Prensa Obrera N° 1415

El martes 6 de junio las organizaciones independientes de desocupados, piqueteras y de cooperativistas y precarizados resolvieron la tercera medida de lucha contra el ajuste, los despidos, y los tarifazos y por trabajo genuino y aumento en los programas sociales dependientes del Estado. El Polo Obrero, Barrios de Pie, ambos FPDS (Frente Darío Santillán), el FOL, la AGTCAP, y el MST nos plantaremos el 10 de junio desde las 12hs en Corrientes y 9 de julio y simultáneamente en otras 11 provincias, para reclamar que se retrotraigan los tarifazos en la luz, gas y agu , por trabajo genuino, garrafa sin cargo para los desocupados y aumento del 40% en los programas de empleo precario y programas sociales. La desocupación y el deterioro de las condiciones de vida de enormes masas de trabajadores crecen como una mancha de aceite en el asfalto, al calor de una tarifazo “rebajado” al 400 % (!), mientras los aumentos en los programas son del 20%. La caída de los trabajos eventuales y el crecimiento de la desocupación arrojan a las familias que la sufren a la asistencia social y la caridad. Todos los medios informan del crecimiento de demandas de alimentos en los comedores y merenderos populares y cuando esto ocurre es la manifestación más clara del deterioro de las condiciones de vida de las masas. Las direcciones sindicales burocráticas de las centrales obreras repiten la política de los ’90: se desentienden de los desocupados ni bien dejan de pagar la cuota social, arrojando a sus afiliados al infierno de la desocupación y la marginalidad. No será parte de esta jornada la CCC, que sí participo de las anteriores, porque prioriza una acción de lucha propia con los pequeños productores el 13. Por su lado, las organizaciones K y ex K como el Evita, la Ctep y otros no dan señales de enfrentar el ajuste en las calles, parece que siguen “echando agua al pasto seco”, como dijo Pérsico del Evita recientemente. La movilización y corte de la tercera jornada de lucha piquetera levanta un programa frente a la crisis social que se despliega aceleradamente, plantea trabajo para los desocupados (genuino y en blanco), la reincorporación de los despedidos y la puesta en marcha de un plan de obras públicas y viviendas para sumar cientos de miles de puestos de trabajo , la anulación de los tarifazos , la provisión de garrafas para los desocupados ante el avance de la ola invernal, aumento del 40% en las cooperativas y programas sociales. Por un paro nacional y un plan de lucha. Organicemos la lucha contra el ajuste de Macri y los gobernadores.

La derrota de Cambiemos, en la primera elección desde el balotaje de diciembre pasado, es una señal política que excede a la cuestión m unicipal. Cambiemos ha perdido en un bastión radical de fuerte influencia del capital sojero. El propio Macri se involucró personalmente en el último tramo de la campaña, a través de videos. El resultado electoral es una consecuencia de los tarifazos, la inflación y el crecimiento de la pobreza. Esta cuestión de conjunto marcó los límites de su candidato Yuni para disputarle políticamente la elección al candidato de Schiaretti. Más allá de ello, Yuni cargó con el lastre de la desprestigiada gestión del intendente saliente. El éxito de Llamosas, candidato de la delasotista Unión por Córdoba, se basó en el apoyo del gran capital agroexportador. Además de encolumnar a gran parte del PJ, sumó a la burocracia sindical local. Los pronósticos previos indicaban una extrema polarización entre los candidatos de UPC y Cambiemos. Finalmente, más de un 20% de los votos se dirigieron a otros partidos. Pero además, hay que tomar nota de un ausentismo electoral del 32% y de un porcentaje electoral de 3% entre votos nulos e impugnados. También en ese caudal de votos que no respondió a la polarización prevista aparece un fermento de insatisfacción popular. Su principal beneficiario fue la lista vecinal “Respeto”, quien logró el ingreso de Pablo Carrizo al concejo con un planteo despolitizado y una crítica permamente a la izquierda, aunque su lista concurrió bajo la personería del MST. La elección de la Izquierda Los partidos del Frente de Izquierda obtuvieron una votación del orden del 2,5%, repartidos entre 1,63%, del PTS y 0,87% del PO. El PTS realizó una campaña distante de los procesos de lucha en curso, y su lista fue encabezada por una candi data que ya contaba con una elección anterior. Su promoción mediática fue realizada a través de un despliegue económico descomunal, cuya magnitud sólo se explica por un interés faccional. Fue la única lista municipal que presentaron en toda la provincia. El Partido Obrero realizó una campaña de preparación política de los trabajadores para la lucha contra el ajuste, y de organización en defensa de la salud, en las escuelas, en las barriadas y en la juventud. Para la lista del Partido Obrero fiscalizaron destacados activistas de la salud y familiares de víctimas de femicidios, entre otros luchadores. Su joven candidata, Lucía Salazar, realizó su primera y destacada intervención electoral. Con la elección de Río Cuarto termina el ciclo de las elecciones municipales de Córdoba, donde nos presentamos en 17 distritos. Estas luchas han sido un gran factor político para el desarrollo de una alternativa obrera y socialista, en Río Cuarto y en todo Córdoba.

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta firmaron una paritaria del 14% hasta fin de año. Ello abrió un nuevo proceso de lucha en el gremio: se rechazó de manera inmediata y masiva el acuerdo y nacieron asambleas con el objetivo de luchar contra la burocracia. Una de las primeras iniciativas fue juntar firmas para presentarlas en la sede sindical, a lo que Sutecba respondió con 400 patoteros y un llamado a la desafiliación, que llevaría a un callejón sin salida. Ante esta situación, los plenarios autoconvocados con afiliados de Sutecba, ATE y no afiliados buscaron unificar el reguero de asambleas y pronunciamientos que de otro modo quedaban aislados. Y aquí es instructivo valorar el rol jugado por la directiva de ATE Capital: no convocó ni asambleas ni plenarios. En el plenario autoconvocado en el Hospital Ramos Mejía sus dirigentes llamaron a desafiliarse a Sutecba y a afiliarse a ATE, a terminar con las autoconvocatorias para esperar un plenario de ATE que finalmente no existió. Frente al planteo mayoritario de realizar un nuevo plenario autoconvocado, propusieron que fuera en el Hospital Santa Lucía donde dirigen la Junta Interna, para luego boicotear la convocatoria desde adentro, llamando a sus delegados a no concurrir. El día del plenario los propios delegados del Hospital no estaban porque su propia directiva les ordenó bajarse. Luego convocó a una marcha a Hacienda en el marco del enésimo paro aislado sin abrir ninguna perspectiva. Así, la ATE Capital “recuperada” por el kirchnerismo actuó como una burocracia hecha y derecha, abortando un proceso de lucha genuino y pretendiendo capitalizarla para su aparato. Hoy se encuentra juntando firmas por la reapertura de paritarias, lo que ilustra su rechazo a convocar a la lucha. El movimiento autoconvocado no pudo superar las conducciones actuales y fue refluyendo pero logró marcar a fuego el rol de contención que jugó Sutecba y ATE frente al ajuste macrista. El repudio a Sutecba marcó un quiebre definitivo entre la directiva y amplios sectores de su base, lo que obligó a Amadeo Genta a sacar numerosos comunicados defendiendo el acuerdo y amenazando a los que luchan. La lucha salarial se volverá a replantear frente a nuevos episodios del ajuste y esta será una valiosa conclusión que pondrá sobre el tapete la tarea de recuperar los sindicatos para los intereses de los trabajadores. En eso nos empeñamos desde la agrupación Tribuna Municipal.

El 13 de junio, en la primera jornada del juicio, fueron absueltos los doce trabajadores del Taller San José, que eran juzgados por medidas legitimas de lucha, que la patronal -basada en la ley del Subte- imputa como atentados al servicio. Trabajadores de todo el subterráneo cortaron la calle Tacuarí frente al juzgado penal contravencional de la Ciudad desde las 9:30. Al cabo de dos horas de cánticos y batucadas, la jueza resolvió la prescripción de la causa. Un acto que corresponde a la absoluta ausencia de razones por parte de Metrovías y Sbase. La falta de pruebas demuestra el verdadero motivo de esta causa armada: una represalia antigremial contra los trabajadores del Subte. Al cerrar el acto, Christian Paletti, delegado del taller e imputado, celebró el triunfo de la resistencia obrera a la persecución patronal. Néstor Segovia, por la conducción de Agtsyp (el sindicato de los trabajadores del subte), condenó las arbitrariedades represivas del gobierno local y nacional. El legislador porteño Marcelo Ramal, del Partido Obrero, dijo que la justicia no debía ensañarse con los trabajadores, sino con las pésimas condiciones del servicio que estos denuncian sistemáticamente. Y anunció la presentación en la Legislatura de un proyecto que suprima de la ley del Subte, todos los aspectos que reprimen las acciones gremiales de lucha.

La sala III de la Cámara de Casación Penal anuló la sentencia del Tribunal Oral Federal de Catamarca que, en 2013, había condenado a perpetua a tres militares por la “Masacre de Capilla del Rosario”. La decisión contó con el voto favorable de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y libra a los represores de la responsabilidad por el fusilamiento de 14 militantes desarmados del PRT-ERP, ocurrido en agosto de 1974, tras un intento fallido de la organización por copar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. El fallo afirma que no se trató de un delito de lesa humanidad porque el fusilamiento de los militantes ocurrió durante “un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral”, en referencia al gobierno de Isabel Perón. Para los jueces, no hubo plan sistemático de aniquilamiento hasta el 24 de marzo de 1976 y negaron incluso otros fallos de la misma cámara en causas como Operativo Independencia, CNU y Triple A, que declaró imprescriptibles por la participación del Estado. El fallo asegura que los fusilamientos fueron, en todo caso, un "exceso". El fallo exime de toda responsabilidad al gobierno de María Estela Martínez de Perón en los crímenes previos al golpe de Estado y sienta un antecedente extremadamente negativo para los juicios, aún en desarrollo, que juzgan crímenes contra la humanidad previos al golpe (CNU Mar del Plata, Operativo Independencia, etc.). La impunidad de Isabel -y de Juan Domingo Perón- sobre los crímenes cometidos bajo su gobierno es política de Estado. El fallo llega a poner en duda que las víctimas hayan sido fusiladas. En el juicio oral, tras nueve años de investigación, quedó ampliamente demostrado que los militantes del ERP-PRT se habían rendido, que se encontraban desarmados y que fueron cercados luego de entregar las armas. Para los jueces, sin embargo, se pudo haber tratado de un “enfrentamiento”, llegando incluso a afirmar que “ya siquiera puede hablarse de ‘un ataque’ por parte de las fuerzas armadas, sino más bien de un acto de defensa de los poderes constitucionales vigentes, tanto de la Nación como de la provincia de Catamarca, ante el intento de un grupo fuertemente armado de insurgentes”. La vuelta de la teoría de los dos demonios, del “enfrentamiento” y de la “guerra”. El testimonio de José Fernando Gambarella, un ex conscripto que fue testigo ocular de la masacre y contó cómo cuatro personas que se encontraban con las manos en alto fueron ultimadas, fue catalogado por los jueces de “dudosa credibilidad” por recordar y describir una escena a 40 años de los hechos. Una infamia, por parte de un poder del Estado que oculta sistemáticamente los archivos de la represión. Esta anulación se da en el contexto de las operaciones del macrismo para terminar con los juicios y avanzar en un pacto de reconciliación con los responsables del genocidio y del terrorismo de Estado.

Los militantes de la UJS de Olavarría celebran que vencieron el veto del gobierno municipal y lograron la ratificación del proyecto de Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) en el Concejo Deliberante. El planteo del Partido Obrero busca garantizar el derecho a la educación pública y es por ello que la Coordinadora del Boleto realizó, por tercera vez en dos semanas, una masiva movilización convocando a sociedades de fomento y sindicatos como Adunce y ATUNCPBA (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Esta lucha fortalece, por sí misma, la organización estudiantil en colegios, facultades e institutos y contó con la presencia de Guillermo Kane, diputado provincial del PO en el Frente de Izquierda, quien dio su apoyo, marchó al Concejo y presenció la sesión en que se ratificó el BEG. A contramano, y mezquinamente, las conducciones kirchneristas de Suteba y CTA pegaron el faltazo a la marcha y, junto a La Cámpora, coparon el recinto del Concejo, obstaculizando que más estudiantes de la coordinadora pudieran entrar. Todo esto se logró, de todas formas, después de que el Concejo pudiera sesionar la semana pasada cuando una patota de la UTA frustrara el tratamiento del veto que el intendente Ezequiel Galli (PRO) sobre el BEG. Los ediles expusieron los argumentos por los cuales se ratificó el proyecto de la Coordinadora. Así, Olavarría cuenta con el boleto por ordenanza municipal y, a la vez, con un sistema ya implementado de boleto gratuito (TEO). Pase de facturas bochornoso Lo primero que salió a flote en esta sesión fue la profunda crisis política que está golpeando a los partidos del ajuste. De hecho, se vieron -a nivel local- las divisiones que cruzan a los partidos gobernantes, mientras descargan la bancarrota económica sobre trabajadores y estudiantes. En el Concejo asistimos a un bochornoso pase de facturas entre el kirchnerismo, el eseverrismo (corriente representativa del ex intendente Helios Eseverri) y el bloque Cambiemos. Los primeros acusaron al oficialismo macrista de otorgar subsidios sin controles que sólo sirven para llenar los bolsillos de los empresarios, aunque sean los mismos que durante una década nunca controlaron el uso de los fondos ni obligaron a las empresas a mejorar el servicio (Masacre de Once de por medio). Pareciera que recién ahora Federico Aguilera, concejal camporista, abrió los ojos y se dio cuenta de que los millonarios subsidios nacionales a las concesionarias del transporte crecieron el 285% en diez años. La fuerte acusación que hizo sobre los subsidios es puro oportunismo de parte de quienes proponían la creación de un fondo de emergencia para dar a las empresasa cambio del BEG. El eseverrismo, por su parte, denunció vehementemente el accionar de la UTA. En esta demagogia manifestaron que las empresas “nunca dejaron de ganar”. Es algo que saben muy bien, ya que fueron responsables de dar tarifazos sistemáticos para compensar la TEO a costa del resto de los usuarios. ¿Por qué en su momento el eseverrismo negó la TEO por ordenanza y no obligó a las empresas a financiar el boleto estudiantil? El oficialismo no se quedó atrás: Ernes Cladera (UCR) acusó a los eseverristas de haber sido ellos quienes en años anteriores garantizaron negociados con el transporte. Lo hizo sin el menor sentido del ridículo: su gobierno recurre a las mismas prácticas que antes denunciaba. Aumentos por decreto, subsidios sin controles, rechazo al derecho del Boleto Estudiantil y utilización de la patota de la UTA para hacer pasar esta política antipopular. Todos los partidos del Concejo, que en la sesión se pasaban facturas, comparten el mismo historial. ¿Cómo se explica, entonces, que el BEG se haya aprobado por 2/3 del Concejo? Sin duda, el accionar patoteril y violento de la UTA, la semana pasada, marcó un punto de no retorno para los concejales. El amplio repudio al accionar propatronal de la burocracia sindical cerró todos los canales de negociación de cara a la votación del BEG. La patoteada agudizó la crisis y de esta manera los bloques que rechazaron aprobarlo por ordenanza cuando fueron gobierno local y que no reglamentaron el BEG en la provincia cuando Scioli gobernó, se vieron obligados a sancionarlo. En este desenlace jugó un papel fundamental la presión de una creciente movilización. Implementación inmediata del BEG Las conclusiones que nos brindó la sesión del Concejo Deliberante deben conducirnos a redoblar la lucha para que el BEG se reglamente y se implemente inmediatamente. Tenemos que dar una lucha a fondo para que el jefe comunal no pegue un zarpazo al Fondo Educativo para financiar el negocio de los empresarios con dinero de las escuelas. La Coordinadora tiene que ser la voz cantante en la reglamentación del proyecto que salió de sus entrañas. Tenemos que exigir que la ordenanza siga vigente con la implementación de la Sube, ya que en su letra así lo contempla.

L a comunidad wichí está de luto: el 21 de abril falleció en Salta una beba de dos años tras sufrir un cuadro de “broncoaspiración, gastroenteritis aguda infecciosa, trastorno metabólico, desnutrición”, según indican los médicos. La víctima fatal era miembro de una familia oriunda de “La Medialuna”, comunidad ubicada a 25 kilómetros de Dragones, en el departamento salteño de General San Martín. Y la tragedia es doble porque se trata del segundo hijo que se muere por falta de comida. Ante el hecho, el ministro provincial de Primera Infancia, Carlos Abeleira, un hombre del “grupete clerical” encabezado por el doctor Abel Albino (el pediatra cercano al PRO que sonaba como posible miembro del gabinete nacional), reconoció públicamente que la niña padecía de desnutrición pero después cambió su discurso y dijo que en realidad hubo un cuadro de vómitos y diarrea prolongado. A su lado, el ministro de Salud salteño, Oscar Villa Nougues, sostiene que la muerte se produjo por broncoaspiración y que los padres no cumplieron con llevar a su hija a los controles. ¿Quién dice la verdad? Los padres de la niña dicen que fueron al centro de salud de Dragones y tenían que volverse porque nunca accedían a uno de los 15 turnos que otorgan por día. También explicaron que no tienen ni leche para sus hijos sino que comen de lo que el padre logra cazar en el monte y alguna que otra cosa comprada con el dinero de la Asignación Universal. Trágico panorama Sólo durante el último año la desnutrición se cobró 5 vidas de niños de distintas comunidades originarias y la forma en la que suceden es siempre la misma: camino al hospital. Por ejemplo, otra pequeña wichi, también de 2 años, murió en mayo por una infección que le llegó hasta los huesos. Toda la familia está afectada: la abuela fue atendida en el 2014 pero no se puso en tratamiento a toda la familia y por ello falleció la más débil. Las comunidades originarias siempre fueron las más golpeadas por la pobreza: en los ‘90 era por cólera y ahora mueren por enfermedades que deberían estar erradicadas. La solución de Urtubey El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, siempre culpa a la pobreza estructural que heredó (como si no fuera que gobierna desde hace 8 años) y como respuesta a la indignación popular por la muerte de los pequeños su ministro de Primera Infancia dice que a las víctimas fatales les faltó “amor”. Lo cierto es que Urtubey, además de crearle un ministerio al Opus Dei, financia edificios para la fundación Conin (de Albino) mientras que los centros de salud del interior no tienen médicos, ni agentes sanitarios, ni medicamentos, ni ambulancias. Albino admitió públicamente que le costará 50 años erradicar el hambre en Salta, aunque nuestros pequeños no tienen tanto tiempo. Ahora la dupla Abeleira - Albino también admite que “hay 2.000 niños con bajo peso y en control nutricional” y que “hay otros casos graves”, en seguimiento, aunque no detalló cuántos. Durante la campaña electoral nacional causaba asombro que Mauricio Macri simpatizara con el polémico Dr. Albino, quien se hizo famoso por su libro “Gobernar es poblar”, donde se opone a los anticonceptivos, llama a vivir en castidad, y pone a la mujer al servicio del hombre, además de plantear que la mejor manera de evitar el VIH es la abstención sexual, en lugar del preservativo. Pero una de las peores posturas de Albino es que la desnutrición es producto de la promiscuidad y no de la falta de recursos económicos. Describir todo lo que piensa Albino tomaría varias hojas de crítica, en definitiva el programa de Conin es el plan perfecto a la medida del ajuste que impone Macri y Urtubey. El gobernador lleva a la quiebra a la provincia producto de administrar a favor de los negocios del gran capital, aunque eso tenga como consecuencia la propia muerte. Y toda respuesta se moldea a la medida de la oligarquía salteña, que históricamente se enriqueció a costa de un pueblo sometido al oprobio. De hecho, los índices más altos de pobreza y miseria se dan en los departamentos en que se fue a fondo con los grandes negocios capitalistas, madera, soja, caña, desmonte, petróleo. Ahora bien, debemos comprender que encarar la desnutrición de los niños desde los planes ultramontanos de Albino y no desde la salud pública forma parte de un plan de control social, no solo porque sale más barato. El caso de la niña wichí violada puso de manifiesto la precariedad de la salud pública en el interior y también lo dañino que es para el pueblo esta gente conservadora. La clase obrera debe tomar nota de esto y luchar por nuestros niños.

Esta semana tomó relieve en las redes sociales un tweet de Jorge Altamira que decía: "La trata de mujeres no es machismo, es la explotación capitalista organizada de mujeres y niña/os". Esta posición política se dio en el marco de la movilización del 3J y suscitó la confusión honesta de muchas compañeras, junto a chorreadas de tinta de sectores que colocan la lucha por los derechos de las mujeres en el campo de la lucha contra “la cultura machista”. Y denuncian esta posición como “economicista”, “reduccionista” o que soslaya “las complejidades de los tipos de opresión”. El capitalismo se sirve de numerosos instrumentos para implantar su dominación de clase. Algunos de esos instrumentos fueron heredados de antiguos tipos de ordenamiento social donde el llamado patriarcado, lejos de ser una “cultura”, se impuso en la medida en que la sociedad se organizaba a partir de la administración privada de un excedente y de la necesidad de mano de obra, lo que fue de la mano del control sobre la mujer (por su capacidad reproductora) y abrió paso a la escala de desigualdades, donde la línea divisoria se encuentra, hoy como entonces, entre quienes son poseedores de medios de producción y quienes no lo son y, por lo tanto, deben trabajar para subsistir. A partir aquí puede encontrarse un abanico de escalas de opresión donde claramente la mujer tiene un lugar mucho más relegado que el de sus compañeros “desposeídos de medios de producción”. El cuerpo legislado Las mujeres trabajadoras son mayoría entre aquellos con trabajo precario, con peores sueldos, las que deben cargar generalmente con el trabajo doméstico y la crianza de los hijos, al tiempo que sufren la cosificación de haber venido al mundo para ser madres y, por eso mismo, se ven privadas de una maternidad feliz. Es tanto lo que el régimen capitalista debe apretar las clavijas de la dominación que legisla sobre el cuerpo de la mujer y su decisión de ser o no madre, prohibiendo el aborto. Tan enorme tarea de dominación requiere de una batería de propaganda sistemática que cosifica a la mujer y la ubica como un objeto a ser apropiado, con imágenes sexuales violentas hacia las mujeres, etc. Todas estas expresiones es lo que se expresa en la actualidad como esa “cultura machista” que es consecuencia de un régimen social, pero no su causa. El sistema capitalista ha sofisticado los instrumentos de dominación social, los heredados y los propios, hasta tal punto que ha producido un equipo de intelectuales que colocan en el individuo la responsabilidad de toda una descomposición social que este sistema de desigualdad y opresión produce. Así como explicó al genocidio nazi como la expresión bestial del racismo de la época y no como una manifestación extrema del régimen social capitalista, explica al flagelo cada vez más acuciante del femicidio en el machismo. Quita, de esta manera, la responsabilidad al régimen social y coloca la responsabilidad en ese individuo que “hace la cultura”. Las feministas del kirchnerismo han utilizado al máximo esta fórmula para evadir las responsabilidades de doce años de gobierno, que transitaron al calor de un crecimiento exponencial de los femicidios y la violencia hacia las mujeres. Las feministas K fueron las propulsoras de que la mujer se “empodere” (¿¡quién se lo impide?!), que saque tarjeta roja, que comprenda que su novio es violento con todo un instructivo que explica cuáles son las características de ese “sujeto violento”. Tras el ambiguo y sin culpables concepto de “cultura machista” se esconde toda una política de encubrimiento de un régimen social que tiene nombre y apellido, y nos condena a las mujeres a ser sistemáticamente convidadas de piedra. Aquellos que consideramos que solamente una sociedad socialista puede ser la condición necesaria para terminar con todo tipo de opresión, tenemos la enorme tarea de fortalecer nuestra organización de mujeres, para pelear por nuestros derechos señalando con claridad al Estado como expresión de ese régimen capitalista que nos condena.

La idea es hacer de público conocimiento en nuestra página web partidaria el legado de aquellos compañeros/as fallecidos de la TERS y Política Obrera anterior y UJS-PO actual para, principalmente, rendirles homenaje. No todos los compañeros/as conocen a todos los fallecidos, asesinados y desaparecidos antes, durante y después de la última dictadura. Pienso que es necesario dar a conocer, principalmente a los militantes de hoy, la historia y legado de aquéllos que perdieron su vida luchando por nuestra causa y, más que nada, por los/as que hoy todavía seguimos pidiendo justicia. Es necesario discutir el formato del mismo espacio en cuanto a cantidad de imágenes y texto. Si cada lugar será una placa digital o cada una tendrá una galería con caja de comentarios incluida para compañeros/as y familiares. Actualmente, el sitio web del partido cuenta con un espacio por Mariano Ferreyra y otro por Pablo Rieznik. Se publican obituarios en nuestra prensa y notas sobre casos de mártires nuestros. Pienso que es necesario que nuestros compañeros/as sepan quiénes fueron aquéllos que físicamente ya no están, cada vez que gritamos ¡Presente!

El pasado jueves 9 de junio, una delegación de ferroviarios del Roca de evasión, desmalezado, guardatrenes y trabajadores de los talleres de Escalada presentaron en el Ministerio de Trabajo de la Nación el petitorio de 600 firmas reclamando el reconocimiento de la deuda por mala liquidación del adicional por tickets y solicitaron en un escrito una audiencia con la Unión Ferroviaria, la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios y la Secretaría de Transporte para tratar el reconocimiento integral de los derechos conculcados a los trabajadores. La iniciativa fue impulsada por la Lista Gris. Tras la apertura del expediente, se llevó adelante una pequeña asamblea que resolvió impulsar una campaña de pintadas, trató de la presentación que se hará de un reclamo por insalubridad y recategorización de desmalezado, una iniciativa para recuperar la ambulancia permanente para los talleres y la edición de un boletín informativo para el resto de los trabajadores. Se trazó un balance de la pérdida de conquistas en los últimos años y se planteó un llamado a toda la oposición ferroviaria a enfrentar a la burocracia pedracista en las elecciones generales de noviembre de este año. También se trató la importancia de concurrir con una amplia delegación ferroviaria a la convocatoria de la Conferencia Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista del próximo 2 de julio y la reunión preparatoria en zona sur del próximo 24 del corriente mes. El próximo jueves 16, a las 16.30 hs en la sede del Sindicato de la Industria de la Construcción (Sitraic), en Remedios de Escalada, volverá a reunirse la asamblea de la Lista Gris.

El paro de 48 horas que paralizó totalmente los vuelos, fue la respuesta al apriete sufrido por los controladores, intimados a aceptar dentro de los 10 días su pase a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA SE). Los que rechacen quedarán en un limbo administrado por el Ministerio de Modernización. EANA SE es la empresa estatal que se hará cargo de las torres de control, creada por Ley en 2015, como salida a las continuas luchas de los torreros contra la presencia despótica de la Fuerza Aérea en la dirección del tráfico aeronáutico. En 2007, dado el escándalo que involucró a la cúpula de esta fuerza en el contrabando masivo de cocaína a España, Néstor Kirchner tuvo que desplazarla. Pero en 2011, como represalia a las denuncias de los torreros por las condiciones deplorables en que desarrollaban su actividad, Cristina hizo retornar a los militares. La creciente resistencia de los trabajadores concluyó en un compromiso de todas las burocracias con el gobierno K para crear una empresa estatal que -funcionando como "unidad de negocios"- servirá a la privatización de un servicio que hace a la seguridad y soberanía de los cielos del país. En su formulación, la Ley 27161, plantea la vigencia plena de la "esencialidad" de la tarea, un cepo al derecho de huelga de los controladores. En un tiempo récord de 3 días se homologó un convenio colectivo con Atepsa, un gremio ultraminoritario, dejando fuera a ATE y APTA, partícipes activos durante la elaboración de esta Ley, que los incluía dentro de un Consejo Consultivo. En su artículo 1°, el convenio, que los compañeros califican de "reglamento", ratifica la "esencialidad", obligándose a los trabajadores a prestar servicio no sólo a los aviones en vuelo o sanitarios sino a habilitar la partida del 45% de los vuelos comerciales y el 100% de los no comerciales. Siendo una empresa de derecho privado, se acepta la pérdida de la estabilidad que tienen los trabajadores estatales, incluyendo el despido sin causa con indemnización. El convenio acepta condiciones carcelarias que incluyen la instalación de cámaras, la intervención de las casillas de mail y la requisa de celulares antes de ingresar al puesto de trabajo. Se establece la multifunción y la realización obligatoria de tareas correspondientes a categorías superiores sin generar derechos. La brutalidad desplegada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria enviada por el Juez Ercolini para reemplazar a los huelguistas por jefes fue más allá incluso que el fallo de la Corte ya que ATE, convocante de la medida, es un sindicato reconocido y los compañeros garantizaban las guardias mínimas. La burocracia de APTA, que como ATE se queja de haber quedado fuera de la firma del convenio y del Consejo Consultivo, sólo sacó un comunicado para anunciar que acataba la conciliación obligatoria, lo que no pudo impedir que varios de sus afiliados se sumaran a la medida. Un cuadro que sumado al cierre de SOL y al ajuste en marcha en Aerolíneas-Austral y LAN, ratifica la necesidad de un Paro Nacional Aeronáutico.

El viernes 9 de junio, Telenoche emitió un informe sobre el aumento de la cantidad de familias que concurren a los comedores escolares y comunitarios en Merlo. Como parte del informe entrevistaron a la directora de la EP 50, de uno de los barrios más carenciados del distrito, quien reconoció que en su escuela comen 400 chicos, pero el cupo que tiene es de 219. De inmediato, la presidenta del Consejo Escolar, María Jose Barrionuevo, hizo una publicación en su facebook. Lejos de indignarse por la lacerante realidad, cargó las tintas contra la directora del colegio a quien acusó de tener "intencionalidad de desacreditar" al Consejo Escolar. Barrionuevo reconoció que los cupos no se incrementaron y, sin embargo, hizo eje en el hecho de que la directora no habría mandado "una nota planteando su [sic] situación". ¿El Consejo Escolar no sabe cuál es la situación de los comedores escolares en el distrito? ¿No sabe que, además de insuficientes, los cupos son miserables (12,60 pesos por chico) y nutricionalmente deficitarios? ¿No sabe que "su" situación es la que se vive en toda la provincia y a nivel nacional?. Barrionuevo agregó que no admite "las denuncias por televisión o redes sociales", pero ella misma utiliza su facebook y su lugar de poder para atacar a una directora que se limitó a señalar un dato de la realidad. Lamentable, sobre todo, viniendo de una gestión que llegó al poder con el discurso de que en Merlo volvía la libertad de expresión. El ataque personal busca ocultar las responsabilidades políticas en relación con el vaciamiento educativo. El gobierno de Menéndez se pasó los primeros seis meses echándole la culpa a Othacehé por todos los déficits distritales, para terminar exculpándolo porque ahora resulta que el problema del vaciamiento educativo (y hospitalario y del transporte, etc.) es responsabilidad de la provincia. De tal suerte que el hambre de los niños de Merlo no puede ser resuelto por el intendente ¡por una cuestión jurisdiccional! Un disparate. Por otra parte, no escuchamos ningún planteo de Menéndez a Macri cuando vino a una escuela a entregar 30 (miserables) netbooks. Menéndez tampoco llevó ninguna denuncia ante el ministro de Educación Esteban Bullrich con quien se reunió el 3 de junio para dirimir la interna de camarillas que se disputan el Rectorado de la UNO. ¿Acaso el municipio no cuenta con presupuesto para hacer frente a un problema tan sensible? No lo sabemos. El presupuesto municipal sigue igual de oculto que durante el régimen de Othacehé. Párrafo aparte merece Libres del Sur, quienes participaron del programa de Telenoche. Ante la Publicación de Barrionuevo el referente de Libres del Sur, Rosendo Martinez, se encargó de aclarar que el informe "en ningún momento se refiere a una problemática local" ¡Como si la nota no hubiera sido realizada en Merlo!. Repitiendo la justificacion jurisdiccional de Barrionuevo, Martinez agregó que "la provincia desfinancia la educación". Por último, para que no queden dudas de la total adaptación de Libres del Sur al gobierno de Menéndez, añadió que hay "áreas del Municipio [que] trabajan muy bien (...) hoy el Consejo Escolar es el área de gestión más presente". El vaciamiento educativo y la carestía creciente de las familias trabajadoras tiene responsables políticos concretos en todos los niveles jurisdiccionales. Menéndez, del FPV, viabiliza en Merlo el ajuste macrista. El hambre del pueblo también es su responsabilidad.

La segunda marcha por el #NiUnaMenos sirvió para concentrar a miles de personas que pidieron luchar contra la violencia hacia la mujer. Por su carácter amplio, esta convocatoria caló hondo en distintos grupos, entre ellos el de las jugadoras de futsal, quienes días antes habían lanzado una campaña para denunciar la discriminación en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Se podría decir que, para ellas, la gota que rebalsó el vaso fue la postergación del inicio del torneo, que ya de por sí estaba programado cuatro meses después de la pretemporada (mientras que el masculino disputaba su novena fecha), pero son muchas más las dificultades que hay que sortear para jugar: manejos con los fichajes, con los pases, horarios y lugar de entrenamiento cambiantes, irregularidades con los viáticos y falta de asistencia ante lesiones. Ante este planteo, la AFA se empeña en señalar que este año hay un “récord” de catorce equipos. El dato, si bien es correcto, es tramposo: es cierto que es el mayor número de equipos inscriptos para una temporada, pero se da en un cuadro de ascenso vertiginoso de ascenso del futsal. Ligas con menos recursos, como Bafi, agrupan sesenta y seis equipos con 1ª, 3ª, 4ª y en algunos casos hasta 5ª categoría, con niñas de seis a nueve años. No es de extrañarse que el responsable del futsal sea Oscar Ríos, del PRO. Más que historial, él y su padre de mismo nombre tienen prontuario: familia vinculada por Lorena Martins como que cobraron dinero de los prostíbulos para usarlo en la campaña por la reelección de Mauricio Macri en la Ciudad. En Boca, donde es el hombre fuerte de Daniel Angelici, eliminó al futsal femenino (que venía de ser campeón). Sí: la Asociación designó a un responsable para el futsal que cerró la disciplina en su propio club. En la reunión en la que finalmente se sorteó el fixture, deslizó la posibilidad de que el torneo no se llevará a cabo si Angelici renunciaba a la AFA. “Jugadoras Organizadas” nació, entonces, bajo premisas fundamentales: la necesidad de agruparse independientemente del color de la camiseta para pelear por las reivindicaciones más elementales, y la conclusión de que AFA, por su composición, es un obstáculo para el desarrollo del futsal a nivel clubes y a nivel selección. La agrupación garantizó que se sortee el fixture y que arranque el torneo, en medio de una de las internas más feroces de los últimos años. Ahora el objetivo es democratizar el futsal, la creación de una comisión del femenino, cuyos integrantes sean votados por jugadoras y cuerpo técnico para que se discutan los verdaderos problemas de quienes practican deporte -y no para ser una moneda de cambio en una disputa de camarillas por la repartija de los derechos televisivos.

El pasado jueves 9 de junio se realizó una movilización de unas 1.500 personas desde el centro hasta la plaza del municipio, convocada por la CGT, las dos CTA y la CTEP. Con un llamado a “la primer marcha de la resistencia contra el ajuste, el tarifazo y la represión" y un documento de convocatoria que no hacía referencia a la necesidad de un paro nacional contra el ajuste de Macri, y gobernadores e intendentes que no se mencionaban, se ocultó todo un rearmado kirchnerista local. Por eso no se mencionaba el ajuste de Insaurralde, quién mantiene un régimen de precarización laboral sobre 10 mil trabajadores, sin reconocimiento a paritarias y con sueldos de miseria, como tampoco de los gobernadores k, que reprimen y ajustan en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Así las burocracias de la CGT como de la CTA-T se intentan posicionar, oficiando de laderos del “frente ciudadano K local” frenando cualquier iniciativa de lucha. En los últimos conflictos del distrito, en los que podemos mencionar la enorme lucha de los judiciales y el conflicto de los trabajadores de las líneas 165-112 estos sectores han estado ausentes debido a que no tienen por interés quebrar el ajuste del gobierno, ya que el FPV y el PJ son partidos de Estado y juegan a favor del ajuste. En la movilización participaron la UOM, el SMATA, SITTAN, Comercio, Federación Grafica bonaerense, Sanidad, Soeme, UPCN, ATSA, Sindicato de Municipales, Suteba, ATE sur, entre otros sindicatos; diversas agrupaciones barriales, el Partido Justicialista y otras organizaciones k, IS, el Nuevo MAS y la Dario Santillán. Participaron de la cabecera de la marcha Pedro Wasiejko (adjunto de la CTA Yasky, y ex sec. Gral. del Sutna), Depetri, concejales del FPV (como el propio sec. Gral. de la CGT local Oyhamburú, presidente del bloque k), además de funcionarios del municipio y el consejo escolar. Por eso fue un grave error que la mayoría de la directiva de ATE sur y la CTA-A local se hayan decidido ser convocantes y firmar el documento, lo que representó todo un seguidismo al armado político Kirchnerista local. Con la idea de la unidad de acción contra el ajuste, se concretó toda una lavada de cara del municipio, el consejo escolar y la burocracia sindical de las CGT y la CTA-T local. Los compañeros del Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista, que integramos la comisión directiva de Ate Sur y CTA-A, rechazamos colocar a los trabajadores lomenses como furgón de cola de este bloque político patronal, y dimos una pelea por mantener la independencia política. Para que los trabajadores derrotemos el ajuste es estratégico luchar de manera independiente del Estado, los patrones y sus partidos, como de la burocracia sindical. La ubicación de los trabajadores detrás de uno u otro bando solo conducirá a satisfacer los intereses de los capitalistas. Es indispensable la deliberación en todos los lugares de trabajo, preparando el paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste de Macri, los gobernadores e Intendentes.

Con un cacerolazo en la puerta de la empresa de gas Camuzzi, en Necochea se puso en pie un movimiento que busca frenar el tarifazo. Planteado el reclamo frente a los capitalistas que buscan zafar de la crisis con aumentos brutales que alcanzan el 1.000% (sí, mil por ciento, es decir, facturas que pasaron de 100 a 1.000 pesos), el Partido Obrero junto con los vecinos nos movilizamos a la municipalidad, adonde nos dirigimos cortando el tránsito, sumándose los vecinos con bocinazos y expresiones de apoyo. Los vecinos fueron recibidos por el secretario del intendente, Facundo López, uno de los pocos que logró una reunión personal con el ministro de industria. Aunque aseguraron que las “gestiones” buscaban detener el aumento, es evidente que los esfuerzos estuvieron colocados en recategorizar a Necochea como “zona fría” (quitándola de la “zona pampeana”, a la que pertenece actualmente), para que el tarifazo no sea “tan alto”, pero se ejecute al fin. De todas maneras, las perspectivas de estas gestiones no parecen tener un resultado en el corto plazo, dado que, tal como nos informó a los delegados del movimiento el secretario de gobierno en una reunión, el municipio presentó un amparo conjunto para detener el aumento. Dicha presentación tuvo como justificación un argumento legalista: que no se habían llevado a cabo los pasos exigidos por la Constitución para aplicar el aumento. En la reunión, planteamos que los amparos tenían una aplicación tardía, frente a un problema urgente, y que, por otro lado, no resultaban en una solución de fondo, dado que tienen una vigencia acotada, en caso de ser aprobados. Asimismo, expresamos el reclamo de muchos vecinos de las dificultades para solicitar la tarifa social, exigiendo al Municipio que se tomen las medidas necesarias para que todos quienes actualmente cumplen los requisitos para tener tarifa social, la obtengan automáticamente, sin necesidad de probar su pobreza frente a los burócratas de la Anses y gas Camuzzi. Finalmente, planteamos, frente a los intentos kirchneristas de conformar una “multisectorial ciudadana”, que estamos frente a una cuestión de clase: los capitalistas, representados por el Estado, buscan que los trabajadores paguemos la crisis. Vamos, en Necochea y en todo el país, por una coordinadora que unifique las distintas reivindicaciones del movimiento popular para golpear juntos con un plan de lucha para retrotraer las tarifas al 1° de enero, que se abran los libros contables de las empresas de servicios bajo control de los trabajadores.

El Polo Obrero, junto a otras organizaciones del movimiento piquetero protagonizó, el pasado viernes 10 de junio, un piquetazo de seis horas en el Obelisco, cortando la totalidad de la avenida 9 de Julio, en reclamo de aumentos para los que trabajan en el programa Argentina Trabaja y otras reivindicaciones. Los compañeros del Polo Obrero de Córdoba también se movilizaron en su provincia con los mismos planteos. Las consignas y los reclamos fueron: puestos de trabajo ante el crecimiento de la desocupación; aumento a los trabajadores del programa Argentina Trabaja que, en lo que va del año, recibieron sólo un 20%, perdiendo contra una inflación proyectada que ya supera el 40% y aumento en el resto de los programas sociales. Asimismo, se planteó: abajo el tarifazo y garrafas subsidiadas por el Estado para los desocupados y precarizados. Esta fue la tercera acción de lucha por estos reclamos, luego del corte frente al Ministerio de Desarrollo Social, del 16 de marzo pasado y la movilización de Liniers a Plaza de Mayo, del último 16 de abril. El ajuste golpea fuertemente a los trabajadores y a los desocupados que viven en los distintos barrios. La llamada "asistencia social", que los diarios destacan que está siendo aplicada por Macri y la gobernadora Vidal, es sólo para la tribuna. Lo que tenemos es un tarifazo en regla en los servicios públicos (en los últimos días han llegado boletas de gas impagables, con el agravante del frío), 250.000 despidos en todo el país y una inflación que se come los salarios. En la jornada del 10 fue reflejada esta realidad que se sufre en todo el país. Una delegación de los compañeros movilizados se reunió con funcionarios del Ministerio de Trabajo acercando un petitorio con los reclamos. La negativa respuesta del gobierno ante los pedidos plantea la necesidad de profundizar el plan de lucha. En los próximos días se reunirán las organizaciones para discutir una nueva acción. Queda planteada la necesidad de reunir las asambleas, seguir empadronando compañeros por trabajo y votar acciones en las cuadrillas de cooperativistas para derrotar el ajuste.

La multitudinaria jornada del #Niunamenos el pasado 3 de junio volvió a poner en primer plano político la cuestión relativa a la violencia de género, y todas las políticas contra la mujer que, lejos de alivianarse en el último año después de la primera movilización, se agravaron en todos sus puntos. La predisposición popular a salir a la calle por este tema quedó reforzada e incluso engrandecida. Luego de la marcha, salieron voces críticas a un twit de Altamira (ver notas) en el que decía que la trata no es un problema de machismo sino de la organización social. Un repaso por las concepciones del profesor británico Terry Eagleton, de amplio renombre en el campo intelectual mundial, podría, quizás, servir y sumar como aporte a esta polémica. En su libro de 2011 “Por qué Marx tiene razón”, desmonta diez concepciones típicas sobre el marxismo del sentido común que intentan desacreditarlo en sus premisas, y una de ellas es que los nuevos movimientos sociales (apoyados sobre la etnia, el género, las colonias, etc.) sustituyeron al marxismo por “tener conceptos anticuados como la clase”. Como él mismo indica: “Ambas historias (la del patriarcado y la sociedad de clases) están tan estrechamente relacionadas en la práctica que costaría imaginar el derrocamiento de una de esas dos instituciones sin que ello generara tremendas ondas expansivas que desestabilizaran la otra”. Algunas corrientes izquierdistas olvidan, en su afán de fingir una cierta “flexibilidad” en su programa, un punto básico cuando se trata de cualquier tema social que es historizar. Al historizar, Eagleton descubre que, si bien una es anterior a la otra, la violencia machista y el capitalismo parten de un mismo trayecto explotador. Lejos de fetichizar concepciones y sustraerlos de la dinámica social más amplia, el marxismo debe estudiar los procesos sobre los que se posa la explotación capitalista e identificar la importancia de que, en definitiva, la lucha de clases es el motor de la historia. Hay que entender los vaivenes históricos y la tendencia social capitalista para comprender la crisis de la familia en el marco del agotamiento histórico del capital, para no cometer el error de identificar las perspectivas “culturales” como las predominantes. Sigue Eagleton: “El conflicto entre las grandes empresas trasnacionales y la mano de obra mal pagada, étnica y en muchos casos, femenina, al sur del planeta es una cuestión de clase en el sentido marxista del término (…) Las mujeres siempre han formado una parte sustancial de la fuerza de trabajo y nunca ha sido fácil desligar la opresión racial de la explotación económica. Los llamados nuevos movimientos sociales tienen muy poco de novedoso en su mayoría”. Será por eso, que mucho antes que el feminismo posestructuralista de la década del ‘60 en los países occidentales, el marxismo, el bolchevismo y la revolución rusa tuvieron un foco de primer orden puesto en los problemas de “género”, tales como la regulación laboral, el divorcio o el aborto legal. Dicho todo esto, no hay que olvidar que, además del contenido específico del debate -que siempre es bienvenido- es una costumbre del PTS “debatir al interior” del Frente de izquierda. Esta actitud es fácilmente trasportable a otras referencias (ejemplo, ver en Milagro Sala una “luchadora”, o coquetear con el kirchnerismo en un frente antimacrista). No nos debe sorprender, entonces, que una de las manifestaciones más apasionantes de la lucha de clases de las últimas décadas como lo fue el movimiento piquetero, tenga en sus mujeres uno de sus capítulos fundamentales (contra la división de trabajo machista y contra la concepción burguesa de familia) (Rath, 2004).

Foto: Camila Almada Meneses La movilización por #NiUnaMenos fue precedida por la enorme indignación popular que produjo el caso de la violación de una nena wichí por ocho hombres en la comunidad de Alto La Sierra, Salta. El hecho se puso de manifiesto en la Cámara de Diputados, recién seis meses después de ocurrido, a pesar que la Justicia y diversos ministerios (Derechos Humanos, Asuntos Indígenas, Justicia y De la Primera Infancia) lo conocían desde la primera semana de producido. Inmediatamente, el Plenario de Trabajadoras, junto con el bloque de Diputados y del Senado del Partido Obrero, expuso la responsabilidad del Estado desde el momento que fue atendida en un centro asistencial, donde no se le administró la medicación para prevenir tanto enfermedades venéreas como el propio embarazo, como así tampoco se le informó a sus padres de que antes de las doce semanas la niña podía acceder al derecho a abortar legalmente. Tampoco se le proveyó a la víctima un médico legista que tomara las pruebas de ADN de los violadores, quienes terminaron por ser liberados tras una corta detención. Recién ahora con las denuncias públicas, el fiscal de la causa pidió nuevamente la detención de los acusados, pero sin ofrecerle a la niña un intérprete para que pudiera denunciarlos correctamente. Aún con todas estas cuestiones, la aberración más brutal que padeció la nena wichí fue que gracias al fiscal, el juez, y diversos ministerios corrió riesgo de vida. Recién después de la denuncia del diputado Arturo Borelli, quien concurrió a la zona con la Comisión de Derechos Humanos de la cámara, el Estado aceleró la decisión de practicarle un aborto, por el enorme riesgo que corría sumado a que el feto tenía anencefalia y moriría en el mismo momento del parto. La Marcha del 3J La marcha del 3 de junio se convirtió, a diferencia de la anterior, en una fuerte denuncia sobre las responsabilidades del Estado, en este terrible caso de Salta: tanto del Ejecutivo como los cuatro ministerios que abandonaron a la familia wichí, el Poder Judicial y el Observatorio de Violencia de Género, que silenciaron éste y otros casos. También, a diferencia de la marcha de 2015, en la provincia hubo dos actos: el oficial, en el que confluyeron las funcionarias y legisladoras de Juan Manuel Urtubey, del PJ, de la UCR y el kirchnerismo, por un lado; y las organizaciones de lucha por los reclamos de la mujer por el otro. El primero, nuevamente adjudicando al machismo y la cultura patriarcal salteña la situación de las mujeres, encubriendo con el gobierno de Urtubey, que la provincia encabeza las cifras de asesinatos y secuestros de mujeres para la trata. Concurrió a ese acto, en una verdadera provocación, la ministra de Derechos Humanos que le negó a la niña wichí sus derechos. En el otro acto, por primera vez, sectores de la izquierda que hasta ahora denunciaban como limitadas las políticas de género de Urtubey, y en ese marco se movilizaban para reclamarle que fuera más lejos, suscribieron un documento que denunciaba a Urtubey e incluso al Observatorio contra la Violencia de Género, uno de sus engendros institucionales para encubrir la impunidad del Estado. Ganar la calle por el derecho al aborto no punible Si el gobierno pensaba cerrar el debate trasladando el caso de la niña wichí a la Justicia; ahora el juez de la Corte, Abel Cornejo, lo reinstala pidiendo la remoción de los magistrados de la causa y abriendo un jury de enjuiciamiento contra el juez y el fiscal por entender que podrían haber incurrido en mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes. Hay en marcha un operativo para excluir de toda responsabilidad al gabinete de Urtubey, en especial a sus ministros de Salud y la de Justicia y Derechos Humanos, que al tomar estado público el hecho dijo que no era “de su competencia” proteger a la niña. Urtubey, quien al día siguiente del fallo de la Corte sobre aborto no punible dijo que “en Salta no sería acatado”, dictó el Decreto 1170 (que establece el límite de las primeras 12 semanas para la práctica de un aborto no punible), mediante el cual se judicializa el acceso a este derecho de las mujeres violadas. Más que nunca, queda expuesta la necesidad de imponer la derogación de este decreto y la aprobación del proyecto del Partido Obrero: un protocolo de intervención ante estos casos, que con la sola solicitud de la mujer o su tutor, si es menor, tenga acceso a la interrupción del embarazo. Tras el Ni Una Menos, comienza así una campaña de pronunciamientos públicos y la convocatoria a todas las organizaciones que luchan hoy por los reclamos de la mujer. Este primer round seguirá con la presentación del proyecto de Consejo Autónomo de la Mujer, que contrapuesto con el Observatorio de Urtubey; sea votado por el padrón femenino desde los 13 años y tenga su propio presupuesto. Es decir, un organismo independiente del Estado, que efectivice la movilización de las mujeres y la clase obrera, para terminar con las violaciones, asesinatos y desapariciones. El objetivo será, entonces, ganar la calle por los reclamos de la mujer y organizarse para ser parte de una enorme movilización nacional hacia Rosario en el próximo Encuentro Nacional. Por el aborto legal, seguro y gratuito; para terminar con la trata y los asesinatos de mujeres.

“Los cortes se iban a producir no por las facturas impagas, sino porque no hay gas. Vamos al colapso”, dijo el ministro Aranguren a empresarios del vidrio, cerámica, teatros y cines, que se reunieron con él porque las tarifas de luz y gas hacen inviables sus actividades. El gobierno nacional pidió a las industrias que, desde el 8 de junio pasado, redujeran a cero el consumo de gas, para afrontar la demanda domiciliaria y de las instituciones que lo requieran. Con bajas temperaturas se depende de la importación de Bolivia, que ha disminuido, y de la de GNL, que llega en barcos, con dificultades por el clima. Esta situación es producto de la destrucción progresiva y sistemática de la industria energética, del petróleo y el gas, y la depredación de los recursos naturales, en pos de la ganancia de los pulpos petroleros y energéticos. En el caso del gas -desde 2001 es la principal fuente energética para consumo directo y para la generación de electricidad-, a partir de 2004 se redujo su producción y la exportación, y creció considerablemente la importación, tanto la proveniente de Bolivia y como la del GNL. Entre 2002 y 2012 hubo una drástica caída en el stock de reservas probadas de gas. En 2013, la relación reservas/producción alcanzó un valor crítico de 7,9 años. La falta de reposición de reservas se debió a la disminución de los pozos exploratorios en el período 2000‐2010. Durante el lapso que va de 1990 a 1999 se realizaban, en promedio, un total de 96 pozos exploratorios de petróleo y gas por año , mientras que entre los años 2000 y 2010, se redujeron a menos de la mitad (44 pozos por año). Se bajó la reposición de reservas de un 160% de la producción a únicamente un 12%. La productividad media por pozo se redujo a la mitad desde el año 2000. Todo esto ocurrió con la privatización menemista de YPF, y se agudizó durante los años de administración de Repsol, a la que el kirchnerismo indemnizó por este vaciamiento, Congreso mediante. Las demás petroleras como Total, PAE y Petrobras, principales productoras de gas, tampoco invirtieron en exploración (etapa menos rentable) y se llevaron los subsidios de la era K, que al día de hoy se mantienen para el gas en boca de pozo. La salida del gobierno de Cristina a esta crisis, semiabortada por la caída de los precios del petróleo, fue la de entregarle la explotación de los yacimientos no convencionales a Chevron, fracking y ley de hidrocarburos mediante. Con enormes prebendas, algunas de conocimiento público y otras secretas. De Vido y Kicillof agregaron a esta estafa el pago de sobreprecios en las operaciones de importación de GNL, y por eso se encuentran ahora acusados por el gobierno de Macri en una causa judicial. Pero esto no supone que haya un cambio. Como en el “pasa manos” del negociado del dólar a futuro, el gobierno de Macri sigue la misma línea que el de Cristina. No hay ninguna salida para el problema de la producción. Todo lo contrario, hay baja de equipos de producción y perforación, continúan las importaciones, agregándose las compras a Chile, donde el que está acusado de pagar sobreprecios es Aranguren, accionista de Shell. Y así como hubo cláusulas secretas en el pacto Chevron-YPF, los contratos de Enarsa, con la chilena Solgas para comprar gas al alto precio de 6,90 dólares el millón de BTU, tienen una cláusula de estricta confidencialidad y reserva, con tribunales en Nueva York, al mejor estilo Chevron. Esta empresa, del grupo Suez, está asociada con Shell para construir centrales termoeléctricas. La UIA también reclama porque -después de un semestre- no existe un plan de energía para convocar inversiones y superar la crisis que dejó De Vido. Aranguren, cuando anunció los primeros tarifazos, los justificó porque eran un “sinceramiento”, que traería ahorro e inversiones, lo cual se ha demostrado como una total mentira. El único plan que tiene el gobierno es rescatar los negociados de los monopolios del gas, a través de subsidios y sobreprecios. Es decir, depredar nuestro salario, la industria y los recursos del país. Hay que reclamar la apertura de las cuentas de las empresas, que se den a conocer las cláusulas secretas y que se investigue a los organismos estatales involucrados en los sobreprecios. Nacionalización total de la industria hidrocarburífera y de toda la cadena energética, bajo control obrero, para implementar un plan energético al servicio de la población y la industrialización del país.

El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, publicó -a pocas horas del fallo antihuelga de la Corte Suprema de la Nación- un instructivo a las asociaciones sindicales estatales para la realización de asambleas gremiales. Lo hizo mediante la resolución 129 del Boletín Oficial y tras unas paritarias cerradas mediante decretazos abiertos y encubiertos, con tal de que queden porcentajes de miseria que atacan las conquistas de los trabajadores. Cornejo fue el que aplicó el protocolo antipiquete contra dirigentes sindicales como Raquel Blas y Roberto Macho, o el secretario general del Sitea, Federico Lorite. A esto se suma la represión durante la jornada nacional de ATE Mendoza, golpeando incluso a los diputados y concejales presentes del PO-FIT. La resolución La resolución, impulsada desde su Ministerio de Gobierno, busca limitar la duración de las asambleas y regimentarlas bajo amenaza de descuentos salariales: “Si la duración de la asamblea supera el cincuenta por ciento (50%) de la jornada normal habitual se procederá a descontar el día al personal”. También establece que “los sindicatos” deben informar un día antes la realización de la asamblea ante Recursos Humanos o funcionarios a cargo. “La duración deberá ser razonable y en lo posible no deberá exceder del veinte por ciento (20%) de la jornada laboral normal correspondiente al turno en el que se realice la misma, debiendo ser fijada preferiblemente al inicio o final de la misma”. Está claro que es una regimentación e injerencia estatal en las decisiones de los trabajadores y es saludada por las patronales, que ven con buenos ojos esta arremetida contra las organizaciones sindicales. La burocracia sindical festeja, también, esta resolución. En la misma línea que la Justicia, esta resolución sólo le otorga potestad de huelga y asamblea a las conducciones sindicales reconocidas legalmente. Es decir que si un delegado opositor a una conducción sindical convoca a una asamblea de su sector por problemas puntuales esta puede ser desconocida, lo que implica un descuento salarial. Cornejo, un adelantado Los argumentos de la resolución para imponer este “instructivo” van en la misma línea de los que usó la Corte Suprema para limitar el derecho de huelga sólo a las conducciones sindicales. La Constitución Nacional no reconoce la prioridad de los derechos colectivos por sobre los individuales: se trata de hacerlos valer e imponérselos al Estado, aunque es justamente éste el que detenta el poder de “policía”, con su andamiaje judicial y represivo, para garantizar la dominación de los patrones sobre el pueblo trabajador. Pretender que la Corte defina quién puede hacer huelga y quién no, al igual que pretender establecer la modalidad, lugares y duración de las asambleas de los trabajadores mendocinos, implica una injerencia directa del Estado sobre los sindicatos y los trabajadores. Esto, en momentos de agudización de la crisis y el avance de la carestía de vida constituye un nuevo ataque al pueblo que busca regimentar y disciplinar la respuesta obrera. Nuestra lucha es, en última instancia, contra el Estado y sus instituciones.

Foto: Federico I. El PTS abrió un debate sobre la opresión de género a partir del disgusto que les produjo un tuit de Altamira donde se afirmaba que la especificidad de la trata es su carácter capitalista. A un intento de respuesta de Andrea D'Atri ("También se trata de machismo") Jorge respondió con un artículo donde desarrolla pormenorizadamente nuestro punto de vista sobre el machismo, la opresión de la mujer y el capital. D'Atri decidió tirar la toalla, dejando sin responder los argumentos en pugna. Guillo Pistonesi, por su parte, responde... posteando una cita del historiador Perry Anderson. “La opresión de género excede con creces el marco de las formas que adquiere el sistema de clases”, dice Pistonesi, parafraseando (mal) a Anderson, como si, incluso así, de esto se derivase que la opresión de las mujeres es independiente del marco de la explotación capitalista (tal la posición del PTS). Lo cierto es que Pistonesi, sin argumentos, descontextualiza una cita y le cambia el sentido para justificar una posición indefendible desde el punto de vista del marxismo. https://facebook.com/story.php?story_fbid=574918936022305&id=283457988501736 Anderson señala en el texto citado, que podría haber un capitalismo sin opresión de género, solo que esto no es posible porque la opresión de género es muy antigua y está muy arraigada: “el capitalismo como modo de producción a nivel de abundancia superior es concebible en principio con una equiparación -e incluso con una inversión- de los papeles masculinos y femeninos habituales. Las clases, relacionadas diferencialmente con los medios de producción, podrían subsistir sin familias nucleares o barreras de género en ellas” . Donde Pistonesi ve “osadía” no podemos más que ver un planteo que el marxismo ya había hecho mucho antes de que Anderson escribiera sus textos sin ninguna pretensión de originalidad, sólo tomando conceptos necesarios para describir procesos históricos. El texto de Anderson acierta al no atribuir al capitalismo un odio de género per se. En ese punto, el nivel de especulación al que llega imaginando un capitalismo sin opresión de género, ayuda a sintetizar dicha norma. ¿Puede entonces, practicarse la abolición de la opresión de género bajo el capitalismo? “No, dice Anderson, por una razón fundamental e inamovible (sic). Desde un punto de vista histórico, la dominación sexual es mucho más antigua que la explotación de clases, y se encuentra mucho más enraizada culturalmente como modelo de desigualdad. Romper sus estructuras requeriría una carga igualitaria de esperanzas y energías psíquicas colectivas mucho mayor de la que sería necesaria para abolir la diferencia entre las clases”. Altamira, dándole a esa dominación antigua un carácter concreto, afirma que "el capitalismo es la estructura de dominación, que se sirve de las herencias históricas y del núcleo familiar cerrado -el complemento ‘doméstico’ de la explotación económica general". Esta 'útil' herramienta de control social, la opresión de la mujer, ha sido la que persistió a través de los tiempos, no ya como una característica “inamovible”, como asegura Anderson, sino como una categoría lo suficientemente dinámica como para adaptarse a cumplir funciones al servicio de diferentes sistemas sociales. De lo contrario, podríamos suponer que el capitalismo heredó esta forma de opresión casi involuntariamente, por la fuerza de su arraigo social, lo cual puede ser así en un primer momento, ya que estos cambios son mucho más lentos, pero no puede seguir siéndolo más de 200 años después de su entronamiento. El capitalismo se sirvió de ella y la amoldó a sus necesidades y leyes. La opresión hacia la mujer, mayoría total dentro de la clase obrera, con las variaciones que ha vivido a través de la historia, es una herramienta de disciplinamiento social o de sometimiento de las mayorías populares, tan efectiva que nadie ha inventado herramienta que la sustituya, y asume diferentes formas bajo el mismo sistema de explotación capitalista. Finalmente, Anderson señala muy acertadamente: “Cualquier movimiento que encarnara valores capaces de realizar una sociedad sin jerarquía de géneros sería por si mismo incapaz de aceptar una sociedad basada en la división de clases. En este sentido, el dominio del capital y la emancipación de la mujer son histórica y prácticamente irreconciliables". Agregamos nosotros que esa característica de arraigo tiene su correlato en la ideología reinante, la cual se forma bajo el modo de explotación capitalista y de ninguna manera coexiste independientemente de él. Pistonesi, que ha convertido a las reivindicaciones de la mujer en un sustento de su política reformista y oportunista, insiste: La antigüedad de la opresión de la mujer demostraría que “la opresión de género excede con creces el marco de las formas que adquiere el sistema de clases”. Si esto fuera así, la existencia de esta opresión tendría un carácter ahistórico e independiente de las condiciones materiales de las diferentes sociedades. ¡Adiós a la ciencia y al materialismo histórico! Con la división de la sociedad en clases, la opresión de género ha adquirido formas específicas bajo cada régimen social identificado con la acumulación del excedente y su apropiación privada, y fue moldeada para garantizar en ellos las posiciones dominantes de clases minoritarias. Polemizamos con posiciones no marxistas dentro del movimiento de mujeres, no por un interés de delimitación sectario, sino porque, incluso aunque sean mayoritarias, no pueden ofrecer una salida a la barbarie que se desata hoy contra las mujeres trabajadoras. Y en definitiva, esa es nuestra preocupación central.

Un trabajo técnico de dos ingenieros del Inta Marcos Juárez, Nicolás Bertram y Sebastián Chiaccchiera, echa luz sobre el vínculo entre las inundaciones y la sojización del país. Los excesos hídricos no se deben a la falta de obras o al exceso de lluvias, sino al cambio del uso del suelo. El estudio revela el consumo del agua para los diferentes usos: los montes nativos son los que más absorben, le siguen las grandes superficies de pasturas convencionales con ganado, luego los cultivos agrícolas -pese a que sólo ocupan una parte del año y también absorben cantidades de agua importantes. En el último escalón, con una escasísima absorción, figura la soja. Si pensamos que en 1980 se cultivaban 40.000 hectáreas de soja y en esta última campaña se superaron los 20,5 millones, sobre terrenos que en el norte básicamente tenían formaciones boscosas nativas y en la zona más pampeana, principalmente pasturas y otros cultivos mucho más consumidores de agua, como el trigo, el diagnóstico aparece como inapelable. El agro negocio sojero, un engranaje del capital financiero y un feroz depredador ha transformado la mayor parte de la superficie cultivable, ha impuesto el monocultivo, ha desarrollado el mayor despoblamiento del campo y la desertificación del suelo. El reemplazo de montes, de pasturas que consumían agua todo el año por cultivos anuales, es la clave del cambio operado. Los técnicos explican en lenguaje gráfico: “la napa estaba a diez metros de profundidad y hoy está a menos de un metro. Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua”. Entonces, el incremento de precipitaciones no es la causa. La siembra directa colaboró muchísimo en el incremento y estabilización de rendimientos, reduciendo la absorción de agua. Hoy alcanza aproximadamente al 80% de la superficie cultivada del país, lo que también contribuye. Esta degradación ha sido impulsada por el gobierno supuestamente nacional y popular y el del “cambio” que hoy ocupa la Casa Rosada. Un gobierno capitalista que responde a los intereses sociales de los “barones” de la soja y los fondos de inversión jamás puede generar un programa integral de uso del suelo que contemple una planificación que atienda a los problemas ambientales y sociales para los trabajadores. En 1996, hace veinte años, se vehiculizó el ingreso de la soja transgénica -gestión Felipe Solá en Agricultura bajo Menem-Cavallo. Desde entonces la sojización tuvo un desarrollo vertiginoso en Argentina, impulsada por todos los gobiernos que le siguieron. Sólo un plan de desarrollo industrial y agropecuario debatido por trabajadores y un gobierno que lo ejecute puede parar esta sistemática catástrofe. * Ver Inta EEA Marcos Juárez, Ascenso de napas en la Región Pampeana. ¿Consecuencia de los cambios en el uso de la tierra?

La detención de José López, el segundo de De Vido, no deja lugar a dudas. Lo que quisieron llamar la “década ganada” fue una operación sistemática de saqueo de los fondos públicos y de los trabajadores, en beneficio de una camarilla de capitalistas y funcionarios. Algunos funcionarios irán en cana. Pero, ¿qué ocurre con los capitalistas? El régimen de “retornos” y negociados no termina en Lázaro Báez. Tiene como beneficiarios a varios otros. Entre ellos, a los empresarios del clan Macri, como Caputo o Calcaterra. A todos ellos, el gobierno -y también Massa, el PJ y la mayor parte de los K- los acaba de premiar con un blanqueo. Podrán “mostrar” la plata que han fugado del país, o sus fondos en negro, a cambio de pagar chirolas. La ley beneficia al mismo Macri, quien no tendrá penalidades por la plata que “confesó” en Bahamas. López va en cana. Pero sus jefes empresarios siguen expoliando al país, de la mano de Macri y los gobernadores. Los trabajadores, mientras tanto, soportamos despidos, tarifazos y carestía creciente. El escándalo de López termina con el relato del “volveremos”: el kirchnerismo ha sido sepultado bajo el peso de sus propias corruptelas. Los trabajadores, que no tienen bolsos para enterrar y ya están luchando contra el ajuste, van a sacar sus conclusiones. Contra los López que gobernaron, contra los López que gobiernan, desarrollemos la alternativa política de los que vivimos de nuestro trabajo.

La crisis desatada por la detención in fraganti del ex secretario de Obras Públicas José López estalla en el corazón del kirchnerismo. Pero sus consecuencias se proyectan al conjunto del régimen político. La figura de López atraviesa al kirchnerismo desde que gobernaba Santa Cruz hasta hoy, siempre asociada a concesiones o contratos de la obra pública, desde planes de vivienda hasta tendido de rutas. Con seguridad, los millones subrepticios que intentó esconder son apenas una muestra del vasto sistema de “retornos” urdido en favor de diferentes grupos capitalistas, y no sólo de Lázaro Báez. La primera corruptela que involucra a López es la adjudicación de los gasoductos del sur en favor del grupo internacional Skanska (2008). En aquel momento, el episodio fue paulatinamente enterrado tanto en el plano mediático como en el judicial, cuando del “modelo” todavía se servían las diferentes fracciones capitalistas. López es el Ricardo Jaime de los “señores del cemento”. Allí donde el desquicio ferroviario parió la masacre de Once, en este caso asistimos al derrumbe del sistema vial o al agravamiento del déficit habitacional. A este régimen sistemático de desfalco del presupuesto público y confiscación de la mayoría trabajadora, el kirchnerismo y sus voceros lo llamaron “la reconstrucción de la burguesía nacional”. Crisis política Pero la burda caída de José López también agarra con la guardia baja al macrismo. La corruptela de los “barones de la obra pública” estalla horas antes de que Cambiemos y sus opositores voten un amplísimo indulto en favor de la clase capitalista argentina, que ha fugado capitales o evadido con la complicidad de los tres poderes del Estado. La exclusión de funcionarios o ex funcionarios del blanqueo sólo ha servido para disimular la inclusión completa del conjunto de estos evasores capitalistas, a cambio de penalidades ínfimas y de la garantía de eximirlos a futuro de los impuestos que gravan la riqueza. A López le tocan las rejas, pero a sus jefes capitalistas les toca el blanqueo. Entre ellos no sólo están los empresarios amigos: también hay que incluir a los macristas Calcaterra o Caputo, cuyos negocios con el Estado los asociaron, en más de una oportunidad, con Lázaro Báez. Entre las atribuciones de López figuraba el manejo de la ex obras sanitarias, donde “era el encargado de armar las licitaciones de infraestructura” (Clarín, 15/6). Pero en vez de abrir las cuentas de esa caja negra, el gobierno ha aplicado un monumental tarifazo sobre el agua. El macrismo hace aspavientos con la corrupción tK, pero le ha trasladado los costos del desfalco al pueblo argentino. Lo mismo ocurre con el gas, la luz o el transporte. La detención de López coloca también una carga explosiva sobre la coalición política que pretendía fundarse a partir de la ley de megablanqueo, junto a los gobernadores y senadores pejotistas y kirchneristas. Para no interferir en ese “consenso de las manos sucias”, el macrismo llegó al punto de demorar el pedido de desafuero de De Vido, que sólo promovió cuando el escándalo de López había estallado. Pero la ruta del dinero de la obra pública salpica a todos estos nuevos socios de Macri, comenzando por la provincia de Tucumán. Es que López era socio de Alperovich, e incluso pretendió ser su sucesor, lo que finalmente logró Manzur. Hoy, Alperovich-Manzur están en la fila de los “amigos de Cambiemos”. El escándalo del monasterio también puso de manifiesto un conjunto de vínculos entre la camarilla K y la jerarquía de la Iglesia. Durante la “década ganada”, la familiaridad con los obispos transó el silencio de éstos a cambio de preservar las prerrogativas clericales. En definitiva, la coalición del ajuste, el blanqueo y los fondos buitre está poblada de unos cuantos “López”. Kirchnerismo El intento del kirchnerismo por despegarse de López no duró un suspiro. Después de autorreivindicarse por haber promovido “la exclusión de funcionarios del blanqueo”, el bloque de diputados del FpV votó… contra el desafuero de De Vido. En cualquier caso: si los kirchneristas se deslindan del kirchnerismo -es lo que está ocurriendo aceleradamente en estas horas- asistimos entonces a su demolición política. La pretensión de explotar el fermento popular a favor del “volveremos” ha sufrido un golpe letal. El Frente Ciudadano queda reducido a una coartada, ni siquiera política, sino judicial. El derrumbe tiene que ser todavía más agudo para los chavistas o ex izquierdistas que descubrieron tardíamente al kirchnerismo, con el único propósito de bloquear una evolución política independiente de los trabajadores. El macrismo querrá servirse de “las bolsas de López” para correr el eje de la conmoción popular planteada por los tarifazos, la recesión, la carestía y los despidos, y reforzar la tesis de la “herencia recibida”. Detrás de este episodio, sin embargo, afloran conclusiones mucho más profundas: quieren ajustarnos en beneficio de los nuevos -y viejos- socios de López. Respondamos como los controladores aéreos, las organizaciones de desocupados, los compañeros de Ecotrans, los de la Línea B del subte, o sea, con una lucha decidida. Con la misma determinación, tenemos que dirigirnos a los trabajadores y a la juventud para superar al nacionalismo corrupto y fracasado y desarrollar una alternativa política de los trabajadores.

En la sesión de ayer, el PRO finalmente presentó el proyecto que había cajoneado la última sesión, solicitando a la Cámara que autorice el allanamiento sobre la vivienda de Julio De Vido y limitando el uso de los fueros parlamentarios. En aquella oportunidad, y en pos de un intercambio de favores con el kirchnerismo, el PRO lo había bajado. Nuestra bancada, en cambio, a través de la diputada Soledad Sosa, puso el punto a discusión y denunció este pacto de impunidad, al mismo tiempo que cuestionó la utilización trucha de los fueros parlamentarios por parte de De Vido “para evitar que avance la investigación que pesa sobre su persona en diversas causas de corrupción, entre otras, la vinculada con la masacre de Once” (Prensa Obrera N° 1.411). A contrapelo de sus intentos por despegarse de López, en la reunión de ayer el bloque K votó en contra de autorizar el allanamiento sobre la vivienda de De Vido. Ya no pueden ocultar que los hechos de corrupción no son el resultado de un “loco suelto”, sino que forma parte de un régimen de negocios y corruptelas que tienen a las camarillas de su gobierno metidas hasta los tuétanos. Otra parte del bloque K fue a fondo en la defensa de ese régimen y votó a favor de la ley macrista de blanqueo a los evasores -los capitales que pusieron las coimas en las valijas del convento. Los diputados del PO actuaron consecuentemente, pronunciándose a favor de que se habilite el allanamiento, así como también nos pronunciamos en contra de la utilización de los fueros para alcanzar la impunidad en casos de delitos de corrupción. Luego votamos contra la ley de la Argentina offshore.

“Esta ley premia a los evasores que le llenaron la valija a José López, a los que se llevaron los 30 mil millones de dólares de los subsidios a las privatizadas cobrados durante la década kirchnerista, a los especuladores del capital financiero”, planteó el diputado del PO-FIT, Néstor Pitrola, al presentar el dictamen del bloque opuesto al proyecto “ómnibus” del oficialismo que permite “blanquear el dinero que deseen a los evasores, en lo que implica una total amnistía tributaria y fiscal.” En una extensa intervención donde desnudó cada uno de los aspecto reaccionarios del proyecto oficial, Pitrola destacó que el mismo premia a los evasores no sólo con la posibilidad de comprar bonos del Estado que les permiten tener una rentabilidad asegurada, sino que la adquisición de los mismos los habilitan a blanquear, sin pago de impuestos, un monto equivalente al triple del valor de esos papeles. “Es la institucionalización -no la repatriación- de la Argentina offshore” El proyecto oficial, que apunta a liquidar el sistema jubilatorio, fue apoyado por el Bloque Justicialista, que lidera Diego Bossio, ex titular del Anses; por el Frente Renovador, de Sergio Massa; por Compromiso Federal, de los puntanos Rodríguez Saá, por los bloques encabezados por Darío Giustozzi y Gerardo Zamora, el Progresista, de Margarita Stolbizer y por la mayoría del Frente para la Victoria, tal como lo adelantara el titular del PJ, José Luis Gioja. Libres del Sur anunció su abstención y La Cámpora, por boca de Axel Kicillof, presentó un dictamen propio, aunque calificó al oficial, como un proyecto de “buenas intenciones” y no de “malas intenciones”, como le respondió Pitrola. Pitrola denunció que la burguesía argentina “ha destruido el sistema previsional por la vía de quebrar el mercado laboral, con el 40% de los trabajadores en negro, la permisividad en la evasión previsional, las reducciones salariales y el recorte a los aportes patronales dispuesta en su momento por Menem y Cavallo y nunca repuestas, que le reducen a la Anses ingresos mensuales por 280.000 millones de pesos”. Este desfalco no sólo es santificado por el proyecto oficial sino que a los evasores de todo tipo y color les permite “regularizar” las deudas que tengan con la Anses… en 90 cuotas mensuales, es decir ¡siete años y medio! Un nuevo agujero para las cajas de jubilaciones, mientras dicen que la pretensión oficial es lograr “sustentabilidad previsional”. Asimismo, Pitrola denunció la política criminal de apelaciones permanentes hasta la Corte Suprema en todos los juicios de los jubilados. Bossio le respondió que los fallos fueron injustos y Pitrola le replicó con palabras de Graciela Stacevich, la abogada de Badaro: “un capitán de ultramar gana 50 mil pesos y Badaro debería ganar 35.000 pesos, lejos de las fábulas de quienes dicen que la Anses se desfinancia por culpa de esta ley -como Kicilloff y el ex viceministro Agis. El capitán que reemplaza a Badaro aporta según su salario. Bossio, Massa y los demás le robaron y le roban a los jubilados con el objetivo de instaurar una pensión a la vejez disociada del salario en actividad. Es la posición de fondo de la próxima reforma antijubilatoria que habilita esta megaley”. Pitrola planteó que nuestro proyecto es una contribución a la conformación de un programa de los trabajadores, por el paro general y un plan de lucha y de una coalición de los trabajadores contra la de los evasores.

Mientras en la Cámara de Diputados se estaba debatiendo el proyecto de desfalco a los jubilados y el blanqueo de los evasores, en la calle, frente al Parlamento, se llevó a cabo una importante movilización organizada por la agrupación Jubilados Clasistas, del Partido Obrero, para denunciar el carácter confiscatorio de la ley para el conjunto de los jubilados. En el acto -que fue abierto por el dirigente de Jubilados Clasistas, Mario Diamonte- se reclamó el inmediato aumento de emergencia de 6.000 pesos, el 82% móvil para todos los jubilados y que no haya ninguna quita -como se pretende aplicar con la ley en debate- sobre los montos que deben cobrar los jubilados que han litigado contra el Anses por las jubilaciones mal liquidadas, todo lo cual está planteado en el dictamen presentado por los diputados del PO-FIT, que fue apoyado por todos los oradores que intervinieron. Confluyeron en la movilización representantes de centros de jubilados del Gran Buenos Aires, la agrupación que nuclea a los 300 mil perjudicados por el desfalco de las AFJP, que se mantiene pese a su estatización, los que aún cobran por las antiguas aseguradoras las denominadas Rentas Vitalicias, con montos que son sustancialmente menores a la mísera jubilación mínima. También estaban presentes en la protesta callejera la Coordinadora de Jubilados de la CTA Autónoma y se encontraba realizando un acto en repudio a la ley el sindicato de los trabajadores de la Seguridad Social (Apops). El cierre del acto estuvo a cargo de los diputados Soledad Sosa, Pablo López y Néstor Pritola, del bloque PO-FIT quienes denunciaron el carácter emblemático del día en el que se debate la ley, ya que ésta premia a los vaciadores que, como indicó Pitrola, son los que llenaron las valijas de José López.

Pablo López, diputado del PO-FIT de Salta, pidió que se tratara nuestro proyecto de repudio al fallo de la Corte Suprema, del 7 de junio pasado, sosteniendo que la normativa vigente confiere el derecho de declarar una huelga exclusivamente a las asociaciones sindicales de trabajadores y no al colectivo de trabajadores, esté afiliado sindicalmente o no. El Proyecto del PO-FIT plantea que el fallo de la Corte violenta la libre organización de los trabajadores y el derecho de huelga contemplado incluso en la Constitución. Señala que al darse este fallo antisindical, en medio de ataques a las condiciones laborales de la población trabajadora, contribuye al disciplinamiento y reforzamiento del carácter represivo del Estado, pues restringe derechos de los trabajadores y propicia su regimentación por sus propios sindicatos. Colocado a votación si se tocaba el tema en forma extraordinaria en el recinto, recibió solo una docena de votos, cuando hubiera necesitado una mayoría especial de tres cuartos. El bloque del FpV y el progresismo de Stolbizzer no apoyaron el planteo de debatir el repudio a la Corte en defensa del derecho de huelga en la sesión. Ni que hablar de los llamados diputados sindicales, burócratas en el parlamento, que tampoco apoyaron. Más que nunca: defender el derecho de huelga a través de la acción directa. ¡Abajo la regimentación estatal-judicial contra las huelgas!

Al cierre de esta edición se está desarrollando un paro de 24 horas en Tráfico de la Línea B. Luego de más de un mes de tratativas, la patronal se niega a reintegrar los descuentos ilegales de sueldo realizados como represalia a compañeros que, en defensa de las condiciones de seguridad, se negaron a incrementar el tiempo de exposición en túnel, dando más vueltas que las recomendadas para asegurar dichas condiciones. Denunciamos que esta persecución empresarial forma parte de un plan de ajuste general que incluye eliminación de puestos de trabajo, precarización laboral, aumento desmedido del pasaje y tercerización de tareas propias. Nada de eso pretende mejorar el servicio, donde se sigue viajando como ganado, sino aumentar el beneficio empresarial de un servicio monopólico Que se reintegren los sueldos arrebatados. Que se respete el tiempo de exposición en túnel.

Los abajo firmantes, pertenecientes a distintos gremios y centrales sindicales repudiamos el fallo de la Corte Suprema por el cual establece que “sólo los sindicatos están autorizados para convocar a la realización de huelgas y medidas de fuerza”. Nos es casual que este fallo llegue después del veto presidencial a la ley antidespidos y en el marco de tarifazos, brutal inflación y de una política económica que en su conjunto busca que el ajuste y el desequilibrio económico caigan sobre la espalda de los trabajadores. El fallo aparece justamente cuando en forma cada vez más amplia los trabajadores salen a luchar contra esa misma política económica pasando por encima de las conducciones de los sindicatos, como lo testimonian los trabajadores de Cresta Roja, otra vez en la calle, los plásticos de la fábrica Mascardi o los choferes de Ecotrans, por dar ejemplos de los últimos días. La Corte Suprema intenta establecer un control, tanto sobre la acción de “un grupo informal de obreros” como sobre las seccionales, comisiones internas antiburocráticas y combativas y sindicatos en reclamo de inscripción gremial, que están tomando en sus manos la lucha contra el ajustazo capitalista del gobierno nacional de Macri y de los gobernadores de todo signo, como la kirchnerista Rosana Bertone en Tierra del Fuego. Este nuevo ataque se inscribe en una avanzada para limitar el derecho de huelga que tiene varias aristas, entre ellas el cierre de filas en torno del ajuste por parte de las cúpulas de todas las centrales sindicales, buscando reforzar todos los instrumentos de sujeción de los trabajadores para prevenir un desborde. El propósito de fondo es el de coartar la capacidad de lucha de los delegados y comisiones internas de base, y regimentar la acción independiente de los trabajadores. Este fallo introduce también el concepto de “esencialidad”, hasta ahora invocado como traba para cualquier declaración de paro en el ámbito de la educación, la salud o el transporte, como un elemento más para regimentar la lucha de los trabajadores. Con este pronunciamiento contra este fallo contrario a los intereses de los trabajadores, damos comienzo a una campaña cuyo primer paso será la recolección de centenares de firmas y la convocatoria a una concentración en el Palacio de Tribunales el jueves 23 de junio, a las 11 horas. Llamamos a todas las organizaciones del movimiento obrero, de derechos humanos y sociales a sumarse.

El sábado 11 de junio se realizó el plenario de la Coordinadora Sindical Clasista de Neuquén. Además de la importante y representativa delegación docente, que contó con miembros de las comisiones directivas de Plottier, Zapala, Piedra del Aguila y capital, participaron delegados estatales y municipales. Por el sector privado, se destacó la participación de delegados telefónicos, camioneros y petroleros, y trabajadores de la construcción y comercio. El informe de apertura caracterizó el escenario político-sindical a escala nacional y se detuvo en las peculiaridades de la provincia. El plenario votó impulsar la reapertura de las mesas de negociación salarial en los gremios de trabajadores estatales. Es que la dirigencia kirchnerista de Aten (docentes) fue promotora de un acuerdo que rápidamente se evidenció como insuficiente. Y la dirección de ATE Neuquén firmó, sin un solo día de paro, un acuerdo a la baja. El planteo adquiere más fuerza aún con la avanzada confiscatoria de los salarios que representan los tarifazos. En docentes, la lucha por la reapertura de la mesa salarial irá unida a la pelea por la recuperación del sindicato, en el que habrá elecciones a fines de este año. Impulsamos un frente único antiburocrático, sobre la base de un balance crítico de la experiencia del Fura que, debilitado por el faccionalismo y el divisionismo, permitió el retorno de la burocracia K. El frente único debe tener como base la independencia política de los trabajadores, ser un instrumento de lucha contra el gobierno y la burocracia, y expresar en su composición el desarrollo real de cada fuerza. Tanto en ATE como en Aten, el rechazo a la reforma reaccionaria del Instituto de Seguridad Social que impulsa la dirección de ATE-CTA, es una cuestión fundamental. La burocracia, en connivencia con el gobierno, pretende hacerse de los fondos de la obra social. En el gremio petrolero toda la atención se enfoca en la negociación paritaria. La burocracia de Pereyra se apresta a cerrar un acuerdo por debajo del 30%. Por otro lado, la burocracia está inmovilizada en relación a los despidos, las suspensiones y el reclamo patronal de mayor productividad. La Agrupación Obreros del Petróleo ha registrado importantes progresos organizativos, sobre la base de una fuerte agitación. Se votó la edición de un boletín para camioneros poniendo el eje en la necesidad de un plan de lucha frente a la paritaria, en oposición a los paros aislados y por sector que promueve la burocracia. A su vez, seguiremos acompañando la experiencia de los compañeros de Asociación Camioneros Unidos de la Patagonia (Acup), que se encontraron presentes en el plenario y que realizaron días después, en forma exitosa, su primera elección sindical luego de conquistar la simple inscripción. En torno a la situación del gremio telefónico se desató una interesante polémica. En Neuquén proliferan cooperativas que brindan servicios de telefonía, cable, internet, electricidad, etc. Estas, funcionan como tercerizaciones de los grandes monopolios de la comunicación. La creación de un convenio colectivo de telefónicos específico de cooperativas, fue una forma de precarizar a sus trabajadores. Los consejos de administración de las cooperativas, pagan salario de convenio pero exigen tareas fuera de las estipuladas en él. La pelea por la remuneración de las tareas fuera de convenio, es una veta para ir a una recomposición salarial en cada cooperativa, mientras se construye una oposición a la burocracia sindical de la Foessitra. El plenario, además de todas las resoluciones y debates arriba mencionados, votó participar en masa de la Conferencia Nacional de la CSC.

A la salida de este número de Prensa Obrera, los trabajadores de Ecotrans estarán realizando una nueva asamblea general, con corte de servicios, para decidir los pasos a seguir después de la enorme movilización realizada el día martes, donde cortaron la General Paz por varias horas y marcharon nuevamente al Ministerio de Transporte. Los trabajadores denuncian que el acuerdo que consagra el desguace, no da garantías a los trabajadores y usuarios sobre la continuidad de los trabajadores ni sobre la prestación del servicio. Una delegación del cuerpo de delegados fue recibida por las autoridades del ministerio y se concretaría una nueva reunión para el jueves de la semana próxima. En el acuerdo de cesión de los pisos de Ecotrans, tres de las cuatro empresas que se harían cargo de las líneas, se encuentran en concurso de acreedores, por lo que no se sabe como van a afrontar las inversiones necesarias para hacer viable el funcionamiento de las líneas. Además, omite cuestiones primordiales que obligan a pensar que se quiere meter gato por liebre. Se abre las puertas a los despidos. La situación de los compañeros que no son choferes -que desempeñan sus tareas en taller o en otras funciones- queda suspendida en el aire y supeditada a futuras audiencias en el Ministerio de Trabajo. Tampoco se especifica a que empresa va a ir a parar cada trabajador. Se dice que se incorporarán 350 unidades nuevas para los servicios. Pero no se dice con cuántos colectivos van a prestar el servicio las nuevas empresas y cuantas de las 350 unidades nuevas va a incorporar cada una de ellas y los plazos para hacerlo. De la misma manera, tampoco se especifican las cabeceras e instalaciones paara operar las diferentes líneas. El cuerpo de delegados de Ecotrans presentó una contrapropuesta, que establece una serie de garantías que asegure la continuidad laboral de los 1.246 trabajadores que conforman el plantel de la empresa , las condiciones de trabajo y el suministro del servicio a la altura de las necesidades del público usuario. La contrapropuesta incluye la formación de una mesa de seguimiento integrada por representantes del Ministerio de Transporte, de Trabajo y el actual cuerpo de delegados para controlar que los compromisos que se termine acordando, sean cumplidos. Bajo estas premisas, redoblarán la lucha en los próximos días hasta que se resuelva el pliego de reclamos contenidos en la contrapropuesta.

Las elecciones de Río Cuarto arrojaron un resultado que merece la atención de la izquierda. Los porcentajes de votos que lograron los partidos que integran el FIT no superan la marginalidad. En ese sentido, podría señalarse que el frenazo electoral de octubre pasado aún se mantiene, ya que los votos de ambas listas sumados repiten la votación de las Paso (la diferencia sería menor a los 100 votos). Pero si se tiene en cuenta que Cambiemos sufrió un retroceso enorme, perdiendo la intendencia luego de que Macri superara en el balotaje el 70% de los votos, hay que concluir que el resultado no habla de un estancamiento, sino de un retroceso. El PTS explica el resultado por la polarización que se dio entre los candidatos de UCR-PRO y el PJ. Pero es claro que estamos frente a una falacia. Se ofrece como explicación aquello que debe ser explicado. El desprestigio de la gestión radical municipal, sumado a los efectos del ajuste macrista a nivel nacional, sentaban las bases para un crecimiento de la izquierda. Sin embargo, no es lo que ocurrió. Que a pesar de ello, el PTS califique su 1,6% como una “muy buena elección”, sólo porque superó a la lista del PO, habla a las claras que el sectarismo es incompatible con el análisis objetivo de los hechos. Que no hubo tal polarización lo prueba el resultado obtenido por el Partido Respeto, que postuló a Pablo Carrizo. Este fue la gran sorpresa de la elección: orilló el 10% de los votos y logró dos bancas en el Concejo Deliberante. Carrizo, que ante la carencia de personería se presentó con la del MST, tiene su red de apoyo en ONGs. Su campaña se basó en la realización de trabajos comunitarios, del tipo de pintar escuelas o plazas. Desarrolló con mayor efectividad que el PTS consignas como que “el concejal gane como una maestra”, y contra “la casta política”, mostrando que los programas democratizantes son antes que nada un instrumento para bloquear a la izquierda revolucionaria. El frenazo del FIT Sería un error no reconocer en el ascenso de un grupo como “Respeto” un peligro para todo el Frente de Izquierda, con la excusa de que estamos ante una experiencia local. Como ya señalamos en el balance de las elecciones de octubre de 2015, el frenazo del Frente de Izquierda le da nuevas oportunidades al centroizquierdismo, sin importar aquí su real consistencia política. La presentación en Río Cuarto en listas separadas no es la causa de la crisis del FIT, sino su consecuencia. Luego de las elecciones de 2015 el PTS no sólo ha reafirmado su política de usurpación de bancas en el Congreso y las legislaturas, armando bloques propios del “PTS”. Además dividió el acto del 1º de Mayo en todo el país, a la postre el único acto que el FIT realizaba durante el año. Esta profundización de la orientación autoproclamatoria fue de la mano de un seguidismo creciente al kirchnerismo-camporismo, y a las expresiones nacionales y populares de América Latina. Llamamos a debatir a fondo el balance de Río Cuarto. Nuestra conclusión es que el Frente de Izquierda debe desarrollarse como un frente único de clase contra el gobierno y los partidos capitalistas -es decir, de manera claramente demarcada de todas las expresiones defensoras del capital. El Partido Obrero abocará todos sus esfuerzos a esta política.

Una oleada de luchas contra el tarifazo, sobre todo el del gas, ha golpeado al gobierno. Movilizaciones masivas en la Patagonia, las marchas de las frazadas en Mendoza y la provincia de Buenos Aires, la masiva movilización en defensa de los clubes de barrio en Lomas de Zamora. El movimiento piquetero marchó el 10 de junio enarbolando la consigna “Abajo el tarifazo”. Las presentaciones de amparos, impulsadas por gobernadores e intendentes patagónicos para suspender el tarifazo del gas, buscaron ganar tiempo y desviar hacia la justicia la movilización popular en sus territorios. El objetivo fue reencauzar el tarifazo, amortiguando sus alcances, para preservar el ajuste. Ahora, dan marcha atrás incluso con las cautelares. Luego que el gobierno nacional otorgara una serie de excepciones al tarifazo y retrocediera en el porcentaje al 400% para los hogares y 500% para industria y comercio, Das Neves anuncia que ha llegado la hora de retirar los amparos. De esta manera, quieren dar cauce a un tarifazo que sigue siendo un porcentaje de aumento exorbitante y quizás le permita al gobierno esquivar un posible conflicto con la Corte Suprema. Ya se anunció que se incrementarán las tarifas en 2017 y la propia resolución que pone el tope, vence en diciembre. Aranguren echó mano al mecanismo de aumento que implementó Kicillof para junio de 2014. La tarifa que el hombre de la Shell vuelve a poner en vigencia es la del 31 de marzo de 2016, es decir la misma que venía del gobierno de Cristina y a ésta se le aplica el tope del 400%. La vieja resolución aumentaba las facturas a todos los hogares que no redujeran en un 20% el consumo, con respecto al mismo bimestre/mes del año anterior. Desde marzo de 2014 hay que consumir cada año un 20% menos de gas para que no aplique el tarifazo K, que ha llegado a valores superiores al 700%. Con dos años de aplicación, esa mecánica supone un perfecto tarifazo para todos los usuarios. Vía el incremento de las tarifas la población debe pagar de su salario 8.000 millones de dólares que es una parte de los subsidios que perciben las privatizadas de la energía y los pulpos petroleros del gas. El gobierno ha tenido un traspié: organicemos en profundidad el movimiento de lucha por la nulidad de los tarifazos.

El pasado sábado 11 de junio, en la ciudad de Rosario sesionó el Congreso Provincial del Partido Obrero de Santa Fe. Se hicieron presentes militantes de 11 ciudades de la provincia y por la dirección nacional del PO participó Gabriel Solano. El Congreso abordó la ruptura en curso del Frente Progresista (PS/UCR) con el anuncio de la mayoría radical de su integración a la mesa provincial de Cambiemos y su participación electoral bajo este sello. Luego de nueve años de gobierno esta experiencia política termina en un rotundo fracaso. El Frente Progresista concluye sumergiendo a Santa Fe en una brutal descomposición del Estado, feroz saqueo capitalista, y agravamiento de las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Dónde va el PS? Mientras continúa tranzando con el gobierno macrista, incluso votando sus leyes, en su congreso nacional anunciaron que irán por un frente con organizaciones sociales. Alertamos sobre el intento de reeditar una suerte de frente popular, cooptando fuerzas de izquierda o centroizquierda para polarizar con Cambiemos. Una reedición del Encuentro de Rosario (el movimiento que armó el PS con la centroizquierda, la CTA y el PC para acceder al gobierno provincial en 2007) sería una farsa de quienes gobernaron para los grandes capitalistas durante una década. Sólo la política de conciliación de clases de la izquierda deja esta variante abierta. El Frente Social y Popular con Del Frade a la cabeza, votó a Bonfatti como presidente de la Cámara de Diputados y actúa junto a Giustinianni, del PS. Distintos partidos de izquierda le tienden un puente al kirchnerismo. Un evidente caso es Ciudad Futura en Rosario, que actúa junto a la burocracia kirchnerista del Movimiento Sindical Rosarino, responsable de hacer pasar paritarias a la baja y permitir las suspensiones y despidos en sus gremios. El Congreso del Partido Obrero fijó como política rechazar cualquier intento de revitalizar el Frente Progresista frente a la crisis. Rechazar el seguidismo al nacionalismo burgués K en descomposición, oponiéndole la independencia política y el gobierno de los trabajadores. Ni frente con el progresismo caduco y fracasado, ni frente con los que han llevado al país a una nueva bancarrota. Más que nunca vamos con el Frente de Izquierda. Con estas conclusiones políticas, el PO llamó a una campaña planteando “Abajo el ajuste de Lifschitz y Macri”. Por una tendencia clasista en el movimiento obrero de Santa Fe El Congreso resolvió la formación de la Coordinadora Sindical Clasista de Santa Fe sobre la base de un planteo político-sindical para la provincia y organizar la presencia masiva en el Congreso de la CSC. Los gobiernos de Macri y de Lifschitz han arremetido con una ofensiva antiobrera. El Movimiento Sindical de Rosario, una corriente K, anuncia que tomarán iniciativas en cada fábrica que se despida. Sin embargo la UOM acepta las suspensiones y despidos en la línea blanca de Rosario. Se quejan del ajuste, pero todos ellos han firmado con las dos manos acuerdos paritarios que condenan el salario frente a la inflación. La base de los trabajadores de estos gremios, no interviene en las decisiones que se adoptan. Por ello frente a los acuerdos de cúpula, planteamos que se convoque un congreso de bases del movimiento obrero del sur de Santa Fe. La estafa de la deliberación obrera de este armado sindical, se evidenció semanas atrás en Villa Constitución, donde un supuesto plenario de delegados de base, concluyó con un acto comandado por Tomada. La crisis de la CTA y de ATE se desenvuelve al calor de la ruina del progresismo y de la descomposición de la corriente K. ATE, como ambas CTA están en la pasividad absoluta. Frente al debate de la unificación de las CTA, planteamos una unificación, producto de la deliberación de base de los trabajadores de ambas centrales, resolviendo un plan de lucha para enfrentar el ajuste. Sobre estas conclusiones, el Congreso del PO resolvió la salida de un Manifiesto de la Coordinadora Sindical Clasista de Santa Fe y votó una nueva dirección.

Foto: Charo Con más de doscientos delegados de todos los distritos del Gran Buenos Aires y más de treinta distritos del interior, se realizó el Congreso del Partido Obrero de la provincia. Los delegados evaluaron la situación política en el distrito, la marcha de las luchas y nuestra política. El actual cogobierno del PRO con el Frente Renovador, y también el PJ, se encuentra atravesado por múltiples contradicciones. María Eugenia Vidal ha intentado garantizar el ajuste anudando acuerdos con todos los intendentes, para evitar una rebelión popular contra el tarifazo y el aumento incesante del costo de vida. Para esto, también echó mano a las “organizaciones sociales”, incluso aquellas ligadas al kirchnerismo, que reparten bolsones de mercadería y son beneficiadas por planes sociales. Los pactos en la Legislatura bonaerense han incluido un presupuesto de endeudamiento y un paquete de leyes de “emergencia” que intentan facilitar despidos y ajustes en todos los ámbitos del Estado. Todo el arco político patronal se encuentra comprometido en descargar la crisis sobre los trabajadores. El congreso analizó las potencialidades políticas que esto tiene para la izquierda, al calor de la oposición popular a los ajustes. Resolvimos una fuerte campaña con un manifiesto político, actos en las puertas de las empresas de servicios y en los principales centros políticos de la provincia. En este punto, el congreso también discutió sobre las maniobras del kirchnerismo para judicializar el aumento de las tarifas, entendiendo que culminarán en un aval general de esos aumentos por parte de la Justicia. La propia jueza que rechaza los aumentos en La Matanza se declara incompetente, para dar paso a que otras instancias judiciales den el visto bueno a los aumentos. En contraposición a los bloques gobernantes, se han desarrollado luchas y reclamos que empiezan a mostrar la disposición de lucha de diferentes sectores frente al ajuste. Es el caso de las “marchas de las frazadas” en Tandil, Mar del Plata o Azul contra el tarifazo, el triunfo de los jóvenes de Olavarría que impusieron el boleto estudiantil frente al veto de la intendencia o la lucha de los trabajadores de la salud y judiciales de la provincia, que conquistaron aumentos sobre la base de largas luchas. El congreso también analizó las luchas de la juventud y las tareas para la próxima etapa. En la agenda, está la lucha por el boleto gratuito y la pelea por la recuperación de los principales centros de estudiantes de las universidades, terciarios y secundarios. Un capítulo especial es el de la lucha política con las tendencias kirchneristas, que han hecho de los centros de estudiantes oficinas de los decanatos y funcionarios estatales. También se realizó un importante debate sobre la lucha de la mujer trabajadora, resolviendo iniciativas de lucha y clarificación respecto de las diferentes corrientes que surcan a este movimiento. La presencia masiva de delegados provenientes del movimiento obrero fue, sin duda, el dato sobresaliente del congreso. Estuvieron compañeras y compañeros de las principales luchas y conglomerados obreros de toda la provincia. Allí se discutió la campaña contra los despidos, por las paritarias y en rechazo al fallo antihuelgas de la Corte Suprema junto con la campaña hacia la Conferencia Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista. El congreso ha servido para armarnos de nuevas conclusiones políticas, para enfrentar el ajuste de Vidal y los intendentes, y redoblar las campañas políticas en toda la provincia por una alternativa política de los trabajadores y la izquierda.

El dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados acordado entre el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el gobierno habilita, camuflándola, la venta de las acciones en poder de la Anses. El proyecto plantea que las acciones en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses nunca podrán bajar del 7% de toda la cartera, siendo que ahora son el 13% de los activos, según el informe a diciembre 2015. Es decir que la ley a punto de aprobarse habilita, de entrada, la venta de casi la mitad de las acciones en poder del Fondo. Pero este límite, que habría sido el punto básico de acuerdo entre el gobierno y sus “opositores” es un fraude. El mínimo del 7% podrán ser acciones, como hasta ahora, u Obligaciones Negociables (ON) convertibles, que otorgan la calidad de acreedor de una empresa pero no la de accionista. Además, ese 7% puede ser dejado de lado si se trata de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todas los accionistas de la empresa u otra sociedad en caso de procesos de reorganización que la vinculen con aquella. Habría ya Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) en curso de acciones de cinco empresas, entre ellas Telecom, por 11.000 millones. “Si se aprobara el dictamen de mayoría, el FGS podría desprenderse de todas esas tenencias accionarias, que totalizan 16.235 millones de pesos, sin autorización del Congreso y sin que rija el límite inferior del 7% para las tenencias de acciones y ON convertibles” (Página/12, 12/6). El valor del total de acciones en poder de la Anses se estima en 100.000 millones de pesos (El Cronista, 31/5). Es decir, el remate ya comenzó. El acuerdo en el Congreso tiene el respaldo prácticamente unánime de la burguesía pero, esencialmente, forma parte de la agenda del capital financiero. “Si Argentina quiere tener status de país emergente para los activos de renta variable es necesario que el 20% de las acciones paralizadas del índice Merval en manos del gobierno pasen a inversores privados… no hay forma de que los fondos ponderen Argentina sin una venta de la Anses de sus posiciones” (ídem anterior). Quién se queda con las acciones El destino de las acciones puede abrir una crisis. Paolo Rocca se cansó de explicar que pidió cuatro veces a Néstor y Cristina que le pusieran precio a las acciones de Siderar para hacerse de ellas y persiste en ese propósito. Otro enfoque es el que planteó en el Coloquio de Idea dos años atrás, el actual ministro de Producción, Francisco Cabrera. Allí adelantó el proyecto de “vender en bloque las acciones de empresas del FGV a fondos de pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías”. En esta última línea está la sugerencia de un medio financiero: “lo más transparente es que se licite como una IPO (OPA) y la pueda comprar todo el mundo, así hay más free float (capital flotante), con fondos extranjeros que estarían interesados” (ídem, 4/4). Aunque estos propósitos requieren de la aprobación urgente de la ley, la disputa en torno a quien se queda con las acciones puede ser feroz. Es que el activo en disputa es importante y puede ser estratégico. El Estado, a través del FGS, participa de 49 compañías y posee, en muchas de ellas, más del 20% de su capital social. Entre ellas Banco Macro, Gas Natural BAN, Siderar, Telecom, Pampa Energía y Molinos Río de la Plata. Tanto Macri como Scioli, como Massa, acordaron con este rumbo y tenían en carpeta la reventa de las acciones como recurso para hacerse rápidamente de dólares en caso de llegar a la presidencia. Fuera la nueva confiscación que supone la ley ómnibus. Que la Anses sea manejada por representantes de trabajadores y jubilados; que se repongan los aportes patronales, que los fondos sean invertidos en función de asegurar el pago del 82% móvil, un mínimo igual al costo de la canasta familiar y un plan de reindustrialización y obras públicas debatido por un congreso de trabajadores.

A medida que van pasando los días, aparece con más claridad el bochorno que representa el blanqueo. El gobierno bate el parche sobre los ingresos al fisco que reportará la nueva ley. Pero el proyecto termina recortando por todos lados la recaudación. La propaganda oficial omite que la valuación de los bienes blanqueados se hará al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2015. La cotización del dólar, a esa fecha, era menor a 13, lo que ya implica una sensible quita. Además, el blanqueo incluye la posibilidad de abonar el impuesto especial con títulos públicos Bonar 17 o Global 17. En el dictamen de mayoría, que sale con el aval del massismo y el PJ disidente, se ha rebajado la penalidad o multa a quienes se inclinen por esta opción, llevándola del 12 al 10%. Si tenemos presente que quienes compren o posean estos títulos van a ir cobrando cupones por intereses, el costo real del blanqueo terminará reduciéndose varios puntos más. Pero el aporte podría ser nulo si se invierte en títulos en dólares que emitirá al gobierno. Esos títulos vienen con un premio adicional, pues permitirán a quienes lo compren, blanquear bienes por el triple del valor del bono. Pero la verdadera perlita que ha quedado relegada en los comentarios periodísticos, es un artículo que incluye dentro de los beneficios del blanqueo a “los bienes que se hubieran declarado con anterioridad a la vigencia de la presente ley”. Un traje a medida de Macri, pues en esta órbita entraría el depósito de 18 millones de Bahamas que declaró antes de esta sanción. Dichos bienes blanqueados con “anterioridad” contarían con la ventaja de gozar del blindaje legal e impositivo del blanqueo, pero sin que tener que abonar un peso (un blanqueo de costo cero). En el paquete, hay que incluir la moratoria de las deudas tanto impositivas como previsionales. Se trata de una enorme licuación de las deudas, que incluye la ya declarada. La ley condona multas y recorta intereses. Pero además, la moratoria podrá cancelarse en 60 cuotas a una tasa del 1,5%, lo cual termina evaporando la deuda por inflación (una vara muy distinta de la que se utiliza para los créditos hipotecarios, a los que se les aplicaría el IVC -o sea, la variación de acuerdo a los precios del consumidor). El dictamen incluye una modificación de último momento: una moratoria excepcional para el pago de las contribuciones patronales, de 90 cuotas. La tasa de referencia será la pasiva del Banco Nación, que hoy está por debajo de los intereses que cobra la Afip. Una nueva vuelta de tuerca en el desfinanciamiento de la Anses. Impasse económico Existe una coincidencia entre los diferentes analistas de que el 80 por ciento de lo que se blanquee quedará afuera del país. Un verdadero fiasco por referencia a las expectativas oficiales. El blanqueo es una confesión de que el horizonte idílico que el macrismo auguraba a partir del arreglo con los buitres, está muy alejado de la realidad. Los pronósticos de inversión productiva están reducidos a una mínima expresión. El capital no encuentra oportunidades de inversión lucrativa en momentos en que se acentúa la recesión y se cierran los mercados internacionales, empezando por el estratégico mercado brasileño. En estas condiciones, el ingreso de capitales sólo ha redundado en una nueva bicicleta financiera, tentado por las tasas usurarias. Aún así, no ha impedido que siga la fuga de capitales que en los tres primeros meses ascendió a la friolera de 3.700 millones de dólares: la entrada de capitales tiene un carácter puramente especulativo y viene alimentando la emisión monetaria y las tendencias inflacionarias en pesos y en dólares, provocando un atraso en el tipo de cambio y nuevas presiones devaluatorias. Estas contradicciones, que atizan las divisiones y choques en la burguesía serían reforzadas por el blanqueo. Lejos de tratarse de una ley de repatriación de capitales, esta amplia amnistía impositiva y penal conduce al reforzamiento de un régimen offshore. El blanqueo admite no sólo que los capitales blanqueados continúen fuera del país sino que el proyecto oficial los termina premiando, al liberar, de ahora en más, del impuesto a las ganancias el resultado de la compra venta de acciones o títulos del exterior.

Cristina Kirchner ha salido a criticar la “emergencia jubilatoria” de Cambiemos. En vez de denunciar que es una monumental extorsión a los trabajadores pasivos, a los que obliga a renunciar al 70% de sus acreencias con el Estado, la ex presidenta crítica al macrismo… por dispendioso. El texto en el que fundamenta su crítica pertenece a Emmanuel Agis, un ex funcionario suyo que hace una defensa cerrada de la política previsional del kirchnerismo. Pero, a la vez, el trabajo de Agis es un compendio de todos los lugares comunes de los voceros del gran capital contra los derechos jubilatorios. Moratoria y haberes Agis reivindica la “cobertura casi total” que alcanzó el universo de jubilados bajo el kirchnerismo. Lo que Agis oculta es que los beneficiarios de esa moratoria percibieron una jubilación absolutamente degradada: el haber mínimo del año 2003 era en términos reales el más bajo de los últimos treinta años -la mitad de la mínima que regía... en 1972. El kirchnerismo extendió este haber de miseria hacia quienes no contaban con aportes suficientes, como resultado de la precarización laboral extendida. Pero, en vez de cargarle el costo de la moratoria a los evasores de aportes -la clase capitalista-, se financió con la propia caja de los jubilados y, como contrapartida, “universalizó” la miseria previsional. Mientras la jubilación mínima se extendía al 75% de los pasivos, la porción restante asistía al desconocimiento de sus reajustes. No se trataba de una improvisación, sino del objetivo estratégico de las reformas jubilatorias del capitalismo: la transformación del haber previsional en una pensión asistencial, completamente desligada del salario percibido por el pasivo cuando se encontraba en actividad. Salario y jubilaciones Es ese concepto reaccionario el que Agis desarrolla sin tapujos, al afirmar que “en un sistema solidario como el nuestro las jubilaciones no tienen nada que ver con la trayectoria laboral del jubilado” (¡!) Agis ignora -o finge ignorar- que la jubilación es una conquista histórica de la clase obrera -el derecho del trabajador a que la clase capitalista sostenga la reproducción material y moral de la fuerza de trabajo a lo largo del conjunto de su vida, y no solamente durante su vida laboral. Por esta cuestión, la clase obrera argentina libró importantísimas jornadas de lucha -una huelga general en 1924 rechazó la pretensión de imponer un aporte obrero a las cajas previsionales y también la injerencia del Estado en las mismas, algo que estos luchadores, premonitoriamente, advirtieron como la pretensión de su uso para el pago de la deuda pública. Cuando ese Estado universalizó derechos previsionales, lo hizo a cambio de imponerle a los trabajadores el sostenimiento creciente de sus propias jubilaciones, y de servirse irrestrictamente de sus recursos en beneficio del Estados mismo y de los capitalistas. Para Agis, el carácter solidario del sistema previsional no consistiría en el derecho colectivo de la clase obrera a percibir un haber relacionado con su salario en actividad (82% móvil). No: para el camporista, el sistema de “reparto” “reparte” las migajas que dejan las cajas previsionales entre el conjunto de los jubilados, luego de que el Estado y el capital se hayan servido de ellas a discreción. Para aumentar la confusión, Agis identifica a los sistemas previsionales que asocian los haberes con el salario del activo con las “lógicas de capitalización individual”. ¡Nada que ver! La capitalización desliga al haber jubilatorio de cualquier derecho o ingreso definido, el cual queda condicionado a los rendimientos de un fondo de pensión y, por lo tanto, de los avatares de la especulación financiera. Para el kirchnerismo, la “solidaridad previsional” es la legalización del saqueo de las cajas jubilatorias por parte del Estado capitalista. Por el contrario, nosotros luchamos para que la Anses y sus recursos estén bajo el control de trabajadores y jubilados electos. Si esos fondos no son suficientes para garantizar los derechos jubilatorios, el Estado, como representante general de los empleadores -o sea, de quienes han evadido o fundado su acumulación en el trabajo no retribuido a los actuales jubilados- el que debe asegurar los recursos para garantizar esos derechos. Una AFJP estatal Toda esta operación confusionista apunta a reivindicar al sistema jubilatorio del kirchnerismo, a partir del momento en que fueron estatizadas las AFJP. Pero esa estatización no instituyó un sistema de reparto. Los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) fueron destinados, en sus dos terceras partes, al sostenimiento de la deuda pública y, en particular, a su pago con acreedores del exterior (el supuesto “desendeudamiento”). Del lado de las jubilaciones, se instituyó una movilidad cuya actualización está asociada, entre otras variables, a los ingresos de la seguridad social, los cuales se encuentran condicionados a la marcha general de la economía capitalista y -como vimos- de los avatares financieros del “fondo de garantía”. Estamos ante un sistema “único” de capitalización, que no remunera a los jubilados de acuerdo a derechos previsionales definidos. A este régimen parasitario, Agis lo denomina “un fondo para el mejoramiento de la seguridad social y la economía del país”. Pero un Fondo previsional jamás podría jugar ese papel en un régimen social que toleró la fuga de la totalidad del superávit comercial y pagó 200.000 millones de dólares de una deuda usuraria y varias veces pagada. Lejos de “asegurar los puestos de trabajo (y aportes) futuros”, la succión de recursos para el pago de la deuda fue un activo factor de socavamiento de la (sic) “sustentabilidad previsional”. Esa “sustentabilidad” exigiría, en primer lugar, que la mayoría trabajadora asuma los resortes fundamentales de la economía nacional, mediante la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Ello, como primer paso para que el conjunto del ahorro nacional sea aplicado a las necesidades de la mayoría. Nada de esto formó parte, jamás, del horizonte político y social del kirchnerismo. El camporista nos recuerda que los recursos del FGS sostienen también a la Asignación Universal por Hijo y a otras prestaciones asistenciales. O sea, que el aumento de la polarización social provocado por su gobierno fue bancado por los propios trabajadores a través de los fondos de la Anses. Agis critica a la ley de Cambiemos, no por confiscatoria de derechos jubilatorios adquiridos, sino porque “sólo beneficia al 30% de los jubilados que más cobran”. Naturalmente, no propone nada en beneficio del 70% de los jubilados restantes, los que perciben la mínima. Para justificar su ataque a los supuestos “privilegiados”, pone como ejemplo al caso Badaro, y al haber “exorbitante” que percibiría hoy “gracias a los fallos jubilatorios”. Pero el seguidor de Kicillof, una vez más, oculta la realidad. Badaro se jubiló como capitán de ultramar, y si llegó a percibir 50.000 pesos de haber, es porque un trabajador en actividad en su cargo cobraba más de 80.000 pesos. Naturalmente, no es el caso de la abrumadora mayoría de los jubilados en litigio. La furia de estos kirchneristas hacia los trabajadores que perciben salarios relacionados con una elevada calificación o formación laboral sólo se equipara con su silencio hacia los De Vido, Jaime y demás “privilegiados”, los cuales conforman, no una aristocracia laboral, sino una aristocracia delincuencial, ligada a la clase capitalista que lucra con los contratos del Estado. El gran olvido Agis ni siquiera menciona las verdaderas cuestiones que han derrumbado la “sustentabilidad” previsional -a saber, el trabajo precario y la reducción de las contribuciones perpetrada por el menemismo, y que su gobierno mantuvo en pie. La devolución de esas contribuciones sustraídas a los trabajadores ascenderían hoy a 280.000 millones de pesos anuales, casi el 40% de los actuales recursos del Fondo de Sustentabilidad. Ni qué decir que el blanqueo -no de la clase capitalista, sino del enorme porcentaje de trabajadores que están en negro- aportaría recursos todavía superiores. Con su silencio respecto de la reforma laboral noventista, el camporista consiente -y hace propios- los ataques de Menem y Cavallo al sistema previsional argentino. La ley ómnibus del macrismo y sus aliados debe ser combatida sin miramientos por el movimiento popular: es doblemente extorsiva; primero, porque obliga al jubilado a renunciar a derechos reconocidos judicialmente a cambio del reconocimiento de una parte menor de esos derechos; segundo, porque asocia ese resarcimiento mínimo a un blanqueo general de los capitalistas evasores. Quienes han preparado el terreno para esa extorsión han sido, por un lado, el gobierno anterior, que desconoció durante años los aumentos jubilatorios, apeló los fallos judiciales e incluso vetó una ley que establecía el 82% ¡del salario mínimo! para la jubilación mínima. Por el otro, la Corte Suprema, que rechazó la extensión automática de sus fallos al conjunto de los jubilados involucrados. Ahora bien, el “aporte” de CFK y los suyos a la lucha contra la emergencia previsional macrista parece salido del cerebro de Cavallo, Melconian o Espert. El kirchnerismo vuelve a revelarse como una fuerza del ajuste. También para la lucha contra la destrucción jubilatoria, es necesario desarrollar una alternativa política de los trabajadores.

En vísperas de una nueva asamblea y congreso de Adosac (el sindicato docente de la provincia), el gobierno realiza intensos esfuerzos para cerrar los conflictos que mantienen ocupados los jardines de la Casa de Gobierno desde hace casi un mes, tiempo desde el cual las huelgas de ATE y Adosac han continuado con altos acatamientos. La semana pasada volvió a fracasar en lograr los dos tercios de los votos en la Legislatura, necesarios para aprobar el endeudamiento, y ha caído en la cuenta de que no podrá seguir gobernando si no resuelve el conflicto con los gremios de la Mesa de Unidad Sindical. Hace unos días, logró acordar con el gremio de Vialidad en incrementos que, si bien se dan en distintos ítems (algunos no remunerativos), implican mejoras a setiembre de un 30%. Los estudiantes también se han movilizado por problemas con los edificios escolares y por la no aplicación de leyes y ordenanzas del boleto estudiantil gratuito. El gobierno, después de cuatro meses de conflicto, terminó ofreciéndole a Adosac un 27% en cuotas que se terminan de cobrar en diciembre. La conducción gremial defendió en las asambleas la aceptación de esta oferta argumentando que incluye la devolución de los días de paro descontados, el no descuento y la anulación de los sumarios a los directivos. La mayoría de las asambleas, sin embargo, consideró la oferta insuficiente y, en particular una masiva asamblea de 600 maestras y profesores en Río Gallegos, fue testigo de un extenso debate donde el activismo derrotó la posición de la Directiva y determinó el rechazo y la formulación de una contraoferta. Fue una escena conmovedora que recordaba algunas similares de 2007. Con esta decisión de las asambleas, el congreso de Adosac resolvió el domingo otro paro de 96 horas hasta el 16 de junio. La marcha hacia la paritaria, que se reunió el martes 15, fue importante y sobre todo con aguante -los docentes esperaron en la puerta desde las 10 a las 19 horas, hasta que salieron los paritarios, con la expectativa de una mejora de la oferta. La decepción fue mayor cuando supimos que el gobierno sólo había accedido a adelantar un mes los plazos de las últimas cuotas y los retroactivos que adeuda, con lo que el aumento se terminaría de cobrar en noviembre, y no hay compromisos de volver a reunir la paritaria antes de fin de año. Al cierre de esta edición se realizaban asambleas y fue convocado otro congreso el jueves 16. La campaña de la conducción lila para aceptar se ha redoblado. Por otro lado, los compañeros de Salud fueron convocados a una paritaria para informarles que ya tienen preparado el decreto por el cual el aumento serían sumas en negro que para los escalafones de maestranza apenas llegan a 500 pesos, lo que ha desatado la ira en los hospitales. Varios acaban de ser ocupados por los trabajadores, en el interior, y un centenar de trabajadores esperan ser atendidos por la ministra de Salud (esposa de Máximo K), quien anunció que no se hará presente. La Mesa de Unidad Sindical ha reclamado por todos los medios una entrevista con la gobernadora, para discutir todos los temas del conflicto, incluido el fin de la intervención a la Obra Social provincial, pero Alicia Kirchner hasta ahora se niega. Estamos en momentos decisivos, ya que la Mesa tiene la responsabilidad de que todos los gremios avancen en soluciones salariales y de puestos de trabajo -como en el caso del Sitraic- o temas abiertamente políticos -como la devolución de la Caja de Servicios Sociales o el endeudamiento que los gremios rechazan. El escándalo de José López con los bolsos en el monasterio ha causado honda conmoción en la provincia. López fue funcionario en Santa Cruz desde principios de los ’90, donde entre otros cargos dirigía el estratégico Instituto de la Vivienda. En estas circunstancias, el Partido Obrero ha convocado para este sábado 18 a una Conferencia provincial para elaborar un programa político de salida a la crisis provincial y el impulso a la campaña por un congreso de trabajadores de toda la provincia.

Luego de más de cien días de lucha contra el paquete de leyes de ajuste de la gobernadora del Frente para la Victoria, Rosana Bertone, el viernes 10 de junio se llevó adelante la marcha de antorchas en Ushuaia. A pesar de las inclemencias del tiempo se movilizaron nuevamente centenares de personas. Luego de tantos días de lucha, y con un invierno crudo, el desgaste comienza a sentirse. En los últimos días, los descuentos masivos en los salarios, directamente confiscatorios, tratan de provocar desmoralización en quienes vienen sosteniendo tres meses de lucha. Una delegación de la Unión de Gremios viajó, el pasado fin de semana, a Río Gallegos, donde se reunió con sus pares de la Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz, con la intención de conformar un bloque intersindical patagónico, coordinar las medidas de acción y defender las reivindicaciones de los trabajadores de ambas provincias. Allí, ambas entidades firmaron un documento defendiendo el salario igual a la canasta familiar y el costo de vida, la defensa del régimen previsional y el 82%, entre otras reivindicaciones. Todo un signo de maduración político sindical de los trabajadores de la Patagonia. El conflicto tendrá el jueves 16 otra jornada significativa, ya que desde el miércoles 15 al mediodía la Unión de Gremios convocó a un paro de 36 horas considerando que la Legislatura sesionará dicho jueves, luego de más de 107 días. En lo que va del año, los legisladores del ajuste no han sesionado siquiera una vez de manera ordinaria, desde que asumieron sólo se conoce la votación penosa y antiobrera del 8 y 9 de enero. La Legislatura, de sesionar, lo hará con un enorme operativo policial. Todos los gremios que participan de la mesa técnica con el gobierno (ATE, ATSA, UPCN, etc.) no convocan a ningún tipo de medida de fuerza. Mientras tanto, se designó a Horacio Cao como secretario de Recursos Humanos, un ex agente del Batallón 601 durante la última dictadura militar, con el objeto de continuar con el espionaje y la persecución a todos aquellos que luchen por sus derechos. No puede dejar de mencionarse el ajuste en el municipio de Ushuaia, gobernado por el camporista Walter Vuoto, donde el Concejo Deliberante aprobó, el viernes 3 a última hora, un aumento del orden del 40% para los impuestos. Las reivindicaciones de los trabajadores continúan más vigentes que nunca: la derogación de las leyes de ajuste, la reincorporación de los despedidos del Estado provincial, el pase a planta de todos los PEL, la libertad plena de los cinco compañeros que fueran detenidos, el pago de los días de huelga y el cese de la persecución político-sindical de todos los luchadores. Organicemos grandes jornadas de lucha convocando a parar y movilizarse por este programa. Ni un paso atrás y ni un derecho menos en Tierra del Fuego.

Confirmando la máxima marxista de que el azar es la expresión casual de la necesidad, un tuit de Jorge Altamira en vísperas del #3J (“La trata no es machismo: es la explotación capitalista organizada de mujeres y niña/os”) produjo la indignación del PTS, algo a priori imprevisto si se tiene en cuenta que se califican a sí mismos como una organización anticapitalista. La indignación los llevó a comenzar una polémica en la que defendieron una única idea rectora: el machismo, como expresión de la discriminación y la opresión de la mujer, no remite en la sociedad actual al capitalismo, sino que es una expresión ancestral que requiere una lucha y un programa específico. En defensa de esta posición pusieron un esfuerzo digno de las mejores causas, pasando de Twitter a Facebook, y de éste a la Izquierda Diario, todo para atacar al Partido Obrero por osar atacar al capitalismo en vez de al “patriarcado”. No faltó, claro, que nos acusaran de practicar un “reduccionismo economicista”, sin saber, o quizá sabiéndolo, que éste ha sido un sambenito utilizado reiteradas veces por los adversarios del socialismo para combatir al marxismo. Aunque el PTS comenzó el debate, evitó todo el tiempo sacar todas las conclusiones políticas de su posición. Se entiende por qué: si la lucha contra el machismo -o, más en general, contra toda forma de opresión de la mujer- no remite al capitalismo, entonces puede ser combatido sin levantar un programa anticapitalista. El PTS dejaría de ser, al menos en el terreno de la mujer, un partido anticapitalista y socialista, para transformarse en una organización antipatriarcal o antimachista. Pero las derivaciones políticas no concluyen en lo señalado. En la medida en que el combate no es contra el capitalismo, la lucha de clases es sustituida por una lucha de géneros -o sea, por la conciliación de clases. Nada original, claro, pues es el planteo que caracteriza al feminismo pequeñoburgués. La dirigente de Pan y Rosas, Andrea D’Atri, quiso disimular este renunciamiento al socialismo afirmando que la trata “también es machismo” -o sea, que además es el capitalismo. Pero la afirmación, que no sirvió a tales fines, puso de manifiesto el eclecticismo del PTS, que redujo a la lucha de clases y al capitalismo a “una” de las causas de la opresión actual de la mujer. Esta 'pluricausalidad' caracteriza al centrismo político y teórico, que busca conciliar al marxismo con el oportunismo. Es útil para la franela con el centroizquierdismo y el feminismo pequeñoburgués, que se indigna ante el marxismo por meterse en un terreno que consideran exclusivo para sus divagaciones. Los/as defensores/as de la ‘pluricausalidad’ se jactan a sí mismos por destacar la “cuestión cultural” subyacente en la opresión de la mujer, y se anotan ellas mismas para librar la “batalla cultural”, para lo cual reclaman subsidios de las ONG o de las universidades. Omiten, claro, que la propia cultura no puede sustraerse del régimen de explotación dominante y, en última instancia, es la “cultura” de la clase explotadora. Su rechazo a la tesis marxista, de defensa de la lucha de clases para terminar con toda forma de opresión y explotación de la mujer, tiene un carácter de clase profundo. La pequeñoburguesía siente que puede jugar el rol principal en las “batallas culturales”, pero se siente relegada a un segundo plano cuando se trata de la lucha de clases entre el proletariado y la clase capitalista. La capitulación del PTS ante esta capa social es profunda. Por eso suma su indignación contra el PO por ‘reducir’ la cuestión de la mujer a la lucha por derrocar el régimen capitalista. Afirma -D’Atri- que las mujeres de la burguesía también sufren la opresión y la discriminación, ignorando que en una sociedad dividida en clases la forma en que se manifiesta esa opresión es cualitativamente distinta entre mujeres obreras y mujeres burguesas. Sólo yendo contra sus intereses de clase las mujeres burguesas podrían admitir un impuesto al gran capital para financiar un plan de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia de género y, aún más, admitir la presencia de comisiones de mujeres en las fábricas para asegurar el cumplimiento de sus reivindicaciones contra los abusos y tratos discriminatorios. Esto, que debiera ser evidente para todo/a socialista, el PTS lo omite para justificar una política de conciliación de clases. Las sucesivas respuestas dadas por el PTS en esta polémica no hicieron más que repetir que, como el machismo o el patriarcado son previos al capitalismo, la abolición de este último no resuelve la cuestión de la mujer. D’Atri, en su respuesta última a Altamira, va más allá, al señalar que “consideramos que la revolución obrera y socialista no resuelve en sí misma, integralmente, la emancipación de las mujeres de la esclavitud doméstica y su subordinación patriarcal; pero con la liquidación de la propiedad privada de los medios de producción, se sienta las bases fundamentales para ello”. ¿De qué depende, entonces, la resolución de la cuestión de la mujer? Esta afirmación de D’Atri mezcla adrede cuestiones de orden distinto, con el único propósito de justificar su adaptación al régimen. Ocurre que es claro que “la revolución obrera y socialista no resuelve en sí mismo” la cuestión de la mujer, porque al día siguiente de la revolución seguirá habiendo capitalismo. La construcción del socialismo tiene como punto de partida la revolución, pero no es un acto único. Esta es la posición del anarquismo, no del marxismo. Es más, incluso la eliminación de la propiedad privada no es condición suficiente para definir una sociedad como socialista. En la Rusia revolucionaria de 1917-1920 la propiedad privada fue abolida por el “comunismo de guerra” impuesto por las dudas condiciones de una guerra civil. Pero ni bien ésta concluyó la propiedad privada volvió con la NEP. El socialismo es una etapa superior al capitalismo, con un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, que permita eliminar la propiedad privada junto con la lucha por la existencia individual. Si ésta subsiste, como en la Rusia pos-revolución de octubre, no tiene sentido hablar de socialismo incluso aunque transitoriamente haya sido abolida la propiedad privada. D’Atri y el PTS confunden estas cuestiones deliberadamente, para justificar que la erradicación del machismo u otra forma de violencia y/o discriminación de la mujer depende de cuestiones culturales y no de la superación del capitalismo y la abolición de toda forma de opresión y explotación clasista. El PTS sustituye al materialismo por el idealismo, al sostener que es el “patriarcado” y no el capitalismo el responsable de la opresión de la mujer. Tendríamos una institución que no tiene sus raíces en el régimen social imperante, sino que se mantiene en lo esencial inalterable durante etapas históricas y regímenes sociales sustancialmente distintos. Este idealismo puede tener también su costado reaccionario, como lo prueba tanto el antisemitismo como el sionismo, pues ambos buscan defender sus posiciones en hechos que remiten a etapas históricas pretéritas. Se trata de un idealismo pre-hegeliano, pues desconoce la dialéctica, que tiene por principio rector que “lo único constante es el cambio”. Pero fue el socialismo quien pudo dar cuenta de la raíz social del antisemitismo moderno, o sea, capitalista. Mientras los sionistas remontaban la explicación a la expulsión de los judíos de Palestina en el año '70 de nuestra era, planteando la vuelta a la tierra sagrada, los socialistas plantearon que para terminar con el antisemitismo había que derribar el capitalismo-imperialismo. No puede pasarse por alto que las posiciones del PTS en lo esencial se asemejan a las del kirchnerismo. Mientras Altamira decía desde su cuenta de Twitter que el capitalismo era el responsable de la trata, Cristina Kirchner distribuía, con diferencias de horas, desde su Facebook personal, un texto de su hija Florencia afirmando, como el PTS, que “era el machismo y el patriarcado”. Al contrario de lo que dicen las series yanquis, aquí todo parecido entre el kirchnerismo y el PTS no es pura coincidencia. La importancia del debate que se ha desarrollado radica en que distingue a los defensores de la lucha de clases de quienes ofrecen, bajo el ropaje de la “pluricausalidad”, una política de compromiso y de conciliación de clases alejada del socialismo. Una estrategia conduce a la revolución proletaria, la otra al frente popular. El tuit de Altamira tuvo la virtud de disparar una polémica que aportó a la clarificación política. Para ver más sobre este tema: La lucha contra la opresión de la mujer La opresión de la mujer y la lucha de clases ¿Por qué el capitalismo no puede abolir la opresión de género? La trampa de hablar de "cultura machista" que responsabiliza a todos y a nadie Machismo y sociedad de clases

Al cierre de esta edición miles de estudiantes y docentes marchaban a Plaza de Mayo en el aniversario de la Reforma de 1918. La movilización, encabezada por la Fuba, la Conadu Histórica, AGD-UBA, Adunlu, Ademys y los secundarios de la CEB, es una continuidad de la gran marcha educativa del 12 de mayo, cuando los reclamos fundamentales de la educación pública siguen sin respuesta. Era sabido que Franja Morada no iba a participar de la marcha. Sin embargo, fue llamativa la ausencia de La Mella, La Cámpora y el resto de las agrupaciones kirchneristas. Finalizado el Congreso de la Fuba, estas agrupaciones sacaron un volante común atacando al Partido Obrero por boicotear el frente de unidad con los K. Como respuesta, ellos resolvieron boicotear la lucha de estudiantes y docentes. Todo un debut para esta suerte de Frente Ciudadano que, como ya dijimos, es un gol para el macrismo.

Desde comienzos de mayo se desarrolla en Tucumán el megajuicio Operativo Independencia: 20 imputados, más de 270 víctimas y más de 1.000 testigos. Muchas voces se alzaron ante la exclusión de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón de una causa que la tiene como principal responsable. A comienzos de 1975, el gobierno peronista de Isabel Martínez envió el Ejército a ocupar la provincia de Tucumán con la excusa de combatir un foco guerrillero del ERP. Miles de soldados fueron desplegados en toda la provincia y se pusieron en pie decenas de campos de concentración. Unos días más tarde, ocuparon también Villa Constitución (Santa Fe). Estos operativos formaban parte de un intento desesperado del gobierno peronista por derrotar la insurgencia obrera que había comenzado en 1969, que no habían logrado detener ni la vuelta de Perón en 1973 ni la represión paraestatal de su gobierno. El peronismo apelaba a las Fuerzas Armadas como “último recurso”, pues las enormes huelgas azucareras de Tucumán y metalúrgicas de Villa Constitución, en septiembre de 1974, habían hundido el Pacto Social. Las luchas de la clase obrera cobraron toda su expresión con la huelga general de junio-julio de 1975 que enfrentó al Rodrigazo. La apelación al Ejército implicaba reconocer el fracaso del gobierno peronista en derrotar al activismo obrero y un salto de calidad en el curso contrarrevolucionario de las clases dominantes. Proyectaba a las Fuerzas Armadas como árbitro final de la crisis. Para muchos investigadores, por la aplicación de un plan terrorista sobre la población en general, por el asesinato masivo de activistas, por la existencia de campos de concentración y tortura, el Operativo Independencia fue un adelanto del plan sistemático de genocidio luego desarrollado a escala nacional por la dictadura. De los tucumanazos al antitucumanazo Desde 1965, Tucumán vivía un cuadro convulsivo como producto de la crisis de la industria azucarera. La sangría social que provocaría el cierre de once ingenios en 1966 puso a sus trabajadores en pie de lucha pese al carácter conciliador de sus direcciones sindicales enroladas en la CGT de los Argentinos. Entre 1969 y 1972 sucedieron tres enormes levantamientos populares. La ocupación militar de 1975 tuvo como función preventiva evitar un cuarto tucumanazo: la huelga azucarera de 1974, más allá de la traición de Atilio Santillán y de la burocracia de la Fotia, había mostrado hasta qué punto la clase obrera tucumana conservaba fuerzas para la lucha. En esa oportunidad, una huelga general de 15 días, con piquetes, marchas y actos masivos, pese a la represión, a la ilegalización de la Fotia y a las bandas parapoliciales, había sacudido a la población tucumana y puesto en alerta a la oligarquía azucarera, que prestó toda su colaboración y recursos a la ocupación militar. El ejército ocupó la provincia todo el año ’75 y el ’76. Luego del 24 de marzo se prolongó, ya bajo la dictadura. En diciembre de 1975, el general Vilas, primer responsable del Operativo, fue reemplazado por Domingo Bussi, quien después del 24 de marzo se convertiría en gobernador militar de la provincia. Pero en el período aún constitucional las Fuerzas Armadas ya habían asumido la conducción real de la provincia. Todos los partidos burgueses, las cámaras empresarias, los medios de comunicación, las direcciones sindicales del peronismo, diversas organizaciones de la sociedad civil y hasta el Partido Comunista, apoyaron el Operativo Independencia. A diferencia del Operativo Serpiente Roja, que fue resistido con una huelga heroica de la clase obrera de Villa Constitución durante casi dos meses, el Operativo Independencia logró el objetivo de inmovilizar a la clase obrera tucumana. Hubo resistencias de distintos tipos, pero el entreguismo de las conducciones conciliadoras y el despiste general del foquismo llevaron a la clase obrera tucumana a un callejón sin salida. No se puede dejar de señalar aquí el papel del PRT-ERP, el cual por entonces tenía influencia en varios ingenios y entre la juventud tucumana. La constitución de un “foco rural” guerrillero no sólo era un foco aislado de la insurgencia obrera y popular, sino que pretendía constituir una dirección por encima del movimiento de masas y, como tal, opuesto a la evolución, maduración, conciencia y organización de un movimiento de lucha con la tradición existente en la provincia del norte. El “foco” -que, como tal fue un fracaso- fue un factor de confusión entre la población y fue utilizado como pretexto para un operativo de intimidación de las masas. Esto, sin dejar de considerar que la alternativa política del PRT era un frente popular con sectores de la misma burguesía. Política Obrera, que en aquella época era en la provincia un pequeño núcleo de activistas obreros y de estudiantes organizados, fue la única organización que planteó la consigna de “Fuera el ejército, que la Fotia llame a un congreso de delegados de todos los gremios en conflicto para encarar la resistencia unificada de todo el movimiento obrero regional contra la presencia militar, contra la intervención militar a la provincia y por las reivindicaciones de los explotados”. Con este planteo se llamó a concretar un frente único a la JP, al PC y al PST. Con diferentes argumentos, pero coincidentes en sostener una política de colaboración de clases con el gobierno y los partidos burgueses, todos lo rechazaron. Las paradojas de la política muchas veces son crueles. El Operativo Independencia fue decretado por el gobierno de Isabel, pero el que puso la firma fue Italo Luder, en su interinato. En 1983, las principales corrientes políticas que protagonizaron los tucumanazos (PC, PCR, JP) llamaron a votar por él. La experiencia de aquel período ha dejado huellas imborrables en la memoria de los trabajadores tucumanos que el juicio ha vuelto a reabrir. Apoyándonos en la tradición combativa de aquellas generaciones de luchadores, hoy la cuestión clave pasa, nuevamente, por superar al nacionalismo burgués agotado y decadente y estructurar una alternativa política independiente -o sea obrera y socialista.

Una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sería la “tormenta perfecta” (The Economist, 21/4) y amenazaría con la lisa y llana destrucción de la UE. El premier británico David Cameron negoció un paquete de medidas con Bruselas y anunció para el 23 de junio el referéndum, confiado en una victoria del “Remain” (permanecer en la Unión Europea). Hoy, las posiciones se acercan y la salida de la UE (Brexit) estaría sacando una leve ventaja. El G7, en su última cumbre mundial, manifestó que el Brexit puede reflotar la crisis mundial en una escala superior. Crisis capitalista Las tendencias separatistas han crecido en Europa en forma proporcional al desarrollo de la bancarrota capitalista. Gran Bretaña no es la excepción. En el Reino Unido estamos asistiendo a un severo ajuste dirigido a descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores. Uno de los blancos fundamentales es el recorte de la asistencia social y, en particular, los beneficios sociales que vienen recibiendo inmigrantes. Este problema se ha venido agravando: la migración neta en 2015 (diferencia entre los que vienen y los que se van) alcanzó la cifra récord de 333.000, cuando la promesa del Ejecutivo era reducirla por debajo de los 100.000. Esta situación ha incentivado las presiones a romper los compromisos establecidos en Bruselas y que atan a Gran Bretaña en el marco de la UE, en referencia a los inmigrantes y residentes europeos que se trasladan al Reino Unido. Cameron estuvo negociando con la UE una “flexibilización” de esas normas, pero eso ha sido insuficiente para disipar las tendencias escisionistas. La bancarrota capitalista, asimismo, ha potenciado las rivalidades económicas y comerciales. Una de las principales disputas se libra en el campo de las finanzas. La City de Londres es el centro financiero de la moneda única (euro), pero fuera del territorio de la zona euro y de sus regulaciones, sumado al hecho de que imprime libras esterlinas. Los euros son capturados por las entidades financieras londinenses, que tienen la potestad de comprar o vender en euros a través de títulos o bonos defolteados (clearing). Este negocio de los “eurobonos” es un negocio disputado por Frankfurt. El gobierno de Cameron amenaza con que una salida de la UE significaría el corte del grifo de los eurobonos y la relocalización de la plaza financiera. El Banco Central Europeo (BCE) trató de detener la compensación y liquidación de operaciones en euros de Londres en favor de las “clearing houses” de Frankfurt. Pero los británicos ganaron la pulseada en la Corte, y pueden continuar con ese negocio de intermediación especulativa. La UE analiza una unión bancaria de la zona del euro que podría marginar al Reino Unido y también un impuesto sobre las transacciones financieras, mientras que Reino Unido quiere menos restricciones para especular con el dinero y bonos del BCE. Reino Unido es la puerta para la colonización de Europa por el capital de Estados Unidos, de allí la presión de Obama en favor del “Remain”. Sin embargo, la Comisión Europea rechaza los acuerdos TTIP firmados entre GB y Estados Unidos hace tres años, porque son el mascarón de proa del desembarco de las multinacionales norteamericanas. Aunque Estados Unidos se opone a la intervención en los mercados monetarios, Obama había defendido un “desarme arancelario” para Europa, y un Brexit sería un freno a esa política (ídem). Los bloques y el Brexit Una victoria del “Leave” (dejar la UE) significaría una estocada de muerte para Cameron y para su partido. En Gibraltar, pieza clave del imperialismo británico, amenazan con unirse a España si hay Brexit. Escocia también advierte sobre un nuevo referéndum. Cada vez son más los diputados conservadores que apoyan la salida de la UE (128 de 330) y la burguesía británica está partida. Cameron lidera la campaña, pero es el blanco de severas críticas mientras cae su popularidad al mínimo histórico de un premier en el Reino Unido. El Confederación Industrial Británica (CBI) prefiere la permanencia, mientras que la Cámara de Comercio está dividida y el “Leave” gana terreno (Independent, 24/5). La City apoya mayoritariamente la campaña por el “Reman” (Financial Times, 22/5) y amenaza con que el PBI caería varios puntos en caso de Brexit. Boris Johnson, ex alcalde de Londres, enfrenta a Cameron no sólo por el Brexit, sino por la dirección del partido y las próximas presidenciales. Johnson critica las regulaciones europeas y apadrina a “Vote Leave” y “Britain Stronger in Europe”, que engloban a sectores que van desde el Ukip hasta figuras de centroizquierda como George Galloway (Respect). Del lado laborista, Jeremy Corbyn se ha convertido en la última esperanza de la campaña por quedarse (“Your Referendum”, inspirado en la campaña de “proximidad” de Bernie Sanders). Corbyn dijo que “quedarse en la UE le dejará al próximo gobierno laborista más posibilidades de influir sobre la política económica europea” (The Guardian, 28/5). Sin embargo, ha participado poco en la campaña, por las contradicciones que le genera estar del lado de la banca y de la elite económica. Corbyn defiende ahora la “austeridad” de la UE contra la cual hizo campaña el año pasado y defiende sus regulaciones de ajuste como si defendieran el empleo. El partido Verde, Plaid Cymru, el Partido Socialista Escocés (SSP), Sinn Fein y Yanis Varoufakis se pliegan por izquierda a los laboristas, contra el abandono y “colapso” de la UE. La salida que proponen es profundizar la crisis fiscal para rescatar al capital de la crisis, a la vez que pone a la clase obrera a la rastra del capital europeo. Los que apoyan el “Leave” dicen que GB comercia cada vez más con China y menos con la UE-28, y que no necesita la unión para hacerlo. Esa es la posición compartida por un sector de la izquierda que, mostrando también su grado de adaptación al imperialismo, apoya el TTIP como salida: “Afuera de la UE, Gran Bretaña puede negociar acuerdos mutuamente benéficos con otros países tales como el Acuerdo Trans Atlántico de Inversión [TTIP] con Estados Unidos” (leftleave.org, 23/4). El TTIP es el mascarón de proa del capital norteamericano (The Guardian, 7/5). “LeftLeave” es apoyado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (SWP), Counterfire y el PC (CPGP). Sin embargo, esta salida es una variante del seguidismo a la burguesía británica. Conclusión La izquierda debe oponer un planteo propio y explotar la situación creada para desarrollar una fuerza revolucionaria. Ninguno de los bloques políticos representa una salida para las masas trabajadoras, sino que subordinan a la clase obrera a alguna de las alternativas de la burguesía. A dichas alternativas -todas ellas, ajustadoras-, hay que oponerle un programa y una salida para que la crisis la paguen los capitalistas. Esto debe darse en el cuadro de la lucha por gobiernos de trabajadores, por una federación socialista de Gran Bretaña e Irlanda y por los estados unidos socialistas de Europa.

El cine de Aleksandr Sokúrov es de los más difíciles de clasificar. En su último film, Francofonía: una elegía para Europa, se entremezclan la ficción y el documental, fotos e imágenes de archivo, dramatizaciones y reflexiones artísticas e históricas y hasta el backstage de la filmación con el realizador interpretándose a sí mismo. La película es un collage lírico de lo que se llama “cine-ensayo”, que parte del Museo de Louvre en París y de la colaboración que establecieron, a raíz de la ocupación nazi de Francia (1940), el conde Franz Wolff-Metternich y el encargado de la custodia de los museos franceses, el republicano Jacques Jaujard. En medio de la catástrofe que significó la II Guerra Mundial, los dos habrían ayudado a salvar obras invalorables. Francofonía va más allá. Representa una reflexión acerca de los últimos siglos de historia europea (Sokúrov es graduado en Historia en la antigua URSS) y sobre cómo se crea, protege y roba (el caso del imperialismo francés en el siglo XIX) el arte en el contexto trágico de guerras y enfrentamientos nacionales. No es la primera vez que el realizador aborda estas temáticas: ya lo hizo en su reconocida El arca rusa y en numerosas “elegías” documentales de poetas, pintores y músicos. También realizó un tríptico acerca de hombres (Hitler, Lenin e Hirohito) en la cumbre del poder y en la decadencia. Como todos sus trabajos, Francofonía es una obra cuidada, de detallada elaboración de los colores (apagados o sepia en este caso) y los sonidos para tratar con densidad temas no menores. En una reciente entrevista con El Periódico de España (3/6), Sokúrov sostuvo que los museos “mantienen vivo el pasado, y hay que seguir mirando al pasado mientras entramos en el futuro. Los principios revolucionarios son destructivos porque niegan lo que se ha hecho antes”. Sokúrov parece olvidar el enorme esfuerzo hecho por los revolucionarios de su país para conservar la herencia artística de épocas anteriores y que los Estados Unidos, que poco tienen de revolucionarios, ejecutaron una destrucción y saqueo de obras y monumentos en Irak que no tiene nada que envidiarle a la que actualmente realiza Estado Islámico. En otra parte de la misma entrevista dice que hizo Francofonía porque “llevo tiempo oliendo a humo” en Europa (es decir, la posibilidad de guerra). Según él, la amenaza es doble: el desarrollo de movimientos neonazis en varios países europeos y los refugiados de países musulmanes que ponen en peligro “los valores europeos y cristianos”. El pensamiento reaccionario de Sokúrov es conocido, pero con Francofonía podemos decir que la obra supera (en claridad y certeza) al artista. Sokúrov piensa que el artista y el arte están no sólo por arriba del político, sino también del pueblo. El arte sería producto de mentes únicas y divinas. Francofonía comienza con el realizador lamentándose por la muerte, a comienzos del siglo XX, de Tolstoi y Chéjov, mientras se ríe y trata de niños a unos soldados revolucionarios rusos. Un fantasma de la Revolución Francesa, Marianne, recorre los pasillos del Louvre como loca en compañía de Napoleón -gran saqueador de los tesoros artísticos y arqueológicos de Egipto- repitiendo una y otra vez “Liberté, égalité, fraternité”. La salvación del arte termina siendo obra de dos gentleman (el noble alemán y el republicano francés) o de la mera casualidad, nunca de una acción política colectiva a la que el director aborrece. Con su talento, Sokúrov es una expresión de la enorme confusión ideológica que reina en la Rusia post soviética, pero también es suficientemente perspicaz y sensible para captar que la amenaza de catástrofe y tragedia se cierne sobre nosotros en este siglo XXI.

Omar Siddiqui Mateen era un ciudadano norteamericano, con permiso del Estado norteamericano para portar armamento de guerra (era guardia de seguridad privado). Mateen compró legalmente el fusil de asalto AR15, usado por el Ejército de los Estados Unidos, para cometer la masacre. Ni siquiera tenía contacto orgánico alguno con los terroristas fascistas de Estado Islámico. En síntesis: el ataque contra la discoteca gay Pulse no llegó desde afuera, a diferencia del 11S. Este atentado llegó desde el interior profundo de la descomposición de una franja importante de la sociedad norteamericana. Grandes centros industriales como Detroit convertidos en ruinas, millones de nuevos homeless desde la crisis hipotecaria, empobrecimiento abrupto de sectores amplios de las clases medias; en fin, la crisis internacional que aún tiene su epicentro en los Estados Unidos ha acelerado las tendencias al fascismo presentes desde antiguo en ese país, sobre todo en sus manifestaciones de homofobia y racismo. En muchas ocasiones los llamados “crímenes de odio” ni siquiera se dirigen a una minoría específica: abundan los lunáticos que masacran clientes en un supermercado, o a sus compañeros de colegio o de universidad o simplemente a peatones. Parte de esa descomposición es la emergencia de Donald Trump, la bestia que ha ganado la candidatura presidencial por el Partido Republicano. Trump aprovecha la carnicería de Orlando para acentuar sus posturas xenófobas y contra la inmigración. Propone incluso prohibir la entrada en territorio norteamericano de personas de religión musulmana o procedentes de países inamistosos para con los Estados Unidos. Todo eso servirá para acentuar el carácter policial del Estado yanqui y disciplinar por el terror a la sociedad norteamericana, especialmente a los trabajadores, con vista a la crisis social en curso. Pero será inútil para impedir masacres como la de Pulse. La fuente del terror está adentro, y tiene su raíz en la disgregación social. Sólo durante 2015 “hubo en los Estados Unidos 372 balaceras masivas, que mataron a un total de 475 personas e hirieron a 1.870” (Página/12, 13/6). Hillary Clinton, por su parte, propone una mayor vigilancia para detectar a “lobos solitarios” como Siddiqui Matten y mayores controles a la venta de armas para quien registre antecedentes. Clinton, la principal alternativa del imperialismo ante la transición presidencial, ofrece otra variante de reforzamiento del Estado policial y del espionaje contra sus propios ciudadanos. No es la “cultura”, es la descomposición capitalista La homofobia manifestada atrozmente en Orlando no deviene de tendencias individuales o “culturales”: es el resultado de una acción política y estatal de carácter esencialmente persecutoria. Cuando aún era precandidato presidencial republicano, Ted Cruz, acompañado por el gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y buena parte de la plana mayor de su partido, asistió a una conferencia del pastor Kevin Swanson, que pide la pena de muerte para los homosexuales por ser éstos opuestos a “la ley de Dios”. El padre de Saddiqui Mateen, al justificar moralmente lo hecho por su hijo, declaró que “Dios en persona castigará a los homosexuales”, y explicó que el asesino de Pulse se había “indignado” al ver a dos hombres que se besaban en un lugar público. Carolina del Norte y Mississippi han dictado leyes contra los homosexuales, que llegan al extremo de restringirles el uso de los baños públicos. La crisis generada por la carnicería de Orlando ha reavivado, además, el debate sobre el control del uso de armas. Trump defiende la norma constitucional que reconoce el derecho de los ciudadanos al armamento, pero para promover un mercado libre que ha permitido la formación de milicias fascistas y terroristas y ha armado a lunáticos como Mateen. Clinton sostiene, en cambio, el “monopolio de la fuerza” para un Estado imperialista, militarizado hasta los huesos, cuyas fuerzas represivas no guardan fronteras con los elementos fascistoides. Por supuesto, esas tendencias no son las únicas que se observan en los Estados Unidos. La enorme elección hecha por el precandidato Bernie Sanders señala, aun de manera deformada, la posibilidad de dar un canal organizativo a las tendencias contrarias. Es preciso que a la derecha radical de Donald Trump se le oponga su contrario, una izquierda también radical para barrer la basura descompuesta del imperialismo en crisis.

Foto: Ignacio Smith El Congreso Ordinario de la Fuba, convocado para el martes 14, no pudo renovar autoridades por falta de quórum. Ninguna lista logró reunir los 66 delegados necesarios para sesionar. Esto expresó, en primer lugar, el fracaso de la política del Rectorado de Alberto Barbieri, que se había jugado a fondo para desplazar a la actual conducción combativa de la Fuba. Los decanos querían terminar con una Federación que es un factor de lucha contra sus negociados privatistas, por la gratuidad de los posgrados -la gran “caja” de la corporación universitaria- y por el salario para los más de 15 mil docentes ad honorem de la UBA. Para este objetivo, intentaron un acercamiento al kirchnerismo, ya sea para reunir los votos necesarios del quórum o incluso para una lista común. Para ésta, incluso, ya había varios postulantes que eran del agrado de franjistas y kirchneristas. Después de todo, en varias facultades, bajo el rótulo de “Nuevo Espacio”, conviven radicales y peronistas en una única agrupación. En la mesa de negociaciones se puso la continuidad de los contratos que La Cámpora tiene en el Rectorado, e incluso el concurso para profesor titular del ex ministro de Economía Axel Kicillof -cuestionado por la Facultad de Económicas. Como frutilla del postre, y en tanto garantía para avanzar en esa dirección, el Consejo Superior convocó a la Inspección General de Justicia (IGJ) a “fiscalizar” el funcionamiento del Congreso. Una intromisión directa del Estado en la organización estudiantil. La IGJ está conducida por Sergio Brodsky, un militante de Franja Morada, ex funcionario de Derecho, quien actúa como mano derecha de Angelici y el espía Darío Richarte. La mayoría de los centros de estudiantes votaron en la Junta Representativa de la Fuba el rechazo a la intervención de la IGJ -con la notable excepción del Centro de Sociales, conducido por el kirchnerismo. La campaña de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS), curso por curso, de denuncia del pacto Franja-K y el pronunciamiento masivo de los estudiantes en asambleas y comisiones bloquearon la posibilidad de que este pacto se llevara adelante. Pusimos en conocimiento de los estudiantes las reuniones clandestinas entre La Cámpora y el rector, y las prebendas que estaban traficando entre sí. Esto produjo una crisis y hasta una división entre las agrupaciones kirchneristas e independientes, muchas de las cuales se delimitaron de La Cámpora. La Mella, agente de La Cámpora El Congreso expresó, a su turno, las divergencias estratégicas que recorren a la actual conducción de la Fuba. La Mella-Patria Grande se reveló en todo momento como un agente del camporismo. Mientras La Cámpora negociaba con Barbieri, y el Centro de Estudiantes de Sociales avalaba la intervención de la IGJ, La Mella hizo todo lo que estaba a su alcance para llevar a La Cámpora a la presidencia de la federación. Decían que de esa manera se lograría “la unidad” para derrotar al macrismo, cuando está claro que el gigantesco desprestigio que implicaría la integración de los K a la dirección de la Fuba era el mejor favor que el movimiento estudiantil podía hacerle a la Franja y al gobierno. De parte de los K, su pedido de una triple presidencia representaba un intento por someter a la izquierda revolucionaria, y a las organizaciones recuperadas por los estudiantes, a los dictámenes de una fuerza que gobernó, y aún gobierna Santa Cruz, Tierra del Fuego y varias provincias más, al servicio de los grupos capitalistas, ajustando y reprimiendo a los trabajadores. Nuestra campaña contra esa triple presidencia fue clave, también, para desmontar este intento de copamiento político de la federación. Como nuestras diferencias con el kirchnerismo son radicales, de fondo, propusimos un acuerdo de carácter técnico, para derrotar la lista de Nuevo Espacio-Franja Morada, y que luego cada fuerza obtuviera para sí una representación proporcional a la cantidad de delegados que reuniera: la izquierda en la conducción, los K en la oposición. Nuestra campaña caló tan hondo que La Cámpora fue reculando a lo largo de los días, bajándose del planteo de la presidencia a la vicepresidencia, algo que rechazamos de igual modo. Ante este recule La Mella-Patria Grande no incrementó la presión para doblegar al kirchnerismo, sino que salió a su rescate, acusando al PO de “sectario”. La Mella no quería revalidar un frente político con la juventud del Partido Obrero, que dejara a los K en el lugar que le corresponde a la oposición. Su consigna fue a“con La Cámpora a la cabeza o nada”, revelando que, antes que la derrota de la derecha en la Fuba, su política es la formación de una coalición política común con los hijos de De Vido y Lázaro Báez: el Frente Ciudadano que CFK reclamó desde Comodoro Py. Cómo seguimos La UJS libró estas batallas políticas para defender los intentos -tanto externos como internos- por desmantelar el carácter independiente de la Fuba prácticamente en soledad. El resto de los partidos del Frente de Izquierda tiró la toalla antes de empezar, y su política frente al Congreso se limitó a atacar al Partido Obrero. Su planteo de “presentar una lista del FIT” conducía directamente al triunfo de Franja Morada -una deducción elemental que ocultan a su militancia y nunca se atrevieron a poner por escrito. Este planteo vergonzante de entrega de la Fuba es la contracara de su marginalidad política -la “lista FIT”, sin la UJS-PO, reunía entre el 3 y el 4% de los delegados del Congreso. El balance de la lucha política librada en torno al Congreso dejó una conclusión clara: existen enormes reservas de lucha entre los estudiantes que hicieron posible la defensa de la independencia de la Fuba, incluso a pesar de la acción decidida del Rectorado y de la capitulación de un sector de la conducción a los planteos del kirchnerismo. El desafío de la UJS es explotar al máximo las posibilidades de esta tendencia de lucha, que ya tuvo su expresión en la huelga universitaria y la gran marcha educativa del 12 de mayo. Vamos, ahora, a la pelea en cada facultad por el balance del Congreso, fortaleciendo las agrupaciones de la UJS y preparando la formación de las listas independientes y combativas para las próximas elecciones de centros de estudiantes, que tendrán lugar en el segundo cuatrimestre. La lucha continúa.

Las seis mujeres militantes del DIP fueron absueltas gracias a la enorme campaña nacional e internacional desenvuelta. Estaban acusadas de terrorismo por haberse manifestado en favor de las mujeres kurdas que luchan contra el Estado Islámico y contra el Estado turco, y por haber convocado a la movilización internacional del Día de la Mujer (8 de marzo), denunciando las masacres de Turquía contra las mujeres kurdas y contra los derechos de las mujeres en general. Esta es una gran victoria política y legal de la lucha contra la opresión estatal turca y del gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Es una victoria de la clase obrera turca y del pueblo kurdo. El Estado turco viene realizando una persecución sistemática a todos aquellos que ponen en cuestionamiento sus métodos de guerra civil interna, y ha enjuiciado desde luchadores populares hasta periodistas y opositores al régimen. La absolución se decidió 2 a 1, con un juez evidentemente hostil que votó culpable, y que durante todo el juicio mostró animadversión con los procedimientos y las acusadas. La fiscalía, con toda probabilidad, va a apelar la decisión y el caso irá a la Corte de Casación. Así que no todo está decidido todavía, pero se ha ganado la batalla principal. El Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP), integrante de la CRCI, ha demostrado haber superado con firmeza y determinación esta prueba política y legal. La defensa por el equipo de abogados y la firmeza política de las acusadas (todas ellas de entre 19 y 35 años) fue impresionante. La intervención de la portavoz, Armagan, fue impecable. Y los jueces tuvieron que retroceder ante el apoyo internacional que recibieron las acusadas. Saludamos este triunfo.

La manifestación del martes 14 de junio en París y en ciudades de la provincia mostró la fuerza del movimiento contra la “ley-trabajo” y el ajuste capitalista y, a la vez, la crisis política. El gobierno no ha logrado quebrar a la clase obrera y a la juventud a pesar de la represión y de la demagogia. La manifestación en París fue impresionante. No llegó al millón de personas, como anunció la CGT, pero los cortejos sindicales fueron enormes, la presencia de FO fue significativa, hubo una importante presencia de las provincias, además de las manifestaciones en otras ciudades. Fue la primera manifestación nacional desde que comenzó el conflicto en marzo. Tres meses después, decenas de miles de activistas y centenares de miles de manifestantes se siguen movilizando, sin que la masividad disminuya. El gobierno -corriendo detrás de la burguesía y sus voceros- puso el acento en las así llamadas “violencias”. Pretende cambiar el eje: lo que está en juego no es un terrible retroceso social y una política de ajuste, sino el mantenimiento del orden, también contra el terrorismo. Lanzó una verdadera provocación. El primer ministro Valls, en un reportaje por radio en la mañana del miércoles, responsabilizó a la CGT por “las violencias” y anunció, con el apoyo del presidente Hollande, que se iban a prohibir futuras manifestaciones en París. Nuevas movilizaciones y manifestaciones están anunciadas para el 23 y el 28 de junio. Es importante señalar que el comunicado de la CGT pone el acento en la posibilidad de la negociación porque el secretario general tiene una entrevista el viernes con la ministra de Trabajo y el primer ministro, lo que para el gobierno justifica la política de reprimir todavía más y prohibir las manifestaciones. Dos manifestaciones Puede decirse que en París hubo dos manifestaciones al mismo tiempo. Desde marzo, la juventud y los militantes más radicales se organizaron en la “tête du cortège” (la cabeza de la manifestación), delante de las organizaciones sindicales, fuera del control del servicio de orden y con sus propias modalidades. Al principio eran algunos centenares pero el pasado martes eran varios miles y con cortejos de sectores sindicales en lucha y activistas obreros y juveniles. En este cortejo se ubicaron los “casseurs”, un sector de autónomos que organiza el enfrentamiento con la policía y acciones de destrucción de vidrieras bancarias y mobiliario urbano. La policía los deja hacer y favorece toda suerte de provocaciones. En la última manifestación, fue atacada la fachada de un hospital de niños. Este es el pretexto que utiliza la burguesía y el gobierno “socialista” para responsabilizar a los sindicatos de la violencia y prohibir las manifestaciones. Aquí se plantea un problema político: se prefieren los golpes de efecto a la actividad sistemática de reagrupamiento combativo junto a los militantes sindicales más avanzados. El éxito de la manifestación nacional del 14 siguió a un momento de debilitamiento de las huelgas. El movimiento huelguístico estuvo lejos de ser generalizado: la huelga ferroviaria se mantiene en gran parte por la presión de SUD y de la base de la CGT y quizá termine por levantarse en los próximos días. Esta dificultad es propia a la forma de intervención de la dirección burocrática de la CGT: lanza una serie de conflictos localizados y los libra a su suerte. Es también una dificultad de los activistas y las secciones sindicales locales y regionales: tienen la fuerza necesaria para lanzar una huelga pero no para impulsar su extensión. El impasse político se está ensanchando y el gobierno y la reacción burguesa tratan de utilizarlo en una competencia por el orden represivo, la disgregación social ante la crisis y el derecho a gozar del fútbol -se viene la Eurocopa- como compensación. NPA El Nuevo Partido Anticapitalista ha perdido toda vigencia. No la tuvo en términos de programa revolucionario aunque agrupó a varios centenares de militantes y pudo ser un cuadro de reagrupamiento de sectores en ruptura con el centrismo antiliberal y el partido comunista. Ha quedado reducido a 2.000 miembros y su mayoría política está desesperada por encontrar una alianza centrista. Después de soñar con Syriza, ahora sueña con Podemos y sin mayor eco popular y militante. Las fracciones de la izquierda del NPA han logrado conquistar algunas posiciones en el movimiento juvenil y obrero con su influencia inmediata, pero no alcanzan un impacto político significativo y suelen oscilar entre el petardismo y el sectarismo. ¿Qué va a pasar? Todo retroceso del gobierno, aunque sea parcial, será importante para que la movilización actual sea, también, un eslabón de las luchas contra el programa reaccionario que la burguesía promete para después de las elecciones presidenciales de 2017 y en el cuadro de la actual crisis europea. La burocracia sindical quiere salvar su papel de mediadora en la explotación salarial en un período en el cual el capitalismo está exigiendo una agravación cualitativa de esta explotación. ¿La clase obrera francesa logrará imponer un dique de contención? Puede hacerlo.