Prensa Obrera N° 1445

El 9 de enero de 1905 (22 según nuestro calendario) fue domingo en Rusia. Ese día, una movilización obrera masiva -140.000 trabajadores, en su gran mayoría creyentes y súbditos de la Iglesia Ortodoxa, dirigidos por el cura Gapón-, confluyó en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, donde se alojaba el zar. La movilización enarbolaba íconos y rogaba al zar que escuchara sus reclamos: amnistía, libertades públicas, jornada de ocho horas, salario normal -salario mínimo de un rublo por día-, entrega gradual de la tierra al pueblo, Asamblea Constituyente en base al sufragio universal e igual para todos. Ferozmente reprimida, no menos de mil obreros fueron asesinados y otros dos mil quedaron heridos. Fue el llamado Domingo Sangriento, inicio de la Revolución Rusa. Fue la primera revolución obrera del siglo XX, partera de los soviets e inmenso laboratorio de la experiencia victoriosa de 1917. Desde varios años antes se habían sucedido huelgas y movilizaciones. Para encausarlas, un agente de la policía se lanzó a organizar a los obreros en sindicatos, planteando que el zar era su protector contra los patrones y el propio Estado. En 1903 estallaron huelgas masivas en la Rusia del sur. En febrero de 1904, el provocador, junto al cura Gapón, constituirá la Asociación de Trabajadores de Fábricas y Talleres. Es cuando el ministro del Interior del zar plantea la necesidad de “una pequeña guerra victoriosa para parar la revolución” (1) , preámbulo de la guerra con Japón para disputar Corea y Manchuria. La guerra interrumpió las huelgas pero las derrotas en cadena del ejército ruso frente al japonés las reabrieron con más fuerza. En un artículo publicado en el periódico de los bolcheviques (Vperiod, Adelante) el primer día de 1905 Lenin adelanta la política de derrotismo revolucionario frente a la guerra. Refiriéndose a la derrota en Port Arthur, dirá: “no es el pueblo ruso, sino el absolutismo, quien ha sufrido una vergonzosa derrota. El pueblo ha salido ganando…” y anunciará la inminente “guerra del pueblo contra el absolutismo” (2) . La guerra imperialista y su cruel descarga contra las masas fue, finalmente, el detonante del levantamiento popular. Situación revolucionaria El Domingo Sangriento produjo un enorme abismo político: millones de obreros y campesinos disiparon su confusión política en relación al zar, adquirieron una primera conciencia política y se convirtieron en protagonistas de una situación revolucionaria, Un reguero de huelgas se extendió a lo largo de toda Rusia, aunque concentradas en tres “capitales”: Petersburgo, Riga y Varsovia. Frente a la Revolución hubo una divisoria entre mencheviques y bolcheviques. Aquellos plantearon que el partido no debía plantearse como objetivo la conquista del poder. El Congreso convocado por los bolcheviques ese año emitió una resolución según la cual correspondía “organizar al proletariado para la inmediata lucha contra la autocracia por medio de la insurrección armada” y por la constitución de un gobierno provisional revolucionario. La Revolución Rusa de 1905 fue la primera revolución en la historia cuyo instrumento fue la huelga política de masas, con una potencia jamás vista: en un solo mes, enero de 1905, el número de huelguistas llegó a 440.000, más que en toda la década anterior. La clase obrera desplegó su experiencia y el aprendizaje de la propia lucha en una escala creciente. Hubo un entrelazamiento de huelgas políticas y económicas que jugó un papel determinante en la consistencia del movimiento: “si las amplias masas de explotados no hubieran visto ante sí ejemplos diarios de cómo los obreros asalariados de las diferentes ramas de la industria obligaban a los capitalistas a mejorar de un modo directo e inmediato su situación, no había sido posible…atraer…a dichas masas al movimiento revolucionario” (3) . La acelerada experiencia política que vivió la clase obrera rusa en ese año crucial fusionó al movimiento obrero con la izquierda revolucionaria (socialdemocracia), y a los cuadros obreros con los militantes políticos. En abril, en la ciudad “textil” de Ivanovo Voznesensk los obreros, con el auxilio de bolcheviques y mencheviques, constituyeron el primer consejo obrero -soviet- de la Revolución, que organizó una huelga de 72 horas y pasó a dirigir la ciudad. Los soviets se extendieron al resto de Rusia. Lenin planteó, con dudas (“quizás me equivoco”) la propuesta de que los soviets se declaren gobierno revolucionario provisional de toda Rusia, pero no consideró razonable que se le exija adoptar el programa del Partido Socialdemócrata ni que los bolcheviques entren en tal gobierno. El Partido debía impulsar una actividad de propaganda y agitación a favor del marxismo dentro del soviet (4) . La huelga general de octubre En agosto, el zar planteó la constitución de una Duma (Parlamento) en base a un número insignificante de electores y con carácter consultivo. La llamada Duma de Bulygin no llegó a ser convocada, fue barrida por la huelga general de octubre, en la que fue determinante la paralización de los trenes y el papel del Soviet de Petersburgo. Este reunió 226 representantes de 96 fábricas y cinco sindicatos y nombró un comité de huelga, que llamó a elegir delegados en todas las fábricas, a razón de uno cada 500 trabajadores. Los bolcheviques lanzaron las consignas de “Abajo la Duma consultiva”, “Boicot a la Duma”, “Continuidad de la lucha revolucionaria para derrocar al gobierno”, “No es el Zar sino un gobierno provisional revolucionario quien debe convocar a la Duma”. El zar retrocedió emitiendo una nueva ley electoral, que ampliaba el número de electores y reconocía el carácter legislativo de la Duma. Octubre y diciembre son los meses que marcan el clímax de la revolución. Para una masa creciente de obreros estaba planteado conquistar la jornada de ocho horas por vía revolucionaria. Su grito de guerra en Petersburgo era Jornada de ocho horas y armas. Rusia era el escenario de un reguero de levantamientos campesinos, militares y nacionales. En ese período se conquistó la libertad de prensa, se abrieron las puertas de las universidades y circuló sin trabas la prensa revolucionaria. Una pequeña anécdota ilustra el momento: alumnos polacos quemaron todos los libros rusos y retratos del zar, expulsaron a los maestros y escolares rusos y, en el caso de los secundarios, reclamaron que todas las escuelas pasaran a depender del soviet de diputados obreros, que obreros y estudiantes tuvieran reuniones conjuntas y que los estudiantes pudieran llevar blusas rojas en los liceos como señal de adhesión a la futura república proletaria. La Revolución de 1905 alcanzó su punto culminante con la insurrección obrera en Moscú, que se convirtió en una prueba de fuerza y fue finalmente derrotada, con más de 1.000 muertos. “Al ser aplastada la insurrección de diciembre se inicia el descenso de la revolución” en la que -dirá Lenin- “faltó la organización de los obreros revolucionarios socialdemócratas que se hallaban bajo las armas; no supieron tomar la dirección en sus manos, ponerse a la cabeza del ejército revolucionario y pasar a la ofensiva contra el poder gubernamental” (3). Pesaron, además, los límites de la intervención campesina. La revolución proletaria fue derrotada -dirá Trotsky- “por las bayonetas del ejército campesino” (5) . Las tres concepciones La experiencia de 1905 reabrió el debate sobre el propósito, la naturaleza, las tareas objetivas y el sujeto de la revolución. Dos cuestiones habían quedado rotundamente en claro, Una, que la fuerza motriz de la revolución estaba en la clase obrera y sólo de modo intermitente en los campesinos (que también eran la base social del ejército). Dos, que el fracaso de sus logros provisionales -la Duma, la formación de partidos políticos, el reconocimiento de hecho de los sindicatos- se debía a la incapacidad de la burguesía, impotente no solo para hacer la revolución sino para conservar los frutos de una revolución hecha por otros. De aquí surgían un conjunto de preguntas: ¿Cómo resolver el vacío creado por la incapacidad de la burguesía, lo que determinaba, a la luz de los hechos, que la Revolución Rusa no iba a ser una repetición de las revoluciones burguesas de la Europa Occidental, concebidas bajo la dirección de la burguesía liberal? ¿Cuál era el nuevo sujeto de la revolución, a la luz de esta constatación histórica? ¿Cuál era la relación entre su contenido social, democrático burgués si se considera que sus objetivos inmediatos eran la república democrática, la jornada de 8 horas y la confiscación de los latifundios -llevada a cabo por la revolución burguesa de Francia entre 1792 y 1793- o proletario, según su protagonista y sus medios de lucha? Allí se planteó la colisión teórica entre la concepción de la Revolución Rusa como repetición de las revoluciones burguesas de Europa (mencheviques, Plejanov), la “dictadura democrática del proletariado y el campesinado” para hacerse cargo de las tareas democráticas hasta el final (Lenin) y la “dictadura del proletariado apoyada en el campesinado” para consumar la revolución democrática que, una vez en el poder, estará obligada a introducir medidas socialistas dando impulso a la revolución socialista mundial, única garantía de victoria completa para el socialismo. Una batalla teórica que continúa al día de hoy y que está concentrada en el texto de Trotsky Tres concepciones sobre la Revolución Rusa, escrita en 1939 como capítulo del libro sobre Stalin que no pudo completar (6) . Notas 1. Jean Jacques Marie, Lenin, ediciones POSI, Madrid, 2008. 2. S. y G. Walter, Lenin, Grijalbo, Barcelona, 1972. 3. Lenin, Obras Completas, T. XXIII, Cartago, Buenos Aires, 1957. 4. Ídem anterior, T. VIII. 5. León Trotsky, 1905: resultados y perspectivas, Ruedo Ibérico, Madrid, 1971. 6. León Trotsky, Writings 1939-40, Pathfinder, New York, Londres, Sidney, 1970.

Los trabajadores de la cantera "Minera Tandil", ubicada en inmediaciones al acceso a Sierras Bayas (partido de Olavarría), lograron el lunes 16 la reincorporación de dos compañeros despedidos con el método de la asamblea permanente y el paro. La empresa había decidido desvincular a los trabajadores que estaban realizando tareas de vigilancia bajo el convenio de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) para tercerizar el trabajo. Este hecho no escapa al ataque a las condiciones laborales conquistadas que se está llevando adelante a escala nacional. Los empresarios y los gobiernos buscan flexibilizar y ampliar la tercerización. La aspiración máxima de la coalición del ajuste es liquidar los convenios colectivos de trabajo e imponer una nueva reforma laboral. Ante los despidos, la conducción local del gremio minero y los trabajadores habían decidido mantenerse en estado de asamblea permanente, permaneciendo en la planta. Sostuvieron un virtual paro de actividades donde no ingresaban ni salían camiones y las tranqueras permanecían cerradas. Exigían la inmediata reincorporación de los compañeros. Esta contundente medida forzó a que la empresa abriera un canal de diálogo y que se hicieran presentes funcionarios del Ministerio de Trabajo. También se hizo presente la policía en dos oportunidades en un intento de amedrentamiento que no tuvo ningún efecto. Ante el recrudecimiento de la medida se logró la reincorporación de los compañeros en el mismo día. Es oportuno aclarar que la conducción local fue reelecta a fines del año pasado con un gran corte de boleta. De los 1048 votos que obtuvo la lista seccional, la cual iba pegada a la de la burocracia nacional de Laplace, el 32% de los trabajadores cortó boleta votando sólo la lista local. Un claro guiño de los trabajadores que refrendan a una conducción dispuesta a defender los puestos y las condiciones de trabajo mientras rechazan a otra que, además de integrar la CGT que pacta con Macri, ha cerrado paritarias a la baja el año pasado. Se trató de un pronunciamiento para avanzar en la independencia respecto de la burocracia nacional, en una de las seccionales más importantes del país ya que organiza a los trabajadores de cementeras y caleras de Olavarría y la zona, como Loma Negra y Cementos Avellaneda. Tomemos esta lucha de ejemplo ante futuros ataques de las patronales. ¡Viva la lucha de los trabajadores mineros!

Reformar la legislación de accidentes de trabajo por un DNU es una tropelía doble, contra la clase obrera y contra el Congreso. El apuro en dictar el decretazo fue para evitar una avalancha de juicios en febrero, ante la posible aprobación de una ley similar que tenía media sanción del Senado y que iba a ser tratada en Diputados. El decretazo fue pactado con la UIA y demás cámaras patronales y con las ART, las grandes beneficiarias de un régimen que produce en la Argentina 700 mil accidentes por año. Los trabajadores estarán más lejos de poder apelar a la Justicia cuando su salud e integridad han sido dañadas. El Congreso, que tiene la potestad de legislar, quedó dibujado. Semejante operación cuenta con la anuencia de la CGT que se suma a la jauría que ataca la “industria del juicio”, un slogan que pasa por alto que hay 120 mil juicios porque hay seis veces más accidentes de trabajo, y esto sin contar las enfermedades laborales. Un aspecto más de la “revolución del trabajo” de Macri, que retrotrae a Argentina al siglo XIX. De este atentado a la República, ni Carrió ni la UCR dicen palabra. Aclaremos que la operación de bloqueo del trabajador a la Justicia empezó con Cristina Kirchner quien, en combinación con la UIA, eliminó la llamada “doble vía”. La medida no está destinada a prevenir accidentes laborales, sino a bloquear los derechos de los trabajadores, convirtiéndolos ante la Justicia en ciudadanos de segunda. Lo que el presidente llama “reducción de la litigiosidad” es amparar la violación sistemática, por parte de las patronales, de las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. La reforma es parte de la ofensiva antilaboral de Macri. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo reconoce que entre enero y noviembre de 2016 los accidentes y enfermedades llegaron a un total de 514.622 con baja, y 678.342 sin baja. Estos datos sólo contabilizan a los trabajadores asegurados -la mitad de los trabajadores ocupados- y las enfermedades reconocidas en los listados oficiales. La nueva ley apunta a liberar a los empleadores y a las ART del peso de los juicios por la reparación de los daños causados, forzando al trabajador a aceptar una ínfima indemnización tarifada o ir a un juicio civil de ocho años, pero fuera de la competencia de su juez natural, el laboral. Se trata de un incentivo adicional para que la patronal y sus ART asociadas no inviertan en prevención al interior de las empresas, al disminuir aún más el riesgo económico que entraña para ellas el abuso y el descuido de la salud física y psíquica de la fuerza de trabajo que explotan. Dicho de otra manera, a la patronal le resulta más barato afrontar el accidente o la enfermedad laboral que prevenirla. Una conducta inhumana que el capital acentúa para descargar sobre los trabajadores su crisis de costos empresariales, como tarifazos, altas tasas de interés, falta de inversión tecnológica, de infraestructura y logística, problemas cambiarios, entre otros. La reforma impone todo tipo de trabas médicas-administrativas para bloquear el acceso del trabajador accidentado a la justicia. Entre ellas, antepone la asistencia previa obligatoria a Comisiones Médicas Jurisdiccionales y establece la apelación ante la Comisión Médica Central, debiendo ser el reducidísimo cuerpo médico forense el que intervenga y no admitiendo la presencia de médicos y abogados del lado del trabajador. Tampoco se reconocen los plazos de dos años existentes en el fuero laboral para reclamar. El respaldo de la CGT a esta ley la coloca como soporte de un nuevo ataque al movimiento obrero. Esta situación debe ser discutida en asambleas de trabajadores en todos los lugares de trabajo y marca la plena vigencia de una lucha por una nueva dirección en los sindicatos. Los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda tenemos un proyecto presentado en el Congreso en 2014 y que prevé la constitución obligatoria en todos los establecimientos laborales de Comités de Control Obrero de la Seguridad, Salud e Higiene Laboral que pueden o no coincidir con las representaciones gremiales, pero deben ser electas por los trabajadores. Se trata de someter a las patronales, a las ART, al Estado, al control de los trabajadores en lo que hace a la prevención y protección de la salud y seguridad laboral. O sea al control de los protagonistas y víctimas de los riesgos del trabajo. Lo mismo para las empresas tercerizadas que actúen en cada establecimiento. Incluso, donde no hay delegados, la organización sindical puede comenzar por la comisión de control obrero de salubridad. Somos opuestos a la política centroizquierdista de “comisiones mixtas” que dependen del veto patronal y por lo tanto están absolutamente restringidas. La oposición de los Massa y el FPV está dibujada. Al punto que el Senado dio media sanción a una ley similar al decretazo con solo dos votos en contra. La lucha por la salud obrera es una lucha por la independencia política del movimiento obrero de todo un sistema muertes y padecimientos del trabajador. En el siglo XXI no hay insalubridad de una tarea, hay condiciones insalubres de esa tarea. La tecnología actual permite reducir al mínimo el accidente y la enfermedad laboral. Pero hay que invertir para ello, algo que será propio de la planificación socialista y la gestión obrera de la economía. En la transición luchamos para empezar tirando abajo el decreto macrista. Con este planteo, el Partido Obrero se encuentra en una gran campaña con trabajadores de sindicatos fuertemente afectados, como el Subte -que ya acumula la pérdida de 5 vidas en los últimos 6 años-, el Sitraic y el Sutna, los trabajadores de enfermería y del transporte automotor, entre otros. Ante la gravísima situación a la que ha conducido la gestión de la salud y seguridad laborales en manos de los explotadores, las ART y el Estado, el movimiento obrero debe hacer del destino de su salud y seguridad laboral otro gran terreno de lucha contra la clase capitalista y el poder político.

Tras 24 horas de ocupación de la planta de Banghó, en Vicente López, la UOM y la empresa llegaron a un acuerdo en el marco de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria con todos los despedidos adentro. Los trabajadores levantaron la toma y se estableció un plan de entrenamiento productivo para una futura localización del personal en otras plantas con un pago parcial del salario. La planta está cerrada por vacaciones y el lunes se presentará la primera tanda de trabajadores para concretar el acuerdo. El viernes 20, en medio de las vacaciones, la patronal mandó telegramas de despidos a 150 metalúrgicos, 40 trabajadores de comercio y 20 fuera de convenio, y trasladó las maquinas de ensamblaje al establecimiento que tienen en Parque Patricios. Esto, después de cuatro meses de obligar a los trabajadores a hacer doce horas diarias para liquidar el stock, mostrando una clara premeditación para llevar adelante el cierre. Algunos trabajadores habían advertido el hecho, y, sumado al goteo de despidos que en el 2016 se cobró 200 puestos más, reclamaban la necesidad de una acción para frenar la ofensiva, un reclamo desoído por la UOM. Banghó alega que entre el 2015-2016 la venta cayó un 43% y que, ante la liberación de las licencias no automáticas y la reducción de los aranceles a 0% a la importación de tecnología, se ve obligada a cerrar la planta. Propone pagar las indemnizaciones al 50%, pretendiendo apoyarse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre procedimiento preventivo de crisis, siendo que jamás lo presentó. Aduce la incapacidad de competir con países que “carecen de reglas laborales, y que mediante el dumping bonifican fuertemente sus exportaciones”. Junto al resto de las cámaras empresariales del sector, la patronal reclama que se reduzcan los aranceles a los componentes de los equipos que se producen en sus plantas (Parque Patricios, en el promocionado Polo Tecnológico, y Vicente López). Pero, curándose en salud, han dejado en la calle a más de 200 trabajadores. Banghó jamás se sometió a una auditoría ni mucho menos presentó sus balances. Estas medidas arbitrarias cuentan con el apoyo silencioso del Ministerio de Trabajo, que sólo luego de la ocupación convocó a una reunión para discutir con la UOM y la empresa. La UOM no sólo no hizo nada durante los despidos producidos a lo largo de un año sino que, sabiendo lo que se venía (el día 20 de enero aparecieron declaraciones de la dueña de Banghó anunciando las cesantías) permitió que la patronal vaciara la fábrica sin dejar una máquina. Se trata de una línea de adaptación al ajuste de las patronales. En definitiva, los industriales metalúrgicos han echado a más 20 mil trabajadores en el último año, como supo reconocer el Barba Gutiérrez, directivo del gremio. El Partido Obrero plantea: todo y todos por la victoria en Banghó, extender la lucha a la otra planta y al movimiento obrero, en primer lugar el metalúrgico de Vicente López. Ni un despido. Que se abran los libros de la empresa a un comité electo por los trabajadores.

El asesinato de José Luis Cabezas en la madrugada del 25 de enero de 1997 en las afueras de Pinamar produjo una enorme conmoción popular. El homicidio cometido por una banda de barrabravas y policías bonaerenses al servicio del empresario Alfredo Yabrán, fue un crimen de Estado. Por un lado, por la intervención de todo un sector de la cúpula de la “maldita policía” en el hecho, con la participación de los comisarios de Valeria del Mar y Pinamar en la ejecución del plan criminal y en el ocultamiento de pruebas posterior. Por el otro, porque Yabrán era el nódulo del andamiaje de “negocios” montado por la camarilla menemista en el manejo del presupuesto estatal (una especie de Lázaro Báez del kirchnerismo, o de Angelo Calcaterra y Nicolás Caputo, del macrismo). El crimen puso al desnudo una feroz pelea entre el ex presidente Carlos Menem y el entonces gobernador Eduardo Duhalde, como resultado de la crisis desatada por el intento del gobierno de ir por una segunda reelección del riojano en desmedro de una candidatura presidencial de Duhalde. El trasfondo de esta crisis escondía el agotamiento del régimen de convertibilidad de Domingo Cavallo, el principio de la división de la burguesía y el surgimiento del Frepaso como una alternativa patronal al menemismo. Duhalde llegó a declarar que “le habían tirado un muerto”, en relación a su paso diario por la cava de Pinamar en donde mataron a José Luis. En forma similar a lo sucedido con el asesinato de Mariano Ferreyra, el atentado contra Cabezas produjo una convulsión en el país. La resistencia al menemismo ya había tenido expresión en levantamientos populares en el interior del país. Ahora le llegaba el turno al centro del poder político, en impresionantes movilizaciones en la Capital y también en Pinamar, lugar del crimen, donde se concentraban en el verano los dueños del poder político y económico del país. Las multitudinarias movilizaciones y la investigación periodística hicieron emerger la relación indisoluble de Yabrán no solo con el peronismo, sino también con sectores de la UCR. El menemismo quedó herido de muerte con el asesinato de Cabezas y perdió las dos elecciones posteriores. Desde un primer momento, la investigación del crimen quedó entrelazada con la puja entre Menem y Duhalde. Este último, maniobró a su antojo a la justicia para dejar afuera de la investigación a la estructura mafiosa de la Bonaerense y al aparato punteril del PJ provincial, colocando el homicidio como un problema de una banda mafiosa sin vinculación con el aparato del Estado. Menem, a su vez, activó para que Yabrán no fuese incriminado. Como resultado de toda esta intervención, el juicio desarrollado cuatro años después fue una estafa que presagiaba las “libertades condicionales” y “libertad a secas” que les fueron otorgadas a los diez condenados. Eran tiempos de la Alianza, el acuerdo electoral entre la UCR y el Frepaso, que se anunciaba como el del fin de la impunidad. El resultado grotesco del juicio, preanunciaba “la Banelco”, el Cavallo Bis, el 19 y 20 de diciembre y el “helicóptero”. Para los punteros kirchneristas que se llenan la boca hablando de la impunidad del ex policía Prellezo (ejecutor del crimen), a quien la justicia le otorgara recientemente la libertad, les recordamos que durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, todos los detenidos fueron siendo liberados. Los K siguieron el derrotero del menemismo con la utilización de patotas y barrabravas para las represiones “ por izquierda” (Hospital Francés, Mariano Ferreyra, patotas de la Uocra en Santa Cruz, etc. etc.). El método de las patotas es inherente a la descomposición del régimen capitalista. A 20 años de su asesinato, ¡José Luis Cabezas, Presente!

El 3 de febrero de 1976 los trabajadores encontraron cerradas las persianas de Clarín en las dos entradas, la de Tacuarí y la de Piedras. Había fuerte custodia policial y un refuerzo del personal de seguridad del diario. Los tipos tenían una lista de la gente que no debían dejar entrar. En total los despedidos eran 59, entre ellos toda la comisión interna compuesta por Ricardo Esparis, Oscar González, Juan José Pano, Oscar Martínez Zemborain, Carlos Dradac, un par de trabajadores de Expedición y dos de las oficinas que el diario tenía entonces en la calle Corrientes. Los despidos eran con causa, “por atentar contra la producción y los bienes de la empresa”. No era la primera vez. En 1966, inmediatamente después del golpe de Onganía, también se había descabezado la interna integrada entonces por Eduardo Jozami y Emilio Jáuregui, asesinado por la policía en junio de 1969 durante una manifestación de repudio a la visita de Nelson Rockefeller. Los aires del Cordobazo llegaron a Clarín y en 1972 se recompuso la interna, reelegida en 1974. Los despidos de 1976 encontraron una respuesta muy activa de los trabajadores, con asambleas que llegaron a reunir más de 200 personas en el local de la Federación de Entidades Gallegas. Se llegó incluso a parar la salida del diario mediante piquetes. Una lucha larga, que llegó casi hasta el 24 de marzo. El golpe la cortó abruptamente. Las demandas de los trabajadores no eran entonces muy distintas de las actuales. A fines de 1973 el gobierno de Juan Perón, por medio de su ministro de Trabajo, el burócrata metalúrgico Ricardo Otero, había impuesto una reforma laboral que, entre otras muchas cosas, instauraba la figura de los “contratos a término”, los contratos basura. “Es una ley peronista”, dijo entonces Otero. Aquellos despidos fueron avalados por el Ministerio de Trabajo de Otero, que nunca dictó la conciliación obligatoria, y habían sido facilitados por la intervención gubernamental a la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA). El interventor, un tal López, de Mar del Plata, dijo que el sindicato no iba a respaldar “a internas que agitan el trapo rojo”. Clarín ya era una avanzada en materia de “tercerizaciones” y flexibilidad laboral. En esa situación estaban los colaboradores de prensa y el equipo de motociclistas, que llevaba los avisos clasificados desde las agencias que el diario tenía distribuidas por toda la Capital Federal y el conurbano. Esos trabajadores debían facturar para recibir sus haberes. La interna descabezada en 1976 dirigió una lucha sin cuartel contra ese estado de cosas y logró el pase a planta de todos. También se consiguieron aumentos salariales importantes gracias a una conquista organizativa poderosísima: una intersindical de trabajadores de prensa y gráficos. En febrero de 1976 la preparación del golpe avanzaba a toda marcha. El gobierno de la Triple A, de la camarilla terrorista de Isabel Perón y López Rega, se había vuelto impotente para detener la lucha de los trabajadores. Al mismo tiempo, el fracaso de la huelga general de junio-julio de 1975 había impuesto un retroceso relativo y temporario, que fue aprovechado por la gran patronal y la embajada norteamericana para preparar el asalto al poder. Clarín era parte activa de los organizadores del golpe que en marzo, nucleados en un sello llamado Apege, lanzarían un lock-out nacional abiertamente golpista. Ernestina Herrera y Héctor Magnetto necesitaban destruir la organización sindical para despedir a gusto y aplicar la legislación antiobrera del gobierno peronista, cosa que no habían podido hacer por la combatividad de sus trabajadores. Producido el golpe, Clarín echó a 600 trabajadores sobre un total de 1.600 entre periodistas, administrativos y gráficos. Los telegramas hacían alusión a las leyes de “subversión industrial” de la dictadura, de modo que constituía riesgo de vida caminar por la calle con ellos en el bolsillo. El terror dictatorial fue trasladado rigurosamente puertas adentro por la patronal de Noble y Magnetto. Hasta 1982, cuando a costa de varios despidos y producto de una fortísima lucha adentro y afuera del diario, la organización de los trabajadores del diario empezó a recomponerse. Pero ésa es otra parte de la historia.

La crisis mundial que se inició en 2007 no ha agotado sus efectos, ni ha desarrollado aún todas sus conclusiones históricas. Uno de sus rasgos distintivos es que tuvo lugar cuando había transcurrido una década y media de la apertura al mercado mundial de las economías de dos estados poderosos como Rusia y China. Esta apertura (una verdadera válvula de seguridad para el capitalismo), desató, al mismo tiempo, las tendencias anarquizantes del capitalismo con una intensidad sin paralelo. El estallido de la crisis asiática/rusa de 1997 y la mundial de diez años más tarde, forzó la intervención del Estado en China y en Rusia, y la aparición de gobiernos bonapartistas que arbitraran con el capital internacional. Fueron las primeras manifestaciones del antagonismo que aflora en la actualidad, en particular entre Estados Unidos y China. En el proceso quedó sepultada la ilusión de un tránsito ‘pacífico’ entre economías estatizadas y dirigidas y la economía mundial capitalista en su conjunto. Nacionalismo La fuerza que han cobrado las tendencias nacionalistas en Europa, así como el Brexit y la victoria de Trump, obedece al fracaso de las tentativas de reactivación económica, principalmente de Estados Unidos y la UE, por medio de los rescates estatales a los bancos. Son la expresión del agotamiento de una etapa política. El rescate mejor sucedido, el norteamericano, no ha recuperado la tasa de crecimiento potencial del PBI, o sea ni la tasa de crecimiento de la productividad, ni de la inversión, y mucho menos aún de los salarios (la demanda de consumo final). La valorización bursátil extraordinaria de las empresas tecnológicas responde a una expectativa de beneficios que no ha pasado por la prueba del mercado. La acumulación enorme de capital en efectivo en esas empresas traduce lo contrario –la ausencia de una rentabilidad adecuada que justifique inversiones significativas. La expansión de la explotación de petróleo no convencional ha sido subsidiada por una tasa de interés artificialmente baja. Es lo que olvida Trump, para su conveniencia, cuando denuncia los subsidios ocultos que provee el Estado chino a sus capitales. En su conjunto, la economía norteamericana registra un enorme crecimiento de la deuda nacional (Estado federal, Estados y municipios, bancos y empresas, familias). Es una economía potencialmente en quiebra, que se sostiene por la capacidad de emisión de la principal divisa internacional. Por otra lado, la ‘piedra preciosa’ de la ‘globalización’ –la City de Londres– enfrentaba, al momento del Brexit, un déficit internacional de pagos de casi un billón de dólares, así como una sobrevaloración de la libra y un colapso industrial (por ejemplo, la siderúrgica Tata). A la carta La reacción nacionalista, es importante advertirlo, no tiene un carácter uniforme: es ofensiva en Estados Unidos y defensiva en la Unión Europea, y aún más en los casos de los Estados periféricos. Lo que tienen en común es su condición de reacción política preventiva frente a las manifestaciones de la crisis política. Las condiciones de existencia de las masas se han deteriorado fuertemente en el curso de la crisis. La crisis mundial ha acentuado el antagonismo de las masas con los gobiernos habituales, en el marco del sistema democrático. Las calificadoras internacionales han incorporado el “riesgo político” en la evaluación de las perspectivas de las compañías y los Estados. La base social de esta reacción nacionalista (nacionalismo reaccionario) es, por el momento, débil. En Europa del Este y Rusia, donde parecería más asentada, ha provocado movilizaciones de rechazo de diferente envergadura. Enfrenta la oposición de sectores de la burguesía fuertemente vinculados a las inversiones internacionales o a la tercerización internacional de su producción. Para una mayoría de la burguesía, el abandono de los métodos ‘democráticos’ resulta aún prematuro y peligroso, porque aceleraría una polarización que no ve deseable ni funcional a sus intereses. Puede operar como un incentivo para grandes movilizaciones populares en países donde la tradición histórica de lucha está presente en la conciencia cotidiana. Bonapartismo e ‘impeachment’ Esta crisis política ha quedado expuesta en la transición de Obama a Trump: choques en el Congreso, choques con los aparatos de seguridad, choques con la gran prensa, críticas abiertas en la cúpula de la Otan y por parte del presidente saliente. También se ha caracterizado por choques entre la industria automotriz y la nueva administración acerca de México, o con la industria de alta tecnología, a la que Trump denuncia por la retención de utilidades en el exterior. En las interpelaciones en el Congreso, los ministros designados han desmentido los planteos de Trump en asuntos claves. Asistimos, antes que nada, a una división excepcional en las filas de la burguesía norteamericana. La idea de que Trump "juega" a la confusión para descolocar a sus adversarios, no advierte las contradicciones explosivas de esta suerte de ‘juego’. El rechazo a la realización de “conferencias de prensa”, por un lado, y el rechazo al proyecto de reforma impositiva de la bancada republicana, que busca evitar la aplicación de aranceles a la importación, constituyen los primeros pasos de la instalación de un gobierno bonapartista en Estados Unidos. En efecto, los legisladores republicanos pretenden impedir la adopción de aranceles proteccionistas que desaten una guerra comercial abierta, mediante un régimen impositivo que grave las importaciones después que hubieran ingresado al mercado norteamericano, y susceptible por lo tanto de acogerse a exenciones y deducciones. Trump ha rechazada el proyecto de su bancada, en este tema crucial de su agenda, en forma pública y tajante. La tentativa bonapartista ya está planteando la cuestión del ‘impeachment’. La división de la burguesía norteamericana y la tendencia bonapartista son los aspectos fundamentales, al momento, de la crisis política en Estados Unidos. La reacción nacionalista deja al desnudo las contradicciones de la salida a la crisis capitalista que pone el acento en la reactivación por medio de déficits fiscales y gastos enormes en obras públicas. Los defensores ‘liberales’ de esta salida, como es el caso del editor del Financial Times, Martín Wolf, no advierten la contradicción de una reactivación ‘nacional’ que aumente la demanda fuera del país en beneficio del capital extranjero en detrimento relativo del nacional. El capitalismo no admite salidas ‘coordinadas’ a la crisis. A diferencia de la crisis de los años 30 del siglo pasado, sin embargo, un cierre económico similar perjudicaría al capital norteamericano que se encuentra invertido fuera de sus fronteras. Los dividendos e intereses que el capital norteamericano remite del exterior supera el monto que tiene que pagar Estados Unidos por su deuda exterior y la remisión de utilidades del capital extranjero. Una reactivación de la obra pública en gran escala desvalorizaría, por otro lado, la deuda pública corriente en manos de bancos y financieras (aumenta las tasas de interés) –lo cual destrozaría a un capital ficticio estimado en mil billones de dólares. Cuando las estadísticas mencionan el patrimonio acumulado por el 0,1 o el 1% de los capitalistas, no agregan que se trata de capital ficticio (títulos y obligaciones del Estado y las empresas), que se encuentra extraordinariamente sobrevalorizado. Proteccionismo: los medios y los fines Mientras que el nacionalismo europeo plantea una defensa de los mercados nacionales o incluso de la zona euro, es incorrecto caracterizar los planteos de Trump como una defensa del mercado norteamericano. La ‘guerra comercial’ que impulsa Trump tiene por finalidad imponer la apertura de los mercados extranjeros al capital norteamericano, en especial en el caso de China. El imperialismo reclama la privatización o desmantelamiento de las empresas estatales de China, así como la apertura al capital extranjero de las Bolsas y de la negociación de la deuda pública. Esgrime el proteccionismo para arrancar concesiones absolutamente estratégicas en los mercados rivales. Después de inundar el mercado mundial con acero y aluminio, China procura salir de esta crisis de sobreproducción, liquidando parte de estas ramas, pero también mediante la industrialización de estas materias primas, lo que se llama aumentar la escala de valor. Este choque ha alcanzado una temperatura excepcional con el desarrollo, aún incipiente, de una industria de chips y semiconductores, por parte de China. Se trata de la matriz tecnológica de los servicios industriales modernos. Por eso, Estados Unidos ha bloqueado la adquisición de empresas tecnológicas con las cuales China pretende abreviar el tiempo de gestación de esta industria. Un medio de prensa caracterizó el intento de China como un equivalente al desarrollo de la flota naval por parte de Alemania, que desató la guerra mundial en 1914. Más que una tentativa de proteccionismo aduanero convencional, Trump representa la declaración de guerra contra el proteccionismo industrial y financiero de China. Trump continúa una línea precedente, pero cambia la escala. Europa y América La ofensiva norteamericana sobre China cambia forzosamente las relaciones capitalistas internacionales. No puede tener lugar ‘en forma conjunta’ por parte de Estados Unidos, de un lado, y Europa, del otro, porque tiene por base una incorregible rivalidad entre Estados capitalistas. De ahí el desplante de Trump hacia la unidad europea y el saludo al Brexit. Después de todo, el Brexit desbarató el planteo del ex ministro Cameron y de la City a favor de desarrollar una relación especial con China, que se manifestó en la decisión de integrar el Banco Internacional de Desarrollo impulsado por China e incluso admitir el desmantelamiento de la siderurgia en Gran Bretaña en beneficio de China y la participación de China en la construcción de reactores nucleares –a cambio de una integración financiera de China en el mercado de Londres (convertibilidad del yuan). A la luz de este conflicto de posiciones, se podría decir que el Brexit ha sido una suerte de golpe de Estado contra ‘el gobierno pro-chino’ de su antecesor. Theresa May, al revés, ha anunciado el deseo de establecer una “relación especial” con la Norteamérica de Trump. Anticipa de este modo la posibilidad de que el chovinismo europeo no sea otra cosa que un cambio de amo de las burguesías europeas –de Alemania hacia Estados Unidos (aliado con Putin). La declinación de Estados Unidos El anuncio de la ofensiva ‘comercial’ contra China ocurre cuando China se encuentra al borde de una crisis financiera enorme, que no podría ser contenida, ni menos resuelta, por una mayor intervención del Estado. En 2016, ha salido un billón de dólares en divisas, a pesar de los controles oficiales. La tenencia de deuda norteamericana por parte de China ha caído en cifras parecidas y es probable que haya sido la causa principal de la reciente suba de interés en Estados Unidos. La manifestación política de esta crisis es el acentuado bonapartismo de Xi Jinping, el presidente chino. En Davos, recientemente, Xi ha respondido a la presión de Trump con una oferta de apertura. Los nuevos desenvolvimientos políticos auguran una aceleración de la crisis en China, y en especial una crisis de su régimen político. El enfrentamiento Estados Unidos vs. China tiene lugar cuando se desarrolla una intensa fractura en la burguesía norteamericana, de un lado, y algo similar en la burocracia de China, del otro. La transición internacional en curso plantea crisis de poder en la mayoría de las principales naciones. Antes de que se plantee la posibilidad de una guerra que enfrente a Estados Unidos y a China como protagonistas principales, será necesario unificar a las burguesías y burocracias de los países respectivos y, de un modo general, trastocar el régimen político democrático que caracteriza a los Estados capitalistas avanzados. Muchas caracterizaciones del proceso actual hacen referencia a la declinación de Estados Unidos como potencia líder del capitalismo. Esta caracterización supone el ascenso de alguna potencia rival, lo que no ocurre. Todo lo contrario: los Brics (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) han perdido vigencia; Brasil y la India han girado hacia la órbita norteamericana en sus cambios de gobierno recientes. La unidad europea atraviesa una prolongada desintegración. La profundidad de la bancarrota capitalista mundial ha acentuado la dependencia de los Estados capitalistas y restauracionistas respecto a los Estados Unidos. Es el único país que cuenta con una banca de inversión. El dólar ha alcanzado un máximo en la participación en las transacciones comerciales y financieras internacionales. La impresión de una declinación del imperialismo yanqui es una lectura distorsionada de la enorme declinación histórica del capitalismo mundial. No nos encontramos en una fase de relevo del liderazgo mundial. Asistimos a la desintegración del bloque político de naciones capitalistas que se formó luego de la segunda guerra mundial. La zanahoria que guió la política norteamericana en esa alianza es cosa del pasado. Trump pretende inaugurar la política del garrote en el seno de lo que fue la "alianza de occidente". ¿Se ha formado una pareja? El cortejo de Trump hacia Putin es, obviamente, una tentativa de descalificar a los regímenes democráticos capitalistas, a los que el magnate ha definido como “talk, talk, talk, but no action” (“palabrerío y ninguna acción”); en síntesis, la necesidad de ‘gobiernos fuertes’. Es, sin embargo, un reconocimiento, por un lado, del fracaso de la tentativa de disolver a Rusia como estado multinacional o convertirla, alternativamente, en colonia económica, como intentaron Bush padre y Bill Clinton. Por el otro lado, también del rol contrarrevolucionario del régimen de Putin en el conjunto del orden internacional. Las invasiones a Afganistán e Irak, por parte de coaliciones lideradas por el Pentágono, han desatado una crisis gigantesca en Medio Oriente. El imperialismo teme el renacimiento de las revoluciones árabes y las consecuencias de la crisis desesperante de Turquía, principal base de la Otan. La política del ‘state building’ (construir protectorados políticos ‘constitucionales’) ha concluido en un fracaso gigantesco. Fracasó asimismo el propósito de Obama de producir una “salida ordenada” de la región. La convocatoria de Trump a Putin para “combatir al terrorismo” representa, en primer lugar, el reconocimiento descarnado de este fracaso. Es también una oferta de ‘reparto de influencias’ en la región, que debe contar con el acuerdo del Estado sionista. Por otro lado, representa una tentativa de poner a Rusia bajo la tutela norteamericana. Trump y Putin están interesados en las inversiones petroleras en el Ártico, lo cual supone, en gran medida, un acuerdo energético internacional, que incluye a Ucrania, los gasoductos (desde Siria a Chipre), y una crisis potencial con Arabia Saudita y Qatar. Esto plantea una crisis con la Unión Europea. El comando militar del Pentágono y de la Otan recela del acercamiento a Rusia y también advierte que Putin no está dispuesto a operar bajo la batuta de Trump. Lo que se presenta como una divergencia, está plagada de antagonismos. El propósito que se atribuye a Trump de querer meter una cuña entre Rusia y China, es por ahora un espejismo. Las ‘ideas’ de Trump todavía no han demostrado consistencia, si es que ocurre alguna vez. Tiene las características de un ensayo en falso. Lo que es claro, por sobre todo, es que la bancarrota mundial ha destruido la ilusión de un reequilibrio de las relaciones capitalistas y está produciendo un realineamiento entre las principales potencias, de alcance incierto. La experiencia Trump deja vislumbrar, sin embargo, las tendencias políticas de conjunto. El epicentro de la crisis política La asunción de Trump ha acelerado tendencias políticas que se encontraban en pleno desarrollo. El campo principal de disputa se encuentra al interior de los Estados Unidos. Existe una división excepcional en la burguesía, sus partidos y sus instituciones. La reacción popular que ha producido a la escala de todo el país se encuentra bajo la tutela de la burguesía y pequeña burguesía liberales, que será usada para impulsar un ‘revival’ demócrata. Pero es un comienzo de lucha. La experiencia chovinista Trump (que obtuvo tres millones de votos menos que su rival) sigue a la de una presidencia negra, que fue una tentativa liberal fallida de apaciguar la crisis y los antagonismos de clase. Dos presidentes, uno negro, por un lado, y un chovinista blanco, por el otro, no dejan de representar dos recursos ‘extremos’ alternativos a una misma crisis de conjunto. Estados Unidos se ha convertido en epicentro político de la crisis mundial, luego de haber sido su epicentro y motor económico y financiero. Publicado en: https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/684153991765465

Una serie de destacados intelectuales publicaron una declaración en apoyo a los obreros de AGR-Clarín y contra los despidos. En sus propios términos, escritores, ensayistas, académicos y periodistas como Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Martín Caparrós, Alejandro Horowicz, Mempo Giardinelli, Juan Tokatlian, Maristella Svampa, Diego Genoud, Pablo Alabarces, Lucrecia Martel, Sergio Olguín, Carlos Altamirano y Marcelo Figueras, entre varios otros, señalaron: "los trabajadores tomaron las instalaciones de la planta. Nos solidarizamos con su lucha en defensa de los puestos de trabajo. Proponemos que el gobierno y el Estado intervengan a través del Ministerio de Trabajo para que se retroceda en el cierre de la planta" y repudiaron la violencia que se generó en las puertas de la fábrica el martes. Destacaron que los trabajadores denuncian: "un ataque a las condiciones laborales incluidas en el convenio colectivo de trabajo gráfico que conduciría a la precarización y flexibilización laboral". Y concluyeron que: "Emprender una política de retroceso en los derechos laborales conquistados por los trabajadores, sería una medida a todas luces errónea, que acentuaría aún más la crisis económica y social que el país atraviesa, profundizando las desigualdades". Varios de los firmantes son columnistas del diario Clarín. A continuación, el texto completo. "Los abajo firmantes -miembros del campo cultural, intelectual, artístico, periodístico y académico- queremos expresar nuestra profunda preocupación por los 380 despidos y el cierre de la planta AGR-Clarín en Pompeya. La empresa aduce que la fábrica -la mayor planta gráfica del país- se encuentra en dificultades financieras que la hacen insostenible, sin embargo no presentó el pedido de un recurso preventivo de crisis -tal como establece la ley-. Asimismo, los trabajadores aseguran estar desbordados de trabajo y, según han difundido diferentes medios, el grupo Clarín en 2016 ha aumentado considerablemente la pauta oficial que recibe del Estado respecto de otros años. En realidad, de acuerdo a los trabajadores, se trata de un ataque a las condiciones laborales incluidas en el convenio colectivo de trabajo gráfico que conduciría a la precarización y flexibilización laboral. En respuesta, los trabajadores tomaron las instalaciones de la planta. Nos solidarizamos con su lucha en defensa de los puestos de trabajo. Proponemos que el gobierno y el Estado intervengan a través del Ministerio de Trabajo para que se retroceda en el cierre de la planta y, si efectivamente esto es producto de una crisis, proponemos que la empresa cumpla los pasos que dicta la ley en estos casos. Al mismo tiempo, repudiamos el uso de la violencia a la hora de enfrentar conflictos sociales. Sucedió hace unos días en Chubut, donde hubo una serie de represiones inadmisibles, que causaron numerosos heridos, en el intento de desalojo de unos campos que reclama una comunidad mapuche (el Lof Cushamen); vuelve a repetirse ahora con la protesta en la planta gráfica AGR-Clarín. Declaramos que la represión y la violencia contra el reclamo laboral es el camino menos adecuado para encontrar una salida a este conflicto. Emprender una política de retroceso en los derechos laborales conquistados por los trabajadores, sería una medida a todas luces errónea, que acentuaría aún más la crisis económica y social que el país atraviesa, profundizando las desigualdades. Primeras firmas Roberto Gargarella, Beatriz Sarlo, Daniel Link, Marcelo Figueras, Gabriela Cabezón Cámara, Martín Caparrós, Antonio Santa Ana, Martin Kohan, Maristella Svampa, Diego Rojas, Selva Almada, Gabriela Massuh, Adrián Gorelik, Enrique Viale, Carlos Altamirano, Lucrecia Martel, Julián López, Pablo Bergel, Juan Toklatian, Pablo Alabarces, Sergio Olguín, Olga Viglieca, Daniela Pasik, Ana Laura Pérez, Carola Martínez, Eduardo Blaustein, Gabriel Reches, Mempo Giardinelli, Natalia Porta López, Elsa Drucaroff, Alejandro Horowicz, María Inés Garibaldi, Ana Prieto, Sebastián Vargas, Pablo Vommaro, Horacio Tarcus, Gabriel Kessler, Diego Genoud, Emilio de Ipola, Marcelo Plana, Nicolas Tauber, Rubén Schofrin, Diana Dowek, Alfredo Saavedra, Natalia Gelós, Miriam Molero, Soledad Vallejos, Agustina Larrea, Diana Kordon, Darío Lagos, Patricia Pintos, Walter Vargas, Iván Moschner, Rafael Gentili, Hugo Salas, Alejandro Wall, Paula Jiménez España, Laura Roldán Devetach, Laura Devetach, Elissambura, Lucía Makuc, Verónica Gago, Graciela Pérez de Lois, Fabián Maggieri, Silvia Grau, Dolores Rocca Rivarola, Mario Pecheny, Laura Leibiker, Diego Baridó, Melina Vázquez, Juan Ignacio Piovani, Mauricio Torne, Daniel Rodríguez, Laura Cukierman, Lucy Edelman, Hector Bidonde, Candela Gomez Diaz, Florencia Hipolitti, Guillermo Gómez Medina, Cecilia Libster , Gonzalo Moyano, Federico Lorenz, Miguel Teubal, siguen las firmas.

"El desafío de seguir renovando y fortaleciendo al FIT en Córdoba, como lo hicimos en todo el país”. Con este lema, el PTS lanzó un video con la presencia de Del Caño y referentes cordobeses. Al margen de otras implicancias hay que señalar que, por lo que se ve en el video, lo de la renovación no corre para el PTS de Córdoba: los referentes promocionados son históricos y reiterados candidatos, incluida una legisladora que ya lleva dos años en la Cámara. Con el video el PTS le asigna al FIT como principal tarea, tal como Del Caño planteó en Atlanta, ir por más diputados, o sea el proceso electoral. El año ha comenzado con ataques frontales a los trabajadores; y que se corporizaron hasta ahora en el convenio petrolero, en el lock-out del Grupo Clarín, en los despidos -que, en nuestra provincia, tienen como principales destinatarios a los trabajadores de la industria metalmecánica. A esto se suman los golpes al salario y la economía de las familias obreras con los continuos tarifazos y la inflación. Todos estos ataques no han frenado la crisis del gobierno, que encuentra su expresión en los cambios de gabinete. Tal como señala Marcelo Ramal en Prensa Obrera N° 1444: “En cualquier caso, tenemos trazado desde el vamos un 2017 de grandes enfrentamientos, luchas y desenlaces de las contradicciones explosivas que están en curso”. De esta caracterización, se desprenden las tareas que debe abordar la izquierda incluido el propio proceso electoral: “Es todo un señalamiento para el Frente de Izquierda: la campaña electoral no será el devenir pacífico de las tendencias políticas preexistentes, sino que estará surcada por este cuadro convulsivo. Esta situación de conjunto debe colocar a la izquierda protagonizando la oposición a la escalada antiobrera, comenzando, naturalmente, con la organización obrera en defensa de los convenios y contra los despidos, en la perspectiva de la ocupación de las fábricas que despidan o suspendan, y de un plan de lucha contra la ofensiva oficial. Por medio de una intensa agitación política, es necesario denunciar la impotencia de los planes capitalistas de cara a una bancarrota internacional extendida y convocar a los trabajadores a organizarse en torno de un programa y de una salida de poder propios” (ídem). El temprano video del PTS con su “desafío a seguir renovando y fortaleciendo” no sólo es de un grosero electoralismo, sino que está centrado en la lucha hacia adentro del Frente de Izquierda, hacia la “interna”. No prepara a los trabajadores para enfrentar los ataques, organizar la lucha, recuperar los sindicatos y aprovechar la crisis capitalista y de gobierno en la perspectiva de una salida de poder propia, sino que los quiere meter en un debate faccional dentro del FIT. Para decirlo en otras palabras, el PTS “le perdona la vida” al régimen capitalista para llamar la atención de los trabajadores en una supuesta (y falsa) renovación. Faccionalismo El video adelanta, como lo interpretó un medio de prensa, una temprana campaña hacia las Paso. Es la respuesta a los planteos efectuados en Atlanta, tanto por nuestro compañero Pitrola como por Giordano de IS, en el sentido de ir a las elecciones con listas únicas para concentrar nuestra campaña en la denuncia a los capitalistas y sus partidos y colocando al FIT como una alternativa. El PTS repite el slogan de “renovar y fortalecer”; el apresuramiento en Córdoba no es casual, es de los distritos importantes, junto a CABA y Provincia de Buenos Aires, donde el PTS perdió la interna. La renovación, que no llega a los candidatos, tampoco alcanza a las ideas. El PTS, con un espíritu conservador, se aferra a lo que le dio resultado hace dos años. El faccionalismo coloca los intereses de un aparato sobre las necesidades políticas de las masas; el lema central del PTS en Córdoba es: “Desplacemos a Olivero y Salas de la cabecera de la lista de candidatos”. ¿Es eso lo que requieren los obreros víctimas de la debacle industrial?, ¿responde a las necesidades de las mujeres que cada vez en mayor medida son víctimas de la violencia?, o ¿a las del 40% de trabajadores en negro o precarizados?, ¿ o a la lucha en defensa del bosque nativo que tuvo a los “históricos” del FIT a la cabeza? Evidentemente no. Solo responde al interés de un aparato, el del PTS. La campaña del PTS y su faccionalismo, mirados con mayor rigor, son un servicio a las variantes patronales, que pretenden disimular su política capitalista explotando el sentimiento adverso a los políticos y a sus partidos (es decir, a ellos mismos) reciclando cada tanto a sus desprestigiados personeros. Impide que los trabajadores aborden la lucha política teniendo como eje los intereses de clase, y no las formas, como remedio a los males del régimen político. ¿Fortalecer? ¡Las pelotas! Después de las PASO de 2015, y desde la asunción de Macri, la política del PTS puso en peligro al FIT, por hacer algo que de nuevo no tiene nada para la izquierda latinoamericana: el seguidismo al nacionalismo burgués. Con esa orientación rompieron el acto del 1º de Mayo, con la misma apoyaron proyectos del kirchnerismo en el Congreso y se florearon con lo peor de los K (Rossi, Tomada, D´Elia, Aníbal Fernández, etc.) colocándolos como única vía para reclamar la libertad de Milagro Sala o contra el atropello a Hebe Bonafini. El seguidismo los llevó a romper las listas del FIT en la Universidad de La Plata para ir con los K vergonzantes. La lucha por colocar al FIT como una alternativa política (incluso en lo electoral), como un polo de reagrupamiento de los explotados, requiere de una estrategia de independencia política y de una agitación concentrada en la lucha contra el gobierno y los ajustadores. Ahí están los desafíos. El faccionalismo electorero encubre una incomprensión respecto de esta cuestión crucial,y, en última instancia, un escepticismo de fondo respecto de las posibilidades de la izquierda revolucionaria como alternativa de poder.

La lucha de los obreros de AGR ha dejado una nueva y poderosa lección en el debate de estos años respecto de los monopolios mediáticos y la libertad de expresión. La ley de medios kirchnerista había prometido una “pluralidad de voces” que tuvo una sola y conocida consecuencia: al monopolio Clarín, la política oficial le opuso el crecimiento de algunos monopolios empresarios afines a los K, los cuales se expandieron con los generosos recursos de la pauta oficial y otras maniobras para facilitar procesos de concentración. A esa fragmentación entre corpos y “Korpos”, el kirchnerismo la presentó como la consumación de la pluralidad de voces. Hoy, las regulaciones kirchneristas –que nunca pasaron de un arbitraje entre pulpos- han sido mandadas al canasto. Pero quedaron algunos de los pulpos mediáticos que crecieron al calor de su gobierno. ¿Cómo actuaron en medio de la huelga de AGR? A la censura previsible del grupo Clarín se sumó el silencio cabal y completo de los medios controlados por Cristóbal López, y la tímida –y burocrática- cobertura de otros, como Página 12. Esa mordaza sólo fue parcialmente superada por algunos periodistas que cuentan con producción propia, y que difundieron la huelga o la represión a la planta en sus programas. O por los trabajadores de prensa que presionaron encarnizadamente para que la noticia de la ocupación de AGR se divulgara. En “La Nación”, la decisión de la patronal de “deslinkear” una nota sobre el conflicto produjo una virtual rebelión en su redacción, que mucho de sus periodistas expresaron en las redes sociales. En Clarín, la comisión interna difundió, también por las redes, un comunicado que desenmascara y ridiculiza la “nota” que la patronal del diario publicó sobre la ocupación de AGR. En el caso de Tiempo Argentino, el diario recuperado por sus trabajadores le dio una amplia cobertura al conflicto, tanto en la edición impresa como en la web.De un modo general, la explosión del conflicto en las redes expresó la conmoción que produjo la lucha entre los trabajadores y la juventud. La campaña por las redes -que tuvo como puntal al equipo de “Prensa Obrera” digital- quebró en buena medida el cerco mediático de los pulpos. El conflicto de AGR volvió a borrar la división entre medios macristas o prokirchneristas: por encima de ello, primó la solidaridad de clase frente a la irrupción obrera en defensa del derecho al trabajo y de sus conquistas laborales. En definitiva, unos y otros practican la precarización laboral y una política de despidos –masivos o selectivos- como telón de fondo de sus “reestructuraciones” o vaciamientos. Como nunca, la supuesta pluralidad de voces se reveló como un mito. Los paladines de la libertad de expresión ejercieron la más brutal de las censuras. Y la batalla por el derecho a informar estuvo en manos de los trabajadores y de quienes los apoyan. La libertad de prensa volvió a mostrarse antagónica con el monopolio capitalista de los medios. El acceso irrestricto a la información y al conocimiento exige terminar con la tiranía de los pulpos, y la entrega de los medios y recursos tecnológicos a las organizaciones obreras y populares.

El ninguneo de la ‘gran’ prensa sobre la ocupación de AGR no ha podido impedir que esta gesta obrera ocupe un lugar crucial en el escenario político. La ocupación de AGR ocurre cuando el gobierno se encuentra empeñado en una escalada de gran alcance contra la clase obrera. Después de haber empeñado todos los recursos del fisco para rescatar al capital; después de elevar la deuda pública en casi 50.000 millones de dólares, el gobierno sólo puede ofrecer como resultado un empantanamiento económico persistente -incluso el FMI le bajó los pronósticos de crecimiento para 2017, el cual no alcanzaría para compensar la declinación del año que pasó. En medio de este empantamiento, Macri busca renovar el apoyo de todas las fracciones capitalistas prometiéndoles un ataque estratégico a las conquistas de la clase obrera. Mientras los obreros de AGR cumplían su primera semana de ocupación, Macri anunciaba por decreto el cambio en el régimen de riesgos de trabajo, para virtualmente liquidar el derecho del trabajador a recurrir a la justicia laboral. El gobierno decidió imponer esta medida antiobrera con un “decretazo”, el cual, de todos modos, tendrá que someterse al veredicto de una comisión de parlamentarios oficialistas y opositores. El decretazo es un emplazamiento de Macri a pejotistas y massistas de cara a un reclamo estratégico de la gran patronal industrial. El gobierno confía -o descuenta- el apoyo de los senadores del PJ y el FPV que ya votaron en la Cámara Alta esta iniciativa antiobrera, junto con el aval del triunvirato de la CGT. El massismo, que ha criticado “la forma” (el decretazo), apoya sin embargo el “fondo”, o sea, la pretensión capitalista de reducir los costos laborales a costa de la seguridad en el trabajo. Como ya ocurriera con Ganancias y la ley “antidespidos”, el episodio de las ART volverá a demostrar la completa inconsistencia de la demagogia “social” de los opositores, cuando lo que está en juego es la agenda de la gran burguesía. Triunvirato La CGT, que ya dio su aval en la cuestión de las ART, discute con el gobierno un paquete laboral en torno de la supuesta “creación de nuevo empleo” -entre otras medidas, un blanqueo laboral ampliamente generoso para las patronales, el retorno de un régimen de pasantías y la aplicación de los planes sociales a cuenta del salario. Los dirigentes sindicales ‘lamentan’ que estas iniciativas “pro empleo” se produzcan en medio de despidos masivos, como ocurrió en Alpargatas San Luis, Sierra Grande, Banghó o AGR Clarín. Ello como si la política oficial no procurara otra cosa que bajar el costo del despido -lo mismo que buscaron todas las ‘reformas laborales’ en la Argentina y en el mundo. La montaña de subsidios previstos para los “nuevos” empleos servirán para que las patronales financien despidos encubiertos, bajo la forma de retiros voluntarios. La burocracia condiciona el apoyo a estos planes a que el “plantel total de trabajadores no decaiga o se eleve”, algo que no impide el relevo de unos trabajadores por otros. Ese es el meollo del conflicto de AGR, donde la patronal que despide aspira a reabrir el taller con trabajadores precarizados. En relación a las pasantías, la burocracia no cuestiona su utilización como variante disimulada de trabajo precario -sólo condiciona su aceptación a la afiliación sindical de los pasantes, o sea, a reforzar sus cajas. El triunvirato cegetista ha prolongado su tregua con el gobierno en aras de este plan laboral fraudulento, mientras los despidos masivos desfilan ante sus narices. AGR Es en este cuadro que el conflicto de AGR ha sacudido la estantería de la tregua, en primer lugar, por sus métodos de lucha. A la decisión despótica de la patronal de AGR contra el derecho al trabajo, sus trabajadores le opusieron la determinación colectiva de ocupar la planta, hasta que se retrotraigan los despidos. Esta decisión ha provocado una conmoción en el movimiento obrero, obligando, en primer lugar, al sindicato gráfico a convocar a un paro general. Es la ocupación, también, la que ha forzado a una burocracia apoltronada en la tregua a recibir a los huelguistas, que exigieron medidas de apoyo y el paro general de cara al conflicto y a la oleada general de despidos. Los trabajadores de AGR han hecho de la ocupación de su fábrica una gran palanca sobre los sindicatos obreros, para movilizarlos en torno de una lucha estratégica. Al mismo tiempo, le han ofrecido a toda la clase obrera un gran planteo -la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Redoblemos la campaña en apoyo a AGR en todos los sindicatos y organizaciones populares; reforcemos su fondo de huelga, los piquetes y bloqueos. La remachada oposición de la CGT a un paro general puede resultar un búmeran que haga madurar por abajo un movimiento de conjunto. Un anticipo de ello son los pronunciamiento de las CGT de varias provincias en favor de los obreros de AGR. Es necesario denunciar a fondo la complicidad antiobrera del gobierno y su Ministerio de Trabajo, que renuncian a intervenir en el conflicto a pesar de que los despidos masivos de la patronal ni siquiera se avienen a los procedimientos legales en materia de “crisis” o supuestas “pérdidas” alegadas por la patronal. El gobierno macrista apunta a convertir al país en una gran AGR. Por eso, una victoria de sus obreros no sólo golpearía los planes precarizadores de Clarín, sino también al corazón de la política oficial, cuyo único denominador común es impulsar una regresión histórica en las conquistas de la clase obrera argentina. Foto Fede Imas

La gran solidaridad con la lucha de los trabajadores de AGR ha despertado centenares de pronunciamientos de sectores sindicales, políticos, de derechos humanos, intelectuales y artistas. Adhesiones gremiales El conflicto produjo una conmoción en el gremio de prensa. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) participó de numerosas acciones de lucha, así como la federación nacional Fatpren. Los propios redactores de AGEA-Clarín se solidarizaron con sus pares gráficos, así como los trabajadores de Canal 13 y TN. "Toman la planta de Pompeya ante despidos de Clarín. Solidaridad con los compañeros. No al cierre de AGR", escribió la periodista de Canal 13 y delegada gremial Silvia Martínez Cassina, quien también habló en el acto en la puerta de la planta. La asamblea de trabajadores de La Nación manifestó también su apoyo, así como la comisión interna de Editorial Perfil, Página 12, la de Telefe Noticias, numerosos sindicatos de prensa provinciales y la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional. El apoyo de comisiones internas gráficas –como Interpack I, Morvillo- se evidenció en las distintas instancias de lucha y en el paro gráfico del jueves 19. También se solidarizaron Madygraf y ex Worldcolor, entre otros numerosos talleres. Se destacan las expresiones de apoyo de las dos CTA y las CGT provinciales de Mendoza, Chaco y Córdoba, así como de la Unión de Gremios de Tierra del Fuego, que denunció en un comunicado “la política de los despidos, el ajuste de derechos y la flexibilización al pueblo a sangre y fuego”. Se pronunciaron y participaron de varias acciones de lucha gremios nacionales como el Sitraic (de la Construcción), la Conadu Histórica (Docentes Universitarios) y el Sutna, del neumático, cuyo secretario general Alejandro Crespo sostuvo que “AGR-Clarín es un caso testigo del ajuste que intentan implementar el gobierno y los gobernadores”. La solidaridad cruzó la frontera y hubo expresiones en Uruguay por parte del Sindicato de Artes Gráficas (nacional) y de ADEOM (municipales de Montevideo). Hubo múltiples declaraciones solidarias entre los docentes. Junto con la ConaduH, se manifestaron la AGD -Universidad de Buenos Aires-, la Adiunt -Universidad de Tucumán-, el sindicato porteño Ademys y las seccionales del bonaerense Suteba La Matanza, Tigre, Escobar, Marcos Paz, La Plata, Ensenada, Quilmes, Berazategui y Bahía Blanca. Desde Neuquén, las seccionales de Aten de Plottier, Zapala, Las Lajas, Piedra del Águila y referentes de Aten Capital emitieron un texto de repudio a la represión orquestada contra AGR. También Amsafe Rosario. Entre los estatales se pronunció ATE Nacional y las juntas internas de numerosos ministerios y hospitales (Hospital Garrahan, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía/Hacienda, Indec, etc.), así como ATE-CTA Autónoma de la Comarca Andina (Chubut). También expresaron su apoyo referentes, sindicatos locales y comisiones internas de aceiteros, aeronáuticos, profesionales de la salud, petroleros -los neuquinos de Halliburton, también en lucha contra despidos, participaron de una radio abierta-, los ferroviarios del Sarmiento y de la Lista Gris, entre otros. Adhesiones estudiantiles y de derechos humanos En cuanto al ámbito estudiantil, junto a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) se pronunciaron y movilizaron los centros de estudiantes de Filosofía y Letras, Ciencias Veterinarias, Farmacia y Bioquímica y Arquitectura y Diseño. Adhirieron también, entre otros, los centros de estudiantes de la Universidad del Comahue y de Trabajo Social de la UNLU (Luján), así como dirigentes de Artes del Movimiento y de Artes Visuales de la UNA (ex IUNA). Además de los apoyos de organizaciones, se hicieron presentes en el acampe en AGR referentes del ámbito de Derechos Humanos como Nora Cortiñas (de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Hebe de Bonafini (Madres de Plaza de Mayo), y expresaron su solidaridad Stella Maris Grafeuiller (Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas - Córdoba) y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Petitorios y comunicados En el mundo de la cultura ha circulado un texto con la suscripción de destacados intelectuales, mientras que artistas de renombre han expresado su solidaridad por diversos medios y participando de festivales artísticos. A su vez, un petitorio en favor de esta causa ha recogido más de 300 firmas de organizaciones y referentes políticos, sindicales, estudiantiles, de Derechos Humanos e investigadores. Además de los sectores gremiales y estudiantiles ya mencionados: Periodistas, escritores y artistas: Mariana Carabajal, Horacio Verbitsky, Úrsula Vargues, Gastón Sardelli, Rubén Zschumacher, Valentina Bassi, Alejandro Tantanian, Mosquito Sancineto, Cristina Feijóo, Enrique Carpintero, siguen las firmas. Diputados y dirigentes politicos, sociales y de DDHH: Jorge Altamira, Néstor Pitrola, Facundo Moyano, Alcira Argumedo, Marcelo Ramal, Pablo López, Soledad Sosa, Gabriel Solano, Patricia Jure, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo, Juan Carlos Giordano, Laura Marrone, Liliana Olivero, José Castillo, Vilma Ripoll, Juan Marino, Ricardo Acuña, Alejandro Bodart, Hector "Chino" Heberling, Manuela Castañeira, Edgardo Depetri, Victoria Donda, Federico Masso, Graciela Cousinet, Laura González Velasco, Luis Zamora, siguen las firmas. Organizaciones: Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista, Mas, Partido por la revolución y el comunismo, FTC-M29, Juventud Insurgente, Autodeterminación y Libertad, Unidos y Organizados, Frente Popular Darío Santillan, Frente Popular Dario Santillan Corriente Nacional, Pueblo en Marcha, Izquierda Revolucionaria, Corriente Rompiendo Cadenas, Barrios de Pie Capital, Razón y Revolución, PSTU, MST Nueva Izquierda, MST Teresa Vive, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Tendencia Piquetera Revolucionaria, Frente Antiimperialista Cultural, Organización Política Hombre Nuevo, PRML, CUBa MTR, siguen las firmas. Derechos Humanos: APEL, Amigos y familiares de Luciano Arruga, H.I.J.O.S. zona oeste, HIJOS La Plata, CORREPI, AEDD, APDH, Liberpueblo, CADEP, Somos Parresía, siguen las firmas.

Mientras continúa la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín, se está produciendo una "huelga" por tiempo indeterminado de los trabajadores alimenticios de Prodalsa -una empresa de cien trabajadores que produce grasas y margarinas para panaderías. A diferencia de la situación de AGR, la fábrica no amenaza con el cierre, sino que intenta despedir a un activista de la fábrica, acusándolo de haber descuidado el producto. Nada fuera de lo común (como cualquier empresa limpia a los activistas inventando causas), salvo que la empresa ofrece la reincorporación inmediata de Alejandro Romero a cambio de la renuncia del delegado Miguel Arce (reciente candidato a Tesorero por la Lista Naranja). La acusación de la empresa es que el delegado habría retirado margarina de más con la complicidad del despedido. Pero el retiro estaba autorizado por el supervisor, por lo que la empresa tuvo que despedirlo. Como los fueros le impiden actuar sobre Miguel Arce, la empresa optó por el despido de Romero (con el evidente objetivo de negociar la reincorporación a cambio de la renuncia del delegado). La misma extorsión miserable sufrieron los trabajadores del Frigorífico Rioplatense en un conflicto reciente; la patronal despide y oferta reinstalaciones a cambio de la renuncia de los delegados. Una particularidad del conflicto de Prodalsa es la actitud asumida por los directivos del STIA; tomaron en su totalidad la versión de la empresa ¡y reclaman la renuncia del delegado de la Naranja! En este escenario de ajuste fenomenal sobre los trabajadores alimenticios (recordemos que la Verde no consiguió bono de fin de año), la dirección del sindicato coincide plenamente con la orientación de la patronal: borrar al clasismo de las fábricas, para que el ajuste pase sin resistencia y que no tenga "costo político" para la Verde. Linda disyuntiva se le planteó a los trabajadores de Prodalsa (y de todo el gremio): tomar partido por la causa de la empresa y el STIA y reclamar la renuncia de sus delegados, o tomar partido por sus delegados contra la empresa y el sindicato. El paro fue votado unánimemente, lo que demuestra que la actitud patoteril de los Directivos del Stia no intimida a nadie. El paro contra un despido (como en Hellmanns hace unos días) se opone a la parálisis total del STIA y la CGT que no movieron un dedo ante 250.000 cesantías y expone con claridad quiénes deberían estar a la cabeza del movimiento obrero (los clasistas) y quiénes serán sepultados por la historia (los burócratas). Los obreros de Canale, Nevares , Cresta Roja, Alpesca, Georgalos se han encontrado con la misma barrera burocrática que los de Prodalsa (el ejemplo de Bertone, que en asamblea, y por unanimidad, destituyó a los 2 delegados de la Verde y nombró a nuevos delegados "provisorios" que además fueron reconocidos por el Ministerio de Trabajo). Como decimos en la Naranja, cada vez que los trabajadores necesitan luchar se cae la careta de la Comisión Directiva de Morán y se abren paso a nuevas experiencias clasistas. Vamos por el triunfo de la lucha de Prodalsa y por delegados clasistas en todas las fábricas del país.

Los gráficos de AGR Clarín han puesto en la agenda del movimiento obrero la ocupación de fábrica ante los despidos masivos y cierres de empresas. En 2016 se produjeron más de 5000 cierres, con más de 200 mil despidos. Es de hacer notar que poco antes, los investigadores del Conicet echaron mano de este método y, en las últimas horas, los metalúrgicos de Banghó también, aunque tarde, como resultado de la oposición de la UOM. Cuando entraron ya no había ni una máquina. A las cuatro de la tarde del primer día de ocupación de AGR, ya se realizaba un enorme acto de solidaridad en la puerta de la fábrica con decenas de oradores de otras tantas organizaciones. A las 48 horas de ocupación, tras enorme tensión y hasta represión, el operativo “desalojo directo” era derrotado y la policía de Bullrich se replegaba. Primera gran victoria obrera. Esa batalla ganada -y la propia ocupación- fueron posibles por la preparación sindical y política del colectivo de AGR con su cuerpo de delegados a la cabeza. Con la lucha contra los retiros voluntarios que suelen preceder a grandes golpes (por ejemplo Lear, o la propia redacción de Clarín), con la denuncia de los objetivos flexibilizadores y con la vigilia final en el fin de semana previo, alertando sobre lo que finalmente ocurrió. La dirección clasista preparó las condiciones para una lucha decidida. La consigna de ocupación de toda fábrica que cierre la inscribimos en una movilización conjunta de la CSC y la CTA, de manera preparatoria, en diciembre de 2014. La practicó Interpack I por la efectivización de contratados durante ocho días en 2007 y hoy, AGR Clarín. La Naranja Gráfica, ha mostrado que no es sólo un grito en la garganta de la totalidad de la planta de Pompeya, sino una tradición y una política de organización de clase de los trabajadores gráficos. Dos políticas La cuestión ha tenido, desde luego, una historia aún más profunda. El dirigente de la planta, Pablo Viñas, es un símbolo de lucha clasista: fue reincorporado tras siete años de juicio por reinstalación, después de los despidos masivos y la entrega de la burocracia sindical de la Lista Verde en 2004, con la infantería de Néstor Kirchner y el concurso de la CGT de Moyano y Piumato, que actuaron en persona para ello. Pero mucha agua pasó bajo el puente desde el 2004 y más aún desde 1997, año de la histórica ocupación de los obreros de Atlántida en pleno menemismo. Hoy, los gráficos de AGR lograron comprometer a la Federación Gráfica en la convocatoria a un paro general del gremio en su apoyo, algo sin precedentes en décadas. La conducción no lo garantizó y hasta lo boicoteó en talleres como Interpack II o FP. Pero el paro se extendió, y la Naranja salió a organizarlo con piquetes de disuasión y de lucha, logrando una importante adhesión. Desde el vamos, el cuerpo de delegados y la asamblea obrera concibieron el conflicto como un enfrentamiento de clase contra la política de la UIA y Macri -de arrasamiento de convenios y precarización laboral- por parte de una de las patronales más poderosas del país. En cambio, los paladines K del “conflicto ideológico” con Clarin actuaron, en el mejor de los casos, con tibieza, y en la mayoría, con ausencia. El sindicato, alineado en la Corriente Federal kirchnerista, tiene profundos vínculos con todo un sector de las patronales supuestamente “pymes” o “nacionales”. Pero además, teniendo un miembro de Clarín Zepita en el Consejo Directivo, ni se asomó a parar el diario, lo que habría asestado un golpe fuerte y necesario. Tampoco paró La Nación, otro taller clave en el paro gráfico. Hacia el movimiento obrero Sin conceder un gramo ante la burocracia sindical, los gráficos de AGR se han dirigido a las grandes organizaciones obreras, la FGB y las tres centrales. Canillitas se declaró solidario a las 24 horas. Luego se fueron pronunciando las CGTs de Córdoba, Mendoza y Chaco. Las dos CTAs se pronunciaron y marcharon al Ministerio. La marcha del martes pasado al Ministerio congregó a casi 10 mil personas de todo tipo de organizaciones. La FGB y la Corriente Federal (K), movilizaron un tercio de ese número por separado, y sólo confluyeron en el Ministerio con la gran columna encabezada por AGR y la Naranja Gráfica. O sea que el clasismo actuó como una corriente hacia las masas y la FGB como una secta, tras rechazar el ofrecimiento de una marcha compartida. En el decisivo plano de la ocupación, la unidad obrera se ha ido consolidando con cada acción de lucha. Con la organización de los de adentro y los de afuera, con el acampe en la puerta convocando un amplio comité de solidaridad, con festivales y aguantes y en pocos días con un paso decisivo: la Comisión de Mujeres de los trabajadores que como todo el movimiento de la mujer de nuestros tiempos juega un enorme papel. Ahora, con un ambicioso fondo de huelga para evitar el desgaste por hambre al que juega la patronal y donde, otra vez, la FGB debe devolver lo que sólo será una parte de todo lo que aportó en años el personal gráfico de AGR. Pero el fondo de huelga se desarrolla con los métodos de la solidaridad obrera en todos los gremios y sectores. Por fin, tenemos que destacar el inmenso plenario convocado por el cuerpo de delegados en el sexto día de ocupación. De allí surgió un nuevo plan de lucha que comenzó con la gran jornada frente al Canal 13, con miles de manifestantes con los gráficos y sus mujeres a la cabeza, cortando la autopista y dando un salto en la ruptura del cerrado cerrojo patronal de los medios. Imposible no destacar las delegaciones obreras de la CSC-PO y el Polo Obrero. No faltó a la cita ninguna organización de izquierda y de lucha. Otro párrafo merece la juventud de la UJS que banca cada noche del acampe. Al mismo tiempo se desarrollaron acciones nacionales y en todo el gremio, para que ninguna revista de AGR se haga en ningún taller. La larga mano de la movilización obrera solidaria llegó a Córdoba en La Voz del Interior y especialmente a AGL, el taller del grupo en Sauce Viejo, Santa Fe, donde se desvió parte de la producción de AGR. El noveno día de ocupación culminó con un dato sintomático: el triunvirato de la CGT recibió a los huelguistas y su sindicato. Los obreros han reclamado todo tipo de apoyo, así como la intervención ante el poder político que, con Triaca, ampara a la patronal. Pero también con medidas de acción que incluyen el paro nacional, por AGR y contra la nueva ola de despidos. Este es el camino que puede llevar a los obreros a la victoria. La lucha ha dado un salto e ingresa en una nueva etapa. Su objetivo es la reapertura y la reincorporación de todos los compañeros. No hay mejor golpe a la ofensiva nacional contra el movimiento obrero que una victoria en AGR. Vamos por ella.

En los últimos días salieron a la luz nuevas revelaciones que prueban que detrás de la fachada democrática rige un verdadero Estado conspirativo contra la población. Reducir esta caracterización a la mera descripción de un ‘descontrol en los servicios de inteligencia’ es un grave error, o para ser más exactos, una maniobra para ocultar la responsabilidad de los sucesivos gobiernos, partidos y dirigentes políticos en la utilización de los órganos de conspiración y espionaje estatal y para-estatales como instrumentos de la lucha política. La divulgación de las escuchas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, su jefe de inteligencia, muestran que bajo el kirchnerismo las operaciones de espionaje fueron parte de un método de construcción de poder. Tempranamente Néstor Kirchner decidió desprenderse de quien fuera su ministro de Justicia, Gustavo Béliz, para cerrar filas con Stiuso, el capo de los servicios de inteligencia del país con fuertes lazos con la CIA y el Mossad. Fue Kirchner, también, quien colocó a Stiuso, junto a Nisman, al frente de la causa Amia y de la investigación de la supuesta “pista iraní”. Años después, en 2011, CFK viró al entendimiento con Irán. Probablemente, también por indicación de los yanquis, cuando la administración Obama decidió iniciar maniobras de acercamiento al régimen de los ayatollas en función de sus intereses en Medio Oriente. La utilización del espionaje, con carpetazos con información más o menos cierta, fue un método permanente usado también en las campañas electorales contra los adversarios políticos. Este sistema entró en crisis cuando Cristina Kirchner se peleó con Stiuso por la firma del memorándum con Irán. Hasta ese momento las relaciones eran tan estrechas que en las escuchas que se han dado a conocer Cristina Kirchner muestra su indignación con Stiuso, porque éste niega haberse reunido nunca ni con ella ni con Néstor Kirchner. Cristina Kirchner y Parrilli hablan de carpetazos y causas fraguadas con la naturalidad de quien ha incorporado los métodos del espionaje a su acción política regular. La divulgación de las escuchas ha creado una nueva crisis, porque nadie se hace cargo de haber sido quien filtró a los medios de comunicación una información que debe ser preservada en sede judicial. El kirchnerismo apuntó los cañones contra los jueces y fiscales que investigan las corruptelas de la camarilla K y también contra el presidente de la Corte Suprema. En todo esto parece estar la cola de Clarín, que se dedica a publicar los informes de inteligencia que comprometen al gobierno anterior. Las denuncias de conspiración también alcanzan al actual gobierno y, llamativamente, han sido realizadas por dirigentes del oficialismo. No sólo estuvo el affaire de la Aduana, que involucró una interna entre su titular Gómez Centurión y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahora, Carrió ha declarado que es espiada por la AFI (ex Side) y responsabilizó a la subdirectora, Silvia Majdalani. Según Carrió, Majdalani tiene relaciones de todo tipo con quien ocupó su mismo cargo bajo el kirchnerismo, Francisco Larcher. Esto daría claros indicios de acuerdos de convivencia entre la camarilla K y la camarilla M, algo absolutamente verosímil si se tiene en cuenta la maraña de negocios que unen a unos y otros. Carrió, sin embargo, dirige sus denuncias contra Majdalani con el propósito de salvar al cuestionado Gustavo Arribas, socio de Macri y jefe de la AFI, denunciado ahora por haber recibido coimas de Odebrecht. Si bien Carrió ha denunciado a Arribas en la Justicia, lo hizo de manera muy peculiar. En las puertas de los Tribunales de Comodoro Py dijo que le parece bien que Macri lo mantenga en el cargo y que es posible que las denuncias en su contra sean falsas. Con denunciantes así casi no se necesita un abogado defensor. El papel relevante que han alcanzado los informes de inteligencia y de espionaje es la demostración más clara de la descomposición política del Estado y de los partidos patronales.

Numerosos artistas llevaron su apoyo a los trabajadores de AGR-Clarín y participaron de los dos festivales artísticos que se realizaron en el acampe frente a la planta. Santiago Aysine (de Salta la Banca) se hizo presente en la fábrica y Bruno Arias subió al Facebook su denuncia y un video de los trabajadores. Miss Bolivia difundió el festival que tuvo lugar el sábado 21, en el que se dieron cita Pecho y Cabra (de Las Manos de Filippi), Patricia Barone, “El viejo” (de La Perra que los Parió), El Indio (de 2 Minutos), Gaviota (de Mal Pasar), Valentina Cooke, Jorge Tortosa, La Chancha Muda, SEO MC y Lunfardo Sur, y un importante grupo de músicos del Teatro Colón, entre otros. Días atrás, el miércoles 18, tuvo lugar un extenso evento que contó con danza, teatro (se hizo una puesta de Nenina, la obra sobre Romina Tejerina dirigida por Iván Moschner) y una nutrida grilla de músicos que interpretaron diversos géneros: jazz, cumbia, folclore, música del Altiplano, tango, ock, gipsy y son. Mención aparte merece el video realizado por el colectivo audiovisual Ojo Obrero y la cantante Valentina Cooke (del Frente de Artistas), en el que se reinterpretaba “en clave AGR” una famosa canción de protesta de la serie animada Los Simpson. La producción se viralizó en las redes y suma en pocos días más de 600.000 reproducciones.

A todo lo que hemos dicho sobre la adenda flexibilizadora que el secretario general del sindicato petrolero de Neuquén, Rio Negro y La Pampa está firmando con las empresas y el gobierno, hay que agregar que acaba de anunciar que 900 trabajadores dejados en la calle por el retiro de 33 equipos de YPF, serán despedidos bajo la forma de "retiro voluntarios" y que otros 355 ya arreglaron bajo esa condición. Todo esto bajo la extorsión que quien no acepta será despedido "con causa", calificación tolerada no solo por el sindicato, sino por el Ministerio y la Subsecretaría de Trabajo. De esta manera la conciliación obligatoria va culminando con el despido abierto o encubierto de los 1.300 que dejó YPF en la calle. Pero no solo ellos. El mismo Pereyra anunció que centenares de nuevos despidos y "retiros voluntarios" se irán produciendo como parte de un proceso de "desvinculación" laboral. Entre ellas los trabajadores de SP, los 140 de OPS en Rincón de los Sauces, los más de 100 de Petrogas, y así en otras empresas menores. Por supuesto avaló los despidos de Halliburton y Schlumberger por tratarse de "despidos con causa", usando el mismo argumento que la patronal. A cambio de esta masacre social, el burócrata exhibe como premio consuelo una especie de seguro de un llamado "plan de reconversión productiva" (un monumento a la perversidad), que sirve de paraguas para enviar a la casa a los despedidos cobrando la cuarta parte del salario (como máximo) y por un plazo de seis meses, luego de lo cual quedarán definitivamente sin ingresos. A esto se agrega un subsidio de 20.000 pesos. Para los que queden en los yacimientos, las empresas tienen montado ya un régimen laboral superflexibilizado y además, se deberá trabajar bajo la permanente extorsión de que, si no se cumple con la productividad esperada, le espera el despido con causa, es decir, sin indemnización. El papel de la burocracia parásita y propatronal, es clave en la posibilidad de las petroleras de aplicar estas medidas. Sin la burocracia imponiendo y matoneando en las empresas, estas medidas enfrentarían una huelga general. Y viceversa, sin el apoyo abierto de las empresas, la burocracia no duraría ni un día al frente del sindicato. Los petroleros de la Patagonia deben sacar todas las conclusiones y romper el aislamiento de la dirección del sindicato. La agrupación Obreros del Petróleo pone todas sus energías en ese sentido.

El accionar de las fuerzas represivas en la jornada del día 17 de enero, se basó únicamente en un llamado telefónico del Grupo Clarín a las autoridades del Gobierno Nacional. Una comitiva encabezada por el legislador porteño, Marcelo Ramal, e integrada por trabajadores de AGR, y abogados de APEL, se dirigió a la Fiscalía N° 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pudo comprobar de manera fehaciente que el fiscal de turno, no había emitido orden de desalojo alguna, y que asimismo, no poseía ninguna denuncia formal efectuada por los dueños de la empresa. En adición a lo antedicho, la patronal de Clarín ni siquiera ha iniciado acciones legales, ya sea contra los trabajadores, o contra los manifestantes y familiares que brindan su apoyo ante la entrada de la fábrica. Desde la Fiscalía, informaron literalmente que la orden de reprimir había venido de más arriba, haciendo una alusión directa al Ministerio de Seguridad. Dieron cuenta de que accionaron ante un llamado por parte de los dueños de la empresa, denunciando una supuesta “ocupación violenta”. A esto debe sumarse el hecho de que hay destacamentos policiales apostados sobre las principales sedes del grupo Clarín. Resulta obvia la relación de complicidad existente entre Clarín y el Gobierno, lo cual permite caracterizar la represión del día 17 de enero, como una medida de arbitrariedad absoluta por parte del Poder Ejecutivo, que actúa en connivencia con la patronal de Clarín para quebrar la lucha de los trabajadores de AGR. Repudiamos estos hechos. No a la represión en AGR. Basta de violencia institucional. Foto Ignacio Smith

En el año 2015 la empresa Andacollo Gold vació la mina del lugar y dejó a 150 obreros en la calle. La lucha que llevaron adelante, con cortes de ruta y el paro solidario de la CTA Norte (recuperada), le arrancó al gobierno un compromiso de pagar los salarios, que finalmente no abonó en tiempo y forma. Tampoco cumplió con los aumentos por las paritarias y el Convenio de Trabajo que debía ser respetado. Los trabajadores contraprestaron en diferentes organismos públicos, sin obra social ni aportes jubilatorios. Desde nuestras bancadas del PO-Frente de Izquierda, presentamos varias iniciativas en la Legislatura y en el Concejo Deliberante de Andacollo, en defensa de los derechos obreros y por la estatización para la reactivación, así como el cuidado del medio ambiente, bajo el control de un comité obrero minero electo en asamblea. Y para que Andacollo Gold responda por el vaciamiento producido, luego de haber recibido subsidios estatales y haber dejado un pasivo ambiental. En 2016, el gobierno de Macri, acompañado de gobernadores del Frente para la Victoria, implementó la quita de las retenciones a las exportaciones mineras. En agosto de ese año, el gobierno provincial anunció una nueva concesión de la mina vaciada, ahora a la empresa Trident Southern Explorations SPA. Con la experiencia precedente, los obreros tenían dudas sobre las condiciones para la reapertura de la mina. Y por ello solicitamos desde la banca un informe minucioso que fue cajoneado en la Legislatura y respondido con actos oficiales en donde el gobernador Omar Gutiérrez (MPN) y la empresa garantizaban todos los puestos de trabajo. Más lucro, más despidos Según cálculos de las propias empresas, con la eliminación de las retenciones, las ventas aumentaron un 5% y los costos bajaron el 8%. No obstante, a la hora de poner en marcha la producción, lo primero que hizo la nueva adjudicataria fue despedir a casi la mitad del plantel de trabajadores mineros con la excusa de que no pasaron los exámenes médicos. Es que no estamos ante una "inversión productiva", sino que la nueva adjudicataria es el mascarón de proa de los reales "inversores" unos especuladores inmobiliarios del estado de Nevada en Estados Unidos (Transcontinental Realty Advisors Inc). Tanto CorMiNe (Corporación Minera de Neuquén). Como el propio gobernador Gutiérrez, entregaron la licitación a unos aventureros especuladores. Un papel clave de contención de los reclamos ha jugado la dirección de AOMA, el sindicato minero. Ante los nuevos despidos, los trabajadores salieron a luchar a pesar de Aoma, con un corte en el puente donde estuvieron tanto los despedidos como los no despedidos. El gobierno provincial volvió a actuar para apagar el incendio, en medio de una oleada de telegramas en toda la provincia y propuso una salida que deja en la precariedad a todos los despedidos. Por un lado, para quienes están en edad de jubilarse propuso una jubilación sin especificar si se van a considerar los derechos salariales perdidos en estos dos años. Para los demás, un nuevo examen médico o la absorción por CorMiNe en emprendimientos de dudosa sustentabilidad, a través de cooperativas que apuntan a la autoexplotación, más que a la defensa de los puestos laborales. Esta "salida" oficial da por sentado más de cuarenta despidos en la minera, avalando su pretensión de bajar "el costo laboral". Se tiene que reincorporar a todos los trabajadores, pagarles los aumentos adeudados y garantizar los derechos que les asisten bajo su convenio. La lucha por la estatización, sin pago a los vaciadores, bajo control obrero, está más vigente que nunca.

El alcance de la ocupación y la resistencia obrera en AGR-Clarín puede medirse en la convocatoria a un paro del gremio gráfico después de 30 años sin realizar una acción de ese alcance. La medida de fuerza no sólo tiene su envergadura por las décadas que pasaron desde el último paro general convocado por la Federación Gráfica Bonaerense, sino porque además se convocó en medio de una larga y bochornosa tregua del conjunto de las centrales sindicales con el gobierno, a pesar de los innumerables despidos y ataques a los bolsillos de los trabajadores que se llevaron a cabo. La medida sufrió el pase de factura por los 30 años sin paros en el gremio gráfico y su efectivo cumplimiento estuvo lejos de encontrar un acatamiento total. Un punto crítico es que muchos delegados del riñón de la propia directiva del sindicato se opusieron a llevar a cabo la medida votada por el plenario de delegados. Por otro lado, la proliferación de centenares de talleres gráficos sin organización gremial puso en evidencia las dificultades que esa situación genera a la hora de dar una respuesta de conjunto a la ofensiva patronal. En varios talleres, se puso de manifiesto la debilidad de la organización sindical. En New Press, si bien no están realizando los trabajos de AGR que llegan al taller -un hecho destacado- cumplieron el paro en forma parcial. Lo mismo en Ipesa. Aluex y Balbi no pararon. En Tobacco, los delegados afines a la directiva boicotearon el paro. En Interpack II ni la interna ni el gremio aparecieron por la planta y siguió funcionando. En Guedikian y Utilof los delegados se opusieron al paro. El punto mas débil se produjo en los diarios. No paró ninguno. Un paro en este sector hubiese tenido un impacto capaz de colocar en otro plano el conflicto. La Naranja Gráfica desde un primer momento luchó por darle un carácter activo al paro. Esa fue nuestra moción en el plenario de delegados. Y lo hizo activo, nomás. Por un lado, los militantes de la Naranja realizaron asambleas y garantizaron la medida en los talleres donde dirigen las comisiones internas, como Morvillo e Interpack I. Por el otro, organizaron delegaciones para realizar piquetes en las puertas de fábrica y lograr el cumplimiento de la medida en los talleres en los que la falta de organización gremial no lo permitía. Como en Arcángel Maggio, histórica gráfica del barrio de Barracas con más de 150 trabajadores, un emblema de la super explotación y flexibilidad en el gremio. El piquete logró que por primera vez en su historia esta patronal negrera tenga su planta parada por una medida de fuerza gremial; algo que calará hondo en la conciencia de los trabajadores de Maggio. Los trabajadores de S.A.I.G.R.A. y Gráfica Pinter no habían adherido al paro, pero las delegaciones de la Naranja realizaron asambleas con los trabajadores y lograron la adhesión total, parando ambas plantas. En otros talleres, la presencia y la distribución del volante del conflicto de AGR constituyó un gran aporte para que los trabajadores decidieran abandonar sus puestos de trabajo y defender el paro del gremio, del que no habían sido anoticiados por sus propios delegados. Destacado fue el paro en Impripost. Primero, porque es la misma patronal de Clarín. Segundo, porque los trabajadores lo garantizaron a pesar del apriete patronal. Incluso votaron un quite de colaboración cuando la empresa les anunció que si paraban les retiraba el beneficio de las viandas. La Lista Naranja apoya esta medida de los compañeros. Hay que destacar también el paro en Casa de la Moneda (ex Ciccone) y Romi, grandes talleres. Las cooperatvas Madygraf y ex Worldcolor también pararon. Valid también adhirió. Foto: Ignacio Smith

El portal web El Parlamentario acaba de publicar su ranking anual sobre el uso de la palabra de cada diputado en el Congreso durante 2016. En el “top ten” se destacan Néstor Pitrola -en primer lugar, luego del presidente de la Cámara Emilio Monzó, quien dirige las sesiones y lee todos los dictámenes- y Pablo López -en el quinto lugar. Esta medición, lejos de ser un mero algoritmo cuantitativo, es un dato político. Expresa que el Frente de Izquierda con sus cuatro diputados se ha destacado entre los 257 parlamentarios que integran el Congreso (Myriam Bregman ocupa el cuarto lugar en el ranking y Soledad Sosa es la segunda diputada mendocina que más habló en el recinto). Esto, a pesar de que tienen tiempo reducido por ser un bloque pequeño y no disponen de discursos de cierre (reservados a los bloques mayoritarios). Los diputados acusados a menudo de gastar su tiempo en piquetes y luchas callejeras, cosa que hacen, también le han ganado a los diputados de la burguesía en el parlamento. El impacto ha sido registrado por otros medios. La Nación, en su edición del 23 de enero, señala que Pitrola “cobró notoriedad en el último tramo del año por su actividad en el Congreso, cuando denunció el “dietazo” y planteó anular los aumentos de hasta 47% para los legisladores nacionales”, y resalta que “acaba de publicar La fuerza de la izquierda en el Congreso, que compila su labor parlamentaria”. La intervención en las sesiones está vinculada a una línea de acción política del Partido Obrero en el Congreso. Se presentaron 33 proyectos de ley, 50 de resolución, 9 de declaración y 26 dictámenes de minoría. Estos dictámenes constituyen proyectos de ley antagónicos a los de la burguesía, con un planteo de clase, y desarrollan un programa para el movimiento obrero, de derechos humanos, de la mujer, de defensa del medio ambiente y para el conjunto de los explotados. Los mismos han sido en su gran mayoría discutidos con los movimientos de lucha ligados a cada temática. De un modo transicional, los proyectos ponen en cuestión qué clase debe gobernar el país. En otros casos las intervenciones reflejan las cuestiones de privilegio y mociones de orden presentados por la bancada del PO-FIT al inicio de cada sesión para desenvolver luchas estratégicas: el repudio al golpe en Brasil, la denuncia al acuerdo entreguista sobre Malvinas, el pedido de renuncia de la canciller Malcorra por haber ocultado denuncias a los tropas de la ONU por violación de niños en República Centroafricana, los homenajes a Mariano Ferreyra y nuestro planteo ante la muerte de Fidel Castro, entre otros. Nuestros tres diputados han sido voceros de los grandes movimientos de lucha y campañas de interés popular, como el Ni Una Menos, las luchas obreras y la denuncia del ajuste, el reclamo por la liberación de Belén, la destitución de Dindart, la denuncia de la impunidad del Estado y contra la megaminería contaminante. Soledad Sosa y Pablo López han sido una novedad política. El diario salteño La Gaceta titula esta semana que Pablo López fue el diputado salteño que más habló en el Congreso el año pasado, muy por encima de los diputados del PJ y Cambiemos.“ Con estos números, López demostró estar a la par de sus compañeros de bancada (Néstor Pitrola y Myriam Bregman)”. Soledad Sosa emergió como referente de la lucha por los derechos de las mujeres y como vocera infalible del conjunto de los reclamos obreros y populares de su provincia. Con un método de independencia política y un programa obrero y socialista, los diputados del Frente de Izquierda se han destacado en su acción parlamentaria, montando una tribuna de agitación política en el Congreso del “consenso” del ajuste.

Un día después de la represión policial, se puso en pie la Comisión de Familiares de AGR-Clarín con las compañeras, madres, hermanas, tías, primas, que decidieron constituirse como un punto de apoyo obrero al conflicto. Todas son mujeres trabajadoras conscientes de que este aporte es fundamental para que la lucha triunfe. La Comisión de Familiares desplegó por primera vez su bandera encabezando una multitudinaria movilización obrera al Ministerio de Trabajo que arrancó una reunión con el viceministro de Trabajo. A partir de entonces, la actividad de la comisión no se detuvo. Las mujeres nos identificamos con nuestros compañeros escribiendo sus apellidos a mano en la espalda de las camisas de trabajo de AGR, armamos una carpa para la vigilia de los familiares y organizamos una serie de actividades que acompañaron las resoluciones adoptadas por la asamblea obrera. Estamos junto a nuestros hijos, que pasan las tardes jugando con sus padres a través de las rejas del portón, escribiendo ellos mismos mensajes y pancartas de aliento y amor para sus padres. Tomamos el método de organización de la fábrica: asamblea para deliberar democráticamente y unidad de acción en las tareas a emprender. Los ataques del Grupo Clarín no cesan. Cortó la prestación de la prepaga Medicus que la Comisión Interna había conquistado para una mejor atención de la familia obrera, dado el vaciamiento de la Obra Social Gráfica, comprometiendo así el tratamiento de muchos de nuestros hijos. En estos días ha escalado en su intento de amedrentamiento y está llamando a compañeras nuestras para "recomendarles" que sus maridos "agarren" el retiro voluntario o la indemnización, un viejo método patronal de utilización de la mujer contra el obrero. No han depositado el sueldo correspondiente a los 15 días que trabajaron nuestros compañeros antes del cierre fraudulento de la planta, apostando al desgaste y el hambre para doblegar a los trabajadores. La Comisión de Familiares ha respondido con firmeza y se ha puesto a la cabeza de las recorridas con el fondo de lucha, fundamental para colaborar con el sostenimiento económico de nuestras familias. En el masivo plenario realizado el sábado pasado, las muestras de fortaleza y amor hacia los trabajadores en lucha y el sentido respaldo a la ocupación de la fábrica quedaron sintetizadas en la breve y emotiva intervención de una de las compañeras: "A la casa solo nos vamos con trabajo". Estamos encomendadas a difundir el conflicto, amplificarlo y darlo a conocer, para romper el cerco informativo de los pulpos de comunicación. Para ello recorrimos el barrio de Pompeya con una carta abierta a los vecinos para que conozcan los motivos de la ocupación de la planta y participamos de la organización de un exitoso festival con artistas que acercaron su apoyo a la planta de Corrales. Cerramos la primera semana de ocupación con una jornada en la pudimos compartir el domingo jugando en familia. La conformación de la Comisión de Familiares es un gran paso adelante en la organización de la contienda entre una patronal vaciadora y flexibilizadora y un colectivo obrero firme en sus convicciones y con la moral bien alta para pelear. Como dijo un compañero en el mismo plenario, "Acá adentro están los leones, allá afuera están las leonas". La incorporación organizada de las mujeres a la lucha es una avance en el camino de la victoria. "Nos quedamos hasta volver juntos a casa, con su trabajo, con su convenio".

La justicia de Bariloche aceptó el amparo presentado por los vecinos de El Bolsón contra el proyecto Laderas, del magnate Joe Lewis, que consiste en la entrega de 850 hectáreas de una reserva natural para el desarrollo de un megaemprendimiento turístico. El fallo se conoce apenas una semana después de que una movilización de 10 mil personas sacudiera la localidad en repudio al proyecto. En él, puede leerse que se resuelve “suspender cautelarmente el cumplimiento de las Ordenanzas 165/16 y 194/16 y la Resolución Municipal 295/16 relativas al emprendimiento inmobiliario proyectado sobre las parcelas 20-1-445525 y 20-1-400522”, así como “prohibir cautelarmente la ejecución de trabajos relativos al emprendimiento en las parcelas citadas”. El amparo había sido presentado por la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra el 9 de enero pasado ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche. Además de un hondo impacto ambiental, dado que la zona que pretenden rifar es una fuente de agua que nutre a El Bolsón y a Mallin Ahogado, la entrega de estas tierras ubicadas a los pies de un cerro implica todo tipo de infracciones legales. El intendente Bruno Pogliano (Juntos Somos Río Negro) y el Concejo Deliberante impulsan este atropello contra la población de El Bolsón. Lo mismo vale decir del gobernador Alberto Weretilneck. Pero Lewis no sólo goza de conexiones con el poder político municipal y provincial. En su mansión sobre el Lago Escondido, albergó a Macri durante las vacaciones del presidente en la Semana Santa de 2016. Lewis es uno de los dueños de la Patagonia. Con una fortuna que asciende a los 5.300 millones de dólares, el empresario posee 18 mil hectáreas en Río Negro. Es dueño de una estancia en Sierra Grande con acceso al Mar Argentino y socio de Edenor, beneficiada recientemente con el tarifazo. Otro de los dueños de la Patagonia, Benetton (tiene un millón de hectáreas en la región), está detrás de la encarnizada represión que el gobierno nacional y el de la provincia de Chubut llevan adelante por estos días contra la comunidad mapuche que defiende sus tierras. El largo proceso de acaparamiento de tierras por parte de Lewis se inició durante el período menemista y continuó durante todos los gobiernos subsiguientes, incluyendo al kirchnerismo. El pueblo de El Bolsón se ha batido en reiteradas oportunidades contra los avances del magnate inglés. En 2013, logró detener la entrega de tierras en la que ahora reinciden el empresario y el poder político. El fallo sería inimaginable sin el enorme proceso de movilización que recorre la zona. Es un paso en la lucha por expulsar a Lewis de la Patagonia y poner fin a la usurpación de la tierra por parte de estos grandes conglomerados capitalistas.

“Hemos demostrado largamente que no es verdad que la empresa está en crisis, como dice la patronal. Acá se hacen siete revistas, libros, folletería, estamos tapados de tareas y la empresa está llevando el trabajo a otros talleres. Hemos presentado pruebas de eso al Ministerio de Trabajo, están los registros de la Afip… En cambio, la empresa no presentó ninguna prueba de la supuesta crisis ni en el Ministerio ni en la Justicia”, dice con énfasis Pablo Viñas, secretario general de la comisión interna de AGR-Clarín. Y se pregunta él mismo: —Ahora, si no es la crisis ¿qué es? ¿por qué hacen esto? Desde ya que pretenden avanzar contra el convenio colectivo, flexibilizar y tercerizar, y para eso necesitan destruir la organización sindical de los trabajadores. Pero aún no alcanza con decir eso: tienen un objetivo estratégico, esto no se debe a un cálculo contable sobre cómo conseguir mayor ganancia. Después de todo, para sostener este conflicto están gastando una millonada de pesos que no van a recuperar, creo, ni en diez años… —¿De qué se trata entonces? —Es un objetivo de mayor alcance. Empiezan acá, pero se proponen destruir los convenios en todas las empresas del grupo. La comisión interna de Canal 13 ya denunció que están violando el Estatuto del Periodista, desvían trabajos de producción a empresas tercerizadas. La redacción de Clarín abunda en pasantes a los que ni siquiera les pagan. En el taller de (la calle) Zepita (donde se imprime el diario) hay jornaleros que cobran por día trabajado y llevan 14 años en esa situación. Para allanar el camino tienen que empezar con nosotros porque este es el lugar más organizado del grupo, pero van por la precarización general del trabajo en todas las empresas que tienen. Interviene entonces Marcelo Quinteros, secretario adjunto de la CI: —Mirá lo que pasa en AGL (Artes Gráficas del Litoral, perteneciente también al grupo Clarín), que está en Sauce Viejo, Santa Fe. Ahí mandaron a hacer la revista Viva, que estábamos haciendo nosotros. Fuimos allá a hacer un piquete, a explicarles a los compañeros que no pueden hacer el trabajo de otro taller que está en huelga, y ellos nos dijeron que son solidarios con nosotros pero están bajo tremendo apriete de la patronal… ¡y del sindicato! Sobre todo del sindicato, que les dice: “Hay que laburar como pide la empresa, si no los van a echar a todos a la mierda”. AGL tiene una máquina diariera y ahí imprimen el diario El Litoral, de modo que los trabajadores tienen que estar bajo el convenio correspondiente a diarios. Pero los flexibilizaron, les modificaron el convenio para que puedan hacer el trabajo nuestro por la misma plata. Los obligan a carnerear bajo aprietes y ni siquiera se lo pagan. —¿Y los trabajadores de Zepita? —Ahí hay una comisión interna que hasta ahora ha dado la espalda a nuestra lucha influirá en las propias condiciones laborales de los gráficos del diario. Otro miembro de la interna, Sebastián Maritán, dice a su vez: —Esto es algo que intentan desde mucho tiempo atrás. Hace años contrataron gente de agencias, tercerizaron, pero nosotros nos organizamos y tuvieron que echar para atrás. Ahora ya venían insistiendo con que querían flexibilizar el convenio, producir más con menos gente, negociar a la baja las paritarias… Viñas asiente y añade: —Pero la cosa ni siquiera termina ahí. Es decir, no termina en el grupo Clarín. Esto ya es un conflicto testigo, una prueba piloto de lo que quieren aplicar en todo el país. Por eso el apoyo del gobierno a la empresa y por eso también la enorme solidaridad popular que rodea a los trabajadores de AGR. Por eso el bloqueo mediático, que ya empieza a romperse, no logró ser bloqueo informativo porque lo rompimos de entrada, porque la gente lo hizo estallar en las redes. Es como si los trabajadores argentinos tuvieran conciencia de esto, o lo intuyeran. Una especie de “conciencia inconsciente”, algo que subyace sobre la necesidad de todos de apoyar este conflicto. Aquí los compañeros han entendido esto, aquí somos plenamente conscientes de lo que se juega. Los compañeros lo dicen: “Esto nos supera, esto nos trasciende”. Más allá de nuestra necesidad de luchar y ganar en defensa de nuestra fuente de trabajo y el sustento de nuestras familias, la conciencia de lo que acá se juega para todo el movimiento obrero nos hace sentir una gran responsabilidad.

Durante la tarde del sábado 14 los tres presos mapuches de la comunidad Lof Cushamen que permanecían tras las rejas fueron liberados. Se sumaron a una tanda de otros siete presos liberados el viernes, luego de que fueran detenidos por la policía provincial de Chubut -gobernada por Mario Das Neves, operador político de las petroleras en la Patagonia. Fueron reprimidos por ocupar unas tierras que pertenecen ancestralmente a la comunidad mapuche, y que hoy usurpa el grupo empresario italiano Benetton. Nicolás Daniel Hernandez Huala, Ariel Marioto Garci y Ricardo Antihual estaban detenidos en la unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal investigados por la justicia federal e imputados por impedir la circulación del transporte ferroviario, resistencia a la autoridad, lesiones y daños agravados. La movilización que se desplegó en todo el país en solidaridad de los mapuches y en repudio a la represión fue un pivote para la liberación de los presos. Sin embargo, las causas permanecen abiertas y el juez Otranto les fijó la obligación de informar su paradero y presentarse ante la justicia una vez por mes. La encarnizada represión policial incluyó el uso de balas de plomo -una de las cuales impactó en Emilio Huala y produjo graves heridas a Fausto Jones Huala, que permanecen internados en Río Negro- y se descargó contra los manifestantes mapuches en tres oportunidades seguidas durante esa semana. La liberación de los presos es el resultado de la presión que implicó la movilización popular en solidaridad con los mapuches. Es un camino que debe redoblarse para que la lucha por la tierra y contra la usurpación de territorio por parte de magnates capitalistas llegue al triunfo.

Gerardo González, miembro de la comisión interna de AGR, explica que ya en diciembre ese organismo sindical presentó ante el Ministerio de Trabajo una denuncia por los intentos empresariales de tercerizar trabajos, lo que no fue escuchado. Y, además, que en ese mismo mes AGR se llevó 16 mil bobinas guardadas en un depósito lindero a la planta. “Explicaron que habían vendido ese predio a unos empresarios bolivianos que iban a instalar un shopping. Si buscás en Internet esa obra la encontrás anunciada, hasta hay planos y esquemas del shopping y anuncios inmobiliarios”, explica González. “Además, hicieron adelantar el trabajo de un mes. Por eso nos veíamos venir una cosa así y preparamos una respuesta”. —Las maquinarias siguen aquí… —Por supuesto, las máquinas siguen en la planta. Eso para ellos es un problema, porque en otros talleres no disponen de la maquinaria que hay aquí. Acá tenés una máquina en la que entra por un lado el papel en blanco y por el otro sale el material impreso, contado y empaquetado, a razón de 55 mil ejemplares por hora. Otros talleres no tienen eso.

La crisis por las inundaciones en Santa Fe se transformó, sin miramientos, en una crisis política del gobierno del Frente Progresista e involucra al conjunto de los partidos políticos de Estado. Por estas horas, el gobernador Miguel Lifschitz, radicales, macristas y el PJ “se tiran con todo” para intentar evadir las responsabilidades por esta verdadera catástrofe social a la que someten a pueblos y ciudades enteras de Santa Fe. Lifschitz echó al secretario de Asuntos Hídricos de Santa Fe, Roberto Porta (un “radical PRO”), y en señal de “protesta” por esa decisión del gobernador, renunció Luis Lombar, subsecretario del área. Los mismos participantes de la crisis aseguran que la salida de funcionarios va a seguir, por lo que, con las inundaciones como excusa, se está operando la huida de la UCR del frente “progresista”. Los radicales, integrantes con el PS del mismo gobierno provincial, increíblemente dicen que el PS dejó correr el monocultivo de soja -el corazón del modelo productivo actual- durante todos estos años, como si ellos no formaran parte del mismo gobierno. Las intendencias del PJ de ciudades inundadas recién ahora se acuerdan de reclamar las obras hídricas correspondientes. Lo cierto es que todos tienen razón y al mismo tiempo todos son inundadores. Las inundaciones en Santa Fe son la consecuencia de una década y media de fuerte sojización del territorio, que se sirvió del Estado provincial y de los Estados municipales para garantizar sus extraordinarias ganancias. Las obras hídricas para la población no las hicieron. Los presupuestos estuvieron orientados a las obras reclamadas por el capital agroexportador para optimizar sus ganancias en referencia a los costos por el traslado de la producción a los puertos y a la misma exportación. Las agroexportadoras no pagan ingresos brutos en la provincia. Estos presupuestos provinciales fueron votados todos los años sistemáticamente por el Frente Progresista, el PJ -comandando el Senado provincial- y el PRO. Como el marco legal no es suficiente para estos grupos capitalistas del agro, hay cientos de canales clandestinos armados por los productores que drenan el agua hacia los pueblos y ciudades aledañas de territorios más bajos. No solo el gobierno provincial sino todos los intendentes del PS, radicales, del PJ y el PRO saben hace años hasta donde se ubican exactamente estos canales en los pueblos y ciudades que gobiernan. Su responsabilidad es total. El rescate a los inundadores Aunque todos los bloques políticos buscan escapar de las responsabilidades atacándose unos a otros, todos cierran filas en rescatar las ganancias del capital agrario tras la inundación. Sucesivas reuniones entre el gobierno provincial y el macrismo fueron arrimando las propuestas para cerrar distintas líneas crediticias, subsidios, obras pendientes, etc para el capital agrario. En cambio, para los miles de trabajadores que perdieron todas sus posesiones, anuncian colchones y una mínima ayuda sanitaria. Defenderán los intereses del capital hasta las últimas consecuencias y sin importar lo escandaloso que esto resulte. En ciudades como Arroyo Seco, duramente afectada, se están eligiendo delegados por barrio para tratar con los funcionarios. También han habido distintos piquetes y cortes de ruta. Desde Amsafe Rosario se está organizando la solidaridad inmediata con los trabajadores de la ciudad. Planteamos el empadronamiento provincial de todos los damnificados, la oganización en asambleas barriales, elección de delegados y el resarcimiento total a los trabajadores de acuerdo a lo perdido. Se deben establecer las responsabilidades de los funcionarios comenzando por el gobernador Lifschitz, de esta inundación evitable. La última inundación en Santa Fe sentenció al entonces gobernador Carlos Reutemann frente a una parte importante de los trabajadores de la provincia. Esta crisis se produce en el marco del completo ocaso del gobierno ‘progresista’ de Santa Fe. Saquemos las conclusiones y opongamos una alternativa política de los trabajadores frente a todos los inundadores.

“La solidaridad que recibimos -dice el ex delegado Gustavo Castillo- es conmovedora, nos da una fuerza enorme para seguir”. Pablo Viñas cuenta una anécdota que da idea de la repercusión popular del conflicto. “Un compañero -dice- llamó al banco para renegociar una deuda que tiene, para explicar que no puede pagar ahora porque Clarín lo echó. Lo derivaron a Morosos, todo muy formal. Pero cuando explicó lo que pasaba, el empleado que lo atendió dejó toda formalidad y le dijo: ‘No me digas que estoy hablando con un trabajador de AGR, no te puedo creer. Por favor no bajen los brazos, no aflojen, todos los apoyamos”. “Cuando cortó -termina Pablo-el compañero se tuvo que sentar. Cosas así nos pasan todo el tiempo”. Foto: Malena Estente

Aprovechando el vacío de los galpones por vacaciones, Tenaris Siderca despidió por segunda vez en menos de dos años a compañeros que estaban siendo suspendidos indefinidamente desde diciembre de 2015, luego de ser reincorporados. Más irregular aun, estaban de vacaciones. Desde las suspensiones -en 2009- y el estallido de la crisis del petróleo -en 2013-, entre despidos hormiga, retiros “voluntarios”, cesación de contratistas y jubilaciones anticipadas, los metalúrgicos de Siderca han perdido 1.800 puestos de trabajo. El mito “Siderca no despide” quedó sepultado. La reincorporación de los 189 despedidos en 2015, luego de tres marchas a pesar de la parálisis del gremio, fue una victoria parcial que no contó con organización ni continuidad, pero demostró que la lucha daba sus frutos. Ingresados a un Área de Servicios - el “pool”- los 189 fueron insistentemente presionados por la empresa a retirarse “voluntariamente”, quedando solo 70-80 de ellos. A fines de diciembre, 45 de los que aún resistían, fueron retomados casi como nuevos, a contrafirma de un nuevo contrato que los sacó de su puesto original, perdiendo adicionales y su antigüedad en el puesto. El resto comenzó a recibir telegramas de despido a fines de enero. En 2007, 2009 y 2013, las suspensiones fueron aceptadas por la burocracia con la cantinela patronal de “mantener la fuente laboral”. La directiva evitó cualquier confrontación con la empresa para no dejar en evidencia que el ajuste comenzó en la era K, color político del secretario general Furlán, hoy día diputado del FpV. La UOM Campana fue partícipe necesaria de los ajustes de Rocca y el grupo Techint, en línea con la conducción de Caló y la CGT que evitaron todo el tiempo el paro nacional por reapertura de paritarias, contra los despidos, el impuesto al salario o la modificación a la ley de ART. Todo el plan de lucha se redujo a un peregrinaje a la Secretaría de Trabajo. La coincidencia en los conflictos de Siderca y AGR está en que ambas patronales no pueden aducir pérdidas porque tuvieron ganancias siderales por décadas (ni siquiera hicieron presentación de procedimiento preventivo de crisis). La diferencia es el horizonte que plantea cada dirección de los conflictos. El PO propone un programa de organización de los trabajadores de Siderca: - Ningún despido ni suspensión. Reincorporación de los cesanteados. - Reparto de horas de trabajo sin pérdida salarial. - Plan de lucha.

La ocupación obrera de la gráfica AGR Clarín, con su comisión interna clasista a la cabeza, es al mismo tiempo un síntoma político y un camino a seguir. Demuestra que la clase obrera tiene reservas para enfrentar la ofensiva antilaboral del gobierno y las patronales, que buscan un retroceso histórico en las conquistas de los trabajadores. La ocupación de AGR golpea la tregua de la CGT con el gobierno. Mientras la burocracia sindical acepta una reforma que agravará los accidentes laborales y la precarización, las patronales responden con el despido de miles de trabajadores en todo el país. Una cosa no está separada de la otra: a más flexibilidad laboral, más despidos, porque serán necesarios menos trabajadores. Mientras tanto, la misma clase patronal que promete “nuevos empleos” basura, sigue fugando capitales del país. A la luz de esta realidad ¡la ocupación de AGR abre un camino a todos los trabajadores! Un camino contra los despidos masivos y la precarización laboral. Y para defender el salario y las jubilaciones, frente a la carestía creciente y los tarifazos. Apoyemos con todo la lucha de AGR. El objetivo es la reapertura y la reicorporación total. Si ganan los gráficos de Clarín, le habremos asestado un golpe monumental a la política antiobrera y ajustadora de Macri y los gobernadores. Foto Ignacio Smith

Varios medios han coincidido en mostrar la salida de Melconian, que habría manifestado críticas a la “lentitud” del gobierno para reducir el gasto fiscal, como un intento por ´alinear a la tropa´. Pero los relevos de gabinete –el octavo en el último mes- expresan las contradicciones de la política oficial y, principalmente, la persistencia del empantamiento económico. El día de la partida de Melconian, el periodista Pablo Wende comentó que “la sangre llegó al río en diciembre, cuando el Tesoro salió a pedirle ayuda al Nación para cerrar las cuentas. Melconian quiso poner límites, pero finalmente la entidad terminó dándole casi $ 70.000 millones al Gobierno para que pudiera cerrar las cuentas en forma más holgada antes de fin año” (Infobae, 18/1). Tal antecedente parecía señalar que la asunción de Javier González Fraga estaba precedida por una fuerte descapitalización del Nación. La doble vía de disminuir los depósitos del Tesoro en el Banco Nación (de 178 mil millones de pesos en enero a 108 mil en junio)e incrementar de forma compulsiva los préstamos de éste al gobierno (violando incluso las normativas existentes) constituye un camino al vaciamiento del principal banco público del país, en aras de garantizar los pagos de deuda y planes de mayor endeudamiento del gobierno. En materia de servirse de los fondos del Nación con esos fines, el macrismo ha seguido la ruta de los K. Un ajustador por otro Melconian contaba, entre su abultado currículo en favor de los capitalistas, su participación en la estatización de la deuda externa privada, en el Banco Central que presidió Domingo Cavallo en la última etapa de la dictadura. “Como jefe del Departamento de Deuda Externa de la entidad, archivó las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los ochenta “ (Página/12, 11/5/03), una maniobra de la que se benefició el empresario y progenitor de Mauricio, Franco Macri. Su breve paso reciente por el Banco Nación comenzó con decenas de despidos de empleados, algunos de los cuales tenían más de 12 años de antigüedad. Nada de ello impidió que la burocracia kirchnerista de la Bancaria lo despidiera como poco menos que un prócer, días atrás. También tiene un destacado prontuario su sucesor Fraga, un radical que integró el equipo económico de Menem y fue una de las cabezas tras el desguace del patrimonio público mediante las privatizaciones. Fue presidente del Banco Central en 1989 y 1991; ni bien tomó el cargo, disolvió el Centro de Estudios Penales que investigaba los fraudes financieros del organismo. También fue imputado por su rol como asesor del millonario banquero saudita Ghaith Pharaon, cuando este lavaba dinero en Argentina, y fungió como director del Banco República y de Federalia SA del banquero criminal Moneta. Que González Fraga se adecuará perfectamente a la línea de ajuste antiobrero del gobierno está fuera de toda duda.