Prensa Obrera N° 1416

La comunidad de la Cuenca carbonífera se ha conmocionado por la muerte del compañero Oscar Perdomo. En el marco de un acto de la Mesa de Unidad Sindical, todos los gremios en el acto realizado el 1° de junio manifestaron su sentir y reivindicaron a este luchador, militante, vecino, compañero y amigo. Siempre levantando las banderas de los obreros, trabajadores y estudiantes o cualquier derecho vulnerado. Fue impactante el momento en que los compañeros de la conducción del Soem de Río Turbio propusieron que fuera la secretaria general de la CTA, Elida Ramos, quien tomara la palabra y abriera el acto, con un homenaje a Oscar. El sepelio se llevó a cabo el 2 de junio. Los compañeros de ATE 28 de Noviembre, de ATE Río Turbio, de Adosac, medios gráficos, de la TV local y estudiantes de la batucada del colegio N° 12 haciendo sonar los tambores y redoblantes lo esperaron cortando la ruta en el acceso al cementerio del pueblo. Hasta los más duros nos quebramos de emoción con esa juventud tamborileando. Se leyeron las palabras dedicadas por el PO de la Cuenca carbonífera respondiendo a la solicitud de su compañera de vida y su familia. Finalmente, lo despide a viva voz Miguel Del Plá destacando su rol de obrero, luchador, militante gremial y, sobre todo, revolucionario, y ante la presencia de un gran número de militantes ratificó la continuidad de la lucha de Oscar en la acción de la juventud presente. Un gran luchador Oscar fue y seguirá siendo un ejemplo de lucha, 20 años de perseverancia, de constancia en la construcción y organización de sindicalismo clasista y del Partido Obrero de la Cuenca carbonífera. En 28 de Noviembre, su pueblo por adopción, en los últimos años fue precursor de la organización de ATE, hoy seccional de ATE 28 de Noviembre, y guía de muchos compañeros de trabajo. Querido y respetado por muchos jóvenes y no tan jóvenes, con quienes ha defendido las banderas del Partido Obrero y del socialismo, en cada asamblea, marcha o intervenciones en las que le tocó estar. Fue varias veces candidato del PO -en las últimas a diputado. Secretario de comunicación y difusión de la CTA-A, regional Río Turbio. Su última marcha fue el 18 de mayo por las calles de Río Gallegos levantando bien alto la bandera del PO en la movilización contra el ajuste de Alicia Kirchner. Todos sus compañeros sabemos que Oscar no se fue, estará por siempre en cada compañero que salga a luchar contra este sistema opresor llamado capitalismo. ¡Hasta la victoria siempre, Oscar Perdomo!!

El Congreso de la UJS, realizado el mes pasado, discutió sobre la problemática ambiental y votó realizar dos pasantías interdisciplinarias: una, en Formosa, junto al movimiento campesino y los pueblos originarios, y la otra, en San Juan, La Rioja y Catamarca, para estar con las asambleas contra la megaminería a cielo abierto. El supuesto “crecimiento económico” de la década pasada del que tanto se jacta el kirchnerismo tuvo como base la renta minera y sojera (una reprimarización de la economía que le permitió a un puñado de grandes pulpos capitalistas “llevársela en pala”). Ni bien asumió, el presidente Mauricio Macri se apuró a premiar agro-exportadoras y mineras, eximiéndolas de impuestos y con el beneficio de la devaluación. Se trata de una profundización del “modelo productivo” que genera riquezas de la mano de los desmontes o la megaminería, y donde el beneficio económico queda en manos de empresas como Monsanto y Barrick Gold. Los gobiernos provinciales son verdaderos feudos al servicio de estas empresas. El flamante presidente del PJ, José Luis Gioja, mantiene militarizadas regiones enteras de su provincia en defensa de los intereses mineros. Mientras, en la otra punta del país, la Policía de Gildo Insfrán actúa mancomunadamente con fuerzas de choque parapoliciales para expulsar a los campesinos y originarios de sus tierras. La pasantía, una experiencia formativa y de lucha El Partido Obrero y referentes de su Juventud (UJS) participa y apoya activamente de las luchas contra la depredación ambiental y laboral en la minería y la actividad agropecuaria. Lo hacen de la mano de las asambleas populares, el movimiento campesino y las comunidades originarias. La experiencia de la pasantía es una oportunidad para profundizar ese lazo y proyectar la lucha que damos en las universidades contra los convenios y la privatización. En contraposición a las camarillas universitarias, que arman pasantías para poner los recursos de la universidad al servicio de empresas contaminantes, la UJS organiza esta pasantía interdisciplinaria para que estudiantes y docentes de todas las carreras se sumen a la lucha contra Monsanto y Barrick. Para más información: pasantiaujs2016@gmail.com

Con una extraordinaria elección, el Frente Gremial “4 de abril”, que integra Tribuna Docente, ganó las elecciones departamentales de Amsafe Rosario, conquistando un quinto mandato para el Frente único que inició la Amsafe Recuperada en el 2004. Con una importante votación de casi 5.000 compañeros, la “4 de abril” se hizo con más del 50% de los votos (2516 votos), superando por 500 votos a la lista yaskista de “Trabajadores de la Educación” (2025 votos). Se trata de un enorme triunfo. La burocracia yaskista que encabeza Sonia Alesso en la conducción provincial del gremio, quiso desembarcar nuevamente en Rosario, la seccional más importante de la provincia, esta vez a partir de una costosísima campaña mediática como nunca antes lo había hecho: spots televisivos, de radio y hasta una jornada de vacunación contra la gripe A para docentes, en el momento en que ni los dispensarios, ni los centros de salud de la ciudad contaban con stock para los sectores de riesgo (¡!); lo cual puso de manifiesto la actuación conjunta con la patronal, es decir, con el gobierno socialista ajustador de Miguel Lifstchitz. A este operativo, le opusimos una intensa campaña escuela por escuela y una enorme movilización de casi 400 fiscales que defendieron el voto de la “4 de abril” en cada una de las mesas. A su vez, la burocracia hizo un esfuerzo descomunal por disociar la lista seccional de la lista provincial, que con Alesso a la cabeza fueron los responsables de firmar la peor paritaria de los últimos tiempos, que llevó las sumas en negro del 3% al 15% y significó un verdadero mazazo para los jubilados que percibirán un aumento entre 6 y 8 puntos menor al de los docentes en actividad. Una manifestación del repudio a ese acuerdo vergonzoso fue que por primera vez, la “4 de abril” ganó en la urna de los compañeros jubilados, históricamente dominada por la Celeste. La burocracia sindical K, que le regaló el inicio de clases a Macri sin un paro, se encuentra en un franco retroceso. A partir de este triunfo y del avance en otros departamentos de la provincia es que desde Tribuna Docente tenemos el desafío de inscribir a la Amsafe en el proceso más general de recuperación y conquista de seccionales y sindicatos de manos de la burocracia, como lo hicieron los compañeros del Sutna. Esa es nuestra perspectiva.

La UJS-PO se alzó como primera fuerza en las elecciones estudiantiles de consejeros al co-gobierno en la Facultad de Humanidades de la UNCa. De esta manera, conseguimos ampliar nuestras posiciones con un bloque de dos consejeros directivos y un consejero superior. Obtuvimos 218 votos, superando por un estrecho margen a Franja Morada (211 votos) y el peronismo (184), quienes consiguieron dos y un cargos para el Directivo, respectivamente. Este resultado es el producto de una intensa lucha política abierta por la huelga impulsada por Conadu Histórica. El rol activo que tuvimos en las clases públicas fue un factor fundamental que se tradujo en una fuerte adhesión en todas las carreras y nos vinculó con referentes estudiantiles que conformaron la delegación al Congreso de la UJS y, finalmente, se sumaron a nuestras listas. Este año se renuevan, bajo sistema de elección indirecta, los cargos de decano y rector. El proceso electoral contó con la defección temprana de la lista de La Güemes (kirchneristas), lo que allanó el camino para que el R.U. -orientada por el intendente capitalino Raúl Jalil y rector Flavio Fama- entrara a la disputa como única variante del PJ y se hiciera de cuantiosos recursos con el fin de cooptar a los estudiantes. Franja Morada, por su parte, viene de crisis internas que la llevaron a un retroceso político. Ambas fuerzas están comprometidas con candidatas al decanato -Vargas y Breppe, respectivamente- que, a su vez, apoyan la reelección de Fama. Algo similar ocurre en Salud, Derecho y Económicas. Es la evidencia de que peronistas y radicales funcionan como agentes de la privatización y el derrumbe de la UNCa. La UJS abre una perspectiva El avance electoral de la UJS coincide con el aumento de los arancelamientos, una crisis edilicia y la parálisis de las obras en curso, la destrucción de los planes de estudios y la insuficiencia de becas. El acuerdo presupuestario de ajuste firmado por Fama y Macri proyecta el agravamiento de las actuales condiciones. En los próximos días se definirá la fecha de la Asamblea Universitaria, que augura una reelección cerrada. La UJS presentará una oposición directa a quienes representan la degradación de la Universidad. Con este triunfo viene la responsabilidad de ampliar la influencia de la izquierda revolucionaria en el movimiento estudiantil y constituirnos como fuerza en cada Facultad, con un programa. Por la defensa de la gratuidad, el rechazo de los fondos de La Alumbrera y las contaminantes. Financiamiento único del Estado. Apertura de los libros de la Universidad. Aumento de emergencia del presupuesto universitario. Y por la democratización del co-gobierno.

Obtuvo media sanción en la cámara de diputados bonaerense una ley que limita la reelección de intendentes y parlamentarios. Es el resultado de un acuerdo entre el Frente Renovador y Cambiemos, al que se sumó en la sesión el bloque randazzista, uno de los tres en los que se ha dividido el FPV. Esta ley es un nuevo producto del cogobierno legislativo armado alrededor de Vidal. Votadas las leyes de emergencia, que fueron denunciadas por su contenido de ajuste y negociados, la intención es mostrar que este compromiso ha dado también un fruto progresivo o democrático. La propuesta le permite a Vidal disimular su práctica de cogobierno con los intendentes del PJ, donde se cambia “gobernabilidad” por distribución de fondos, a través de un gesto que aparenta actuar contra la “corporación política”. La nueva adquisición del gobierno de Vidal es el pejotista ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. La ley plantea que los intendentes, concejales y legisladores provinciales puedan reelegirse por un solo término consecutivo, contando el actual. Eso quiere decir que quienes hoy detentan esos cargos podrían reelegirse en el 2019, pero no ya en el 2023. El intendente Julio Pereyra de Florencio Varela, que gobierna desde 1992, vería limitados sus mandatos consecutivos si lograra ganar la próxima elección... a ¡31 años seguidos! De acá al 2023, además, la ley podría volver a modificarse por mayoría simple todas las veces que la Cámara lo permita. Muchos comentaristas anticipan que se producirían apelaciones judiciales de los intendentes, alegando inconstitucionalidad. En definitiva, lo que es presentado como una reforma política importante es un cambio menor, que quizás no llegue a implementarse nunca. Dos bloques del FPV se abstuvieron. Sólo nuestra banca votó en contra, denunciando que constituye una maniobra para mantener intacto todo el régimen político de la provincia. Incluso si la ley se vota y se cumple, no es garantía alguna de renovación política. Los grupos de intereses capitalistas que se forman en los municipios han dado lugar a pasajes de mando de intendentes vitalicios a sus hijos. Así, se constituyen verdaderos clanes de gobierno, como los Posse en San Isidro y los Mussi en Berazategui. La representación en la Legislatura está diseñada para excluir a las minorías políticas, sin votación de una parte de los diputados por distrito único. El mismo fin tienen los pisos a diputado nacional y a concejales. Por lo tanto, sostuvimos que el acompañamiento de esta reforma constituiría un embellecimiento del régimen político de los pactos contra los trabajadores, las patotas, los punteros y el entrelazamiento de todos ellos con las camarillas capitalistas. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda promovemos la revocabilidad de todos los funcionarios electos, así como la elección directa de los jueces. Reclamamos la quita de todos los pisos electorales a la elección de diputados y concejales. Nuestro voto negativo es el rechazo a una maniobra política dirigida a presentar como “renovación” y “transparencia” al pacto de los partidos del ajuste contra los trabajadores de la provincia.

El plan de lucha de la UOM contra la negativa de las empresas siderúrgicas a aceptar la paritaria firmada para las otras ramas de la actividad, es una “puesta en escena”. No tiene otro objetivo que buscar el auxilio de una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. El acuerdo que las patronales desconocen -pretendiendo posponer toda negociación salarial hasta octubre- consistió en un 20 por ciento desde abril, 7 por ciento en julio y otro 6 por ciento en octubre. Es un porcentaje que –anualizado- apenas supera el 28 por ciento, contra una proyección inflacionaria que orilla el 45. El básico metalúrgico es uno de los más bajos de toda la industria: 10.363 pesos en julio, menos de la mitad de la canasta familiar. Las razones invocadas por las empresas (hablamos de poderosas multinacionales como Techint-Ternium, acero plano, Techint-Tenaris, caños sin costura, y Arcelor Mittal-Acindar) son la caída general de la demanda, por efecto de la recesión, y la entrada de acero chino a precios de dumping. Además de negarse a recomponer el salario, con este mismo argumento, las patronales están reduciendo drásticamente los planteles y aplicando una mayor flexibilización. Un plan de lucha que nadie votó Las acciones resueltas por la directiva no fueron consultadas con nadie; no pasaron siquiera por la formalidad de un congreso de delegados. Es evidente que el clima de bronca que se respira en la base -por las suspensiones generalizadas, despidos y retiros voluntarios- no es para la cúpula de la UOM un factor de impulso a la lucha sino una amenaza. Las pegatinas, bloqueo de portones, instalación de carpas en las puertas de las fábricas y frente al edificio de Techint en Catalinas (Retiro), fueron concebidas para la participación exclusiva del aparato y los delegados. El acampe en Catalinas no superó las 150 personas, en un gremio de 200 mil afiliados. Las medidas anunciadas incluyen un paro nacional de 24 horas, pero recién para el 28 de junio. Aluar-Madryn muestra el camino La patronal de Aluar hizo una oferta que, en el valor de la hora, equivale al acuerdo firmado por las otras cámaras (más el aumento de adicionales y montos fijos). Sin embargo, la asamblea general de la planta la rechazó por unanimidad por considerarla insuficiente, y votó un plan de paros de 4 horas por turno durante dos días; el reclamo es de un 40 por ciento de aumento en una cuota. La medida continuará, luego de una tregua de 24 horas, de no mediar una alternativa superadora. La decisión de los trabajadores de Aluar es muy firme. La voluntad de defender el salario -cada vez más afectado por el impuesto a las Ganancias, los tarifazos y la inflación– contrasta con la adaptación de los Caló y compañía a los empresarios y el gobierno. Aluar muestra un camino a todos los metalúrgicos. Es necesario impulsar asambleas por establecimiento y un congreso de delegados, para unificar a todo el gremio en torno a un verdadero plan de lucha, en defensa del salario y de los puestos de trabajo.

El presidente Macri estuvo a cargo del cierre del Congreso Eucarístico Nacional, con la presencia de enviados del Vaticano. El evento fue el marco que cobijó a todas las expresiones políticas existentes, a excepción del PO y del FIT. La Iglesia se erigió como garante de la coalición de ajustadores, desde Libres del Sur, que gobierna junto al PRO en Mendoza y junto a Urtubey en Salta, pasando por el PRO, la UCR y todas las fracciones del PJ. A esta garantía clerical para seguir ajustando al pueblo, el presidente le ofrendó más aborto clandestino: “Jesucristo, señor de la historia, te necesitamos: para incluir a todos y vencer todas las formas de pobreza, para erradicar la corrupción en todas sus manifestaciones, para proteger la vida desde su concepción hasta la muerte, para cuidar la naturaleza de nuestra causa común, para convivir en paz con todos los pueblos de la tierra”, dijo Macri. La cuestión del aborto es el caballito de batalla del predominio ideológico del clero en América Latina. Sin embargo, en pocos países éste ha logrado tal nivel de penetración en el Estado: el status constitucional que tiene el credo católico en Argentina; su sostenimiento económico, desde el pago de jubilaciones, sueldos y el otorgamiento de tierras públicas hasta la redacción del artículo 19 sobre el comienzo de la vida de la “persona humana” en el Código Civil, cuya propuesta original del kirchnerismo era aún más retrógrada que la actual, colocan al Vaticano como un Estado dentro del Estado. Desde la reforma constitucional del ‘94 bajo el menemismo, a la reforma del Código Civil y Comercial del kirchnerismo, todos los gobiernos no hicieron más que reforzar a la secta vaticana. A la Iglesia le caben las leyes de autoamnistía de todos aquellos que dominan este régimen social, y que estaban presentes. El Congreso Eucarístico evitó tratar temas tales como la pedofilia, aunque casos escandalosos como el de Illarraz tocan a la propia provincia de Tucumán que ejecutó su encubrimiento. Ni qué decir de la complicidad de la diócesis de Luján–Mercedes para con el reo López y socios en la obra pública como Calcaterra, que terminó facturando la reconstrucción de la basílica de Luján tres veces más de lo que indicaba el pliego original. El pacto entre los partidos del ajuste y el clero resuena sobre el cuerpo de niñas como la wichí en Salta, a la que el desprecio total por parte del Estado hizo llevar casi a término una gestación que la ponía en riesgo y sin posibilidades de sobrevida del feto. O de la niña correntina de 12 años obligada a parir, y que se encuentra hoy en riesgo de vida. Manzur, su poder judicial y su Iglesia ofrecieron al enviado del Papa un marco por demás gratificante para la realización del Congreso: una provincia que mantiene detenida a Belén, acusada de abortar, en uno de los episodios más bochornosos del oscurantismo estatal y judicial. La pelea por poner en pie un movimiento independiente por el aborto legal sigue en pie, luego de 12 años de falsas expectativas. Primero, desviaron el objetivo de la lucha por el aborto legal, reduciéndolo a un cambio de formulación del artículo 86 del código penal. Luego, supeditaron esta lucha a los intereses de camarilla de un kirchnerismo que jugó exclusivamente para frenar avances. “Cuiden a Cristina”, fue la consigna con la cual Francisco transó su apoyo al kirchnerismo en crisis, a cambio de la defensa de las prerrogativas clericales por parte de los K. Las palabras de Macri demuestran que existe una prolongación de esta estrategia en el actual gobierno. La defensa del aborto clandestino, el negociado que implica tanto para los que practican abortos quirúrgicos, como para el negocio farmacéutico y para el del tráfico de niños, fue y es la música que los gobernantes argentinos tocan en los oídos del Vaticano, a cambio de un blindaje confesional para ejecutar el ajuste. Para quienes creyeron escuchar que Vidal flexibilizaba su postura y la del gobierno hacia la despenalización, hace un mes atrás y frente a la primer gran crisis con el Vaticano, pueden hoy saber que sólo estaba jugando el juego ya practicado por el kirchnerismo: la delicada temática del aborto clandestino, con sus secuelas de muertes, detenciones y vejaciones para las mujeres más pobres, es sólo usada como prenda de extorsión hacia la Iglesia. La clave es la puesta en pie de un movimiento independiente de mujeres que no transe sus reivindicaciones y desarrolle a fondo la lucha por el aborto legal y contra el poder de una institución tan descompuesta como el propio Estado que la cobija.

Foto: Camila Almada Meneses En sólo cinco meses se ha cumplido la pauta inflacionaria de todo el año que anunció el gobierno, un 25%. Si la inflación de junio fuera del 2,5% tendremos un 28% en el semestre. La proyección anual oscila en el 45%, en el supuesto de un descenso de los índices por efecto de la recesión económica. Es claro que el movimiento obrero debe discutir la reapertura de paritarias. El problema es aún mayor. En mayo, después del abril del tarifazo con un 7%, la inflación ha sido de un 5% (CABA). La estimación es que la inflación “núcleo”, que no corresponde a los aumentos excepcionales de tarifas, es de entre un 2,7% (Indec) a un 3,8% (Córdoba), lo que haría trepar el 2016 al 50%. La inflación es la expresión combinada de todos los desequilibrios económicos. El déficit fiscal no cede a pesar del brutal ajuste contra los trabajadores. Ello, porque el gobierno ha reducido los impuestos al capital sojero y subsidia a varios otros grupos capitalistas. El ingreso de divisas –que lucra con la bicicleta financiera armada en torno de la quiebra del Banco Central- alimenta otras contradicciones. Por caso, ha planchado al dólar, reforzando nuevas presiones devaluatorias. Mientras tanto, la reducción del tarifazo a “sólo” el 400% para domicilios y 500% para empresas no ha hecho más que correr para adelante los nuevos aumentos, que podrían desatarse a partir de enero de 2017. En resumen, tenemos a las puertas nuevas devaluaciones y tarifazos, que se suman a una inflación que ha superado holgadamente las paritarias. El movimiento obrero, contenido por las centrales que archivaron toda lucha contra el ajuste, sin embargo libró batallas parciales y rompió en parte los techos paritarios. Pero quedó muy lejos de la inflación. Por eso, el consumo ha tenido descensos estrepitosos. El extremo superior lo consiguieron los aceiteros con un 36,5% y los bancarios con un 33%, ambos en una cuota. Pero ambos pierden frente a la inflación 2016, sin considerar pérdidas pasadas. Los docentes universitarios, como consecuencia de la gran huelga, arañaron el 35% para diez meses. Es una conquista importante porque, además, adelantaron la primera cuota del 18% a mayo, cuando la paritaria anterior vencía en junio. Pero son excepciones en el conjunto del movimiento obrero. La cuestión de las cuotas es clave, porque el primer semestre implica una pérdida neta para los que firmaron por un año. Pero grandes gremios como Comercio (20%), Construcción (22%), Smata (19%) o Gráficos (25%, aumento preelectoral del ongarismo), cerraron por seis meses, lo que vendieron como bueno por partir el año en dos. Pero perdieron en el primer semestre y ahora se enfrentan a una nueva discusión, en condiciones de un agravamiento de la recesión y de una mayor atomización del reclamo salarial, por la cantidad de gremios que firmaron paritarias anuales. La burocracia sindical maniobró para no ir al paro nacional por la ola de despidos, parlamentarizando el reclamo que terminó en el bochornoso acuerdo macrikirchnerista del “voto y el veto” a la ley antidespidos. El Congreso la archivó sin insistir, a pesar de que el kirchnerismo y la oposición tienen dos tercios en el Senado. Pero ésta ha sido apenas una de las manifestaciones del acompañamiento del ajuste. La otra son las paritarias. Han entregado el salario y con él, desde luego, las jubilaciones. Tampoco hubo aumento de emergencia para la jubilación mínima, arrasada por la inflación. Moyano ha ido a paros parciales en su gremio, pero no está dispuesto a ir a la huelga y por lo tanto su “poder de fuego” será usado para negociar prebendas a cambio de la tregua, no para romper techos y mucho menos reabrir las paritarias del conjunto de los sindicatos. Para el conjunto del movimiento obrero industrial, se plantea el gran tema de enfrentar despidos y caída salarial al mismo tiempo. Esto vale incluso para los sindicatos que han logrado aumentos aceptables: el gremio aceitero ha tenido más de 200 despidos en distintas empresas y algunas como Germaíz en Baradero han incumplido salarios. La ofensiva de conjunto hace más necesaria que nunca una respuesta de conjunto. La reapertura de paritarias de los gremios que firmaron anual y de los que firmaron semestral debería confluir en un planteamiento común del conjunto del movimiento obrero. Para ello, vayamos por asambleas por gremios para mandatar paritarios, asambleas fabriles y plenarios de delegados con mandato de los lugares de trabajo, paro nacional y plan de lucha contra los despidos, por un salario equivalente a la canasta familiar hoy de $22000 y $6000 de emergencia para los jubilados. Todo el sindicalismo combativo tiene la oportunidad de una campaña común por estos objetivos, para luchar contra el ajuste y reforzar todas las luchas de la etapa, como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Ecotrans, el reanimamiento de Cresta Roja y tantas otras. La Conferencia de la Coordinadora Sindical Clasista del 2 de julio en Racing abordará estos objetivos.

Las paritarias de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) cerraron en un 30% en cuotas junto a un pago no remunerativo de los retroactivos de abril y mayo. Así lo confirmaba el 16 de junio el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo cual implica un resultado por debajo de lo que la propia asociación pretendía. El número preocupa a los trabajadores cordobeses porque quedó un 10% debajo del reclamo establecido por la Aoita y se encuentra lejos del 50% de inflación que se proyecta para el año. El arbitraje fue solicitado por la propia conducción de la asociación de los trabajadores del transporte, la cual se desdijo de su postura anterior y desconoció la enorme disposición a la lucha que habían concretado las bases, que protagonizaron una huelga general de tres días y una concentración en la terminal de Córdoba con más de 2.500 compañeros -antes, la conducción había aceptado la conciliación obligatoria y su prórroga. El delegado de la empresa Intercórdoba SA, Pablo Heredia, fue notificado ese mismo día por el juicio de desafuero que se le inició para despedirlo con causa. La empresa le adjudica a Heredia haber “bloqueado” la salida de colectivos el pasado 5 de mayo, cuando una asamblea de trabajadores dispuso la retención de servicios ante el no pago del salario en tiempo correspondiente a abril. La principal prueba que aporta la patronal es una nota suscripta por el secretario general de Aoita, Miguel Herrera, dirigida a la propia empresa, donde se menciona que la “Aoita no dispuso, no apoyó, no convalidó, ni patrocinó de manera alguna una medida de fuerza adoptada por trabajadores de Intercórdoba”. La empresa fundamenta el pedido de desafuero en el reciente fallo “Orellano” de la Corte Suprema, donde se resuelve que sólo las cúpulas de los sindicatos pueden decretar la huelga. El ataque está íntimamente ligado al cierre de la paritaria a la baja. Heredia y su agrupación fueron los principales impulsores de la lucha por el salario que protagonizó la asociación. Desde un primer momento presentaron un petitorio que junto más de 700 firmas de trabajadores, donde se reclamaba el 40% y la convocatoria a una asamblea general para discutir el plan de lucha para lograrlo. Posteriormente, el cuerpo de delegados resolvió reclamar el 40%. Siempre Heredia estuvo en la primera línea de lucha, enfrentando todas las maniobras de la burocracia para desmovilizar. El acuerdo salarial para la Aiota debía cerrarse en abril, pero fue extendiéndose por la presión que establecieron los choferes. Esa fuerza ha sido traicionada por la propia burocracia sindical que solicitó la intervención del gobierno ajustador del presidente Mauricio Macri, para que éste cerrara un aumento miserable. La misma línea deslizó el gobierno provincial de Juan Schiaretti; que en un momento del conflicto amenazó con arbitrar el porcentaje de aumento, sin tener siquiera participación en el conflicto, planteando que la ley provincial lo habilitaba por tratarse del servicio público de transporte. Se ha profundizado la intervención estatal en los conflictos sindicales, que tiene varios costados. Conciliación obligatoria y arbitraje, protocolo antipiquetes, leyes de servicios públicos antihuelgas, fallo Orellano de la Corte Suprema y persecución judicial del activismo. En lo que va del año, Schiaretti ha militarizado en varias oportunidades fábricas de la UOM y punta de líneas de la UTA, para repeler huelgas y hacer pasar el ajuste y los despidos. Esa intervención estatal tiene como función central garantizar las millonarias ganancias capitalistas, mientras crece el ajuste para los trabajadores y la inflación carcome los salarios. En el caso de las empresas del transporte interurbano han obtenido el 86% de aumento de las tarifas en los últimos dos años y un porcentaje similar de los subsidios. Están defendiendo los enormes negociados que realizan con los subsidios cobrados por servicios no prestados, en los cuales se encuentran involucrados los propios funcionarios. Con el desafuero y despido de Pablo Heredia se pretende desconocer los derechos laborales y regimentar al conjunto de los trabajadores del transporte interurbano. En Aoita y todo el movimiento obrero de Córdoba, organicemos la lucha contra el desafuero de Heredia, por la reapertura de las paritarias y contra los despidos.

Los dichos del concejal, Justo Estoup (FpV) en su visita a Radio Sudamericana (13/6), dando una "finalización" a la discusión por el tema del aumento de la tarifa del transporte público, clarificó lo que veníamos denunciando hace rato, el bloque de la oposición es cómplice del ajuste del gobierno nacional y es garante del tarifazo en la capital correntina. ECO (UCR), lejos de ser una voz contraria, ya que es oposición en el Concejo, está negociando y han llegado a un acuerdo para legitimar este ajuste brutal hacia trabajadores y estudiantes. Los estudiantes que conformamos la Multisectorial por el boleto educativo fuimos a dar nuestra posición en dicha audiencia, respecto al tarifazo, pero también para defender el acceso a la "yo voy", convocada el 1° de junio. Audiencia pública La jornada empezó con amenazas por parte de una patota de la UTA, que representa los intereses de las empresas de transporte (Ersa y Miramar) antes que a los de los trabajadores, que a gritos de: "acá no entra nadie", intentaron mantener las puertas del recinto cerradas para que no entraran las voces de los sectores indignados. Luego de que se reabrieron las puertas y los inscriptos a la audiencia lograron entrar, se quedaron en el borde del recinto de manera intimidatoria. Lo que puso de manifiesto la audiencia es el grado de componenda de la jornada, ya que se desconocieron todos los argumentos y las denuncias que se expusieron. Denuncias, negociados y lucha Desde hace dos meses, que la Multisectorial viene denunciando junto a otros sectores, los grandes intereses que se defienden al legitimar estas medidas. Sabemos que Ersa, gano más de 400 millones en el período 2012-2015 y que significó una ampliación de empresa sustancial, y que espera ganar con estos aumentos de subsidios más de 150 millones al año; aparte de mantener la precarización de los trabajadores al extremo. También veníamos denunciando que los requisitos nuevos de la "yo voy" iban a restringir a varios sectores estudiantiles del beneficio antes de garantizarlo. Un aumento encubierto. En lo que va del año, según fuentes oficiales de la Municipalidad, sólo el 55% de los usuarios del beneficio renovó la tarjeta del boleto estudiantil. Según el subsecretario de Transporte, Marcelo López Lecube, en su nota para el diario El Litoral (12/6), luego de los inconvenientes que presentó este año, "los usuarios dejaron de concurrir y solicitar turno para la correspondiente renovación". Lo que no ve este funcionario es que los turnos que se piden online daban fechas de hasta casi dos meses después de la fecha donde se pidió y recarga la responsabilidad a los usuarios cuando más 30 mil personas quedaron desafectadas del beneficio por sus requisitos y burocratización. Convocamos a toda la población, agrupaciones estudiantiles, estudiantes independientes y organizaciones sociales a hacer público su rechazo al nuevo tarifazo que quieren implementar en la ciudad capital de Corrientes, para enfrentar el ajuste que viene golpeando duro a los sectores populares y a los trabajadores en su conjunto, ya que es una lucha para defender el salario y las condiciones de vida de todos los correntinos.

Para el Jefe de Gabinete del gobierno de Tierra del Fuego, Leonardo Gorbacz, el ajuste “no existe”. “La gestión de Bertone lleva a cabo, por el contrario, una política de restitución de derechos, reorganización del Estado y distribución de ingresos con inclusión social”, afirmó a un medio provincial. Apenas asumió el gobierno provincial, Rosana Bertone (FpV) debutó despidiendo a más de 400 compañeros -entre ellos, 250 docentes precarizados- y dio de baja todos los contratos de trabajadores con menos de un año de antigüedad, bajo la excusa de que eran “un resabio del gobierno anterior”. Un calco de los despidos macristas. El paquete de leyes aprobado en el mes de enero por la Legislatura, entre gallos y medianoche, desató la rebelión popular que ya lleva más de 100 días. El paquetazo establece un aumento de la edad jubilatoria, la pérdida del 82% móvil, la licuación de las deudas del Estado con el sistema previsional y la obra social provinciales. Bertone congeló el salario de los empleados estatales y dispuso unilateralmente un bono de sólo $2500, en una provincia donde el costo de vida duplica la media nacional. Estamos en presencia de un ajuste imposible de ocultar.

Un grupo de 50 vecinos del barrio Villa Nueva, de la localidad de Berisso, cortó la avenida del Petróleo el pasado 16/6 a la altura de 143. Se trata del segundo corte en un mes con el reclamo de urbanización que el Estado no realiza. El problema que destapó la olla fue el pésimo estado de todas las calles, sobre todo la 8, en todo el tramo que atraviesa el barrio; a eso se le suma la falta de obras hídricas, causa de las inundaciones que llegan después de cada lluvia. También son evidentes la falta de iluminación y la precariedad del tendido eléctrico, que deja sin luz al barrio con frecuencia, además de la acumulación de residuos, porque es imposible que pase el camión recolector. Durante el corte, la presidenta del Concejo Deliberante maniobró para intentar levantarlo con complicidad de gente que en el pasado respondía al referente del Frente Vecinalista Vamos, Pablo Swar. Antes de que se cumpliera la primera hora de reclamo, el intendente macrista Jorge Nedela se hizo presente en el lugar, después de haber prometido en distintas ocasiones atender los reclamos de los vecinos, en especial después de la virtual toma del municipio que lo obligó a bajar a recorrer el barrio. En esta ocasión, el intendente tuvo que recorrer las calles del barrio y volvió a repetir promesas, aunque se negó a firmar un acta de compromiso. El conjunto de los vecinos le exigió que se realicen inmediatamente las obras, y expresaron que estarán atentos para fiscalizar su comienzo y continuidad. Ante esta situación, está planteado reforzar la organización de los vecinos de Villa Nueva para conquistar un plan de obras de urbanización bajo el control de los trabajadores del barrio, quebrando la política de ajuste y abandono de las barriadas que dominó la década kirchnerista y que se profundiza con Cambiemos. El Polo Obrero de Berisso recoge el guante y se lanza a una campaña de organización en los barrios obreros de Berisso para realizar una movilización al Concejo Deliberante, que imponga a todos los bloques políticos del ajuste un compromiso para atender todos los reclamos.

Los trabajadores públicos de La Plata están en alerta tras el intento de cierre de un programa y de traslados de trabajadores en la Dirección General de Escuelas, una nueva etapa del ajuste que implementa Cambiemos. Junto a la combativa Junta Interna de Educación, los trabajadores vienen resistiendo el cierre del Programa de Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas y los traslados de la Dirección de Contenidos y de Mantenimiento Preventivo. La respuesta de los trabajadores se profundiza con asambleas, petitorios y diferentes acciones hasta hacer recular a las autoridades provinciales. Y es importante destacar que estos conflictos se desarrollan en un cuadro de discusión de la necesidad de la reapertura de paritarias en estatales y docentes; y refuerzan la tendencia a la lucha contra el ajuste y a la independencia política, contra la inacción y el entreguismo de UPCN y Soeme, aparatos sindicales integrados al gobierno. La pelea contra el cierre del programa y los traslados está indisolublemente unido a la reapertura de paritarias, para lo cual es necesario organizar iniciativas de movilización al poder político junto a un paro provincial como parte de un plan de lucha real, por la defensa del salario.

El tiempo me enseñó que los valientes, escribirán la historia con su sangre pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. Jaime Roos Resulta difícil abstraerse de caer en un lugar común y decir que este es un libro distinto. Pero efectivamente lo es. ¿Qué hace distinta a esta obra del resto de aquellas que abordan al mismo personaje? Muy simple: el método de análisis. Dice el axioma que la ideología es todo, de ella derivan los principios, el método, la acción y el concepto del bien y del mal; y aquí se evidencia en el hecho de que otros autores, desde Mitre hasta el Billiken, disponiendo de la misma documentación, llegaran a conclusiones distintas y contradictorias entre sí. El análisis histórico es ante todo, un análisis político. Mauricio Fau se mete con un intocable aureolado por el mito mitriano. Y no es caprichosa la elección del sujeto; en su tragedia personal se sintetiza el desarrollo de una clase social que desde el génesis, evidenció sus contradicciones y su impotencia para llevar hasta el fin la resolución de las tareas democráticas; porque un implacable hilo conductor vincula la entrega de la Banda Oriental a los portugueses, la lucha contra Artigas y los caudillos del primer federalismo, la búsqueda de un príncipe (europeo o incaico) que garantizara el control administrativo del Estado y que permitiera el libre comercio internacional, imprescindible para su desarrollo como clase, y la capitulación en nuestros días, ante el imperialismo y sus organismos financieros. Una clase social que solo muestra valentía y determinación en el momento de reprimir, maniatar, desviar o cooptar el desarrollo de la conciencia independiente de los oprimidos. Belgrano, el contrarrevolucionario, es un libro con pocos adjetivos, cuyas conclusiones están documentalmente respaldadas, trazando el cuadro de situación de una época que, tal lo dicho, excede al personaje en cuestión y forma parte de una nueva visión de la historia.

El domingo falleció, a la edad de 99 años, Ricardo Obregón Cano, quien fuera gobernador de Córdoba entre el 25 de mayo de 1973 y el 28 de febrero de 1974, cuando fue depuesto por el golpe de Estado policial conocido como el “Navarrazo”, por el nombre del jefe de la Policía de Córdoba, el teniente coronel Antonio Domingo Navarro. Los golpes de Estado provinciales propiciados por Perón A partir de la renuncia de Cámpora, el 13 de julio de 1973, los sectores de la derecha peronista consolidaron sus posiciones y desplazaron a los funcionarios relacionados con el peronismo de izquierda, entre ellos a los gobernadores provinciales que habían recibido su apoyo. El primer desplazado fue Antenor Gauna, de la provincia de Formosa, en noviembre de 1973; le siguió el gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, en enero de 1974, reemplazado por su vice Victorio Calabró luego del ataque del ERP a la guarnición de Azul, y el proceso continuó en Córdoba con la destitución del gobernador Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López en marzo de 1974. Las ilusiones de Tosco en el “peronismo de izquierda” Rucci y Miguel, los máximos dirigentes de la burocracia sindical peronista a nivel nacional, habían propugnado que se colocara a Alejo Simó, el dirigente local de la UOM y referente de los “ortodoxos”, en la fórmula del Frejuli o como candidato a vicegobernador, como había sucedido en muchas otras provincias, junto con el candidato a gobernador apoyado por la JP y Montoneros, Ricardo Obregón Cano. Sin embargo, lo pactado en el resto del país no pudo negociarse en Córdoba. Obregón Cano y sus partidarios de la rama juvenil del peronismo insistieron en que el representante de la rama gremial del peronismo en la boleta fuera Atilio López, dirigente de la UTA y cabeza de los “legalistas”. La fórmula Obregón Cano-López por el Frejuli, designada el 19 de diciembre 1972, fue apoyada por Tosco, en el marco de su acercamiento al peronismo y de su distanciamiento del clasismo representado en aquel entonces por el Smata conducido por René Salamanca. Todo este coqueteo resultó en vano: en la convención nacional de las 62 Organizaciones realizada en julio de 1973 en la colonia de vacaciones “Augusto Timoteo Vandor” de la UOM, presidida por Lorenzo Miguel, en Valle Hermoso, en las sierras cordobesas, Atilio López se alineó con las 62 Organizaciones en el marco de la “campaña verticalista” de Perón para alinear al movimiento obrero detrás de la burocracia sindical y del acatamiento al “Pacto Social”. En enero de 1974, López firmó con los burócratas “ortodoxos” el acuerdo de unificación de las 62 Organizaciones que formalizaba la ruptura entre los “legalistas” y la izquierda de Tosco (ligado al PC) y Salamanca (ligado al PCR), a la que buscaban desplazar de la CGT cordobesa. Un gobierno patronal Una vez en el gobierno, las nuevas autoridades definieron una política de que se plasmó, entre otras acciones, en la composición del gabinete con figuras provenientes de partidos moderados, en la elección de uno de los máximos dirigentes de la Democracia Cristiana como senador nacional del Frejuli y en la suscripción con los legisladores radicales de una “acta de compromiso” en el que dejaron sentada una política de colaboración. Una nota de Política Obrera publicada inmediatamente después del “Navarrazo” se titula “Obregón Cano: Balance de un gobierno patronal” y hace un balance de “la conducta del gobierno cordobés ante el movimiento obrero y sus luchas” (los conflictos en Fiat, IME, los empleados públicos, UTA, los docentes privados, los choques con los ganaderos en torno al precio de la carne, etc.) para llegar a la siguiente conclusión: “Obregón Cano reflejaba la fase camporista-democrática, superada por la burguesía con el viraje introducido con el golpe del 13 de julio (renuncia de Cámpora). A partir de aquí, el gobierno provincial se adaptó a la ofensiva derechista, para no sucumbir. En realidad, creó las condiciones para una caída más estrepitosa y sin gloria. (…) Las direcciones mayoritarias del movimiento obrero cordobés apoyaron al gobierno provincial. (…) Apoyando a Obregón no afirmaron al movimiento obrero, cedieron posiciones a la derecha y condujeron a una brutal desmoralización y derrota. El resultado está a la vista y se llama: Anticordobazo” (Política Obrera N° 187, 6 de marzo de 1974). El conflicto policial y el Navarrazo La misma nota de Política Obrera recordaba que el teniente coronel Antonio Domingo Navarro revistó como oficial de inteligencia en el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, que el interventor federal Helvio Guozden lo designó jefe de policía, y que cuando Obregón Cano asumió como gobernador dejó a Navarro en su puesto. La nota concluía: “Tenemos aquí esbozada una verdadera radiografía del gobierno de Obregón Cano. En ocho meses, y contando con una movilización importante de los trabajadores más aguerridos del país, fue incapaz de depurar los brazos represivos. La adaptación a la derecha terminó por hundirlo”. El conflicto policial comenzó con la aprobación de la ley que suspendía el decreto-ley N° 5302 por el que se ponía en comisión al personal de la policía, anunciando la reorganización de sus cuadros y la reincorporación de los cesanteados en 1955. En octubre de 1973, la Legislatura provincial aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que modificaba la Ley Orgánica de la Policía. La nueva ley suspendía hasta el 31 de marzo de 1974 la estabilidad asegurada por la Ley Orgánica y dejaba en manos del Ejecutivo el nombramiento de personal policial “en el grado y con el destino que juzgue oportuno”. El rechazo a la medida provino tanto del cuerpo policial (a través de amenazas a diputados, atentados domiciliarios, y la toma de la Legislatura y el Banco Social) como de la bancada radical. El 3 de enero comenzó a aplicar la legislación de octubre, en virtud de la cual quedaron cesantes 25 jefes y oficiales, y pasaron a retiro decenas de comisarios, oficiales y suboficiales. El descontento policial se agudizó cuando, en enero de 1974, 19 agentes y oficiales fueron procesados judicialmente por la muerte de cinco cooperativistas, miembros de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (Faca). El anti-Cordobazo (27 de febrero de 1974) En febrero de 1974, el presidente Perón, frente a los integrantes de la Mesa Directiva de las 62 Organizaciones nacionales y del Secretariado General de la CGT, calificó a Córdoba como un “foco de infección”: “El problema reside en que dicen que hay infiltrados dentro del gobierno (de Obregón Cano), pero no es necesario pelear para sacar a los infiltrados”. Acusar a los infiltrados de “brotes enfermos” que venían a perturbar el cuerpo sano del verdadero justicialismo fue una luz verde para que los sectores de la derecha peronista y sindical iniciaran el ataque al gobierno provincial. El estado de inquietud se agravó con la publicación, en el diario La Voz del Interior, de una carta del ex subjefe de policía de la provincia, teniente coronel Julián Andrés Chiappe, en la que acusaba a Antonio Navarro de mantener reuniones clandestinas para conspirar contra el gobierno provincial y de una serie de escándalos de corrupción. De hecho, las reuniones de Navarro con dirigentes peronistas opositores al gobierno provincial -entre ellos, los miembros de la agrupación interna liderada por Julio Antún y algunos dirigentes de las 62 Organizaciones “ortodoxas”- eran conocidas desde hacía tiempo. El 27 de febrero de 1974, Obregón Cano ordenó el relevo del jefe de policía, a lo que éste respondió con el acuartelamiento. Los jefes del Cuerpo de Bomberos, el Comando Radioeléctrico y la Guardia de Infantería lo apoyaron. La policía copó las tres radios cordobesas y comenzó a difundir comunicados en apoyo al golpe de Estado policial. Grupos armados identificados con brazaletes celestes y blancos, y comandados por la Juventud Sindical Peronista comenzaban a patrullar las calles céntricas de la ciudad. Esa misma tarde, empezaron a llegar adhesiones a Navarro. El vespertino "Córdoba" publicó una solicitada firmada por los gremios integrantes de las 62 Organizaciones “ortodoxas” y las agrupaciones del “Comando 26 de Septiembre José Ignacio Rucci”, en la que se calificaba a Obregón Cano, Atilio López y su “camarilla de bolches y traidores” como “enemigos del pueblo” y “cipayos enquistados en la provincia”, y se llamaba a defender a la policía de Córdoba del “zarpazo antinacional”: “No permitiremos que la benemérita institución policial sea manoseada por elementos infiltrados al servicio del marxismo internacional, que lo único que pretenden es crear caos y discordia entre los argentinos”. Navarro ocupó la sede oficial del gobierno provincial y detuvo al gobernador, al vicegobernador, al ministro de gobierno Erio Bonetto, al ministro de Bienestar Social Antonio Loinbardich y más de un centenar de funcionarios y dirigentes gremiales. Fueron allanados domicilios particulares y estallaron artefactos explosivos en las casas de algunos detenidos, entre ellas la del ministro de Gobierno, y en el local sindical del Smata. Ante la ausencia del presidente de la Cámara de Senadores, le correspondió a Mario Dante Agodino, presidente de la Cámara de Diputados, asumir como gobernador de la provincia con el apoyo del bloque de legisladores del Frejuli y la UCR. El 1º de marzo de 1974, Agodino firmó un decreto convocando a elecciones para “completar el proceso tendiente a la normalización institucional” y dio por terminadas las funciones de los ministros de Gobierno, Economía y Hacienda y Bienestar Social, quienes fueron reemplazados por Alejandro Mosquera, Oscar Eduardo Valdez y Raúl Bercovich Rodríguez, todos ellos provenientes del espectro opositor a Obregón Cano. También el 1º de marzo de 1974, el juez federal Zamboni Ledesma decretó la libertad de los gobernantes detenidos. Una vez liberados, dieron a conocer un comunicado en el que procedían a reasumir el Poder Ejecutivo, pero sus posibilidades concretas dependían de la actitud que asumiera el gobierno nacional, que le dio la espalda. La primera respuesta formal fue el proyecto de intervención al Poder Ejecutivo provincial enviado por Perón al Congreso de la Nación el 1º de marzo de 1974. Los objetivos eran claros: no restituir a las autoridades electas. Perón convalidó así el golpe de Navarro, y el 8 de marzo de 1974 Obregón Cano y Atilio López presentaron su renuncia. Balbín y Perón llegaron a un acuerdo durante una entrevista que mantuvieron el 2 de marzo de 1974. En esa ocasión, el máximo dirigente radical declaró que la situación política provincial se había modificado y que, en su opinión, Obregón Cano no reasumiría sus funciones. Tiempo después, Navarro fue “premiado” con un cargo en el consulado argentino en Barcelona a través de un decreto reservado. El rol contrarrevolucionario del retorno de Perón El movimiento obrero cordobés era por aquellos años la vanguardia de la clase obrera argentina, y sus luchas ya habían derrocado a dos dictaduras a nivel nacional: el Cordobazo del 29 de mayo de 1969 puso fin al gobierno de Onganía, de la misma manera que el “Viborazo” del 16 de marzo de 1971 lo hizo con el gobierno de Levingston. ¿Por qué no pudo entonces parar en febrero de 1974 un golpe de Estado policial a nivel provincial? La respuesta está en el rol contrarrevolucionario del retorno de Perón, y en el papel que éste jugó para paralizar al movimiento obrero y a la izquierda que albergaba ilusiones en su gobierno. Derrotar la asonada policial con una huelga general hubiera significado para la JP y para los sindicatos combativos llevar adelante una huelga contra Perón. Política Obrera caracterizó al “Navarrazo” como el “anti-Cordobazo” porque la clase obrera cordobesa, y por extensión la de todo el país, sufrió una derrota mayúscula ante la pasividad y la entrega de quienes participaron del Cordobazo, los cuales confiaban en el rol de mediador de Perón y su gobierno. La JP no resistió por obediencia a Perón (como ya había ocurrido antes) y no lo caracterizó como un golpe de Estado, de la misma manera que muchas corrientes políticas hoy en día se niegan a caracterizar lo sucedido en Brasil como un golpe, debido a la preservación de la “continuidad institucional”. El aval de la Rosada al asalto policial no fue abierto, pero consolidó un régimen de golpes de Estado; lo avalaron las Fuerzas Armadas y lo reforzó a la Triple A -un escuadrón de la muerte con base en el Ministerio de Bienestar Social de López Rega, otro producto directo del regreso de Perón. Perón también convalidó el golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973. Tres meses después del “Navarrazo”, el 16 de mayo de 1974, Perón dio personalmente la bienvenida, en la base aérea de Morón, al dictador chileno Pinochet y declaró que “nuestras relaciones con Chile son excelentes”. Luego de la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, su esposa y sucesora como presidente María Estela Martínez de Perón condecoró a Pinochet con la Gran Cruz de la Orden de Mayo al Mérito Militar, y el 5 de febrero de 1975 aprobó por decreto el gobierno militar en Tucumán conocido como el “Operativo Independencia”. En otras palabras, fue la falta de delimitación política del movimiento obrero del nacionalismo burgués la que lo llevó a una impasse y a una eventual derrota de envergadura histórica -la misma falta de delimitación política que gran parte de la izquierda argentina hoy se empeña en revivir en la forma de un “frente anti-Macri” con los restos descompuestos del peronismo.

En el marco de un profundo ajuste y tarifazos que licúan los salarios, en Bahía Blanca colapsan calles de tierra, napas, pozos ciegos y cloacas, dejando a la vista la falta de obras sanitarias y de infraestructura, y la responsabilidad del municipio que no controla a las empresas de servicios. Las causas son numerosas: especulación inmobiliaria, falta de inversión, aumento demográfico que se traduce en la instalación de nuevas barriadas sin un plan de urbanización adecuado o el privilegio para algunas empresas por sobre las necesidades en los barrios. Las condiciones de vida de miles de vecinos son cada vez más precarias. Villa Delfina es una de las barriadas más afectadas. Su caso reviste un agravante: a sólo a 500 metros, cruzando la ruta 3, se encuentra el mayor polo petroquímico del sur del país -PPBB. La contaminación lumínica, sonora, de vapores y de efluentes que emanan sus empresas son caldo de cultivo de enfermedades en la piel, gastroenteritis, alergias y problemas pulmonares, que afectan a hombres, mujeres y niños de la zona. Los terrenos que se encuentran entre el barrio y la ruta son explotados por distintas empresas y a futuro por el consorcio del parque industrial, para llevar adelante más negociados. Para funcionar levantan el nivel de los terrenos más de un metro. A esto, sumamos que a unas seis cuadras pasa el tendido ferroviario. El barrio se convierte en un “pileton” de aguas servidas o pluviales que no encuentran desagote. Nada ha “cambiado” Todas las empresas multinacionales del polo son exceptuadas de la tasa municipal desde el gobierno del kirchnerista devenido a massita de Gustavo Bevilaqua. La misma estaba destinada a la financiación del hospital municipal y su derogación fue votada por unanimidad por el Concejo Deliberante. Hoy, con gobierno del PRO, no ha “cambiado” nada, y lo que sí se aplica a rajatabla es el tarifazo buitre en casi todos los servicios. En el caso de Absa (Aguas Bonaerenes SA), quedó demostrado su carácter de ente recaudatorio en la provincia aplicando grandes aumentos por un servicio que es insuficiente y que se provee en pésimas condiciones. En el verano anterior, por la rotura de un caño maestro, todo Bahía se quedó sin agua. Sin embargo, la Ocaba (organismo de control) hizo la vista gorda, al igual que el municipio que meses después autorizó el aumento en la boleta. Gay y Vidal son la continuidad de los gobiernos kirchneristas. Ambos se reunieron con el CEO de Dow-Chemical, la planta más grande del polo. Luego anunciaron con bombos y platillos la obra del acueducto Río Colorado-Bahía Blanca que, sin dudas, no tiene el fin solucionar los problemas de abastecimiento a la ciudad, sino el de garantizar la expansión del polo petroquímico, que hoy consume el 25% del agua potable que proviene del dique Paso de las Piedras. Anuncio que había hecho el año pasado Daniel Scioli, en campaña. Organicemos asambleas en todas las barriadas y discutamos un programa de salida independiente de los gobiernos que negocian con las diferentes empresas, golpeando nuestro bolsillo sin responder a las necesidades básicas de los trabajadores y vecinos. Exigimos: • Un informe público por parte del municipio y Absa sobre el estado del sistema hídrico, pluvial y cloacal en Villa Delfina y toda la ciudad. • Basta de tarifazos y ajustes al bolsillo de los trabajadores. ¡Que se retrotraigan los aumentos a las tarifas desde enero! Apertura de los libros de Absa y de todas las empresas del polo para determinar el consumo exacto de agua de cada una, al igual que el control de sus efluentes. • Designación de presupuesto para las obras públicas necesarias, financiado con tasas especiales a las empresas del PPBB, bajo control de una comisión de vecinos de Villa Delfina.

La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera – Fotia sigue sin arreglar la paritaria 2016 en Tucumán, esto a pesar de que la mayoría de los ingenios ya comenzaron sus respectivas zafras y en días más la industria estará moliendo a pleno. El pedido original del sindicato fue de un 39% en blanco a lo que las patronales respondieron con un 30% no remunerativo, es decir en negro. El ofrecimiento es ridículo hasta para Palina, secretario general del sindicato, que a la vez cumple funciones como ministro de trabajo de la provincia. Ni un viejo aliado de Alperovich y ahora aliado del actual gobernador Manzur puede tolerar un ofrecimiento que será repudiado por sus bases. Las organizaciones gremiales de Salta y Jujuy también rechazaron el acuerdo. A todo esto el ingenio San Isidro consiguió un básico cercano a los 16.000 pesos y El Tabacal se encuentra en estado de asamblea. Es en este marco que la Fotia se vio obligada a convocar un paro para el 15 de junio, lo convocó con más de 10 días de anticipación para “prepararlo” pero finalmente llego la bendita conciliación obligatoria de última hora y el paro fue levantado. Ninguna asamblea del gremio, ningún plan de lucha, ninguna convocatoria de ningún tipo, nada... sencillamente esperar la negociación de cúpulas en Buenos Aires. La industria se encuentra en una fuerte crisis que ha llevado a poner en duda la molienda del Ingenio San Juan y casi a la quiebra algunas otras fábricas. Las medidas del gobierno de Macri de elevar el corte del alcohol para las naftas aporta un respiro a la industria y si a esto le sumamos una tendencia alcista del precio del azúcar a nivel internacional las condiciones para exigir el 39% de aumento salarial se hacen más palpables. Para llevar adelante el reclamo salarial y reivindicaciones postergadas como el pase a planta permanente de todos los trabajadores, más el reclamo ineludible de que muela el Ingenio San Juan con todos los trabajadores adentro, necesitamos una deliberación en asambleas de base de cada uno de los ingenios. De las asambleas tiene que emerger el congreso de bases de la Fotia con la cabeza puesta en la conquista de los reclamos.

Tras seis días de detención, fue liberado Rafael Primero, detenido en su vivienda de San Ignacio, donde fueron rescatadas tres niñas que habrían sido sometidas a la prostitución. La decisión de dejar en libertad al sospechoso de 56 años y propietario del inmueble allanado el viernes 10 de junio, fue tomada por el juez de Instrucción 6, Ricardo Balor, quien no le requirió fianza alguna y solamente le prohibió acercarse a las tres menores de entre 12 y 14 años que fueron halladas en su domicilio. Balor descartó que se trate del delito de “trata de persona” por el que le correspondería a la órbita de la Justicia federal. El tratante, Rafael Primero, llevaba adelante una red de prostitución de menores vinculada al casino local. Según los vecinos se sabía que a este sujeto se lo podía encontrar en las salas de juego ofreciendo sus “servicios”. El turismo en la zona ha desarrollado en los últimos tiempos un crecimiento exponencial del negocio hotelero y gastronómico, que viene de la mano del negocio de la trata, particularmente de menores y del narcotráfico. Necesidades y negocios La situación socioeconómica de la región representa un caldo de cultivo para esta actividad. La falta de empleo en la que estamos sumergidos trabajadores y jóvenes, sumado a la falta de educación y de salud plantean una difícil perspectiva de la que se sirven empresarios del juego, narcotraficantes y tratantes para llevar adelante un suculento negocio capitalista. La mamá de las tres niñas rescatadas es sorda, muda y vive en una situación de extrema vulnerabilidad, al igual que otras 49 familias según los propios registros oficiales del municipio. (El Territorio 19/6) Esta situación se repite en varios puntos de la provincia, no está de más recordar el reciente caso en Posadas, donde frente al comando radio eléctrico funcionaba un bar en donde a raíz de una denuncia por abuso se descubrió casi por casualidad la prostitución de menores y venta de drogas. Asimismo, el caso del hotel-casino de Oberá donde altos funcionarios de la policía organizaban orgías con menores para empresarios chinos. O el caso de turismo sexual exótico en la aldea guaraní Fortín Mbororé de Puerto Iguazú , donde se pudo comprobar el secuestro y la oferta de niñas originarias. El estado es responsable La policía, el juez Balor y el Intendente de San Ignacio, Juan Romero, del partido Renovador del ex gobernador Closs, partido provincial que adhirió al kirchnerismo durante todos estos años, son parte del armado estatal que garantiza el negocio de la trata y el narcotráfico. El intendente, lejos de pedir el traspaso al fuero federal, se puso a disposición del juez actual, quien liberó al tratante. La impunidad al servicio de los tratantes y el grado de complicidad que hay entre la policía y los proxenetas ya sea en la apertura y permanencia de los prostíbulos, como en el secuestro de chicas para las redes de trata dejan en claro que la solución no puede venir del Estado. Desmantelamiento de las redes de trata. Juicio y castigo al tratante, juicio político al juez Balor, elección por voto directo de jueces y fiscales, en todos los niveles y un adecuado tratamiento psicológico y médico para las víctimas.

El film del director italiano Antonio Capuano, “Historias Napolitanas”, retrata a partir de tres historias personales, una sociedad que se descompone y pervierte al calor de la crisis capitalista mundial. El epicentro de las historias es Bagñoli, un barrio popular del centro de Nápoles, teñido por el desempleo, la precarización, la prostitución y la droga. Lo humano, entendido como solidaridad y gestos nobles, aparece prevaleciendo sobre las acciones más egoístas que brotan de la pauperización de una población que intenta sobrevivir. Las viejas industrias siderúrgicas, que se encuentran abandonadas, ocupan un lugar importante en el paisaje: simbolizando la industrialización fallida del sur italiano (mezzogiorno). Los personajes que constituyen el nudo de esta historia son: un poeta, que pasó los cincuenta años, arruinado, recién separado, que vive con su padre y comete pequeños delitos inofensivos y sacia sus impulsos e impotencias con sexo pago y algunas drogas; su padre, un anciano enfermo, fanático de Maradona, ex obrero metalúrgico, que revive y añora el pasado y, por último, un joven que abandonó el secundario y trabaja haciendo las entregas para un almacén del barrio. Estas experiencias alternan drama con comedia, con un ritmo constante y momentos disruptivos. El panorama es desolador. Sin embargo, el joven conoce una chica que es artista y colabora en “La Casa del Pueblo”, un centro político-comunitario de orientación comunista. La chica, que trata de inducirlo a la lectura, se ve sorprendida por un beso arrebatado que da comienzo a un romance. Se baila, se disfruta en medio de la desolación y también se lucha. La joven escribe: “Ni italianos ni europeístas, internacionalistas”. De esta manera, aparece la nueva generación, cerrando el entramado de historias y haciendo justicia con un mundo que no les corresponde. Hay futuro si hay lucha por el socialismo.

El Partido Obrero de Jujuy participó de la segunda jornada contra el tarifazo convocada por el SEOM. Participaron, además, delegados de las sucursales del gremio de La Quiaca y de Palpalá, Barrios en Lucha y La Dignidad, entre otras organizaciones. El reclamo contra el tarifazo en la luz, gas y agua se hicieron sentir con fuerza, ya que los bolsillos de los trabajadores jujeños son los más golpeados. En ese sentido es que Iñaki Aldasoro, dirigente del PO de Jujuy, planteó la necesidad de poner el cuerpo en las calles como la única forma de frenar los tarifazos, por el pase a planta, por una garrafa social de acceso universal, por la reapertura de las paritarias y el 82% móvil para los jubilados, y la apertura de los libros de las empresas. La convocatoria se convirtió en una asamblea popular donde surgió la iniciativa de presentar un amparo contra los aumentos de los servicios básicos ante la Justicia federal y provincial, la realización de un acto festival contra el tarifazo (que se concretó el 16). Luego se marchó por las calles de la ciudad de San Salvador de Jujuy para invitar al pueblo jujeño a reforzar el plan de lucha en curso. Más que nunca, es necesario desenvolver una intensa agitación para preparar la intervención conciente de los trabajadores a la cabeza de un movimiento que tire abajo el tarifazo de Macri y los gobernadores

Ante la noticia del funcionario kirchnerista enterrador de millones, la primera reacción de los principales dirigentes del PTS en redes sociales fue tan curiosa como significativa. "¡Más que nunca exijamos que todo funcionario público gane lo mismo que un docente! Como @NicolasdelCano @RaulGodoyPTS y @myriambregman", dijeron Del Corro y Bregman. Sin detenernos en la torpeza más evidente -¿alguien piensa que los millones provienen de un sueldo "abultado"?-, el reflejo tiene un alcance profundo. La corrupción, en esta versión, tendría que ver con los "privilegios" de una "casta", tal cual afirmaron hasta el cansancio en la campaña electoral pasada. Se trata de una conciliación monumental con el régimen burgués, toda vez que la corrupción no es un problema aislado de funcionarios, sino uno de los principales instrumentos que desarrolló la clase capitalista para controlar su Estado. El planteo de "casta", por el contrario, concluye en una reforma del Estado, al que habría que despojar de esos "parásitos". Pero un partido revolucionario debe valerse de todas las crisis para elevar la conciencia proletaria, no rebajarse a proclamas centroizquierdistas. Es interesante que el oportunismo, o sea la conciliación de clases, nunca puede restringirse a un cálculo electoral, sino que expresa las tendencias más profundas de una orientación. En el caso de la corrupción también, mal que le pese al PTS, "es el capitalismo".

En el gremio docente de la Capital, la dirección celeste (kirchnerista) de la UTE-Ctera lleva a cabo nuevas maniobras burocráticas para que las elecciones de delegados no se concreten, o sean fraudulentas, en aquellas escuelas que quieren votar docentes independientes del gobierno y opositores a la dirección. Ya es una tradición de esta dirección celeste no hacerle paro ni movilizaciones al gobierno, lo que le ha permitido al propio Macri desarrolar con más tranquilidad su campaña electoral. Además de entregar el salario, dejaron pasar todos los ataques a la educación, desorganizando al gremio y estableciendo una “paz social” ininterrumpida. En las escuelas donde hay un repudio a esta política los candidatos celestes pierden, y cada vez son más. Por eso ahora apelan a una supuesta reforma de estatuto de carácter secreta prohibiendo a los no afiliados y afiliados a otros sindicatos votar a su delegado, en completa contradicción con el artículo 41 inciso a) de la ley de Asociaciones Sindicales, que indica que pueden votar todos los trabajadores. Sin embargo, tampoco se aplica en todos los establecimientos, es según quién se postule. Una manipulación completa. En varias escuelas han intervenido las elecciones, en otras desconocieron el voto de los docentes, plantando además padrones propios; es decir, una extensión de los métodos burocráticos que los caracteriza con la particularidad de que ni siquiera pueden mantener la fachada en los lugares de trabajo, donde se están ganado el rechazo generalizado de todos los compañeros. Por supuesto, hemos acompañado todas estas denuncias con pruebas ante el ministerio de trabajo. En la nueva etapa, bajo el signo de un ajuste integral, las direcciones sindicales son un pilar fundamental para contener cualquier tipo de manifestación independiente de los trabajadores: el capítulo de “la lucha en el parlamento”, el reclamo por las pymes del propio yaskismo, la marcha sin paro del 2, son una expresión del lugar que ocupan frente a la ofensiva antiobrera del gobierno que necesita reunir recursos políticos que no tiene. Lamentablemente, las agrupaciones de izquierda que han conformado la lista multicolor que encabezó Tribuna Docente en las últimas elecciones del sindicato, no han acompañado la campaña de denuncia y esclarecimiento de esta dirección kirchnerista. Redoblamos nuestra campaña de elecciones de delegados en todas las escuelas, para poner en pie al gremio por la reapertura de las paritarias, por un plan de lucha de la ciudad para enfrentar el ajuste y en defensa de la educación pública, en la perspectiva de recuperar los sindicatos de mano de la burocracia y unificar a todos los docentes.

Los sucesos de los últimos días, que han transformado a la sección política de los diarios en la de policiales, han acelerado la descomposición política de la camarilla kirchnerista. Si la detención de López mostraba el entrelazamiento entre ésta y la patria contratista, la detención de Pérez Corradi apunta a un lugar mucho más comprometedor: los vínculos con el narcotráfico, y la aún no aclarada financiación de la campaña electoral de la fórmula Cristina Kirchner-Cobos en el año 2007. La dimensión de la bancarrota adquiere su verdadera dimensión cuando se ve la ‘explicación’ dada por la ex presidenta de la Nación sobre lo ocurrido. El “yo la plata (a López) no se la di”, posteado por Facebook, superó todo absurdo, pues lo que está en cuestión es quién le dio a ella la plata que permitió un crecimiento exponencial de su patrimonio. Hasta Verbitsky debió reconocer que “saben a poco” las declaraciones de CFK. Como cortesano que fue y que es, debe estar buscando cobijo en la nueva corona. Abandonando el barco Para los restos del Frente para la Victoria, las valijas de López han servido para justificar el abandono del barco. Los Alperovich, Manzur, Pichetto y Gioja pretenden valerse del hecho para cubrir su retirada bajo el aura de la anti-corrupción. La coartada no sólo consiste en querer tapar sus propios delitos, que en el caso de los tucumanos alcanza el fraude electoral con el que mantuvieron la gobernación. Quieren justificar también sus pactos con el macrismo, que son previos a la detención de López. El bloque del FpV del Senado fue el que habilitó el acuerdo con los fondos buitre y también quien negoció hasta las comas el proyecto que habilita el blanqueo de capitales y la confiscación de los jubilados que tienen juicios con la Anses. El Movimiento Evita no se ha quedado atrás, como lo prueban los acuerdos con el gobierno para mantener el financiamiento de sus cooperativas, basadas en el trabajo precarizado. De lo expuesto, surge que el Frente Ciudadano murió antes de nacer. No pudo superar su pecado original de ser concebido en la puerta de los Tribunales y quedó sepultado por las causas judiciales habidas y por venir. Terminada la perspectiva del “volveremos”, los restos del FpV buscan reciclarse. El ‘ala progre’, que el kirchnerismo rescató del basurero de la Alianza de De la Rúa-Chacho Alvarez, buscará armar una nueva variante ‘progresista’, tratando de que se olvide su pasado. En el pejotismo la crisis agudizará las tendencias centrífugas, que vienen de larga data. Sus diputados emigran conformando bloques provinciales, lo cual ha resultado favorecido por el carácter distrital de las elecciones de 2017. A priori, este escenario debería favorecer al macrismo. La fragmentación del Frente para la Victoria facilita su política de ‘acuerdos a la carta’ para aprobar leyes, superando su condición de minoría parlamentaria. A las pocas horas de que López fuese apresado, Macri lograba que sus candidatos a la Corte sean aprobados en el Senado por una amplísima mayoría, con muchos votos que hasta ahora se identificaban como del ala dura del kirchnerismo. Todo un régimen Sin embargo, tirar del hilo de la corrupción tiene para el gobierno sus riesgos. El affaire López pone en cuestión al conjunto de la patria contratista, que tiene a los Macri como socios privilegiados. Las fechorías entre Cristóbal López y el primo del presidente, Angelo Calcaterra, son sólo la punta de un iceberg que tiene en la base los negocios urdidos por el re-macrista Nicolás Caputo, los Techint, Roggio y compañía. La demolición del kirchnerismo-pejotismo amenaza llevarse puesto a varios de sus socios. Es todo el régimen político el que está en el banquillo de los acusados, pero no hay ninguna Justicia con capacidad de juzgar a nadie. Un ‘lava jato’ criollo no sólo choca con la Justicia copada por los Oyarbide y Bonadío, sino por el compromiso de todos los partidos del régimen con el rescate de los capitalistas a costa del presupuesto público. Por eso, la crisis del kirchnerismo-pejotismo es sólo la manifestación más extrema de la crisis de todo el régimen político. Su demolición va más rápido que los planes para armar un nuevo sistema de partidos. Por eso, el macrismo administra las denuncias con dosis homeopáticas, y no sólo porque corre el riesgo de auto-incriminarse con sus cuentas offshore y la corruptela endógena de un personal político reclutado entre los CEO de empresas vaciadoras y fugadoras seriales de capital. El tema de los temas sigue siendo asegurar la gobernabilidad, que es el eufemismo que utilizan tanto los macristas como los pejotistas-kirchneristas para prevenir una intervención popular decidida contra el ajuste que capitanean Macri y los gobernadores. Este hecho puede dictar un acercamiento entre el gobierno y el Vaticano, aprovechando los actos del bicentenario del 9 de Julio. Es lo que ya ocurrió, por lo pronto, en el Congreso Eucarístico. Perspectivas Los nuevos acontecimientos políticos han obligado a todas las fuerzas a recalcular sus movimientos. Ello vale, en primer lugar, para la izquierda, buena parte de la cual estaba embarcada en el seguidismo a un kirchnerismo decadente. El fin del Frente Ciudadano, aún antes de su nacimiento, y -agregamos acá- la ruptura del Frente Progresista de Santa Fe, plantea más que nunca la defensa de la estrategia política abierta por el Frente de Izquierda -es decir la independencia política, la lucha de clases y la perspectiva del gobierno de los trabajadores. Con esta estrategia debemos desarrollar las luchas obreras y de todos los sectores populares contra el ajuste macrista, para que la crisis no la paguen los trabajadores. El futuro de la izquierda y el de la clase obrera están indisolublemente ligados.

Después de un largo silencio, y ante el reclamo de su tropa en desbandada, Cristina Kirchner se pronunció por Facebook sobre la detención de su ex mano derecha, José López. Buscó eludir su responsabilidad, pero no lo logró. Ocurre que el argumento usado por Cristina Kirchner no soporta el menor análisis. Cuando afirma que la plata a López se la dieron los empresarios, y que es a ellos que se debe investigar, pasa por alto lo fundamental: las coimas que los empresarios de la construcción le dieron a López salieron de los sobreprecios que el gobierno kirchnerista pagaba por la obra pública, al único efecto de que luego retornara como coimas a los funcionarios. Conclusión: la plata a López se la dio su gobierno. Como ocurrió con Schiavi, Jaime, De Vido, Boudou, y un largo etc. Este mecanismo de desfalco del Estado, que equivale a una confiscación del pueblo -ya que se financia con impuestos al consumo y al salario-, benefició a los capitalistas nucleados en la Cámara de la Construcción. Que ésta ahora salga a oficiar de denunciante prueba no sólo su participación en el delito, sino también la feroz disputa entre los capitalistas por ver quién manejará la obra pública bajo la gestión macrista. El entrelazamiento entre la patria contratista y el gobierno, que el affaire López puso de manifiesto, refuta la propaganda kirchnerista sobre la “recuperación del Estado”. El estatismo burgués no es más que una forma de privatización del Estado, que funciona bajo la batuta de los intereses empresariales. En este cuadro, la camarilla kirchnerista desarrolló ella misma su pata empresarial, como lo hace, por ejemplo, la burocracia en los sindicatos. “La trompada en el estómago a la militancia” partió del gobierno presidido por Néstor y Cristina Kirchner. La lucha contra el gobierno ajustador de Macri no vendrá del “vamos a volver” de los K, sino que requiere desarrollar una alternativa obrera y socialista.

Después de ocho años, la crisis política ha devuelto a la tapa de los diarios el triple crimen de General Rodríguez y sus derivados, como el negociado de obras sociales sindicales con medicamentos adulterados. Aquel caso fue convenientemente tapado por otros escándalos y porque el juez Ariel Lijo tardó ocho años en llamar a indagatoria a los imputados, cosa que hizo recién en marzo de este año. Otros encubridores sistemáticos de esas estafas criminales contra la salud del pueblo fueron el fiscal bonaerense Juan Bidone y la procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, ex defensora de Aníbal Fernández en otras causas penales. Falbo fue denunciada por aquel encubrimiento y esa denuncia está en el despacho de Sandra Arroyo Salgado, quien, según Elisa Carrió, la deja dormir por presiones de Sergio Massa y de dos caudillos del PRO bonaerense: Gustavo Posse y Jorge Macri. Carrió debe saber de qué habla, puesto que es socia política del PRO y de Cambiemos. En este punto, conviene recordar que María Eugenia Vidal ha armado una suerte de pacto permanente con Massa, de modo que las denuncias de Carrió apuntan a la línea de flotación de la gobernación bonaerense. Pero el caso Pérez Corradi trae otras “reminiscencias”: por ejemplo, la del financista Néstor Lorenzo, dueño de una cadena de droguerías vinculadas con la causa de los medicamentos adulterados, que involucró a la burocracia sindical al punto de haber llevado a la cárcel a Juan José Zanola durante dos años. En 2007, y con el fruto de estos negocios, se aportaron fondos a la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos. El recaudador de esos recursos, Héctor Capaccioli, entonces superintendente de Salud de la Nación, se definía él mismo como “soldado de Alberto Fernández”, hoy portavoz de Massa. La ruta de Pérez Corradi, como se ve, más que ruta es una autopista. Ahora, aquella bomba de tiempo que se desactivó en 2008/2009 amenaza de nuevo con una explosión, por la detención de Ibar Pérez Corradi, a quien algunos consideran el instigador del triple crimen de General Rodríguez, cometido en agosto de 2008. Entonces, los cadáveres de tres empresarios farmacéuticos vinculados con el tráfico ilegal de efedrina aparecieron acribillados a tiros. Sin embargo, los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por aquel crimen, fugados y recapturados poco después en un episodio peor que confuso, aseguran que Pérez Corradi sólo es un empleado de Aníbal Fernández. La protección, la caída Hasta hace muy poco, nadie buscaba a Pérez Corradi, que tiene “muy buenos amigos en la Side y en la Bonaerense” (La Nación, 20/6). Gendarmería dejó trascender que había alertado a Sergio Berni sobre la presencia de Pérez Corradi en Paraguay, pero el entonces secretario de Seguridad nada hizo. Ahora ¿quién lo detuvo? Contra lo que dice Patricia Bullrich, la AFI no buscó a Pérez Corradi. Ella se enteró de la detención porque la llamó el ministro del Interior paraguayo, no por la AFI. Se trate o no de una detención pactada con el propio Pérez Corradi, es evidente que la “seguridad” argentina actúa por cuenta y orden de la DEA, que “administra” el narcotráfico continental de acuerdo con los intereses de la penetración política y económica yanqui en la región. Como parte de este operativo, estaría la “reubicación” de Antonio “Jaime” Stiuso en la ex Side. La detención de Corradi podría terminar de demoler a otro flanco de la camarilla kirchnerista: la de Aníbal Fernández y su ex compañero de fórmula, Martín Sabbatella. Fernández, se sabe, es un provocador profesional contra el movimiento popular (Darío y Maxi, Mariano Ferreyra, detención del “Pollo” Sobrero).. Y hay más: la caída de Pérez Corradi golpea también a varios de los nuevos amigos o socios de Macri -los de la “oposición responsable”- y a franjas amplias de la burocracia sindical. El “mani pulite” argentino choca con las tendencias disolutorias del régimen político.

La detención del narcoempresario Pérez Corradi, días después de la detención infraganti de José López, ha terminado de demoler al kirchnerismo. Algunos llaman a poner la mira en los empresarios que “adornaron” a algunos funcionarios. Ocultan, de ese modo, que fue todo un régimen el que vació a los fondos públicos para rescatar a los capitalistas. Ahora, muchos de los protagonistas de ese desfalco saltan del barco, para acomodarse rápido con el gobierno. Después de todo, Macri tiene sus propios Báez… y sus propios López. Aranguren, el ministro del tarifazo, ¿no es acaso accionista de Shell? En cambio, no hay “acomodo” para los trabajadores y la juventud, que recibimos los tarifazos, la carestía y los despidos. Pero sí podemos luchar y extraer poderosas conclusiones políticas: para enfrentar el ajuste y darle una salida transformadora a la enorme crisis, necesitamos desarrollar nuestra independencia política. Convirtamos a los trabajadores y a la izquierda en alternativa.

Horacio Cao es quien se encuentra a cargo de la Secretaría de Recursos Humanos del gobierno fueguino. Cao fue agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la dictadura, donde actuó como “Personal Civil de Inteligencia (PCI)”. Su nombre figura en los listados pubicados por la revista Veintitrés en 2010. Cao cumple una función de primer orden en el ataque contra los trabajadores de Tierra del Fuego, pero su labor es ad honorem. ¿Quién le paga el salario para su sustento? El Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra, responsable de los 100 mil despidos en la administración pública. Es una imagen elocuente de las relaciones incestuosas que mantienen el gobierno macrista y los gobernadores kirchneristas. El Batallón 601 -en el que también revistió otro buchón “célebre” de la dictadura, el capomafia de la Uocra, Gerardo Martínez- se ocupó de montar una red de infiltrados -civiles y militares- en sindicatos, universidades, partidos políticos y organizaciones sociales. El Batallón se encargaba de las tareas de inteligencia y sus hombres también integraban las patotas que secuestraban a los compañeros. A la salida de la dictadura, Cao también supo acomodarse en democracia. Siempre trabajó en la administración pública. Fue funcionario de los gobiernos nacionales de Menem y los Kirchner. Integró el gabinete del sanjuanino Jorge Escobar, hasta su destitución en un juicio político por corrupción en 1992, y formó parte de la intervención federal de Santiago del Estero, en 2004, tras la caída de los Juárez. Para Leonardo Gorbacz, jefe de Gabinete de Bertone, en los años de la dictadura Cao “era muy joven”. Tenía aproximadamente la edad del ex jefe del Ejército, César Milani, y del genocida Astiz, por citar otros casos emblemáticos de jóvenes represores. El caso de Cao pone de manifiesto, una vez más, la inacción del Poder Judicial que, desde hace al menos seis años, conoce la nómina de Personal Civil del Batallón 601. El juez federal Ariel Lijo lo consideró un “enclave de la represión” y un “asociación ilícita”, pero no movió un dedo para investigar y archivó la causa contra Martínez. Los Cao nunca fueron ni siquiera llamados a declarar. El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, continúa negándose a recibir a los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Repudiamos la brutal represión policial y judicial que sufre la huelga de los trabajadores fueguinos y exigimos la salida de este personaje nefasto. Fuera Cao. Viva la lucha del pueblo fueguino.

En la última sesión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO bloqueó la conformación de una comisión investigadora por la muerte de cinco jóvenes en Time Warp. De este modo y luego de más de dos meses de los hechos, el macrismo pretende cerrar la crisis política acotando la actuación al ámbito de la Justicia, a cargo de la investigación sobre la responsabilidad penal de empresarios y funcionarios de control. La única respuesta política del PRO en la Legislatura fue la presentación que hizo el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Alvarez Dorrego, quien informó que había 10 mil asistentes, cuando en realidad había más de 20 mil. La aprobación de algunos pedidos de informes fue simplemente el envoltorio de un vasto operativo de encubrimiento de la responsabilidad política de Larreta en los hechos. Marcelo Ramal, en su intervención en el recinto, hizo hincapié en la necesidad de que la Legislatura investigue la responsabilidad política de los hechos: “es muy clara la connivencia y complicidad del Estado porteño para con los narcoempresarios que llevaron al hacinamiento e incluso a la muerte de estos jóvenes”. Pero no se trata solamente de responsabilidades penales: estamos ante un régimen político y una organización social que confisca espacios públicos, los privatiza y organiza zonas liberadas en beneficio de los empresarios de la noche, y a costa de la vida y la salud de los jóvenes. Después del blanqueo del Congreso, la Legislatura ha procedido a otro blanqueo. En este caso, a favor de los responsables políticos de Time Warp. Pero más temprano que tarde el pueblo de la Ciudad los va a sentar en el banquillo. Un párrafo aparte merece el legislador de Luis Zamora (AyL), quien se abstuvo en la votación haciéndole un favor al PRO.

Pasaron 108 días desde la apertura del año legislativo para que la Legislatura realice la primera sesión ordinaria del año. La única sesión anterior se había llevado a cabo en los primeros días de enero, para votar el nefasto paquete de leyes de ajuste. La sesión se realizó en el marco de un paro provincial activo de la Unión de Gremios y una concentración fuera de la Legislatura que contó con la presencia de centenares de trabajadores estatales desde tempranas horas de la madrugada. El gobierno del Frente para la Victoria montó un enorme operativo policial con la presencia de efectivos de fuerzas especiales de la ciudad de Río Grande. Todo un dato político. El bloque del Movimiento Popular Fueguino (Mopof) presentó, para el tratamiento en comisión, un proyecto de modificación elaborado por los integrantes de la Unión de Gremios, a pesar de estar en contra del mismo, pero con el argumento de buscar la paz social y el compromiso de parte de la Unión de levantar las medidas en caso de aprobarse su tratamiento. Esto finalmente no sucedió porque los bloques del FpV y la UCR votaron en contra, manteniendo su postura inflexible y sosteniendo que existe una “mesa técnica” donde se discuten las leyes en conflicto. ¡Una mesa técnica estaría reemplazando a la misma Legislatura! En este punto es importante recordar que la mesa técnica la integran aquellos gremios afines al gobierno y que muchos de ellos ya han expresado su descontento al avizorar que tiene por función dilatar el conflicto. Paro ilegal El gobierno de Bertone continuó con su política persecutoria, no sólo declaró ilegal el paro convocado por la Unión de Gremios desde el Ministerio de Trabajo, amparándose en el fallo Orellano de la Corte Suprema, sino que también atacó nuevamente al sector docente, donde suspendió y abrió un proceso sumario a seis supervisoras. En un comunicado del Sutef se destaca que en la sanción no constaban los motivos y la docente Adriana Salguero manifestó al respecto: “los motivos por los cuales nos separan y nos suspenden, es porque tuvimos la osadía de decirles que no nos iban a doblegar, que no íbamos a entregar la carrera docente”. Queda claro que el gobierno K de Rosana Bertone intenta quebrar la lucha estatal con todos los recursos y herramientas del Estado, incluso violando normas legales y administrativas. La lucha de los estatales fueguinos no se encuentra doblegada, lo demuestra la gran concentración fuera de la Legislatura, la importante movilización de los viernes por la noche, donde volvieron a marchar centenares de trabajadores y la decisión del gobierno provincial de no aplicar aún el impuesto inmobiliario por temor a una reacción popular. El miércoles, la docencia convoca a un nuevo paro para repudiar la persecución sufrida. En solidaridad, la Unión de Gremios también va a la huelga. Sigamos en el camino de la lucha sin abandonar las calles, por la derogación de la leyes de ajuste, la reincorporación de los despedidos, el pase a planta de los que participan en los Programas de Entrenamiento Laboral (PEL), las paritarias libres, la devolución de los días de huelga y el cese de las causas a los cinco compañeros que tienen limitada su libertad! Como decimos los fueguinos: ¡Ni un paso atrás y ni un derecho menos en Tierra del Fuego!

En una resolución reciente, el Ministerio de Trabajo de Tierra de Fuego se sirvió del fallo de la Corte Suprema en el caso Orellano para atacar la huelga de los trabajadores de la provincia. La huelga y las principales acciones vienen siendo coordinadas por la Unión de Gremios, conformada por el Sutef (docentes), Seom, Afep, Sejup, Apoc, entre otros sindicatos. Con la firma del secretario de Asuntos Gremiales, José Luis Alvarez, el Ministerio de Trabajo provincial declaró ilegal la huelga en curso. Siguiendo (y profundizando) el razonamiento del fallo de la Corte, el gobierno kirchnerista de Bertone dice que la Unión de Gremios, al no estar reconocida como sindicato, federación o central, no existe, y que, por lo tanto, no puede llamar a medidas gremiales. La resolución va más allá: plantea que la CTA no puede convocar a medidas de fuerza, porque existen sindicatos de base y la central sólo podría actuar en tanto no existan sindicatos de base. O sea, nunca. Sin el menor pudor jurídico, iguala a la CTA -a la que reconoce formalmente su existencia-, con la Unión de Gremios, denominada en la resolución como “jurídicamente inexistente”. Para subrayar su carácter antihuelga, la resolución señala que quienes se adhieran a las medidas convocadas por la Unión de Gremios van a sufrir “consecuencias negativas”. La resolución del ministerio laboral también apunta que los sindicatos no pueden “atacar leyes ni actividades legislativas que son constitucionalmente válidas”. “Constitucionalmente válido” también es el derecho a la protesta, que el ministerio en cuestión borra de un plumazo. La persecución contra los trabajadores les costó la libertad a cinco compañeros, dirigentes de la huelga fueguina. Tras mantenerlos incomunicados por 50 horas, fueron excarcelados bajo un régimen de “libertad vigilada” para restringir su actividad sindical. Dos semanas más tarde, la policía desalojó a palazos el acampe frente a la Casa de Gobierno e incendió las carpas. Los fueguinos, sin embargo, se mantienen en pie de lucha a pesar de la extorsión. Basta de perseguir a los que luchan.

Bajo la dirección de Franja Morada, la FUA se convirtió en una dependencia de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y los rectores, ajena a toda lucha del movimiento estudiantil. La Franja peleó al interior de Cambiemos por el control de la SPU, que había retenido en los doce años de gobiernos kirchneristas. Desde allí tejió el cogobierno radical-K de las universidades, que alimentó los negocios de la camarilla universitaria sobre la base de la acreditación de las carreras a la Coneau, la degradación de los títulos, los posgrados arancelados y los convenios con grandes empresas. En estos años, los llamados “recursos propios” fueron la fuente de toda clase de corruptelas, como las que saltaron a la luz en el vaciado Hospital de Clínicas de la UBA -involucrando a la primera plana de la dirigencia morada. Por eso no exageramos si decimos que Franja Morada es López y es Calcaterra en la universidad. Representa a la camarilla que se enriqueció convirtiendo a las universidades en verdaderas cajas negras. Bajo la mirada cómplice de la SPU, las casas de estudio fueron usadas por las empresas y el Estado para toda clase de “triangulaciones”, que habilitaron el lavado de dinero y la evasión de impuestos y cargas laborales. No debe sorprender que Darío Richarte, el ex Side que fue vicerrector de la UBA por la Franja, haya sido el primer abogado del mismísimo José López -también de De Vido y Amado Boudou. Hace pocos días, el mismo Richarte, actualmente al frente de la IGJ macrista, quiso intervenir el Congreso de la Fuba, pero fue derrotado por el movimiento estudiantil. Estos negociados involucraron especialmente a los rectores peronistas, alineados con el FpV, y hoy garantes de la “gobernabilidad” de Cambiemos. Su pata estudiantil, la JUP, negociará con Franja un Congreso de rutina, sin mención alguna a estos desfalcos ni al ajuste que golpea a las universidades y a la juventud. En este punto, el balance de la experiencia de estos años no deja lugar a dudas: el cogobierno radical-K sirvió para darle nueva vida a los López de la universidad y a sus representantes estudiantiles, Franja Morada y el PJ en primer lugar. El camporismo quedó demolido como un fenómeno residual, bajo el peso de sus propias fechorías. Volverán a sabotear el Congreso de la FUA para disimular su marginalidad; pero la “FUA paralela”, creada por CFK y Larroque en Casa Rosada, está fundida y varios de integrantes regresarán al redil oficial. Furgón de cola El pasaje de Franja al macrismo es coherente con esta trayectoria que señalamos y anuncia una ofensiva en regla contra la educación pública. En estas condiciones, es necesario levantar en la FUA una lista independiente de toda esta podredumbre, que reagrupe al activismo que fue protagonista de la huelga universitaria, las marchas y clases públicas, y que sirva para preparar un segundo cuatrimestre lucha. Esta orientación, sin embargo, no es defendida homogéneamente por las corrientes de izquierda. El PCR, Sur y La Mella han planteado la formación de un “gran frente anti-Franja”, que integre al sector del kirchnerismo que concurrirá a Rosario y a los “socialistas”del MNR. Es decir, al gobierno ajustador de Santa Cruz y al narco-gobierno de Santa Fe. La excusa sería “disputar la secretaría general”. El carácter de este frente se puso rápidamente de manifiesto cuando todas estas agrupaciones rechazaron la propuesta de la UJS de organizar, en el marco del Congreso de la FUA, un encuentro nacional de federaciones y centros de estudiantes combativos para darle continuidad al plan de lucha. El seguidismo a las fuerzas patronales ya expuso sus consecuencias en la experiencia de este cuatrimestre. El 12 de mayo, los campeones de la “unidad contra Macri” rechazaron movilizarse a la Plaza de Mayo, en lo que fue la marcha estudiantil más masiva de los últimos años. Después, en la movilización educativa que se realizó hace sólo una semana, La Mella y los K pegaron el faltazo, poniendo de relieve el verdadero sentido del “Frente Ciudadano” que horas antes quisieron formar en el Congreso de la Fuba. En Chaco, la federación -que el PCR dirige junto a una fracción del PJ- se opone a la toma contra el aumento del comedor que están llevando adelante los estudiantes con el apoyo decidido de la UJS. El destino de este frente no depende ya de la izquierda que se propone como “furgón de cola”, sino de la capacidad de los K y el MNR para congeniar una lista común -que por ahora rechazan. La juventud del Partido Obrero, UJS, denuncia esta política que convierte a los militantes de izquierda en espectadores de las negociaciones entre facciones rivales del capital. Como este frente puede fracasar, ya que nada asegura que el MNR y los K se pongan de acuerdo, esta izquierda ha desempolvado un “plan B”, llamando a formar un frente con agrupaciones combativas. Pero impulsarían este frente sólo en el caso de que no prospere su política. Denunciamos este seguidismo a la política capitalista y reclamamos un pronunciamiento político categórico sobre qué frente y qué política debe seguir el movimiento estudiantil. De otro modo, el frente no expresará la unidad de acción para la lucha, sino que será la cobertura circunstancial de quienes mantienen una política de conciliación. La independencia política del movimiento estudiantil de toda corriente capitalista no puede ser el “plan B”, ni el hijo putativo de una política de seguidismo al MNR y a los K. Convocatoria Mientras los López y los Macri se unen para votar blanqueos, ajustes y tarifazos, es necesario que estudiantes y trabajadores nos unifiquemos en una lucha y una política propia. Rechazamos el sometimiento a las fuerzas políticas que gobernaron y gobiernan provincias enteras al servicio de los grupos capitalistas, ajustando y reprimiendo a los trabajadores. Impugnamos que esta sea una vía para enfrentar a Franja Morada y al macrismo, como se ve en el sabotaje a la lucha estudiantil que practican sus progenitores. Como defendimos en el reciente Congreso de la Fuba, la UJS llama a recuperar los centros y federaciones estudiantiles para una política independiente. Convocamos a todas las agrupaciones de izquierda y corrientes combativas del movimiento estudiantil a formar una lista en la FUA, sin compromisos con autoridades ni gobiernos. Vamos por una lista de lucha, que abra paso a la juventud y al movimiento obrero para derrotar los ataques de Macri y de todos los ajustadores.

Foto: Ignacio Smith Durante el Congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), en simultáneo al debate sobre la conducción, hubo cuatro comisiones (movimiento estudiantil, política nacional, América Latina y mujer) y un plenario general para votar un programa y un plan de acción para la Federación. Nuevo Espacio (Franja Morada) y el macrismo no participaron de estas instancias, por lo que el debate allí se concentró entre quienes buscaron un salvataje del kirchnerismo (y el nacionalismo burgués en general) y quienes defendimos el carácter independiente de la Fuba. Movimiento estudiantil La Cámpora votó demagógicamente en contra de los posgrados arancelados, de las pasantías precarizadoras y del reclamo del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los docentes -esto cuando los decanos K hacen convenios con Pan American Energy o arancelan cursos en el Laboratorio de Idiomas y acuerdan con la burocracia sindical para no implementar el CCT. Pero en dos puntos mostraron la hilacha: 1) rechazaron exigir la derogación de la LES (Ley de Educación Superior), porque “es un tema complejo” y 2) rechazaron la convocatoria a un Encuentro Nacional de Estudiantes durante el Congreso de la FUA en Rosario. En este último punto contaron con el apoyo de La Mella-Patria Grande, demostrando que su orientación no es el reagrupamiento de los estudiantes que luchan para derrotar el ajuste, sino el armado de un bloque político común con La Cámpora, contra la izquierda. Jubilados La comisión de situación política nacional estuvo marcada por el debate sobre la ley ómnibus de blanqueo y pago a los jubilados. Contra nuestra moción que reclamaba “un aumento de emergencia de 6.000 pesos a todos los jubilados, el pago de todas las retroactividades con o sin juicio, el 82% móvil y la restitución de los aportes patronales”, La Mella y los K impulsaron una formulación que defendía que “el derecho de los jubilados a cobrar una jubilación digna nunca puede ser a costa de destruir el sistema previsional (¡sic!)”. Es decir, que Patria Grande supedita el pago a los jubilados a la defensa abstracta del “sistema previsional”. Pero si el “sistema previsional” no es para pagarles a los jubilados, entonces, ¿para qué es? Estamos ante un rescate total de la política kirchnerista de subsidios al capital y pago de la deuda con los recursos de la Anses, que han transformado las jubilaciones en “dádivas” a los jubilados y no en un derivado del salario (82% móvil). Milagro Sala Como no podía ser de otra manera, la caracterización sobre la detención y la figura de Milagro Sala fue otro factor de clarificación. La moción defendida por La Mella y los K planteaba que Milagro Sala fue detenida porque es “mujer, coya, negra, jujeña y dirigente política y social” y no hacía mención alguna al trabajo precario y los métodos punteriles que caracterizan a la organización que dirige, la Tupac Amaru. La UJS enmarcó la detención de Milagro Sala en la ley antiterrorista de CFK y defendió que “el reclamo de la Fuba por la libertad de Milagro Sala no debe confundirse con un apoyo a su política y a su organización”. América Latina Los debates sobre Venezuela, Brasil y Cuba marcaron dos estrategias políticas antagónicas para la juventud: la de revivir el muerto del lulismo-chavismo-kirchnerismo, o pelear por una alternativa de poder de los trabajadores. No deja de llamar la atención, sin embargo, la forma vergonzante en la que La Mella y los K desarrollaron esta polémica, evitando dar apoyo explícito a los gobiernos nacionalistas, dado que están fuertemente desprestigiados en la juventud. Plenario general En el plenario general se hicieron presentes las agrupaciones K que durante años habían boicoteado el Congreso de la Fuba en todas sus instancias. Las mociones de los K y La Mella sumaron 470 votos, contra 325 que reunió mayoritariamente la UJS (unos 30 correspondían a Comunismo Revolucionario e Izquierda Socialista). De esta forma, el Congreso de la Fuba terminó aprobando, en algunos aspectos, posiciones que significan un retroceso respecto al programa de independencia política de los anteriores congresos. Claro está que el resultado general del Congreso -fracaso del copamiento kirchnerista- matiza este retroceso. Mención aparte merece el PTS, que con la excusa de rechazar el “Frente Ciudadano en la Fuba”, boicoteó el plenario general. Mientras se desarrollaba ante sus ojos una pelea concreta contra los K para defender una política independiente en la Fuba, el PTS se inventó otra pelea, a la medida de su estrechez política, y se dedicó a atacar a la UJS.

El secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (Sutna), Alejandro Crespo, encabezó el segundo plenario de la Coordinadora Sindical Clasista de Córdoba. Al dirigente lo acompañaron Sonia Beas (UTA), Diego Saurina (UTS), Mario Rambla (Molinos Minetti), Alejandro Roqueiro (UEPC) y los dirigentes del PO Eduardo Salas (legislador provincial) y Jorge Navarro. Participaron 150 activistas, delegados, miembros de comisiones internas y representaciones de UOM, UTA, Aoita, jubilados de Ajupracor, UEPC, SEP, Suoem, UTS, ATE, Molinos Minetti, Luz y Fuerza, telefónicos, Comercio, Uocra, Limpieza, Adiuc y No docentes. En el plenario sobresalió la innumerable cantidad de iniciativas que toman los trabajadores cordobeses para imponer la reapertura de las paritarias: desde la realización de mandatos escolares en UEPC, pasando por la movilización provincial que preparan los compañeros de salud, y los petitorios y concentraciones frente al gremio de los trabajadores de UTA. En este punto se destacó el caso que del delegado de Aoita (transporte automotor), Pablo Heredia, a quien la empresa Intercórdoba -juntamente con la conducción sindical- intenta desaforar y despedir, luego de que el compañero y su agrupación hubieran preparado un petitorio con más de 700 firmas que reclamaba el 40% de aumento y la convocatoria a asamblea general del gremio. El plenario resolvió una fuerte campaña en defensa del compañero Heredia. La lucha contra los despidos y suspensiones estuvo presente en las intervenciones de los compañeros de UOM, el frente más golpeado en materia de despidos y cierre de fábricas, como es el caso de RAR. Además de las resoluciones específicas para enfrentar despidos en todos los sindicatos, se estableció apoyar la presentación de la lista en UOM seccional que impulsan los activistas de Cambio Metalúrgico. Toda una serie de iniciativas despertó la cuestión jubilatoria, en la que se denunciaron los planes de ajuste -tanto de Mauricio Macri como del gobernador Juan Schiaretti. En este contexto, se trabajó sobre la profundización de la crisis política. Crespo planteó que el triunfo del Sutna es la demostración más clara de que sólo la clase obrera en un frente único puede derrotar el ajuste macrista. La gran mayoría de los trabajadores presentes participan y son constructores de agrupaciones clasistas, por lo que el plenario hizo un esfuerzo por dotar de un programa obrero a los nuevos procesos de lucha y de recuperación de cuerpos de delegados. En este sentido, se hizo hincapié en que no será la unidad burocrática de la CGT la que unificará a la clase obrera, sino un congreso de delegados de base para dotarla de un programa y el método de la huelga general. El principal objetivo del plenario se vinculó con el trabajo de organización, el que se inscribe en la Conferencia Nacional de la CSC, y que pasa por crear y reforzar agrupaciones sindicales clasistas en todos los sindicatos que batallen contra el ajuste capitalista, luchen por expulsar a la burocracia sindical y se referencien políticamente con el Partido Obrero y el Frente de Izquierda -es decir, con una alternativa política propia. Resolvimos participar con una delegación compuesta por cientos de luchadores de Córdoba.

En el momento en que se imprimía este número de Prensa Obrera, se desarrollaba una concentración frente al Palacio de Tribunales en Capital Federal, como parte de una campaña en defensa del derecho de huelga y en repudio al fallo de la Corte Suprema que establece que “sólo los sindicatos están autorizados para convocar a la realización de huelgas y medidas de fuerza”. Se trata de un fallo reaccionario que ataca la organización obrera y que pretende también reforzar a la burocracia sindical. La convocatoria partió de un plenario convocado por el Sutna recuperado, al que concurrieron los Suteba multicolores de Tigre, La Plata y Matanza, la AGD-UBA, el Sipreba, Sitraic, delegados del subte, delegados y activistas ferroviarios del Roca, delegados de Foetra, el secretario adjunto de Ademys, gráficos, las comisiones internas papeleras de Smurfit y Kimberly Clark, entre muchos otros.

Casi 150 dirigentes y delegados de más de una docena de gremios estatales, privados de servicios e industriales deliberaron en torno de los problemas políticos centrales que enfrenta el movimiento obrero y la necesidad de poner en pie una corriente político-sindical en el seno de las organizaciones obreras. El informe central del plenario estuvo a cargo de Soledad Sosa, secretaria general adjunta de la CTA provincial y diputada nacional del PO por el FIT, complementado por Raquel Blas y Roberto Macho, de ATE. La deliberación se concentró en la política de ajuste de Cornejo y Macri, que se descargó contra el pueblo en forma de tarifazos, devaluación, despidos, represión, cierres paritarios por decreto y límites al derecho de huelga. También se abordó el intento de reformas laborales y previsional, y los intentos de limitar la acción de los trabajadores mediante la resolución de la Corte y una versión más reaccionaria todavía elaborada por el ministerio de Gobierno mendocino. Este cuadro se desarrolla en abierta complicidad de las conducciones sindicales, que negocian los fondos de las obras sociales o puestos de gestión. Particularmente en Mendoza, los sectores de la CGT que están por fuera de la “Intersindical” lo hacen a nombre de “no marchar detrás de banderas rojas”. Asamblea de delegados y la “Intersindical” Un capítulo aparte mereció la experiencia impulsada por la CTA-A de asambleas de delegados de base. Es verdad que el grueso de los delegados los aportan un puñado de gremios, mientras la gran mayoría “balconea”, pero esta experiencia ha impulsado la deliberación, resolución y acción directa de los trabajadores, unificándolos por la base mediante la acción y las reivindicaciones. Esta conclusión madura más lento o más rápido en la base de gremios como el telefónico, el judicial o el Suoem (municipales) de capital. La burocracia ha tomado nota de lo peligroso que es “agitar” la base con asambleas de delegados, mientras cierra acuerdos a la baja, entrega conquistas y le concede “paz social” al gobierno ajustador de Cornejo. El FpV en la Legislatura acompaña la aprobación de todos los decretos que cierran las paritarias. La burocracia que “resiste con aguante” esta maniatada por un lado porque el FpV es furgón de cola de la gobernación como resultado de la necesidad de asistencia financiera de los intendentes peronistas. De otro lado, la UCR llama al movimiento obrero a apoyar su gobierno y hacer un esfuerzo para revertir el rojo fiscal como resultado de “la herencia kirchnerista”. En este cuadro, la acción de CTA-A y ATE junto con la CSC significan un faro en la niebla, un anclaje de independencia política del movimiento obrero bajo un programa y un método propio: la asamblea, la acción directa y la huelga. Las resoluciones Luego del debate, se aprobaron los documentos de convocatoria provincial y nacional, y se resolvió preparar una gran delegación mendocina al encuentro nacional del 2 de julio. También se resolvió apuntalar, fortalecer y fomentar los agrupamientos antiburocráticos que pelean por recuperar las direcciones sindicales de manos de la burocracia sindical y desenvolver una gran campaña de la CSC por una nueva asamblea de delegados de base para principios de agosto, para votar un plan de lucha y preparar un gran paro nacional. Finalmente, la preparación de cursos de formación sindical en dos niveles, para activistas y para dirigentes sindicales.

La visita de Romina del Plá le dio un impulso al desarrollo de la Coordinadora Sindical Clasista en la provincia y a la campaña de la lista antiburocratica Rosa-Marrón-Naranja de Atep (el principal gremio docente de la provincia), que se presenta como única alternativa de los luchadores y el clasismo en las elecciones del próximo domingo 26 de junio. En la conferencia de prensa se efectuaron fuertes denuncias sobre la conducción burocrática de Toledo (en el sillón desde hace 27 años). Por su entreguismo sistemático de los salarios y las principales conquistas de la docencia y por la transformación del gremio en una asociación lucrativa a partir de la organización de cursos carísimos. La conferencia fue cubierta por varios medios de difusión masivos, por ello Toledo no pudo ignorar las denuncias efectuadas y tuvo que responder. Entramos en la última semana de campaña con una fuerte polémica, que ha colocado a la lista multicolor combativa como la única y real oposición (se presentan otras dos listas con el apoyo de parte de la UCR y el massismo). Esto mismo se vio reflejado en el importante plenario de Tribuna Docente, que se realizó a la tarde en la sede del PO, en la que participaron numerosos activistas con los cuales se debatieron las tareas y los ejes del último tramo de la campaña en curso. A la noche, realizamos una cena, en la que se hicieron presentes dirigentes de varios sindicatos (Adiunt, Sitre, Madera, Citrus, activistas y delegados de los obreros del surco de Fotia, de la construcción, los dirigentes de los jubilados de la Plaza, etc.). La actividad con Romina ha proseguido con varias reuniones y asambleas: locro el 18 de junio en la sede central, plenario en Leales, reunión con los obreros del ingenio San Juan y varias más que se han planificado en los próximos días, lo que asegurará una importante y representativa delegación obrera y sindical de Tucumán en la Conferencia Nacional de la CSC.

La actividad petrolera en la Patagonia ha caído más del 40% y las empresas dicen que sobran 20.000 puestos de trabajo. En Vaca Muerta YPF levantó 20 equipos, en Chubut y Santa Cruz otros 28 y ha anunciado el levantamiento de 14 más. Sólo estas acciones afectan unos 5.000 puestos de trabajo. Hay en la Patagonia 3.500 trabajadores suspendidos, con reducción salarial y el despido en puerta. La mayoría de estos salarios los paga YPF, duplicando el subsidio a los pulpos petroleros, ya que reciben además el subsidio en el precio del crudo. Las negociaciones paritarias entre los pulpos petroleros, el gobierno y la burocracia sindical de Chubut y Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, han sido postergadas de nuevo, para la semana próxima. Involucran a 40.000 trabajadores. Los sindicatos plantearon un 40% de aumento y una suma puente, pero la oferta es un 25, con reducción de salario y de la jornada laboral de 12 a 8 horas, para quitar sumas por fuera del básico y horas extras y sin garantía por los puestos de trabajo. Pereyra, Avila y Vidal arrastran al fracaso Guillermo Pereyra es el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, senador del MPN y miembro de la CGT moyanista. A principio de año, ya con el panorama de despidos y crisis petrolera, sostuvo la política de Macri, cuya candidatura respaldó, dejando claro que no convocaría a ninguna medida de lucha. Aceptó el recurso de crisis que favoreció a los pulpos petroleros para despedir. Amagó con dos paros que levantó antes de que se cumplieran, por nada. Declara su acuerdo con el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, y reivindica su línea directa con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Energía, Juan José Aranguren. Jorge Ávila y Claudio Vidal, secretarios generales de los sindicatos de petroleros privados de Chubut y de Santa Cruz, respectivamente, son kirchneristas. En enero de 2016 acordaron con el gobierno de Macri despejar el panorama de conflictividad, garantizando el mantenimiento del subsidio que había otorgado CFK a las empresas. Actúan en conjunto con el gobernador de los Bulgheroni, Mario Das Neves, quien dijo “haber concretado una solución", cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y Triaca le garantizaron el subsidio a PAE y el recorte masivo de horas extras. PAE debía a cambio, hacer inversiones, subir equipos y no despedir, cosa que no hizo. Sólo se respetaron los subsidios a los pulpos, mientras continuaron los despidos por “goteo”, retiros voluntarios y jubilaciones. Los equipos recién se subieron parcialmente cuando Avila se vio obligado a convocar a la huelga del 6 de mayo, donde todo Comodoro paró contra los despidos. Aún así hubo otro paro petrolero, porque los obreros se vieron obligados a luchar en cada empresa, inclusive con piquetes y bloqueos. La burocracia sindical petrolera, tanto macrista-moyanista como kirchnerista, nos arrastra al fracaso. Construyamos una alternativa En la base petrolera además de malestar hay iniciativas. En Neuquén se ha organizado la Agrupación Obreros del Petróleo (AOP). Su página de Facebook es una de las vías públicas en que difunde planteos y se conecta con obreros de otras provincias. Allí manifiestan el repudio a Pereyra. En Chubut, las elecciones sindicales que se convocaron, son un terreno de batalla entre las fracciones de la burocracia, porque las bases no quieren votar a Avila y tiene chances Mansilla, su ex socio. En Santa Cruz, dos obreros petroleros declaran: “El sindicato se ha armado con patotas que aprietan compañeros, ha usado al aparato estatal de Santa Cruz. Con Alicia Kirchner sólo se realizaron huelgas aisladas, como la de AEA, Oleosur o San Antonio, pero siempre en respaldo hacia las empresas, el sindicato realiza maniobras para levantar las medidas con arreglos inferiores o soltándoles la mano como se lo hizo con Huinoil”. El planteo de la AOP da la alternativa al fracaso de la paritaria: “¡Que no decidan por nosotros! ¡Decidamos los trabajadores! 40% de aumento de bolsillo al básico, ni despidos ni suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar salario, apertura de los libros contables de las empresas y ocupación de toda empresa que despida. Luchemos por una nueva dirección en nuestro gremio”.

La Junta Electoral oficializó la Lista Naranja en el STIA -sindicato de la alimentación- de la provincia de Buenos Aires. Con más de 50 candidatos y 1.200 avales de 25 fábricas de la provincia conseguidos, a pesar de que la Verde “bajó” la orden de que ningún trabajador nos avalara, superamos holgadamente las trabas estatutarias, presentando lista completa en todas las categorías. La presentación de la Lista Naranja coincide con el descontento mayoritario que el acuerdo salarial cerrado por la Federación dejó entre los trabajadores. Del reclamo inicial del 48% votado en el Congreso de Delegados de la Federación, se terminó cerrando en un 36,5% de incremento salarial, a pagar en dos cuotas; la primera en mayo (del 22%) y la restante en noviembre de (14,5%). Anualizado da un 29,25%, es decir dentro de los límites que plantea el macrismo y lejísimo del incremento del costo de vida (la inflación de 2016 ya llega a 42%) y que deja el salario inicial por debajo de los 14.000 pesos hasta noviembre -cuando el costo de la canasta familiar ya ronda los 22.000 pesos. El dialoguismo de la Verde y su coqueteo con el macrismo es pagado por los trabajadores. Sumado a esto, la desorientación política de la Verde de Luis Morán (secretario general) es ejemplar; del kirchnerismo inicial se pasó a apoyar a Massa, hasta que su candidato naufragó en Capital; de ahí volvieron al kirchnerismo críticamente, llamando a votar a Domínguez; luego de que éste perdiera, llamaron a votar a Aníbal y Scioli... Y como no se podía esperar otra cosa, Morán anunció hace unos días en Pilar su acercamiento al macrismo. Este acercamiento se expresa concretamente en la adaptación común de ambos a los planes patronales en Cresta Roja, consistentes en despidos, rebajas salariales y precarización laboral, disfrazadas de “reactivación ejemplar”. El macrismo no tiene otra agenda que la de descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores, y la Verde de STIA no tiene otro plan que apoyar la agenda de las patronales. Las coincidencias no podían ser mayores. Una lista para el activismo La Naranja ingresa a la campaña electoral con una Lista Verde cada vez más desgastada, porque su condición de dialoguista y conciliadora se opone con la necesidad de lucha de los trabajadores del gremio ante un ajuste en curso que arrecia contra las condiciones de vida de los trabajadores. El escenario del tarifazo y la crisis industrial -que golpea ya al conjunto de las pequeñas y medianas empresas- acelerará la experiencia de los trabajadores con la Verde, y nuestra lista tiene que apuntar a ser un canal que la oriente hacia posiciones clasistas. La difusión de un programa de lucha contra el ajuste para el STIA despertó el interés de un sector importantísimo de activistas, que garantizaron la juntada de avales para la presentación de la lista. Nuestra postura en defensa de un salario igual al costo de la canasta familiar, de los puestos de trabajo, del descanso del fin de semana -tal vez el reclamo más sentido a lo largo y ancho del país-, por la discusión de un nuevo convenio y por la abolición del Impuesto a las Ganancias son una agenda de lucha para el STIA bonaerense, pero también una referencia para el numeroso activismo opositor a la Verde del país. Tenemos por delante una tarea tan compleja como estratégica: difundir las posiciones del clasismo en las más de 200 fábricas que componen el gremio, en más de cien distritos de la provincia, apuntando a darle una expresión en las elecciones del 6 de septiembre a la enorme tendencia a la lucha que recorre el gremio, desde la lucha de Cresta Roja por los puestos de trabajo, de Bimbo contra los despidos, de Riera por las condiciones de trabajo, de Unilever por el descanso de los domingos y que, de conjunto, quedó demostrada en la adhesión generalizada a los paros por salario de esta semana. Manos a la obra.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, recibió a una delegación del cuerpo de delegados de Ecotrans, acompañada por el diputado nacional Néstor Pitrola y por Pablo Heller. Las movilizaciones y los cortes protagonizados por los compañeros que venían reclamando que los reciba el ministro, terminó dando sus frutos. El encuentro fue la oportunidad para denunciar que el acuerdo de traspaso de las líneas de colectivos a una serie de grupos empresarios -realizada a espaldas de los trabajadores-, no ofrecía garantías en relación con los puestos de trabajo ni en las inversiones necesarias para prestar el servicio. Entre las principales preocupaciones figura el hecho de que el acuerdo colocaba en una gran incertidumbre a los 400 compañeros que no son choferes y que desempeñan sus tareas en taller, inspección y administración, cuyo ingreso quedaba supeditado a una futura audiencia en el Ministerio de Trabajo. Esa instancia abría las puertas a que parte del personal quedara en la calle. Importa señalar que la lucha que se vino librando, tuvo que enfrentar a la UTA, que fue uno de los arquitectos de este acuerdo. La delegación presentó al funcionario una contrapropuesta, en la que se plantea que en el acuerdo se incluya el listado del personal que se hace cargo cada empresa, que debe comprender a los 1.246 compañeros que hoy conforman la nomina de trabajadores de Ecotrans. Del mismo modo, la contrapuesta plantea que se se incluya la cantidad de colectivos con que va a contar cada línea y las unidades nuevas que incorporará cada una de ellas y los plazos para hacerlo. También deberá especificarse instalaciones, cabeceras, frecuencias y recorridos. Comité de seguimiento La contrapuesta incluye, por último, la formación de un comité de seguimiento, integrado por representantes del Ministerio de Transporte y Trabajo y de los trabajadores, a los fines de controlar el traspaso y garantizar que los compromisos asumidos sean ejecutados y respetados por las patronales que se hacen cargo. El ministro señaló que en los próximos diez días va a darse a conocer el listado que incorporará cada empresa, que comprenderá el total de los compañeros, así como las unidades que incorporará cada línea. En lo que se refiere a la comisión de seguimiento, se comprometió a dar una respuesta a la brevedad. Entre tanto, los compañeros continúan en pie de movilización. El 1° de julio, las nuevas empresas comenzarían a operar. No se pudo evitar el desmembramiento y preservar la unidad del servicio bajo una única razón social, pero se logró defender la totalidad de los puestos de trabajo y las condiciones laborales, salariales y de antigüedad. El cuerpo de delegados ha convocado a un acto para el próximo 30 de junio, a las 16 horas, en la puerta de entrada de la cabecera de Ecotrans Merlo, en la que se llamará a concurrir al conjunto del movimiento obrero combativo. La realización del acto es un indicador de la que la moral y la disposición de lucha sigue intacta y que el tejido y la organización gremial forjada durante dos décadas se mantendrá en pie en la nueva etapa que ingresamos. Dicha organización será la principal garantía para hacer frente a todos los escollos y abusos patronales que, con seguridad, se van a ir presentando. Al mismo tiempo, la defensa de la organización gremial conquistada es un eslabón fundamental en la batalla por una nueva dirección de la UTA y del movimiento obrero, cuya necesidad, una vez más, ha quedado demostrada a partir del nefasto rol de la burocracia en el conflicto en curso.

La huelga docente se ha levantado en Santa Cruz después de 18 congresos provinciales y casi 50 días de paros, desde el inicio del ciclo lectivo. Por un lado, el aumento logrado de un 27,3%, en cuotas hasta octubre, sin contar el incentivo, ha quedado atrás de la inflación. Por el otro, se logró superar la propuesta original del 10%, imponer la devolución de los descuentos por la huelga, la anulación de los sumarios a los directivos y saltear una conciliación obligatoria, con lo cual debemos considerar que el balance general es positivo. Ha sido percibido por la mayoría de los docentes e incluso por otros gremios como un triunfo. El gobierno fracasó en su intento de derrotar a los docentes, que fueron la columna central de la lucha provincial. La huelga, que desde el inicio del acampe el 18 de mayo se continuó durante un mes, debió sobreponerse, una y otra vez, a los límites impuestos por su dirección. Una parte de ella, incluso, apostó claramente por Cambiemos. Es lo que ocurrió en Caleta Olivia, donde la dirección dejó caer sistemáticamente a la Mesa de Unidad Sindical y después trató de evitar el acampe, el cual se reveló como decisivo al final del conflicto. La estrategia de la Lila (conducción del gremio) fue evitar la huelga general, mediante paros parciales de 48 y 72 horas. En varios momentos de la lucha hubo chispazos entre la conducción y el activismo, pero fue en el momento de tomar posición ante la oferta del gobierno que se produjeron los debates más importantes y las asambleas más masivas. Los debates En la primera asamblea, Tribuna Docente planteó no aceptar, en oposición a lo que planteaba la Lila. La moción que defendimos ganó por amplia mayoría, formulándose una contrapropuesta. De este modo, el paro se extendió por una semana más. Ante esto, el gobierno mantuvo el cuerpo central de la propuesta, adelantando en un mes las últimas cuotas del aumento. Con esta mejora, la dirección Lila redobló su defensa de la aceptación y varias escuelas, sintiendo el cansancio, cambiaron de posición y se volcaron por aceptar. Tribuna Docente votó en contra y propuso ir más a fondo con el planteo de la contrapropuesta, defendiendo también el terreno de lucha común con ATE que sigue de paro para reabrir su paritaria. La directiva metió presión, azuzando con el temor de que el gobierno retire la oferta y pudiéramos perder todo. Hicieron referencia abusiva al balance de la huelga de 2011, cuando nos descontaron casi dos meses de sueldo por el paro. Pero el contexto de aquella heroica lucha, que se cerró luego de la represión con los hidrantes frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, era bien distinto. En esa oportunidad, los docentes luchamos solos, y el gobierno pudo llevar al extremo su decisión de quebrar la huelga. Ahora, en cambio, estamos en una provincia movilizada. Al fundamentar nuestra posición explicamos que era el gobierno quien estaba retrocediendo. Este concluyó en que no podía gobernar sin cerrar primero el conflicto. Aunque jugó al desgaste, amenazando con presiones y descuentos, debió realizar una propuesta del 27,3% porque quería cerrar a toda costa. A tal punto, que en la reunión final, ya levantado el paro, terminó fijando nueva fecha de paritaria salarial para el 3 de octubre, que era uno de los puntos de la contrapropuesta. La Mesa de Unidad En el balance de esta fase de la lucha, es importante analizar la política de la Mesa de Unidad Sindical. No caben dudas que las grandes marchas, el acampe, y la movilización que convocó fueron un factor de impulso a la lucha del conjunto de los gremios. Pero no ha logrado transformarse en una dirección unificada del conjunto de los trabajadores. Para ello, hubiera sido necesario convocar a un congreso de bases con mandato y votar un pliego único para negociar con más fuerza con el gobierno. Una medida que requiere superar la orgánica de cada sindicato, apelando a la deliberación y organización democrática de los trabajadores. El cierre de esta fase de la lucha docente está lejos de dar por concluidas las luchas que recorren la provincia. ATE continúa en plan de lucha reclamando la reapertura de las paritarias. El Sitraic sigue en reclamo por trabajo, ante una provincia parada por la bancarrota económica y política. En la salud y en otros sectores del Estado continúan los paros. Y éstos pueden combinarse con acciones de lucha contra el tarifazo. Ante esta situación, el acampe de todos los gremios, incluido el docente, se mantiene. Hacemos este aporte para profundizar el balance de la lucha y preparar las batallas que se vienen.

Los emotivos homenajes que se le han brindado a Antonio Torrente sólo se pueden explicar por el reconocimiento a una vida de entrega y lucha abnegada. El último adiós, realizado en la Escuela N 182 “Luis L. Franco”, donde fue su director durante diez años, ha sido la expresión de una comunidad que despedió a un defensor de los derechos de toda la comunidad educativa. En el último adiós participaron niños, padres, ex alumnos, profesores. Los maestros despidieron al director que fue sumariado por negarse a entregar un listado de los docentes que realizaban huelgas en su escuela; los estudiantes, al director que alentaba a sus alumnos para que luchasen por sus derechos. De su muerte se hicieron eco todos los periódicos de la provincia, algunos diarios lo destacaron en la tapa, resaltando su carácter de dirigente del Partido Obrero. En su funeral, Antonio fue destacado como un gran luchador. Hablaron su hijo, León, militante del PO de Tucumán, y Ariel López, dirigente del Partido en Catamarca. Antonio dejó un enorme legado en todo el partido, entre sus compañeros de la regional que compartimos movilizaciones de todas las índoles, entre sus compañeros docentes que sentirán el vacío que deja y entre la juventud que compartió con él momentos difíciles y sus victorias, y ven un ejemplo en su vida comprometida. ¡Hasta la victoria siempre, Antonio Torrente!

Como siempre ocurre, cuando un revolucionario nos deja, no puede sino provocar emociones de diverso tipo, especialmente en aquéllos que, como en mi caso, compartimos militancia y lucha. Antonio se vinculó con Política Obrera durante la dictadura militar -o sea, en la época más difícil y hasta heroica de las que ha recorrido la construcción partidaria. Lo conocí cuando me trasladé a Tucumán. Antonio ya era parte del núcleo partidario con el que, a principios del ’83, nos lanzamos a recorrer barrios y pueblos, y obtuvimos la primera personería electoral del Partido Obrero en el país. Fue un período de mucho sacrificio, pero Antonio los aguantaba todos. Tiempo después, a fines del ’85, Antonio, con su compañera Raquel, también militante partidaria, se trasladaron a Belén, en Catamarca, y allá también, con ellos, se inició el proceso de construcción del PO. En Belén, Antonio comenzó su carrera docente, que a partir del ’96 iba a continuar en la capital provincial. En todos esos años, Antonio fue un puntal en la construcción de la regional partidaria, donde Antonio fue decisivo y en esa condición se transformó, en distintos momentos, en el dirigente provincial y fue candidato destacado en varias elecciones. En esas fases de cansancio y vacilaciones, donde la voluntad parece ceder, Antonio, nunca perdió las perspectivas. Para él, había que luchar, si la revolución iba a tener una dirección que la llevara a la victoria, ésa sería el Partido Obrero y así se mantuvo hasta el último día. Un abrazo afectuoso a sus hijos León, Julio, Agustín y Lucía; a su ex compañera Raquel, y a todos sus compañeros y amigos.

No es fácil despedir a un ser querido. En este caso, el dolor es doble: no se trata sólo de un padre, sino de un compañero de militancia. Mi viejo fue mi primer compañero. Fue quien me inculcó (junto con mi vieja) los valores revolucionarios. Pelear por los derechos propios, luchar por lo que es de uno, pero, sobre todo, pelear por los demás. Sentirse movilizado ante el atropello hacia otros. Mi viejo me enseñó a ser humano. En honor a su autenticidad, debo decirlo: no fue el padre perfecto. Pero estoy seguro de que eligiría mil veces más como padre a Antonio, el que comenzó su militancia en la dictadura, el que contribuyó a conseguir la personería en Tucumán, el que jugó un papel importante en la construcción del PO de Catamarca, el que desde su puesto de director de escuela defendió siempre a sus colegas (y hasta se bancó que le armaran un sumario por eso), el que nunca necesitó hacer demagogia para ganarse el respeto y el cariño, el que dejó tantos recuerdos en docentes, en amigos y familiares. Sí, elijo mil veces más el orgullo de haber tenido un padre revolucionario. Gracias por eso, Antonio. Te vamos a extrañar, viejito.

No es fácil despedir a un ser querido. En este caso, el dolor es doble: no se trata sólo de un padre, sino de un compañero de militancia. Mi viejo fue mi primer compañero. Fue quien me inculcó (junto con mi vieja) los valores revolucionarios. Pelear por los derechos propios, luchar por lo que es de uno, pero, sobre todo, pelear por los demás. Sentirse movilizado ante el atropello hacia otros. Mi viejo me enseñó a ser humano. En honor a su autenticidad, debo decirlo: no fue el padre perfecto. Pero estoy seguro de que eligiría mil veces más como padre a Antonio, el que comenzó su militancia en la dictadura, el que contribuyó a conseguir la personería en Tucumán, el que jugó un papel importante en la construcción del PO de Catamarca, el que desde su puesto de director de escuela defendió siempre a sus colegas (y hasta se bancó que le armaran un sumario por eso), el que nunca necesitó hacer demagogia para ganarse el respeto y el cariño, el que dejó tantos recuerdos en docentes, en amigos y familiares. Sí, elijo mil veces más el orgullo de haber tenido un padre revolucionario. Gracias por eso, Antonio. Te vamos a extrañar, viejito.

Los acontecimientos de las últimas semanas han puesto en evidencia el nivel de podredumbre de todo el régimen político. López no ‘se cortó solo’, sino que fue una pieza más en un esquema de corrupción montado para saquear las cuentas públicas en favor de testaferros y a la gran burguesía. El costo de este pillaje lo paga el pueblo con la precarización de sus condiciones materiales de existencia. La corruptela de los funcionarios es la forma de dominación de la clase social que nació saqueando, confiscando y contrabandeando. La espiral de choques de la bancarrota capitalista mundial lo saca a la luz, como antes sucedió en España o Brasil y ahora Argentina, en el preciso momento que se pretende descargar la factura de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Dime quién te financia y te diré qué intereses defiendes. Las ‘cometas’ de los Boudou, Grindetti, Jaime o De Vido son a cuenta de la clase social de los Caputo, Roggio o los tenedores de la deuda pública. Los camporistas obsecuentes que por lo bajo defendían la ‘bovedamanía’ de Néstor Kirchner como la estrategia de ‘construcción de poder’ reflejaba la moral del arribista asociado al clientelismo estatal y sus prebendas. Con esta forma de ‘construir poder’ los trabajadores no tenemos salida. La forma hace al contenido. A contramano de la politiquería comprada de camporistas o macristas, los militantes del Partido Obrero todos los meses aportamos el 5% de nuestros salarios en la comprensión de la necesidad de construir una alternativa política de los trabajadores. Sin independencia financiera no hay independencia política. De eso se trata esta campaña financiera. Del método político de los trabajadores para construir su propia perspectiva de poder. A los lectores de Prensa Obrera y todos los trabajadores los llamamos no solamente a realizar su propio aporte económico, sino a sumarse activamente en esta perspectiva. Sin los bolsos ‘pesados’ de los Fariña o López, sino con conciencia de clase, con el esfuerzo colectivo como hormigas, pretendemos realizar una gran colecta financiera. Para recuperar los sindicatos y desarrollar la Coordinadora Sindical Clasista, por la organización de la mujer trabajadora y la organización socialista de la juventud. Para desarrollar la ‘construcción de poder’ progresiva y necesaria, la de los explotados, que pueda barrer con esta Argentina ‘off shore’, que la crisis la paguen los capitalistas y que, en definitiva, gobiernen los trabajadores.

En los últimos días se realizaron tres actividades muy importantes con el periódico: en primer lugar una colocación de masas en la movilización de Ni una menos, en segundo lugar una agitación en la provincia de Buenos Aires con eje en el tarifazo y, por último, un mesazo en capital. En la movilización de Ni una menos se pasaron 1.000 periódicos lo cual es la colocación más importante del año. En la tapa estaba el llamado a la movilización, pero desde un ángulo clasista: planteando la relación entre la opresión de la mujer con la opresión que ejercen los capitalistas contra todos los trabajadores y haciendo responsable al Estado por no tomar medidas para impedir los femicidios que vivimos día a día en la Argentina. La aceptación a estos planteos quedó comprobada por el gran pasaje del periódico. La semana pasada se realizó una gran agitación contra el tarifazo en el Gran Buenos Aires (Lanús, Quilmes y Matanza). También en ciudades del interior, en particular Bahía Blanca o Mar del Plata. Y, asimismo, en pueblos como Pergamino. Los trabajadores se acercaban a nuestras mesas para llevarse el periódico que en la tapa planteaba “Derrotemos el tarifazo” (en 17 mesas pasamos 280 prensas) y para firmar un petitorio a favor de la ley impulsada por el Legislador provincial Guillermo Kane, del FIT-PO, donde plantea que se retrotraigan las tarifas al 1º de enero. Juntamos 2.500 firmas. El sábado pasado se llevó adelante un mesazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, en 32 mesas, se vendieron 300 periódicos. La actividad tuvo su centro en la denuncia “Son todos López” y provocó un gran impacto entre los vecinos de la ciudad que manifestaron su indignación frente al vaciamiento sistemático del régimen político y económico de los capitalistas. En todas estas actividades la prensa jugó un papel fundamental en la difusión de nuestros planteos en favor de los intereses de los trabajadores y se transformó en la práctica en la mejor herramienta para difundir nuestras caracterizaciones. Tenemos que profundizar la campaña por el periódico: realizar más piqueteos y colocaciones en mano, para transformar a Prensa Obrera en un órgano de masas de los trabajadores.

El 9 de julio se cumplirán 200 años del Congreso de Tucumán. ¿Qué ocurría en las Provincias Unidas del Río de la Plata un año antes? 1815 fue un año de viraje. Luego de la derrota de Napoleón, en Europa triunfaba la reacción y la Santa Alianza rediseñaba el mapa del viejo continente. En España, Fernando VII era repuesto en su trono, aplastando a los liberales y planteándose la reconquista de sus posiciones americanas. Por el contrario, en el Río de la Plata, único baluarte no recuperado por los españoles, la situación se radicalizaba. A esa altura, las Provincias Unidas estaban literalmente partidas en dos. De un lado Buenos Aires y las provincias orientadas por el Directorio porteño. Del otro, el Sistema de los Pueblos Libres, el bloque de provincias que reconocía el liderazgo de José Gervasio de Artigas. ¿Qué había llevado a esta polarización? En 1811, una segunda oleada revolucionaria que tuvo su centro en la Banda Oriental y se extendió hacia nuestra Mesopotamia actual, derrotó y aisló al poder español en Montevideo. El gobierno porteño, en manos del Triunvirato -una camarilla que respondía a la burguesía comercial nativa y británica, y actuaba a instancias de la diplomacia inglesa-, consumó una mayúscula entrega. Aceptó el retiro de las tropas porteñas y la entrega de la Banda Oriental y de lo que hoy sería Entre Ríos a los realistas. Estos obtuvieron de este modo una victoria en la derrota, que fue respondida por un gigantesco éxodo de masas rurales y urbanas encabezado por Artigas y que pasó a llamarse “la Redota”. En 1813 el Triunvirato convocó a la Asamblea Constituyente que declinó declarar la Independencia, a instancias de la diplomacia británica aliada en ese momento con la Corona española contra Napoleón. Asimismo, rechazó la participación de los delegados de la Banda Oriental, los únicos elegidos a través de asambleas y portadores de un mandato que planteaba declarar la independencia, constituir una república, organizar una federación igualitaria, habilitar los puertos de Maldonado y Colonia como modo de romper la política de puerto y Aduana únicos en manos de la oligarquía porteña, prohibir que tasa alguna o derecho se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra y proclamar la libertad civil y religiosa “en toda su extensión imaginable”. En enero de 1815, el nombrado Director Supremo de las Provincias Unidas, Carlos María de Alvear, fue más a fondo en su política contra el alzamiento que se extendía por el Litoral, proponiendo a Artigas la entrega de la Banda Oriental a condición de que éste renunciase a orientar la rebelión en el resto de las provincias. Artigas rechazó este planteo en nombre de la unidad política y territorial de las Provincias Unidas. Por su parte, el Directorio redobló la apuesta entreguista, proponiendo a los ingleses el dominio del Río de la Plata. A la vez, frente a un clima de agitación en Buenos Aires provocado por el aumento del pan y la carne, Alvear puso en pie un Estado policíaco, a través del destierro y la pena de muerte. En marzo de 1815, Santa Fe rompió con el Directorio y se sumó al Sistema de los Pueblos Libres, un signo del fin de la dictadura. A esa altura, el Sistema reunía a la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Con San Martín gobernando Cuyo y preparando el Ejército de los Andes y Güemes en el norte, el aislamiento y debilidad de los porteños alentaba la expectativa de una nueva organización federal. Sube la ola federal. Cae Alvear Tras la victoria federal ante el Directorio, en Guayabos, en enero de 1815, los restos del ejército porteño abandonaron la provincia Oriental y poco después Montevideo quedó bajo el control de las fuerzas de Artigas. El impacto de esta ocupación fue enorme en todo el territorio del ex virreinato. El artiguismo, como cabeza de la causa federal y anticentralista, alcanzó una enorme autoridad política. Se produjeron alzamientos insurreccionales a favor de la causa federal en Santa Fe y Córdoba, se amotinó el ejército porteño en Fontezuelas. Pocos días después cayó Alvear y se disolvió la Asamblea del año XIII, en medio de una algarabía generalizada. Artigas eligió no gobernar desde Montevideo sino que dejó al gobierno de la ciudad en manos de un gobernador y del Cabildo y, en base a lo propuesto en las Instrucciones a los diputados de la Asamblea del año XIII, fundó una nueva capital a orillas del río Uruguay a la que denominó Purificación. Desde allí se dictaban las medidas que eran aplicadas sólo con el aval de los gobiernos locales, dado que no se llegó a formalizar un verdadero gobierno central. Se pusieron en funcionamiento los puertos de Montevideo, Colonia, Maldonado y Santa Fe tanto para el comercio interior como exterior. “Que los más infelices sean los privilegiados” Luego de la recuperación de Montevideo, en la campaña se agravó la tensión entre las clases. Los hacendados más ricos intentaron retomar el control social del campo a través del desalojo de tierras ocupadas. Mientras Artigas ponía el foco en que se incrementara la producción, los hacendados patriotas, por el contrario, intentaban poner el foco en la necesidad de restablecer el orden como condición para recomponer la actividad productiva. Es en este clima de virtual guerra de clases que Artigas dictó su famoso Reglamento Provisorio de Tierras. Este planteó la confiscación de las tierras de “emigrados, malos europeos y peores americanos, que no hayan sido indultados” y también las que hayan sido vendidas o donadas por el gobierno entre 1810 y 1815, hasta que entraron los orientales a Montevideo. Las “suertes de estancia” debían repartirse entre “los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres todos podrán ser agraciados en suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y la de la Provincia”. Los terrenos debían tener el tamaño indispensable para satisfacer las necesidades de la familia adjudicataria. Fue un completo programa agrario revolucionario adecuado al momento. Su punto de partida fue satisfacer las ansias y necesidades del sujeto social protagonista de las campañas revolucionarias, de esa gran población rural que acompañó a la revolución desde 1811. Intentó cambiar el eje de la economía oriental y crear y consolidar un nuevo sujeto social, promoviendo pequeños hacendados. Algunos han observado que no liberó a los esclavos negros, aunque sí le otorgó haciendas a los libertos y a los zambos. También a los indios -se ha dicho que Artigas es de los muy pocos líderes de la independencia que les dio un lugar preponderante a los indios. Se equivoca Peña cuando caracteriza que “(las masas montoneras) tierra no buscaban ni les interesaba. A los gauchos del litoral ofrecerles una parcela hubiera sido insultarlos… Las montoneras no aportaban consigo un nuevo orden de producción. Se oponían a la oligarquía porteña, pero no podían contraponer ningún régimen de producción distinto a aquél en que se fundaba el poderío de la oligarquía porteña”1. La reforma agraria llevada a cabo en la provincia oriental demuestra exactamente lo contrario y se opuso al latifundio -no es lo mismo un tejido social basado en pequeños hacendados y una industria saladeril en desarrollo que una oligarquía latifundista. Política comercial exterior e interior Tras la caída de Alvear, las seis provincias que se agrupaban en el bloque federal fueron convocadas por Artigas a un Congreso en la localidad entrerriana de Arroyo de la China (actual Concepción del Uruguay) en junio de 1815. Esas provincias conformaron una unidad política y económica en la que se pudo desenvolver un conjunto de políticas planteadas por el federalismo. Se procuró constituir una unión aduanera, con libre circulación de los bienes en su seno. El arancel exterior era alto para los productos que competían con la producción local, y más bajos para los de primera necesidad. El objetivo era preservar la producción local de las provincias federadas, pero también la de las provincias que no estaban integradas, como las de Cuyo, el Norte y Paraguay. Los comerciantes extranjeros sólo podían participar del comercio exterior, dejando la totalidad del comercio interior en manos de americanos. Montevideo volvió a tomar un lugar de privilegio. Así, en los meses de 1815 posteriores a la recuperación de la plaza, fueron fletados más de sesenta barcos y, en 1816, a pesar de la invasión portuguesa, llegaron casi a un centenar. Las Provincias Unidas del Río de la Plata llegaron de este modo al Congreso de Tucumán con un país partido en dos, política y socialmente, y un levantamiento agrario en curso que, con sus peculiaridades, también tenía expresión en el Alto Perú y en Paraguay. 1. Peña, Milcíades: El Paraíso Terrateniente, Fichas, Buenos Aires, 1972.

La represión de las fuerzas estaduales y nacionales en Oaxaca ha dejado, según fuentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Eduación (CNTE), al menos ocho muertes y decenas de heridos y detenidos. A medida que pasan las horas, se desvanecen las versiones oficiales y va quedando en claro que las fuerzas policiales atacaron con armas de fuego a manifestantes desarmados que resistían la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. El operativo de represión en Oaxaca incluyó el despliegue de helicópteros y ataques al personal médico que atendía a los heridos. Por su envergadura, algunos comentaristas comparan la represión con la masacre de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco contra los estudiantes. La reforma educativa mexicana está en línea con los planes del Banco Mundial y forma parte del paquete de leyes privatizadoras del Pacto de México, suscripto por las tres principales fuerzas del país (PRI-PAN-PRD). Procura una flexibilización laboral del personal docente y un ataque a su organización gremial. El centroizquierdismo, que gobernaba Guerrero (colindante a Oaxaca) cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se ve envuelto en una nueva masacre contra el pueblo: el gobernador saliente de Oaxaca encabeza una coalición entre el PAN y el PRD. Muchos datos que han salido a la luz después de la masacre dejan en evidencia que el accionar de las fuerzas represivas tuvo el propósito de quebrar un principio de rebelión popular en Oaxaca. Dos semanas antes de la masacre, los piquetes de maestros se habían extendido por todo el llamado itsmo de Tehuantepec con un fuerte apoyo de padres, estudiantes y de organizaciones sociales. Según la exhaustiva crónica de Luis Hernández Navarro (“Oaxaca en las barricadas”) en La Jornada (21/6), la detención de dos dirigentes de la CNTE fue la gota que rebalsó el vaso. Desde el 12 de junio las barricadas y bloqueos “brotan como hongos”. La administración pública se paraliza y cientos de autoridades municipales expresan su simpatía hacia los manifestantes y reclaman al gobierno que se siente a negociar. El 18 se impuso un estado de sitio en los hechos, pero “tan pronto como las policías lograban desbaratar una barricada los pobladores volvían a instalarla”. En este contexto, se produjo la ofensiva criminal en Nochixtlán contra dos mil maestros, padres y miembros de las organizaciones solidarias, que se replicó en otros sitios de la provincia. Después de la masacre La masacre no aplacó los ánimos. Decenas de miles de maestros se movilizaron en la capital de Oaxaca y las protestas y bloqueos se extendieron también a otros distritos del sur. En este escenario, referentes políticos y de la Iglesia, así como la ONU, exhortaron al gobierno nacional a dialogar con los maestros. Al confirmar la reunión con dirigentes de la CNTE, el secretario de educación Aurelio Nuño dijo que el encuentro no abordaría cuestiones reivindicativas sino que “el diálogo tiene como fin distender las condiciones en Oaxaca, será de corte político” (El Universal, 21/6). La resistencia de los maestros expresa una resistencia social más general contra el gobierno. Aunque se trata de un malestar popular localizado, el temor del régimen mexicano es que se repita un escenario de alza semejante al que llevó en 2006 a la formación de la Asamblea Popular (APPO). En aquella ocasión, un movimiento con fuerte peso docente que se extendió durante seis meses -con ocupación del centro de la ciudad de Oaxaca, varias oficinas públicas, estaciones de radio y la universidad estatal- reclamó la renuncia del gobernador. Oaxaca es uno de los distritos más postergados de México. El 67% de la población se encuentra en la pobreza, 28% en la pobreza extrema. Desde la desaparición de los estudiantes normalistas, el empobrecido sur mexicano es escenario de una importante resistencia popular que el gobierno ha logrado capear gracias al compacto apoyo del imperialismo, la Coparmex (central patronal) y la burocracia sindical. Viva la lucha de los docentes mexicanos. Cárcel a los responsables de la masacre de Oaxaca. Aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El domingo pasado falleció Ricardo Obregón Cano, quien fuera gobernador de Córdoba junto a Atilio López, dirigente de la CGT de la provincia, por un breve período. Accedió al poder el 25 de mayo de 1973 y fue destituido el 28 de febrero de 1974, nueve meses después, por un golpe de Estado que pasó a la historia como “Navarrazo” por quien lo lideró, Antonio Navarro, jefe de policía de Córdoba. Fue parte del desalojo violento del conjunto de gobernadores que habían subido con el apoyo del peronismo sindical combativo y de la Juventud Peronista, orquestado por el propio Perón con el apoyo de la burocracia sindical. Nuestro partido lo caracterizó como “Anticordobazo” porque tuvo la intervención de quienes participaron del Cordobazo. La muerte de Obregón Cano, a la edad de 99 años y luego de treinta de silencio, ha provocado condolencias que constituyen, a ojos vista, una muestra impar de hipocresía. ¿Dónde estaba De la Sota y una larga lista de dirigentes peronistas y de la oposición cuando el golpe policíaco militar sindical ordenado por Perón derrocó al gobierno de Córdoba en 1974? ¿Dónde estaban Gioja, Balbín o la propia CFK, que confesó que cuando Perón echó a los “imberbes” de la Plaza era partidaria de quedarse para no dividir al peronismo, tres meses después del Navarrazo? ¿Alguien recuerda que Ricardo Obregón Cano fue preso por asociación ilícita bajo Alfonsín, en el mismo momento en que el presidente que vociferaba “con la democracia se vive, se come y se hace justicia”, enarbolaba la teoría de “los dos demonios”? ¿Alguien recuerda, honor para él, que Ricardo Obregón Cano denunció la ley de Obediencia Debida del propio Alfonsín, que prescribía los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo grado estuviera por debajo de coronel no eran punibles? La operación burocrático-policial -organizada por el gobierno de Perón con el objetivo de liquidar las posiciones conquistadas por los trabajadores desde el Cordobazo- tiene un capítulo escasamente abordado, que es el papel del peronismo, de la burocracia sindical y de la oposición política patronal en la conspiración que colocó la ciudad bajo el mando de los escuadrones de la muerte y preparó el descabezamiento de las direcciones clasistas y combativas de la época. Fue parte de ella Ricardo Balbín (UCR), quien se ufanaría más tarde de haber excluido a la Legislatura de Córdoba de la intervención federal a la provincia -planteada en principio para los tres poderes- y Oscar Alende y Horacio Sueldo -aliados del PC en la Alianza Popular Revolucionaria (APR)-, que ayudaron a reunir el quórum -dos tercios- necesario para intervenir el Poder Ejecutivo de la provincia. El golpe se propuso destituir al gobierno de la izquierda patronal del peronismo (Obregón Cano-Atilio López) tildado de condescendiente con “la subversión” y provocar una derrota estratégica en uno de los grandes escenarios de la rebelión obrera abierta con el Cordobazo. Era parte, a la vez, de una sucesión de golpes de Estado contra los gobernadores del peronismo combativo pergeñados por el propio Perón y que destituyeron a Oscar Bidegain (provincia de Buenos Aires), Miguel Ragone (Salta), Jorge Cepernic (Santa Cruz) y Alberto Martínez Vaca (Mendoza). Obregón fue un Cámpora, incapaz de enfrentar la ofensiva derechista: fue él quien nombró jefe de policía al coronel Navarro, quien luego fuera jefe de la sedición, repitiendo a Salvador Allende con Pinochet y, más tarde, a Isabel Perón con Videla. El Navarrazo se inició el 27 de febrero de 1974. Ese mismo día, con las calles ocupadas por la policía alzada y las bandas de matones organizados por la burocracia sindical, el cuerpo de delegados del Smata Córdoba, a instancias del Movimiento Sindical Combativo (en el que convergían Agustín Tosco y René Salamanca), resolvía abrir una instancia de negociación con las 62 Organizaciones “legalistas” -orientadas por el vicegobernador Atilio López. ¿Cuál era la política de las 62 en las vísperas del golpe? Negociar con la derecha -los llamados ortodoxos, arietes del golpe- la conformación de una regional peronista que excluyera… a Tosco y Salamanca. Las 62, en la figura de López, capitularon ante Perón entregando su renuncia horas después. Obregón Cano y la JP ni siquiera intentaron enfrentar el motín, confiando en una intervención del “líder” a su favor. Para que se advierta, la clase obrera del Cordobazo fue derrotada sin pelea por esta política, en uno de los mayores centros de la rebelión clasista y combativa que recorría el país. El “cerco” Para el 1º de marzo, las Juventudes Políticas (JPA), con peso determinante de la JP, habían llamado a un acto en la Plaza Congreso para “estructurar una fuerza de apoyo al gobierno que contrapese las fuerzas reaccionarias” (Noticias, 28/2/74). En medio del motín policial, la convocatoria no fue alterada ni en una coma. El gobierno prohibió el acto y la policía sitió el lugar. Las JPA, con 50.000 jóvenes en la calle, decidieron retirarse y fueron gaseadas mientras gritaban su adhesión a Perón y repudiaban el “cerco” en torno de él. Balbín y Perón organizaron una reunión con todos los partidos de oposición. Concurrieron ocho: UCR, APR y, entre otros, el PC -parte de la APR y el PST (luego MAS). De allí salió un documento en el que se planteaba que “los aquí presentes… han reiterado el propósito de no ahorrar actitudes y esfuerzos para mantener y consolidar el proceso de institucionalización del país, en el régimen de la democracia”. Sobre el Navarrazo, ni una palabra. Fue publicado a través de una solicitada (22/3/74). El documento era la consecuencia de una lógica política pérfida, se llamaba a defender al gobierno que en esas horas entregaba todos los resortes del poder a los organizadores del motín en Córdoba y de la Triple A, con la anuencia del propio Perón. La Triple A Obregón Cano se exilió en México en agosto del ’74. Un mes después, su compañero de fórmula, Atilio López, caía bajo las balas de la Triple A. Uno de los 600 desaparecidos y 500 ejecutados sumariamente bajo el tercer gobierno peronista. Al recordar a Obregón Cano, vale denunciar que la impunidad por la Triple A se convirtió en política de Estado bajo todos los gobiernos, incluyendo el pretendidamente nacional y popular. Nadie quiso arrimar una cuota de demagogia para castigar estos crímenes, debido a la magnitud de las responsabilidades políticas detrás de ellos (Perón) y al involucramiento personal y directo de la burocracia sindical peronista en sus filas.