminada, el documento parte de la “avanzada represiva” macrista, con distintos episodios que hemos visto en las últimas luchas, como en la represión en la puerta de AGR-Clarín, o a los mapuche. Esto como si el ataque y la represión a la clase obrera hubiera comenzado con el gobierno macrista y por ello ahora surgiera una necesidad de unidad. El asunto es que los trabajadores de AGR ya fueron reprimidos bajo el kirchnerismo en 2004, y CFK se cansó de atacar a mansalva a los pueblos originarios, incluyendo el asesinato de los qom. La denuncia que hace el documento del intento de baja de la edad de imputabilidad es una creación del kirchnerismo y podemos continuar con la lista. Por eso, como no podría ser de otra manera, la conclusión del documento es que se debe “unificar la resistencia”. Pero con ese fin se debe señalar, antes que nada, con qué política esa resistencia debe ser unificada. En el caso de Rosario existen numerosos sindicatos referenciados en el Movimiento Sindical Rosarino, kirchnerista, que han conformado un espacio que también se propuso “unificar la resistencia”. Sin embargo, en sus propios gremios y lugares de trabajo han dejado pasar la ofensiva capitalista, empezando por la UOM y Empleados de Comercio. La ausencia de un balance de esta actuación no es casual, pues la "unificación" que busca la Multisectorial es con estos sectores. La docencia de Amsafe Rosario deberá debatir en profundidad su participación en este engendro, que busca colocarla detrás de las variantes de la burocracia sindical. Las intenciones políticas La primera convocatoria de esta Multisectorial fue hace unas semanas a partir de la represión a los mapuche. De allí salió una actividad de frente único, en la cual todas las corrientes políticas, junto a sindicatos como Amsafe Rosario, repudiamos la represión. Pero luego, a iniciativa de las principales corrientes del Frente Social y Popular (PCR y Patria Grande), se constituyó este “espacio permanente”, con este planteamiento político sobre la situación nacional, el cual se manifestó de forma práctica en la movilización del día jueves 26, la cual fue poco concurrida y con participación casi nula de los sindicatos firmantes. Hay una intención clara por formar un bloque político en estos términos, comandado por el Frente Social y Popular. Un frente en el que su máximo referente y diputado provincial Carlos Del Frade debutó llamando a votar a Scioli en segunda vuelta. Un frente político que se movilizó codo a codo con el kirchnerismo el pasado 24 de marzo, y en la Marcha Federal junto a la burocracia sindical K sin distinción alguna. Un Frente Social y Popular que al mismo tiempo mantiene un acuerdo político en la Legislatura con el ala minoritaria de Rubén Giustiniani, del Partido Socialista, por ello las críticas de la Multisectorial al gobierno provincial son solo puntuales. El PTS e IS, integrantes del Frente de Izquierda, se han sumado a este bloque de forma completamente oportunista. Buscan, a partir de su adherencia, cierto protagonismo en la escena política y en los medios de comunicación. Para ello dejan de lado el planteamiento político vector del Frente de Izquierda, que es la independencia política y el gobierno de los trabajadores. El Partido Obrero llama a las fuerzas del FIT a defender al Frente de Izquierda y no confundir a los trabajadores tributando a un bloque que reúne a sectores filo kirchneristas, de centroizquierda y que defienden el nacionalismo burgués.

-Asambleas en los lugares de trabajo -Por un paro nacional con movilización YA -Por el triunfo de AGR y todas las luchas. -Contra los despidos, en defensa de los convenios, por paritarias libres. Desde la planta de Pompeya en la que nos encontramos defendiendo nuestra fuente de trabajo desde el 14 de enero, los trabajadores de AGR-Clarín escribimos esta carta, a los trabajadores, las centrales obreras, los sindicatos y la opinión pública. En medio del “acuerdo” para no despedir por tres meses hasta marzo establecido entre el gobierno, la UIA y la CGT, el Grupo Clarín despidió ilegalmente a 380 trabajadores en Artes Gráficas Rioplatense, la totalidad de la fábrica. El cierre de AGR no es una medida de crisis, es un acto de fuerza de la empresa, un lockout contra los derechos colectivos de los trabajadores, el convenio y el salario. Clarín no pretende discontinuar sus ediciones ni abandonar el negocio de impresión. Estamos frente a un cierre fraudulento, que tiene por objetivo retomar esta producción con personal precarizado. Los trabajadores de AGR hemos respondido con la fuerza de nuestra unidad y organización. Primero evitando el vaciamiento con una vigilia previa a los despidos en puerta de fábrica para evitar el traslado de máquinas y luego ocupando nuestros puestos de trabajo. Llamamos a evitar los vaciamientos y ocupar toda fabrica que cierre o despida. La arbitrariedad descarnada con la que Clarín y el gobierno pretenden atropellarnos, y la determinación de lucha con la que hemos enfrentado esta situación junto con nuestras familias, han provocado un enorme apoyo popular, que no alcanzan las palabras para agradecer. Este apoyo refleja una tendencia profunda en el pueblo trabajador a enfrentar el ajuste, y ha instalado la necesidad de terminar con la tregua que deja pasar despidos, paritarias a la baja, tarifazos y el ataque a los convenios colectivos, y plantea la necesidad de convocar a un paro general. No nos cabe duda que la convocatoria a una movilización de los obreros industriales para el 7 de marzo, así como la convocatoria a un paro general (sin fecha) anunciados tras la reunión del consejo directivo de la CGT, han sido puestos en la agenda como resultado de la acción de trabajadores que, como nosotros en AGR, venimos peleando contra el ajuste. Pero contradictoriamente, esta resolución con tanta ambigüedad y demora, y sin mediar medidas de apoyo concretas, le da un tiempo precioso a la patronal de Clarín -que tras fracasar el intento represivo- apuesta al desgaste. También le da tiempo a los bancos, el gobierno nacional y los gobernadores que atacan el salario y las paritarias bancarias y docentes, y a todas las empresas en las que los trabajadores luchan ahora contra despidos o atrasos salariales. Peor aún, implica un pase libre a los despidos hasta marzo, mes en el que justamente vence… el acuerdo “antidespidos”, que de no mediar reacción previa, habrá resultado una cobertura para que estos se produzcan. Una mentirosa conciliación obligatoria nacional, en la que las centrales no toman medidas, pero que las empresas violan despidiendo como les viene en gana. La CGT tampoco ha integrado a su agenda el reclamo por los derechos de las mujeres que viene conmocionando al país y que tendrá una fecha clave: el 8 de marzo en el que se está impulsando un paro internacional por sus derechos, tal como han discutido nuestras mujeres y la comisión de familiares en el último encuentro del #NiUnaMenos. Agradecemos la solidaridad de los sindicatos que se han movilizado por o con nosotros, como el Sutna, Aceiteros, Camioneros, Peaje, Sitraic, Ctera, ATE, Sipreba, la AJB, AGD-UBA, Cicop, la Union Ferroviaria de Haedo, los Sutebas combativos, Ademys y muchos más. Y reclamamos a nuestro sindicato, que inicialmente convocó un paro general, a que convoque el plenario de delegados, tome nuevas medidas y garantice que se deje de hacer impunemente nuestros trabajos en el gremio como sucede al día de hoy. Convocamos a reforzar y organizar en todo el país la deliberación que esta situación viene generando en los sindicatos, cuerpos de delegados y fundamentalmente en los propios lugares de trabajo. Llamamos a realizar asambleas para impulsar y votar mandatos por un inmediato paro con movilización y por medidas de apoyo para AGR-Clarín y todas las fábricas en lucha. Llamamos a sumar pronunciamientos en este sentido a los sindicatos, cuerpos de delegados, y centrales obreras provinciales, como ya lo han hecho las CGTs de Cordoba, Chaco y Mendoza. Reclamamos la inmediata convocatoria al confederal de la CGT para que vote la convocatoria a un paro general con movilización ahora. Proponemos recabar cientos de mandatos y pronunciamientos dirigidos a la CGT y la CTA con este objetivo. Con este programa, llamamos a acompañar la próxima jornada nacional de lucha que hemos convocado el jueves 9, para exigir que el ministro Triaca nos reciba y se retrotraigan los ilegales despidos de Clarín. Pongamos todo el movimiento obrero en movimiento, para que triunfen AGR-Clarín y todas las luchas en curso. Abajo el ajuste y la represión.

El lugar histórico de 1905 fue presentado por León Trotsky en 1939 de este modo: “La revolución de 1905 no fue solamente el ensayo general de 1917 sino que fue también el laboratorio en el cual se constituyeron todos los agrupamientos fundamentales del pensamiento político ruso y se formaron y dibujaron todas las tendencias y matices al interior del marxismo ruso. En el centro de las disputas estaba la cuestión del carácter histórico de la Revolución Rusa y de las vías ulteriores de su desarrollo” (1). Sin duda que la cuestión central que planteó 1905 fue la de la naturaleza de la revolución y por la misma razón, su fuerza motriz. La naturaleza de la revolución Había un acuerdo general en la II Internacional y en los pensadores marxistas, incluidos los rusos, de que la revolución en un país atrasado como Rusia iba a ser burguesa y que su conquista política era una república democrática, que iba a ser el escenario de una prolongada lucha de clases nacional e internacional. Este acuerdo general ocultaba una divergencia profunda sobre la intervención de la clase obrera y los socialistas, su actitud ante la burguesía, las consignas democráticas y el rol del campesinado. La versión conservadora, identificada con Gueorgui Pléjanov, y compartida por muchos mencheviques, era que la clase obrera tenía que cederle toda la iniciativa a la burguesía, no hacer nada que pudiera atemorizarla, plantear un programa agrario lo más conciliador posible y no rebelarse con sus propios métodos contra el atraso. En su curso, la revolución de 1905 mostró que el comportamiento de la burguesía no se correspondía de ninguna manera con este esquema, pues no estaba dispuesta a ninguna lucha efectiva contra el régimen político y el atraso ni por la movilización del campesinado. Sin embargo, las concesiones del zarismo durante 1905 fueron hechas ante la movilización de la clase obrera, las huelgas, la huelga política de masas, la formación de los soviets. La primera revolución del siglo XX, que se producía en un país atrasado, no iba a repetir el esquema de la gran revolución francesa y su ala extrema. Lenin y los bolcheviques extraían política y prácticamente conclusiones muy diferentes a partir de la caracterización de la revolución como burguesa. El proletariado, lejos de someterse al programa y la dominación política de la burguesía, debía llevar adelante una lucha democrática consecuente y sobre todo movilizar en forma revolucionaria a los campesinos. La burguesía, en cambio, conciliaba y claudicaba. Por lo tanto, la lucha contra el absolutismo y el atraso tenía que imponer un régimen político democrático bajo la forma de una “dictadura revolucionaria de obreros y campesinos”, que traería un sendero democrático en el campo, y que iba a poder apoyarse en el desarrollo de la revolución en Europa occidental para avanzar lo más rápidamente posible al socialismo. El balance de la revolución Los acontecimientos de 1905 confirmaron la cobardía de la burguesía y su oposición a llevar adelante toda movilización contra el régimen absolutista. En cambio, dieron lugar a una novedad: la irrupción de la clase obrera en un país atrasado con sus propios métodos y reivindicaciones, la huelga general. En octubre de 1905 se formó el soviet de San Petersburgo y asistimos a la paradoja notable de que la primera institución democrática en Rusia fue una organización insurreccional de la clase obrera. La irrupción del proletariado fue el cambio radical de la revolución de 1905. El dirigente del POSDR que juega el rol más destacado es Trotsky, que termina por presidir y dirigir aquel soviet. En 1906, desde la cárcel, escribe su balance de la revolución, un ensayo de 100 páginas titulado “Resultados y perspectivas”. La Policía secuestró la edición y la circulación fue restringida. Llegó a pocos militantes y Trotsky afirma que Lenin no conoció el texto en ese momento. Se trata de la primera formulación precisa de la revolución permanente. ¿Por qué la clase obrera rusa había jugado un rol revolucionario que casi nadie predecía y cuáles eran las consecuencias sobre el desarrollo de la revolución en su país y en Europa? El rasgo fundamental del desarrollo económico y social en Rusia era el atraso. El Estado y el capital extranjero habían tenido un rol preponderante en el crecimiento de la industria; la burguesía era una clase débil y el campo estaba dominado por la gran propiedad y la dispersión de los campesinos. La clase obrera, en cambio, estaba fuertemente concentrada en grandes fábricas y jugó un rol central en las ciudades. Trotsky extrajo las consecuencias políticas de este análisis concreto de la sociedad rusa y del comportamiento de sus clases sociales. Planteó que la clase obrera iba a ser la clase dominante de la revolución. Tenía que dirigir la revolución burguesa y luchar por el poder, con el apoyo de la masa campesina. Una vez en el poder, no se limitaría a las tareas democráticas, comenzaría también a avanzar en las tareas de expropiación de los capitalistas, de organización de la producción, es decir, transformaciones socialistas. El ritmo de avance dependería a su vez del curso de la revolución en los países avanzados de Europa; la revolución debía considerarse permanente en sus tareas y en su carácter internacional. Trotsky rompió así con la concepción estrecha y conservadora de la II Internacional. Para sus dirigentes, la revolución debía ser el fruto maduro del desarrollo capitalista y sus crisis y del crecimiento de la clase obrera y sus organizaciones (con sus matices Kautsky -1908- desarrolló la idea de que, haciéndose con el poder, el partido proletario, por la lógica objetiva de su situación, comenzaría a aplicar un programa socialista). El revolucionario ruso ubicó el resorte de la revolución en el desarrollo revolucionario de la clase obrera y no en el crecimiento del capitalismo; en la movilización revolucionaria y no en la rutina de las relaciones entre sindicatos y patrones. La experiencia de 1905, las huelgas contra el zarismo y los soviets fueron el terreno fértil que le permitió pasar de un análisis agudo de la sociedad rusa a la formulación de un programa revolucionario. Corresponde agregar que la otra figura dirigente que comprendió el significado de 1905 fue Rosa Luxemburgo. Formuló entonces su llamado a la huelga política de masas, para enfrentar al reformismo y el conservadorismo de las direcciones sindicales y de la socialdemocracia alemana. El reagrupamiento del ala revolucionaria de la socialdemocracia se produjo sin embargo casi 10 años después, luego de la bancarrota de la II Internacional en 1914. La cuestión del partido El folleto “Resultados y perspectivas” fue publicado nuevamente en 1919, con un prólogo de Trotsky. En este texto analizó su lugar en relación a bolcheviques y mencheviques. “El autor ha defendido, durante una década y media, el punto de vista de la revolución permanente, pero al evaluar las fracciones en lucha mutua dentro de la socialdemocracia cometió un error. Como entonces ambas partían de las perspectivas de una revolución burguesa, el autor creía que las divergencias de opiniones no eran tan profundas como para justificar una escisión. Al mismo tiempo esperaba que el transcurso posterior de los acontecimientos demostraría claramente a todos, por un lado, la falta de fuerzas y la impotencia de la democracia burguesa rusa, y por otro, el hecho de que al proletariado le sería objetivamente imposible mantenerse en el poder dentro del marco de un programa democrático; y que, en suma, ello haría desaparecer el terreno de las divergencias de opinión entre las fracciones. Sin pertenecer a ninguna de las dos fracciones durante la emigración, el autor subestimaba el hecho cardinal de que en las divergencias de opiniones entre los bolcheviques y los mencheviques figuraban, de hecho, un grupo de revolucionarios inflexibles por un lado, y por el otro una agrupación de elementos cada vez más disgregados por el oportunismo y la falta de principios” (2). Estas contradicciones se manifestaron claramente durante 1905. Luego de la escisión de 1903, los bolcheviques organizaron en Londres su propio congreso, conocido como Tercer Congreso del POSDR, en abril y mayo de 1905. Sin embargo, en Rusia el movimiento de los militantes y comités bolcheviques y mencheviques tendió a la unidad. Lenin escribió al respecto hacia fines de 1905: “Las disputas anteriores del período prerrevolucionario fueron reemplazadas por la solidaridad en las cuestiones prácticas” (3). Más aún, la conferencia bolchevique de Tammerfors (Finlandia) de diciembre de 1905, aprobó la conformación de un Comité Central unitario de las dos fracciones para organizar un congreso conjunto. El congreso tuvo lugar en Estocolmo en abril de 1906. La unidad se mantuvo muy conflictivamente entre 1906 y 1911. El primer impulso que provocó la revolución de 1905 fue hacia la unidad de las dos fracciones del partido, a pesar de sus divergencias políticas y organizativas. Cabe recordar que muchos militantes mencheviques fueron más activos que los bolcheviques en los soviets. Comités bolcheviques que desconfían de los soviets y exigen que la nueva organización reconozca el rol dirigente del partido. En 1917, este movimiento hacia la unidad de bolcheviques y mencheviques y de desconocimiento del rol de los soviets se reprodujo en círculos dirigentes del bolchevismo. Pero el laboratorio de 1905 no había pasado en vano. Lenin produjo las Tesis de Abril, que reorientaron y reorganizaron la actividad del partido, por la revolución proletaria, por todo el poder a los soviets, por una mayoría bolchevique en los soviets. En agosto de 1917, Trotsky fue elegido al Comité Central del Partido Bolchevique. Notas León Trotsky, Writings (1939-40), Pathfinder Press, Nueva York, 1969. León Trotsky, 1905: resultados y perspectivas, Ruedo Ibérico, Madrid, 1971. E.H. Carr, La Revolución Bolchevique (1917-1923), Alianza, Madrid, 1985.