Prensa Obrera N° 1444

En Colonia Barón (La Pampa), el 7 de enero pasado se llevó a cabo un festival cultural con bandas de folklore y rock, muestras fotográficas de diferentes artistas de la localidad y servicios de cantina con bebidas, tostados y choripanes. El Centro Cultural donde se llevó a cabo el festival se llamaba “Ahí lo tenés” y esa noche se reinauguró con el nombre de “Franco Martínez”, en homenaje al joven artista y militante del PO fallecido el 14 de noviembre pasado en un trágico accidente. Franco, junto a sus amigos y compañeros baronenses del Partido Obrero, había creado este espacio allá por 2011, donde antes había un galpón abandonado, con el fin de tener un lugar donde reunirse y realizar actividades como peñas con artistas zonales y cursos de formación política, entre otras. La entrada fue libre y gratuita, y el patio del Centro Cultural estuvo “hasta las manos” en todo momento, en un ambiente de alegría y camaradería, recordando a Franco como era, un luchador incansable y un artista impresionante, con un abanico de capacidades asombroso. Sin duda, un líder muy carismático. La peña estaba siendo organizada por Franco antes de su trágica muerte, con el objetivo de seguir apostando a la construcción del joven Partido Obrero de La Pampa y del crecimiento del Centro Cultural como espacio alternativo, para los habitantes del pueblo y sus alrededores. Fue una noche hermosa al aire libre, donde la luna y las estrellas daban luz al espectáculo y Franco iluminaba los corazones de todos aquéllos que lo quisimos, de todos aquellos compañeros que hoy tomamos la posta que nos dejó.

Después de favorecer a los evasores y especuladores con un blanqueo de capitales con multas inexistentes o reducidísimas, ahora por boca del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se acaba de conocer que el gobierno implementará un nuevo blanqueo, esta vez ‘laboral’, en favor de los capitalistas responsables de tener en negro a casi 5 millones de trabajadores en el país. La peculiaridad de este ‘blanqueo laboral’ es que supera todo lo visto en términos de jubileo a la clase capitalista, pues los impuestos que corresponden a la parte patronal serán pagados integralmente por el Estado durante tres años consecutivos. Según las estimaciones oficiales dadas a conocer por el ministro Triaca, el gobierno espera que por esta vía se blanqueen a 300.000 trabajadores por año hasta 2019. Si estos números fueron ciertos, el Estado deberá pagar los aportes patronales de aproximadamente un millón de trabajadores durante el lapso de tres años. Se trata de una erogación presupuestaria gigantesca que se cubrirá con los impuestos generales que paga toda la población, y en particular los trabajadores, o con nueva deuda. En cualquiera de las dos variantes asistimos a un subsidio gigantesco a la clase capitalista, esto por parte de un gobierno que ha usado el relato de la ‘reducción de los subsidios’ para justificar los tarifazos en los servicios y el transporte. Pero no es la única contradicción del relato oficial. Sucede que no deja de ser ilustrativo que este ‘blanqueo laboral’ sea anunciado luego de que el nuevo ministro Nicolás Dujovne dijera que el objetivo central del gobierno es reducir el déficit fiscal. ¿Pero no estamos, acaso, ante una medida que tendrá un impacto fiscal claramente negativo? Es que, para el gobierno, la alusión al déficit fiscal sólo vale cuando se trata de aplicar un ajuste en regla contra los trabajadores. En cambio, es dejado de lado cuando hay que beneficiar a los empresarios a costa de los fondos públicos. Esta conclusión elemental debe ser tenida en cuenta por los trabajadores, especialmente cuando se les quiere imponer paritarias a la baja del 18% en nombre del sacrosanto "equilibrio fiscal". El único límite que tiene el ‘blanqueo laboral’ es que será para salarios de hasta 12.000 pesos. Se trata de un punto interesante, ya que beneficia a los capitalistas que pagan menos salarios, lo que hace las veces de incentivo a repetir esa política en el futuro. Como es probable que ese beneficio se extienda a los empresarios que tomen nuevos trabajadores, con el ‘blanqueo laboral’ el Estado se asocia a la clase capitalista para pagar salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo -que nunca puede ser inferior a la canasta familiar. Según el gobierno, el “alto” costo laboral sería un obstáculo para la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, no deja de ser revelador que el anuncio del ‘blanqueo laboral’ se realice luego de que se conociera una nueva estadística que muestra que la mitad de los trabajadores del país tiene salarios inferiores a los 8.000 pesos o, lo que es lo mismo, 500 dólares. Si a esto se le suma que el 40% de los trabajadores está en negro, se puede concluir que el costo laboral argentino es bajísimo. No puede pasarse por alto que la medida se inscribe en un plan más general del gobierno por implementar una flexibilidad laboral en toda la línea, que termine con los impuestos patronales, mientras se mantiene para 1,5 millón de trabajadores el pago de Ganancias. La eliminación de los impuestos patronales será un golpe demoledor contra la Anses, que justificará más temprano que tarde una reforma previsional que eleve la edad jubilatoria de hombres y mujeres, tal como ya reclamó el FMI. Macri ya ha hecho saber de manera reiterada que quiere terminar con los convenios colectivos de trabajo vigentes, en nombre de la ‘modernidad’. En el siglo XXI quiere un régimen laboral del siglo XIX.

La conciencia y la organización colectiva son las mayores armas con las que cuentan los trabajadores y la juventud para luchar por una transformación social. Este verano, los jóvenes de la UJS pondremos ambas en práctica para lograr un objetivo largamente anhelado: que el campamento central de formación política regrese a la playa. Luego de más de una década en otras latitudes, este año volveremos a la costa atlántica. El destino elegido es Villa Gesell, donde nos espera un camping con capacidad para albergar a más de 2.000 personas. Allí nos reuniremos durante los feriados de carnaval, del 25 al 28 de febrero, jóvenes, estudiantes y trabajadores provenientes de todos los puntos de la provincia de Buenos Aires, de la Capital Federal y de Santa Fe, junto a delegaciones de buena parte de las provincias del país. El propósito central de los campamentos que la UJS montará en Gesell -pero también antes en Córdoba y Santa Cruz, y después en Cuyo y Tucumán- será abordar el estudio de la Revolución Rusa en el centenario de su aniversario. Más allá del calendario, enfocaremos el análisis de los hechos desde la perspectiva que aportan para la actual etapa histórica que nos toca transitar. El lema de los campamentos es “por una salida de la juventud, los trabajadores y la izquierda” a la bancarrota capitalista que está golpeando a nuestro país y al mundo entero. En todas las regionales, la UJS ya se lanzó a la campaña para preparar el viaje. Con ese propósito, la UJS porteña organizó un exitoso curso sobre El capital, de Marx, que en la primera clase reunió a más de 100 compañeros. Para febrero ya tienen planificado otro curso, sobre “Mujer y socialismo”. Esta actividad de formación se complementará con otras charlas y cursos que se brindarán en los diferentes locales. La provincia de Buenos Aires tiene una agenda similar. Otra pata fundamental es el trabajo en los barrios, donde miles de jóvenes están despertando a la vida política a través de la lucha junto al Polo Obrero. Junto a la invitación personal y la distribución del folleto en parques, plazas y cursadas de verano, otro problema vital es el de los recursos. El viaje tendrá un costo de 2.000 pesos por compañero, lo que incluye traslado, hospedaje y comida por los cuatro días. Y no queremos que nadie se quede afuera por falta de dinero. Por este motivo se están organizando numerosas actividades financieras, que permitirán abaratar el precio para los compañeros que así lo necesitan. El sábado 11 de febrero ya está planificada una gran fiesta “metropolitana”, de la que participará la UJS de Capital y el Gran Buenos Aires. Un campamento masivo y exitoso en la Costa sólo podrá ser el resultado del esfuerzo y la militancia previa de toda la UJS. ¿Qué mejor instancia para estudiar los cien años de la Revolución Rusa, que hacerlo junto a miles de jóvenes, con el fresquito de la playa, a orillas del mar? El Campamento Gesell 2017 de la UJS es una oportunidad para no desaprovechar.

Se hizo pública, hace unos diez días, una escisión al interior de la CTA-Autónoma, dirigida por Pablo Micheli, encabezada por su secretario adjunto, Ricardo Peydró, del sindicato de Agentes de Propaganda Médica, que se sumó a la facción de Hugo “Cachorro” Godoy y Víctor De Gennaro, de ATE. La fractura, sin embargo, tiene ya casi un año. Los emigrados se autodenominaron “CTA-Perón”, por la calle del nuevo edificio al que se mudaron. Al son de las divisiones de la burguesía La Central fue fundada en 1992 por De Gennaro, cuando un grupo de gremios, especialmente estatales, se escindió de la CGT para ubicarse en el campo de la burguesía centroizquierdista, que se postulaba como recambio al agotamiento del menemismo. Desde entonces, los realineamientos y rupturas sucesivas han marchado al compás de la política burguesa. Fue el resultado inevitable de la atadura de sus gremios al Frepaso, primero, y después a la Alianza, de parte de De Gennaro, Godoy,Yasky y Micheli. El relato de la CTA-Autónoma se pinchó como un globo cuando, en 2008, la burguesía centroizquiedista, que apoyó con pies y manos al kichnerismo, se fracturó en dos. Yasky se encadenó al gobierno de Néstor y Cristina; De Gennaro-Micheli-Godoy, más el PCR y el MST, se ataron a la Mesa de Enlace de los sojeros de la Sociedad Rural. Las razones de ambas facciones eran ajenas a principio obrero alguno. Hoy, Yasky y Baradel son la cabeza sindical del “volveremos” cristinista, en tanto la Unión Popular y el Frente Popular de De Gennaro están expectantes de una eventual coalición con los triunviros piqueteros sostenidos por el papa Francisco y el Vaticano. Micheli acusa a De Gennaro-Godoy de atacarlo porque es “autónomo” de la UP, pero hasta ayer coqueteaba con Margarita Stolbizer y Sergio Massa. Ambas CTA llegan al gobierno de Macri en estado de desintegración. Los gremios que las componen han quedado pulverizados, como es el caso de ATE, que se encuentra partido en tres. Tanto Godoy como Micheli, por el lado de la CTA-A, dejaron pasar miles de despidos entre los estatales y paritarias a la baja en todos sus gremios, sumidos en la impotencia. Riña entre aparatos “La personería gremial la tengo yo, lo de ellos es ilegal”, declaró Micheli. “Chapa” que resultó de un entuerto con Yasky, bajo el arbitrio del Ministerio de Trabajo, que significó "la escisión en dos nuevas estructuras: La ‘CTA de los Trabajadores’, que liderará el oficialista Hugo Yasky, y la ‘CTA Auténtica’, presidida por Pablo Micheli" (Clarín, 15/9/14). “Ya no tiene caja”, le respondieron del otro lado: el 90 por ciento de los fondos que maneja la central son financiados por ATE. Los que hacen y deshacen con los recursos de los trabajadores de ATE alegan ser diferentes, y acusan a Micheli “no haber propiciado la participación de los distintos sectores en los ámbitos de discusión gremial” (Crónica, 2/1). Impresionante argumento, cuando Godoy y De Gennaro, en el gremio con el que “hacen caja”, tienen prohibida la representación de las minorías en sus cuerpos directivos y no convocan a un plenario provincial de delegados con mandato desde hace décadas. Por la reconstrucción de la CTA Este derrotero de la “central” fue denunciado por el Partido Obrero en las elecciones de la CTA, todavía unida, de 2010. El planteo de la Lista 3, que constituimos entonces, fue convocar a todos los trabajadores de los gremios de la CTA a poner en pie un congreso de bases para reconstruir la central sobre bases clasistas, lo que significaba la ruptura con todas las variantes de la burguesía a la que han estado sujetos todos. Y señalamos que ésa era una tarea “que ninguna de las fracciones de la burocracia está dispuesta a aceptar, aunque tenga que pagar para ello con el hundimiento de la CTA” (año 2010). Es lo que está reiterándose, una vez más, hoy. Micheli y De Gennaro volverán a disputarse los restos de la CTA-A, como ayer lo hicieron con Yasky, y con el mismo resultado. Llamamos a los compañeros de Ademys, de Conadu Histórica, de Cicop, de ATE y de todos los gremios de la CTA a sacar definitivamente las conclusiones de este proceso, y a reconstruir la CTA sobre la base de la independencia política, la democracia obrera, el frente único de clase y la acción directa y la huelga general como método de lucha.

La burguesía, con otra suba en la Bolsa impulsada por las petroleras e YPF, ha saludado el anuncio del relanzamiento del proyecto de Vaca Muerta. Los capitalistas que pelean por el reparto del negocio petrolero -y todos los otros- han venido coincidiendo en la necesidad de atacar las condiciones laborales. El convenio que acaba de firmar el burócrata petrolero Guillermo Pereyra es una avanzada estratégica de las patronales, desde el momento que significa el mayor ataque al régimen de trabajo y al salario de los trabajadores producido hasta el momento (ver nota aparte). No es el único, si se toma en cuenta lo firmado en Chubut y el convenio laboral firmado por esta burocracia y las de Mendoza y Salta para las perforaciones tradicionales -allí se estableció, por primera vez, la anulación del pago por las horas de viaje o descanso. Pero, en todo caso, nunca se llegó tan lejos. En un salario que tiene como piso un básico del orden de los 6.000/7.000 pesos, la reducción de ingresos para el trabajador sea por los turnos de ocho horas o por la eliminación de las horas taxi significa una rebaja salarial del orden del 30 al 40 por ciento. A cambio de esta entrega de conquistas, el burócrata petrolero Pereyra no pudo exhibir siquiera el compromiso de las patronales de no despedir durante los dos años de vigencia del convenio. Aun así, las patronales petroleras van por más. Concretamente, plantean la desafectación de los trabajadores periféricos de los yacimientos que hoy están encuadrados en el convenio -enfermeros, seguridad-, así como la tercerización de otras tareas como el montaje y desmontaje de mantas (una valla para evitar que el petróleo contamine el suelo). No sólo Macri y Pereyra Daer, uno de los triunviros de la CGT, acaba de validar el convenio de Vaca Muerta por el precio (en baja) del petróleo, planteando el principio de la evolución del salario en función de los vaivenes del mercado: “Si se recupera el valor del petróleo, se recuperará el valor del salario”. Acuña, otro de los triunviros, no llegó a esta bestialidad, pero planteó que la burocracia se opondrá a la nueva ola de flexibilidad laboral en el Congreso, lo que es un pasaje a una vía muerta. Pereyra es hombre de Moyano, Daer y Acuña son del Frente Renovador. Massa no ha dicho una palabra, como tampoco Stolbizer. Todo el arco político de la burguesía acompaña la flexibilización, que se intenta extender a otros sectores industriales, como la electrónica (Tierra del Fuego) o el calzado con la excusa, en este caso, de enfrentar a la competencia internacional. 5.000 millones Esta es la cifra que el Presidente pudo anunciar como inversión en Vaca Muerta durante este año, bien que sin anunciar su procedencia. Sin embargo, uno de los mayores expertos en Vaca Muerta y protagonista del frente Cambiemos declaró que desenterrar los recursos de la cuenca exige un flujo de inversión anual de 8.000 millones como mínimo (Emilio Apud, La Nación, 18/11/16). Este solo dato revela que Vaca Muerta no se empantanó por ausencia de flexibilidad laboral alguna, sino por la crisis capitalista internacional, una de cuyas manifestaciones es la sobreproducción de los hidrocarburos “no convencionales” y el derrumbe de sus precios. Rescate Para cosechar esa pobre inversión, el gobierno otorgó un conjunto de beneficios excepcionales a los monopolios gasíferos y petroleros: entre ellos, accedió al reclamo que el grupo Techint realizó en la reciente reunión de la Asociación Empresaria Argentina, por un precio de referencia para el gas natural de 7/7,5 dólares la unidad calórica, un importe por encima incluso de lo que cuesta importarlo. La ecuación oficial, en definitiva, se resume a otorgar a las petroleras un precio del gas tres veces superior al internacional y un salario de los trabajadores petroleros reducido en un tercio. En esa línea, el gobierno ha dispuesto un nuevo aumento en el precio de las naftas -un 8%- dentro de un “sendero” de otros tres aumentos en el año. Así, el gobierno otorga a los pulpos un precio que supera en un 15% el precio internacional. Pero, además, ha eliminado las retenciones a la exportación de petróleo y gas, lo que elimina de las arcas del Estado un monto del orden de los 500.000 dólares. En aquel encuentro empresario, sin embargo, Paolo Rocca pidió algo más: que el Estado regule el mercado del gas para uso industrial y le asegure a los grandes usuarios un precio en boca de pozo similar al de Estados Unidos (hoy en 3 dólares). Dujovne ya declaró que el tema está “en estudio”. Este “sendero” replica a los gobiernos K, que hicieron del subsidio a las petroleras, gasíferas, generadoras y distribuidoras una política de Estado. Finalmente, el acuerdo entreguista entre los “nacionales y populares” y Chevron, lejos de ser anulado, ha sido generalizado por los “republicanos” de Cambiemos. Un programa Los anuncios son un golpe a los trabajadores y al conjunto de la Nación. Pretenden abrirle camino a una reforma laboral reaccionaria y a una política de aumentos de tarifas y subsidios que acentuará la carestía, el parasitismo y el dislocamiento industrial del país. Planteamos el rechazo al convenio de Vaca Muerta y sus pares, la apertura de los libros del conjunto de las empresas vinculadas con la energía. La salida más racional y productiva a la crisis es la nacionalización integral de la energía, bajo el control de comisiones de trabajadores electos y revocables.

El gobierno de Macri -y su nuevo ministro Dujovne- han abierto el año con una declaración de guerra contra los trabajadores: -en nombre de “relanzar” al yacimiento Vaca Muerta, han herido de muerte al convenio colectivo de los petroleros, a costa de su salario y de su seguridad laboral. Macri anunció la intención de extender ese convenio negrero a otras ramas; -ha dispuesto una nueva reducción en las contribuciones patronales y, en contrapartida, el recorte de las prestaciones médicas del Pami; -han resuelto otro tarifazo en las naftas, que las colocará un 15% por encima del promedio internacional. Según el gobierno, una crisis nacional de fondo, que ha dejado a sus trabajadores y jubilados precarizados y mal pagos, tendría como salida una mayor precarización y una liquidación aún más profunda de sus conquistas históricas. Pero los responsables de la crisis nacional son otros: los megaevasores capitalistas beneficiados por el blanqueo; los monopolios petroleros que saquearon una y mil veces las reservas energéticas; la gran patronal argentina, que es, ella misma, acreedora de la deuda externa usuraria que todos los gobiernos acrecentaron. Por eso mismo, el paquete oficial de flexibilización y tarifazos agravará la crisis y la miseria social existentes. La “respuesta” oficial a ese cuadro se ha dejado ver en la brutal represión a los manteros de Once o a los mapuches en el sur. La oposición de los Massa o Kirchner, que convivieron desde el gobierno con el trabajo precario y toda la herencia menemista -como el negrero régimen de las ART- no ha abierto la boca sobre la reforma laboral macrista. Mucho menos la burocracia sindical, que pactó con el gobierno y los monopolios energéticos el negrero convenio de Neuquén. Le cabe al activismo obrero y a la izquierda la gran tarea de poner en deliberación a los sindicatos y a todos los trabajadores, y oponerle un programa y una lucha contra el paquete flexibilizador: -abajo la reforma laboral, defensa de todas las conquistas de los convenios colectivos; -restitución de los aportes patronales, por un Pami y Anses dirigido por trabajadores y jubilados electos; -ningún despido ni suspensión, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; -estabilidad laboral y pase a planta a los trabajadores de los planes sociales; -por paritarias sin techo y con representantes electos en asamblea. -abajo los tarifazos, fuera los vaciadores capitalistas de la industria energética, por su nacionalización integral bajo control obrero; -por un plan económico de la clase obrera, por una salida de los trabajadores.

Durante siete días, los trabajadores azucareros de la finca Finnar protagonizaron un paro total de actividades en demanda de pago del convenio azucarero. En el Este tucumano, desde hace años, las patronales cañeras vienen manejándose a su antojo. Trabajo en negro, a destajo, aplicación parcial de convenios o directamente omisión del mismo, son habituales para los obreros de la caña. Todo esto con la complicidad de la Secretaría de Trabajo y la burocracia sindical de la Fotia. En ese contexto y en el marco de varios conflictos en distintos ingenios, los trabajadores de la firma Finnar desenvolvieron un proceso de organización que les permitió ir consiguiendo mejoras parciales. Antes de esta última Navidad, los compañeros recibieron la ingrata sorpresa de que la patronal hacía los aportes jubilatorios y en la Afip bajo el convenio colectivo de los trabajadores de la construcción. Ante esta situación, en asamblea declararon el paro por tiempo indefinido. Al sindicato que agrupa fincas de la zona este de la provincia no le quedó otra alternativa que acompañar el conflicto. Después de siete días de paro total, la patronal se avino a firmar y otorgar todos los reclamos obreros. Además, los trabajadores lograron quebrar la mala costumbre de la patronal de pagar el aguinaldo después de las Fiestas. Con este importante triunfo de los obreros del surco quedan claras dos cosas: que cuando hay intención de salir a luchar no hay excusas que valgan y que mientras las bases salen a dar la pelea, la burocracia sindical de Fotia fuma la pipa de la paz con las patronales. La tarea que se impone es la de extender la organización a otras fincas de la zona y recuperar los sindicatos azucareros para los trabajadores.

Con los anuncios de Macri en Casa Rosada en torno al “relanzamiento” del proyecto petrolero Vaca Muerta, se le estaría poniendo el moño final al nuevo convenio colectivo de trabajo para la industria petrolera, que se viene pergeñando desde hace aproximadamente un año. Las patronales del área, desde comienzos de 2016, condicionaron cualquier acuerdo paritario a la firma, por parte del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, de un acuerdo de “reestructuración productiva”. Es decir, de dar curso a la modificación del convenio colectivo de trabajo con el objetivo de bajar los “costos laborales”. En agosto, el secretario adjunto del sindicato petrolero, Ricardo Astrada, firmó un primer compromiso en esa dirección y Guillermo Pereyra, el secretario general, ratificó el mismo en octubre. Aunque aún no es pública la letra final de la adenda flexibilizadora al convenio colectivo de trabajo, que reglamenta especialmente el trabajo en la explotación no convencional, el portal El Inversor On Line dio algunas informaciones de su articulado. Los trazos gruesos, sin embargo, se conocen desde octubre. Según el acta firmada en aquella ocasión, la adenda del CCT habilita a las empresas a la reubicación del personal, en forma temporal o permanente, en tareas diferentes a las que venían realizando, sin derecho a pedir recategorización. Permite también el trabajo con mayor velocidad de viento, elevando el tope máximo de 50 a 60 kilómetros por hora. Con la implementación de la adenda se dará lugar al montaje y desmontaje (DM) en horarios nocturnos, que hasta el momento se encontraba prohibido, y a la simultaneidad de tareas de un mismo operario. A la vez que se extreman los controles de ausentismo por enfermedad, los equipos de torre o las cuadrillas de producción deberán continuar operando –hasta 4 horas- aún si falta algún integrante del turno. Como se ve, se trata de un mazazo a las condiciones laborales de los obreros petroleros, que dará lugar a nuevos accidentes laborales y muertes obreras. Con la adenda, se eliminan definitivamente las llamadas “horas taxi” y “horas sueño”. Esto afecta especialmente a los trabajadores de “servicios especiales”, que es el sector con uno de los trabajos más calificados y, por ende, mejor remunerado. La medida apunta a nivelar hacia abajo a este sector, equiparándolo con los trabajadores de torre, lo que representa una reducción salarial de entre un 40 o 45%. Es justamente contra las consecuencias de esta adenda que se han levantado los obreros de Halliburton y Schlumberger, sosteniendo desde hace más de una semana una retención de tareas. Se encuentran, de esta manera, marcando un camino para el conjunto de los obreros petroleros de Neuquén y Río Negro, que deben levantarse para derrotar esta ofensiva flexibilizadora.

Un trozo sustancial de la historia de Picasso, un artista que marcó al siglo XX porque fue él mismo marcado por los acontecimientos convulsos de su tiempo, está recorrido en la muestra del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba), que permanecerá hasta el 28 de febrero: “Pablo Picasso: Más allá de la semejanza. Dibujos de la colección Musée National Pablo Picasso-París”. Son 74 dibujos confeccionados desde que el artista tenía 16 años hasta poco antes de su muerte en 1973. Desde "Charité" (Caridad), de 1897, cuando a sus 16 años el gran artista malagueño expuso por primera vez (fue en Barcelona, y entonces incorporó su apellido materno y fue para siempre Pablo Ruiz Picasso) hasta "Mousquetaire à la guitare et tête" (Mosquetero con guitarra y cabeza), de 1972 -un año antes de su muerte-, las paredes del Mamba muestran las exploraciones de Picasso en el mundo humano. El dibujo fue el terreno en el cual Picasso desarrolló sus investigaciones artísticas; sus dibujos y bocetos fueron la base de una obra que cambió la historia del arte moderno. En las distintas etapas de Picasso, desde aquellos bocetos adolescentes que indagan en el dolor de las personas, en sus miserias, el artista construye y deconstruye la figura humana, muestra su naturaleza animal, cambiante, enigmática, incluso monstruosa, con sus deformidades y sus potencialidades de desintegración; también su potencia creadora, transformadora, la reinvención que los hombres hacen continuamente de sí mismos. En su vida, Picasso produjo algo más de 20 mil dibujos en los que se despliega su pensamiento artístico en lápiz, grafito, carboncillo, tinta china, pastel, en un juego de formas que componen una elegía de la libertad: él también se reinventa a sí mismo. Picasso estuvo entre los iniciadores de las vanguardias artísticas del siglo XX. Fue uno de los fundadores de una ruptura: la ruptura de la perspectiva, último estatuto renacentista vigente en el siglo XIX y los comienzos del XX. Sus figuras geométricas fragmentan líneas y superficies; crea la “perspectiva múltiple”, que representa todas las partes de un objeto en el mismo plano. En otras palabras: rompe todo compromiso con la apariencia de las cosas. Las cosas, en su manifestación, suelen parecer lo contrario de lo que realmente son -en la vida, en la economía, en la política. Por eso, en los dibujos y las pinturas de Picasso se ve una nariz de perfil, un ojo de frente: ya no hay un punto de vista único, se suprime la sensación de profundidad. Es una revolución estética de tiempos de crisis, guerras, revoluciones y enormes conmociones. Picasso fue, con Georges Braque, el creador del cubismo, término inaugurado por el crítico francés Louis Vauxcelles, quien escribió peyorativamente de la pintura "L’Estaque", de Braque, que estaba compuesta por “pequeños cubos”. Era la herramienta expresiva que necesitaba en la etapa de su vida artística que transcurre entre 1909 y el comienzo de la Gran Guerra. En la muestra del Mamba se ve "Buste de femme" (Busto de mujer), de 1907, una forma abstracta que se anticipa en años al Kandinsky de 1911. “Fue por entonces -diría Braque- que conocí al artista y al hombre (…) pude ver una determinación inquebrantable, un extraordinario, ardiente deseo de libertad”. Después de la I Guerra Mundial se produciría el salto al surrealismo que, influido por la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, fue a su modo la expresión artística de un mundo que parecía volverse del revés. Picasso, rodeado de intelectuales y aristócratas, mimado por la crítica, millonario, irascible, obsesivo, siempre disconforme con él mismo y con todo el mundo, perteneció políticamente al Partido Comunista francés y también al PC español. Intervino en los Congresos de la Paz organizados por la burocracia moscovita en 1948 (Wroclaw, Polonia), 1949 (París) y 1950 (Londres). Sin embargo, el arte de Picasso fue lo opuesto al “realismo socialista” que el Kremlin había transformado en brutalmente obligatorio para coartar toda libertad expresiva de los artistas. En Moscú le habría ido mal, muy mal. En definitiva, vale la pena llegarse al Mamba (Avenida San Juan 350, Ciudad de Buenos Aires) para ver el recorrido de un artista excepcional. Pablo Picasso tuvo todo lo que necesitaba para ser lo que fue.

Los trabajadores de Halliburton y Schlumberger se encuentran en retención de tareas. Reclaman que se les pague íntegramente el salario, que llegó con descuentos que van desde el 40 al 70%, y que se reincorporen los compañeros que fueron despedidos por la patronal en represalia por las medidas de fuerza. Objetivamente, la lucha de los compañeros choca con la adenda al convenio colectivo de trabajo que el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén y Río Negro, Guillermo Pereyra, firmó con las empresas petroleras y con el gobierno nacional en octubre pasado. Las reducciones salariales que hoy sufren son una consecuencia directa de esa adenda, que elimina una cantidad de ítems salariales que son conquistas de los trabajadores petroleros del sector de servicios especiales. Además, la adenda representa un golpe descomunal a las condiciones laborales de los trabajadores. El plan de flexibilización del convenio colectivo de trabajo que impulsan las patronales cuenta con el cerrado apoyo del gobierno y de la burocracia de Pereyra. Mientras los trabajadores sufren los despidos, descuentos y pérdidas de conquistas, las petroleras embolsan los beneficios del “barril criollo” y de los tarifazos. En este punto, las empresas también encuentran en Pereyra a un aliado, ya que es un lobbista del aumento del gas en boca de pozo, como lo reclaman PAE y Tecpetrol. Prueba de esta alianza antiobrera es también la actitud que adoptaron el sindicato y el Ministerio de Trabajo ante el despido de 1.700 trabajadores pertenecientes a las empresas contratistas de YPF, en diciembre pasado. La dirección del gremio fue al paro para reclamar un subsidio de 20.000 pesos, limitado por un año para los cesanteados, no para frenar los despidos. Pereyra entregó de movida los puestos de trabajo. El dictado de la conciliación obligatoria, por parte del ministerio, tuvo el objetivo de desactivar la rebelión obrera que se encontraba en gestación contra los despidos masivos. Mientras la dirección del gremio acató inconsultamente la conciliación, las empresas la desconocieron y mantuvieron en pie los telegramas de despido y, peor aún, emitieron nuevos telegramas, que el sindicato y el ministerio nuevamente dejaron pasar. El carácter patronal de la dirección del sindicato explica el ataque de Pereyra a los trabajadores en lucha. Pereyra los acusa de “cortarse solos”, pero cuando los obreros de Halliburton y Schlumberger le reclamaron al sindicato que los acompañara en su reclamo salarial, esto no se produjo y por eso se vieron obligados a tomar medidas. En realidad, quien se “cortó solo” fue Pereyra cuando firmó la adenda flexibilizadora del CCT sin consultar a la base del gremio. En la misma línea se anota el ataque de Pereyra a la Agrupación Obreros del Petróleo y al Partido Obrero, que apunta a sembrar el miedo en el gremio y a aislar a sus expresiones combativas. Es necesario redoblar el empeño por el triunfo de los obreros en lucha. Un plan para ganar la lucha En estos pocos días, los trabajadores se encuentran dando importantísimos pasos. Los “viejos” de Halliburton, además de los delegados regularmente electos, han elegido a dos representantes por línea para mejorar su organización. Fue esa comisión de representantes la que se acercó a la base de Schlumberger para coordinar la lucha con los compañeros. Por su lado, los trabajadores de Schlumberger quieren revocar a sus delegados, obsecuentes de la conducción del sindicato, que son un peso muerto para el desarrollo de esta lucha. Es necesario reforzar esta coordinación con representantes genuinos de los trabajadores de las empresas de servicios especiales, que también se encuentran cobrando con descuentos, y de los obreros de las empresas contratistas de YPF, que vienen de sufrir la masacre de 1.700 puestos de trabajo. No se debe depositar ni un ápice de confianza en la dirección del sindicato, que rechaza la medida de lucha. La voltereta que pegó Pereyra (6/1), declarando que tomará “el conflicto en sus manos”, luego de haber pasado una semana bombeando la lucha, es consecuencia de la firmeza de las medidas tomadas por los compañeros. Apunta, por sobre todo, a evitar que las medidas ‘se contagien’ a trabajadores de otras empresas, también afectados por las reducciones salariales. Es necesario defender que en la mesa de negociación estén presentes los representantes genuinos de los trabajadores. La salida que eventualmente ofrezca Pereyra, si es que ofrece algo, sólo será transitoria, pues su intención declarada es la de ir a fondo con la implementación de la adenda flexibilizadora del CCT. Sobre la base de esa comprensión, planteamos: reincorporación de los compañeros despedidos de Halliburton y Shlumberger; pago inmediato de los descuentos salariales; abajo la adenda flexibilizadora del CCT.

Macri y su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, no dejan lugar a dudas. El gabinete “remozado” de Cambiemos ha debutado con una escalada en regla contra la clase obrera. Quieren recauchutar al frente burgués de sostenimiento al gobierno, previamente golpeado por un monumental empantanamiento económico y político. En pocos días, el gobierno anunció una rebaja de aportes patronales, acentuando la orientación que inauguró el menemismo, consolidó el kirchnerismo y condujo al vaciamiento de las cajas previsionales. En consonancia con ello promueven un recorte a las ya retaceadas prestaciones del Pami. Macri redobló la apuesta con un acuerdo para el supuesto “relanzamiento” del yacimiento de Vaca Muerta, que contempla un ataque completo al convenio petrolero. La suba de la bolsa saludó de inmediato los anuncios confiscatorios. Para completar el panorama, el gobierno reprimió brutalmente a los manteros de Once, otro globo de ensayo -en este caso, respecto del “control de la calle” frente a las luchas que despertará la nueva oleada ajustadora. Mientras tanto, el mismo gobierno que acusa de usurpadores a los que apelan a la venta callejera para sobrevivir protegía con palos a los grandes usurpadores -los acaparadores capitalistas de tierras en la Patagonia, ahora contra los mapuches. Techint La “revolución laboral” anunciada por Macri no es un plan de nuevos empleos sino una gran plataforma de ataque al derecho al trabajo de los actuales planteles obreros. El gobierno ratificó su voluntad de transformar a los planes sociales en “vouchers” (chequeras), que sus actuales beneficiarios podrían entregar a cuenta de sus sueldos a las patronales interesadas en tomarlos. De esa forma, los recursos de la “asistencia social” se convertirían en un gigantesco subsidio a las patronales, con el cual se financiarían los “retiros” (despidos encubiertos) de los trabajadores con mayor antigüedad. Quien sintetizó los objetivos oficiales fue el secretario de Empleo, Miguel Ponte, un ex Techint, que reivindicó la “naturalidad” con la que debe concebirse “la entrada y salida de un puesto de trabajo” (sic). La mención a Techint no es gratuita, si se tiene en cuenta que Dujovne ha sido por años asesor del jefe radical Ernesto Sanz, a su vez, reputado por su vínculo con el pulpo siderúrgico. No sorprende, por ello, que el nuevo ministro de Economía tenga en carpeta un paquete impositivo que toma, en lo esencial, el “pliego” que la UIA le entregó al gobierno: eliminación de los impuestos “distorsivos” (o sea, los que paga la patronal) e incluso una posible reducción del impuesto a las Ganancias. Mientras tanto, el gobierno eliminaba la devolución parcial del IVA a las compras con tarjeta, otro impuestazo al consumo. A esta altura, es una impostura presentar a Dujovne como un defensor del “equilibrio fiscal”. La reducción de aportes y las exenciones agravarán el quebranto fiscal actual, que el gobierno espera cubrir con un mayor endeudamiento, por un lado, y ajustes e impuestazos al consumo, por el otro. Pero esta orientación no es sólo de la City bancaria. En sus anuncios de Vaca Muerta, Macri planteó que la “flexibilidad” se extienda hacia los sectores más amenazados por la competencia internacional ¡Este también es un reclamo de los “industrialistas” de la UIA! El movimiento obrero debe tomar nota que la campaña “proteccionista” de la burguesía no es una defensa del mercado interior -golpeado todos los días por la caída del salario y los despidos-, sino una extorsión sobre la clase obrera industrial, para que resigne conquistas históricas. La reforma laboral y tributaria en ciernes marca el ingreso de Techint al gabinete nacional, para reforzar la guerra contra los trabajadores. Es cierto que Dujovne planteó la perspectiva de un acuerdo con el FMI, para obtener el socorro financiero que ya no podría solventar por los medios actuales. Pero los Rocca y la burguesía nacional, que necesitan tramitar sus propios rescates, no rechazan la salida fondomonetarista, en particular, si viene acompañada de una escalada antiobrera. La crisis de fondo continúa Macri ha presentado al acuerdo laboral de Vaca Muerta como la llave para relanzar la producción gasífera y petrolera. Pero Vaca Muerta se empantanó, no por los “costos laborales”, sino por la crisis mundial -o sea, la sobreproducción petrolera y la caída a pique de los precios. Para remontar esa cuesta, las patronales no sólo han arrancado un convenio negrero, sino también un precio “especial” del gas que triplica al internacional, la reducción en las retenciones de exportación y un nuevo tarifazo en las naftas. Esas condiciones agravarán el dislocamiento industrial del país, y, desde luego, las tendencias inflacionarias y recesivas. Pero lo que vale para Vaca Muerta vale para todo el paquete antiobrero del gobierno: la escalada contra la clase obrera busca ‘relanzar’ al gobierno y galvanizar en torno suyo a toda la clase patronal. Pero las contradicciones de la política oficial, de cara al alcance de la bancarrota capitalista, afloran por todos lados. Las nuevas exenciones fiscales reclamadas por la UIA -y prometidas por Dujovne- agravarán el quebranto fiscal (por eso, ya han comenzado las contramarchas y vacilaciones respecto del punto). El ataque a los convenios no salvará a la patronal industrial de la competencia internacional, que viene azuzada por la crisis mundial y por los desequilibrios que genera el programa oficial (inflación en dólares, tarifazos, la carga usuraria del capital financiero). En medio de los anuncios de nuevos ajustes, progresa una crisis de gabinete de mayor alcance, cuyo telón de fondo son las secuelas del propio ajuste. En la cola de los futuros cesantes, se anota el ministro de Salud -acosado por el recorte de insumos esenciales- y el “ambientalista” Bergman, que asiste impávido a los incendios causados por la depredación capitalista y la complicidad estatal. Detrás de los anuncios contra los trabajadores, la impasse económica y política sigue su curso. Los planteos flexibilizadores no han merecido el rechazo de la oposición massista o del FpV: los Massa o Kirchner saben muy bien que, para la base social capitalista que le disputan al gobierno, la flexibilización laboral es una cuestión de Estado. En esa línea, sus agentes en el movimiento obrero -los Daer, Acuña y compañía- se han limitado a señalar que discutirán “la situación (los convenios) en cada caso”. Han renunciado, desde el vamos, a una defensa de conjunto de las conquistas históricas de la clase obrera. Nada de esto impedirá que la escalada oficial desate una lucha encarnizada allí donde se plantee, como ya está ocurriendo, en la propia Neuquén, con los obreros de Schlumberger o Halliburton. En cualquier caso, tenemos trazado desde el vamos un 2017 de grandes enfrentamientos, luchas y desenlaces de las contradicciones explosivas que están en curso. Es todo un señalamiento para el Frente de Izquierda: la campaña electoral no será el devenir pacífico de las tendencias políticas preexistentes, sino que estará surcada por este cuadro convulsivo. Esta situación de conjunto debe colocar a la izquierda protagonizando la oposición a la escalada antiobrera, comenzando, naturalmente, con la organización obrera en defensa de los convenios y contra los despidos, en la perspectiva de la ocupación de las fábricas que despidan o suspendan, y de un plan de lucha contra la ofensiva oficial. Por medio de una intensa agitación política, es necesario denunciar la impotencia de los planes capitalistas de cara a una bancarrota internacional extendida y convocar a los trabajadores a organizarse en torno de un programa y de una salida de poder propios. Foto: Sebastián Baracco

El 21 de diciembre de 1900 salió a la calle el primer número de Iskra (La Chispa), semanario popular que, junto a la revista teórica Zariá (La Aurora), fueron los instrumentos más poderosos de los emigrados socialistas rusos (1900) para lograr la supremacía en la labor de formar el partido obrero en Rusia. Los bolcheviques “innovaron” al constituir una organización fuertemente centralizada bajo el régimen despótico del zarismo y en un período completamente legal y abierto del resto del proletariado de Europa. No copiaron mecánicamente al proletariado avanzado, aunque tuvieron en cuenta todas las etapas que éste tuvo que recorrer. Su acta de bautismo fue la lucha contra el populismo ruso, el marxismo “legal” y el economicismo. “El bolchevismo existe como corriente de pensamiento político y como partido político desde 1903”. La afirmación es de Lenin, veinte años después (1) . En ese año, en el segundo Congreso de la socialdemocracia rusa - denominación que en ese entonces utilizaban los marxistas- se produjo la escisión entre ese ala y los mencheviques. Si bien el partido había sido formalmente fundado en 1898, en el I Congreso la represión destruyó rápidamente cualquier posibilidad de transformar sus resoluciones en pasos organizativos concretos y el trabajo tomó nuevamente la forma de círculos aislados y dispersos. Sin embargo, la proclama de aquel congreso tuvo una virtud: señalar por primera vez la incapacidad de la burguesía rusa para consumar la revolución democrática burguesa y el consiguiente traspaso de esta tarea a la clase obrera. El populismo El debate teórico entre marxistas y populistas fue el debate sobre la naturaleza de la Revolución Rusa y las fuerzas que debían dirigirla. El imperio zarista se incorporó en forma tardía al proceso de desarrollo capitalista. Era un país enormemente atrasado en relación con el occidente europeo, donde el capitalismo había desenvuelto hacia la segunda mitad del siglo XIX todas sus potencialidades y contaba con una enorme y concentrada clase obrera. Rusia era un país fundamentalmente agrario y recién emergía de las relaciones propias de la servidumbre feudal. Los populistas sostenían que el régimen comunitario de la aldea rusa era el antecedente inmediato del socialismo. Marx mismo había dejado abierta esta posibilidad, en un fenomenal acto de anticipación, en lo que fue el último prólogo con su firma a una edición del Manifiesto Comunista: “si la revolución rusa da la señal para una revolución proletaria en Occidente, de modo que ambas se complementen, la actual propiedad de la tierra en Rusia podrá servir de punto de partida para el desarrollo comunista” (2) . Los populistas veían en esta propiedad comunal la originalidad del caso ruso y rechazaban al capitalismo como una fuerza reaccionaria, que venía a disolverla. Hasta alrededor de 1890, esta fuerza política encabezó la lucha contra la autocracia zarista partiendo de la base de que el campesinado era la clase revolucionaria, por su defensa del principio de la propiedad comunal, que era para ellos un principio socialista. Esta exaltación del campesinado era la base de la actividad política de la intelectualidad populista, que desenvolvió en su momento una verdadera cruzada propagandística en las aldeas y se volcó luego, en su fase más audaz, a la conspiración terrorista para asesinar al zar. A finales de los ’70, Georgi Pléjanov rompió con los populistas en desacuerdo con el terrorismo individual y fundó en su exilio el grupo Emancipación del Trabajo (1893), el primer grupo marxista. El joven Lenin, que se hizo marxista alrededor de 1892/3 se incorporó a estos círculos, de temprana acción de propaganda sobre la naciente clase obrera, y comenzó a participar de su trabajo teórico y práctico. El marxismo, polemizando con el populismo, sostuvo el carácter progresivo del desarrollo del capitalismo en Rusia porque era el único régimen capaz de dar un carácter nacional y social al avance de las fuerzas productivas, lo que daba lugar a la formación de la clase obrera. Esta oponía a la dispersión campesina su propia concentración y unidad, constituyendo una fuerza social y política infinitamente superior contra la autocracia zarista. Para los marxistas, la propiedad comunal era un residuo feudal porque unía a campesinos y terratenientes en la propiedad de la tierra, sometiendo a aquellos al yugo del atraso y la barbarie. La rebelión campesina sólo podía tomar la forma de una “jacquerie”, una insurrección elemental y violenta contra la nobleza, pero la propia evolución del capitalismo relegaba esta posibilidad al escindir al campesinado entre ricos (kulaks), asimilados a la burguesía, pobres y proletarios. El caudillo de la revolución El marxismo identificó al proletariado como dirección de la revolución democrática en Rusia, única fuerza social capaz de liquidar el atraso y derrocar a la nobleza. Este era el punto de vista teórico común previo a la escisión entre bolcheviques y mencheviques, unidad que dejaba sin resolver cuál iba a ser el programa que el proletariado iba a impulsar en su lucha política y la forma de poder a la que debía asimilarse. Los primeros trabajos de Lenin aportaron a este gran debate: su obra fundamental en este sentido sería “El desarrollo del capitalismo en Rusia” (1899). Los jóvenes socialdemócratas, al tiempo que estudiaban a Marx y Engels y libraban una lucha teórica y política contra el populismo, se lanzaron a un trabajo de organización práctica de la clase obrera. Fue un trabajo artesanal y disperso, librado por pequeños círculos carentes de conexión y programa común, pero indispensables en este período de crecimiento. 1896 En este año se produjo en San Petersburgo una huelga general espontánea y se inició una década de acciones directas sistemáticas de las masas, que habrían de culminar en la Revolución de 1905. Es decir, en los hechos se fue zanjando el debate con los populistas: el proletariado ruso, minoritario en relación con el campesinado, reveló una energía, consistencia y fuerza en la lucha contra el zarismo tremendamente superior al de los explotados del campo. Este proletariado nació a la lucha política y sindical sin arrastrar detrás una tradición política burguesa o pequeño burguesa, y lo hizo enfrentando tempranamente a una burguesía hostil a toda agitación democrática. El único programa de esta burguesía era la negociación y el acuerdo con la reacción para lograr algunas migajas dentro del régimen, grageas de constitucionalismo y legalidad. Los marxistas “legales” Radicalmente opuestos a los populistas, los marxistas “legales” planteaban, sin matiz alguno, la teoría marxista de que el desarrollo del capitalismo era una etapa previa obligada para la realización final del socialismo. La insistencia en este punto los llevó a considerar ese estadio como un fin en sí mismo y a reemplazar la revolución por la reforma, anticipando las posiciones que luego enarbolarían Bernstein y el ala revisionista de los marxistas alemanes. Los marxistas “legales”, como los caracterizará Lenin años más tarde: “eran demócratas burgueses para quienes la ruptura con los populistas significaba una transición desde el socialismo pequeño burgués (o campesino), no al socialismo proletario… sino al liberalismo burgués” (3) . "Iskra" En estas luchas políticas y teóricas jugó un papel importante Iskra, el semanario que comenzó a publicarse en 1900 en el exilio, bajo la dirección inicial de Plejanov y el protagonismo creciente de Lenin. Iskra se proponía, según el documento que anunciaba su aparición, constituirse en la columna vertebral del disgregado movimiento socialdemócrata ruso sobre la base de la delimitación. “Antes de unificarse -decía- y para unificarse, hay que empezar por deslindar los campos de manera resuelta y definida. De otra forma, nuestra unificación sería sólo una ficción que enmascararía la actual confusión e impediría su radical eliminación” (4) . “Iskra” no sería, por lo tanto, “una simple recopilación abigarrada de diferentes opiniones”, sino un órgano portador de “una política estrictamente definida”. En Iskra y Zariá se desplegarían los fundamentos teóricos y organizativos que desembocarían en la formación de un partido nacional. Notas: 1. Lenin: "La enfermedad infantil del izquierdismo", Obras Completas, T. XXXI, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1960. 2. Carlos Marx y Federico Engels: prefacio a la segunda edición rusa del “Manifiesto Comunista” (1882), Obras Escogidas, Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aires, 1973. 3. Lenin: ¿Qué hacer?, ídem anterior, T. V. 4. "Declaración de la redacción de Iskra", septiembre de 1900, en Lenin, V. I, Obras completas, tomo 4, pág. 362, Editorial Akal, Madrid, 1975.

La incursión de las fuerzas de seguridad contra la comunidad Pu Lof en Resistencia, Depto. Cushamen en la provincia de Chubut dejó como saldo cinco heridos de bala en la noche del 11 de enero. Nueve personas habían sido detenidas luego del primer embate represivo, ocurrido aproximadamente 48 horas antes. El territorio en el que ingresó la Gendarmería había sido recuperado en 2015 por la Lof (comunidad) en Resistencia Cushamen, de manos de Luciano Benetton (dueño y fundador de la trasnacional), que se apoderó del mismo en forma ilegal y sería dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia. Se trata de un vasto operativo, para el cual la Gendarmería cortó varias rutas y que había contado también con la participación de la Policía Federal y la de Chubut. Una mujer de la comunidad volcó en declaraciones radiales las explicaciones dadas por las fuerzas represivas: “Todo esto es ‘supuestamente’ para que pase un tren (en referencia a La Trochita, un antiguo ferrocarril de la zona), un tren que no tiene ninguna función social, un tren que sólo le deja dinero al director de la Corporación de Fomento del Chubut y al gobernador Mario Das Neves”. El plan de un allanamiento violento ya había sido denunciado por la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto - MAP hace una semana, cuando trascendió que el jefe de Gendarmería había consultado en el hospital de la localidad cercana de El Maitén “si sus instalaciones estarían en condiciones de recibir heridos de gravedad” (Página/12, 9/1). “‘Mujeres y niños estamos en la ruca -vivienda tradicional mapuche- mayor, nos tiene rodeados la Gendarmería e Infantería. No vamos a dejar que nos saquen, antes nos prendemos fuego. De acá salimos vivos o muertos’, fue el mensaje que trasmitieron desde la comunidad a las organizaciones que apoyan su reclamo” (Tiempo Argentino, 10/1). En un mensaje en las redes sociales de la Red previo al operativo, los luchadores mapuche responsabilizaron “al gobierno nacional, al gobierno provincial, a la Policía de Chubut, Gendarmería, el Grupo Especial de Operaciones Policiales, a la Infantería y a los responsables de La Trochita, de cualquier daño físico o psicológico, y de la vida de hombres, mujeres y niños, que viven en la comunidad Lof de Resistencia Cushamen”. El 11 de enero, organismos de DD.HH. y fuerzas de izquierda marcharon en Capital Federal en apoyo a los mapuches. Como en Jáchal (San Juan) con La Alumbrera y en El Bolsón con el empresario Joseph Lewis, el Estado actúa en defensa del acaparamiento capitalista de la tierra, operando como un ariete contra la resistencia popular. ¡Inmediata libertad a los detenidos! ¡Juicio y castigo!

El 28 de junio de 1966 fue derrocado el gobierno de Illia por el golpe militar de Onganía. Para Política Obrera (luego Partido Obrero), el onganiato fue “una síntesis reaccionaria del peronismo y la Libertadora”. Del primero tomó la tendencia a estatizar el movimiento sindical. De la segunda, la proscripción política del peronismo. La dictadura recibió el apoyo de amplios sectores políticos y empresariales y de la burocracia sindical, a la cual evitó oponerse directamente. Perón desde su exilio, llamó a “desensillar hasta que aclare”. Para superar la crisis y el empantamiento capitalistas, la dictadura se ensañó con las conquistas del movimiento obrero: anuló las paritarias y elevó la edad para jubilarse a 60 años, entre otros ataques. Comenzó una guerra gremio por gremio para anular importantes conquistas. Aliado a la burocracia de la Uocra, anuló la ley de indemnización a los despidos en ese gremio y derogó regímenes de insalubridad en mineros y textiles. A cambio de prebendas y mantenerse al frente de los sindicatos, las burocracias sindicales desorganizaban toda resistencia obrera. Pero el ataque a los portuarios detonó en una huelga de tres meses, a fines de 1966. El ataque a los portuarios Con el objetivo declarado de ‘modernizar’ el puerto y bajar costos a las navieras y a los importadores-exportadores, la dictadura sacó un decreto que anulaba la jornada reducida en trabajos insalubres, disminuía el pago de horas extras y recalculaba el tiempo de trabajo “normal”. Así reducía el salario a la mitad y dejaba un tendal de despedidos. Frente al inminente ataque, la burocracia del sindicato portuario (Supa) pidió paciencia para negociar. El secretario general, Eustaquio Tolosa, pidió una comisión conjunta para consensuar el nuevo reglamento, pero la dictadura dispuso su aplicación e intervino el Supa. Sin preparación alguna y en forma aventurera, Tolosa decretó la huelga por tiempo indeterminado y… se fue al Uruguay para dirigir desde allí la solidaridad internacional. El gremio portuario sólo tenía ocho delegados, elegidos a dedo, pero contaba con un fuerte activismo, que imponía a las patronales en cada lugar de trabajo el respeto a las conquistas. Sin estructura gremial, la misma directiva burocrática convocó a un Consejo Coordinador con otros gremios menores del puerto y tres agrupaciones del Supa: la de la burocracia, la del PC (“La Lingada”) y la ‘independiente’ Cruzada Renovadora. Luego de algún amague, este Consejo se inmovilizó. El PC seguía a Tolosa y a la burocracia. La huelga quedó librada a la conciencia de cada estibador. En esas circunstancias comenzaron a organizarse desde las villas, donde vivían muchos trabajadores, comités de resistencia de activistas portuarios para organizar las tareas elementales de la huelga: fondo de huelga, ollas populares, reparto de comida, información, coordinación, piquetes contra los carneros. Estos comités eran abiertos a todo luchador y por esta vía se integraron y jugaron un rol dirigente, el PRT (de Nahuel Moreno) y PO. Ante la borrada de la burocracia sindical, estos comités fueron los que sostuvieron el grueso de las tareas de la huelga. Villa por villa, se llegaron a organizar más de cuarenta barriadas, con asambleas en cada una de ellas de alrededor de cien compañeros. Para coordinar este movimiento se constituyó la Coordinadora de Comités de Resistencia de Barrios y Hoteles, que fue conocida como Intervillas. Se editó un boletín de huelga diario, que servía de instrumento de organización e información para llegar hasta el último de los portuarios. Los piquetes impedían que de las villas salieran los carneros a trabajar y no dejaban entrar a los camiones que mandaba el gobierno. Intervillas organizaba el sostén de la huelga, pero no era aún su conducción política. No participaba de discusiones y negociaciones, ni era la interlocutora frente a la CGT, cuya burocracia dejaba aislada esta gran huelga. Romper el aislamiento de la huelga portuaria era un punto fundamental: “El eje de las perspectivas de la huelga sigue siendo la expectativa de una lucha de conjunto, comenzando por la huelga ferroviaria” (Política Obrera, 12/12/66). El vandorismo -que había aconsejado a Tolosa aceptar la reglamentación antiobrera- se empeñó en aislar la lucha. Pero la agitación se extendía y la CGT tuvo que convocar finalmente a un paro general el 14 de diciembre, que fue cumplido masivamente, a pesar de que la burocracia no hizo nada para garantizarlo. Política Obrera planteó que esta medida debía tener continuidad, con un nuevo paro de 48 horas hacia la huelga general. Pero la burocracia se empeñó en cerrar el conflicto, molesto para sus planes de entrelazamiento con la dictadura. Tolosa convocó a una Asamblea General en el Luna Park y volvió al país para dirigirla. Quería maniobrar para levantar la huelga y volver al ‘diálogo’ con la dictadura. Pero la asamblea comenzó con grandes muestras de combatividad, y la Guardia de Infantería de Marina detuvo a Tolosa. Se rompió el Consejo Coordinador y cada gremio, incluyendo el Supa, levantó la huelga. Intervillas y el activismo quedaron golpeados. A pesar de ello, la huelga continuó unos días más, Tolosa fue liberado momentáneamente y la huelga fue quebrada. Delimitaciones Cuando empezó la huelga portuaria, Política Obrera había declarado que: “PO se lanza a esta huelga con un pronóstico político fundamental: el curso del enfrentamiento abierto entre el movimiento sindical y el gobierno plantea la tarea de la construcción de un nuevo movimiento sindical…”. A los pocos días quedó en claro que “los activistas organizados en Intervillas son el inicio de una política clasista independiente”. El activismo obrero tomaba en sus manos la lucha por la defensa de sus reivindicaciones y contra la dictadura. La lucha ferroviaria que vendría a continuación lo demostró con más fuerza aún y precipitó a la burocracia en forma abierta a los brazos de la dictadura. Luchas posteriores (petroleros, Fabril Financiera, etc.) irían jalonando el “Cordobazo” de 1969 y crearían el terreno favorable para un desarrollo tumultuoso de la corriente clasista en los sindicatos. El PRT, por entonces unificado, sacó otro balance. Uniendo la derrota de la huelga portuaria a la de los ferroviarios, a la que sufrieron los trabajadores azucareros tucumanos y al fracaso del paro general del 1º de marzo convocado por la burocracia de la CGT el PRT, en su congreso de 1967, planteó que todo esto “demostraba” que el trabajo en el movimiento obrero no tenía futuro y que era más factible “la guerra civil” que ganar una huelga. Fue el vuelco al foquismo. Para Política Obrera, la huelga portuaria fue también un gran bautismo de fuego. En el balance sacado en 1967, Política Obrera decía: “La huelga ha puesto a prueba una capacidad incipiente de nuestros compañeros: su capacidad de organizadores”. Néstor Correa, Trenti y diversos compañeros jóvenes se pusieron al frente de la organización de Intervillas y sus comités de resistencia. La izquierda revolucionaria se fundía con el movimiento obrero combativo.

La caracterización que resumía la actualidad de América latina como un ocaso del “populismo” no ha resistido la prueba de los hechos. Enrique Peña Nieto, una suerte de Macri con spray, está pagando las consecuencias. México se encuentra en un estado de sublevación popular, cuando la lucha de los maestros de Oaxaca o la movilización por la masacre de Ayotzinapa siguen vivas en la conciencia de amplios sectores de las masas. Lo que se ha presentado como un gasolinazo es algo bastante más amplio, pues se extiende a aumentos del 30% promedio en la electricidad, el gas y numerosos servicios básicos -mientras la moneda sufre una desvalorización sin tregua. Peña Nieto ha decretado un tarifazo fenomenal cuando su mandato presidencial se extingue, de modo que no puede descargar responsabilidades en herencias recibidas. El mazaso a los ingresos populares vino enseguida después de una “reforma fiscal” (a la Dujovne), que aligeró a las patronales del costo de supuestas “cargas laborales” y aumentó, para compensar, los impuestos al consumo. A esta mesa servida para la rebelión solamente le faltó la “desregulación” del mercado de los combustibles, que prometía una caída de los precios de las naftas como consecuencia, claro, de una mayor “competencia”. Lo que emergió, sin embargo, de la privatización de la estatal Pemex ha sido la cartelización de las tarifas de los combustibles -como lo han hecho CFK primero, y Macri después en Argentina. Toda una advertencia astral de principios de año para Dujovne, el sonriente Ratazzi y ni qué decir Macri -que lo miran desde el sur. Peña Nieto supuso que alcanzaría con disimular el paquetazo en el arbolito de Navidad para pasar gato por liebre, nada menos que en México. El Estado de Veracruz es donde la resistencia al tarifazo es más intensa, como lo demostraría una huelga indefinida del transporte, como ocurre también en Michoacán, y otras parciales en numerosos sectores. También hay huelgas en Guerrero. Hay ataques a comercios, supermercados y estaciones de servicios, en los cuales participan los mismos policías que acuden a reprimir a los atacantes. Varios diarios, sin embargo, han identificado operaciones en la red que alientan con noticias falsas los saqueos, con la intención de debilitar las manifestaciones políticas que reclaman la renuncia de Peña Nieto -en especial en la capital. La Ciudad de México es el epicentro de la movilización política, como ocurrió en Buenos Aires en 2001. La burocracia de los sindicatos mexicanos desalienta los llamados a la huelga y los piquetes de camioneros y la población. Varios voceros patronales entienden que la policía no tiene capacidad para contener el movimiento y reclama la intervención de las fuerzas armadas -previa declaración de un estado de sitio. El ingrediente que falta para preparar un helicóptero sería una quiebra en el PRI, el partido de gobierno, algo que en Argentina estuvo a cargo de Alfonsín y Duhalde (convocados por Techint), luego de que se fuera “Chacho” Alvarez. El “populista” en estos acontecimientos es Andrés Manuel López Obrador, del PRD, de centroizquierda, primero en las encuestas para las elecciones de principios de 2018. López Obrador denuncia al gobierno, como lo aconsejan los manuales, pero prefiere por sobre todo el cronograma electoral. Una alternativa política que fuera encarnada por López Obrador pondría a las Fuerzas Armadas ante un dilema existencial: un golpe de Estado o una reconversión al populismo (contener la crisis sin el peligro de una guerra civil). México pone a prueba la teoría de la “crisis orgánica del capitalismo”, una crisis que incluiría una “crisis de poder”, pero que no transforma esa crisis en “una cuestión de poder”. Toda crisis de poder plantea, si es realmente tal, una cuestión de poder -de lo contrario, es una abstracción y una convocatoria, asimismo, a la neutralidad o a la pasividad. La debacle del plan económico de Peña Nieto y la respuesta de la rebelión popular ha abierto una nueva etapa en México, que es potencialmente revolucionaria. La fuerte originalidad del proceso mexicano es que se desarrolla en las vísperas de la asunción de Donald Trump, que ha puesto a México en la mira de sus ataques. No ha tenido necesidad de prestar juramento para desatar una rebelión popular. La burguesía de Estados Unidos ya está tomando nota del peligro estratégico que representa Trump para ella misma -más allá de los roces de éste con los servicios de seguridad de su país y el fingido coqueteo con Putin. Es que en forma simultánea al gasolinazo, Trump obligó a Ford a levantar un proyecto de planta de armado en México (maquila), para el compacto Focus, y se cruzó con General Motors y Toyota por motivos similares, y prepara confrontaciones con Nissan y Honda. El “modelo” mexicano, que funciona como apéndice de la cadena de producción de Estados Unidos, quedó amenazado de colapso a los ojos de todo el país. Trump ataca, en realidad, a los capitales de China y de Japón, que entran al mercado estadounidense por la vía de México, y seguramente pretende una renegociación del tratado de libre comercio de los tres países de Norteamérica para enfrentar esta rivalidad comercial. Como agente de los intereses petroleros (designó secretario de Estado al CEO de Exxon), Trump tiene el ojo puesto en la privatización de Pemex y es, por lo tanto, un responsable directo del gasolinazo. La presidencia inminente de Trump ha acelerado la crisis en México y, por lo tanto, en Estados Unidos. Peña Nieto ha reaccionado en forma definida a esta crisis de tres bandas -su gobierno, las masas y Trump. Ha repuesto, ahora como ministro de Relaciones Exteriores, a Luis Videgaray, secretario de Hacienda hasta hace un par de meses, que tuvo que dejar su puesto por la responsabilidad que le cupo en invitar a Trump a México, durante la campaña electoral estadounidense, mientras éste insultaba a rienda suelta al pueblo mexicano y aseguraba que le iba a hacer pagar a México la construcción de un muro entre los dos países, mediante un impuesto a las remesas de los mexicanos residentes en Estados Unidos. La estadía de Trump acabó en un completo fiasco para Peña Nieto. La reposición de Videgaray significa que el oficialismo ha decidido componer con Trump y someterse a sus exigencias. Es lo que seguramente había visualizado el Domingo Cavallo de Peña Nieto, el ex ministro de Economía Agustín Carstens, cuando decidió poner fin a sus servicios bajo muchos gobiernos previos. El nombramiento de un ministro de Trump en el gabinete mexicano equivale a una declaración de guerra al pueblo de México y ata a Trump al desenlace de la crisis mexicana. Con decenas de millones de mexicanos en Estados Unidos, Trump ha logrado incorporar a México a la crisis política que su presidencia representa para su país. Es un escenario inédito en la historia de América latina y el imperialismo yanqui. Nos sumamos a la consigna de los trabajadores mexicanos: Fuera Peña Nieto, y planteamos una Asamblea Constituyente, que sea convocada por un comité de asambleas populares, sindicatos y comités de empresa combativos, las organizaciones campesinas y el movimiento estudiantil y de la mujer. Esa Asamblea Constituyente deberá aplicar de inmediato el programa de esas organizaciones, al mismo tiempo que desarma a las bandas paramilitares y militares, y arma a los trabajadores. Publicado en: https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/676232189224312

Al cabo de un intenso y sistemático hostigamiento policial y judicial, el gobierno porteño logró consumar el desalojo del ex Padelai. Las organizaciones políticas y sociales de San Telmo, La Boca y Barracas mantuvieron una vigilia junto a los vecinos, que intentaron obtener una nueva prórroga. Obtuvieron apenas unas horas más. Al caer la tarde del miércoles, reinaba la desazón y el desalojo era un hecho. El ex Patronato de la Infancia (Padelai) es un enorme edificio histórico que ocupa una manzana en Balcarce y San Juan, corazón de San Telmo, a pocos metros de Puerto Madero y a una cuadra de la plaza Dorrego. Fue tomado por familias sin vivienda en los ’80, tras permanecer abandonado por muchos años. Desde la intendencia de Carlos Grosso en adelante, todos los gobiernos porteños intentaron expulsarlos del inmueble. En 2003, el “progre” Aníbal Ibarra -luego devenido K- ordenó un violento desalojo policial y le entregó el edificio a la Embajada de España, que lo tuvo semiabandonado. En 2009, la Legislatura aprobó la expropiación del edificio en beneficio de la cooperativa de vecinos que lo habitan, pero nunca se concretó el traspaso. En 2011, lo reocuparon por sus propios medios. El hostigamiento judicial y policial contra el centenar de familias que habita el ex Padelai fue sistemático. La última embestida ocurrió en abril de este año, cuando una fiscal estableció controles policiales en cada entrada y cercó con vallas una parte del predio. El gobierno de Rodríguez Larreta tiene un alto interés en entregar el predio a los apetitos de las inmobiliarias. El desalojo judicial en los edificios de San Telmo y el incendio de los conventillos de La Boca son expresiones brutales de la expulsión de las familias trabajadoras de la zona sur de Buenos Aires. Bajo el gobierno de Rodríguez Larreta, la entrega de la Ciudad a la especulación inmobiliaria dio un salto. Sólo en 2016, privatizó más de 200 hectáreas de suelo urbano con el voto cómplice de los bloques patronales (Lousteau y Frente para la Victoria). El desalojo del Padelai apunta a valorizar toda la zona de San Telmo, que tiene una gran cantidad de casas tomadas. Es la señal para un copamiento inmobiliario del barrio. Esa población expulsada irá a engrosar las villas, que no paran de crecer y que ahora serán objeto de pseudourbanizaciones que no pasan de un maquillaje. Para los laburantes, no hay otra alternativa. El gobierno retacea los créditos a tasa cero del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). En vez de eso, otorga a los desalojados miserables subsidios habitacionales de unos pocos miles de pesos que no alcanzan ni para alquilar una pieza en la villa. El Partido Obrero defiende el derecho de los trabajadores a vivir en la Ciudad contra la voracidad de los especuladores inmobiliarios. Es necesario darle un nuevo impulso a la lucha por la vivienda.

Con un operativo policial descomunal, el gobierno porteño desalojó a los manteros de la zona de Once. Los trabajadores resistieron la medida y tras la represión se reagruparon en un piquete que aún continúa en la intersección de Rivadavia y Pueyrredón. Como resultado de la represión quedaron cuatro vendedores detenidos. Entre 1.500 y 3.000 personas son las que por día trabajan en esa zona y fueron desplazadas. Su futuro es incierto, dado que no está clara la relocalización de los puestos. Los destinos que en su momento barajó Horacio Rodríguez Larreta (Parque de la Estación, Plaza Fumarola) fueron rechazados por los vecinos. Los manteros advierten que sus pares desalojados de la Avenida Avellaneda y del barrio de Caballito (unos 5.000) en general no fueron relocalizados, y que los pocos trasladados terminaron en algún galpón inaccesible y, por lo tanto, no apto para la venta al público. Según manifestó uno de los voceros del conflicto, el gobierno habría ofrecido ubicarlos en lugares apartados de la circulación y por ello inadecuados para la actividad de venta callejera. “Se actúa contra las organizaciones delictivas que se apropian del espacio público, lucran con la pobreza, evaden impuestos, lavan dinero, se aprovechan del trabajo esclavo y perjudican al comercio legal establecido”, declaró el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco (Clarín, 10/1) para justificar la represión sobre hombres, mujeres y niños, de familias pobres de la Ciudad. La realidad es que el Estado apuntó sus cañones exclusivamente contra los desocupados, cuyo único y precario sustento es la venta ambulante de ropa, juguetes, baratijas y comidas típicas. El intento del gobierno de presentar esta acción como un enfrentamiento contra las mafias es una impostura, como lo demuestran los talleres clandestinos, redes de tratas o mafias delictivas que proliferan en Balvanera a ojos vistas de la población y que operan gracias a la zona liberada por la Policía Federal del barrio. Ninguno de ellos fue vulnerado por los operativos policiales de hoy. Si se propusiera terminar con el delito organizado, el gobierno debería desmantelar el aparato represivo, sin cuya participación es imposible que aquél exista. Por otra parte, el propio fiscal señaló que “los manteros nunca tuvieron autorización para vender sus productos allí (...) la única manera de estar allí era coimeando a la policía”. Los grandes articuladores del negocio de la venta ilegal -o sea, los dueños de los talleres clandestinos y sus mayoristas- actúan con la complicidad cotidiana de la policía y del propio Estado, que han hecho de barrios enteros verdaderas zonas liberadas para que puedan actuar. Para aparentar cierta sensibilidad social, la subsecretaria de Espacio Público de la Ciudad dijo que existirá “un censo donde los vendedores de buena fe pueden registrarse, dando su domicilio privado y DNI para crear un monotributo social y así poder trabajar de forma legal”, una medida improcedente con un fuerte contenido discriminatorio contra la población migrante, mano de obra barata de los esclavistas y las mafias que actúan bajo el amparo estatal. Queda demostrado una vez más que el monotributo social (promovido por las organizaciones sociales cercanas al Papa, que pactaron una tregua con el gobierno de Cambiemos), es el salvoconducto para eternizar la precarización laboral en oposición al trabajo genuino. Respecto del problema impositivo -uno de los ejes del debate respecto de la venta callejera que opone a los manteros a los comerciantes que cuentan con un local-, el desalojo de los manteros revela la doble vara con la que los partidos del régimen y el gobierno miden los deberes y derechos de trabajadores y capitalistas. Como señaló Marcelo Ramal, los partidos del régimen vienen de beneficiar ampliamente a quienes fugaron capitales del país con el blanqueo. El legislador porteño declaró también: “la crisis abierta en la Ciudad en torno de la formación de la policía unificada tiene por eje la defensa de los negocios de los comisarios, entre los que se cuenta el manejo y la extorsión sobre la venta callejera. En este sentido, la represión de hoy es una cortina de humo sobre esa crisis y esa complicidad. Repudiamos la represión y defendemos el derecho al trabajo para los desalojados y reprimidos por la policía”. En un país con el 9% de desocupación -según los datos oficiales y en el que hubo 250.000 despidos-, esta medida del gobierno refuerza la ofensiva general contra los trabajadores y la clase obrera. Y refuerza también la necesidad de que ocupados y desocupados unifiquen la lucha por trabajo genuino.

Al igual que todo el presupuesto universitario, los recursos aprobados para 2017 en Ciencia y Tecnología representan un fuerte recorte. Pero, además, la reducción presupuestaria apunta a desguazar al Conicet y favorecer el traspaso de mano de obra formada a empresas privadas. El otrora ministro estrella de CFK, Lino Barañao, en las reuniones sostenidas durante este conflicto, ya ahora como funcionario macrista, reconoció que en el Conicet se había dado una política “insostenible”. O sea, un balance negativo de su propia gestión. Lo que no dijo Barañao es por qué. Durante la era K, la política de Ciencia y Tecnología se basó en intentar obtener mayor peso del financiamiento privado, a expensas naturalmente, de un condicionamiento en las líneas de investigación. Para decirlo más directamente: aumento de la producción científica sí, pero al servicio de los intereses capitalistas privados que ponen la plata. Pero como bien lo demuestran los escasos científicos incorporados al sector privado (programa másvalor.doc), a pesar de una importante inversión pública, el capital privado prefirió otro tipo de negocios. Así nace el plan “Argentina 2020”, cuyo objetivo central es el trasladado de mano de obra científica y formada en el Conicet a empresas privadas. Toda una orientación de subordinación de la investigación a los intereses del capital, basada en la más profunda precarización laboral de los trabajadores que en ella participan. Resultado: subsidios públicos que formaron consorcios privados-públicos, en su mayoría en manos de empresas fantasmas sostenidas por la propia camarilla de Ciencia y Tecnología, y bajísimo desarrollo y diez años de precarización laboral. Con este balance, no es casual que a las agrupaciones K les cueste el reclamo de derechos laborales para los investigadores y poder explicar la situación del Conicet y el sistema científico en general. Al igual que sucede con el sistema público de universidades nacionales y la ley de Educación Superior -que lo rige desde el menemato hasta hoy-, se trata del dominio de intereses capitalistas sobre la producción de conocimiento. El ahogo presupuestario, la profundización de la mercantilización de todo el sistema científico público y la precarización endémica de los jóvenes científicos no son postulados sólo del macrismo o el kirchnerismo. La lucha contra un presupuesto de ajuste, contra el despido de investigadores o por la conquista de derechos laborales son distintas aristas de una misma pelea. La conquista de 508 jóvenes investigadores dentro del sistema, lograda a través de una lucha enérgica, también.

Una multitudinaria movilización de entre 9.000 y 10.000 personas de El Bolsón y de la comarca andina recorrió las calles para expresar su repudio a la entrega de tierras al magnate inglés Joe Lewis, que está ejecutando el municipio de la mano del intendente Bruno Pogliano y sus agentes políticos, los concejales. También participó una gran cantidad de vecinos y organizaciones de Bariloche. Se sumó una importante delegación del Partido Obrero Bariloche, que desarrolló una gran agitación con volantes y Prensa Obrera, expresando nuestra posición a los vecinos bolsonenses y a la gran cantidad de turistas que visitan el pueblo. Los cánticos que lanzábamos durante la marcha fueron tomados por los manifestantes dando cuenta de su acuerdo. La lucha del pueblo de El Bolsón contra el despótico acaparamiento de Lewis es histórica. En 2009, el pueblo se alzó contra la posible construcción de un aeropuerto; en 2013, la lucha logró frenar los loteos que ahora nuevamente se quieren ejecutar. Imperiosamente hay que profundizar esta lucha en toda la comarca andina y ganar las calles para expulsar a Lewis de la Patagonia y proceder a la expropiación de las tierras y recursos naturales bajo control de los vecinos y organizaciones sociales. Recordamos en nuestra agitación que Lewis será quien monopolice la energía eléctrica en Bolsón, ya que la proveerá desde su usina hidroeléctrica cobrando extra (120 en vez de 75 dólares el megavatio/hora) debido al Plan Renovar. No es sólo el Proyecto Laderas (loteo). Es también la energía eléctrica. Y también el acceso al Lago Escondido, que está clausurado por Lewis (y sus agentes). La presencia de Lewis, Pogliano (el intendente y contador de las empresas de Lewis) y el Concejo, todos al servicio del lucro capitalista, es incompatible con la defensa del agua, la tierra y los recursos naturales.

De madrugada, a escondidas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tapó el mural de Mariano Ferreyra que realizamos en 2015 cuando se cumplían cinco años del asesinato de nuestro compañero. El hecho de que este agravio coincida con el anuncio del tándem Triaca-Dujovne de una nueva reforma laboral flexibilizadora tiene una carga fuerte de simbología política El gobierno de Macri está empeñado en barrer con conquistas históricas de la clase obrera que Mariano luchaba por defender. Este no es el primer ataque contra el mural de Mariano y el homenaje a su lucha en Lugano por parte de los partidos del régimen. Un día antes del balotaje entre Macri y Scioli, el mural fue tapado por el kirchnerismo con afiches del Frente para la Victoria y del Movimiento Evita. Es la segunda oportunidad que el gobierno del PRO monta un operativo contra las expresiones culturales que reivindican a Mariano Ferreyra, en nombre de la “higiene urbana”. En 2016, escoltada por un inusitado operativo policial, la empresa Metrovías tapó el mural de Mariano de Parque Rivadavia, que luego fue restaurado por los militantes del Partido Obrero Caballito. Repudiamos enérgicamente el accionar del gobierno y denunciamos este acto como un atropello, mientras el Partido Obrero sigue batallando contra las maniobras que se desarrollan sistemáticamente para morigerar las penas de los responsables del crimen de Mariano y continúa su lucha contra la tercerización y la flexibilidad laborales. El Partido Obrero de Lugano iniciará una campaña pública denunciando este hecho y convocará a los jóvenes y trabajadores a restaurar el mural. Mariano Ferreyra ¡presente! La juventud militante es la que lucha por el socialismo.

La reciente votación en la ONU, con el aval de Estados Unidos, en rechazo a la extensión de los asentamientos del sionismo sobre el territorio palestino, tuvo algo de farsesco: se produjo a pocos días de que Obama abandone su cargo. De todos modos, en esta decisión no deja de colarse el impasse de la política internacional del imperialismo, que viene haciendo aguas en diferentes frentes. La declaración emitida por la ONU no pasa de una condena tímida y pusilánime. Rechaza nuevos asentamientos, pero no condena los concretados hasta ahora. Más que un cuestionamiento de la colonización sionista, estamos ante una oficialización de dicha práctica, con la bendición de la comunidad internacional. Como lo admite el diario Haaretz, es una decisión "sin carga efectiva", dado que ha sido aprobada sin mecanismos sancionadores y, por lo tanto, a corto y medio plazo no deja de ser una "resolución declarativa". Las colonias judías en territorio palestino se vienen expandiendo en forma vertiginosa. Según organismos de derechos humanos, como B’Tselem, habría ya cerca de 500.000 israelíes, repartidos en más de un centenar de colonias. El Ministerio de la Vivienda israelí decidió lanzar licitaciones para la construcción de 238 alojamientos destinados a la población judía en dos barrios de Jerusalén este. Se trata de las primeras licitaciones desde el 26 de septiembre, cuando expiró la moratoria de diez meses sobre las nuevas construcciones en las colonias de Cisjordania. El gobierno israelí le ha dado un nuevo impulso a estos asentamientos, haciendo caso omiso a sus promesas previas. Esta escalada ha puesto al desnudo la inviabilidad de la solución basada en la existencia de dos Estados, consagrada en su momento en los acuerdos de Oslo. El Estado de Israel sólo puede existir sobre la base del despojo y expulsión de la población palestina. No hay un punto de conciliación posible, lo que hace de Palestina una bomba de tiempo. Trump Trump ya ha señalado que no comparte la declaración de la ONU y que su gobierno estrechará vínculos con Israel. Esta postura se inscribe en un giro más general de la política exterior del magnate, que tiene a Irán como blanco principal. El "lobby" sionista, con mucho peso en el partido republicano (Trump), rechaza el acuerdo nuclear alcanzado con los iraníes y es partidario de una salida militar al conflicto. Esta tendencia se ha recrudecido a partir de los avatares últimos de la guerra en la región. La caída de Aleppo y la expulsión del Isis de Mosul, que podrían precipitarse en forma inminente, dejaría un amplio corredor territorial que va desde Teherán hasta el Mediterráneo bajo el control iraní. Esto refuerza las presiones en favor de pasar de una política de compromisos a una de confrontación con el régimen de los ayathollas. Finalizando 2016, el Congreso norteamericano votó de común acuerdo entre republicanos y demócratas (con la excepción de Sanders) extender por diez años más las sanciones económicas a Irán. Trump anticipó que no está dispuesto a ceder frente a la presiones de Teherán, y en las conversaciones con Rusia, el distanciamiento del régimen moscovita respecto de Irán sería una de las prendas de negociación. La adaptación de años de la Autoridad Palestina a esta escalada le significó una gran pérdida de ascendiente en la población (en menor medida sucede lo mismo con Hamas). La estrategia puramente diplomática de los líderes palestinos, aprovechando los cortocircuitos entre Obama y Netanyahu, presagia un callejón sin salida ante la tendencia actual al alineamiento de Trump con el gobierno sionista. La crisis política y el agravamiento de las penurias de las masas por el efecto de la crisis económica, dejan planteada la necesidad de una nueva dirección política del pueblo palestino en su territorio histórico.

El ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, anunció que no convocará a paritarias docentes nacionales: deja en manos de los gobernadores el manejo de la discusión salarial. Los gobernadores, por su parte, se preparan para fijar un techo a las suyas. “El planteo es directo: juntarse los gobernadores de todo el país, más allá de las pertenencias (partidarias), para establecer un techo a las negociaciones paritarias” (Clarín, 2/1). Su objetivo es fijar un techo en sintonía con los aumentos establecidos por María Eugenia Vidal para los estatales de la provincia de Buenos Aires -17% en quince meses-, con la complicidad de UPCN; y en Mendoza, por Alfredo Cornejo, que impuso una pauta del 18% e introdujo el “ítem aula”, una cláusula de presentismo equivalente al 10% del salario. Según las declaraciones de un funcionario a Clarín, “hay provincias que pueden dar 5% de aumento, otras 15% y algunas no podrían dar ni un peso”. Por eso, el ministro Rogelio Frigerio encabezará una reunión de gobernadores a principios de febrero en el Ministerio del Interior. La decisión expresa las dificultades y límites del macrismo para avanzar en este terreno. Pretende co-gerenciar con los gobernadores la tarea de establecer un salario testigo de pobreza para todo el país. No a los topes salariales, la precariedad laboral y el salario por mérito Bullrich fijó, el año pasado, en acuerdo con la burocracia celeste de Ctera, el salario inicial docente en un 20% más que el valor establecido en el salario mínimo del Consejo del Salario que, con el beneplácito de toda la burocracia sindical, en enero de 2017 es de 8.060 pesos. En aquella reunión, Hugo Yasky apenas señaló que "lo positivo fue que estuvieron otra vez juntas las centrales sindicales" (Ambito, 19/5). De esta forma, el piso salarial ya estaría fijado en 9.672 pesos, 3.500 pesos menos de la canasta de pobreza. Este piso, a su vez, es el techo de muchas provincias. Y si el 17% se aplicara para todos, un maestro de grado en la provincia de Buenos Aires con diez años de antigüedad cobraría alrededor de 12.579 pesos durante todo 2017, 1.000 pesos menos de la canasta de pobreza a diciembre de 2016. El ajuste incluye introducir “productividad”, el salario por metas para toda la administración pública y para todo el movimiento obrero, en el camino de la modificación del convenio entregado por el burócrata Pereyra en petroleros. El “esquema” del Ministerio de Modernización, de Andrés Ibarra, incluye cursos de formación y exámenes, de ingreso y de permanencia en la administración pública, incluyendo a la docencia (La Nación, 9/1). El salario docente, además, quedaría sujeto a las reformas antijubilatorias contra los docentes, como las que desarrollan la gobernadora Rosana Bertone (del Frente para la Victoria), en Tierra del Fuego, o el gobernador “socialista” Miguel Lifschitz en Santa Fe. La burocracia sindical no ha movido un pelo. Los despidos de casi 3.000 compañeros en el Ministerio de Educación Nacional, fueron entregados por la dirección “cristinista” de ATE-Capital. Organicemos el No inicio para quebrar el ajuste El año 2016 terminó con conflictos y descontento en muchas provincias. En Mendoza, una autoconvocatoria de los docentes suplentes arrancó la continuidad en sus cargos; en Santa cruz sigue el conflicto por la falta de pago en tiempo y forma de los salarios de parte de Alicia K; en Buenos Aires estalló la indignación por los descuentos ilegales de la gobernadora Vidal sobre el aguinaldo y sobre el incentivo docente (que Baradel volvió a dejar pasar), los Suteba multicolores convocaron a un plenario de delegados con mandato en febrero para votar el paro de no inicio, y lo mismo anunciaron las seccionales combativas de Aten (Neuquén). Vamos a la lucha provincia por provincia, una tarea que queda a cargo de los sectores combativos de la docencia. Tribuna Docente impulsa la realización de un Plenario Nacional Opositor, para convocar unificadamente al paro de No inicio en marzo. Este año también será el de la lucha por la recuperación del Suteba, en el camino de la reconquista del Sutna por parte de los trabajadores del Neumático. El Congreso Nacional de Tribuna Docente centrará sus deliberaciones en ambos desafíos, quebrar la paritaria del ajuste y poner en pie una nueva dirección en el gremio docente. Foto: Ignacio Smith

El 29 de diciembre se dictó la segunda sentencia a Milagro Sala. Esta vez en el fuero contravencional, en la causa por los 52 días de acampe en la plaza Belgrano por la que fue detenida hace casi un año. Fueron juzgados Sala y también la Tupac Amaru, su organización, en calidad de “persona jurídica”. Sala fue condenada a pagar una multa de 3.780 pesos, más la inhabilitación para participar de asociaciones jurídicas y políticas por tres años y la clausura de la sede de la Tupac Amaru por tres meses. Milagro Sala estuvo detenida más de un mes por una simple contravención. Cuando se agotaron todos los plazos y las excusas para retenerla en prisión, el gobierno armó un esquema de múltiples acusaciones para prolongar su encierro. En particular, las causas iniciadas por la malversación de fondos públicos están paralizadas, porque involucran a buena parte de las contratistas y políticos de la provincia. Para los luchadores, este fallo reviste enorme gravedad. Una causa iniciada por una protesta arroja una condena económica, aunque ínfima, combinada con una proscripción política sin precedentes. En su alegato, Sala volvió a denunciar que es una perseguida política del gobernador Gerardo Morales. En un tramo del mismo enumeró a todas las organizaciones que participaron del acampe, pero ninguna se movilizó a los tribunales para apoyarla. Una buena parte se pasó al campo del gobierno. Ni los funcionarios K se quedaron a hacer el aguante. Curioso: vinieron a apoyarla en la causa por el escrache a Morales, pero no se quedaron a bancar la causa por el acampe (Berni mediante, a los K tampoco le gustan los cortes ni cualquier otra medida de fuerza). La Tupac Amaru viene en un fortísimo retroceso organizativo. El gobierno de Morales se ha encargado de desguazarla y desmontar toda la infraestructura que se había organizado al amparo de los K (consultorios médicos, piletas en los barrios, etc.). Morales despidió empleados públicos, detuvo y mandó reprimir a los municipales y trabajadores de Ledesma, descontó -por primera vez desde 1983- los días de paro decretados por los gremios nacionales, entregó el bono de fin de año más bajo del país (1.500 pesos para la mayoría de los trabajadores). La perspectiva para el año que viene es de profundización de medidas contra los trabajadores, en una provincia con 40% de empleo informal, niveles salariales por debajo de la media nacional y niveles de pobreza muy por encima de la media. Esta condena sienta un grave precedente para todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles o de cualquier índole que pretendan enfrentar al gobierno ajustador.

El gobierno tiene en la mira a los trabajadores del Estado, pues su plan de ajuste “cierra” con miles de despidos. Cuando era opinólogo, el actual ministro Dujovne declaró que “sobran un millón de empleados”. Los conflictos en curso, por tanto, son apenas la primera etapa de una gran confrontación entre la patronal estatal y sus trabajadores, cuyos resultados están por verse. El gobierno, de hecho, avanza con aproximaciones sucesivas. Así, pugna por imponer despidos masivos en Educación, mientras aplica cesantías de menor cuantía en diversas dependencias (por ejemplo, Cancillería, ex Afsca o Trabajo). En Economía enfrentamos dos despidos que se inscriben en una ofensiva contra el activismo y la organización de su Junta Interna. El resultado de estas primeras avanzadas del macrismo condicionará las ofensivas posteriores, pues es evidente que hay más despidos en carpeta. En este punto, el balance de la actuación de los gremios es concluyente: han dejado pasar todo, dando aire al gobierno para nuevos ataques. Esta situación era largamente anunciada, y ninguna de las burocracias actuantes, sea UPCN o ATE preparó a los trabajadores para enfrentarla. En el Estado, las burocracias tienen roles asignados. UPCN es abiertamente patronal, mientras que el caso de ATE es peculiar, porque opera como bombero desde dentro del movimiento de lucha contra el ajuste. La vieja dirección centroizquierdista se ha dividido en varias fracciones, siempre a la rastra de alternativas políticas patronales; sin embargo, tanto en su versión Verde como Verde y Blanca (K) coincidieron en el rechazo a los planes de lucha y la deliberación democrática de los afiliados, limitándose a la convocatoria de medidas aisladas que configuran un permanente “como si”, que desorganiza y desmoraliza a las bases. Así, Trabajo y Economía estuvieron todo el año librados a su suerte por parte de las burocracias. Ahora, el conflicto de Educación, caso testigo del momento por la magnitud -3.000 despidos- es notablemente ilustrativo de esta orientación ruinosa: tanto la Junta Interna como la seccional Capital (K), operaron para levantar la ocupación del edificio dos veces en menos de una semana y sin una sola reincorporación. Luego, convocó en el ministerio un “paro por tiempo indeterminado” que no organizó ni se propone hacerlo -una salida “decorosa”. ATE Nacional -Verde- ni siquiera apareció por el conflicto y sólo se ve en los medios, ocupada en su penosa división (ver artículo). Muy distinto sería hacer como en el Conicet: asamblea permanente, ocupación y deliberación de todas las medidas hasta conquistar las reivindicaciones. Finalmente, el congreso de bases para reorganizar el gremio consiste en llevar ese método a escala más amplia. En cada lugar de trabajo debemos forjar una organización. Para el activismo es imprescindible debatir este balance y compartir conclusiones. La política de mera exigencia o, peor, expectativa respecto de que “la dirección del sindicato luche” es una vía de desorganización. Además, es preciso clarificar el contenido político de esta situación. En el caso de ATE, la Verde y Blanca ha puesto en el centro de su agitación el “volveremos” K. Proponen a los estatales encolumnarse detrás de sus patrones, al extremo de haber llevado a Sileoni, ex ministro responsable de los contratos-basura, a "apoyar" la lucha. En la izquierda, muchos son condescendientes con esta burocracia por la franela con el "frente antimacrista", cuando el kirchnerismo ha sido la pata necesaria del ajuste PRO, mediante el accionar de gobernadores y parlamentarios en leyes clave. La centroizquierda verde se disgrega luego de un largo seguidismo a las políticas patronales. La independencia de clase aparece en forma concreta como una necesidad, pues de lo contrario se postergan las aspiraciones de los trabajadores en pos de su coalición con otras clases. En líneas generales, no hay una comprensión común de esta situación al interior de la izquierda y el activismo. Debemos debatir estos límites, para superarlos y unificar a los trabajadores por sobre la malla burocrática, en una lucha de mayor alcance para enfrentar los despidos y la persecución que se desarrolla en diversas dependencias. La pelea por un congreso de bases y plenarios de delegados con mandato ocupa un lugar concreto de reagrupamiento.

La “victoria” de Donald Trump, anunciada con bombos y platillos respecto de la supuesta preservación de los puestos de trabajo americanos, tiene mucho de teatralización. A medida que se conocen los detalles de la decisión tomada por la automotriz Ford, surge claro que se infló un globo. Algo similar había ocurrido con Carrier, pues simultáneamente al anuncio de que preservaba el trabajo de 800 operarios, la patronal volvía a corroborar que otra de sus plantas, con 1.000 trabajadores, se desplazaba a México. Ford nunca se refirió a trasladar una planta de Estados Unidos a México. Su plan se circunscribía a transferir un pequeño vehículo utilitario -que, actualmente, se produce en Estados Unidos- al país vecino, de modo de dedicar la planta norteamericana a la producción de un modelo de mayor venta. El vehículo en cuestión apenas representa el 10 por ciento de la producción de la planta estadounidense afectada. El cambio no tendrá ningún impacto en el empleo de la fábrica, que ya vienen operando a pleno en su capacidad de producción. General Motors, en cambio, que se vería afectada en mayor medida en caso de que Trump pusiera en práctica su amenaza de gravar con un 35 por ciento a los vehículos provenientes de México, hasta el momento no anunció ninguna alteración de sus proyectos. Entre tanto, ninguna de las automotrices ha dado marcha atrás con sus planes de despidos. Mientras se bate el parche sobre la defensa de los puestos de trabajo, irían a la calle alrededor de 10.000 trabajadores si se cumplen los anuncios hechos por las empresas. El año nuevo abre con una ola de anuncios de despidos en Estados Unidos. Cientos de tiendas de ropa para la mujer, operadas por la cadena The Limited, cerraron sus puertas este fin de semana en los centros comerciales de todo el país. La semana pasada, otra gran cadena, Macys, anunció el cierre de 68 tiendas, cortando más de 10.000 puestos de trabajo. En tanto, Sears anticipó que cerrará 150. Los minoristas se han visto afectados por una serie de factores, entre ellos, el estancamiento de los salarios reales de un gran número de consumidores y el crecimiento de los gigantes de compras en línea como Amazon. La Oficina del Trabajo de Estados Unidos informó que el crecimiento del empleo en diciembre fue más lento de lo esperado. Pero las estadísticas son engañosas, pues no incluyen entre los desempleados a aquéllos que, desalentados por las magras oportunidades laborales, han dejado de buscar empleo, ni tampoco a quienes están trabajando a tiempo parcial o changas. En caso de que se incluyeran esos conceptos, la tasa real de desempleo ascendería al 9,2 % de la fuerza laboral y no al 4,8% como sostienen los registros oficiales. Los planes de Trump Trump va a asumir en medio de este escenario. Ha anunciado recortes de impuestos corporativos masivos y medidas comerciales proteccionistas, lo que desestabilizará aún más a la economía mundial y provocará represalias contra las exportaciones estadounidenses. Un primer anticipo lo tenemos en un México en llamas. Pero ello no asegura un despegue de la economía de Estados Unidos, cuando asistimos a una inmensa masa de capital sobrante que no encuentra posibilidad de valorizarse en la producción. El magnate inmobiliario propone también un aumento del gasto, empezando por la obra pública. Espera que un aumento de la demanda interior derrote las tendencias deflacionarias y a la caída de la tasa de ganancia. Pero el aporte privado a ese emprendimiento, a la que el presidente electo apuesta, choca con la reticencia de los bancos a invertir productivamente, dada la actual saturación de los mercados. Los bancos están sentados en una montaña de dinero, pero no la colocan en términos productivos. En ese cuadro, Trump deberá recurrir a otros mecanismos, relacionados con la emisión y el endeudamiento. Este plan, sumado a la anunciada reducción de impuestos, agigantará el déficit fiscal y provocará una desvalorización de la deuda pública norteamericana. A su vez, la política de favorecer la capacidad de competencia internacional entra en contradicción con la suba de la tasa de interés, que ha ido de la mano de un fortalecimiento del dólar en relación con las otras divisas del mundo, una vez conocido el resultado de los comicios norteamericanos. Ni qué hablar de la “desglobalización”, que también tiene límites muy concretos: hoy en día el proteccionismo choca con la organización global de las grandes corporaciones capitalistas, comenzando por las norteamericanas. Por eso, y más allá de los incentivos fiscales y subsidios, las empresas no se privan de reclamar una reducción de los costos laborales, que fue central en la política económica del gobierno de Obama. Cuando Trump agita la cuestión de la “competitividad” como un arma contra las condiciones laborales y salariales de la clase obrera norteamericana. Por lo pronto, esa reducción de costos va a comenzar con la supresión del Obamacare (el plan de salud consagrado en la administración saliente). Ingresamos en una nueva etapa política, en la cual la clase obrera norteamericana está llamada a entrar en acción como resultado de la escalada antiobrera en ciernes, por un lado, y de un desinfle de las promesas de industrialización y mejora en el empleo, por el otro.

El caso Odebrecht -la trama de corrupción en contrataciones de obra pública que involucra a varios gobiernos de América Latina- adquirió un nuevo giro al revelarse que Gustavo Arribas, jefe de la ex Side y miembro del círculo íntimo del presidente Mauricio Macri, había recibido depósitos por más de medio millón de dólares de la compañía brasileña para pagar coimas por la adjudicación de las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Odebrecht había ganado esa licitación en sociedad con Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, primo hermano del Presidente. El escándalo por las coimas de Odebrecht en el país alcanza, de este modo, a funcionarios de primera plana del anterior gobierno kirchnerista, así como a miembros relevantes de la actual gestión macrista, a la vez que involucra al núcleo central de la burguesía que se beneficia de los negociados de los gobiernos que le responden. Leonardo Meirelles, un cambista que trabajaba para la empresa Odebrecht, se acogió a la ley del Arrepentido para obtener menores penas en la investigación judicial del caso “lava jato” -el mayor escándalo de corrupción en Brasil de los últimos tiempos- y entregó pruebas a la Justicia sobre los pagos para coimas que realizó a diversos operadores en varios países. De ese modo, contó que había realizado cinco depósitos en una cuenta suiza perteneciente a Gustavo Arribas y que los depósitos comenzaron a realizarse al día siguiente de la oficialización del contrato del soterramiento del Sarmiento. Según la investigación publicada por el diario La Nación, los abogados de Arribas admitieron el cobro de uno de los pagos, pero lo atribuyeron a una transferencia por la venta de un inmueble en Brasil -país en el que vivía Arribas, que se dedicaba a la compra y venta de jugadores de fútbol, donde había vivido durante diez años. Mereilles confesó haber realizado cinco depósitos en tres días en la cuenta suiza de Arribas por un total de 594.518 dólares y presentó documentación para sustentar sus dichos. Arribas aún no realizó declaraciones sobre el asunto. Arribas forma parte del círculo íntimo de Mauricio Macri a tal punto que el jefe de la AFI (ex Side) vive en un departamento que le alquila al Presidente. Su vínculo data de cuando Macri era presidente de Boca y Arribas era representante de jugadores, a la vez que pertenecía al círculo de Daniel Angelici, principal operador del macrismo en la Justicia, según señaló la oficialista Elisa Carrió. Como se ve, las relaciones cercanas del Presidente están compuestas por operadores, transas y coimeros del gran capital. Pero no terminan ahí los vínculos de Odebrecht que involucran tanto al anterior como a este gobierno. La trama oscura en torno de la adjudicación del soterramiento del Sarmiento involucra a referentes del kirchnerismo, como el ex ministro Julio de Vido y el condenado coimero Ricardo Jaime, que se suman al primo presidencial Calcaterra y al funcionario macrista Arribas. Los Calcaterra fueron adjudicatarios de muchos contratos de obra pública al punto que sólo el pulpo Techint supera el número de licitaciones ganadas por ellos durante el kirchnerismo. Cerca de Calcaterra se ubica el K Cristóbal López en el ranking de la “patria contratista”. Calcaterra es socio de Odebrecht no sólo en el soterramiento del Sarmiento, sino que también comparte la construcción de gasoductos en Córdoba. El vínculo del Presidente con su primo no es sólo consanguíneo. Las empresas de Calcaterra comparten nombres en los directorios con las de Franco Macri: todo queda en familia. La revelación del rol de Arribas como operador en el escándalo de las coimas de Odebrecht abre una crisis política al interior del gobierno. La red de corrupción enseña cómo los coimeros de la patria contratista que hicieron de los “retornos” un método bajo los gobiernos kirchneristas continúan sus tareas en la figura de actuales funcionarios del macrismo. Se demuestra, de este modo, que la cuestión de la corrupción no es una cuestión de “populistas” o “republicanos”, sino que forma parte de un régimen que debe pagarle extras al personal político de la burguesía en las disputas de sus distintas facciones por obtener contratos del Estado. El razonamiento al que debe llevar el escándalo Odebrecht es que, si Cristóbal López, Calcaterra y Odebrecht pagaron coimas o formaron parte de tratos preferenciales a la hora de la distribución de contratos estatales, ¿por qué Techint, máximo contratista de la obra pública, debería haber quedado al margen de la operatoria corrupta? Y la consecuencia necesaria es concluir que para acabar con la corrupción hay que terminar con el sistema que lo sustenta.

El anuncio del director de Pami, Carlos Regazzoni, sobre la revisión de los subsidios a medicamentos para jubilados que ganen por encima de 1,5 haberes mínimos -8.400 pesos- es un ajuste en regla de los gastos del instituto a costa del dinero de los afiliados. El subsidio “social”, del 100% del valor de medicamentos, se inició como una ayuda especial a jubilados de muy bajos ingresos y sin contención familiar. Requería de expediente con un estudio social que justificara la prestación. Pero con el tiempo y con la caída de los haberes jubilatorios, más del 50% de los jubilados quedaron cobrando la mínima -hoy de 5.600 pesos- y el resto con haberes muy rezagados respecto de la inflación. Ello condujo a que el subsidio del 100% para medicamentos se extendiera a más de un millón y medio de personas, para las cuales ese gasto se vuelve imposible de cubrir con sus haberes. Pero un aspecto que ha quedado oculto en este debate -y que actuales y pasados gobernantes se cuidan de soslayar- es la relación de la obra social de los jubilados con la industria farmacéutica. El instituto compra esos medicamentos subsidiados con apenas un 38% de descuento sobre el valor comercial, a pesar que por el peso de sus compras podría tener precios muchísimo más ventajosos. Con los enormes aumentos de los medicamentos del último período, el gasto pasó a cerca del doble y la ecuación no cierra. A la hora de ajustar, y lejos de revisar estos acuerdos leoninos con los pulpos farmacéuticos, la factura se descarga sobre el jubilado. Por esa razón, la conducción del Pami redujo a cinco los medicamentos subsidiados por persona, luego anunció la eliminación de una cantidad que estimó prescindibles y, finalmente, desembocó en el recorte actual. Como se ve, la fábula pueril del jubilado que tiene yates y aviones es un encubrimiento grotesco de una transferencia de recursos que son de los jubilados -y no del Estado- a la industria farmacéutica. E indirectamente al gobierno, del cual el Pami es acreedor de 1.000 millones de dólares. Como viene ocurriendo con otros ajustes (y siguiendo un argumento típicamente kirchnerista), se justifica el recorte presentando como “privilegiados a jubilados que ganan por debajo del nivel de pobreza. En efecto: un haber mínimo y medio -menos de 9.000 pesos-, cuando la canasta de pobreza se acerca a los 14.000 pesos. El “ahorro” que pretende Regazzoni no va a ir a mejores prestaciones, que son muy malas, sino a enjugar el déficit de un Estado que subsidia sistemáticamente a los capitalistas, en este caso, sin mirarles los yates o los aviones. Los recortes anunciados tienen vasos comunicantes con la anunciada reforma del sistema de salud (Cobertura Universal). Como en aquel caso, se impone un recorte de prestaciones en nombre de la “eficiencia costo/beneficio” y un pago diferenciado según el nivel económico del paciente. En el caso del Pami, también el jubilado será forzado a pagar lo que pueda o reducir el consumo de medicamentos. Otro componente del mismo paquete fiscalista es la reforma del sistema previsional elevando la edad jubilatoria. Esto, mientras se subsidia a los petroleros con eliminación de retenciones, da la imagen exacta del carácter de clase del gobierno. La adhesión de personajes como Ginés Gonzalez Garcia u Ocaña a esta medidas macristas, con el argumento del abuso o la sobremedicación, dan la pauta de que el ajuste a los trabajadores es una causa común de patronales oficialistas y opositoras. Jubilados y activos, debemos movilizarnos contra el ajuste en el Pami; por el 82% móvil y para que la dirección del instituto pase a manos de jubilados y trabajadores electos.

Luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia en La Plata, se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de Mascardi. La resolución ministerial se tomó mientras los trabajadores mantenían un piquete frente al edificio de la cartera en protesta por los despidos. El laudo ministerial implica que la empresa debe retrotraer la situación al momento previo a los 47 despidos y que los obreros levantan las medidas de fuerza, ya que la planta estaba en paro desde el lunes, día en que se conocieron las cesantías. La patronal aceptó la conciliación obligatoria y los trabajadores se dirigieron a la fábrica del rubro plástico para retomar las tareas con todos los despedidos adentro. La patronal, encabezada por Roberto Reidy, había despedido a la mitad del personal de la planta el viernes 30 de diciembre, en vísperas de las celebraciones de año nuevo. Muchos eran, además, despidos ilegales, ya que afectaban a trabajadores que se encontraban de vacaciones, con parte de enfermo o por ART. La reacción obrera no se hizo esperar y el lunes, en asamblea, en la cual participó un representante del gremio, los trabajadores, con la comisión interna a la cabeza, votaron el paro total y movilizarse al Ministerio de Trabajo de La Plata al día siguiente. Los trabajadores verificaron el cumplimiento de la conciliación en la fábrica de Spegazzini, Ezeiza, y el ingreso de todos los trabajadores que habían sido despedidos y realizaron un acto en la puerta de la planta, junto al Partido Obrero de la zona, para informar sobre la situación. “Vamos a seguir organizados, la conciliación es por 20 días y estaremos alertas al accionar de la patronal”, dijo a Prensa Obrera Emanuel Kommers, delegado de los trabajadores. La resolución temporal del conflicto demuestra que sobre la base de la lucha, paro, piquete -el método histórico de la clase obrera- se puede pelear contra los despidos.

La Campaña Financiera del círculo de Villa Soldati está entre las más destacadas de la regional Capital, por la cantidad de aportes y las actividades de campaña, que muestran una gran inserción en el barrio. -¿Cómo conseguimos tantos aportes? - La gente nos tiene un gran respeto, hace 15 años que estamos luchando en el barrio contra el hambre, por la urbanización de las villas y por todos los derechos de nuestros compañeros. Realizamos charlas con Ramal, con Vanina Biasi por el tema de la mujer y con muchos otros dirigentes del Partido. La gente nos conoce y sabe que estamos del lado de los trabajadores. -Contános sobre la pollada. Vino mucha gente y se juntaron muchos recursos. -El Polo está creciendo mucho, ahora tenemos un comedor, pero no entramos más. Hay mucha gente que se quiere organizar con nosotros. Estamos pensando en abrir dos comedores más en los próximos días en Piletones y en el Carrillo. La movilización está creciendo, al acto de Atlanta vinieron 280 y a la pollada 300. -¿Cómo se discute la Campaña Financiera en la asamblea? -Nosotros explicamos sin pelos en la lengua, le dijimos a la gente que el Partido se financia a partir del aporte de los trabajadores y la gente respondió de corazón, nadie se sintió obligado y la actividad salió muy bien. Con el tema de los aportes fue impresionante, la gente venía a dejarlo a mi casa, cuando yo no estaba se los dejaban a mi hijo. -¿Qué recursos necesita el Polo de Soldati para funcionar mejor? -Tenemos una cantidad de cosas como ollas y anafes para funcionar, nos hace falta más sillas para las asambleas, cada vez más gente parada. También nos hace falta un ventilador y pintar el frente del comedor con una cara gigante de Mariano Ferreyra, un gran símbolo de lucha. -¿Los compañeros nuevos se acercan al partido? -Sí, nosotros pasamos una cantidad de prensas en la asamblea, realizamos reuniones del PDT contra la violencia doméstica, estamos realizando un curso del Estado y fue una gran cantidad de jóvenes al Campamento del barco. Se están sumando al Partido como 30 compañeros. Después de muchos años de lucha, ahora el humor de la gente está cambiando y se acercan como en 2001.

El desarrollo de la crisis política al interior de las camarillas del gobierno de Cambiemos no da tregua ni en vacaciones. Días después de que Prat Gay fuera “renunciado”, en la segunda semana del año, la crisis se lleva puesto a otro “casi” ministro. La “renuncia” del viceministro de Salud, Néstor Pérez Baliño (un hombre del riñón histórico radical-macrista de la gestión de esa cartera en la Ciudad de Buenos Aires) al cargo del área que maneja el 70% del presupuesto total del ministerio, no es “un rayo en cielo sereno”. Desde la asunción del macrismo, ya se habían consumado seis renuncias de funcionarios de segunda y tercera línea en el área de Salud, presuntamente por las subejecuciones de partidas presupuestarias y por la falta de insumos en diversos programas ministeriales. La renuncia de Pérez Baliño resulta ser la séptima -en un año de gestión-, como preludio de la casi inminente partida del ministro, Jorge Lemus (amigo personal de Macri, quien fuera oportunamente “echado” por la actual gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, de la Secretaría de Salud porteña). Atribuir el despido de Pérez Baliño al problema de la “falta de idoneidad” por las subejecuciones presupuestarias resulta una concesión política errónea o, al menos, una lectura insuficiente. La no ejecución de fondos en diversas áreas y programas de Salud (falta de medicamentos esenciales para tratamientos con HIV y tuberculosis, la no ejecución del 85% del Programa Sanidad Escolar, la subejecución en programas de enfermedades crónicas y endémicas) viene acarreando graves consecuencias para la población sanitaria afectada. Pero la reestructuración del Ministerio de Salud con el desplazamiento de Pérez Baliño y la división del área en dos (a cargo de Adolfo Rubinstein y Alberto Epstein) responde más a intentar “apaciguar” la interna palaciega y de camarillas que se viene desarrollando en el ministerio y en el gabinete nacional de conjunto. “Su salida del gabinete tiene como telón de fondo la renuncia de Prat Gay, la salida de Isela Constantini y los rumores sobre una posible renuncia de Sergio Bergman” (Ambito, 9/1). Hasta el propio ex ministro kirchnerista Ginés González García (quien por estos días se ha paseado por cuanto medio de comunicación pudo para reivindicar el recorte de medicamentos del Pami para jubilados) se ha anotado en el debate: “No saben qué hacer para resolver el problema. Hay muchas internas espantosas… el personal del Ministerio de Salud está desorientado y muy desanimado” (iProfesional, 10/1). Las crisis interna que desde hace meses viene sufriendo la coalición gobernante Cambiemos (para el presidente de la Cámara de Diputados y tercero en la línea de sucesión presidencial Emilio Monzó “es un espacio político vacío desde hace un año”, Clarín, 4/1) se potencia en el área de gestión de Salud. A partir de la asunción de Macri, este área de gobierno ha pasado a ser un entramado de camarillas integrado por radicales provenientes de la gestión sanitaria en la Ciudad, personeros del tristemente célebre Enrique “Coty” Nosiglia, asociado al burócrata y mafioso Luis Barrionuevo y las corporaciones de la medicina privada y los laboratorios. De hecho, el anuncio realizado hace meses con “bombos y platillos” de la reforma en el Sistema Público de Salud, que significa la privatización del hospital público y un negocio para la burocracia sindical por la devolución de los fondos retenidos por el Estado a las obras sociales, oportunamente denunciado en Prensa Obrera”ha quedado en la nada por la parálisis en la gestión ministerial. La crisis política por las internas de Cambiemos ha colocado en un cuadro terminal de inmovilidad la gestión ministerial sanitaria. Ya se ha llevado puesto siete funcionarios solamente en un año. El próximo en la fila es el ministro Lemus.

El gobierno acaba de anunciar que los jubilados que perciban una jubilación equivalente a 1,5 veces la mínima -hasta 8.500 pesos mensuales- o tengan una prepaga, un automóvil de menos de diez años de antigüedad, un segundo inmueble, un yate o un avión privado, serán excluidos del subsidio social del Pami, que cubre el 100% del costo de los medicamentos. La mención de yates, aviones privados y mansiones es una maniobra artera. Según la información consignada por el diario, los funcionarios detectaron apenas “2.495 personas con embarcaciones a su nombre, 51 con aeronaves y otras tantas con más de una propiedad de lujo”, sobre un total de 1,6 millones de beneficiarios del subsidio social. Las opciones para un jubilado que cobra 8.500 pesos son ser mantenido por sus hijos -que, según la última información del Indec, cobran salarios promedio de 8.000 pesos-, complementar sus ingresos con la renta de una propiedad a su nombre o resignarse a vivir en la extrema miseria. De este modo, la bancarrota de la obra social previsional será endosada a jubilados que no cubren un tercio de la canasta familiar. La “reparación histórica” significó una confiscación de las actualizaciones pendientes de los haberes, por la cual centenares de miles de jubilados estaban reclamando por la vía judicial. Ahora, quienes cobran la mínima, sufrirán este zarpazo. Según La Nación (7/1), el gobierno pretende ahorrar así 1.600 millones de pesos. Todos los partidos que gobernaron son responsables de la quiebra del Pami y del sistema previsional. Menem y Cavallo, en los años ’90, rebajaron a la mitad los aportes patronales y congelaron la indexación de las jubilaciones. Los gobiernos K mantuvieron el régimen previsional heredado de los “neoliberales” y utilizaron las cajas del Pami y de la Anses para pagar los intereses y las amortizaciones de capital de los bonos entregados para cancelar deuda y sentencias judiciales con los jubilados. A partir de 2009, además, utilizaron los fondos de los jubilados para financiar el déficit corriente. Para los “nac & pop”, que empapelaron ambos organismos con títulos, esa deuda interna no contaba, ya que podía refinanciarse infinitamente. Hete aquí las consecuencias de ese vaciamiento. El gobierno tiene en carpeta el aumento de la edad jubilatoria y reconvertir la jubilación en una asignación asistencial, disociada definitivamente del salario. Es lo que han “propuesto” los emisarios del FMI en su última visita, realizada en noviembre, en el marco de la auditoría estipulada en el “artículo 4” de las normas que rigen para los países que integran el organismo. Pami para los jubilados. Ningún ajuste. Elección de la conducción por los jubilados y trabajadores de la institución. Aumento de emergencia de 6.000 pesos. Restitución del 82% móvil. Foto: Camila Almada Meneses

El conflicto abierto por el despido de los doce trabajadores de ESPN acabó sin lucha. La oferta “superadora” de la patronal de cuatro reincorporaciones y abrir retiros voluntarios para el resto de los compañeros con una mejora del 30% sobre la indemnización fue aceptada por la asamblea de trabajadores, ante la extorsión del sindicato de que era eso o los doce afuera. Desde el primer día, el Sindicato de Trabajadores de Televisión (Satsaid) dejó en claro que no le pondría el hombro al conflicto. Es que entre los doce trabajadores despedidos se encontraban los cuatro candidatos de la Lista Gris, el frente electoral que integramos, opositor a la Azul y Blanca en las elecciones de hace sólo siete meses atrás. El golpe de la patronal yanqui, Disney Company, intenta poner punto final a la organización independiente de los trabajadores y trabajadoras de ESPN. La discriminación gremial y la persecución al activismo al interior de la empresa han sido una constante de los últimos años. Así lo prueban los despidos de Paulo Cuneo y Patricio Pérez en enero de 2014, que persiguieron el mismo fin. En ningún momento la comisión interna denunció la persecución gremial. Mientras la empresa violaba la conciliación, impidiendo el ingreso de los compañeros despedidos, la interna callaba; en los más de diez días que los trabajadores despedidos movilizaron a la puerta del canal, la interna nunca apareció; tampoco organizó a los trabajadores de adentro ni se preocupó por llevar gente a las asambleas; en la primera movilización al ministerio, el 29 de diciembre, recién la noche anterior el Satsaid convocó a los delegados ante la certeza de que las agrupaciones y partidos políticos que apoyaron el conflicto iban a marchar. En oposición a la orientación de la comisión interna, la gran pelea dada en estos veinte días por los trabajadores despedidos debe ser resaltada. La gran campaña de difusión, las recorridas por los canales informando de los despidos, los boletines y acompañamiento a otros conflictos en curso como los despidos en el Ministerio de Economía y el Conicet lo prueban. Cómo seguir Los compañeros seguiremos luchando por nuestra reincorporación por la vía judicial y para organizarnos para que esto no vuelva a suceder. El resultado final de la lucha por la reincorporación por los doce compañeros despedidos de ESPN es aleccionador para todo el gremio. La consolidación de una agrupación nacional clasista al interior del Satsaid es una realidad. La Naranja ha sido uno de los pilares de esta lucha y así lo reconocen los trabajadores y trabajadoras de televisión. El año 2016 empezó y se cerró con despidos. Más de mil familias de la televisión quedaron en la calle. El Satsaid no realizó un solo paro nacional por la defensa de los puestos de trabajo. La parálisis y el aislamiento de cada conflicto condujeron a la derrota. Desde nuestra agrupación seguiremos peleando por la reincorporación de los compañeros y por la consolidación de una alternativa de los trabajadores independiente de las patronales y el Estado que recupere el sindicato para sus trabajadores. Los trabajadores debemos sacar nuestras conclusiones.

Esta Campaña Financiera en Sealy estuvo estimulada por el gran triunfo clasista, del 7 de diciembre, en las elecciones de delegados. Es importante resaltar este punto ya que muchos de los compañeros que aportan en esta compaña lo hacen comprendiendo la importancia que tuvo el acompañamiento del Partido Obrero para conseguir este triunfo histórico de los trabajadores de Sealy y, por lo tanto, ven la importancia de colaborar económicamente con nuestra organización. También en el debate estuvo planteada la necesidad de construir un partido de los trabajadores y que éste debe ser sostenido económicamente por los propios trabajadores para defender su independencia de clase. Llevando este debate con varios compañeros se resolvió organizar una colecta en esta Campaña Financiera, la cual al día de la fecha ya cuenta con 35 aportes, número que ira creciendo en estos días, ya que quedan varios compromisos por ingresar. Esta Campaña Financiera que está en marcha en Tempur Sealy la vemos muy valiosa, en primer lugar porque refleja también un apoyo a la comisión interna recuperada por parte de los compañeros. En segundo lugar, nos abre un importante campo de trabajo dentro de la fábrica para volver a estructurar la organización de los compañeros y la asimilación de nuevos activistas al Partido. Esa es la tarea que debemos trazarnos de aquí en adelante.

El paro de una jornada y media de la Línea C fue levantado luego de obtener varios reclamos. Entre ellos, instalaciones más amplias para la permanencia del personal de tráfico, en el esquema transitorio de funcionamiento para las obras en estación Constitución; francos alternados, para evitar la sobrepoblación de trabajadores mientras duren las obras, y el cambio de la cabecera de estación San Juan a Independencia, que cuenta con una mayor amplitud para la circulación de pasajeros y personal. La asamblea de trabajadores del turno tarde, que votó la suspensión de la medida, consideró que estas mejoras, logradas con la lucha, implican un avance. Existe, sin embargo, una insatisfacción por reclamos pendientes, especialmente en cuanto a las condiciones de trabajo, como la falta de garantías de que el material empleado sea ignífugo o de que exista un plan de evacuación para casos de emergencia en las instalaciones improvisadas. Se trata de medidas ignoradas por la empresa en la total improvisación con la que ha encarado las refacciones. En este cuadro, las declaraciones de dirigentes del sindicato, focalizando en el estado de los sanitarios, implican limitar lo que es un panorama mucho más amplio del estado de seguridad en el subte. En la misma Línea C, por ejemplo, no se está realizando el mantenimiento de material rodante, ya que el traslado del taller San José (que debe ocuparse de eso) se ha postergado por deficiencias básicas en la vieja cochera adonde se propone trasladarlo. La resultante es que la reanudación del servicio, sin mantenimiento diario de los trenes, supone un riesgo para trabajadores y usuarios. Estos elementos forman parte de toda la crisis de seguridad en el subterráneo, que llevó a la quinta muerte de un trabajador en los seis últimos años y motivó la lucha por el protocolo de seguridad y la mejora de las condiciones de los talleres. Una evidencia de ello -así lo denunció Christian Paletti, delegado de talleres, de la Agrupación Naranja- fue el corte de un cable aéreo de energización del tren (catenaria) ocurrida en la Línea D, producto de una reducción de mantenimiento por trabajos riesgosos en el taller de esa línea. O los desperfectos sistemáticos que obligan al atraso del servicio en la Línea E, porque la obsolescencia de los trenes es insostenible. Un sector de delegados, y en particular la Naranja, viene planteando la necesidad de tomar medidas de acción que obliguen a la empresa a renovar el sistema de seguridad en el subte y los protocolos respectivos. Y que la conducción de AGTSyP, que actualmente recorre los sectores exhortando a los trabajadores a cumplir normas de seguridad -es decir, a hacerse cargo de una tarea que corresponde a la patronal- organice comisiones obreras de seguridad con el mandato de parar toda tarea riesgosa.