Las conjeturas respecto de una posible detención de Cristina Kirchner han terminado sumando a la propia ex presidenta. En un reportaje a corresponsales extranjeros, atribuyó una eventual detención a su condición de peronista, o, según ella, a sus “políticas en defensa del salario o de la inclusión social”. CFK, sin embargo, no ha podido rebatir ninguna de las impugnaciones o evidencias que la colocan a la cabeza de un gigantesco operativo de vaciamiento del presupuesto, las reservas energéticas y conquistas laborales en favor de un conjunto de intereses capitalistas. Al referirse a la crisis de energía, Cristina reivindica la década de “estufas y acondicionadores para todos” coincidiendo, curiosamente, con las razones de Mauricio Macri (el dispendio de consumo). Argentina, sin embargo, se queda sin gas y sin petróleo después de un largo periplo de sometimiento a los privatizadores. El kirchnerismo mantuvo a Repsol en YPF durante siete años, y asoció a un empresario “amigo” -Ezquenazi- a la política de succión de dividendos que llevaba adelante la petrolera española. En el sur, entregó a Bulgheroni y a British Petroleum el yacimiento de Cerro Dragón a perpetuidad, sin que ello sirviera para ampliar la producción o las reservas. Sobre el fracaso de esta orientación, se perpetraron dos negocios aún más leoninos: por un lado, la importación de energía con sobreprecios del 30%; del otro, la asociación secreta con el pulpo Chevron, para una experiencia de extracción de gas no convencional que se hundió con los precios internacionales de los hidrocarburos, pero que dejó a YPF fuertemente endeudada. Mauricio Macri acaba de decirle al periodista Alejandro Fantino que si “Aranguren hubiera sido ministro de Energía, otra sería nuestra situación”. Pero el CEO de Shell, ¿hubiera sido tan diferente a los K respecto de Repsol, BP o Chevron? Si de importación de gas se trata, acaba de debutar con una operación de compra a Chile tan cuestionada como las de De Vido y compañía. Esta “comunión” de intereses sociales es la que “complejiza” la escalada judicial que podría terminar con Cristina presa. En el entramado de negocios entre el Estado y la patria contratista, los vasos comunicantes del kirchnerismo y el macrismo se confunden sin solución de continuidad. Los contratos de Obra Pública de “Lopecito” tienen en la lista de beneficiarios a los Báez, pero también a los Calcaterra y Caputo, a través de diversas asociaciones y “uniones transitorias de empresas”. Esta cruza de intereses es la base económica que unió tantas veces, en la Legislatura porteña, a macristas y kirchneristas detrás de negocios inmobiliarios, megaobras y operaciones de deuda, a lo largo de los ocho años de gobierno PRO en la Ciudad. Los opositores a Cristina, ¿temen a “Cristina presa”? Algunos comentaristas asocian ese supuesto temor al argumento alambicado de que Macri no quisiera victimizar a quien podría constituirse en su principal opositora. Al kirchnerismo no le disgusta este argumento, que embellece a la jefa procesada. Lo cierto es que las causas judiciales acompañan la desintegración del kirchnerismo (no su fortalecimiento), como lo atestiguan los numerosos pases de bando de dirigentes, punteros e intendentes hacia el pejotismo o al massismo. Las apariciones políticas de CFK se han reducido, en este cuadro, a verdaderos actos en defensa propia, no a enarbolar una oposición política. La burguesía argentina y su “círculo rojo” temen, en cambio, a que la propagación de causas judiciales llegue bien más lejos que a la camarilla K. No es un secreto que la ley del arrepentido ha desatado la zozobra de los grupos contratistas asociados a la Cámara de la Construcción. Temen que una ola de delaciones premiadas conduzca, más temprano que tarde, a meter en cana a los Odebrecht argentinos. En este cuadro, debe entenderse el cajoneo de esta ley en el Senado. Otra expresión de las consecuencias impensadas de la onda propagatoria son las revelaciones de Pérez Corradi, el cual, después de denunciar a Aníbal Fernández, ha involucrado también al autor intelectual de “Cambiemos”, el radical Ernesto Sanz. En este caso, por haber aceitado con centenares de miles de pesos el movimiento de jueces en la causa de la efedrina. En los últimos días, el remedo de ‘mani pulite’ se abatió sobre Gabriela Michetti, cuyo encanutamiento de pesos y dólares, descubierto a raíz de un robo, no parece demasiado diferente al que le costó el puesto y una condena a la ex ministra K Felisa Miceli. Pero más grave aún es que la escalada de denuncias amenaza el éxito de la principal operación de autorescate del gobierno macrista: el blanqueo de capitales, o sea, la legalización del conjunto de los desfalcos que los capitalistas y sus agentes perpetraron contra los trabajadores y contra el país. En un reportaje con Luis Majul, Sergio Schocklender justificó a la corrupción estatal-capitalista como el mecanismo “habitual” de financiamiento de los partidos de Estado. El ex socio de “Sueños Compartidos” agregó que la distracción personal de fondos era una consecuencia inevitable -y económicamente menor- de aquel entrelazamiento. La escalada de denuncias, en definitiva, amenaza con sacar a la luz de la opinión popular a la naturaleza clasista del Estado, como una junta de burócratas y operadores de los intereses capitalistas. Saliendo al cruce de ello, el macrismo prepara una reforma del “financiamiento de la política”, que legalice el sostenimiento empresario a los partidos. Los apóstoles de la transparencia y la ética, de este modo, estarían sincerando a sus aparatos como vulgares agencias del capital financiero o la patria contratista. Las idas y vueltas en torno de “Cristina presa” demuestran, una vez más, que la crisis de Estado y la bancarrota económica y política envuelve a todo el régimen. La superación de la corruptela estatal- capitalista exige otra organización social, el control obrero del conjunto de las operaciones económicas y la dirección del proceso económico por parte de la mayoría trabajadora.