A 50 años del golpe militar que derrocó a Arturo Illia, el gobierno nacional, con Macri a la cabeza, organizó una serie de homenajes al ex presidente radical. Pretendió, de esta manera, presentarse como una figura política heredera de quien habría sido “injustamente maltratado por la historia”, ejemplo de “honestidad” y “austeridad” a imitar. En otras oportunidades, Macri se había reivindicado “frondicista” y hasta “peronista”. Como se ve, a la hora de la construcción de un relato histórico para el presidente vale todo. Lo curioso es que entre quienes, como Macri, lamentan “la derrota democrática” que significó el derrocamiento de Illia se encuentran buena parte de los hijos políticos o sociales de los fogoneros del golpe. Empezando por la burguesía contratista en la que se criaron y formaron los Macri y compañía, pasando por los desarrollistas de Frigerio cuyo nieto es ministro del Interior, la Iglesia Católica y todas las variantes del peronismo que, como veremos, fueron un ariete decisivo de la política golpista. Como botón de muestra, el actual Secretario de Culto de la Nación, Santiago de Estrada, fue funcionario de la dictadura de Onganía. Illia al gobierno… En julio de 1963, Arturo Illia fue electo luego de una votación minoritaria, la más baja de la historia para una elección presidencial (hasta el 22% de Kirchner, cuarenta años más tarde). Su candidatura no había despertado mayor entusiasmo en un país cruzado por una inflación galopante y enfrentamientos de distintas fracciones del ejército para definir el rumbo del país. Mientras el sector azul del ejército, apoyaba una integración paulatina del peronismo al régimen político, el colorado era partidario de su proscripción lisa y llana. La simpatía política de Íllia, no es un dato político menor, estaba con esta última fracción, gorila por antonomasia. Desde el golpe gorila de 1955, la burguesía había sido incapaz de montar un régimen medianamente estable. La proscripción del peronismo (y de Perón) impuesta desde entonces era un fuerte factor de conflicto. El último intento de integración, bajo el gobierno desarrollista de Frondizi había terminado en un nuevo golpe, luego que una fórmula peronista fuera autorizada a participar y ganara, en forma aplastante, las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires en marzo de 1962. Las elecciones fueron anuladas en todas las provincias y ni siquiera Illia, que había ganado la gobernación de Córdoba por la UCR del Pueblo, pudo asumir. En las presidenciales de 1963, como el ejército tampoco permitió la presentación del Frente Nacional y Popular auspiciado por Perón y encabezado por el conservador Solano Lima, el peronismo llamó al voto en blanco que alcanzó el segundo lugar. Con apenas el 25% de los votos, Illia necesitó el apoyo de otras listas para llegar al mínimo requerido en el colegio electoral para ser proclamado presidente. El peronismo, en tanto, procesaba su propia crisis. Los nueve años que habían pasado luego de haber sido desalojados del poder sin haber ofrecido resistencia sumados a los sucesivos fracasos y derrotas previas habían provocado una importante disgregación política en sus filas. Sumido en un mar de divisiones y disputas internas intentó retomar alguna iniciativa política y, sobre todo, alinear tropas con el fracasado “Operativo Retorno” de Perón de 1964. El mismo objetivo burocrático tuvo el ampuloso plan de lucha de la CGT dividido en etapas que incluyó la ocupación simultánea y rotativa de las fábricas y empresas en todo el país. Ni la burocracia (ni el propio Perón), pretendían ni podían confrontar a fondo contra el gobierno y el imperialismo. Para las elecciones legislativas de marzo de 1965, el régimen volvió a autorizar la presentación de una lista peronista (bajo la denominación de Unión Popular) que terminó ganando las elecciones y consagrando 52 escaños. Sin embargo, la victoria estuvo lejos de detener el proceso de disputas internas, en particular por la perspectiva de un “peronismo sin Perón” que se alentaba bajo un sector de la burocracia liderado por Vandor. Sobre fortalezas y debilidades La entrega sin lucha y la impotencia de la burocracia sindical y el peronismo en la defensa del resultado de las elecciones de marzo de 1962, provocaron una fuerte desmoralización en los trabajadores. Sobre este retroceso se asentó una ofensiva que empujó a la desocupación y la caída del salario los años siguientes. En este cuadro, el gobierno Illia se montó sobre una reactivación económica, a partir, fundamentalmente, de una buena cosecha y la mejora de los precios de exportación. Con el objetivo de reactivar el proceso productivo y el golpeado mercado interno, atendiendo, a la vez, la crisis de la deuda externa (que había crecido significativamente en el período anterior) ensayó una política intervencionista de ribetes nacionalistas que derivó en algunos roces con el imperialismo, empresas privadas y figurones de la prensa capitalista (anulación de contratos petroleros, ley de medicamentos, control de cambios, comercio con la China de Mao, etc.). Una situación que llegó a entusiasmar al Partido Comunista que, a la vez que creía ver un giro a la izquierda del peronismo, ponderaba el “coraje” de Illia. Sin embargo, ninguna de estas medidas apuntaba a una política antiimperialista. El gobierno pagó onerosas indemnizaciones en las negociaciones con las empresas petroleras, el excedente comercial se orientó fundamentalmente al pago de intereses de la deuda (acuerdos con el Club de París) y, a través de su canciller Zavala Ortiz defendió, hasta en Saigón, la política yanqui en Vietnam, saludó a los golpistas de Bolivia y Brasil y, si bien no se llegó a enviar tropas a Santo Domingo (por la masiva oposición interna y la crisis que provocó), adhirió a la creación de una Fuerza Interamericana de Paz (FIP) a su servicio. El gobierno de Illia, dejaba jirones en cada conflicto que emprendía. A pesar de la relativa estabilidad y bonanza de 1964/65 no pudo jamás gobernar como “el representante” general del régimen burgués. Fracasó también, en su intento de minar y dividir el poder de la burocracia a través de la reglamentación de la actividad sindical. Tampoco concitó apoyo entre las masas obreras para quienes era un representante del gorilaje histórico. Su acción de gobierno se sostenía en precarios acuerdos parlamentarios, incluso dentro del propio gobierno. La mencionada derrota en las elecciones de 1965 frente al peronismo contribuyó a una mayor incertidumbre. Hacia fines de ese año, ninguno de los problemas centrales que la burguesía exigía resolver: la ofensiva contra el movimiento obrero para liquidar conquistas históricas y la cuestión del régimen político - qué hacer con el peronismo de cara a las próximas elecciones de 1967, estaba resuelto. Las tensiones y fracturas se fueron agravando con los militares azules, que comenzaron a marcar la cancha de un modo más insistente: pugnando por el alineamiento con el imperialismo yanqui en Santo Domingo, desatando un conflicto chauvinista con Chile. En ese cuadro, fue madurando rápidamente una nueva perspectiva golpista bajo la figura de Juan Carlos Onganía (líder de la fracción azul) que la burguesía apoyó de manera creciente. El golpe El golpe del 28 de junio de 1966, autodenominado “Revolución Argentina”, reunió una unanimidad política pocas veces vista en la historia nacional. En la asunción de Onganía se hicieron presentes, además de la plana mayor de las fuerzas armadas, representantes de la iglesia y de todas las cámaras patronales argentinas (la Sociedad Rural, la CRA, la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la CGE del “nacional y popular” José Ber Gelbard) y extranjeras. También la dirección de la CGT, con Vandor y José Alonso, líder de las “62 de pie”, a la cabeza. Desde Madrid, Perón calificó a Onganía como un “buen soldado”, señalaba sus simpatías “con el movimiento militar porque el nuevo gobierno puso coto a una situación catastrófica” y llamaba al movimiento obrero a “desensillar hasta que aclare”. La unanimidad incluía al llamado “peronismo revolucionario” que guardó silencio, a la “izquierda nacional” de Jorge Abelardo Ramos y al MID de Frondizi y Frigerio que se sumó entusiastamente a la cruzada golpista como “un medio para alcanzar los objetivos que reclamaba la Nación”. El golpe se proponía cerrar el conflicto abierto desde 1955: la integración del peronismo mediante la supresión de las elecciones y la cooptación política de la burocracia de los sindicatos. Política Obrera caracterizó el golpe como "una síntesis reaccionaria del peronismo y la Libertadora" (PO quincenal N° 2, 27/7/66). Del gobierno peronista, la tendencia a estatizar y controlar el movimiento sindical; de la Libertadora, el objetivo de eliminar la presencia de la base sindical en las fábricas y las conquistas obreras. Onganía proclamó que sus objetivos no tenían plazos y extendió la proscripción al conjunto de las fuerzas políticas. Al mismo tiempo, se propuso un nuevo ciclo de desarrollo y reinserción en el mercado mundial sobre la base del subsidio estatal y la “patria contratista”. Apuntó con un ajuste en regla: devaluación de la moneda, congelamiento salarial, derogación de la ley de salario mínimo, vital y móvil y las paritarias, etc. La dictadura marcó desde el vamos una orientación reaccionaria: implantó la Ley Anticomunista, intervino las Universidades Nacionales (con la “Noche de los bastones largos” en la UBA y la represión en Córdoba, como los hechos más significativos) y lanzó una colosal ofensiva contra el movimiento obrero, comenzando por sectores estratégicos como portuarios y ferroviarios y el cierre masivo de ingenios en Tucumán. Era, a todas luces, una política que empalmaba con la “contrainsurgencia” organizada por el Pentágono en América Latina que, desde el asesinato de Kennedy, había empezado a promover golpes militares en todo el continente. La resistencia, bajo la iniciativa del activismo y abandonada por la burocracia, pavimentó el camino del clasismo que explotaría en el Cordobazo.