Prensa Obrera N° 1414

Aunque presentado como un “reordenamiento administrativo”, el decreto 721 firmado por Macri le otorga a las Fuerzas Armadas una gran autonomía para resolver ascensos y bajas, designaciones de personal, traslados, premios, entre otras cuestiones que hasta ahora dependían del Ministerio de Defensa. Otra delegación importante es la incorporación de personal retirado para la tarea “docente”, ya que por esa vía se han cobijado muchos militares acusados de ser parte del genocidio de la dictadura. A la luz de lo expuesto, la denuncia de que con este decreto se le otorga a las Fuerzas Armadas un “autogobierno”, no suena exagerada. El decreto va en línea con el discurso pronunciado por Macri en el día del Ejército. Allí no sólo anunció aumentos de salarios y presupuesto para reequipamiento. También planteó que el Ejército y el resto de las armas deben participar del “combate contra el terrorismo internacional”, el sambenito de los yanquis para controlar a las Fuerzas Armadas de los países de América Latina y legalizar su participación en materia de seguridad interior. El general ‘nacional y popular’ César Milani, sentado en primera fila, aplaudió estas palabras de Macri. Con el mismo sambenito de la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, Patricia Bullrich acaba de suscribir acuerdos con el Estado de Israel en materia de seguridad. El sionismo hace lobby para asegurarle un mercado a sus empresas proveedoras de armamento y material de espionaje. Estos acuerdos comerciales fueron cerrados con el visto bueno de la DEA, a cuyos cuarteles centrales la ministra viajó ni bien asumió su cargo a buscar instrucciones. Bajo la presión de la Triple Alianza Pentágono-DEA-sionismo, el Congreso ha votado nuevas leyes que refuerzan la capacidad represiva del Estado. Una de ellas es la creación de la figura de “agente encubierto”, justificada también por la lucha contra ‘delitos complejos’. Así, se habilita el espionaje interno del personal policial o de los servicios de inteligencia. El rechazo del kirchnerismo al decreto de Macri no pasa de un acto de hipocresía. Bajo su gobierno se aprobó la ley antiterrorista, que sirve como paraguas para todo el andamiaje represivo que está votando el macrismo. Igual que éste, se amparó en que se trataba de un reclamo internacional capitaneado por los Estados Unidos. Además, con la designación de Milani, el gobierno fue en rescate de las Fuerzas Armadas, fuertemente desprestigiadas por sus crímenes bajo la dictadura y la derrota de Malvinas, presentándolas como parte del proyecto “nacional y popular”. El ‘autogobierno’ que ahora les otorga Macri se inscribe en ese camino. El control civil sobre las Fuerzas Armadas no fue obstáculo para que sigan en actividad quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad. Sólo en el Ejército se estima que son más de 3.000 los oficiales y suboficiales en actividad que provienen de la dictadura. Denunciamos el decreto de Macri como un reforzamiento de la política represiva y de la penetración imperialista-sionista sobre el país.

“Se parece mucho más a un Nureyev que a un peleador de tabernas” Norman Mailer “¡ Cassius Clay !”, gritó e l oficial a cargo del centro de reclutamiento de Houston . Nadie se incorporó. Dos veces más repitió el hombre su llamado, pero Muhammad Ali permaneció sentado. Transcurría el año 1966, en plena guerra de Vietnam. Cuando un juzgado citó al entonces campeón mundial de los pesados para que respondiera por su negativa a incorporarse al servicio militar, él envió una carta que entre otras cosas decía : “¿Por qué habría de disparar yo un fusil contra los vietnamitas? Ellos nunca me han llamado nigger , nunca me colgaron de un árbol, nunca me lanzaron sus perros. Si he de morir ha de ser aquí… ¡Ustedes son mis enemigos!” Amigo de Malcom X, el luchador negro que proclamaba el combate armado contra la opresión de su pueblo y llamaba “Tío Tom” al pacifista Martin Luther King, Al i había nacido en 1942 con el nombre de Cassius Marcellus Clay : “M i nombre de esclavo” . Ali jamás permitía que lo llamaran “ Cassius Clay ”, y su rival Ernie Terrell lo supo cuando pelearon en 1967. Terrell , durante los días previos a la pelea y en el pesaje, insistentemente lo llamó “ Clay ”. El combate fue para él un martirio. Ali no quiso noquearlo y en cambio lo castigó tenazmente durante 15 rounds mientras a cada golpe le gritaba: “¿Cómo me llamo?” “¿Cuál es mi nombre?” Esa rebelión contra la convocatoria a las armas tuvo para él consecuencias directas e inmediatas: un tribunal lo condenó a cinco años de prisión - quedó libre bajo fianza- y a pagar una multa de 10 mil dólares. Una hora después de la sentencia, le fueron quitados los títulos de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Comisión Atlética de Nueva York. También se le quitó la licencia para boxear y le fue retirado el pasaporte. Esa postura de Ali contra la guerra precedió a la de la mayoría de los organismos de derechos civiles: Martin Luther King, por ejemplo, solo un año después repudió la invasión a Vietnam, cuando se multiplicaban las bolsas con cadáveres norteamericanos y las manifestaciones antibelicistas; y, desde ya, crecía la popularidad de Muhammad Ali por aquella actitud. Boxeo y lucha política Las manifestaciones contra la guerra coincidían con una lucha política intensa dentro del pueblo afroamericano. Ali había tomado su nombre en homenaje a Elijah Muhammad, líder de Nación Islámica, el grupo al que también pertenecía, conflictivamente, Malcom X. Hubo allí rupturas y separaciones que involucraron al campeón pesado, pero en cualquier caso la lucha contra la discriminación racial y contra la agresión norteamericana a Vietnam estuvo en el comienzo impetuoso de la penetración islámica, a nivel de masas, en territorio de los Estados Unidos. Y el papel de Ali en aquellos hechos no fue menor, favorecido obviamente por su enorme popularidad. Ya antes de negarse a servir en las fuerzas armadas, había hecho una gira, en 1964, por diversos países de África, desde Ghana a Egipto, en medio de guerras independentistas y de liberación nacional. Cuando volvió a boxear en 1970, después de que la Corte Suprema aceptara su alegato de objeción de conciencia para cumplir sus obligaciones militares, ya no era el mismo boxísticamente. Había perdido la velocidad que sustentaba su estilo, pero sería entonces, ya disminuido, cuando alcanzaría su magnitud más grandiosa, cuando libraría esas batallas feroces contra George Foreman , Ken Norton o aquellas tres peleas históricas contra Joe Frazier . Políticamente tampoco era el mismo. En 1969, mientras estaba suspendido, había roto con Nación Islámica. Continuó siempre su defensa de los derechos civiles del pueblo negro, pero ahora con una actitud más moderada, más proclive a la que había sostenido Martin Luther King que a la de Malcom X; por lo demás, ya ambos líderes negros habían sido as esinados, Malcom en 1965 y Luther King en 1968. Antes de ese regreso habrían sido impensables las reuniones que luego tuvo con James Carter y Ronald Reagan, o que George W. Bush lo condecorara. Fue, con toda seguridad, el mejor boxeador de todos los tiempos. Podía tener la agilidad, la elegancia, velocidad y eficacia de un Ray Robinson o un Ray Leonard, pero él era peso pesado y el campeón mundial de los pesados bien puede ser considerado el hombre más fuerte del mundo. Y si el hombre más fuerte del mundo se parece más a un Nureyev que a un peleador de tabernas, se sobreentiende que se está ante alguien único. Y la historia política de los Estados Unidos, y la del pueblo negro por su liberación, guardará n para él el registro de aquel latigazo público: “ ¡ Ustedes son mis enemigos ! ”. Hasta siempre, campeón.

El Juez Flores ha decretado, en tiempo record, la intervención de S itech Federación, enviando la policía al sindicato . E s tamos ante un verdadero golpe de Estado Judicial contra la dirección del Sindicato electa por los afiliados. La intervención es una respuesta a los planteos de un a lista opositora vinculada al gobierno p rovincial, que sacó en las elecciones el 15% de los votos. E ste sector (liderado por Coria) impugna que la elección de autoridades de Sitech Federación se llev ara adelante por voto directo de los afiliados, a raíz de una reforma del Estatuto que terminó con el sistema de elección indirecta anteriormente vigente. Coria sostiene en su presentación judicial que esta modificación del estatuto no fue notificada al Ministerio de Trabajo , y sobre esa base, pide la intervención del sindicato . Las denuncias de fraude presentadas por Coria no podrían alterar de ninguna manera un resultado electoral en el que fue derrotado en forma abrumadora. El planteo de Coria lleva al extremo la legislación reaccionaria de la Ley de Asociaciones sindicales. Llama a la Justicia a intervenir para anular el mandato de un congreso provincial que reformó los estatutos y, por sobre todas las cosas, a pasar por encima del voto democrático de los afiliados. Pero a este planteo anti sindical, e l Juez Flores le redobla la apuesta. N o ha resuelto, a favor ni en contra, el planteo de Coria de impugnación de las elecciones. No tomó ninguna medida de prueba, no constató las afirmaciones del denunciante ni le otorgó derecho de defensa a la dirección de Sitech Federación. Antes de resolver nada, decretó la intervención del sindicato mediante una medida cautelar, sosteniendo que la continuidad en sus cargos de la dirección electa podía generar un daño al denunciante. Se trata de un verdadero golpe de estado contra el sindicalismo combativo de la provincia. El criterio de que la sola denuncia de una lista opositora debe llevar a la intervención judicial cautelar –antes de resolver la validez de los argumentos que se esgrimen- instala un precedente brutal, que coloca la vida de los sindicatos al arbitrio del Juez de turno. Se trata de una variante extrema e ilegal de la estatización de los sindicatos, que deben ser organizaciones de lucha e independientes de la patronal. La intervención actúa por cuenta y orden del Gobierno. E l dictado de la intervención es una medida para quebrar las huelgas y movilizaciones que viene llevando adelante el sindicato. La lucha por defender la dirección de Sitech Federación tiene un carácter estratégico, porque se trata de defender la independencia de las organizaciones sindicales frente a la intromisión estatal. El durísimo ajuste actual refuerza el valor de la lucha por sindicatos independientes, con direcciones que representen a los trabajadores y defiendan sus reclamos frente a la patronal y el Estado. Convocamos a llevar adelante una gran campaña respaldando la resolución de la dirección de Sitech de desconocer la intervención y reclamando el fin de la intervención .

El salón del Club Paraguayo fue desbordado por los 450 trabajadores que concurrieron al almuerzo convocado por la recientemente conformada Coordinadora Sindical Clasista-PO de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvieron presentes dirigentes de sindicatos recuperados de manos de la burocracia y activistas y delegados de unos 25 gremios que, en la mayoría de los casos, están protagonizando o vienen de protagonizar importantes peleas como los docentes universitarios, que llevaron adelante una enorme lucha que quebró el techo salarial pretendido por el gobierno; los estatales que enfrentan con paros y ocupaciones la ola de despidos y los trabajadores de Prensa que preparan una marcha nacional para el 8 de junio, contra el ajuste, el vaciamiento de los medios y las cesantías masivas. También estuvieron los compañeros del Subte, que enfrentan un juicio impulsado por la empresa y el gobierno por su lucha contra los cambios en las condiciones de trabajo; los telefónicos; los bancarios; los compañeros de los gremios de la Salud; los gráficos y los de Comercio, entre muchos otros. El encuentro fue un gran paso hacia la Conferencia Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC), que se llevará a cabo el próximo 2 de julio, donde debatiremos la orientación y las tareas que se le plantean al movimiento obrero, al clasismo y a la izquierda en la lucha para derrotar el plan antiobrero del gobierno y de los gobernadores y como forjar un camino de independencia política de los trabajadores. En la apertura, la compañera Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA y dirigente de la CSC, dio cuenta de la extraordinaria lucha de los docentes universitarios de todo el país, que fue el bautismo de la nueva conducción de la Conadu Histórica, recuperada para los trabajadores de las manos de una dirección kirchnerista que había permitido el hundimiento del salario docente y firmado con el gobierno K una paritaria que se extendió por 16 meses. Alejandro Crespo, dirigente de la CSC y flamante secretario general del Sindicato del Neumático nacional, que también estaba en manos de una burocracia kirchnerista, planteó las razones que permitieron derrotar a esa dirección, enquistada desde hacía muchos años en la conducción del gremio. Dijo que “no sólo fue por el desprestigio de la burocracia encabezada por Pedro Wasiejko –que, por cierto, era muy grande- sino porque, desde hace muchos años, nosotros nos levantamos pensando en cómo defender mejor los intereses de los compañeros, con los métodos de la independencia de clase, del frente único obrero, entendiendo y haciendo comprender a los compañeros que la pelea no es sólo nuestra sino que debemos unirla a la de todos los trabajadores del país”. Por su parte, Pablo Viñas, secretario general de la Comisión Interna de AGR-Clarín, dirigente de la Naranja Gráfica y de la CSC, se refirió a la unificación de la dirección burocrática de la CGT, “puesta al servicio no de la lucha de los trabajadores sino de la contención de la rebelión popular, del apoyo al ajuste del gobierno macrista”. Dijo que una muestra clara del carácter que tendrá la unificación burocrática de la CGT es que uno de los candidatos a ocupar el cargo mayor -o uno de los cargos más altos en la central unificada- es el secretario general del gremio gráfico, que ostenta un galardón –junto al resto de la directiva- por no haber convocado a ningún paro del gremio en los últimos 30 años. El cierre estuvo a cargo del diputado nacional, dirigente de la CSC y del Partido Obrero, Néstor Pitrola, quien destacó, en primer lugar, la extraordinaria movilización por el Ni una Menos y el papel de las compañeras del Plenario de Trabajadoras (PDT) y del PO para colocar el tema de los ataques a la mujer como parte de la explotación del sistema capitalista que también golpea al conjunto de la clase obrera y de los demás sectores explotados. Que debe plantearse que el Estado es el responsable de que las mujeres sean agredidas y asesinadas. En relación a las perspectivas de la clase obrera y el clasismo, dijo que “el kirchnerismo y la burocracia sindical sostienen que hay que esperar hasta el 2019 cuando, ilusoriamente, volverían al gobierno. Es decir que ahora no hay que pelear contra el ajuste, ni por salarios, ni contra los despidos. En otras palabras, los ´que están en la resistencia´ dicen que hay que dejar pasar los tarifazos, la desocupación, la rebaja salarial”. “Pero, claro, para pasar a la ´resistencia´ primero el movimiento obrero debió ser derrotado, algo que no sucedió. Los derrotados son ellos. Los trabajadores dan pelea (Tierra del Fuego superó los 100 días de lucha). Y, aun en el caso de que hubiera derrotas parciales, si estas sucedieran a una gran lucha, la experiencia acumulada en esa pelea hará que el activismo, más temprano que tarde, volverá a retomar el camino”. Dijo que “muchos nos plantean cómo es que podemos pensar que en el marco de una gobierno derechista, que hace apenas seis meses fue consagrado en elecciones con una importante cantidad de votos de trabajadores, sería posible que crezca el clasismo en el movimiento obrero”. “Las pruebas están a la vista”, indicó Pitrola y destacó que “las que entran en crisis son las variantes intermedias, la centroizquierda y, por el contrario, crece el clasismo. La impresionante conquista del Sutna no es un rayo en cielo sereno. En el Parque Industrial de Pilar –añadió- acabamos de ganar la onceava comisión interna en el gremio de la Alimentación y este hecho, por sí solo, merecería la realización del Congreso Nacional de la CSC. Y otro tanto cabe para el extraordinario desarrollo que estamos alcanzando en ATE en distintos puntos de nuestro país”. Finalmente, hizo un llamado a los más de 400 compañeros presentes a que redoblemos la actividad “para que el próximo 2 de julio, lleguen a Racing el doble o el triple de los compañeros que estuvieron presentes hoy”.

El 3 de junio, Gendarmería Nacional desalojó un corte de los trabajadores de la plástica Mascardi. La lucha que vienen desarrollando los obreros de la empresa Mascardi da cuenta de la fuerza que están desplegando los trabajadores para enfrentar el ajuste de las patronales y del gobierno. En el transcurso de tres semanas, mientras se desarrollaba la polémica en torno a la ley antidespidos y su posterior veto por parte de Mauricio Macri, Mascardi despidió a alrededor del 10% de su personal (de un taller de 150 empleados). Esta reducción fue justificada por la empresa como una consecuencia del aumento de la tarifa de electricidad, es decir una descarga directa del tarifazo sobre las espaldas de sus empleados. Pero la mayoría de los despidos recayeron directamente sobre compañeros que forman parte del activismo de la fábrica y que tienen un estrecho vínculo con la Comisión Interna. Esto revela que el objetivo final de este ataque es desorganizar la planta y aplicar un ajuste. Durante el primer mes de conflicto, el Ministerio de Trabajo bonaerense hizo oídos sordos a los reclamos de los trabajadores y dejó pasar los despidos, persecución y descuentos ilegales. Todo esto con el aval del sindicato plástico que, desde el primer momento, llamó a aceptar las cesantías en nombre de la “difícil situación que atraviesa el país”. En la mañana del jueves 3 de junio, como parte del plan de lucha votado por las asambleas en los turnos, los trabajadores cortaron la autopista Richieri a la altura del aeropuerto internacional de Ezeiza. Este corte se realizó en simultáneo con una audiencia en el Ministerio de Trabajo convocada para discutir los despidos y los descuentos ilegales. Esta vez el ataque provino de la Gendarmería Nacional, que reprimió y desalojó brutalmente a los trabajadores, que ya habían liberado un carril para habilitar el paso de los vehículos, como les había pedido. Es evidente que los gobiernos provincial y nacional no quieren que se repita y se haga visible un conflicto contra los despidos en la emblemática autopista que los obreros de Cresta Roja cortaron durante semanas en defensa de sus puestos de trabajo. Esta acción en la Richieri, junto con el paro total de la planta votado por tiempo indeterminado, forzó al Ministerio a dictar la conciliación obligatoria con un grupo de los despedidos adentro. La empresa incumplió con ese acuerdo y en la mañana del viernes no dejó ingresar a los despedidos, como planteaba la resolución del Ministerio. Los delegados denunciaron inmediatamente este incumplimiento y obligaron a que ese mismo día la patronal tuviera que permitir el ingreso de los compañeros. Ha sido una primera victoria. En el desarrollo de la lucha, los obreros van sacando sus conclusiones sobre el papel de cada uno de los que intervienen en el conflicto y se preparan para seguir la pelea contra el ajuste y en defensa de sus puestos de trabajo.

En PO 1413, señalamos en una nota sobre el Ingenio San Juan que “la lucha no ha concluido”. Efectivamente, a pesar de que el ingenio -con un nuevo administrador- había comenzado el alistamiento de la fábrica para ponerla a punto y poder comenzar la molienda, el día Jueves 2 de Junio, luego de anoticiarse de que no había novedades de la deuda salarial y tampoco de la quincena trabajada, los trabajadores decidieron en asamblea parar y movilizarse a Casa de Gobierno. La nueva patronal (Tecnocontrol SA) asumió el control del ingenio con diversas promesas, pero no ha cumplido ninguna. En primer lugar, no cumplió con el pago semanal. Luego, informó que no iba a reconocer el escalafón ni la antigüedad. Por otro lado, tampoco ha invertido en los insumos necesarios para darle celeridad a las tares de alistamiento del ingenio. Por eso, es decisiva la actitud de los trabajadores, que pasando por encima de la actitud de Fotia (sindicato azucarero) y una parte de la conducción del sindicato de obreros y el sindicato de empleados, mantienen su actitud de lucha para asegurar la continuidad de la fuente laboral. En esta oportunidad, 150 trabajadores (casi la totalidad de los obreros y empleados que estaban en la fábrica) fueron parte de la movilización a pie (son varios kilómetros) desde el ingenio hasta la casa de gobierno. Allí, fueron recibidos por funcionarios de rango menor que sólo les indicaron vagamente que “les podían conseguir 4 mil pesos para la semana entrante”. Por su parte, la empresa prometió pagar el lunes 6 la quincena alegando que estaba dentro de los plazos legales. Mientras dos ingenios ya han empezado la molienda y el resto se apresta a hacerlo en los próximos días, en el ingenio San Juan todo es incertidumbre. La nueva patronal les ha informado a los trabajadores que carece de fondos y depende de que el gobierno de Manzur le otorgue los subsidios prometidos para asegurar el alistamiento del ingenio y que si esto no ocurre va a abandonar la empresa. Como telón de fondo de esta situación conflictiva, el precio del azúcar ha aumentado un 55% y a la vez han comenzado las discusiones paritarias azucareras. Tanto la Fotia como los sindicatos azucareros de Salta y Jujuy han reclamado un 39% de aumento y las cámaras patronales han ofrecido un 30%. Frente a esto, la Fotia ha anunciado que si no se otorga el aumento reclamado, el 15 de junio se realizaría un paro. Por su parte, los obreros han exigido que entre los puntos a discutir en las paritarias se incluya la situación del Ingenio San Juan. Es necesario un congreso de delegados de Base de Fotia para asegurar el paro del 15, para que sea el inicio de un plan de lucha por el aumento salarial y por el triunfo de los trabajadores del San Juan.

Los trabajadores de Ecotrans protagonizaron el 7 de junio otra extraordinaria jornada de lucha contra el desguace de la empresa. Desde temprano, realizaron un corte en la autopista del oeste (Gaona y Vergara) en el marco de un paro de 24hs. votado por una masiva asamblea. El corte obligó a las autoridades del Ministerio de Transporte a recibir a los trabajadores. Allí se trasladó la movilización en horas de la tarde hacia los alrededores de Plaza de Mayo, para reclamar una respuesta favorable y el recibimiento del ministro Guillermo Dietrich. El paro fue contundente, abarcando todas las líneas. La movilización al Ministerio, que tuvo una fuerte repercusión en los medios nacionales, fue encabezada por más de 700 choferes de Ecotrans y fue acompañada -entre muchos otros- por Ileana Celotto (secretaria general de AGD-UBA), trabajadores de Interpack, y del subte. Frente al Ministerio, estuvo presente el diputado nacional por el PO-FIT Néstor Pitrola. Los trabajadores reclaman al Ministerio que se preserve la unidad en la prestación del servicio. Como vienen denunciando, tres de las cuatro compañías que pasarían a hacerse cargo se encuentran concursadas y en sus líneas se precariza a los trabajadores y se atropella el convenio colectivo. El desguace orquestado por el vaciador Grupo Cirigiliano pone en riesgo tanto el servicio como los puestos de trabajo. La jueza que interviene en el caso ha avalado recientemente la propuesta patronal de desguace, aunque le pasó la pelota al Ministerio. La UTA es cómplice del plan empresario. Las autoridades del Ministerio de Transporte recibieron a los trabajadores, pero defendieron el plan empresario. En este cuadro, los trabajadores continuarán con las medidas de lucha, que podrían incluir medidas como el no cobro de los boletos y la posibilidad de movilizaciones a diferentes municipios que se verían afectados en caso de que se consume el desguace empresario. Todo el apoyo a los trabajadores de Ecotrans.

En la jornada nacional #NI UNA MENOS, en la ciudad de Corrientes nos movilizamos, también, como en todo el país para denunciar los abusos que día a día sufrimos mujeres, niños y niñas e integrantes de la comunidad LGTBI por parte del patriarcado y este régimen social opresivo, la violencia institucional, las redes de trata, la falta de aborto legal seguro y gratuito, educación sexual en las escuelas, el ajuste de los gobiernos sin importar su color político, la falta de cupo laboral al colectivo trans, ente otros. La convocatoria fue en la Plaza Cabral y marchamos por la Peatonal Junín hasta la Plaza Vera. Allí, con micrófono abierto, se pudieron expresar víctimas de violencia, familiares de mujeres asesinadas por femicidas, representantes de organizaciones sociales, políticas y movimientos estudiantiles. La bandera que encabezaba la marcha denunciaba al Estado como responsable de la violencia hacia todo lo que el patriarcado somete, lo cual fue una batalla política con las organizaciones K y filo K, que luego en el micrófono abierto reivindicaron a Milagros Sala y las leyes kirchneristas. Además, la Iglesia realizó una contramarcha trayendo a rezar a la plaza a niños, payasos con globos y pronunciándose con carteles de "Ni un bebé menos"; siempre buscando el enfrentamiento. Las cifras conocidas de violaciones y casos de violencia en todas sus formas han crecido desorbitantemente en la provincia. Los femicidios y travesticidios se han vuelto titulares cada vez más frecuentes. Así también, #niunamenos se manipula por misóginos, funcionarios públicos y figuras mediáticas que lo utilizaron para hacer campaña en las redes sociales. De hecho, a la marcha asistieron concejales de Libres del Sur. En nuestra provincia el ex Ministro de Salud, Julián Dindart, aseguraba: "hay menores que se embarazan por un recurso económico como premio", ante la polémica por embarazos adolescentes. Este mismo, boicoteó un fallo de la Corte Suprema que avalaba el aborto de una joven abusada por su padrastro y fue premiado por el gobierno de Cambiemos dándole la presidencia de la Comisión de la Mujer del Congreso Nacional. Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos: Libertad para Belén. Aborto legal, seguro y gratuito. Desmantelamiento de las redes de trata. Inclusión laboral trans. Educación integral, científica y laica. Trabajo en blanco, salario mínimo igual a la canasta familiar. Vivienda y acceso a la salud. Por el fin de la violencia institucional y social contra las mujeres y niñas.

En el primer aniversario del #NiUnaMenos, 300 compañeros del Instituto Superior de Formación Docente Julio César Avanza salimos a las calles de Bahía Blanca a exigir el fin de los femicidios, contra la violencia de género y las redes de trata. Decidimos hacerlo poniendo de relieve la enorme responsabilidad que le compete al Estado, no solo por ser incapaz de resolver un caso de desaparición como el de Andrea Esnaola, Katherine Moscoso o el más reciente de Micaela Ortega (estas últimas dos fueron encontradas asesinadas luego de varios días de búsqueda), entre muchos otros, sino también por su rol cómplice y garante del funcionamiento de las redes de trata y prostitución. La enorme movilización ha sido impulsada mediante el método que venimos defendiendo desde hace años desde el Centro de Estudiantes encabezado por la UJS: debatiendo y luchando en las calles para conquistar nuestras reivindicaciones. Luego de una pelea, logramos que los directivos saquen un comunicado adhiriendo a la jornada nacional, y que la asistencia a clase no sea tenida en cuenta durante el horario que dure la jornada. La medida fue impulsada a partir de una intensa recorrida y debate por los cursos. Creemos que todos los institutos terciarios de la provincia deben jugar un rol protagónico en la lucha contra la violencia, la impunidad, y salir a enfrentar el ajuste del gobierno nacional y de las provincias. También ligamos esta campaña a las elecciones de Consejo Académico Institucional (CAI), las cuales se llevarán a cabo entre el 13 y el 17 de este mes, y en donde la UJS presentara una lista opositora a la de los directivos. Con esto buscaremos conquistar representantes de los estudiantes que sean voceros de las problemáticas propias de nuestro instituto, pero también vamos a utilizar este espacio como lugar de denuncia al ajuste que golpea a la educación pública en toda la provincia, comenzando con actividades en conjunto con nuestra agrupación de docentes “Tribuna Docente”, como fue votado en el congreso de la UJS. ¡Seguimos con todo!

El 1° de junio se realizó la audiencia pública no vinculante sobre la tarifa plana del transporte público en la Ciudad de Corrientes. Como Partido Obrero, intervenimos y denunciamos el ajuste y el carácter de farsa de dicha audiencia teniendo en cuenta que de antemano había sido fijado el aumento en cuotas para llevarlo a 6,30 pesos primero y luego, en julio, a 7,30 pesos por pedido de las empresas. El Concejo Deliberantes de la Ciudad de Corrientes tiene mayoría del PJ-FpV, lo que demuestra el carácter de fraude de la oposición de los K al ajuste macrista. El PO denuncia este nuevo aumento contra los trabajadores que ocurre mientras se produce un ajuste más general aplicado desde gobierno nacional, con aval de las provincias y municipios (incluso en lugares donde también gobierna el FpV) para transferir los costos de la crisis capitalista a los trabajadores. Además, señalamos que los millones en subsidios recibidos por la empresa Ersa durante el mandato kirchnerista le sirvió para una expansión de la empresa a nivel nacional, manteniendo trabajadores en negro o con contratos basura y brindando un servicio cada vez más malo. Por todo eso, en el Concejo se van a hacer oídos sordos a los intereses populares y al repudio de esta medida. Está claro que esta medida por el boleto beneficia a las empresas y está claro también el rol que juegan los partidos propatronales, sin distinción de color político. Desde el PO y la UJS llamamos a enfrentar el ajuste del gobierno nacional, provincial y municipal. Exigimos que las empresas abran sus libros para conocer el verdadero costo del boleto y a dónde van los subsidios que reciben las empresas del Estado. Que se cree una comisión de trabajadores, estudiantes y expertos para determinar el verdadero costo del boleto y que los choferes tengan un sueldo igual al costo de la canasta básica familiar que asciende a los 20.000 pesos.

Víctor Vera, trabajador de la empresa Logística Urbana (Lusa), que realiza la recolección de residuos para el municipio de Corrientes, estuvo encadenado durante diez días en las escalinatas de la municipalidad de esa ciudad en reclamo de que fuera atendida su denuncia de que fue trasladado de lugar de trabajo, con anuencia del sindicato, para evitar que pudiera ser delegado de sus compañeros. - Contanos exactamente qué es lo que sucedió -Como lo denuncié en todos los medios, se trata de un traslado de lugar de trabajo decidido por la empresa en connivencia con el sindicato. Es que se vienen elecciones de delegados en Recolección de Residuos y quieren sacarnos del lugar de trabajo para que no podamos presentarnos como candidatos y de esta forma acallar todos los reclamos, entre los cuales están las condiciones de los camiones y la falta de equipo y de vestimenta adecuada. Además, el traslado me perjudica económicamente, aunque la Ordenanza 3651 establece que no se puede trasladar a un agente si ello implica un perjuicio económico o familiar. Lo que muestra que es una maniobra es que hay compañeros de otros sectores que los están pasando a Recolección y a mí, que estoy en Recolección, me pasan a Barrido. De esta forma buscan acallar todos los reclamos de los trabajadores y evitar dar respuesta a todas las necesidades que estamos pasando. Tuve que golpear todas las puertas, encadenarme, para que finalmente me atiendan. Durante todos estos días hicieron caso omiso de mi reclamo y recién ahora han realizado un pedido de informes algunos miembros del Concejo Deliberante, el cual se ha aprobado, y estoy esperando una respuesta favorable. -¿Cuál es el perjuicio económico que les ocasiona la empresa? - El perjuicio económico se produce porque la empresa nos descuenta el plus, que en realidad es un pasamano entre la municipalidad y la empresa y que equivale a 3.000 pesos. Hay un montón de irregularidades entre la empresa y el Ejecutivo municipal. -¿Cuál fue la respuesta del sindicato? -Dijo que yo no me acerqué allí a pedir ayuda, cuando son ellos los que tienen que salir a defender al trabajador cuando pasan cosas como esta. Es más, ¿cómo voy a ir al sindicato si se que ellos son los que me están entregando a la patronal? -¿Cómo toman tus compañeros esto que está pasando? -Los compañeros apoyan, pero desde afuera, por mensajes de texto, o por llamadas, pero están todos atemorizados, no se quieren exponer por temor a que les pase lo mismo que a mí.

La suspensión de la sesión del Concejo Deliberante de Olavarría, que debía debatir sobre el veto del intendente macrista Ezequiel Galli a la ordenanza de Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), dejó mucha tela para cortar. Principalmente, permite sacar conclusiones de fondo para orientar mejor la lucha de la juventud e iluminar el conjunto de las luchas populares en un marco creciente de movilización para enfrentar el ajuste, los despidos y tarifazos. La sesión no se realizó porque una patota de la UTA se atrincheró en el recinto con trabajadores municipales, de prensa y algunos concejales como rehenes. El argumento en que insistía el dirigente local de la UTA, Arturo Silveyra D'Avila, fue el de “cuidar las fuentes laborales”. Estas palabras carecen de cualquier fundamento porque el BEG promovería un mayor uso del transporte público para lo cual las empresas deberían poner a funcionar más unidades. Pero no sólo eso: esta falacia es una verdadera impostura por parte de quien hizo despedir a choferes que intentaban organizarse para presentar una lista opositora. Como buen burócrata, cuida su quintita y exhibe la “defensa de los trabajadores” sólo cuando los patrones lo demandan. Habiendo sobrados motivos para impulsar un paro por las condiciones en que día a día trabajan los choferes y viajan los usuarios (unidades que se quedan paradas en la calle, puertas que no cierran ante el frío, malas condiciones de higiene), la UTA paró con la finalidad de defender el interés de las empresas concesionarias del transporte. Los empresarios son los reales opositores al Boleto Estudiantil: la gerenta de Nuevo Bus estaba junto a la patota impidiendo la sesión. Cuando D'Avila dijo que “esta ley no existe en ningún lado” expuso el temor de patrones y burócratas a que se imponga un derecho de la juventud estudiantil por sobre el negocio que comparten. Recordemos los millonarios subsidios que reciben y la altísima tarifa que cobran. Los más de 200 jóvenes y trabajadores que se movilizaron con la Coordinadora por el Boleto supieron diferenciar muy bien que aquí no existió una movilización genuina de los colectiveros: algunos de estos (presionados para parar) se acercaban a decir que tienen hijos estudiando. Entre los manifestantes se cantaba “se va a acabar la burocracia sindical”, una necesidad imperiosa de los trabajadores en los tiempos que corren. Mención aparte merece La Cámpora, que se movilizó por su cuenta para llevar al extremo la paralelización que viene intentando del reclamo; no sólo se expresó con una fuerza marginal, sino que quedó al lado de la burocracia de la UTA. Quedó expuesta con suficientes pruebas la existencia de una zona liberada (tanto por la Policía local como por la Bonaerense) para el accionar patoteril de la burocracia sindical. La responsabilidad política es clara y directa: tanto el intendente como la gobernadora Vidal se oponen al Boleto Estudiantil. Hubo una maniobra conjunta entre el gobierno, las empresas de transporte y la UTA; en este sentido, el silencio de los concejales de Cambiemos otorga. El eseverrismo, la primera minoría en el Concejo, exhibió una “impotencia” lamentable. Deberían hacerse cargo de su responsabilidad en que el Concejo Deliberante no haya sesionado ante un tema tan importante. Siendo que detentan la presidencia del Concejo y que la UTA ya se apostaba en la entrada al recinto tres horas antes, la sesión se podría haber garantizado por otros medios. Su accionar fue dilatorio y aún más su solución: volver a sesionar dentro de una semana. Este episodio demuestra que la aprobación del BEG en Olavarría sienta un precedente a nivel provincial que preocupa y golpea a la alianza entre empresarios, burócratas y políticos patronales. Su aprobación e implementación sería un principio de derrota para el ajuste. Esto mismo impone una mayor responsabilidad a las organizaciones y estudiantes que luchan. El reclamo por el Boleto Educativo está en ascenso y se ha vuelto una necesidad ante el tarifazo por decreto. La movilización es cada vez mayor (este miércoles los movilizados lo hicieron por medios propios, no hubo colectivos) y se pliegan a ella los trabajadores de la educación: ATE y Suteba participan y vienen reclamando un Boleto Educativo que los incluya. La fuerza de la Coordinadora como motor del reclamo se explica en su independencia política de los ajustadores. Organicemos con mayor amplitud el movimiento convocando a más centros de estudiantes y organizaciones vecinales, sociales, políticas y sindicales. Realicemos asambleas en todos los lugares de estudio y votemos un plan de lucha para derrotar el ajuste y el veto de Galli. Vayamos por el Boleto Estudiantil y por todos los reclamos pendientes: contra el aumento, porque los recorridos lleguen a todos los barrios, por apertura de libros, auditoría independiente, por un transporte público accesible y de calidad

En Tucumán, la jornada del Ni Una Menos, a pesar del mal tiempo, reunió a unas 3000 personas. Las noticias durante esa semana estuvieron plagadas de diversos hechos que tuvieron como victimas a mujeres pobres, como el brutal asesinato de Milagros, una niña de 12 años del interior de la provincia, que fue violada y asesinada por la expareja de su madre. O los datos brindados por una fiscala de la justicia provincial acerca de que en el centro judicial de la Capital, entre 13 y el 29 de mayo tuvo que atender a 26 casos de abusos, o sea más de uno por día y solo en la capital, reconociendo que ocurren muchos casos más que no llegan a ser denunciados. En contraposición, se le dio gran publicidad a la condena a 9 años de cárcel a Aydé Amaya quien terminó matando a su exmarido, como un último recurso frente a recurrentes acciones de violencia sobre ella y sus hijos. En el fallo, los jueces sostuvieron que le atenuaron la condena por ser victima de violencia de género, mostrando todo el cinismo de una institución que no hizo nada frente a las reiteradas denuncias realizada por Aydé. A todo ese cuadro, se sumó la condena a Belén a 8 años de prisión por el sólo de haber asistido a un hospital con un aborto espontáneo, un caso alrededor del cual se viene desarrollando una enérgica campaña nacional para lograr la anulación del fallo y por lo tanto su libertad. Todo este escenario se hizo escuchar en la concentración frente a la casa de gobierno. Allí hicieron uso de la palabra las referentes de las organizaciones convocantes pero también varios familiares de casos de femicidios y otros como Soledad Deza, abogada defensora de Belén, Alberto Lebbos, Susana Trimarco La jornada estuvo recorrida por una intensa lucha política. Por un lado, estuvo el intento por parte del PCR, MST y Libre del Sur de limitar la jornada a la denuncia de casos de femicidios, dando comienzo al acto antes del horario acordado y antes que llegara la columna de la Mesa por la Libertad de Belén, que finalmente, cuando ingresó a la plaza Independencia, logró que el reclamo por la libertad de Belén pasara a ser unos de los ejes centrales de los discursos de varias oradoras. En la jornada hicieron su aparición los sectores kirchneristas, quienes intentaron meter la consigna por libertad a Milagros Salas pero no tuvieron ningún eco e incluso quedaron al descubierto cuando los familiares de víctimas denunciaron al gobierno pasado y actual. Desde el Plenario de Trabajadoras intervenimos con una importante columna, cuyo armado estuvo precedido de charlas, mesas redondas y asambleas, y planteamos como salida la organización independiente del Estado y los partidos del régimen.

Centenares de vigiladores de Securitas que prestan servicio en el aeropuerto de Ezeiza iniciaron el pasado jueves 2 un paro con bloqueo del peaje de acceso, que fue ferozmente reprimido por la Policia Aeroportuaria y la Gendarmería que acababa de desalojar en la Richieri el corte de los trabajadores de Mascardi en lucha contra los despidos. Varios compañeros tuvieron que ser atendidos por los efectos del gas pimienta. Los vigiladores vienen reclamando por las malas liquidaciones de sus salarios y por el respeto a las 160 horas mensuales que cumplen las restantes empresas de seguridad en los aeropuertos. Actualmente, trabajan en turnos obligatorios de 12 horas durante cuatro días con dos francos y sólo se les reconocen extras a partir de las 208. La violación sistemática de la legislación que limita la jornada a 48 horas semanales cuenta con la complicidad del Ministerio de Trabajo que hace años habilitó modificaciones violatorias de la ley en un convenio flexibilizado en nombre de la "especificidad de la actividad". Se pretende que trabajadores que sólo realizan tareas de observación tengan el régimen de una fuerza de seguridad policial o militar. Sin derechos gremiales durante años, una huelga de 14 días en 2012 logró imponer con un alto costo en despidos, un plus por actividad aeroportuaria y la elección de delegados. Sin embargo, la burocracia de UPSRA bloqueó sistemáticamente cualquier iniciativa de lucha contra esta patronal sueca, líder y negrera internacional que sigue sometiendo a los vigiladores a condiciones denigrantes de trabajo, a la intemperie o en garitas inmundas y sin derecho al descanso dominical. Hace algunos meses los compañeros comenzaron a autoconvocarse, apoyados en una camada de nuevos delegados. Al día siguiente de la represión, los compañeros, junto a otros vigiladores, cortaron la Panamericana frente a la sede de Securitas en zona norte. En los últimos días, la Justicia obligó a la patronal a reinstalar en su puesto de trabajo a Fabián Gutiérrez, destacado activista, después de cuatro años de una lucha tenaz que incluyó dos encadenamientos junto a otras compañeras despedidas. Lentamente se empieza a retomar el camino de la histórica huelga de 2012.

La marcha de las frazadas en Tandil convocó más de 1500 personas bajo la lluvia reclamabando contra los aumentos. Se hizo en paralelo a la resolución del juez Arias suspendiendo los aumentos de tarifas en la luz. La monumental marcha llego hasta la intendencia, donde se exigió un recurso de amparo al intendente Lunghi –PRO- pero en cuanto salio fue recibido con silbatinas por parte de la manifestación. El Partido Obrero concurrio con una delegación exigiendo la anulación inmediata de todos los tarifazos y la convocatoria a una asamblea popular, que votara un plan de lucha para derrotarlos. El frente de crisis abierto en Cambiemos se traduce a nivel local, donde los directores de la Usina defienden el aumento de la luz. Sin embargo, el gas es el aumento mas impactante: en Tandil se dan temperaturas similares a las de las ciudades australes del país e inclusive, habido temperaturas mas bajas que en la Antartida. Las boletas, que dejaron de ser repartidas por Camuzzi antes de la movilización , ahora llegan a los hogares con montos impagables, del orden del 1000%, avivando la rebelión vecinal. La convocatoria se repetía el 8 de junio. En este marco llamamos, como en nuestro volante, a “tomar la lucha en nuestras manos”. La organización popular es la única que puede conseguir revertir el ajuste de los vaciadores, en momentos donde los amparos son cajoneados. A la crisis energética no la resuelve ningún fallo, y no la debemos pagar los trabajadores: que la crisis la paguen los vaciadores. Asamblea popular y plan de lucha.

Luego de más de cien días de lucha, la paritaria de los trabajadores judiciales cerró en un 32,5% en cuotas cifra que, anualizada, teniendo en cuenta el básico de diciembre, da en realidad un 25,11 por ciento. Además, se acordó “reabrirla” en agosto, como una concesión a la potencia de la lucha. Se trató de una huelga persistente que ganó las calles de la ciudad de Buenos Aires y la capital provincial, con masivas movilizaciones de 2.500 a 4.500 trabajadores. La huelga provocó una crisis en el ámbito de la Justicia, el Colegio de Abogados y el de Magistrados y amenazaron con la intervención federal y el descuento de los días parados. Al gobierno de Vidal le costó en parte la renuncia de su ministro de Justicia, Carlos Mahiques, quien fue reemplazado por un ex funcionario sciolista. Los paros fueron, primero de 24 horas, luego de 48, de 72 y, la última semana, se impusieron los de 92 horas, a pesar de la negativa de la conducción de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), a transformarlo en un paro por tiempo indefinido como lo reclamaron las bases en su congreso extraordinario, realizado en la mitad del plan de lucha. La conducción de la AJB (Verde-Celeste) muy presurosa, el martes 31 de mayo, fue a las asambleas departamentales a hacer refrendar su decisión, ya tomada bajo la presión de la Corte y de todo el gobierno provincial. Pero no todas las asambleas se pronunciaron a favor. En Lomas de Zamora, La Matanza, y Avellaneda el acuerdo fue rechazado y en muchos otros distritos se escucharon las voces de cientos de judiciales manifestando una enorme voluntad de lucha. Aun allí donde se aceptó, los votos por el rechazo fueron muy significativos. En la asamblea de La Plata, por ejemplo, de algo más de 600 trabajadores, 198 votaron el rechazo. Se trata de una huelga que fue ejemplar, de la que debemos hacer un balance. La política de la conducción fue jugar a un desgaste. La lucha judicial fue creciendo paulatinamente, con ocupaciones de juzgados incluidos. Por esa razón, en el Congreso Extraordinario la base de los trabajadores judiciales le reclamó a la conducción de la AJB la extensión de las medidas, sobrepasar las 72 horas y escalonarlas hasta que fueran por tiempo indefinido. Pero la conducción maniobró las votaciones para seguir tercamente desgatando el conflicto, en un acuerdo tácito con la “gobernabilidad” de Vidal. A esta situación se le sumaron las conducciones de todos los gremios de trabajadores del Estado, desde Suteba hasta ATE, que se negaron a unificar un plan de lucha provincial y a convocar a un gran paro provincial de todos los trabajadores de la Provincia. Esto fue también un factor que fue socavando la lucha por el 45% de aumento. Hay un enorme activismo entre los judiciales, en agosto tendremos que retomar la pelea por una verdadera reapertura de la paritaria, para ir por el 45 por ciento. Hay que poner en pie los cuerpos de delegados en cada departamental, para avanzar en la organización de todo este activismo y construir una nueva dirección clasista en la AJB, independiente de todas las variantes patronales que aplican el ajuste en la Nación y en las provincias. ¡Vamos por cuerpos de delegados en todas las departamentales!

A pesar de lo que quiere mostrar el intendente K Sujarchuk en sus pomposas inauguraciones de veredas y estaciones de colectivos, en su campaña electoral permanente, y mediante el marketing oficial, la localidad de Maquinista Savio está cada vez peor: falta tendido eléctrico, urbanización y luminaria y crecen de los asentamientos precarios.El ajuste se sufre de tal manera que cada vez más vecinos se vuelcan al trueque como refuerzo a sus ingresos, o como único ingreso. En las últimas semanas se multiplicaron los cortes de ruta por la falta de suministro de electricidad en gran parte del Barrio Amancay y alrededores. La respuesta oficial de la municipalidad fue “ampliar la denuncia judicial contra Edenor” por “considerarnos ciudadanos de segunda”. Se trata de una completa impostura por parte de la fuerza política que permitió a Mindlin enriquecerse a costa de subsidios del Estado, sin exigir inversiones, durante doce años. La agudización de la crisis habitacional es otro aspecto de la pauperización de las condiciones materiales de los trabajadores de Savio, para la cual el municipio carece absolutamente de política habitacional. A tal punto es así que 274 viviendas sociales del Barrio Amancay se caen, literalmente, a pedazos porque no han sido adjudicadas. Desde el Partido Obrero planteamos la urgente urbanización de los barrios de Savio, exigimos la adjudicación inmediata de las 274 viviendas del barrio Amancay y un plan integral de viviendas sociales. En Maquinista Savio queda claro que la autoproclamada “oposición kirchnerista”, que mediante frases hechas pretende posar de combativa, eludiendo toda responsabilidad en el proceso de ajuste y destrucción de las condiciones de vida de los vecinos y trabajadores del distrito y de la localidad, es una variante de los partidos ajustadores.

El próximo 27 de junio será la fecha de inicio del juicio que investiga el asesinato del trabajador de la construcción Darío Avalos a manos de la patota asesina de la Uocra de Gerardo Martínez. La causa tuvo su salto al cumplirse el primer aniversario de la muerte del trabajador de la construcción, con la conformación de la Comisión de Familiares y Amigos de Darío Avalos que organizó una primera y masiva movilización por las calles del centro de Lomas de Zamora. A partir de allí la causa fue ganando notoriedad pública colocándose como un reclamode los trabajadores y los sectores populares para erradicar las patotas del movimiento obrero. La causa El proceso judicial tiene, entre los imputados, a seis de los implicados aquel día en la planificación y ejecución de la emboscada que atacó a los obreros de la construcción, quienes se manifestaban frente a un obrador de la empresa Esuco (propiedad de Carlos Wagner). El ataque dejó gravemente heridos a varios obreros y se cobró la vida de Darío. Entre los imputados se encuentran el prófugo Walter Leguizamón, quien revestía como Secretario General de la Uocra Lomas de Zamora y el Secretario Adjunto, Héctor Cabrera, liberado recientemente por la justicia. La liberación de Cabrera y el rechazo de la justicia a incorporar en la causa el video ofrecido por la querella, donde puede acreditarse fehacientemente el accionar de la patota aquel 11 de marzo del 2014, se inscriben como un intento de la Justicia de allanar el camino para la impunidad. A esto se suma que la causa carece de la incorporación de los efectivos policiales que liberaron la zona y del empresario Carlos Wagner. A días del juicio reforzamos la campaña A pocos días del comienzo del juicio, redoblamos la campaña de pronunciamientos en el movimiento obrero y entre personalidades de los derechos humanos para sumar adhesiones por justicia para Darío Avalos. La propia instancia del juicio será la oportunidad de desplegar una presencia de dirigentes obreros, sociales, políticos y figuras de los derechos humanos, para poner en el banquillo de los acusados no solo a los actores materiales e intelectuales de este crimen, sino al régimen político y social que se cobró la vida de otro trabajador para perpetuar el negocio de unos pocos. Vamos al juicio con el impulso de la movilización popular: el único camino para obtener justicia.

El viernes 3/6 se reunieron con Vidal 19 conducciones de gremios estatales, de cara a la reapertura de paritarias del segundo semestre. Recordemos que las conducciones de UPCN y la Fegepba acordaron un 15% para la primer parte del año. Sin ningún tipo de debate ni deliberación con los trabajadores, estos sindicatos -desde ATE Ensenada hasta Salud Publica entre otros- hablaron de un aumento de alrededor del 19%. Estas direcciones gremiales, sciolistas en el gobierno anterior, entraron en sintonía con el discurso del 'segundo semestre' macrista de “lluvia de inversiones”, además de la “inflación que va a bajar drásticamente" (sic). Lo cierto es que Vidal, junto a esta burocracia sindical, armó esta mesa de diálogo preocupada por el “costo político y gremial importante” (El Día, 4/6/16), que les significó el acuerdo a la baja. Una mesa de “diálogo” destinada pura y exclusivamente a impedir el reguero de paros y movilizaciones que resultaron desde febrero a junio en la provincia. La reapertura de la paritaria de hace un mes, impuesta por la justicia, no sólo fue un fiasco por la falta de oferta del gobierno, sino por la nula convocatoria de movilizar hacia ellas por parte del todos los gremios estatales, incluida la “combativa” ATE de “Cachorro” Godoy. Ahora, el segundo semestre ha llegado, es necesario preparar una reapertura que logre definitivamente superar la inflación, que está provocando una carestía cercana a la crisis de 2001 entre los estatales. Plan de lucha en nuestras manos En el enorme proceso huelguístico de judiciales, y profesionales de la salud, el activismo logró que se voten plenarios de delegados de base, al igual que en el congreso ordinario de ATE provincia, y en varios casos para que se realicen de manera conjunta con todos los gremios del Estado, así quedó de manifiesto una voluntad de lucha, que claramente es encorsetada por todas las variantes de las conducciones sindicales, desde el centro-izquierda al kirchnerismo. Esta realidad pone en el tapete la necesidad de tomar el plan de lucha en nuestras manos. Desde las juntas internas y seccionales combativas, impulsar la pelea por un aumento del 30% para el famoso segundo semestre. Superar la entrega de los sindicatos amarillos, y el impasse de ATE tendrá que ser una tarea de los trabajadores, imponiendo desde abajo lo que se niega a hacer desde arriba.

El Partido Obrero repudia la detención y exige la inmediata liberación del dirigente wichi Agustín Santillán. El 1° de junio pasado, un grupo de miembros de la comunidad wichi de Ingeniero Juárez se movilizó hacia la delegación zonal de Matacos en el marco del plan de lucha que llevan adelante los maestros bilingües por mejoras en las políticas de educación. Al llegar, la policía detuvo al referente Agustín Santillán. La detención se produce en el marco de un rabioso ajuste sobre las espaldas de los trabajadores de la Salud y Educación en Formosa. Desde el defensor del Pueblo "Gialuca" hasta el ministro de Gobierno, Justicia, y trabajo, el Estado utiliza la represión para atacar a todos aquellos que se organicen contra el ajuste. El Partido Obrero exige la inmediata liberación del compañero Agustín Santillán. Repudiamos el constante ataque a los wichi y reclamamos la incorporación de los maestros bilingües.

El reclamo de los estudiantes de la carrera de Luthería a las autoridades para que garanticen los medios para que los estudiantes con discapacidad puedan acceder a las aulas y los baños disparó un proceso de lucha al que se fueron sumando el resto de las carreras. El martes 31 se hizo un corte fuera de la facultad donde, junto a estudiantes de Luthería participaron estudiantes de las carreras de Danza, Teatro, Sonorización, Artes Plásticas. En este proceso, los estudiantes han sacado a luz otros reclamos frente a problemas edilicios de vieja data: la falta de espacio, de materiales y equipamiento de las carreras. También contó con el apoyo de la docencia agrupada en Adiunt-Artes. Las autoridades, por su lado, sólo se limitan a realizar promesas y actúan provocadoramente frente al accionar estudiantil y frente a la docencia combativa. Así se pudo ver en una asamblea docente-estudiantil realizada el 2 de junio, cuando en la misma irrumpió la vicedecana intentando a los gritos impedir el desarrollo de la asamblea y atacando a los dirigentes docentes de Adiunt-Artes. Para colmo, al día siguiente nos enteramos de que una compañera había sido abusada por otro compañero de la facultad. En este cuadro, una mesa panel que reunió más de 200 estudiantes para debatir sobre “NiUnaMenos” se transformó en una asamblea autoconvocada y resolvió un plan de lucha para expulsar de la facultad al abusador. Para el lunes 6, estaba programado un acto docente-estudiantil convocado por Adiunt y la asamblea autoconvocada estudiantil, para denunciar el abuso de poder de las autoridades y defender el derecho a organizarse y luchar por parte de los estudiantes y docentes, para que den soluciones a todos los reclamos pendientes y se expulse al abusador de la facultad.

Desde hace por lo menos tres semanas, se vienen sucediendo, en diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad, asambleas de autoconvocados. El llamado a estas asambleas obedece a un movimiento de rechazo por abajo al mísero 14% de aumento hasta agosto y el 33% hasta el mes de diciembre, firmado por la burocracia del Sutecba. Esto con un 45/50 por ciento de inflación proyectado para este año. Se firmó a la baja, sabiendo que los trabajadores perderán más de 10 puntos del salario. Pero los compañeros han comenzado a sacar conclusiones del modo en que opera la burocracia y crece el repudio a la dirección del sindicato, encabezada por Amadeo Genta. En el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAYEPGC), ubicado en Parque Lezama, los delegados apretaron a los trabajadores que habían llamado a la asamblea autoconvocada. Les dijeron a los compañeros que si volvían a hacerlo iban a desestimar los contratos que algunos trabajadores precarizados tienen con la Ciudad e iban a iniciar sumarios contra los trabajadores de planta permanente. Todo un acto de provocación. Se deben profundizar estos métodos en todos los lugares de trabajo y pedir un 40% de aumento, y el pase a planta de todos los tercerizados que hoy cobran un salario miserable de 7.000 pesos. ¡Abajo el ajuste de Rodríguez Larreta!

Con lluvia y frío intenso más de 4 mil personas se concentraron en el Km0 de la ciudad, para marchar con las consignas Ni Una Menos, Vivas nos queremos y el Estado es responsable. Se replicaron concentraciones en el interior de la provincia, en pueblos del este mendocino y del sur. Una vez más la juventud tuvo presencia importante, bajaron columnas desde la universidad y la participación de los terciarios y colegios fue muy grande. Salimos a las calles en reclamo de justicia ante la impunidad en casos de femicidios como el de Paula Toledo, por las jóvenes lavallinas desparecidas desde hace más de cuatro años Johana y Soledad; y en repudio a la discriminación de la justicia en la búsqueda de jóvenes pobres, como es el caso de Gisela Gutierrez. Marchamos también por todas las victimas de femicidios, los casos más resonantes como el de la niña Trinidad en Maipú. Las amigas asesinadas en Ecuador estuvieron presentes en la marcha con sus familiares y amigos. ATE Mendoza marchó nuevamente. Su Comisión de la Mujer organizó la convocatoria y preparación al interior del gremio más combativo de la provincia que viene enfrentando los planes de ajuste de Cornejo, que el día anterior había movilizado en la jornada nacional contra los despidos, y que días atrás sufrió la represión del gobierno junto a sus compañeros luchadores. El debate en la comisión sindical de la mujer de ATE avanza en detectar las responsabilidades del Estado, de los gobiernos de antes y de ahora. Durante todo el debate sobre la organización de la marcha, del que participaron algunos sectores kirchneristas, las resistencias de parte de las compañeras de ATE hacia este sector no hicieron más que representar la enorme experiencia acumulada de las trabajadoras reiteradamente reprimidas por el gobierno kirchnerista de Paco Pérez. El kirchnerismo, después de doce años de gobierno marchó por la libertad a Milagro Sala y por el desprocesamiento de CFK. La columna del Plenario de Trabajadoras-PO, contaba con mujeres estudiantes de la universidad, de las barriadas populares, docentes y activistas sindicales. Acompañaron los legisladores provinciales y concejalas. A la movilización se subió todo el arco político patronal de la provincia. El oficialismo se metió de lleno en la jornada. Funcionarias radicales, de Libres del Sur, y la propia vicegobernadora marcharon entre familiares de víctimas. Fue un acto de extrema demagogia, ya que son parte de un plan de gobierno de austeridad, de recorte en hospitales y centros de salud, de despidos y de represión a las trabajadoras que luchan, muy lejos están de atender materialmente las demandas para frenar esta violencia, incluso una de las dos casas refugios que existen en la provincia (que pertenece a una asociación civíl) iba a la marcha con una alcancía para costear la actividad de la misma ante el desamparo del Estado. El acto en la legislatura contó con dos documentos, uno de la izquierda en el que batallamos por la delimitación con los gobiernos a pesar de la enorme resistencia de algunos agrupamientos como el PCR y el PTS y otro del kirchnerismo. El PDT y Ate Mendoza, luego de la lectura del documento de la izquierda, se retiró del acto, no dispuestas a acompasar el relato kirchnerista frente a las trabajadoras que padecieron sus políticas hasta hoy. El PTS y el PCR eligieron hacerles de comparsa, dando la espalda a la experiencia de las trabajadoras. Para luchar por #NiUnaMenos y avanzar en la conquista de los derechos de la mujer, hay que ir a fondo con la organización independiente del movimiento de mujeres. Diluirlo detrás de variantes patronales es una política criminal.

El 25 de mayo fue asesinada Guadalupe Medina, una nena de tan sólo 12 años y habitante de una villa santafesina. Su cuerpo fue encontrado en el piso de una casilla, con signos de abuso sexual y estrangulamiento además de claras marcas de resistencia por parte de la menor. Los autores del femicidio están vinculados con la banda narco del “Pandu”, de Rosario, que sojuzga al barrio con la complicidad de la policía y el amparo del poder político. El jefe de la banda se encuentra hoy en prisión por el asesinato de otro joven, Javier Barquilla. La mamá de Guadalupe buscó amparo en el Estado cuando vio que su hija se encontraba cercana a esta banda. En la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia le respondieron que no podían hacer nada si no había situaciones de “peligro concreto”. Días después, Guadalupe aparece brutalmente asesinada. Desocupación, mercado negro, precariedad La provincia sojera de Santa Fe tiene el 55% de su población femenina sin empleo, los puertos privados sobre el Paraná habilitan un mercado en negro del narcotráfico, el juego y la precaridad laboral, junto a la prostitución y, por consiguiente, la trata de personas. La vulnerabilidad de las mujeres en la patria sojera es brutal, y así lo indican las propias estadísticas que ya contabilizan 16 casos de femicidios en la región. El propio subsecretario Penal de la Fiscalía de Reconquista el Norte Santafesino manifiesta las cifras más altas de delito sexual en relación a su población. El Frente Progresista, más allá de la “demagogia de cara al #NiUnaMenos o de su participación regimentadora en el próximo Encuentro Nacional de Mujeres, es responsable de este cuadro de agresión a las mujeres. Guadalupe es la expresión más acabada del trío nefasto de drogas, policía y complicidad política a la que se enfrentan nuestras niñas y mujeres, siendo las de las barriadas más pobres las más vulnerables. Mientras el gobierno nacional introduce diariamente un brutal ajuste, el Frente Cívico y sus fuerzas políticas hacen lo propio en Santa Fe, permitiendo despidos, suspensiones y aumento de los servicios y generando desequilibrios y penurias en las familias obreras. Las mujeres debemos organizarnos de forma independiente del Estado y sus partidos. *Por el desmantelamiento de las fuerzas represivas. Por una organización de vecinos independiente, por una fuerza de seguridad bajo control de los vecinos y las organizaciones de derechos humanos y por la elección popular de los jueces. *Nacionalización de los puertos privados de Santa Fe. Justicia por Guadalupe Medina! Cárcel efectiva para sus asesino y juicio y castigo a todos los responsables!

Foto: Seba Baracco Hace unas semanas, el Estado porteño, cómplice del negocio entre narcos y empresarios que llevó a la muerte a cinco jóvenes en la Time Warp, clausuró nuestro centro cultural arbitrariamente. Luego de la tarea legal y administrativa, el sábado pasado reabrimos León León con una contundente respuesta política. Realizamos una actividad contra la clausura generalizada de numerosos centros culturales con la presencia del compañero y legislador porteño Marcelo Ramal y, a continuación, el Ciclo de Mujeres en Lucha. En su exposición, Ramal analizó el copamiento capitalista de la cultura llevado a cabo por el macrismo: uno de sus aspectos centrales es la persecución de los centros culturales y el otro, la privatización y el vaciamiento de los teatros estatales como el Complejo Teatral de Buenos Aires, cuyos espacios se encuentran cerrados por eternas remodelaciones y van rumbo al negocio del alquiler de sus salas para eventos empresariales como ya sucede en el Teatro Colón. Remarcó que la lucha por la defensa de nuestro centro cultural debe asociarse a la lucha por el acceso a la cultura, a la recuperación de los espacios culturales de la ciudad y a las condiciones laborales de los artistas. Desmintió la farsa del kirchnerismo, quien se arrogó una victoria en el plano cultural al tiempo que no generó ningún movimiento cultural de características revulsivas o renovadoras. La razón es simple, en un plano social general no lideró ninguna orientación transformadora, por el contrario, fue el gobierno de Chevron, del pago serial de la deuda, de la megaminería, la sojización y la precarización laboral. De esta forma, convocó a dar una verdadera batalla política en el plano cultural, contra la impostura kirchnerista y la privatización macrista. Ello, como artistas comprometidos con la independencia política de los trabajadores y con el socialismo. Ciclo de Mujeres en Lucha No dejó el escenario sin presentar la décima edición del Ciclo de Mujeres en Lucha que, aunque ya es un clásico, tuvo la peculiaridad de realizarse al día siguiente de la espectacular movilización del #NiUnaMenos. Las compañeras que presentaron a los artistas desarrollaron una gran exposición sobre la situación límite que siguen viviendo las mujeres luego de un año del primer 3J. La lucha por la libertad de Belén como caso testigo del papel del Estado contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, los 275 femicidios sufridos en el año y el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras fueron algunos de los temas denunciados por las compañeras entre lectura de poesías, bandas de rock y fotos de los espectadores con carteles de “libertad para Belén” y “#NiUnaMenos, el Estado es responsable”. Así comenzó esta nueva etapa en León León. Como expresó Ramal al finalizar su presentación: una etapa que será de enorme producción y exhibición artística. Un período de grandes luchas políticas contra la privatización de la cultura y en defensa del derecho al acceso y a la producción artística. Visita León León, busca la agenda y toda la info en: www.leonleon.com.ar o https://www.facebook.com/centroculturalleonleon/ Visita León León, busca la agenda y toda la info en: www.leonleon.com.ar o https://www.facebook.com/centroculturalleonleon/

El 6 de junio se realizó una audiencia pública en el Congreso Nacional, convocada por los diputados del PO-FIT Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, en conjunto con la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de YPF, por el pago inmediato del resarcimiento de la ley 27.133 a todos los ex ypefianos. Viajaron compañeros de Mendoza, Neuquén, Rosario y La Plata. Concurrió también una importante delegación de los ex trabajadores de Gas del Estado, que también luchan por el cobro de la propiedad participada que se les adeuda. Pablo López destacó que el gobierno de Macri apuró en pocos días el pago de miles de millones a los fondos buitres, tal como hizo el gobierno kirchnerista con Repsol, y hasta ahora ninguno canceló la deuda contraída con los ex trabajadores cesanteados con la privatización hace 25 años, pese a que hace más de un año de la sanción de la ley 27.133. En la audiencia se sucedieron intervenciones de los trabajadores. Un compañero de Mendoza informó que la coordinadora de esa provincia se moviliza semanalmente a la legislatura con el reclamo de pronto pago. Otro compañero neuquino, de Rincón de los Sauces, subrayó el apoyo de la bancada obrera en el logro de la ley, y lo mismo hicieron los compañeros de Gas respecto a la media sanción de su proyecto. Diferentes intervenciones analizaron cómo se subsidia a la industria petrolera frente a la baja del precio del crudo, descargando la crisis sobre los trabajadores, con tarifazos, despidos y suspensiones. Se reiteró la falta de voluntad política, tanto del gobierno como la oposición, para saldar la deuda con los trabajadores, y la necesidad de redoblar la actividad para lograrlo, pero desde una perspectiva independiente de los partidos que gobiernan para los capitalistas. Para eso, se planteó relanzar la campaña por el proyecto de ley de resarcimiento jubilatorio y laboral para los ex trabajadores de YPF. A su vez, se reanudará el esfuerzo para impulsar y reclamar la sanción, por parte del Senado, de todas las leyes pendientes de indemnización por los Programas de Propiedad Participada a los ex trabajadores de Gas del Estado y demás empresas que fueron privatizadas. Se decidió concurrir al ministerio de Economía el martes 14 de junio, a las 11 horas, para exigir una reunión repetidamente reclamada con Prat Gay sobre el pago de la ley 27.133. Los diputados Pablo López y Soledad Sosa comprometieron su presencia y apoyo.

En un nuevo y masivo #NiunaMenos, una multitud de alrededor de 15.000 personas volvió a ganar las calles con la firme convicción de la responsabilidad estatal en el avance de la violencia de género y los femicidios. La masividad de la marcha fue la clara demostración del fracaso absoluto de todas las maniobras e intentos demagógicos por parte del Gobierno de Schiaretti de deslindarse de esa responsabilidad. Los nueve femidicios en Córdoba que tuvieron lugar solo en los primeros meses de este año, casos como el de Lis Funes y el de Carina Drigani desnudaron el fracaso del botón antipanico, las órdenes de restricción y la incapacidad de la justicia y el Estado para garantizar protección y contención a las mujeres. Contrariamente, el cierre de la única sala cuna en la Universidad Nacional de Córdoba; los recortes al PaiCor; la precarización, despidos y el vaciamiento en las secretarias de Trata y Violencia, retratan de cuerpo entero a un Estado ajustador y primer violento contra la mujer trabajadora. Ante la inminencia de la masiva movilización, la iniciativa del oficialismo de adherir parcialmente a la Ley de Violencia de Género Nacional y la premura de los bloques legislativos de todo el arco político patronal por aprobarla excluyendo el Capítulo II del Titulo III sobre “Procedimientos” constituyó una maniobra y una medida desesperada a 48hs de la marcha, para atenuar el reclamo popular que tuvo a todas las fuerzas gobernantes en el blanco de la denuncia. El Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras fue la única fuerza política que denunció esta maniobra, destacando que se trata de la adhesión a una ley desfinanciada, con vastos artículos sin reglamentar que la convierten en una cáscara vacía que no ha cumplido ningún rol para combatir la violencia en el ámbito nacional ni en las provincias que han adherido a la misma. Reafirmamos en la declaración que la emergencia en violencia de género necesita un presupuesto acorde, la creación de centros de recepción de denuncias las 24hs, equipos interdisciplinarios con trabajadores planta estable, la licencia laboral por violencia de género, la aprobación del protocolo de búsqueda inmediata, y principalmente que se garantice el acceso al trabajo estable, al salario y la vivienda digna. Asimismo, la creación de un Consejo de la Mujer Autónomo electo por el padrón femenino y con cargos revocables y bajo control de las organizaciones sociales y de mujeres, para garantizar el cumplimiento de nuestros reclamos. Este debate estuvo presente en la organización de la marcha. Para impedir que nuestra denuncia fuera a fondo, las organizaciones ligadas al oficialismo, kirchenerismo, UCR y al macrismo se negaron a que el acto se realizara con oradoras o que se estableciera un documento único. Sobre la base de una gran campaña de agitación y una lucha política implacable que dimos en las reuniones impusimos la consigna “#Niunamenos- El Estado es responsable- Emergencia en violencia de género ya” como cabecera de la marcha. También colocamos el aborto legal seguro y gratuito entre las consignas, y en el marco de la campaña nacional por Liberad para Belén nos presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia como “Amigos del Tribunal” y denunciamos la farsa judicial y la connivencia entre el gobierno y la Iglesia local que niega hace cuatro años el derecho al aborto legal en la provincia. Sobre la base de esta clara delimitación, desde el Plenario de Trabajadoras avanzamos en la organización de un movimiento de mujeres independiente del Estado, y nos preparamos para el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario para establecer un plan de lucha nacional que vuelva a ganar las calles contra el ajuste y la violencia que impone el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y por cada una de nuestras demandas.

La “ley ómnibus” se asienta en la misma coalición política que votó el pacto buitre, probablemente reforzada por la totalidad o la mayoría del kirchnerismo. El “ómnibus” transporta un blanqueo de capitales que va a reforzar el endeudamiento del país, un reparto a las provincias que ya están ajustando junto al gobierno nacional y el comienzo de una reforma antijubilatoria. Esa reforma incluye la descapitalización de la Anses y anticipa un aumento de la edad jubilatoria de la mujer a 65 años. El megaproyecto agrava también la regresividad del sistema impositivo, porque comienza la desaparición del impuesto a la riqueza. Se trata de un gran acuerdo nacional de la “Argentina offshore” -o sea, la de la clase capitalista que fugó la riqueza del país durante décadas. Se ha presentado la ley como un beneficio a los jubilados, acompañado del blanqueo a los capitalistas para financiarlo. Ni una cosa ni la otra: hay una confiscación a los derechos adquiridos de los jubilados y el blanqueo sólo financiará monedas. Los evasores sólo aportarán en promedio un 8% de lo declarado, lo cual será descontable de impuestos futuros. Pero el aporte podría ser nulo si se invierte en títulos públicos en dólares -los cuales, a partir de los seis años tendrán un jugoso rendimiento del 5%. El verdadero objetivo de este engendro es una operación de endeudamiento. Es que en el primer cuatrimestre, lejos de la “lluvia de inversiones” tuvimos una fuga de capitales de 3.700 millones de dólares. Por obra y gracia de la nueva ley, los más grandes deudores de impuestos pasarán a ser acreedores del Estado. Se trata de un doble premio: amnistía penal e impositiva por un lado, y resarcimientos sobre los nuevos bonos por el otro. Los capitalistas evasores son premiados para salir al rescate de una quiebra del Estado que se perpetró en beneficio de ellos mismos. La indignación que despertó la penalización con años de prisión para periodistas que publiquen listas de blanqueadores hará que la norma sea posiblemente suprimida, pero quedará en pie lo que es un lineamiento de fondo de todos los bloques capitalistas: el secreto financiero y comercial que ha rodeado al listado del dólar futuro, del Panamá Papers y de la Afip. Esta coalición de evasores capitalistas tuvo expresión cuando votaron la ley de Información Pública, que garantiza esos secretos en su artículo octavo. Contra los jubilados Para los jubilados, la ley comporta una reducción colosal de la deuda que sostiene el Estado con ellos. Se les realiza una quita del 70% de sus derechos judiciables y un ajuste de sólo el 15% en los nuevos haberes, muy por debajo de los primeros -y engañosos- anuncios oficiales. Por caso, un jubilado en 2009 que cobraba 9.000 pesos, con el índice previsto por la ley “ómnibus” pasará a cobrar 10.600. Pero si se aplicara el índice empleado en los fallos de la Corte, debería cobrar 13.500 pesos. Una confiscación del 30% en el nuevo haber. No hay mejora en la jubilación mínima, que cobran las tres cuartas parte de los jubilados, y tampoco para el conjunto, que deberá esperar hasta septiembre la “movilidad jubilatoria”. Ella no superaría el 14/15%, frente a una inflación anualizada del 40%. En relación con las retroactividades, se aplica otra confiscación. Quienes tienen sentencia firme deberían cobrar el 100% del fallo, habiendo una previsión presupuestaria de 12.500 millones de pesos para ello. Pero la ley les impone una quita al establecer el pago retroactivo desde que comenzó la acción judicial, y no desde que inició el reclamo administrativo. Además, sólo se paga al contado el 50% de esa deuda, y el resto en cuotas durante tres años. El mismo sistema de pago tendrán los juicios sin sentencia, a quienes se les rebaja a cuatro años la retroactividad reconocida cuando el promedio es de ocho. El millón (no serían más) de jubilados que no acudieron a la Justicia no tendrán retroactividad alguna, y sólo tendrán el aumento establecido si renuncian a cualquier acción judicial. Como frutilla del postre, las retroactividades y reajustes serán gravados con el impuesto a las ganancias. En resumen, los jubilados también son convocados a financiar el déficit público desde sus jubilaciones, que en promedio no llegan a la canasta básica y cuya mayoría está en la mínima de indigencia de 4.959 pesos. La Anses también será financista del Estado, porque recibirá de lleno el impacto de la devolución progresiva del 15% de coparticipación a las provincias sin financiamiento de reemplazo. La ley dispone una pensión asistencial a los 65 años del 80% de la mínima (4.000 pesos) para quienes no tienen aportes. Además de reemplazar la jubilación por una pensión asistencial, queda un fuerte antecedente para la elevación de la edad jubilatoria de la mujer. La ley apunta a disociar definitivamente a la jubilación del salario en actividad, o sea la aniquilación de la jubilación como salario diferido. En el debate hemos demostrado que la reposición de los aportes patronales rebajados en 1993 por Menem y Cavallo significan 280 mil millones de pesos anuales, y que la pérdida de la Anses por este concepto en los 23 años transcurridos, orilla, a dinero de hoy, los 6 billones de pesos. Esas cifras podrían financiar la recomposición jubilatoria. En el toma y daca de los acuerdos parlamentarios, ha quedado pendiente la venta de las acciones de la Anses. La burguesía “nacional” y los fondos de inversión internacionales aún no se pusieron de acuerdo respecto del destino de este botín. El acuerdo nacional de vaciadores incluye a la burocracia sindical en el acompañamiento del ajuste. Para ella y para la patronal acaba de llegar un preciado regalo: el fallo antihuelga de la Corte. Será la lucha obrera y popular, como la que se desarrolla contra las tarifas, en las grandes huelgas provinciales patagónicas, en los conflictos fabriles como Ecotrans o Mascardi contra los despidos, la que enfrente y haga estallar por los aires la coalición de evasores. Programa Nuestro dictamen plantea un aumento de emergencia de 6.000 pesos a todos los jubilados, el reconocimiento y pago inmediato del total de las retroactividades -haya o no juicio- mediante un impuesto a la renta financiera, la restitución del 82% a los nuevos jubilados y su financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados en los ’90, junto a la devolución de la Anses y el Pami a un directorio electo por trabajadores y jubilados. Incluirá también una cláusula de blanqueo con estabilidad laboral para los trabajadores en negro y comprenderá a los 300 mil afectados por las rentas vitalicias que perciben 700 pesos promedio, junto a la abolición del secreto bancario y comercial con relación a los capitalistas. Como el dictamen antidespidos que presentó nuestro bloque del Partido Obrero en el FIT, se trata de un programa de lucha que llamamos a discutir en asambleas y a transformar en parte integral del programa por un inmediato paro nacional y plan de lucha de todo el movimiento obrero.

La Corte Suprema sentenció, con el voto favorable de sus tres miembros, que “sólo los sindicatos están autorizados para convocar a la realización de huelgas y medidas de fuerza”. Esto significa que todo grupo de trabajadores que inicie una huelga u otra acción de lucha sin el aval de la conducción, quedará fuera de la ley y será pasible de represalias. Justamente, el caso por el cual la Corte emite este fallo remite al despido de un trabajador por haber participado de una serie de protestas resueltas sin la intervención del sindicato del correo. Las dos instancias judiciales previas habían dado la razón al trabajador. El fallo llega luego del veto a la llamada ley anti-despidos, justificado por la cúpula cegetista como “un derecho del presidente”. Después de dos meses de debates estériles -durante los cuales continuó la masacre contra los puestos de trabajo- la burocracia sindical reafirmó su complicidad con el ajuste descartando cualquier medida siquiera de protesta. Se trata de una devolución de favores a los Moyano, Caló y Barrionuevo; que se inscribe en una avanzada para limitar el derecho de huelga que tiene varias aristas. El gobierno ya había mostrado otra de sus cartas cuando instaló en el temario del Consejo del Salario su intención de institucionalizar el no pago de los días de huelga. Algo que la gobernadora Vidal quiere aplicar a los docentes del Suteba por parar junto a los estatales. La unificación de la CGT y el fallo Luego del Confederal de la CGT, que ratificó el congreso de reunificación para el 22 de agosto, Caló hizo una declaración que fue toda una confesión: “los secretarios generales entendieron hace mucho tiempo que debe haber una sola CGT, lo que era imposible de lograr hasta ahora porque cada uno tenía o respaldaba a un candidato político distinto, pero eso ya terminó”. Además de clarificar qué intereses son los que tallan entre los jefes sindicales, Caló reconoce que la base de la reunificación es el apoyo al gobierno de Macri. Más allá de alguna crítica aislada, la burocracia y Macri cerraron filas en torno al ajuste; esta integración “por arriba” requiere reforzar todos los instrumentos de sujeción de los trabajadores para prevenir un desborde. El alcance del fallo Con sutil perfidia, en los fundamentos de su fallo reaccionario la Corte invoca el artículo 14 bis de la Constitución y reconoce que el derecho de huelga “concedido” alcanzaría también a los sindicatos con simple inscripción. De conjunto, la Corte habilita el derecho de huelga sólo para organizaciones tuteladas por la burocracia, y que ya cuenten con reconocimiento previo estatal. El propósito de fondo es el de coartar la capacidad de lucha de los delegados y comisiones internas de base, y regimentar la acción independiente de los trabajadores, que en algunas oportunidades condujeron, precisamente, a la creación de esos nuevos sindicatos. Así las cosas, el objetivo es reforzar el dominio de la burocracia sindical, regimentar las construcciones opositoras de base y, en última instancia, defender el actual estado de cosas y el “unicato sindical”, justamente cuando en forma cada vez más amplia los trabajadores salen a luchar pasando por encima de las conducciones de los sindicatos, como lo testimonian los trabajadores de Cresta Roja, otra vez en la calle, o los plásticos de la fábrica Mascardi o los choferes de Ecotrans, por dar ejemplos de los últimos días. “El desarrollo de la huelga -agrega el tribunal- provoca una evidente tensión tanto con los derechos del empleador como con derechos de terceros o de la sociedad que también están amparados por la Constitución. Esa tensión entre derechos de difícil armonización ha sido resuelta subordinando el ejercicio del derecho de huelga al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos”. O sea que, sin mucho ruido, introduce el concepto de “esencialidad”, hasta ahora invocado como traba para cualquier declaración de paro en el ámbito de la educación, la salud o el transporte. Se trata, por lo tanto, de establecer un control tanto sobre la acción de “un grupo informal de obreros” como sobre los sindicatos, seccionales y comisiones internas antiburocráticas y combativas, que están tomando en sus manos la lucha contra el ajustazo capitalista del gobierno nacional y de todos los gobernadores de todo signo, como la kirchnerista Rosana Bertone en Tierra del Fuego. La historia dirá El 17 de octubre de 1945, la primera gran huelga política de masas que liberó a Perón, fue convocada en contra de la burocracia de la CGT de la época; algo similar ocurrió con el Cordobazo de 1969 y con las huelgas contra el Rodrigazo de 1975. La reacción obrera que está madurando frente al brutal ajuste, los miles de despidos, tarifazos, paritarias a la baja y avasallamiento de derechos,se encargará de mandar el fallo de la Corte Suprema al sumidero de la historia. Convocamos al conjunto de los sindicatos, seccionales, comisiones internas combativas y al conjunto del activismo de la izquierda y del clasismo a una gran campaña en defensa del derecho de huelga hasta quebrar esta avanzada antiobrera.

Primero fueron las ciudades y pueblos de la Patagonia, que se movilizaron contra tarifazos que llegaban al 1.500% en el gas y la luz. Después llegó el reclamo de los clubes de barrio, los teatros y centros culturales independientes, que preparan una marcha masiva. Lo mismo ocurrió con las empresas recuperadas. Pero el reclamo se extiende ahora a la provincia de Buenos Aires: en Azul, Pergamino, Tandil y Mar del Plata, en medio de una cruda ola de frío, se multiplican las “marchas de frazadas” que rechazan el tarifazo. Durante la década kirchnerista, los concesionarios de los servicios privatizados embolsaron 30.000 millones de dólares en subsidios, sin invertir un centavo. En cambio, utilizaron esos recursos para comprar empresas de energía y concentrar el negocio. Ahora, el macrismo premia a estos niños mimados del kirchnerismo con gigantescos aumentos. Es claro que los desocupados que piden tarifa social, los trabajadores patagónicos o los clubes no pueden pagar el tarifazo. Pero la pregunta que debemos formularnos es la inversa: ¿quién puede pagarlo? ¿Acaso pueden bancar un aumento del 400% en las tarifas los trabajadores que han recibido un aumento paritario del 20 ó 25%? ¿Pueden pagarlo los jubilados o los precarizados que no recibieron ningún aumento? Desarrollemos un gran movimiento de lucha por la anulación del tarifazo. La Justicia ha suspendido provisoriamente algunos aumentos. Pero la Corte -que deberá responder sobre estas medidas apeladas- se prepara para darle vía libre al gobierno macrista. Es necesario apoyar la lucha contra los tarifazos en nuestras propias fuerzas. Por la retracción de las tarifas al 1° de enero, ningún corte del servicio. Coordinemos iniciativas de lucha en todas las barriadas; movilicemos al poder político y a las oficinas de los privatizadores, adonde concurren centenares de vecinos que no pueden pagar. Unamos esta lucha a la defensa del derecho al trabajo, el salario y las jubilaciones.

La elección de Río Cuarto es el escenario de una lucha política electoral integral contra los partidos capitalistas que gobiernan la nación y provincia. Los estudios de opinión marcan una elección muy cerrada, que tiene a los capitalistas de los medios de comunicación abonando una polarización electoral trucha entre el representante de Macri y el de Schiaretti. Con nuestra agitación luchamos para separar a las masas obreras de los Llamosas y Yuni -los candidatos de ambos, que se encuentran en la misma línea. Ambos vienen cogobernando para los mismos intereses sociales, descargando la crisis sobre las familias obreras. Las iniciativas que hemos presentado al Concejo y a la Municipalidad constituyen un programa de transición para defender los intereses populares. Así fue que presentamos un proyecto de ordenanza para la creación de un Consejo de la Mujer, la creación de jardines y la ampliación de su franja horaria, la asistencia a las familias victimas de femicidios, de este modo el “Ni una menos” tiene una salida concreta. Contra el ajuste impulsamos una iniciativa contra el tarifazo del gas, y contra la impunidad un pedido de informe sobre la obra pública y sobre el casino. El proyecto de banco de tierras y construcción de viviendas se convirtió en punto de partida de un reagrupamiento de lucha por la vivienda que será la base del desarrollo del Polo Obrero. También estamos recorriendo los centros de salud, el hospital y las escuelas para organizar a los trabajadores detrás de una alternativa estratégica. El pasado lunes, Néstor Pitrola llegó a Río Cuarto para decir que el Partido Obrero “está construyendo una verdadera oposición política a un ajuste que se descarga día a día en el asalariado, en el jubilado, mi mensaje es que el voto al Frente de Izquierda es el voto al Partido Obrero”. Transitamos el último tramo de campaña recorriendo las barriadas obreras, llamando a votar y organizarse contra los candidatos del ajuste y la impunidad, y para que llevemos los reclamos de vivienda, la salud pública, los derechos de las mujeres al Concejo. Cada voto y fiscal conquistado será un punto de apoyo a una alternativa estratégica que en Río Cuarto se está construyendo decididamente. El 12, votemos al Partido Obrero.

Luego de la presentación de la denuncia realizada por el defensor de genocidas Juan José Losinno contra nuestra compañera Pía Garralda, militante de Apel e integrante del colectivo Justicia Ya! La Plata, el Colegio de Abogados de La Plata resolvió formar la causa disciplinaria y trasladarla al Tribunal de Disciplina. Para “equilibrar”, la comisión del Colegio de Abogados también ordenó iniciar “trámite disciplinario” contra Losinno por su nefasta actuación en el juicio por los delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Cacha. El abogado Losinno, defensor de genocidas, policías de gatillo fácil y sacerdotes pedófilos, pidió una sanción contra nuestra compañera por “no saludarlo” durante las audiencias del juicio oral por los crimines cometidos en La Cacha. Se trata de una provocación política contra todo el movimiento de derechos humanos. El Colegio de Abogados no realizó investigación disciplinaria alguna contra Losinno cuando fue sancionado por su actuación poco ética por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata en 2013, por hostigar testigos sobrevivientes de la última dictadura militar. Ahora, por el contrario, inició rápidamente la denuncia contra nuestra compañera para elevarla al tribunal de disciplina -por no haberlo saludado en un pasillo de tribunales- un año después de la sentencia de dicho juicio. Esta denuncia, que representa un claro ataque a los organismos de derechos humanos independientes y a sus militantes, recibió un contundente rechazo, expresado en las más de 400 firmas al petitorio por el desistimiento de la denuncia, que va a ser presentado a las nuevas autoridades del colegio. Por su parte, ATE provincia presentó una nota destacando la actuación profesional de Pía y solicitando también el desistimiento. En el mismo sentido, se van a expresar el sindicato de abogados de La Plata, Suteba La Plata y la FULP, entre otros. Solicitamos que se desestime la denuncia contra la abogada Pía Garralda y se sancione la conducta del defensor Lossino por su repudiable actuación en el juicio por el centro clandestino de detención La Cacha.

El 2 y 3 de junio se realizó en Rawson (Chubut) el Parlamento Patagónico, un foro de carácter puramente declarativo que reúne a los bloques parlamentarios de esta región. La reunión de este año se desarrolló en medio de la conmoción que envuelve a la Patagonia: atravesada por luchas contra los despidos, tarifazos y represiones como las de Tierra del Fuego y Santa Cruz. La diputada del Frente de Izquierda por Neuquén, Patricia Jure (Partido Obrero), asistió a la reunión llevando como agenda urgente de los trabajadores la anulación del tarifazo en el gas, que constituye una confiscación colosal de los salarios. El aumento del gas en boca de pozo ha encarecido al gas local, sin que por eso se hayan incrementado las inversiones y la producción, ni se evitaran los despidos. Esos despidos fueron enfrentados por los trabajadores con una marcha de más de cuarenta mil personas, justamente en Chubut. En una nutrida conferencia de prensa en Puerto Madryn, denunciamos que el tarifazo comporta una enorme transferencia de recursos populares hacia los concesionarios de las empresas privatizadas. El kirchnerismo había avalado beneficios inmensos hacia éstos mediante subsidios, ahora el macrismo hace lo propio apelando al tarifazo. Desarrollamos la necesidad de una revisión de los contratos de inversión de todas las compañías y la apertura de los libros de las empresas vaciadoras premiadas, junto a la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera bajo control de los trabajadores. Saludamos la lucha de los trabajadores fueguinos que esa misma semana profundizaban sus medidas luego de la represión de la gobernadora Bertone, del FpV. Asimismo defendimos la eliminación del 40% de zona del cómputo del impuesto al salario, la indexación salarial de acuerdo al costo de vida y el repudio a la represión. A contramano de las masivas movilizaciones que reclaman la anulación de los aumentos tarifarios, los bloques mayoritarios replicaron el acuerdo entre Macri, Frigerio, Aranguren y los gobernadores patagónicos de aceptar los incrementos, moderando su suba a “sólo” el 400% o con un sistema de cuotas. Al momento de debatir en comisiones, la negativa de los bloques mayoritarios de abrir un debate fue total. El Parlamento patagónico fue el reflejo del pacto entre Macri y los gobernadores para hacer pasar el aumento tarifario. Pero en ese parlamento, por primera vez en 25 años, una tribuna obrera y socialista llamaba a derrotar el ajuste entre los ajustadores, con los métodos de la clase obrera.

En las elecciones municipales de Río Cuarto, Izquierda Socialista llama a votar por la lista del PO-FIT que encabeza Lucía Salazar. El domingo 12 de junio se realizan elecciones municipales en Río Cuarto. Hay en total nueve listas. Entre los partidos tradicionales Juan Manuel Llamosas (Unión por Córdoba) representa al gobierno provincial de Schiaretti-De la Sota y Eduardo Yuni (Frente Cambiemos) tiene el aval de la UCR y del PRO. Votar por ellos y otras listas de la vieja política es votar porque siga todo como está. Que continúen los tarifazos, la inflación, la caída del nivel de vida y de los salarios. Para Izquierda Socialista-FIT, que integran Liliana Olivero y Ezequiel Peressini, la única alternativa es cambiar votando a la izquierda que lucha por los trabajadores y las reivindicaciones populares en Río Cuarto, en Córdoba y en todo el país. Por eso, el 12 de junio llamamos a todos los votantes y amigos del Frente de Izquierda a votar por la lista que encabeza Lucía Salazar, de la lista PO-FIT. Lamentablemente, el FIT no pudo presentar una lista unificada por el sectarismo y divisionismo de PTS, que también integra el FIT. Desde Izquierda Socialista consideramos que es un gran error que PO y PTS no hayan logrado conformar una lista única del FIT. Muchos votantes del FIT se preguntarán por qué se llegó a esta situación. El PTS es el principal responsable reiterando su accionar sectario y divisionista como el hecho de negarse, por ejemplo, a integrar un bloque legislativo unitario en la provincia. Recordemos que, en 2015, el FIT logró tres legisladores en la Unicameral provincial, un crecimiento que los trabajadores y el pueblo de Córdoba festejaron. Sin embargo, hay dos bloques: por un lado el del Frente de Izquierda que integran Eduardo Salas del PO y Ezequiel Peressini de Izquierda Socialista y por el otro el bloque del PTS con Laura Vilches. El PTS también dividió el acto del FIT del 1 de Mayo, en Plaza de Mayo. El PTS argumentó que ahora deberían encabezar ellos porque en las Paso presidenciales (Del Caño-Castillo) le ganaron a la otra fórmula (Altamira-Giordano). Desde PO e IS se aclaró que era el resultado de una interna presidencial y no para una lista local. Ante la cerrazón del PTS, el PO propuso la posibilidad de dirimir vía una asamblea del FIT de Río Cuarto. Desde Izquierda Socialista lo consideramos como una salida, si no se podía arribar a un acuerdo. El PTS la rechazó de plano, estancando la negociación. El tema se llegó a plantear en reuniones de coordinación nacional del FIT. Allí el PTS volvió a mantener cerradamente su postura de sí o sí tomar la interna presidencial y no la relación de fuerzas militantes de cada organización en Río Cuarto. Ante ello el PO e Izquierda Socialista plantearon que si ese sería el criterio a usar en otros casos, y en especial en las próximas elecciones de 2017, podría ser una base para acordar. Lo que fue rechazado de plano por la dirección del PTS. Incluso señalando que donde el PTS perdió en las Paso como en Capital, provincia de Buenos Aires y la misma Córdoba, no aceptarían ese resultado y volverían a usar las Paso. O sea, el PTS exige usar los resultados de las Paso en Río Cuarto, donde le favorecen pero donde perdió ya anuncian que no la van a aceptar. Esto es insólito y divisionista y cierra la discusión. Ni PO ni Izquierda Socialista podíamos aceptar este criterio desigual y abusivo. Damos todas estas largas explicaciones para que los luchadores, los votantes y simpatizantes del FIT saquen sus propias conclusiones. En Río Cuarto llamamos a votar por Lucía Salazar y la lista de PO-FIT. Votar por la compañera Salazar será dar un voto contra los candidatos de arriba y por el programa de lucha del FIT. También será dar un voto contra el divisionismo y por la unidad del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

La paritaria que abarca a la mayoría de los petroleros de los yacimientos (30.000), regimentada principalmente por las burocracias kirchneristas de Jorge Avila y Claudio Vidal en Chubut y Santa Cruz, y la moyanista de Guillermo Pereyra en Neuquén, reclaman el 40% y la reactivación de la actividad. Sin embargo, para estas conducciones son promesas en el agua. Avila y Vidal, del sindicato de petroleros privados, acataron la conciliación obligatoria y levantaron el paro que se había iniciado el sábado 28. En Neuquén, la burocracia levantó el último paro convocado, hace 15 días, y las patronales exigen el procedimiento de crisis y la reducción de la jornada laboral -tres turnos de ocho horas. Un compañero de Comodoro le dijo a Prensa Obrera que, en el caso de Chubut, la burocracia “va por una suma puente de 10.000 pesos, el gobierno puso tope de 6.000 y negociaron 8.500. No se tiene ninguna certeza, lo que se sabe es que el convenio paritario no se discute y lo que van a aceptar es este monto puente hasta octubre; o sea, que nos quieren endulzar, como hace dos años con el bono y la paritaria después resulta anual, a la baja, inferior a la inflación. Esta vez como máximo será de 32%. Esta semana es clave también para la suba de los equipos”. El compañero José Maidana, obrero de Oleosur, contratista de YPF en Las Heras, Santa Cruz, dijo: “después de 43 días de huelga por un despido y por el reclamo de aumento en el ticket de 15 a 183 pesos tuvimos que aceptar la conciliación obligatoria y gracias a los piquetes logramos el compromiso del pago de los días caídos”. La baja de la actividad petrolera se debate en la propia paritaria. Avila denuncia que quieren privatizar a YPF, como si no fuera ya una empresa privada que especula bajando equipos en Santa Cruz y, por otro lado, coloca 163 millones de dólares con la chilena Enap Sipetrol en Magallanes. Paritaria mísera y “paz social” En medio de este tembladeral, la burocracia de la Federación Argentina del Petróleo, dirigida por Alberto Roberti (PJ) cerró la paritaria en refinerías el 1 de junio por un aumento del 20%, hasta septiembre, y una suma en negro por única vez de 14.000 pesos. El acuerdo está muy por debajo de la inflación. El acta especifica en dos oportunidades el compromiso de la paz social para “la normal producción de las refinerías” y establece, para el sindicato, el pago por “buenos servicios” de 19.000 pesos por trabajador. El acuerdo significó el levantamiento de la huelga en las refinerías, luego de tres meses de desgaste sin propuestas salariales y sin medidas, y no puso en debate la amenaza a los puestos de trabajo en Refinor de Salta y la destilería de San Lorenzo, ambas en franco proceso de vaciamiento. El acuerdo “premia” a las refinadoras argentinas YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil que hoy tienen un margen bruto de más de 30 dólares por barril de crudo procesado, superior al de Estados Unidos de 10 dólares, según la consultora Montamat. La paritaria petrolera entra en una etapa decisiva. Saboteada por la burocracia y en medio de debates sobre la situación de la subsidiada y vaciada industria petrolera, está precedida y atravesada por huelgas de todo tipo e impulsada por la aplicación del tarifazo, que actúa como un revulsivo en toda la Patagonia.

El viernes 3, Ushuaia movilizó fuertemente por el #NiUnaMenos y continuó con la ya clásica Marcha de Antorchas contra el tarifazo de Macri-Bertone. La marcha concluyó con el anuncio y preparación de la semana de actividades con la visita a la provincia de la delegación del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, integrada por Enrique “Cachito” Fukman (AEDD) y Liliana Alaniz (Apel) entre otros representantes de los organismos y las Madres de Plaza de Mayo (LF) Elia Espen y Nora Cortiñas. Una delegación en apoyo a los cinco dirigentes sindicales en libertad vigilada. Ese mismo viernes, pero por la mañana, con un IPAUSS repleto de trabajadores estatales, se llevó adelante desde la Unión de Gremios una conferencia de prensa, donde se desmintió fuertemente y con argumentos técnicos la emergencia en seguridad social planteada por el gobierno en las leyes de ajuste. Asimismo, en la ciudad de Tolhuin, en la mesa técnica del gobierno y los gremios que no incluye a la Unión, se firmó un acta que puede ser caracterizada como una entrega. Esta situación ha llevado a que gremios como ATE y los jubilados autoconvocados, que integran esta mesa, se planteen salir de ella. El lunes se llevó adelante un caravanazo en Ushuaia para recibir a la delegación que llegaba desde Buenos Aires y el martes por la mañana luego de la conferencia de prensa en la sede del Sutef, la Unión de Gremios juntamente con la delegación integrada por, las diputadas nacionales Soledad Sosa y Myriam Bregman y demás dirigentes sindicales y políticos del Frente de Izquierda hicieron la presentación del amicus curiae. Asimismo, la delegación solicitó entrevistarse con el juez De Gamas Soler, quien se negó a recibirlos. Por este hecho, Elia Espen relató: “nunca me pasó que un juez me negara una entrevista”. Por la tarde, la misma delegación se entrevistó con el jefe de Gabinete y el secretario de Derechos Humanos, allí expresaron su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades democráticas llevadas adelante por el gobierno en una clara connivencia con la Justicia provincial. También solicitaron la anulación de la exoneración a los docentes y la convocatoria a una mesa de diálogo que no tenga condicionamientos. Asimismo, que la gobernadora sea quien solicite al juez el levantamiento de las medidas de restricción que pesa sobre las espaldas de los cinco compañeros para que estos puedan concurrir a las reuniones. Luego de la reunión, el gobierno emitió un comunicado donde justificó las leyes de ajuste aprobadas el 8 y 9 de enero y ratificó su accionar represivo. La delegación trajo consigo fuerzas para poder continuar la lucha. Se plantea la necesidad de redoblar esfuerzos para derrotar el ajuste de Bertone, exigiéndole a la Legislatura que se expida favorablemente con el proyecto de inciativa popular, convocando a las movilizaciones y preparando los paros provinciales necesarios para tal fin. Estos cien días de lucha contra el gobierno del FpV han expuesto a los tres poderes y a la burocracia sindical, quienes descargan la crisis sobre los trabajadores. ¡Sigamos desarrollando la unión y la lucha para enfrentarlos y derrotarlos!

El gobierno ha comenzado a sentir la presión del potente movimiento huelguístico, especialmente desde que una marcha hizo fracasar la sesión en que pretendía aprobarse un impuestazo provincial hace diez días. Asistimos a un conjunto de maniobras y pequeñas concesiones, leves mejoras en las ofertas de la paritaria, la reincorporación de algunos despedidos, el inicio de negociaciones con el Sitraic, y el no descuento de los días de paro bajo una intensa presión de ATE Educación. Los docentes que están en una huelga total que se ratifica cada semana concretaron este domingo en Caleta Olivia el Congreso más numeroso de la historia de la Adosac -y el número 16 de este año. En la semana se logró un fallo judicial contra los descuentos del paro y finalmente el gobierno no pudo descontar tampoco a los docentes. Los viales han encabezado una semana de cortes de ruta que cortaron los accesos a Río Gallegos casi toda la semana. Los compañeros del Sitraic cortaron la ruta 3 en Puerto San Julián, bloqueando los turnos de la minera Cerro Vanguardia y sólo levantaron después de cinco días por una orden judicial. El gobierno ha prometido subsidios al Sitraic, pero vacila en aplicarlos ante las presiones de la Uocra. El empréstito La Mesa de Unidad Sindical ha convocado a marchar a la Legislatura en rechazo a una autorización de endeudarse por la friolera de 10.000 millones de pesos, sin especificar las operaciones, los intereses, los bancos con los que se contrate ni la asignación de los fondos. Es mucho para un clan Kirchner que desfila por Tribunales por las causas de corrupción y no ha rendido cuentas del manejo de los fondos del Estado cuando en Santa Cruz sobraba plata y Néstor la mandaba afuera. El vicegobernador ha reconocido que actúan así por consejo de Frigerio, lo que le agrega al negociado K el fundamento ajustador y liberal de Macri. El tema ha desatado una crisis en la UCR, ya que la mayoría de su bloque está en contra de un cheque en blanco a los K pero algunos Intendentes están presionando a los diputados por pueblo para que lo voten. Como el oficialismo no tiene los dos tercios de la Legislatura para hacer aprobar el endeudamiento, la expectativa esta en ver si algún diputado de la UCR cambia el voto. El Intendente de Río Gallegos ha llegado al extremo de condicionar cualquier pauta salarial a los municipales a la aprobación del empréstito y ha venido haciendo lobby para que se concrete. Los trabajadores percibimos no sólo un negociado, sino un hipotecamiento que a su turno va a profundizar el ajuste contra los derechos jubilatorios y contra el salario de los empleados públicos. El triunfo de la lucha actual es vital para que se desarrollen las tendencias a la construcción de una verdadera central obrera en Santa Cruz. El Partido Obrero plantea que hay que ir por las ganancias de las mineras y petroleras, así como por la incautación de los bienes mal habidos de los funcionarios kirchneristas.

El Estado ha permitido todo tipo de maniobras y omisiones en el caso, favoreciendo así la impunidad y el perjuicio de las víctimas. La niña no recibió en el hospital ningún tratamiento antiséptico, no contó con la revisión de médicos legistas y no se le hicieron en ningún momento las pruebas de embarazo. Este recién se confirmó a fines de marzo, a instancias de su madre, quien pidió pruebas al notar que el vientre de la niña crecía. Antes de eso, ni jueces, fiscales o funcionarios se preocuparon en el tema, lo que quedó plasmado en la respuesta que el fiscal Armando Cazón nos dio a la Comisión: “Si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación no terminamos más, además no es común que la víctima quede embarazada”… (¿?) Los médicos, que originalmente diagnosticaron violación, es decir el doctor Juan Carlos Mamani y el bioquímico Ramón Bustamante, denuncian que tomaron la decisión de hacer público lo que había ocurrido fruto de su hartazgo ante el accionar de la Justicia, la que jamás envía un médico legista a constatar casos de violencia o violación. Mamani manifestó que el médico legal (que actuó cinco días después del hecho) le pidió que “le enviara por whatsapp las fotos de la vagina de la niña para emitir un dictamen”. Mamani se negó, hizo el dictamen él y ahora está ridículamente imputado por falsificación de título, cuando en realidad ejerce como médico en un hospital de Salta, autorizado por el Ministerio de Salud. La denuncia hacia el médico reúne así las características de una represalia de la Justicia por haber puesto en evidencia una inacción sistemática. No extraña que cinco días después el médico legal negara en su revisión la existencia de violación en la niña e intentaran archivar la causa. En esta línea de impunidad y encubrimiento se puede leer la libertad a los violadores, de los cuales sólo uno está detenido por no comparecer a la comisaría. El resto seguirá en libertad hasta que se obtenga el resultado del estudio de ADN. Es claro que el ADN sólo determinará la “paternidad” de un responsable, y que lo necesario es el testimonio de los testigos. Sin embargo, esto no se produjo porque la Justicia no se preocupó en generar un dispositivo de asistencia y seguridad a las niñas que presenciaron el hecho, las que viven amenazadas y se negaron siquiera a hacerse presentes ante la visita de los diputados. La comunidad de Alto La Sierra ha sido sacudida por este hecho: por el horror, por el accionar de la Justicia, por el abandono del Estado en materia de salud y seguridad. A la llegada de los diputados a la zona las denuncias de atropellos se hicieron sentir. Una Asamblea de 150 personas reclamó Justicia por la niña violada y por todos los casos de impunidad garantizados por el Estado. Por eso nuestra exigencia de renuncia de la ministra Calletti, responsable política de la Justicia, está más vigente que nunca. Por otro lado, junto a la comunidad reclamamos terminar con el ajuste: es necesario en Alto La Sierra una inversión de peso en materia de salud (no tienen médicos titulares), agua potable, energía, educación y un plan de obra pública que contemple un verdadero acceso a un pueblo totalmente aislado.

En las vísperas de la realización del Congreso Ordinario de renovación de autoridades de la Fuba, convocado para el próximo martes 14 de junio, se ha producido un pacto entre Nuevo Espacio-Franja Morada y La Cámpora. El acuerdo consiste en lo siguiente: los delegados de La Cámpora le darían quórum a Nuevo Espacio, la agrupación del secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Yacobitti, para desplazar a la conducción combativa de la Fuba. A cambio de ese favor, los radicales de Nuevo Espacio se comprometerían a mantener, o incluso incrementar, la presencia de funcionarios camporistas en el actual Rectorado de la UBA, bajo el comando de Alberto Barbieri. Estamos frente a un intento desesperado por parte de La Cámpora de hacerse con una caja de financiamiento después de perder el manejo del gobierno nacional. Tras años de sabotear los congresos de la Federación, La Cámpora regresaría a la Fuba con el único propósito de entregarle la presidencia a los aliados de Mauricio Macri. La Cámpora justifica este pacto podrido con la coartada de que sus delegados ingresarían al Congreso con el supuesto objetivo de formar una presidencia tripartita entre la UJS-PO, La Cámpora y Patria Grande. Pero saben muy bien que el PO rechaza cogobernar la Fuba con los representantes del gobierno de Chevron, el pago serial de la deuda y el 35% de precarización laboral. El trasfondo de este acuerdo en la Fuba excede los contratos en el Rectorado. Barbieri, quien hasta hace muy poco era señalado como candidato a ministro de Educación de Daniel Scioli, dio su aval para el proyecto de privatización, a 30 años, de la Plaza Houssay, que macristas, radicales y kirchneristas votaron la semana pasada en la Legislatura porteña. Alertamos a todo el movimiento estudiantil sobre esta operación corrupta en curso, que incluye la compra de delegados para imponer la voluntad del Rectorado y el gobierno en el Congreso de la Fuba. Convocamos a todos los estudiantes a intervenir en el congreso para garantizar la independencia y la integridad de nuestra Federación. Sabemos que hay agrupaciones del espacio kirchnerista que se oponen al pacto con Nuevo Espacio y el macrismo. Las llamamos a que rechacen públicamente ese acuerdo y aporten sus delegados para el triunfo de la actual conducción de la Fuba, que ha luchado y lucha incondicionalmente por los intereses de estudiantes y trabajadores.

Tal como sucedió el año pasado, este 3J los bahienses se volcaron masivamente a la calle. Lo hicieron impulsados por el pedido de Justicia por Micaela, luego de 35 días con más de una centenar de movilizaciones pidiendo por su aparición y en donde el municipio mostro la hilacha al fracasar rotundamente en encontrarla. El inicio de este 3J se hizo mediante la lectura de un documento contundente de denuncia sobre las responsabilidades del Estado en los femicidios, violencia hacia la mujer, desarrollo de redes de trata y prostitución. En particular, sobre las fuerzas políticas que votaron recientemente “emergencias de género” o “clausura de cabarets”, que fueron medidas completamente estériles. A su vez, el documento llamo a luchar contra el ajuste de Macri y los gobernadores, repudiando en especial la represión hecha por la gobernadora de Tierra del Fuego. Con la presencia de más de 4000 personas, sobre el cierre tomaron la palabra familiares de Micaela Ortega y Katherine Moscoso, entre otros, que denunciaron la irresponsabilidad y complicidad del Estado. A su vez, el reclamo por la reciente excarcelación de Pablo Cuchan, quien descuartizó e incineró a Luciana Moretti y el pedido de aparición con vida de Andrea Esnaola. Se destacó la presencia organizada de más de 300 estudiantes terciarios del Avanza y, a su vez, la última asamblea de Suteba que votó participar, incluyendo el reclamo de licencia por violencia de genero. El Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero participo activamente de la preparación del documento y del acto, en donde se desenvolvió una polémica abierta con el resto de las corrientes, feministas y de la izquierda, respecto a una negativa a destacar el rol del Estado en el flagelo de los femicidios y de las fuerzas políticas burguesas que lo sostienen. Durante la movilización, se vendieron más de 140 Prensa Obrera. Nos preparamos para asistir masivamente al próximo Encuentro Nacional de Mujeres, bajo la perspectiva de una organización autónoma de las mujeres del Estado y las patronales.

Foto: Federico I. El llamado machismo comporta una discriminación y una descalificación de la mujer por parte del hombre, que está inscripta de un modo diferente en la estructura de la sociedad de que se trate. En el caso histórico actual es el capitalismo, aunque diferenciado por las peculiaridades históricas propias de cada nación, que pueden llegar a ser enormes. Esa discriminación tiene lugar en el trabajo, en la vida doméstica y, más precisamente, en la familia, ella misma un producto social que ha variado enormemente en el tiempo y entre sociedades dentro de un mismo tiempo histórico. Es una forma de opresión que la corriente histórica del marxismo ha establecido desde su comienzo -o sea, mucho antes de que apareciera la literatura sobre la cuestión de género. La posición subalterna de la mujer respecto del hombre cumple siempre una función social, de la cual el discurso cultural no es más que su manifestación ideológica. Por eso, la cuestión de la opresión de la mujer es de naturaleza clasista: sirve a la reproducción del sistema dominante. La mujer no sufre esa opresión de un modo homogéneo, ni siquiera lo percibe de la misma manera: no es lo mismo la ladera de Donald Trump que una trabajadora de Egipto o Arabia Saudita, o una trabajadora negra en Estados Unidos y en otros países. Trabajadora, mujer y negra, puede resumir una triple opresión social de la condición femenina. Los únicos que hemos escrito y agitado acerca de la discriminación de la obrera, no solamente por parte de la patronal sino por los obreros, sea en el lugar de trabajo, pero por sobre todo en la familia, hemos sido los del Partido Obrero. La clase obrera no solamente reproduce la ideología de la clase dominante, sino la práctica social, incluso en forma más grosera o brutal, por las limitaciones de la condición de la opresión proletaria y la miseria social correspondiente. Allí donde la mayor parte de la izquierda levanta un programa penal para la violencia contra la mujer y el femicidio, nuestro partido defiende la sanción de medidas de protección de la mujer por parte del Estado, acompañadas por el control de su ejecución por las propias mujeres, por la organización independiente de la mujer y, por sobre todo, por la lucha teórica y práctica contra la violencia hacia la mujer en el seno de la clase obrera. Es decir, por romper la barrera que bloquea la unidad política efectiva de las mujeres, jóvenes y hombres de la clase proletaria. La lucha contra la opresión contra la mujer es una lucha de clases: si la clase obrera quiere emanciparse del capital, debe dar una lucha interna en su propia clase para emanciparse del machismo o, mucho mejor, de la opresión de sus compañeras de clase dentro de la propia clase de proletarios. Este es el punto de divergencia entre el marxismo, por un lado, y las corrientes democratizantes, por el otro. Como diría Elsa Bornemann, una divergencia grande como un elefante. Para los marxistas, el programa del socialismo y el programa de la mujer trabajadora es un programa de emancipación general, un programa de emancipación humana, esto porque el proletariado no podría lograr su emancipación fuera de una emancipación universal. Para el democratizante, meter la lucha de clases en la cuestión de la mujer es estrecharla; el democratizante propugna una suma programática algebraica de las reivindicaciones que se expresan en las otras clases sociales, que estarían oprimidas por un rasero común. Una mujer de la burguesía ¿votaría a favor de un impuesto al capital para que todas las empresas tengan guarderías para las trabajadoras? Mientras que la mujer obrera no podría emanciparse sin un cambio de la condición asalariada de los trabajadores, en las otras clases sociales la emancipación es concebida y planteada, si esto fuera posible, en el marco de una sociedad explotadora. La trata de personas con fines de explotación social representa un cambio en calidad en lo que se refiere a la posición subalterna de la mujer. Supera el cafishiaje, como la gran producción supera a la pequeña. Es un comercio en gran escala con métodos de lesa humanidad. Del mismo modo que Marx distinguió al trabajo asalariado de otras formas de remuneración del trabajo en el pasado, no es lo mismo el machismo que sobrevive en las sucesivas sociedades de clase, que la explotación económica en masa de la mujer, donde el ‘valor de uso’ sería el sexual. La trata se encuentra animada por la protección internacional que goza de los Estados, o sea por una conveniencia oficial, y por una tasa de beneficio superior a la media del capital. Esto no es ya machismo, que, en cuanto tal, y como ha ocurrido con la remuneración del trabajo, ha atravesado formaciones sociales de las más diversas en la historia. Se trata de un bandolerismo capitalista armado contra la mujer y las masas -porque las masas tienen hijas, mujeres, madres, primas y amigas- algo que parece olvidarse. Está asociado con un gran negocio mundial, que es el turismo, cuya cadena económica incluye el transporte, la hotelería, el circuito gastronómico, los prostíbulos, el comercio minorista y hasta la especulación en divisas. ¡Qué tal! Interviene incluso el clero, como se ha denunciado en el interior del país. No podría desarrollarse sin la intervención de numerosas instituciones del Estado, en primer lugar las represivas. La trata es la manifestación del capitalismo en su completa descomposición, como las guerras de exterminio del imperialismo. Es una expresión de la barbarie. Bastó esta advertencia contra la explotación en escala industrial de la mujer, para que se levantaran enojos en la red de Twitter, por parte de gente molesta por meter al capital en una cuestión que sería un coto cerrado del tema de género, y socialmente transversal. Entre los incomodados figuran notorios izquierdistas, que se caracterizan por su capacidad de adaptación a las presiones e incluso a las modas del momento. Estos sujetos no tienen el menor inconveniente en usar métodos lúmpenes. El punto es que, en lugar de recoger la advertencia sobre la dimensión de barbarie de la explotación sexual capitalista de la mujer, mucha/os han saltado como leche hirviendo cuando leyeron la palabra capitalismo. La trata involucra a la totalidad del sistema existente, en sus más variadas relaciones, incluido el poder del Estado. En la lucha para que no muera ninguna mujer más, debe figurar en forma destacada la lucha contra el capitalismo, que nutre la explotación capitalista sexual de la mujer, y de su Estado. Aquí también, por sobre todo, que la crisis la paguen los capitalistas.

Foto: Ignacio Smith El 3 de junio, las calles de todo el país volvieron a ser el escenario de un masivo reclamo contra la violencia hacia las mujeres. A un año de la gesta histórica de 2015, cuando la indignación por la sucesión de asesinatos alcanzó una dimensión popular, parecía difícil repetir o al menos acercarse a aquella jornada. Sin embargo, nuevamente las movilizaciones se sucedieron en ciudades y pueblos, cobrando un nivel de masividad excepcional. La jornada de aquel 3J había sido convocada por un grupo de periodistas, en reclamo de medidas estatales de protección a la mujer. Cifraban su confianza en que los gobiernos, la Justicia y demás instancias institucionales respondieran a la demanda de presupuesto, proveyeran datos oficiales respecto de la violencia, crearan nuevos organismos y dieran respuesta asistencial a las mujeres violentadas A este movimiento, se lo bautizó entonces #NiUnaMenos, y ese nombre fue el identificatorio en todo el país y en otros como Chile y Uruguay, donde hubo réplicas de movilizaciones. El nombre fue reversionado del poema de la artista mexicana Susana Chávez, autora del poema “Ni Una Muerta Más” en 1995, expresión artística de su militancia contra los asesinatos de mujeres en su Ciudad Juárez natal. La artista fue asesinada en 2011. El negocio de la trata de personas y los asesinatos de mujeres en México han motorizado enormes movilizaciones allí, la última de las cuales se produjo el 24 de abril pasado. La bandera que encabezó la movilización de 100 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires fue precedida por un debate entre diferentes fuerzas. Esta vez, el cambio de gobierno introdujo en la organización de la marcha a fuerzas políticas del régimen, como el kirchnerismo. El año pasado, los K intentaron desviar la concentración de Congreso con una marcha hacia los Tribunales, con el objetivo de evitar la demanda al gobierno nacional. El reclamo de aborto legal tampoco estuvo presente entonces desde la convocatoria central, debido a la negativa de este sector a admitir que bajo su gobierno murieron alrededor de 3.000 mujeres por abortos clandestinos. Entre la izquierda, el debate había sido también muy ilustrativo. Se armó una columna independiente que sostuvo la consigna de aborto legal, y el centro del debate fue nuestra posición de colocar la responsabilidad de todos los estamentos del Estado, lo que el PTS, Las Rojas y otras corrientes querían restringir a “El gobierno es responsable” o incluso “Cristina es responsable”. “Ni una Menos. Los gobiernos, la Justicia y la Iglesia son responsables” fue la consigna que finalmente encabezó aquella columna independiente. Para 2016, tanto el kirchnerismo como las agrupaciones citadas dieron un giro de 180 grados. Las primeras admitieron referirse al aborto, a sabiendas de que ya no están en el gobierno ni tienen mayoría parlamentaria. Como consigna principal, el kirchnerismo propuso #NiUnaMenos #VivasNosQueremos y sólo el PdT-PO pugnó por hacer aparecer la responsabilidad estatal. Quienes se habían desvivido por colocar a “Cristina responsable” el año pasado, mutaron al silencio, para dejar actuar a aquellas que reivindican la trayectoria política del gobierno pasado. Finalmente, la consigna fue #NiUnaMenos #VivasNosQueremos #ElEstadoEsResponsable De todos modos, no hubo documento común. El carácter irreconciliable de las posiciones en pugna se puso de manifiesto cuando el kirchnerismo pretendió colocar la libertad a Milagro Sala como bandera central de la jornada. En todo el país Familiares de víctimas encabezaron las marchas en todo el país. La hermana de Tati Piñeiro estuvo en Buenos Aires, y también la familia de Yamila y Silvia Rosso, los familiares de Karen y la madre de Sandra Gamboa. En cada marcha, quienes tomaron el camino de la lucha contra la impunidad encabezaron las movilizaciones. En el caso de Santa Fe, socialistas y kirchneristas presentaron un documento absolutorio del gobierno local y del gobierno anterior, lo que anticipa la escisión del gobierno local entre un radicalismo que enfila hacia Macri y los “socialistas” hacia una alianza con el kirchnerismo local. En Córdoba, ante la inminencia de la masiva movilización, el oficialismo y todo el arco político patronal adhirieron parcialmente a la ley nacional de Violencia de Género, una maniobra para contener la indignación popular causada por nueve femicidios, en su mayoría precedidos por denuncias a un Estado que no protegió a las víctimas. El bloque del FIT, el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras denunciaron esta maniobra. En La Plata, fracasó el intento del kirchnerismo de dominar el escenario de la movilización. Los sindicatos recuperados, las organizaciones de mujeres y la izquierda fueron las protagonistas de una jornada que encabezaron familiares de víctimas y que denunció la responsabilidad del Estado. En Tucumán, la marcha estuvo encabezada por víctimas y por la Mesa por la Libertad de Belén. En Formosa, sólo el Plenario nucleó a más de 200 personas, siendo la única corriente que organizó la movilización junto a las víctimas. En Santa Cruz, la movilización salió del acampe de los estatales, uniendo las luchas en curso contra el ajuste y la pelea contra la violencia hacia la mujer. En todo el país se sucedieron las movilizaciones y los debates. Balance Las miles de personas que se movilizaron en todo el país constituyen un síntoma político de alcance más general. Este país rebelado es el que deberán enfrentar los ajustes de Macri y los gobernadores. Entre ellos, la pretensión de subir la edad jubilatoria de la mujer a 65 años. La presencia de columnas de mujeres de numerosos sindicatos revela hasta qué punto ha penetrado el reclamo del #NiUnaMenos, así como su entrelazamiento con la agenda general de lucha de los trabajadores. La contraposición de programas y perspectivas políticas, en el curso mismo de la marcha, desmiente la supuesta “transversalidad” del movimiento de la mujer, que se encuentra surcado por los mismos antagonismos sociales y políticos que envuelven al conjunto de la sociedad. Los reclamos de asistencia y protección del Estado hacia la mujer violentada -formulados en la marcha anterior- fueron ninguneados por los partidos del régimen y, cuando se admitieron formalmente, resultaron desfinanciados o directamente archivados. La continuidad del 3 de junio debe centrar el debate del movimiento de mujeres en la independencia del Estado y sus representantes políticas, para poder encarar una lucha a fondo por la libertad de Belén, el aborto legal, contra las redes de trata, y todas las formas de violencia social e institucional contra las mujeres, una lucha que tendrá porvenir enlazada al combate contra todas las opresiones sociales y por la emancipación de los trabajadores.

El conflicto de Cresta Roja volvió a ocupar los medios nacionales. Un centenar de trabajadores, que aún no ingresaron a sus puestos de trabajo, se concentró en la puerta de la Planta 2 (la única que opera) para exigir a la patronal el ingreso de todos los compañeros. Un representante de Ovoprot salió a la puerta de la fábrica para escuchar los reclamos de los trabajadores que continúan afuera, y apenas se ocupó de “tomar nota”. La reunión a cielo abierto puso de manifiesto la falsedad del discurso de Macri sobre la defensa de los puestos de trabajo. Allí se escucharon reclamos por los más de mil puestos que aún no se recuperaron y por los que la nueva patronal no ha realizado ningún compromiso firme. Se denunció que estas familias se sostienen con un ingreso de 6 mil pesos (que serán descontados de la futura indemnización cuando se concrete la venta de Rasic) y se exigió el restablecimiento de la obra social. El representante de Ovoprot repitió, como lo viene haciendo desde hace meses, que el ingreso dependerá del avance de la producción, sin establecer plazos firmes. Por otra parte, la situación dentro de la planta no deja de ser conflictiva; los trabajadores que han ingresado lo han hecho en condiciones de precarización y con una fuerte rebaja salarial por el desconocimiento de la antigüedad. El mismo día que Macri vetaba la “ley antidespidos” en la puerta de Cresta Roja, se llevaba adelante un paro por retraso en el pago salarial. La patronal realizó fuertes amenazas de sanciones y descuentos a los compañeros para quebrar la medida. La empresa tiene en claro que para imponer su plan de racionamiento debe disciplinar a este colectivo obrero que ha dado grandes peleas en defensa de sus puestos de trabajo. Al finalizar la reunión en puerta de fábrica, un grupo de trabajadores cortó la autopista como medida de protesta por esta situación. El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, declaró en los medios que recién en septiembre ingresarían otros 400 trabajadores, confirmando que no hay definiciones ni compromisos para el resto de los obreros. Apoyemos la lucha por el reingreso incondicional de todos los trabajadores, con el reconocimiento de antigüedad, salario y condiciones laborales.

Foto: Camila Almada Meneses La convocatoria de la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, y de la porción de la CTA Autónoma que maneja Pablo Micheli contra el veto de Macri a la llamada ley antidespidos, el ajuste y el tarifazo, fue un cero a la izquierda. Pablo Micheli, que volvió a hablar de prestado en un palco que le montó otro, se limitó a pedir a los dirigentes de las tres CGT la unidad, porque, sin la unidad no se puede hacer nada, y porque sin ellos no se puede “construir” el paro nacional. A buen puerto fue por leña. Por su parte, él no “construyó” con el ejemplo: ATE, el principal gremio de su central, le dio la espalda a la convocatoria, carnereó y dividió la medida. También Yasky dedicó buena parte de su intervención a ponderar la unidad con la burocracia cegetista: “estamos dispuestos a la unidad de acción, juntos somos invencibles”. Pero el centro de su preocupación fue el de unir las partes rotas de lo que para Yasky es el “espejo del campo popular”; es decir, unir a los trabajadores con la burocracia sindical y con las patronales de la pequeña y mediana industria, que deben “elegir” entre pagar las tarifas “irracionales” de Macri o despedir. En criollo, el Frente Ciudadano K planteado por Cristina desde el palco de los procesados. Un planteo para arrastrar a los trabajadores detrás del kirchnerismo en descomposición y del PJ, que preparó el terreno del ajuste macrista y hoy lo aplica junto al gobierno nacional. El planteo reaccionario y antiobrero de Yasky se completó con una postura a la derecha de Macri cuando al referirse al, mal llamado, aumento a los jubilados anunciado por el gobierno señaló que están en contra de medidas irresponsables que lleven al desfinanciamiento de la Anses. Para los que se ilusionaron con medidas o unidades de acción con el yaskysmo, la única oferta fue la de una Marcha Federal el 9 de julio detrás de la consigna “Patria sí, Colonia no”. Ni una sola medida para enfrentar los despidos, los tarifazos, las paritarias a la baja ni los ajustes brutales en las provincias. La Coordinadora Sindical Clasista marchó en una columna independiente Como en oportunidad de la movilización del 29 de abril, el clasismo intervino en la jornada con una columna independiente muy destacada, integrada por más de dos mil compañeros docentes, del neumático, del subte, aeronáuticos, estatales, telefónicos, entre muchos otros gremios. Bajo el planteo “abajo el ajuste, paro nacional ya y plan de lucha”, contó con una cabecera en la que estuvieron Ileana Celotto (secretaria general de AGD-UBA), Alejandro Crespo (secretario general del Sutna), Daniel Rapanelli (secretario general del Suteba Ensenada), Romina del Plá (secretaria general del Suteba Matanza) y los dirigentes del PO Guillermo Kane (diputado provincial por Buenos Aires) y Gabriel Solano, entre otros dirigentes del FIT y de distintos sindicatos. La columna independiente fue una iniciativa adoptada otra vez por la AGD-UBA, en una reunión en la que fueron convocados varios sindicatos y comisiones combativos y antiburocráticos. En una jornada en la que participaron sectores más amplios que los pertenecientes a los convocantes, como la Bancaria, la UOM Quilmes y Matanza, Foetra Buenos Aires, la columna independiente fue una referencia para el activismo de las cinco centrales allí presente. Fue importante, también, la columna del combativo sindicato de aceiteros que, igual que el Sutna, paró ese día, en un enorme contraste con el cese de tareas de las dos CTA. El Sutna fue cabeza de la columna independiente con todo el clasismo. Siendo uno de los principales gremios y el único industrial de la CTA, el Sutna sin embargo fue vetado por ambas centrales como orador en el acto, igual que todos los sectores combativos que se hicieron presentes. Como consecuencia, el Sutna se retiró y, con él, la mayor parte de la columna independiente. En su discurso, Yasky dijo que no querían ir a las reuniones con Macri para salir sólo en la foto, en un reclamo de que le tiendan un plato en la mesa de los acuerdos. Sin embargo, invitó a que subieran al palco los dirigentes sindicales presentes, pero mudos, como telón de fondo de una foto que, en definitiva, los obligaba a avalar sus planteos. Así como el Sutna se retiró, y los aceiteros rechazaron subir al palco, otros aceptaron el convite. Entre ellos, el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Ante la crisis y la impotencia que mostraron este 2 de junio, impulsamos un congreso de bases de las dos CTA, con mandatos de asambleas para unificar la lucha de los trabajadores en un programa contra el ajuste y la coalición patronal de vaciadores, por un paro nacional, un plan de lucha y por la independencia política de la clase obrera.

En los últimos días, las asambleas, cuadrillas de cooperativistas y comedores del Polo Obrero discutieron la campaña financiera del Partido Obrero. Más de mil compañeros que se incorporaron en los últimos meses al Polo Obrero, fruto del plan de lucha por trabajo que conquistó puestos en el programa Argentina Trabaja, debatieron la nota publicada en la Prensa Obrera N 1.413 (“Por qué aportar a la campaña financiera del PO”) y resolvieron, entre polladas, venta de rifas, locrazos y lentejazos, bingos y festivales, más de cincuenta actividades, que se realizarán en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, para llevar adelante la campaña financiera. Mientras las organizaciones tributarias del kirchnerismo rosquean cargos y dinero con el macrismo a condición de no desenvolver una lucha contra la precarización y por el salario, el Polo Obrero se organiza para enfrentar el ajuste de Macri y los gobernadores e intendentes. Para ello, también necesitamos recursos económicos para sustentar nuestros locales, afiches y volantes. A la par del desarrollo del ajuste y los despidos, crece la voluntad de los explotados para derrotarlo. La planificación de la campaña en los barrios más pobres del conurbano es prueba de ello y su desenvolvimiento es la oportunidad para dar un paso adelante. La predisposición a dar la batalla por el sostenimiento económico de una organización demuestra la evolución política de activistas y delegados del Polo Obrero. ¡Vamos con todo!

Luego de la huelga que paralizó por completo la planta termoplástica Argul durante cinco días contra el despido del compañero candidato a delegado, la patronal suspendió a cinco trabajadores más, con goce de haberes, durante el período de la conciliación obligatoria. Mientras los 240 obreros de la fábrica recibían los “sermones” de la patronal por bloquear la planta “como un delito grave”, los trabajadores continuaban organizándose por el derecho a sindicalizarse y preparando el paro si la empresa no reincorporaba a los compañeros al finalizar la conciliación. Finalmente, la patronal no tuvo más remedio que otorgar el derecho básico de tener su comisión interna. La afiliación masiva al sindicato plástico ya era una realidad contundente. Se reincorporaron cinco de los seis compañeros y la continuidad del otro compañero quedó supeditada a la aceptación de una doble indemnización. Ya homologado el acuerdo en el Ministerio de Trabajo, el 10 de junio se realizarán las elecciones de la interna, luego de décadas de que no se respete el convenio, de cesantías sistemáticas, sobre todo a aquellos que intentaran organizarse. En esta lucha, los compañeros hicieron un acelerado aprendizaje clasista, del método de la asamblea, del paro indefinido y de su independencia frente a la conducción del gremio. Una nueva etapa se abre ahora en la planta, que cuenta con un personal compuesto por jóvenes trabajadores luchadores, que han superado el impasse de décadas de la conducción del gremio plástico de la provincia. En simultáneo con el desenlace de la lucha de Argul, los plásticos de Mascardi cortaban la autopista de Ezeiza y, a pesar del desalojo policial, también lograban la reincorporación de los compañeros despedidos. Los trabajadores plásticos de la zona sur tienen por delante la necesidad de coordinar y organizarse para la lucha. Las patronales del sector se caracterizan por ser unas de las más negreras de la industria y atacan con despidos cada vez que los compañeros intentan sindicalizarse. La patronal de Argul tiene una larga experiencia explotadora, pero una nueva generación de compañeros combativos ha surgido en la fábrica. Ahora vamos por la victoria en las elecciones de comisión interna.

La conducción de la Cicop, que agrupa a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, levantó una lucha histórica de los trabajadores de la actividad con un acuerdo a la baja, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal se encontraba acorralado. La dirección de Cicop, hoy repartida en dos listas (la oficialista, que está unida a la kirchnerista, y otra que es un desprendimiento de la primera, encabezada por el titular de Fesprosa, la federación que agrupa a los profesionales de la salud de todo el país, Jorge Yabkowski) cerraron una lucha histórica de los trabajadores de la Salud con un acuerdo claramente a la baja, cuando tenían contra las cuerdas al gobierno de Vidal. El acuerdo consistió en un aumento del 25 por ciento en tres cuotas, la última a cobrarse en agosto, lo cual, anualizado, significa un 17 por ciento de incremento, menos de la mitad del reclamo con el cual se comenzó la lucha. Por otro lado, si se observa la grilla, vuelve a estrecharse la escala salarial entre los salarios iniciales y los de mayor antigüedad por la cantidad de cifras en negro que integran nuestro salario. De todas formas, a agosto, el salario del ingresante de planta, al igual que el del residente de primer año, rozará el equivalente a la canasta de pobreza. ¿Jubilación a los 50 años? En cuanto a otro de los reclamos, el decreto que permitiría una jubilación anticipada, Cicop acordó discutirlo con el gobierno en un plazo de 120 días para acercar posiciones. Conclusión: ninguna definición, luego de agitarlo durante un año como la gran conquista. El gobierno obtiene una tregua de cuatro meses, mientras se propone anular las jubilaciones especiales y los derechos previsionales del conjunto de los trabajadores, algo por lo cual están peleando estatales y docentes en la Patagonia. Por el lado de los nombramientos, acordaron la designación de 300 nuevos profesionales, siendo que la Cicop reclamaba que se efectuaran 2.000 nombramientos. El señalamiento de que en agosto se rediscutiría la paritaria es una fórmula de compromiso para justificar el monto salarial establecido. Una lucha que daba para mucho más La dirección de la Cicop reconoció en los dos últimos congresos de la entidad que esta lucha era histórica, ya que por primera vez se había visibilizado nuestro reclamo, roto el cerrojo de los medios y logrado el apoyo de la población, luego de tres meses de paros y movilizaciones, con la incorporación masiva de los residentes, con acampes y carpas de Salud en las plazas. Nada eso se había modificado al momento del cierre de esta paritaria ruinosa. La burocracia de la Cicop, tributaria de las diversas facciones en las que se dividió la CTA, privilegió sus lazos con el espectro de los partidos patronales del centro-izquierda de la provincia de Buenos Aires, que votaron -junto al gobierno de Vidal- el presupuesto provincial de ajuste. Los paros, sin una decisión firme de transformarlos en una huelga por tiempo indefinido, llevaban a un desgaste a cuenta gotas. Escondieron la resolución del Congreso, que proponía un Congreso de delegados de base de la CTA para unificar la lucha de todos los estatales, propuesta por Tribuna de Salud y fue votada por unanimidad por todos los participantes. Por una nueva dirección Es significativo que la tercera parte de los hospitales rechazaran este acuerdo paritario, con los mismos argumentos que sostiene Tribuna de Salud e Independientes, que constituimos la Lista 2, “Profesionales en Lucha”. Que seamos la única lista que rechace junto a centenares de compañeros esta política nos impone redoblar nuestros esfuerzos para llegar a todos los profesionales de la provincia en estas elecciones, para poner en pie una alternativa sin compromisos con los ajustadores y sus cómplices, y pelear a fondo por nuestros históricos reclamos ,en un frente único con todos los estatales y todos los que luchen contra este ajuste, como hacen los trabajadores en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Mendoza.

Por tercera vez presentamos lista provincial para las elecciones en el gremio de profesionales de la salud, Cicop, integrada por Tribuna de Salud e independientes. Nuestra lista está encabezada por trabajadores: Sandra Salazar, médica y tenaz luchadora por la salud pública, Presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Mercante de José C. Paz, y por Ricardo Schiro, médico del Hospital Kilómetro 32 de González Catán. Las elecciones se desarrollarán durante los días 29 y 30 de junio y 1° de julio. La Lista 2 se presenta también en las asociaciones profesionales de los Hospitales Presidente Perón de Avellaneda y San Martín de La Plata.

Perú fue a las elecciones presidenciales en un cuadro de retroceso económico, como resultado de la caída del precio de los metales. Con la crisis capitalista como marco, el régimen de Ollanta Humala se hundió estrepitosamente. El candidato Pedro Pablo Kuczynski se imponía por una diferencia de décimas frente a Keiko Fujimori en el balotaje peruano. En la primera vuelta electoral Keiko había rozado el 40 por ciento de los votos y le había sacado casi veinte puntos de ventaja a su rival. Kuczynski tuvo una enorme remontada en las últimas semanas de campaña. En esto habrían influido varios factores: las movilizaciones contra el regreso del fujimorismo al poder (el martes previo a las elecciones se movilizaron decenas de miles de personas en Lima), las denuncias por lavado de dinero contra dirigentes del fujimorismo (y que presumiblemente la propia DEA haya filtrado a la prensa, dado que el imperialismo parece haber apostado por la candidatura de Kuczynski), y fundamentalmente, el apoyo explícito de los dirigentes del Frente Amplio a su candidatura. Perú fue a las elecciones presidenciales en un cuadro de retroceso económico, como resultado de la caída del precio de los metales. Con la crisis capitalista como marco, el régimen de Ollanta Humala se hundió estrepitosamente, a tal punto que debió retirar de la contienda electoral a su candidato, que no superaba el 1% de los votos en las encuestas. La episódica bonanza de los commodities nunca llegó a las masas peruanas: el 65% de la fuerza laboral se encuentra precarizada y en negro. Así las cosas, el ballotage enfrentó a dos figuras políticas derechistas. Siguiendo el camino emprendido por Humala, tanto Pedro Kuczynski (PPK) como Keiko defienden la Alianza del Pacífico. PPK, que pasó una semana de campaña en Estados Unidos, planteó toda una serie de beneficios impositivos para la burguesía con el pretexto de reactivar la economía. El equipo económico fujimorista planteó algunos matices, defendiendo cierto nivel de inversión pública. Pero la campaña no giró alrededor de programas económicos, dado que no existían diferencias de peso entre los candidatos. Se armó una polarización falsa donde Kuczynski se presentó como la encarnación de la ‘democracia’ frente a un potencial regreso de la corrupción y la dictadura fujimorista. Keiko intentó contrarrestarlo con cierta demagogia y un planteo de ‘mano dura’ frente a la inseguridad, que incluía la promesa de sacar las fuerzas armadas a la calle. El papel del Frente Amplio El Frente Amplio, liderado por Verónica Mendoza, que obtuvo el 18% de los votos en la primera vuelta, llamó a votar por Kuczynski, primero de manera vergonzante (“No a Keiko”), y luego de manera abierta. Aunque se estaba en presencia de dos candidatos neoliberales, consideró que debía optarse por el neoliberal ‘democrático’. La trampa no podría ser mayor: todo indica que Kuczynski intentará gobernar junto al fujimorismo. En su primer discurso pos-electoral, declaró que “vamos a conversar con todos. Vamos a tener un gobierno de consenso” (Página/12, 6/6). Uno de sus diputados fue más preciso: “no descartamos que técnicos del fujimorismo puedan trabajar en el gobierno de PPK” (ídem). Más aún: uno de los primeros actos ‘democráticos’ de PPK sería otorgar la prisión domiciliaria a Alberto Fujimori, como anticipó en un reportaje al diario madrileño El País (2/6). El ‘demócrata’ Kuczynski, cabe recordar, llamó a votar a la ‘autoritaria’ Keiko en las presidenciales de 2011. El aporte del FA ha sido fundamental para PPK, que no lograba hacer pie en las regiones del sur empobrecido que le dieron el primer lugar a Verónika Mendoza en la primera vuelta. Pero lo más grave de la decisión política del FA es que combatió abiertamente una tendencia a la independencia política, que -con todos los límites del caso- se expresaba en una intención de voto en blanco que trepaba al 12%, según Ipsos Perú (ídem, 23/5). “Hay un porcentaje significativo de indecisos y de gente que dice que votará en blanco, y buena parte de esos electores son votantes del FA” (Página/12, 31/5), reconoció Carlos Monge, intelectual ligado a la coalición centroizquierdista. Por eso mismo, Verónika Mendoza fue enfática: "Votar en blanco o nulo favorece a Keiko (…) sólo queda votar a PPK" (La Nación, 1/6). El que fue más lejos en esta orientación extorsiva es el Partido Comunista, que dedicó su último periódico a elogiar a Kuczynski y atacar cualquier atisbo de independencia política. “El voto blanco o viciado significa renunciar a los derechos laborales conquistados” (Unidad N 29, mayo-junio), escribió. La CGTP, central obrera nacional, dio su apoyo tácito a Kuczynski a cambio de un compromiso de papel de respeto del derecho a huelga. El PC-Patria Roja hizo una campaña similar a la de su par estalinista. El Frente Amplio ha tenido una prematura bancarrota política. Algunos sectores defendieron el voto en blanco, como el ex gobernador de Cajamarca, que en la primera vuelta cosechó un 4% de los votos como candidato de Democracia Directa. El nuevo escenario político peruano estará signado por un fuerte ataque contra las masas, comandado por cualquiera de las dos fracciones derechistas. De todos modos, ésta era la orientación que hundió políticamente a Humala. El desenlace electoral, por lo tanto, abre una nueva etapa de crisis y choques de fondo con las masas, como ocurre en el conjunto del continente.

El 14 de mayo de 1970, hace 46 años, los obreros de Fiat Concord ocuparon la planta con rehenes exigiendo la renuncia de la burocracia de la planta y el reconocimiento a una comisión provisoria electa. Luego de 48 horas de toma, en una planta rodeada por estudiantes, trabajadores y vecinos, obtuvieron la renuncia firmada de cada uno de los burócratas y el llamado a elecciones. El 3 de junio los trabajadores de Fiat Materfer hicieron lo mismo y obtuvieron su propia victoria. En dos semanas y por la vía de la acción directa la burocracia sindical fue barrida en dos de las concentraciones obreras más importante de Córdoba, conmovida un año antes por el Cordobazo. Toda historia se escribe desde el presente. ¿A qué viene rememorar el hecho? Cuarenta y seis años atrás, la recuperación de los sindicatos de las empresas Fiat fue una victoria política contra la dictadura, pero también contra el peronismo y la burocracia sindical. Es lo que explica el grito que dominó las calles de Córdoba el 29 de mayo de 1969: “y luche y luche, no deje de luchar, por un gobierno obrero, obrero y popular”. Perón, luego de abandonar sin lucha el gobierno ante el golpe militar de septiembre de 1955, apoyó a todos los gobiernos que se sucedieron: el pacto Perón-Frondizi, Onganía “soldado de la patria”. Al unísono, la burocracia sindical buscó integrar los sindicatos al Estado. El Cordobazo fue una movilización obrera revolucionaria que planteó la lucha contra la estatización sindical. Apoyándose en su larga experiencia, el movimiento obrero fue consciente de que sólo expulsando a la burocracia de los sindicatos podía convertir a éstos en verdaderas ciudadelas de combate. Decenas y decenas de comisiones internas y cuerpos de delegados fueron recuperados y los trabajadores comenzaron a seleccionar una nueva dirección. Se creó, de este modo, un campo fértil para el asentamiento en el seno del proletariado de corrientes que se reclamaban de la lucha de clases. Hoy, el movimiento obrero asiste a un nuevo despertar del clasismo y los problemas que enfrentó el activismo de aquella época merecen volver a ser analizados. El Congreso que no se debe olvidar Contra lo que quiso hacer creer el peronismo y la burocracia, el dominio absoluto y monolítico que mantenía el nacionalismo burgués sobre el movimiento obrero comenzó a quebrarse desde la Libertadora y, en particular, con el golpe militar de 1966 (Onganía) y el fracaso del paro burocrático del 1º de marzo de 1967, que dejó el terreno de lucha contra la dictadura en manos de activistas que se organizaron en forma independiente de la burocracia y el peronismo. Esta corriente se expresó en el Congreso de agosto de 1971, convocado por las direcciones de Sitrac y Sitram para constituir una tendencia nacional clasista. “Es una importante tarea de las organizaciones sindicales clasistas y revolucionarias luchar por la independencia gremial y contra cualquier injerencia estatal y patronal en los sindicatos, bregando por la derogación del actual régimen legal de asociaciones profesionales (ley 14.455 y decretos reglamentarios) y de toda legislación que interfiera y anule el derecho de huelga y acción gremial directa (leyes de conciliación y arbitraje…)”, planteaba el proyecto de declaración de los sindicatos clasistas1. En el Congreso se hizo presente la casi totalidad de las internas, cuerpos de delegados, “provisorias” y agrupaciones que estaban protagonizando una verdadera revolución dentro y fuera de los sindicatos. Esta asamblea histórica del movimiento obrero fracasó en sus objetivos, pero dejó como saldo la declaración presentada por los sindicatos clasistas, que es una defensa de principios sindicales revolucionarios, un rechazo a la colaboración de clases del sindicalismo peronista y una “notoria reanudación con los lazos históricos del marxismo (que) coloca los cimientos básicos sobre los cuales puede construirse, en el combate, la corriente sindical clasista”2, como planteó nuestro periódico. El planteo de los sindicatos clasistas, por su contenido y su método -convocatoria a un congreso para debatirlo-, constituyó una franca superación de todos los programas producidos desde el surgimiento del peronismo y, en particular, de todos aquellos que la izquierda reivindica como antecedentes validos de un “sindicalismo de liberación” -La Falda (1957), Huerta Grande (1962) y CGT de los Argentinos (1968). Todos ellos condenan la lucha nacional a la dirección de la burguesía nativa y plantean la integración de los sindicatos al Estado, razón por la cual fueron votados por los secretarios generales de la CGT de la época, es decir la burocracia sindical. En cambio, la Declaración de Sitrac y Sitram planteó el carácter “inseparable” de las luchas de la liberación nacional y social, llamó a enfrentar al imperialismo y a la burguesía nacional -“socia menor” dice el proyecto- a través de luchas “dirigidas por el proletariado y las incipientes organizaciones políticas revolucionarias independientes de la burguesía”. Al plantear que “los sindicatos y la CGT deben ser los organismos de la unidad proletaria en torno a sus intereses de clase” definió dos cuestiones decisivas referidas al sindicalismo revolucionario: el frente único de clase y el principio de la lucha de clases. Superó el planteo de los sindicatos paralelos -una posición que fuera enarbolada por estas direcciones durante el Viborazo- llamando a la recuperación de los sindicatos actuales y reales. El proyecto admitía que “el sindicato debía tomar determinadas posiciones políticas coincidentes con los intereses históricos del proletariado” aunque no se definía por la principal posición de un sindicato que se asume en este lugar: el gobierno de los trabajadores. Las corrientes sindicales impulsadas por el PO plantearon que el “gobierno de las organizaciones obreras” debía incorporarse a la declaración. Peronismo La declaración hace una concesión al peronismo, al caracterizar el 17 de octubre como “levantamiento histórico” sin explicar que se trató de una movilización de masas contra la oligarquía pro yanqui pero subordinada al nacionalismo burgués. Aún así es una reivindicación histórica del movimiento obrero incluso bajo el peronismo -“la gran huelga azucarera del ’49” no es pasada por alto. En una parte identifica “las variadas formas de violencia organizada de los oprimidos” con el desarrollo de la rebelión popular -una reivindicación atenuada de los grupos foquistas. El PO planteó una delimitación de este accionar, por cuanto la existencia de grupos pequeño burgueses armados no era una expresión de la radicalización obrera sino de su insuficiencia, de la crisis de dirección. De cualquier modo, en el contexto de todo el documento, los planteos foquistas eran realmente limitados. Quién votó En el Congreso las agrupaciones Vanguardia Obrera Mecánica, Vanguardia Metalúrgica y Trinchera Textil, agrupaciones orientadas por el PO, votaron su apoyo a la declaración presentada por las direcciones clasistas, como fundamento a la constitución de una tendencia clasista nacional. No lo hicieron los sectores peronistas asistentes al Congreso -Peronismo de Base-, no podría haberlo hecho la JP o el PC que, junto a los gremios independientes orientados por Tosco, no fueron y lo sabotearon. Tampoco las agrupaciones maoístas (VC y PCR), que retiraron su apoyo al documento de base, o el PRT-EC que planteó no ponerlo a la firma. Una política que los colocaba como rehenes de la izquierda peronista, una conducta que se repetiría en el plenario de Villa Constitución de abril del ’74. La conducta del PRT La Verdad (Moreno) esta relatado en su historia oficial: “la tendencia del Banco Nación (orientada por el PRT-LV, coincidiendo con Sitrac-Sitram supeditó la discusión política a la coordinación de medidas de organización y trabajo, para evitar la ruptura del plenario”3. Es decir tampoco la hizo suya. ¿Quiénes la votaron? Los representantes del PO. “A la luz de todas las polémicas pasadas, los que con mayor legitimidad podíamos votar por este documento eran los trotskistas: y lo votamos”2. Corría el año ’71 y estaba en marcha el Gran Acuerdo Nacional (GAN). Ante la crisis abierta con el Cordobazo, el gran capital apeló a su último recurso -el regreso de Perón y el peronismo- para derrotar a la clase obrera y recomponer su dominación. Esta política contó con la colaboración de los aparatos mayoritarios (JP y PC), correa de transmisión de “izquierda” de la burguesía en el seno de las masas. El no voto a la Declaración de Sitrac y Sitram estaba guiado por esta tendencia. Meses después los sindicatos clasistas eran disueltos por la dictadura militar, que actuó con la anuencia en pleno de la burocracia sindical y con las espaldas cubiertas por el GAN. 1. Publicado en Política Obrera Nº 96, 7/9/71. 2. Idem anterior. 3. Ernesto González: El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina, Tomo 4, Fundación Pluma, Buenos Aires, 2006.

El 27 de mayo se instauró como Día del Documentalista luego de años de trabajo y militancia de toda una nueva camada de documentalistas por recuperar y difundir la obra de Raymundo Gleyzer, cineasta militante que creó el grupo Cine de la Base, ligado al PRT. Al cumplirse 40 años de su secuestro todas las asociaciones de documentalistas organizamos un gran homenaje en el cine Gaumont, donde se proyectó la película “Los traidores” y se presentó el libro Compañero Raymundo, con la presencia de sus autoras Cynthia Sabat y Juana Sapire, su compañera de vida y militancia. La jornada también sirvió para presentar las reivindicaciones del sector documental, que ya fueron planteadas ante la nueva gestión del Instituto de Cine (INCAA). Los traidores Las más de 1.000 personas que concurrieron al homenaje desbordaron la capacidad de la sala principal del cine y se emocionaron con las palabras de Juana, que recordó la lucha y militancia de Raymundo. Se proyectó por primera vez la copia restaurada de “Los traidores” (1973) y el comentario generalizado a la salida fue sobre la impactante actualidad de esta ficción que retrata el papel de la burocracia sindical. La corrupción, sus métodos de patota y los argumentos contra cualquier intento de organización independiente que ponga en riesgo sus intereses son muy similares (aunque su nivel de descomposición y acumulación de riqueza fue en aumento) a los que enfrenta hoy el movimiento obrero. La proyección de esta película en el seno de sindicatos y organizaciones clasistas puede servir para desarrollar el debate crucial respecto de la superación de la burocracia y del peronismo. El resto de la obra restaurada de Raymundo y el grupo Cine de la Base se va a proyectar del 9 al 15 de junio, a las 19 horas en el Gaumont. El lunes 13, vuelve a proyectarse “Los traidores” con la presencia de Juana Sapire. En defensa del cine documental Si bien la masividad de la jornada y su importante repercusión parecen haber disuadido al macrismo de atacar la vía de fomento por la que se vienen produciendo un promedio de 60 películas documentales al año, todavía hay un punto sobre el que hay que prestar atención. Con un argumento administrativo y legalista el presidente del INCAA, Alejandro Cacetta, pone en duda la posibilidad de que los comités que deciden a qué proyectos se otorgan los subsidios sigan funcionando como hasta ahora. Los jurados que conforman cada comité son elegidos por cada una de las asociaciones de documentalistas. Esta independencia conquistada con la lucha, y contra los intentos de regimentación del kirchnerismo, fue clave en estos diez años para posibilitar la producción de expresiones independientes o críticas del Estado y del orden social vigente. Retomar por parte del INCAA el nombramiento de estos comités sería la manera de aplicar un ajuste a partir de la aprobación de una menor cantidad de proyectos que en la actualidad y de intentar un control ideológico sobre la producción. La aplicación del ajuste por la vía administrativa es algo que ya está ocurriendo en el cine de ficción, con el atraso en el pago de los subsidios y el nombramiento de nuevos comités que definen la asignación de recursos para próximas películas. Las asociaciones de documentalistas tenemos que aprovechar el éxito de la jornada del 27 de mayo y la retrospectiva de la obra de Raymundo para seguir difundiendo nuestras reivindicaciones, poniendo especial énfasis en la cuestión de la independencia de los jurados, y para plantear un aumento de emergencia en estos recursos.

Como lo ha pintado un periodista de un medio brasileño, “la luna de miel” de Temer fue la de “un motel” -no duró más que un día. El gobierno interino carga, en apenas 20 días de gestión, con tres renuncias de ministros y colaboradores de primer nivel, salpicados por actos de corrupción, escuchas y revelaciones que los comprometían seriamente. Esto potencia aún más la precariedad política del gobierno, el cual subió sobre bases extremadamente endebles. A caballo de esto, aumentan los recelos de la clase capitalista sobre los recursos con los que cuenta Temer para manejar el timón del país. El mes de mayo se registró una de las caídas más pronunciadas de la bolsa en la última década. Aunque su gabinete, conformado por hombres representativos del establishment, despertó el entusiasmo en los círculos empresariales, no fue suficiente para disipar la incertidumbre en el campo político, respecto de la capacidad del actual mandatario de pilotear la crisis y llevar adelante el ajuste que reclama el capital. La burguesía le viene marcando en esa dirección, pero el gobierno está vacilando a la hora de llevarlo a la práctica. El ministro de Hacienda acaba de anunciar que no sufrirían recortes las partidas en educación y salud, lo que ha profundizado el malestar en sectores del establishment. El reclamo de un ajuste coexiste, asimismo, con choques y divisiones cruciales al interior de la burguesía. El giro pronorteamericano que fogonea Temer amenaza los negocios sojeros y del capital agrario, cuya producción tiene como destino principal a China. La incursión de corporaciones norteamericanas puede beneficiar a un sector de la burguesía industrial que se asocie a ese desembarco, pero introduce al mismo tiempo una competencia ruinosa para enormes sectores de ella. Crisis por “arriba” y por “abajo” Lo cierto es que en forma proporcional al empantanamiento del gobierno, va creciendo la posibilidad de elecciones adelantadas, una salida que podría ser dictada por el propio desarrollo de la crisis. Por lo pronto, Temer está perdiendo aliados a la hora de votar la destitución de Dilma Rousseff en el juicio político. A la deserción ya protagonizada por el ex futbolista Romario podrían sumarse otras, poniendo en peligro el propósito de imponer el alejamiento definitivo de la ex presidenta. En caso de que Rousseff fuera repuesta en el cargo, la idea que se estaría abriendo paso en el PT es la de convocar a un plebiscito para habilitar el llamado a comicios en forma anticipada. Entre tanto, y esto es lo más importante, la crisis por arriba está dejando su marca en el ánimo popular. De acuerdo con una reconocida columnista del diario Estado de São Paulo, “nada de lo ocurre ahora puede conformar a ‘las calles’. La población se rebeló “contra la corrupción y ahora percibe que el Congreso sólo votó el juicio político para “evitar el avance del Lava Jato” (Clarín, 27/5). Los “millones que hicieron manifestaciones por el impeachment hoy se recogen en la tranquilidad del hogar, sin ningún ánimo para dar soporte a la interinidad de Temer, los anti juicio político han continuado las manifestaciones y comienzan a atraer sectores de la clase media opuestos al PT” (ídem). En este cuadro, las elecciones anticipadas serían un expediente de apuro para encauzar el disconformismo popular, sacar la protesta de las calles y someterla a una polarización política ficticia dominada por los bloques patronales. La transición política que vive Brasil abre una oportunidad política. Para derrotar el ajuste y a los golpistas, el punto de partida es desembarazarse de cualquier atadura con el PT. Lula y los suyos prometen una resistencia que no llevaron adelante cuando fueron gobierno. Se trata de una impostura: Dilma no cayó resistiendo al capital sino pactando con él. El PT no tiene un programa alternativo al de los ajustadores Temer y Cunha. La clase obrera debe emerger como factor independiente en la crisis. En estas circunstancias, cobra mayor relevancia la convocatoria a un congreso de delegados de base de las centrales obreras, organizaciones y tendencias del movimiento obrero para enfrentar al ajuste y discutir una salida obrera frente a la crisis nacional. Los sindicatos combativos -empezando por Conlutas- y la izquierda deben ponerse a la cabeza de esta iniciativa.