Como resultado del debate, en el que hubo más de treinta intervenciones, se incorporaron aportes y agregados. El documento final fue votado por unanimidad. Se aprobó, asimismo, un plan de acción y difusión. A continuación reproducimos el texto completo de ese documento. El aspecto político más destacado que confronta la izquierda de América Latina es el derrumbe de los gobiernos nacionalistas o de centroizquierda, desde el chavismo en Venezuela hasta el petismo, el kirchnerismo y el ‘luguismo’, en Brasil, Argentina y Paraguay. Dentro de esta tendencia asoman en el radar el ‘frente ciudadano’ en Ecuador, el indigenismo boliviano y el Frente Amplio en Uruguay. El otro aspecto decisivo es el destino de la Revolución Cubana. La situación política en que se encuentra la izquierda en la nueva etapa está determinada, en gran parte, por su política durante la experiencia nacionalista. Por eso, para afrontar el nuevo período es necesario un balance riguroso de la actuación política en la etapa precedente. El conjunto de las fuerzas políticas en presencia, sean burguesas y por sobre todo la izquierda, no ingresan en esta etapa como un papel en blanco, que estaría abierto abstractamente a todas las posibilidades que ofrece el nuevo período. Por el contrario, están condicionadas por sus programas y por sus políticas precedentes, e incluso por los compromisos anudados en la etapa que ahora se agota. Nacionalismo burgués El derrumbe de las experiencias nacionalistas en cuestión es, antes que nada, un resultado político concreto de la bancarrota capitalista mundial, que asumió un carácter de conjunto a partir de la crisis bancario-hipotecaria de mediados de 2007. Es una consecuencia política objetiva de la quiebra capitalista. En grado diverso, la bancarrota capitalista ha afectado a todos los regímenes en el mundo entero, desde, por ejemplo, las revoluciones árabes hasta el reciente referendo de separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. En América latina se manifiesta desde Puerto Rico y Cuba hasta Colombia. Ha devuelto actualidad a la cuestión de la independencia nacional de Puerto Rico. Es necesario el análisis materialista de este derrumbe político. Empujado al poder político por bancarrotas económicas extraordinarias desde los años 90, el nacionalismo de contenido burgués se viene abajo ahora como resultado de la acentuación y profundización de aquellas bancarrotas. El chavismo y el nacionalismo militar venezolano han sido un emergente del ajuste criminal del gobierno de Acción Democrática en 1989, y del Caracazo; el kirchnerismo, una metamorfosis del menemismo como consecuencia del Argentinazo; el largo proceso de desarrollo del PT culmina en el gobierno del Frente Popular, en 2003, luego de la bancarrota brasileña que siguió a la crisis asiática, al derrumbe financiero de Rusia y al estallido, con alcance sistémico, del fondo LTCM de Estados Unidos. Los ascensos de Evo Morales y Rafael Correa, en ese mismo período, 2000/4, fueron el resultado demorado y distorsionado de grandes insurrecciones de masas, detonadas por las crisis de las privatizaciones precedentes. Respuesta defensiva a la crisis mundial, el nacionalismo burgués encuentra sus límites insalvables en esta misma crisis mundial y en la declinación histórica del capitalismo. El proceso nacionalista burgués de las últimas dos décadas se caracteriza, asimismo, por un planteo de desarrollo capitalista fuertemente parasitario. En los entresijos de la crisis mundial, América latina asistió a dos ciclos de grandes subas en los precios internacionales de las materias primas. Fueron descriptos como el final de la tendencia al deterioro de los términos negativos del intercambio comercial. Los superávits comerciales originados por esos aumentos dieron lugar, a su vez, a un nuevo ciclo de endeudamiento internacional (público y privado), promovido por el respaldo que ofrecía el crecimiento de las reservas internacionales. El pago de la deuda externa heredada se hizo con la emisión de deuda interna y el vaciamiento de esas reservas. La abundancia de liquidez fue aplicada a la expansión sin precedentes del crédito al consumo, a tasas de interés excepcionales o subsidiadas por el Estado. Se desarrolló, de este modo, un ‘populismo bancario’, que engordó los beneficios financieros a costa de una creciente hipoteca de las familias. Fue una versión latinoamericana de los créditos ‘subprime’, que detonaron la crisis en Estados Unidos. Los llamados planes sociales, en muchos casos financiados por el Banco Mundial, embellecidos por el ‘relato’ del fomento del consumo, encubrieron la falta de creación de empleo y la casi nula industrialización, y ahora se encuentran amenazados por déficits fiscales descomunales (que obedecen, por supuesto, a otras razones, en primer lugar el pago de intereses usurarios de la deuda pública y el financiamiento público subsidiado para los capitalistas). El mito de la creación de una clase media se derrite ahora a la vista de todos como la nieve en vísperas del verano. Lejos de haber esquivado la bancarrota capitalista mundial, la gestión política nacionalista (a veces tildada de progresista) operó para convertir a las naciones de Latinoamérica en un vaciadero del capital financiero internacional – que encontró en estas gestiones el mercado para su producción excedente, la rentabilidad para sus inversiones financieras y la recuperación de sus créditos incobrables. Las contratistas de obras públicas ‘nacionales’ tuvieron una expansión sin precedentes en Brasil (¡por supuesto!), en Centroamérica, Venezuela, Cuba, Perú y Argentina, acompañadas de un alto endeudamiento internacional y un festival de sobreprecios. El derrumbe de las experiencias nacionalistas viene acompañada por las quiebras de empresas estatales y privadas (desde Odebrecht y el complejo en torno a Petrobras hasta las Telecom o la siderurgia en Brasil, o YPF y el sistema energético en Argentina, y Pdvsa; déficit fiscales extraordinarios, y por último el defol de hecho de la deuda externa, que solamente es honrada con nueva deuda a tasas usurarias y la venta de activos industriales). Las experiencias nacionalistas de las dos décadas recientes han estado muy por detrás de las realizaciones de la precedentes –como el primer peronismo, el varguismo, el nacionalismo boliviano desde la guerra del Chaco o el velazquismo ecuatoriano. Rafael Correa sigue empeñado aún en conciliar el planteo nacionalista con la dolarización y la autonomía económica con el rentismo petrolero. Para ello ha contraído, al igual que Venezuela, una deuda impagable con la República China, contra la garantía de la entrega del petróleo. Al “eterno retorno” del nacionalismo se le aplica aquella frase de Marx acerca de la repetición de la historia. El sujeto histórico del nacionalismo –la burguesía nacional–, que además se hace sustituir por movimientos pequeño burgueses, militares o incluso de ‘trabajadores’ (PT), es más impotente que nunca para encarar una iniciativa nacional autónoma, en el marco de la decadencia del capitalismo mundial. Las segundas partes no han sido, entonces, mejores; el nacionalismo es un planteo históricamente en retroceso, incluso cuando asume posiciones nacionales progresivas de carácter parcial. El chavismo se ha destacado como una tentativa de ir más lejos que los precedentes deslucidos de los adecos, y el reparto corrupto del aparato del estado por el Pacto del Punto Fijo. Socialismo del Siglo XXI El esfuerzo del chavismo por fundar su experiencia en términos bolivarianos (unidad continental), no ha tenido destino –ni siquiera las iniciativas del Gasoducto del Sur o del Banco del Sur. Estos planteos no fueron tenidos en cuenta cuando se aprobó el ingreso de Venezuela en el Mercosur o cuando se creó la Unasur (un vehículo de exportación de las contratistas brasileñas y de Embraer), ni menos aún en ocasión de la creación del Banco de Desarrollo propuesto por China. El planteo bolivariano quedó reducido a una invocación nacionalista romántica, con la finalidad reaccionaria de realzar a las fuerzas armadas. Fue utilizada como instrumento de propaganda política contra el uribismo colombiano, el cual era señalado como descendiente directo general Santander –que dividió la entonces Gran Colombia. Por otro lado, se ha pasado por alto el contenido contrarrevolucionario que encierra la etiqueta del Socialismo del Siglo XXI –inventada, por otra parte, no por Chávez sino por un diletante académico, Heinz Dietrich, que ya hace rato dio marcha atrás y ha pasado a pregonar la conciliación con los escuálidos. Dietrich no fue el único consejero que consiguió la atención superficial de Chávez; otros le aconsejaron impulsar la creación de la V Internacional, que no tuvo la menor trascendencia. La etiqueta del Siglo XXI es una réplica negativa, no ya a la revolución bolchevique de 1917, sino a la Revolución Cubana –el estadio más alto que alcanzó la revolución latinoamericana. La Revolución Cubana (siglo XX) arrancó con un planteo democrático y llegó a la expropiación masiva del capital extranjero y nacional. Los simpatizantes más politizados del chavismo pasan por alto el significado estratégico del recule programático y estratégico que encierra esta preferencia por el siglo XXI. La actualidad de la revolución socialista emana del ingreso del capitalismo en la época de la decadencia o declinación histórica, de la época en que el desarrollo de las fuerzas productivas asume un carácter cada vez más parasitario y destructivo, cuando la colisión de ellas con las relaciones de producción y las estructurales estatales y nacionales se hace más violenta. La etiqueta de Siglo XXI, que no se utiliza solamente para banalizar al socialismo sino que es invocada a cuento de cualquier cosa, no pasa de ser un recurso publicitario o de ‘marketing’ político. El punto de partida de este despegue político lo inició, en realidad, el sandinismo, el cual, a la inversa de la Revolución Cubana, empantanó la revolución victoriosa de mayor protagonismo de masas en la historia de América latina (una guerra civil de masas que dejó 50 mil muertos en pocos meses), mediante una política de conciliación política con la burguesía democrática. Lo hizo en total acuerdo con la burocracia de la ex URSS y el castrismo, que para esa época ya había abandonado el foquismo y buscaba esa misma conciliación con las burguesías latinoamericanas y EE.UU. Años más tarde, el sandinismo retornó al gobierno como un gendarme del orden capitalista, piloteado por Daniel Ortega. El socialismo del siglo XXI postula un cambio social en los marcos capitalistas), sin revolución, o sea sin la destrucción del aparato de Estado existente, y sin gobierno de trabajadores (dictadura del proletariado). El ropaje militar y el apoyo popular no convierten al chavismo en socialismo de ningún tipo, sino en un ‘replay’ de la demagogia socialista que ha caracterizado a todos los movimientos nacionalistas en el mundo. Esto ha sido así desde la declinación de la Revolución Francesa y, en especial, desde Napoleón III y Bismarck –los ‘populistas’ por antonomasia (se caracterizaron por impulsar la mayor acumulación de capital de todo el siglo XIX). Nacionalizaciones Donde más se observa la decadencia del nacionalismo de contenido burgués es en el campo de las nacionalizaciones. De un modo general, la estatización de parte del capital extranjero obedece al propósito de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas que la burguesía nacional se muestra incapaz de hacer por la presión del capital financiero internacional. En este sentido, las nacionalizaciones procuran potenciar el campo de explotación social de la burguesía nacional y ofrecer una base más sólida al Estado capitalista. En el momento oportuno esas estatizaciones pueden revertirse en privatizaciones en beneficio de esa misma burguesía nativa en la medida que se haya desarrollado en forma suficiente para ello. Las nacionalizaciones más avanzadas del nacionalismo latinoamericano han sido la del petróleo mexicano por Lázaro Cárdenas; la de la United Fruit, en Guatemala; la minería en la Revolución Boliviana de 1952 y la del petróleo en 1970; y las del petróleo y las haciendas de la Costa por parte de gobierno militar peruano. Es frecuente que la izquierda confunda las nacionalizaciones burguesas con la expropiación del capital que tiene por sujeto al proletariado y al gobierno de los trabajadores. La expropiación sin pago del capital por parte de la Revolución Cubana constituye una transición histórica entre las nacionalizaciones burguesas más avanzadas y las nacionalizaciones que realizan los gobiernos de trabajadores que emergen de las revoluciones proletarias. El contenido histórico de ellas queda condicionado al curso ulterior de la lucha de clases, nacional e internacional. La izquierda tiene la responsabilidad de abrir una discusión de este proceso, sobre la base de una investigación, en lugar de sustituirlo por simples etiquetas. En numerosos casos, las nacionalizaciones burguesas operan como un rescate del capital extranjero con cargo a las finanzas públicas. Este vaciamiento fiscal conspira contra el ulterior desarrollo de las fuerzas productivas planteado por la nacionalización. Los casos más conocidos son las ejecutadas por el primer peronismo respecto al capital británico que necesitaba una retirada. El caso de los ferrocarriles es paradigmático, porque acentuaron un deterioro que se aproxima a casi un siglo. Para lograr sus propósitos, el imperialismo británico bloqueó los créditos de Argentina depositados en Londres. Lo mismo se puede decir de la nacionalización del petróleo de Venezuela, en los 70, que sirvió para financiar una enorme especulación inmobiliaria y una mayor corrupción. En contexto diferente, el gobierno de Chávez realizó lo mismo con la estatización de las telecomunicaciones (Verizon) y la siderurgia (Sidor), o sea a cuenta de los enormes ingresos petroleros. En un caso las indemnizó a un precio elevado de Bolsa (que se establece, especulativamente, por la rentabilidad esperada, en lugar del valor de los activos), es decir, con un premio sobre el capital. La nacionalización benefició a Verizon en otro aspecto, porque enseguida su cotización cayó en forma acentuada como consecuencia de la crisis financiera internacional. El otro, Sidor, el Estado tomó a su cargo toda la deuda oculta (pasivos laborales) del grupo Techint, lo cual resultó en una indemnización colosal. Las estatizaciones de este tipo constituyen una transferencia de ingresos de los trabajadores hacia los capitalistas extranjeros, por medio del gasto fiscal. Representan una descapitalización, y por lo tanto una hipoteca para el desarrollo de las fuerzas productivas. El derrumbe de las empresas nacionalizadas, en Venezuela, ha provocado un retroceso de las expectativas estatizantes en la conciencia de las masas, algo que aprovecha la derecha para devolver vigencia al programa privatizador. La estatización del 51% del capital de YPF-Repsol, por parte del kirchnerismo, se hizo a costa una cuantiosa indemnización por una empresa que había agotado las reservas de gas y petróleo. El ‘relato’ nacionalizador encubrió una reprivatización del petróleo en Argentina, pues YPF se ha convertido en empresa mixta que cotiza en las bolsas internacionales El relato ‘nacional y popular’ del kirchnerismo es, además, particularmente ‘curioso’, porque su principal empeño estuvo dirigido a preservar, con subsidios, a las empresas privatizadas del menemismo. El resultado ha sido, de un modo general, un enorme vaciamiento productivo e industrial en el área energética. En plena ola de demagogia estatizante el Frente de Izquierda, en Argentina, desarrolló una firme denuncia contra la reprivatización petrolera, que luego quedó confirmada por la asociación sigilosa de YPF con la norteamericana Chevron. El Manifiesto Político presentado por el Partido Obrero al FIT, para la campaña electoral de 2013, se centró en una crítica marxista de las nacionalizaciones capitalistas, sus contradicciones y limitaciones. Otro tema que debe ser objeto de debate es la nacionalización del petróleo en Bolivia, que no es tal. Consiste en un cambio importante en la tributación por parte del capital petrolero internacional, que sacó a las finanzas públicas del déficit crónico. El indigenismo oficial logró, por esta vía, desviar el reclamo de nacionalización integral que hizo la insurrección de octubre 2003. Lo mismo ocurrió con la cuestión agraria, que culminó con un compromiso con la burguesía sojera cruceña y del oriente boliviano, que se materializó en una nueva carta constitucional. El compromiso con las petroleras fue posible debido a la suba enorme del precio internacional de los combustibles. Numerosos agrupamientos de izquierda y sociales que apoyan al FIT en Argentina, apoyan al indigenismo pequeño burgués del Altiplano sin fijar una posición programática sobre este pseudo nacionalismo de contenido capitalista. La doctrina estratégica del indigenismo boliviano es el desarrollo del “capitalismo andino” (había sido bautizado como “socialismo andino”), definido como una alianza entre el capital extranjero, el Estado boliviano y el precapitalismo agrario. El planteo comete la ‘gaffe’ teórica de señalar al Estado como una categoría social y de clase, al lado de otras clases, o sea que no está por encima de las clases, pues se trata de una superestructura política, y que refleja y protege, como tal, la estructura social dominante (es el “marxismo del Siglo XXI”). Bolivia ha sido, durante el periodo reciente, un campo próspero de los negocios de las contratistas brasileñas incursas en el ‘lava jato’. Brasil Las limitaciones colosales de este nacionalismo explican, de un lado, el escaso desarrollo de las fuerzas productivas en la década y media pasada, así como el impacto que ha causado la bancarrota capitalista mundial, en los dos episodios principales –la caída de precios internacionales y salida de capitales de 2009 y, con más severidad, la actual. El siempre esgrimido crecimiento del PBI no capta ese desarrollo. El desarrollo de las fuerzas productivas es medido por la calidad de la inversión reproductiva, la aplicación de tecnologías, el nivel de capacidad de la fuerza de trabajo, el desarrollo de la educación, la salud y el progreso habitacional y la infraestructura urbana. Una centralización productiva de los recursos económicos existentes debería operar como una palanca industrializadora potente. El gobierno PT-PMDB de Brasil intentó convertir a Petrobras, compañía mixta de mayoría estatal, en esa palanca industrial: mediante la inversión de la mayor parte de las utilidades; el monopolio operativo de las asociaciones con capital extranjero; una importante labor de tecnología; y el desarrollo de un entorno de servicios tecnológicos, contratistas y constructoras nacionales. Sin proceder a nacionalizaciones desarrolló, hasta cierto punto, un nacionalismo burgués y gran burgués. Utilizó los aportes obreros a los fondos de pensiones e impulsó el aporte fiscal al banco público de Desarrollo, con esa misma finalidad. Intentó, incluso, impulsar la creación de una burguesía petrolera nacional, a través del apoyo al aventurero Eike Batista. El derrumbe fenomenal de este intento establece una conclusión lapidaria, porque ha terminado en la quiebra de todos los sectores involucrados y, golpe de Estado mediante, desde el propio oficialismo, en la venta apresurada de activos industriales y en la derogación de las principales limitaciones impuestas al capital extranjero. La caída vertical de los precios internacionales del petróleo, las presiones provocadas por un elevado endeudamiento internacional, la desvalorización del capital cotizante y, no menos importante, la difusión de la enorme corrupción de todo este entramado político y económico (por parte de los sectores interesados en derribarlo); todo esto ha sumido a Brasil en una crisis de mayor alcance que la de los años 30. El ataque al movimiento obrero es devastador. La izquierda brasileña, ante esta crisis de conjunto del capitalismo, enfrenta la obligación de desarrollar un planteo obrero y socialista –o sea, un gobierno de trabajadores, la nacionalización sin pago de la banca y los monopolios petroleros, lo mismo con toda empresa que cierre, la escala móvil de salarios y horas de trabajo, la apertura de los libros de todos los monopolios capitalistas y el control obrero y la convocatoria a un plan de acción a toda la izquierda y sectores combativos de América latina. Ocurre sin embargo lo contrario: plantea la fórmula de la democracia con justicia social o el socialismo en democracia, o sea sin travesía revolucionaria ni gobierno de trabajadores Cuando aún no se ha cerrado la etapa del golpe de Estado que destituyó a Dilma Rousseff (lejos de eso el gobierno golpista reúne una base parlamentaria precaria) la agenda dominante en la izquierda brasileña son las elecciones municipales de octubre próximo y la posibilidad de consagrar intendenta de San Pablo a una candidata patronal, Luiza Erundina, que ya gestionó esa ciudad en términos puramente capitalistas. Erundina es una ex petista, oriunda del ala clerical, ministra del gobierno de Itamar Franco y hasta hace muy poco miembro del partido de derecha PSB y sostenedora en del candidato del PSDB que murió en un accidente en la campaña electoral del año pasado. La candidatura ha sido lanzada por el PSOL, un frente de izquierda y de las comunidades de base que se escindieron del PT hace más de una década. El grupo ligado al PTS de Argentina pidió su ingreso en el PSOL –en tanto, en su casa central reivindica la independencia política de la clase obrera y la hostilidad a las candidaturas patronales. Esta duplicidad entre el principismo y el oportunismo es característica de todas las corrientes centristas. El PSOL, en contraste con el FIT de Argentina, que llamó al voto en blanco contra Scioli y Macri en Argentina, apoyó en el segundo turno electoral de las elecciones pasadas la candidatura de Dilma Rousseff. En oposición al juicio político contra Dilma Rousseff, el PT y gran parte de la izquierda se han refugiado en el reclamo de un plebiscito que autorice el adelanto de las elecciones para la Presidencia (que debería tener lugar en 2018), el cual debería ser votado por el mismo parlamento golpista y de ladrones. El planteo cuenta, hasta cierto punto, con la simpatía de una parte de la prensa golpista, que visualiza la imposibilidad de un ajuste a fondo de la economía sin un gobierno electo desvinculado del personal político sometido a los procesos judiciales contra la corrupción. En Brasil hay una desintegración manifiesta de la burguesía contratista y el desarrollo de una reconfiguración capitalista acompañada por quiebras, rescates y concentraciones de capital. El planteo de elecciones presidenciales o generales de parte de la izquierda, no hace referencia al derrocamiento del gobierno de Temer por medio de una acción directa de masas, que ligue la lucha contra los despidos, la carestía y las privatizaciones a los métodos de la huelga y de la huelga general. Los observadores políticos prevén que la realización de nuevas elecciones daría la victoria a una de las diversas coaliciones derechistas en presencia. La consigna electoral no educa a los trabajadores en una política de lucha de clases. Se busca una salida inmediata a la crisis política, o sea un compromiso, en lugar de la preparación sistemática de la clase obrera para luchar por un gobierno de trabajadores. En Brasil, la izquierda, integrada en el PT, impulsó la llegada del PT al gobierno, en coalición con el PMDB. Esto ocurrió incluso después de que Lula firmara el acuerdo con el FMI, en la campaña electoral de 2002, y nombrara al actual ministro de Economía de Temer para la presidencia del Banco Central, luego de un acuerdo cerrado entre Lula y William Rhodes, entonces presidente del Citibank (W. Rhodes, Financial Times, 24/6/2004). El PSOL reivindica, de conjunto, el PT “de los orígenes”, o sea que sigue adhiriendo a la perspectiva estratégica trazada por la dirección fundadora del PT, incluso después de la experiencia y los resultados políticos de casi cuatro décadas. A partir de esta reivindicación del punto de partida ha seguido, de un modo propio, la ruta de su espejo retrovisor. En oposición a esta línea estratégica, es necesario un debate que establezca un nuevo punto de partida, o sea un programa y una política realmente socialistas. A este debate debería integrarse el PSTU, que acaba de sufrir una escisión en torno de la cuestión del reciente golpe de Estado, por un lado, y del carácter de las movilizaciones anti-gubernamentales a partir de 2013. Los planteos democratizantes de izquierda demuestran toda su inconsistencia ante el derrumbe de los procesos nacionalistas y la crisis de régimen que ha emergido como su consecuencia. América latina ingresa a una nueva etapa de mayores confrontaciones sociales y políticas, que superan los límites de sus Estados. Golpismo El juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y su eventual destitución constituyen un golpe de estado ‘tout court’, sin aditamentos, porque implican un viraje político reaccionario en las relaciones de clase existentes. Reemplaza a un gobierno que ha revelado su inconsistencia para aplicar la política de ajuste que reclama el capital y para rescatar al personal político y a los grandes capitalistas de los procesos judiciales por corrupción. Inaugura un nuevo planteo de ofensiva contra las masas, sin esperar a nuevas elecciones ni a obtener un nuevo mandato electoral. El gobierno de Temer no es un intento de interinato constitucional, sino una nueva coalición política para una nueva política, que encare el rescate de la quiebra capitalista y una ofensiva más decidida contra los trabajadores. No hay un cambio en el carácter de clase del gobierno sino una tentativa de modificar la relación preexistente entre las distintas clases. Para la izquierda revolucionaria la lucha contra el golpe es una cuestión de principios, porque significa defender las posiciones conquistadas por la clase obrera frente a la ofensiva capitalista –de ningún modo apoyar al gobierno capitalista destituido. No defendemos ‘el mal menor’ sino la posición conquistada por el proletariado dentro de la sociedad y el Estado capitalista; por eso no esconde su hostilidad hacia el gobierno establecido. La izquierda democratizante, por el contario, atribuye un carácter progresivo a la gestión ajustadora de Rousseff, incluso cuando muchos, entre esa izquierda, habían criticado y hasta enfrentado la política ajustadora de esa gestión. De otro lado, quienes discrepan con la caracterización de un golpe de estado subrayan la identidad de clases entre ambos bandos capitalistas, ignorando que representa un salto en calidad del ataque del Estado capitalista contra las masas. A quienes las formas constitucionales le quitan entidad al golpismo, es oportuno recordar que el gobierno constitucional que se inició en 1973 en Argentina, se desarrolló por medio de una sucesión de golpes ‘constitucionales’, que primero eliminaron al mandatario electo, Cámpora, luego a gobernadores del mismo signo político, incluso por medios policiales; más tarde a la creación de la triple A y a la militarización del país –un proceso que culminó con la dictadura militar. En aquel momento, el Partido Obrero advirtió acerca de la seguidilla de golpes que se enmascaraban en las formas parlamentarias y en la popularidad de Perón. A pesar de la falacia de los términos del ‘impeachment’ (des-manejo contable de cuentas fiscales), Dilma Rousseff, el PT y la burocracia de los sindicatos rehusaron desconocer el voto del Congreso y plantear un conflicto de poderes. La razón es que podría haber abierto una brecha para la intervención de las masas, por un lado, y para la intervención de las fuerzas armadas, por el otro, que habría sido en apoyo del Congreso. El árbitro del golpe de estado han sido las fuerzas armadas, aunque no se trate de un golpe militar. El golpe de Estado en Brasil no es más que el segundo acto golpista luego del derrocamiento del paraguayo Lugo, que también consistió en un ‘impeachment’ de sus propios aliados de gobierno –el partido Liberal. La burguesía brasileña apoyó con fuerza ese golpe, en una suerte de ensayo general del que daría luego en Brasil. El movimiento obrero y campesino ha retrocedido fuertemente en Paraguay como consecuencia de la victoria del golpe, mientras que, por otro lado, ha facilitado un aluvión de compras de empresas y tierras por parte de la burguesía brasileña, con la complicidad del gobierno de Dilma Roussef. La destitución de Lugo y de Rousseff por parte de sus propios aliados, constituye una prueba contundente de la falacia que apuesta a la colaboración de clases entre los partidos obreros o pequeño burgueses populares con la gran burguesía nacional e incluso el capital financiero internacional. Uruguay y Chile El Frente Amplio de Uruguay recorrió un proceso similar al del gobierno del Frente Brasil Popular. Vázquez llegó al gobierno en 2005 luego de un largo periodo de colaboración política con el imperialismo desde la gestión en Montevideo y el respaldo a los ataques patronales al movimiento obrero (huelga de la construcción). El FA se constituyó como un frente “policlasista”, al principio con el argumento que era el vehículo de las transformaciones democráticas, agrarias y antiimperialistas. El balance es un aumento del sometimiento al capital financiero, la primarización mayor de la economía, la concentración de la tierra, la desindustrialización y el avance de la especulación bancario-inmobiliaria. El Frente Amplio lleva adelante un ajuste contra el movimiento obrero, rebajando sueldos y jubilaciones, aumentando las tarifas y los impuestos al salario, y recortando el gasto estatal en salud y educación. El intento de prohibición de huelgas (medida que ya había aplicado Mujica contra los municipales) provocó una rebelión de las bases de los sindicatos en la enseñanza, al mismo tiempo que reforzó la integración de la burocracia sindical al Estado (el caso de Castillo es uno de los más ejemplares). Se está procesando una profundización de la tendencia a la ruptura de un sector del activismo con el gobierno. En este cuadro, la derecha del FA se encuentra yendo hacia un gobierno de ‘unidad nacional’, de otro lado las masas en la búsqueda de un nuevo polo político de carácter anti-capitalista. La tesis del ala izquierda del FA y en especial del partido comunista, de que los gobiernos frenteamplistas no son gobiernos del capital sino 'gobiernos en disputa' es una justificación para continuar su labor de furgón de cola del imperialismo y neutralizar las protestas populares hacia una puja interna dentro del Frente Amplio y del propio gobierno. En Uruguay, de todos modos, se desenvuelve una crisis similar a la que puso fin al gobierno patronal encabezado por el PT, en Brasil, incluida la pretensión de Vázquez de desarrollar, como lo intentó Rousseff, un ajuste económico y social sin tener que proceder, primero, a un cambio de alianzas y régimen político. En oposición a las corrientes frenteamplistas o que ya han roto con el FA (Asamblea Popular) de recomponer “el FA de los orígenes” o remedar un chavismo a la uruguaya, el PT de Uruguay convoca a los obreros avanzados a construir un partido revolucionario. Chile asiste, luego de la vuelta de Bachelet al gobierno, a una profunda crisis política a sólo dos años de que una agotada Concertación intentara revivir una “Unidad Popular”, integrando al Partido Comunista al gobierno. La crisis de la Nueva Mayoría hunde sus raíces en la incapacidad de contener a los diferentes movimiento de luchadores que recorren el país, el marco de un capitalismo chileno que ha confiscado de un forma abismal el salario de los trabajadores y saqueó recursos naturales. Trabajadores subcontratados de la minería, forestales, portuarios, del comercio y el retail, junto a un la tenaz lucha del movimiento estudiantil por una educación gratuita, en los últimos diez años han sido la manifestación del estrangulamiento de las condiciones de vida de las masas populares a manos de una burguesía nativa aliada con el capital imperialista internacional. Las consecuencia de cuatro décadas de políticas “neoliberales” de apertura comercial, privatizaciones (incluida la profunda confiscación de los ahorros jubilatorios por las AFP) y un trabajo flexibilizado extendido han sido la base de un brutal ataque a los trabajadores, que desarrollan hoy respuestas de lucha en todo el país. Esta versión ultra reaccionaria de la colaboración de clase que es Nueva Mayoría sufrió desde el inicio un revés político, llegando a al gobierno con un 60% de abstención. Esta tendencia se sigue desarrollando como consecuencia de una profunda crisis política que coloca en el centro a todos los partidos tradicionales que han defendido por décadas la herencia de la dictadura. Esta versión degradada de la política frente populista está condenada al fracaso, ya que sus pretensiones de plantear un plan de “reformas” sin alterar las bases sociales ni las instituciones creadas bajo la dictadura , no puede representar, bajo ningún termino, la canalización de las aspiraciones sociales de los trabajadores y los sectores populares.. Estamos frente a una política de rescate de la herencia dejada por Pinochet Esta situación se agravará producto de los golpes de la bancarrota capitalista, donde la caída de los precios del cobre están mermando la recaudación fiscal, empujando una política de ajuste y limitando un régimen de arbitraje por medio de la asistencia social. Los despidos han comenzado a masificarse en el país, lo que han dado lugar a diferentes huelgas en el sector comercio y la lucha de los operarios del salmón en Puerto Montt, lo que está marcando un resurgimiento del movimiento obrero en base a piquetes, asamblea de base y huelgas ilegales. En este cuadro de situación, se coloca la tarea central la batalla por la delimitación política del Frente Popular, basada en la iniciativa por recuperar a las organizaciones obreras y estudiantiles en base a una alternativa de independencia política. En Chile se comienza a abrir un nueva etapa política, donde el agotamiento de la experiencia concertacionista abre un campo de acción para construcción de una alternativa obrera y socialista. Chavismo Otro elemento que sobresale para el posicionamiento de la izquierda en esta nueva etapa, es la experiencia del nacionalismo bolivariano como movimiento popular o de masas. El chavismo ha realizado la mayor transferencia de ingresos de la renta petrolera hacia emprendimientos sociales (vivienda, educación, salud), posiblemente de toda la historia latinoamericana. Esta agenda fue el punto sobresaliente de su programa. Ahora descubre, tardíamente, los límites de hierro de una economía rentista, cuya bonanza había calculado para un siglo; el pueblo de Venezuela asiste, no ya la discontinuidad de esos planes sociales sino a la incertidumbre de la preservación de lo realizado y a la posibilidad de su reversión. Esto se manifiesta en la disputa abierta acerca de la titularización de la propiedad de las viviendas construidas, debido a la inseguridad jurídica creada por la crisis y a la incapacidad del Estado para asegurar toda la infraestructura de mantenimiento y refacción, que quedaría en manos de las familias adjudicatarias. Este gigantesco emprendimiento social fue llevado adelante por una organización paralela al Estado, las llamadas “misiones”. El chavismo, con un planteo en principio movilizador, ‘puenteó’ al Estado, en lugar de destruir el aparato burocrático de ese Estado y convertirlo en una maquinaria gestionada por órganos de poder de las masas. Apuntó, de este modo, a la descalificación y precarización de los trabajadores y servicios públicos de ese Estado, lo cual explica la oposición que generó en la salud y la educación. Lo mismo ocurrió con las cooperativas que reemplazaron a las empresas que se sumaron al sabotaje petrolero de 2002/3. Es también lo que hizo el kirchnerismo, en versión sainete con las cooperativas de empleo o las de viviendas regenteadas por la camarilla de Shocklender y Milagro Salas, entre otros. Apuntó, de conjunto, a una cooptación y regimentación de movimientos populares. La empresa capitalista, en Venezuela, no fue sustituida por emprendimientos de gestión obrera bajo un plan económico único y el desarrollo de una legislación laboral más avanzada. Las grandes empresas estatizadas vegetan bajo la incuria y corrupción de una burocracia oficial. El resultado de la gestión bolivariana no ha sido la consolidación del proletariado sino una atomización de gran alcance. Este es un rasgo fundamental de la desintegración económica que tiene lugar en la actualidad. El proceso bolivariano penetró profundamente en la izquierda de Venezuela, que se convirtió en un alero del chavismo, pretextando que éste desenvolvía un proceso revolucionario, por ejemplo el Ccura y Marea Socialista. El llamado maoísmo se convirtió en “escuálido” al igual que algunos ex lambertistas. En ocasión de los eventos electorales, la izquierda ha participado, en diversas localidades, de frentes dispares y sin principios determinados por cálculos ventajistas ocasionales. Es con este bagaje que ingresa a una nueva etapa extraordinaria, que anuncia cambios radicales de régimen, en un cuadro de crisis que involucra a todas las clases sociales y a todos los estamentos de Estado, incluidas las fuerzas armadas. Envuelve directamente al imperialismo yanqui, así como a Cuba y a la vecina Colombia, al conjunto de América latina y a gran parte de la Unión Europea. Los países ‘aliados’ de Unasur, hayan cambiado de signo político, se han pasado al campo diplomático que presiona por un cambio de régimen en Venezuela, como lo ilustra la posición de Uruguay. El macrismo argentino ha trocado su violencia inicial por una posición favorable a una transición pactada, como reclama el gobierno de Obama. En Venezuela se procesa una regresión política importante. El régimen plebiscitario de Chávez, que reivindicaba para sí la masividad del voto popular, se ha convertido en un régimen de facto, que gobierna por decreto, violentando la soberanía de la Asamblea Nacional ganada por la derecha en forma abrumadora en las últimas elecciones. Este gobierno por decreto se sostiene por el apoyo de la cúpula militar, en el marco de un rechazo mayoritario de la población, según indican los sondeos que no son cuestionados. Las Fuerzas Armadas se han hecho cargo de la distribución de los alimentos. Del lado económico se encuentra en marcha un plan de ajuste y de devaluación externa del bolívar, que busca asegurar el pago de la abultada deuda externa del Tesoro y de Pdvsa. Circulan propuestas, en el gobierno, de vender activos estatales para pagar la deuda externa y mejorar la capacidad de importación del país. Lo que queda del capital extranjero se retira de Venezuela. La “guerra económica” que denuncia el chavismo se desenvuelve en el marco de esta desorganización económica y de privilegiar el pago de la deuda externa. El cierre de las cuentas de bancos privados y del Banco Central, por parte del Citibank, es, por un lado, una expresión del estado de cesación de pagos de Venezuela y, por el otro, traduce la presión de un sector del capital financiero para acelerar el desenlace de la crisis política. El capital internacional se siente incentivado por la victoria del macrismo en Argentina, el golpe de estado en Brasil y el giro anti-chavista del gobierno frenteamplista de Uruguay. Los trabajadores son llamados a ocupar fábricas que se encuentran vaciadas o no cuentan con financiación. La militarización creciente del Estado, incluso si es una militarización ‘bolivariana’, no es progresiva sino reaccionaria. Históricamente, estos gobiernos de facto han presidido las transiciones entre regímenes políticos e incluso sociales, mediando entre las fuerzas en disputa. Recordamos el golpe ‘comunista’ de Jaruzelsky, en Polonia, que contó con el apoyo del Vaticano y sirvió a la transición hacia un nuevo régimen político. Precisamente por esto, sectores cada vez más vociferantes de la derecha venezolana reclaman un golpe militar contra Maduro, a las fuerzas armadas chavistas. Una parte representativa de la oposición escuálida ha completado un programa propio a la crisis. Mendoza, el dueño de la principal empresa nacional, Polar, ha planteado un programa de acentuado carácter ‘macrista’: eliminación del control de los cambios y de los precios regulados, sostenido por una ‘ayuda’ o socorro financiero internacional, cuyas fuentes no determinó. El impacto de este ‘rodrigazo’ sería, en Venezuela, considerablemente más catastrófico que el del macrismo – el cual, dicho sea de paso, cuenta con el apoyo de todo el arco político, en especial del peronismo y del PJ. La transición política marcha a toda velocidad, aunque en la superficie prime el inmovilismo. Entendemos que la izquierda venezolana debería arribar a un acuerdo práctico en torno a una reivindicación política de conjunto. Es la condición para que pueda intervenir como protagonista político independiente en esta crisis; podría reagrupar a los sectores que han roto con el Psuv con planteos progresistas. Debería abrir esa discusión con toda urgencia. En oposición al gobierno militarizado de facto, por un lado, y a un revocatorio de contenido derechista, que además luce incompatible con el ritmo acelerado de la crisis, nuestra propuesta tentativa es la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y soberana. El planteo debería servir para reunir asambleas populares que puedan postularse, eventualmente, como convocantes de esa Constituyente. Un planteo de este tipo serviría, en cualquier caso, para que la izquierda aparezca como una candidatura autónoma al poder, que le permita intervenir en las diversas fases por las que atravesará esta crisis, que promete ser explosiva y prolongada. Crisis mundial La crisis que se ha abierto en América latina no es un simple emergente de limitaciones políticas subjetivas; es decir de clase, programa y estrategia de la diversidad de gobiernos de tipo nacionalista. Es, antes que nada, una crisis de conjunto de sus estructuras sociales y políticas, enmarcada en una bancarrota capitalista de carácter mundial. El derrumbe de los fenómenos nacionalistas opera como un accidente histórico que pone al descubierto la declinación capitalista y la gravedad de la crisis en curso. Precisamente esto condiciona y contamina los procesos políticos de recambio que encabeza la derecha. La tentativa ‘restauradora’ de la derecha, abre una etapa de mayor potencial revolucionario. No inaugura una etapa de repliegue de la lucha de clases, sino de acentuación de esa lucha. Parte de la ruptura del equilibrio político precedente e inicia un período de desequilibrios políticos mayores. Un ejemplo elocuente es México, donde asistimos a un principio de rebelión contra el gobierno y la persecución que ejerce contra los trabajadores y la juventud. En Oaxaca, capital de Estado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encabezó una multitudinaria manifestación en repudio a la masacre de seis profesores y para exigir "castigo a los culpables" y la aparición con vida de 22 personas desaparecidas. La manifestación llegó al Zócalo y al Instituto Estatal de Educación Pública. La CNTE, del sindicato de maestros, rechaza la reforma educativa porque estipula que las plazas de maestros serán asignadas por el gobierno y no por el sindicato como ocurría, impone evaluaciones a docentes y denuncian la privatización de la enseñanza. Sigue sin esclarecer la masacre de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. El enfrentamiento creciente entre los explotados, la juventud, y el gobierno de Peña Nieto está poniendo una bomba de tiempo en las propias puertas del imperialismo yanqui, en un país clave para el Tratado Trans-Pacífico (TTP). La lucha de clases en México articula a América latina con la revolución en el centro del imperialismo mundial. Esta etapa, en América latina, tiene lugar en una marco internacional concreto. La ruptura de la Unión Europea, con la salida de Gran Bretaña, constituye un salto en calidad en la bancarrota capitalista. La UE fue el emprendimiento contrarrevolucionario político más destacado de la burguesía mundial luego de la segunda guerra. Es un bloque económico, político y militar –en esto último como sucursal de la OTAN. Fue un instrumento de disciplinamiento del proletariado y el arma política más relevante para apuntalar la restauración capitalista en la ex Unión Soviética, encarada por la burocracia de cuño staliniano. Un cuarto de siglo después de la disolución de la URSS, se despliega la desintegración de su sepulturero. Las contradicciones violentas del capitalismo se han impuesto por sobre los reveses y derrotas del proletariado. El llamado Brexit ha expuesto la vulnerabilidad del mercado internacional de capitales más importante del mundo. Obliga al estado a operar un segundo rescate del capital en el centro nervioso del capital financiero, cuando no se han cerrado aún las grietas financieras dejadas por el rescate de 2008 –incluso las han superado. Se conjuga con la bancarrota declarada de la banca italiana; la corrida bancaria parcial en España; y por sobre todo la insolvencia de los dos principales bancos de Alemania. En toda la eurozona se desenvuelve un proceso de desintegración, crisis políticas y luchas obreras – como ocurre en Grecia y Francia, por un lado, y Europa central, por el otro. La deuda nacional de estos países, a fuerza de rescates bancarios, orilla el 300% del PBI. Un termómetro contundente del impasse económico es la deuda pública colocada a tasas de interés negativa, que pasó entre enero y junio últimos de u$s 1.3 billones a u$s 13.5 billones. Implica una amenaza al sistema bancario y a las compañías de seguros, y constituye un registro inapelable de la tendencia a la deflación monetaria y a la depresión económica. El retiro de Gran Bretaña y la crisis de la zona euro pueden llevar, alternativamente, a una desintegración de esos espacios, o a su transformación en un espacio colonial de Alemania secundada por Francia. En Estados Unidos, la victoria de Trump en la interna republicana, pone en evidencia una tendencia chovinista, que responde un crecimiento de la rivalidad económica e incluso militar entre las potencias capitalistas, que se manifiesta en el mar de China, en Ucrania y en las agresiones imperialistas en Medio Oriente y el norte de África. Este cuadro mundial condiciona los recursos a disposición de las burguesías latinoamericanas para salir de las experiencias nacionalistas en sus propios términos. La enorme sobreproducción de mercancías y capitales explica que el frente nacionalista internacional de los llamados Brics pasara a mejor vida, pues todos sus integrantes enfrentan amenazas de bancarrota. La alianza brasileña con China ha dado paso a un reclamo de ruptura comercial de parte de la industria siderúrgica instalada en Brasil. La crisis mundial tiene un desarrollo desigual, al igual que lo que ocurre con el capitalismo y la historia en general. China, por ejemplo, contrarrestó con un gasto público enorme el impacto de la crisis mundial en su economía, lo que llevó a un ‘boom’ de los precios internacionales de las materias primas. Las derivaciones de ese gasto fueron responsables del 30% del PBI de los países productores de esas mercaderías (Martin Wolf, The Shifts and the Shocks). China enfrenta ahora una hipoteca de deuda fenomenal y, por primera vez, ha autorizado procedimientos de quiebra. En los meses recientes, la acentuación de la caída de las tasas de interés en los mercados internacionales de deuda pública, ha producido un retorno parcial de los capitales de corto plazo a América latina, por sus tasas de interés elevadas. La bancarrota económica, asimismo, produce sus propios negocios: la venta de activos por parte de Petrobras le ha reabierto, aunque en forma precaria, el mercado de deuda extranjera. Esta volatilidad producto de la crisis no debe confundirse con el financiamiento de una expansión económica que por ahora no tiene fundamentos. Argentina ha expandido su deuda pública en u$s 25 mil millones, en los últimos meses, para pagar a los fondos buitres y financiar la salida de utilidades y dividendos. Un nuevo ciclo de endeudamiento internacional tiene bases más restringidas que en el pasado y consecuencias más explosivas. Si la experiencia macrista sirve de guía de ruta para las tentativas similares que se pergeñan en América Latina, el balance provisorio es claro: un aumento fenomenal de la inflación, un crecimiento del elevado déficit fiscal heredado, una suba descomunal de las tasas de interés y una acentuada recesión económica. Los pergaminos democrático-electorales y el apoyo masivo de la oposición patronal a sus medidas más decisivas, no le han evitado enfrentar una resistencia, que ya es masiva, al ‘rodrigazo’ tarifario. El macrismo ha sido puesto a la defensiva, en su corto período de gobierno por una rebelión popular contra el tarifazo, que además ha provocado un principio de fractura en el aparato estatal (amparo judicial a favor de los usuarios). Se perfila, además, un nuevo ciclo de reclamos salariales, a pesar del apoyo de la burocracia sindical a la nueva gestión. El gobierno macrista aún tiene que reunir los recursos económicos y políticos para su política de ajustes, y luego imponerlos por medio de una severa lucha de clases. Es un régimen dividido entre camarillas capitalistas, sin base parlamentaria propia, condicionado en el gobierno por la exigencia de ganar las elecciones parlamentarias del año próximo. Tesis de la conferencia sobre América Latina convocada por el PO de Argentina y el PT de Uruguay (segunda parte)