Prensa Obrera N° 1412

Los 30 mil trabajadores del Estado, de 20 gremios de la CGT y la CTA, que se encolumnaron el 19 de mayo sobre la legislatura bonaerense marcan una nueva etapa en la lucha contra el ajuste de Vidal. Las paritarias a la baja, las medidas antiobreras para habilitar despidos y apretar a huelguistas, los descuentos salariales, han puesto a los trabajadores del estado bonaerense en pie de guerra. La emergencia precarizadora es un punto más en esta pelea, que ha servido para concentrar la fuerza de los trabajadores en expresar el rechazo a todo el ajuste. La emergencia permite crear un plantel de trabajo precarizado que esté estrictamente por fuera de la legislación laboral de la provincia (ley 10430). También plantea la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, acelera plazos de licitaciones, permite saltearse organismos de control y pagar sueldos a asesores ministeriales que esté por encima de todas las categorías salariales de la provincia. La orientación es clara: entrelazar el Estado más profundamente con negocios privados. Una legislatura sitiada La votación de la emergencia se realizó con vallas y carros de asalto rodeando un radio extenso alrededor de la Legislatura para intentar impedir que se acerquen los trabajadores. Pero las condiciones para hacer votar esta ley adentro también fueron de montar un estado de excepción. Se ha violado cualquier pretensión de debate democrático en la Legislatura. La ley no pasó por ninguna comisión, como sucedió con el presupuesto y las emergencias de infraestructura y seguridad. Pero esta vez se fue más lejos. Por una moción de Cambiemos, concedida por el Presidente de la cámara, Jorge Sarghini del Frente Renovador, se fue a la votación sin debate, impidiendo que los distintos bloques nos pronunciemos sobre la ley. Un verdadero estado de sitio en la cámara, donde el bloque Cambiemos-FAP-FR se vale de una mayoría para no permitir siquiera el debate. Massa y Stolbizer, copilotos del ajuste de Vidal El rol de las bancadas de Massa y Stolbizer ha sido de un verdadero cogobierno con el plan de ajuste del PRO, con el discurso de dar a Vidal las “herramientas” que solicita por la crisis provincial. Un absurdo, como si se pudieran superar los 17 mil precarizados en el Estado que dejó Scioli por la vía de una nueva legislación que esconda más todavía las responsabilidades del Estado como empleador. Muy por el contrario, los gremios estatales denuncian que el gobierno de Vidal ha cajoneado los pases a plantas pautados, como los de 5000 enfermeros que revistan como becarios. Los integrantes legislativos de este cogobierno tendrán que responder políticamente por este plan de ajuste y ataque a las condiciones laborales. Congreso de Base y Plan de lucha La irrupción masiva de los trabajadores fue un enorme contraste con el escándalo en el que terminó la sesión legislativa. La derrota de este ajuste en curso depende de como se continúa esta pelea. No puede haber expectativa en los bloques divididos del PJ-FPV que han apoyado todas las medidas de ajuste y precarización hasta diciembre, y lo siguen haciendo en sus municipios y provincias o en la propia Legislatura, votando el presupuesto de Vidal. El problema es un plan de lucha discutido por el conjunto de los trabajadores, que arranque con un paro general provincial único. Mientras cada gremio ha discutido su paritaria por separado, Vidal ha tenido la posibilidad de ir tirando, aún con retrocesos. La fuerza de esta marcha muestra la fuerza de la que disponemos si golpeamos juntos. Buenos Aires puede entrar, como Santa Cruz, Tierra del Fuego o Comodoro Rivadavia, en el camino de las grandes luchas en curso para quebrar la ofensiva contra los trabajadores. -Por un congreso de delegados de base de todos los sindicatos de la provincia que vote un paro general y un plan de lucha progresivo -Basta de despidos. Pase a planta de todos los precarizados del Estado -Reapertura de paritarias. Ningún trabajador por debajo de la canasta familiar -Triplicación de los presupuestos de salud y educación -Implementación inmediata y sin restricciones del boleto educativo gratuito

En el marco de la campaña por la libertad para Belén, se realizó el jueves 19 de mayo, en el anexo de la Cámara de Diputados, una audiencia convocada por la diputada nacional por Mendoza, Soledad Sosa, de la bancada del Partido Obrero en el FIT. Belén es el nombre con el que se preserva la identidad de la joven tucumana que lleva dos años presa, acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía luego de que asistiera con un aborto en curso al Hospital de Clínicas Avellaneda, de la Ciudad de Tucumán, embarazo del que ella no tenía conocimiento y que fue certificado como aborto espontáneo por el médico que la atendió en primera instancia. Después de un proceso en el que, como señalara en la audiencia la abogada Claudia Ferrero de Apel (Asociación de Profesionales En Lucha), hubo una vulneración de derechos y desamparo legal, fue condenada a 8 años de prisión sin prueba fehaciente de lo que se le imputa. En la audiencia, sindicatos, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, la Campaña Nacional por el Aborto Legal y estudiantes, alzaron su voz contra esta injusticia y comprometieron acciones para lograr su inmediata liberación y posterior absolución. Soledad Deza, abogada perteneciente a la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, reciente defensora de Belén, señaló que “hoy hay presas por abortar y Belén es una de ellas (…) el Estado tiene que saldar su deuda con las mujeres poniendo en discusión y tratando el proyecto por el aborto legal”. Sostuvo, además, que “queremos que Belén espere la condena en libertad, como lo hicieron por ejemplo, los tratantes de Marita Verón”. La diputada por el FPV de Corrientes, Araceli Ferreira, dijo que “este caso es una tragedia y genera indignación”. Además -advirtió la legisladora- sirve como escarnio social para las mujeres jóvenes y pobres y muestra que “hay una justicia sexista,clasista y patriarcal”. Dijo también que “hay que denunciar a los profesionales de la salud que incumplieron sus obligaciones médicas”, saltándose quizá, con este señalamiento, el dato de que entre esos profesionales y la víctima hay un sistema que avala ese accionar y que debe asumir la responsabilidad de que un médico actúe contra derecho. Ese sistema es dirigido y orientado, en este caso, por el FpV. La diputada concluyó diciendo que “el caso de Belén es el que nos tiene que hacer decir ¡ya basta! Proponemos mandar una delegación en conjunto para acompañar la causa y nos sumamos a las iniciativas que surjan”. Las representantes de la Campaña Nacional por el Aborto, Olga Cristiano y Alicia Schejter, por su parte, dijeron que “este es un caso con defasajes e incoherencias judiciales. Es una conspiración jurídica de ataque hacia las mujeres. Esto demuestra la necesidad de que exista una ley de aborto. Está demostrado en los países donde está legalizado que disminuye la tasa de aborto. Ya no quedan argumentos para no tratar este tema”. El secretario General de Adiunt, combativo gremio de los docentes universitarios de Tucumán, Ariel Osatinsky, que se encontraba en Buenos Aires en el marco de la reunión de delegados de Conadu Histórica, también se hizo presente y manifestó el apoyo de dicho gremio a esta campaña. También se sumaron a las voces de repudio a la condena y los malos tratos sufridos por Belén: Ileana Celotto, secretaria General de AGD UBA; Cecilia Bari, secretaria General de Atrana (Radio Nacional); Ana Laura Torna, secretaria de Mujeres y Géneros del Sipreba (prensa); Liliana Kunis, secretaria de Mujeres y Géneros del Suteba Matanza; Valentina Viglieca, delegada de ATE Cultura; Laura Marrone de Izquierda Socialista; Ale Almada por la FUBA y Silvia Martínez, periodista, quienes también coincidieron en la voluntad de llevar adelante un trabajo de conjunto para terminar con esta injusticia que no sólo afecta la vida de Belén, sino que es también un “disciplinador contra la lucha por el aborto legal”, como expresó el diputado Pablo López, del Partido Obrero de Salta. Expresaron su adhesion, lamentando no poder hacerse presentes por compromisos previos, Elia Espen y Nora Cortiñas, integrantes de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel -activista defensor de los Derechos Humanos y presidente del SERPAJ y CPM; Juan José Campanella, director de cine; Vanina Kosteki; Carlos Cabra y Pecho Anzoátegui de Las Manos de Filippi y Stella Maris Manzano, médica que promovió la demanda que terminó con el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia sobre aborto no punible, entre otros. En el cierre, la diputada Soledad Sosa hizo un raconto de las distintas iniciativas que surgieron e invitó a continuar la lucha contra esta injusticia, por el aborto legal seguro y gratuito e instó a participar del #NiUnaMenos como parte de la política de la defensa integral de los derechos de las mujeres. Lea también: “Nuevo atropello: Belén continuará con prisión preventiva”

La Cámara Penal que condenó sin pruebas a Belén denegó el cese de su prisión preventiva. Belén lleva dos años presa, acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía luego de que asistiera con un aborto en curso al Hospital de Clínicas Avellaneda, en Tucumán. Fue condenada a 8 años de prisión sin prueba fehaciente de lo que se le imputa (ver “Exitosa audiencia por la libertad para Belén” ). La denegación del cese de la prisión preventiva no sorprende ya que dos de los jueces que la integran habían hecho declaraciones públicas defendiendo la sentencia y presentando a Belén como una asesina. También hicieron colgar el fallo con el verdadero nombre de Belén en la página del poder judicial, atropello que fue denunciado por su abogada, logrando que lo retiren. El ensañamiento contra Belén se muestra una vez más en los fundamentos de la negación de libertad. La cámara sostiene que hay peligro de fuga porque sus padres son propietarios de una pequeña casa en una barriada, y que por lo tanto ella no sería tan pobre y tendría medios para escapar. Muy lejos de esta condición, en cambio, los padres de Belén son trabajadores precarios, empleada doméstica y herrero, y con mucho sacrificio accedieron a tener su vivienda. Soledad Deza, su abogada, apelará obviamente esta decisión. Como parte de la campaña este 27 de mayo, en el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, desde la Mesa por #LibertadParaBelen se convoca a una marcha a las 18 hs que partirá de Tribunales a Plaza Independencia. También el 3 de junio se levantará la bandera de Belén. Desde el Plenario de Trabajadoras vamos a realizar distintas charlas y actividades en las facultades y barrios para lograr una gran movilización este 27 de mayo.

La reunión que fijó los nuevos valores del salario mínimo y del seguro al desempleo duró menos de una hora. Fue la escenificación de un acuerdo con la burocracia sindical. El acta establece un salario mínimo a partir del 1º de junio, a cobrar en julio, de $ 6.810, luego de un salto inflacionario que sólo en ocho meses (datos del Banco Central), se llevó el 10% de la capacidad de compra del salario. Ese monto es casi exactamente un tercio de la canasta familiar vigente en marzo –$ 20.380, según la encuesta de la Universidad Nacional de Rosario. A ella hay que agregar el voluminoso abril de un 7% de inflación y mayo que no bajará de un 3%. Los diarios han informado casi sin excepción en la línea que trazó el gobierno, haciendo hincapié en los $8.060 que serán percibidos en febrero del año que viene, un acto inescrupuloso. La información, sesgada, pone el acento en el 30% acumulativo en términos anuales, una turrada desde el momento que no considera el costo real de la canasta familiar y ni siquiera una actualización rigurosa de lo perdido desde la anterior convocatoria al Consejo y que ningún economista hace bajar del 40%. Este saldo ignominioso del Consejo del Salario Mínimo explica el virtual festejo de las centrales empresarias – “es un buen acuerdo, porque para el sector empresario no es una cosa grave”, dijo el titular de la Cámara de Medianas Empresas (CAME), hablando como vocero del resto. Agudamente, Daniel Funes de Rioja, de la UIA y de la Cámara de la Alimentación colocó a la convocatoria del Consejo como parte de la agenda auspiciosa de “sinceramiento de la economía” que incluye la baja de “los salarios más altos de la región”, un pensamiento de todas las cúpulas empresarias. La brecha entre el salario mínimo, vital y móvil y la canasta familiar es la más alta de toda la secuencia posterior al salario mínimo de 200 pesos dólares fijado por Menem. Esta tendencia al hundimiento del salario mínimo en términos reales comenzó con el kirchnerismo, en caída libre sus últimos cinco años. La maniobra de compararlo con los ‘90 es una manipulación: la única comparación legítima es con la canasta familiar que es el origen del concepto de mínimo, vital y móvil. El acuerdo del Consejo del Salario es parte de la tregua que estableció la burocracia sindical, que no parece alterarse siquiera con el veto a la ley de prohibición de despidos. El Consejo aumentó también el seguro de desempleo a una escala que irá de $1875 a $3000. El punto de partida es la absurda cifra de $400 mensuales congelada desde hace diez años y que suponía su virtual desaparición. Una actualización por inflación haría que el valor actual debiera rondar los $ 5.000. ¿Pero cuál es el concepto? El seguro al desempleo es arrancado por los trabajadores europeos al fin de la Segunda Guerra Mundial y como instrumento para impedir que los capitalistas utilicen la desocupación para imponer el descenso del salario real. Por eso debería estar en línea con lo que cobraba un trabajador ocupado. El aumento del seguro de desempleo tiene como contrapartida la completa “libertad de despedir”, marcada por el gobierno con el reciente veto. Omar Maturano, de La Fraternidad, reconoció la entregada, dijo que querían “alcanzar (el costo de) la canasta básica, de $14.800, pero llegamos a $ 8000 y es un avance. No es fácil consensuar”. El pez por la boca muere. La burocracia también abandonó el reclamo por la actualización del mínimo en el Impuesto a las Ganancias y el tema quedó para la discusión en “comisión”, acompañando así el planteo del gobierno Cambiemos de que cualquier modificación quede postergada para el año próximo. Los temas del ausentismo y los descuentos salariales por huelga, planteados por el gobierno, no formaron parte del “acuerdo” pero han pasado a ser parte de la agenda de las comisiones que se reunirán el mes próximo. El presidente pudo incluso balbucear un discurso hablando de la batalla de la “productividad” (obrera), “la estrella polar de la que hablaba el general”. Este salario mínimo es la muestra de lo que pretende el gobierno y acompaña la “unidad” de las centrales sindicales: una nueva reforma laboral con el “empleo joven” a salario mínimo a la orden del día.

La reforma electoral que impulsa el macrismo refuerza las características proscriptivas que tiene la ley vigente, votada durante la administración kirchnerista. Sucede que mientras el gobierno promete que el voto electrónico y la boleta única serán un golpe al control de la elección por parte del aparato de punteros, el proyecto elaborado termina beneficiando a éstos al mantener la obligatoriedad de los partidos y/o alianzas de elegir sus candidatos en elecciones internas, pero con voto optativo y no obligatorio. Así, al reducirse el universo de votantes el peso relativo de los votos movilizados por los punteros crece significativamente. Y con ello la capacidad de imponer sus candidatos. El proyecto no sólo contiene la contradicción flagrante de establecer que las PASO son obligatorias para los partidos o alianzas y optativas para el electorado. Esta modificación transformaría el requisito de superar el piso del 1.5%, en más proscriptivo. Esto, porque el porcentaje de cada lista dependerá de un total de votantes condicionado por las características que tengan el resto de las competencias internas. Por ejemplo, si un partido y/o alianza decide ir con una única lista a las PASO seguramente, dado el carácter no obligatorio del voto, movilizará menos a su electorado. Pero si otra fuerza si recurre a las PASO con varias listas tendrá mayor cantidad de votantes. Al final, el porcentaje de votos de cada partido y/o alianza no se relaciona con el electorado en general sino con las internas de otros partidos. Las PASO fueron introducidas como una vía para superar la atomización política de los partidos tradicionales, mediante un reforzamiento de la intervención del Estado. El balance indica que ha fracasado. El kirchnerismo que impulsó la ley nunca recurrió a ella para resolver sus principales candidaturas presidenciales. La excepción fue la provincia de Buenos Aires, donde no pudo eludir las denuncias de fraude a favor de Aníbal Fernández. La modificación actual podría estar al servicio de que el macrismo intente dispersar al PJ, buscando que se presente en varias listas. Sea así o no, estamos en presencia de un nuevo intento de los gobiernos de turno de manipular el proceso electoral a su favor. El PO plantea la eliminación de las PASO y de todas las cláusulas proscriptivas. Rechazamos la intervención del Estado y reclamamos la libertad para que los partidos políticos elijan sus candidatos según su programa y estrategia. En nuestro caso, como partido que defiende la causa del socialismo, elegimos nuestros candidatos mediante la deliberación y decisión democrática de nuestros militantes.

Tras 22 días de paro, clases públicas, carpas, cortes y movilizaciones, el movimiento de los docentes universitarios arrancó al gobierno un acta que rompe el techo salarial que pretendía imponer Macri, primero de un 15% y luego entre un 20 y 25%, para llegar punta a punta al 34/35% (según el cargo) y con una garantía salarial inicial recuperada que salta para los cargos más bajos y con mínimo de horas de $2400 a $3900 (62,5%). A pesar de que el aumento global conseguido está por debajo de la inflación y los tarifazos del Gobierno, y de cobrarse en cuotas -dos temas que golpean a la mayoría del movimiento obrero- el acta firmada contempla conquistas que fortalecerán el movimiento y la lucha por venir. El logro político más importante es que quebramos la paritaria de 16 meses que le había firmado hace 3 años la burocracia kirchnerista al gobierno K, y que aisló desde entonces a la lucha universitaria. La paritaria a 10 meses (finaliza el 28 de febrero, con inicio en mayo, cuando vencía en junio) no sólo es una conquista en cuanto a lo salarial, sino que políticamente reforzará el año próximo la lucha de toda la docencia. Otro logro es la cláusula de revisión del acta, con una reunión ya pactada para fines de septiembre en la que se analizará la evolución de la inflación y la necesidad o no de incorporar nuevos valores al presente acuerdo, lo que abre en los hechos la pelea salarial de cara el próximo cuatrimestre. Es necesario destacar que el aumento es integralmente en blanco, a diferencia de todos los gremios estatales, y será de más del 50% para las categorías más bajas sin antigüedad, incluyendo adicionales por título y por escala salarial. La firma del acta por la Conadu Histórica es el resultado de consultas, plenarios, congresos y asambleas que, mayoritariamente, acordaron la firma aún marcando sus insuficiencias en la pauta salarial. Esto importa y mucho ante la burocracia de la Conadu Yasky y su pretensión de arrogarse una lucha y las conquistas parciales de un plan de lucha del que participaron parcialmente y a la rastra. El plan de lucha que arrancó en un cuadro de defección de las 5 centrales sindicales, desplegó la mayor movilización de la década, para ser exactos desde la gran huelga general de 2005. Incluyendo la gigantesca marcha a Plaza de Mayo, iniciativa de la Naranja, que no sólo tuvo que enfrentar a las burocracias sindicales que la acotaron al Ministerio de Educación, sino a sus aliados como Patria Grande, que se negó como copresidencia de la Fuba a sacar un afiche junto a la AGD para convocarla. La firma de las burocracias sin previa consulta a sus bases fue el punto que permitió al gobierno cerrar una propuesta que aún estaba en debate. Lejos de la mentada "unidad anti Macri", los movió la prisa por rapiñar la extorsiva cuota sindical. A pesar de la burocracia, el acuerdo rompe el techo impuesto por el gobierno y es producto de la movilización y el plan de lucha. La paritaria, lejos de cerrar la lucha, es un punto de reagrupamiento luego de una extensa y ardua batalla que fue el triunfo político de un método y una orientación, sentando las bases para batallas venideras. Los intentos por responsabilizar a la huelga docente universitaria de no romper la entrega de las centrales sindicales (salario en cuotas, impuesto a las ganancias) sólo pueden leerse como provocaciones a un movimiento que dio todo lo que podía dar en un contexto de entrega por parte de todas las burocracias sindicales. El congreso de la Conadu Histórica ya votó la iniciativa de la Naranja de organizar antes del cierre del cuatrimestre una gran marcha nacional a Plaza de Mayo por la lucha por el presupuesto y el boleto universitario. Con el método de la huelga piquetera, los docentes universitarios aportamos a la tendencia creciente que existe entre los trabajadores a enfrentar los planes de ajuste. La nueva dirección de Conaduh estuvo a la altura del movimiento.

Al cabo de 27 meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal N° 6 dictó la primera condena por las muertes provocadas en los alrededores de la Plaza de Mayo por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Fueron juzgados cuatro homicidios, dos tentativas y las lesiones provocadas a otras 117 personas. Transcurridos 15 años de los hechos, las penas dictadas resultan irrisorias. Por otra parte, el ex presidente Fernando de la Rúa, máximo responsable de la represión, ni siquiera pasó por el banquillo de los acusados. Los jueces condenaron al ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, a penas de cuatro años y nueve meses de cárcel más nueve años de inhabilitación y cuatro años de prisión, respectivamente, por hallarlos culpables de los “homicidios culposos” de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón, tres de los cuatro homicidios que llegaron a la instancia de juicio oral. Otros policías, de distinta jerarquía, recibieron penas similares. De los 17 acusados, seis fueron absueltos y dos sobreseídos. Mathov fue el único funcionario que llegó al juicio oral y fue condenado. De la Rúa había sido sobreseído mucho tiempo antes, mientras que el ex ministro del Interior, Ramón Mestre, también imputado, falleció en 2003. El monto de las penas se encuentra en sintonía con lo solicitado por la fiscalía y por la querella representada por el Cels. Para todos ellos, Mathov y los funcionarios policiales fueron responsables de haber ordenado la represión que luego “no controlaron”. La realidad es que durante la rebelión popular del 19 y 20, en los alrededores de la Plaza de Mayo actuaron verdaderos escuadrones de la muerte. Los choques con los manifestantes comenzaron en la noche del 19, ya declarado el Estado de Sitio, y continuaron el 20 desde temprano, cuando la caballería embistió contra la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. El gobierno actuó a sangre y fuego para impedir que una multitud llegara a la Plaza. La feroz represión fue una decisión política deliberada, el último manotazo del gobierno de la Alianza para permanecer en el poder, y tuvo alcance nacional: 38 muertos en todo el país. El gobierno de la Alianza debutó matando a dos compañeros en el puente de Corrientes-Resistencia. Se fue como llegó. La impunidad de De la Rúa –como la de Duhalde por la masacre de Avellaneda- son cuestiones de Estado, porque para este régimen, por norma, la represión es una decisión política no judiciable. Sobre todo, cuando se trata de una rebelión popular. Los ex funcionarios del gobierno de De la Rúa se repartieron casi por mitades entre el kirchnerismo y el macrismo y no pocos pivotearon entre ambos frentes políticos. A 15 años del Argentinazo, la masacre sigue impune.

Convocados por la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de YPF, el 16 de mayo pasado decenas de compañeros ypefianos nos concentramos frente al Ministerio de Economía para exigir el pago ya de la ley de resarcimiento. El gobierno dice que están pagando las indemnizaciones pero, si lo hacen, es a cuenta gotas. Están impidiendo los pagos -incumpliendo la ley- por la vía de no destinar recursos para procesar los trámites. Mientras tanto, cumple a rajatablas con los subsidios a las petroleras que despiden a los trabajadores actuales. Desde hace meses, reiteradas notas firmadas por diputados nacionales del Frente de Izquierda y de otros bloques parlamentarios pidiendo una entrevista con el ministro Prat Gay permanecen sin respuesta. El propósito de los pedidos de reunión es plantearle el reclamo por la demora en el pago de las indemnizaciones, que el Estado se haga cargo de los gastos legales (sucesión y otros, que pretende hacer pagar a los cesanteados y sus familias), y que se dé una solución a la situación que viven los compañeros que, en el interior, no tienen cómo seguir sus trámites. Por eso, la última asamblea de la Coordinadora votó concurrir al Ministerio a exigir una respuesta. En la esquina del Ministerio fuimos recibidos por la policía -un clásico de nuestras concentraciones en Plaza de Mayo- que pretendía impedir que desplegáramos nuestros carteles y pancartas, pero la firme actitud que mostramos los hizo retroceder. Reclamamos por las notas sin respuesta presentadas en la Mesa de Entradas, pero "no encontraron" rastro de ellas. Volvimos a informar a los compañeros y se resolvió marchar a Balcarce 86, donde se hicieron las presentaciones. Pedimos ser atendidos y nos recibió la directora de Atención al Público y Seguimiento Parlamentario. El ingreso de los compañeros con sus pancartas les refrescó la memoria: la funcionaria nos mostró una hoja de seguimiento interno que detalla el recorrido del último pedido de entrevista, que entró el 13 de mayo en Consolidación de Deuda, la oficina donde están parados la mayoría de los trámites de ypefianos. Nos repitió el gastado guión de que hay que analizar cuidadosamente cada caso para tramitarlo, y de allí las demoras. Los compañeros le recordaron que iniciaron su reclamo administrativo durante la gestión del anterior ministro Kicillof, a quien también se le solicitó una reunión jamás concedida. Los ypefianos le dijeron a la funcionaria que reclaman el pago inmediato, ya que el ajuste y la inflación están destruyendo el valor y el sentido del resarcimiento. A la salida se realizó una breve asamblea, en que los compañeros reunidos acordaron concurrir a la audiencia pública que convocan los diputados del bloque Partido Obrero-FIT el lunes 6 de junio, a las 17 horas, en el Congreso y trabajar por ella. En esa audiencia se tratará el proyecto de ley de jubilación y reincorporación para los cesantes de YPF y los reclamos de propiedad participada del conjunto de las empresas estatales privatizadas que se encuentran pendientes. La Coordinadora se encuentra de pie y en lucha. Es la instancia de organización para los ex trabajadores de YPF que se reúna y actúa. Todos los ypefianos tenemos que impulsar las convocatorias y acciones de nuestra Coordinadora, por el pago inmediato y la ley jubilatoria.

La situación de los trabajadores de Milei (metalúrgica) es desesperante: están resistiendo el cierre inminente de la empresa desde hace más de una semana. Cabe destacar que no es la primera vez que la fábrica cierra sus puertas: es una maniobra habitual, repetida cada poco menos de una década para, cuando merma la producción, echar al “excedente” de empleados, sin indemnización. En el último tiempo, el ataque de la patronal a los obreros se ha profundizado: les quitaron el transporte (obligatorio para la empresa por estar en zona rural), hace años que no cobran insalubridad, la empresa no paga las cargas sociales de ninguno de los empleados hace años aunque sí las descuentan del sueldo, redujeron jornada laboral a la mitad y con ella el sueldo (actualmente $3500/mes y adeudado), para “evitar despidos”; aun así se redujo la planta de 120 empleados a 30, sin indemnización por medio. Los trabajadores han fabricado para esta empresa piletas petroleras cuyo precio ronda los 66.000 dólares, a un ritmo de cinco por semana, vendidas a pulpos como Halliburton y también YPF; mientras que para sostener esta producción han llegado a trabajar ¡hasta 16hs de corrido! -15pm a 7am-. La patronal que vino acumulando superganancias, se deshace de trabajadores y no paga las quincenas en nombre de “la crisis”.. Reclamando lo adeudado y contra los despidos, los obreros se han movilizado al Ministerio de trabajo. Reproducimos una entrevista que hicimos al delegado junto a otro obrero de la fábrica: Corresponsal: ¿En qué consiste el conflicto? Delegado: Mirá, hace dos meses y pico estamos con reducción horaria. Ilegal, estuvimos suspendidos ilegalmente. Y ahora tenemos problemas con el cobro, vienen pagando a cuentagotas. Hoy tendría que aparecer la quincena con el retroactivo, el dueño ya nos dijo que “no va a aparecer”. Nos cortaron la obra social, nos hace las retenciones a nosotros pero no las aporta. Se queda con los embargos por alimento, embargo a diferentes negocios (Pardo, Naldo Lombardi). El dueño dice que tiene la obligación de hacer la retención como empresa, como nosotros le dijimos que él tiene también la obligación de aportarlos, cosa que no hace. Los perjudicados somos nosotros. C: ¿Del ministerio de trabajo qué respuesta recibieron? D: Ninguna. Están hechas las denuncias, pero calculamos que tendrían que venir a hacer alguna inspección o algo. No es la primera vez que pasa algo como esto, han venido antes; pero en este conflicto, hasta ahora, no vinieron y no nos dicen nada. Nos explican que lo único que pueden hacer ellos es multarlos, que no hay otra cosa. Que hagamos todos los reclamos que sean, pero que más de ahí no pasa. C: ¿La empresa está siendo vaciada? ¿Tienen conocimiento de ello? D: De a poquito se va vaciando, sí. Ahora están vendiendo los grupos electrógenos y un par de cosas más, una grúa... de a poquito van vendiendo. Y lo poquito que habíamos producido también está saliendo, lo que está terminando va saliendo y no va entrando nada. C: ¿Cómo sigue esto? D: Lo único que queremos nosotros es que nos paguen en fecha, las 8hs otra vez y la obra social; como para entrar y trabajar. Queremos que siga habiendo trabajo. Chapu: No tenemos seguro, no tenemos elementos de seguridad hace ya un año. Los compañeros tienen toda la mano rota y trabajan igual, pero no nos pagan ni los guantes. Hemos puesto todo, hemos producido para la empresa durante tiempo y siempre cortan por nosotros, por la parte de producción. Pedimos para el gremio que nos paguen el mes de la cuota sindical para que nos den la obra social ahora, ni siquiera la deuda de tantos años, que son 5 o 6 millones de pesos, después se irá a reclamar legalmente eso; hace como 8 o 9 años que no se paga. En cada localidad esta situación se repica. A las suspensiones y despidos, a la falta de pago, los obreros responden luchando. Mientras, Caló de la UOM firma una paritaria en cuotas y a la baja. Pasillea en el Congreso, asiste al Consejo del salario, aisla cada conflicto dejándolo librado a su suerte. A cambio recibe, como el resto de los dirigentes de todas las CGT, los fondos de las obras sociales. Es hora del paro general.

Frente al descontento generalizado de los trabajadores del gobierno de la Ciudad ante la paritaria de hambre firmada por el Sutecba, el secretario general del sindicato, Amadeo Genta, publicó una nota en su Facebook planteando que “los que les dicen a los trabajadores que estamos ante un aumento del 14% hasta fin de año mienten”. En la "solicitada" enumera tres planteamientos fundamentales: 1) “que el aumento es del 31%” y oculta que es en dos cuotas: la primera ahora, del 14% y recién con la segunda, a cobrar a fines de noviembre, se va a llegar a ese porcentaje, cuando la inflación ya habrá superado por lejos el aumento acordado; 2) “no les satisface el aumento logrado -dice Genta-, pero es una forma de evitar despidos”. Esto cuando el sindicato no ha llamado a una sola medida y ni siquiera a una asamblea para discutir el aumento. Y en un cuadro en el que gobierno de Rodríguez Larreta, producto de la responsabilidad que le cabe por la muerte de los cinco jóvenes en Costa Salguero y el ataque del patotero del PRO que acuchilló a un compañero de Boca es Pueblo, no está fuerte sino débil. El tercer planteo dirigido a los trabajadores que manifiestan su bronca por el miserable aumento firmado, es “que no hay que dejarse llevar de las narices de esos falsos revolucionarios”. Esto en perfecta sintonía con la burocracia de ATE Capital que, donde dirige, utiliza una táctica muy similar a la del Sutecba. En el Durand, por ejemplo, el secretario de ATE de ese hospital, Ortiz dijo “que no hay que dejarse llevar por los planteos de Tribuna Municipal o los de izquierda”. Sutecba se encuentra en un pacto con el gobierno del PRO desde 2007 cuando Macri ganó la elección a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este pacto se asienta en prebendas para la conducción del gremio tales como jefaturas o el control de las horas extras; todo a cambio de hacer pasar la miseria salarial. Hoy un municipal tiene un salario promedio de 11.000 pesos cuando la canasta básica supera los 17.000 pesos. Genta busca ocultar a su verdadero enemigo que son los trabajadores municipales, junto a los médicos residentes y enfermeros, que realizan asambleas y movilizaciones en los hospitales más importantes de nuestra ciudad y en algunos ministerios como el de Acción Social. Es por este proceso de lucha que ATE, que boicoteó las asambleas intermunicipales y levanto la carpa de lucha del Durand con la promesa de una reunión con el gobierno que nunca existió, se vio forzado a llamar a un paro y movilización para el 24. Desde Tribuna Municipal llamamos a profundizar esta medida, a tomarla como una oportunidad para realizar asambleas en todos los lugares de trabajo y para reclamar que la cuota de noviembre prevista en la paritaria, se adelante con retroactivo al mes de abril para llegar ahora al 31 por ciento. Al mismo tiempo, exigimos la reapertura inmediata de la paritaria para lograr un aumento del 45 anual. Los residentes que exigen un aumento superior al 40% y que realizan asambleas masivas en el Durand y en el Gutiérrez llaman a una movilización a la nueva Jefatura de gobierno porteño para el 26, nosotros desde Tribuna Municipal y Tribuna de Salud apoyamos, llamamos a movilizarnos desde todos los sectores y vamos a concurrir. Se presenta en la práctica una oportunidad de superar a las direcciones burocráticas y desprestigiadas en el gobierno de la ciudad. Realicemos asambleas de conjunto en todos los establecimientos sin distinción de gremios o escalafones, impulsemos una asamblea general de los municipales, votemos las reivindicaciones más importantes y un plan de lucha con paros y movilizaciones para ganar. Este es el problema que enfrenta Genta, la perspectiva de una acción de conjunto y clasista de los trabajadores en el municipio. Ladran sancho señal que cabalgamos.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y su secretario de Hacienda, Daniel Guibelalde, se jactaron de haber impuesto un aumento unilateral de los salarios a los municipales de “otro 15% como todos los años” (Noticias del 17/5). Las nuevas escalas salariales para los municipales suponen que, dentro de 90 días, cuando comience a regir la imposición del Ejecutivo, los empleados temporarios (contratados), de 48 horas de trabajo semanales, van a cobrar, ¡con el aumento!, 4.220 pesos; los de 44 horas, 3.891,90 pesos; los de 40 horas, 3.564,80 pesos; los de 35 horas, 3.155,20 pesos y, los de 30 horas, 2.745,95 pesos. Por su parte, los efectivos de 48 horas semanales de trabajo pasarán a cobrar, en septiembre, 4.694,80 pesos; los de 44 horas, 4.300,22 pesos; los de 40 horas, 3.965,66 pesos; los de 35 horas, 3.479,96 pesos y, los de 30 horas, 3024,25 pesos. Bancarios y aceiteros tienen un mínimo de 20.000 pesos que es el valor de una canasta familiar y que, además, lo cobran ahora y no dentro de 90 días. Los salarios municipales, con el aumento, están incluso muy por debajo del mísero Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy es de 6.060 pesos y que los empresarios, el gobierno y la burocracia sindical, acordaron aumentar, en tres tramos, hasta llegar a 8.060 pesos en enero próximo. La política de agresión a los municipales seguida por el intendente está atada al acuerdo del congelamiento de la ley de Paritarias provincial para los municipales acordado entre la gobernadora María Eugenia Vidal, intendentes y gobernadores del FpV, que son quienes aplican el ajuste más rabioso en provincias y localidades. “La grieta” la cicatrizan el macrismo y los nac&pop en torno a los ataques sobre los trabajadores, que el FpV y Macri llevan adelante en forma conjunta. En el contexto de hambre para “todos y todas” -diseminado entre los municipales del interior de la provincia de Buenos Aires-, es vergonzoso el silencio de la oposición dentro de los concejos deliberantes, que no ha cuestionado la violación de leyes laborales en vigencia, como la de Paritarias, vulnerada porque no existió tal paritaria en los distritos. Los ejecutivos no se reunieron ni siquiera formalmente con sus sindicatos afines. Tampoco han dicho nada sobre los extendidos incumplimientos, por parte de los ejecutivos municipales, de la ley que establece el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Los funcionarios del oficialismo y de la oposición actúan fuera de la ley. Las deudas salariales son retroactivas y deberán ser resarcidas a los trabajadores municipales desde cuando se inició la violación en el pago del salario mínimo. ¡Basta de salarios de hambre! Convocatoria a paritarias municipales sin techo y con paritarios elegidos en asambleas. Los trabajadores y la izquierda deben convertirse en una alternativa política frente a una oposición y un oficialismo aliados en el ajuste.

En el portal Rosarioplus.com se publicó una nota sobre el juicio de un ex empleado del Resto-Bar “Rock and Fellers”, quien le inició la demanda a la empresa tras cinco años de trabajo y de estar anotado como si cumpliera una jornada de cuatro horas cuando, en realidad, cubría la jornada completa. El fallo establece el monto a pagar como indemnización pero, además, plantea la evasión fiscal que, mediante el fraude laboral, realizaba el Resto-Bar que, significativamente, está ubicado a la vuelta de la Afip, o sea que evade en sus propias narices. A nadie se le escapa que esto dificilmente podría hacerlo sin la complicidad del Ministerio de Trabajo y del Sindicato (UTHGRA). Esta es la realidad de los trabajadores del sector, en el boom de la Rosario gastronómica. Los empleados de esta actividad son de los más explotados de la ciudad y, junto a los textiles y a los peones rurales, encabezan el ranking de la precarizaciòn, la superexplotación y los bajos salarios. El 80% de los que trabajan en bares y restaurantes lo hace en negro y el 60% de los que trabajan en blanco está empleado en el Casino o en hoteles y restaurantes de lujo. Las víctimas de esta explotación son, en su gran mayoría, jóvenes que empiezan a hacer las primeras armas en el trabajo o que estudian y se emplean para costear sus carreras. Al calor del boom inmobiliario rosarino (con lavado de plata del narcotráfico, cerealeras y pools de siembra), en Rosario crecen por todos lados los Resto-bistro y bares y el peso en las oscilaciones de las ganancias patronales la soportan los trabajadores sobre sus espaldas. “Por la necesidad del trabajo” los empleados aceptan ser anotados por 4 horas por día, por fin de semana, por jornada laboral (280 pesos de remuneración diaria establece el convenio de la UTHGRA) o directamente en negro, facturando por sus tareas como si fueran proveedores. Las patronales aducen que el trabajador recibe un ingreso con “la propina” (el 10% del final del consumo) -que se divide entre mozos, bacheros y cocineros-, como si esto les quitara la obligación de pagarle a los empleados el sueldo que cubra la prestación laboral. Los grandes ausentes frante a este cuadro son la UTHGRA y el Ministerio de Trabajo. Este último aparece sólo en temporada de verano (alta) y ni en ese momento realiza verdaderas inspecciones. El sindicato de Barrionuevo sólo es una caja de recepción de los aportes para la obra social y vive de los trabajadores del Casino y los grandes hoteles y restaurantes. No lleva adelante ninguna acción gremial para organizar a los trabajadores y está dejando pasar miles de despidos. Necesitamos poner en pie una gran agrupación clasista de los gastronómicos que barra con la burocracia sindical de Barrionuevo y luche por los puestos de trabajo y la regularización de las condiciones de contratación y el resto de los reclamos.

En un ensayo de 1936 titulado “El narrador”, el filósofo alemán Walter Benjamin define la fragilidad de la vida en el siglo XX. “Con la Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido. ¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla?”. Una figura había desaparecido: el narrador. El anciano del pueblo, aquel que solía repetir los relatos de la vida pasada, se había perdido. Después del horror de la guerra, solo se podía decir el silencio. Sin embargo, hace cien años, un joven italiano publicaba su primer libro de poemas, El puerto sepulto. El poeta se llamó Giuseppe Ungaretti y supo crear literatura desde la inmediatez de la guerra. Ungaretti recordaba en 1969: “Mi poesía ha nacido en realidad en la trinchera… Imprevistamente la guerra me revela el lenguaje. Yo debía decir rápidamente porque el tiempo podía faltar y en el modo más trágico […] lo que sentía y por lo tanto lo debía decir con pocas palabras, lo debía decir con palabras que tuvieran una extraordinaria intensidad de significado”. El puerto sepulto -publicado en 1916 en una tanda de 80 ejemplares- reúne una selección de los poemas que el poeta italiano escribió durante la Primera Guerra Mundial, donde combatió como voluntario para el ejército italiano. Pero sus escritos no sólo reflejan la realidad de la trinchera desde el nivel temático, sino también -y sobre todo- desde la forma. “De esta poesía me queda esa nada de inagotable secreto”. (“El puerto sepulto”) Los poemas de Ungaretti son lenguaje en estado puro. No hay tiempo para figuras retóricas ni artificios. Así, en 1966, reflexionaba: “Somos hombres que han sido arrancados de su profundidad… (…) No, las palabras no nos sirven. Las palabras de las viejas retóricas son palabras sin suficiente fuerza de secreto”. Con la fuerza de una palabra que vibra por sí sola, Ungaretti marcó un hito en la literatura italiana. Eliminó todo aquello que para él no era esencial en la construcción de significado -adverbios, adjetivos, conjunciones- para crear una poesía breve, libre de adornos. Entonces se transformó en el padre del hermetismo italiano, un movimiento poético del siglo XX. Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo y Umberto Saba, entre otros, fueron “hermetistas” porque lo que los caracterizó fue un lenguaje hermético, cerrado, por momentos oscuro, esencial, que reflejaba la existencia por medio de alusiones. Y El puerto sepulto, en términos de Ungaretti, era esa poesía hermética, “lo que de secreto permanece en nosotros indescifrable”. En 1916, en el mismo año en que se publica en un pequeño pueblo de Italia El puerto sepulto, sale a la venta también el Curso de Lingüística General, el libro que haría nacer la lingüística como ciencia. En él se encuentran transcriptas las ideas del estructuralista suizo Ferdinand de Saussure. La lengua se define, según él, como un sistema social, formado por unidades abstractas: los signos. Estos signos -sostiene- en su esencia son arbitrarios, inmotivados. En otras palabras, dentro de ellos no hay un lazo natural entre el sonido mental de la palabra (significante) y el concepto (significado). Sin embargo, Giuseppe Ungaretti demostró que no todo dentro de la lengua es arbitrario. Su poesía reflejó la guerra en lo temático -“Toda una noche/ echado junto/ a un compañero/ masacrado/ con su boca/ rechinante/ vuelta al plenilunio”-, pero también en lo formal, en un verso sesgado, breve. Ungaretti, así, usa el signo de un modo no arbitrario: la forma de su poesía está motivada por el contenido, por lo que el sonido se vuelve breve. A pesar de lo que sostuvo Saussure, el poeta italiano construyó desde las trincheras una excepción en el lenguaje, una poesía que rompe en su forma con la arbitrariedad del signo. Tiene una razón de ser. Es breve porque lo que busca retratar es la condición existencial del hombre durante la Gran Guerra, que produjo una crisis cultural, política y espiritual con sus millones de muertes. Así la define en su poema “Soldados”: “Se está como en otoño sobre los árboles las hojas”. Ungaretti no quiso retratar el silencio. Frente a la barbarie, se transformó en narrador.

El gobernador Peppo firmó un decreto de austeridad en el gasto público que ordena una revisión de todos los gastos de la administración, a partir de criterios de ajuste establecidos por el Ministerio de Hacienda. El decreto es un cepo en el presupuesto estatal, que apunta a desarrollar más a fondo un ajuste en la provincia. Con el decreto, el gobierno provincial da un paso más en su rol de gendarme de la política de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. Peppo atribuye la baja de la recaudación a la política macrista, pero esto no le ha impedido pactar con Macri en todos los aspectos centrales de su política económica. Peppo apoyó el pacto buitre, que fue votado por un sector del PJ chaqueño. Esto le permitió avanzar en endeudar la provincia. Viene de firmar el pacto por la devolución en cuotas del 15% de coparticipación, incluido el endeudamiento con la Anses -en el mismo momento que se anunciaba el veto de Macri a la ley antidespidos. El argumento de la baja en la recaudación apunta a ajustar a los trabajadores, a los cuales se han aplicado aumentos por debajo de la inflación, despidos masivos en la obra pública, parálisis en las cooperativas de vivienda o la continuidad agravada de una precarización laboral extrema, con salarios de 1.000 pesos por mes. En cambio, no se investigaron los fraudes empresariales en la obra pública, no se revisa la utilización de las cajas de las empresas del Estado como botín para los funcionarios y una casta de contratistas, o el esquema de subsidios a grandes empresarios por parte del gobierno provincial. La burguesía local paga impuestos mínimos: los sojeros pagan sumas irrisorias de impuesto inmobiliario, la explotación forestal se realiza en negro a la vista de todo el mundo o las empresas del Parque industrial -algunos son conglomerados multinacionales- están directamente exenta de impuestos. El ajuste comienza a generar reacciones. La UPCP discute un plan de lucha contra el decretazo salarial por debajo de la inflación. Sitech Federación continúa en plan de lucha. Los precarizados de salud y educación se han movilizado por el pase a planta. En el caso de Educación, hay 59 pases a planta que fueron aprobados por decreto de Capitanich paralizados por Peppo. En el caso de Salud, los precarizados del Pediátrico ocuparon el techo del hospital para frenar los despidos que anunció el gobierno en represalia por sus medidas de fuerza. Los vecinos del barrio San Pedro Pescador fueron reprimidos cuando reclamaban obras públicas para evitar que el río se trague el barrio. Los ferroviarios se movilizan contra el cierre de la línea. Vamos por el triunfo de estos reclamos para quebrar la política de ajuste de Macri-Peppo.

El juez subrogante, Julio Martínez Vivot, elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso de la desaparición y homicidio del joven salteño para que determine la competencia, aunque no cabe duda que al tratarse de “desaparición forzada de persona” el hecho debería ser juzgado por la Justicia federal y no por la rionegrina. Este trámite derivará en una dilatación por meses en el inicio de un posible juicio y de tomarse la opción “federal”, implicaría la vuelta a foja cero de todo el proceso. A fines de marzo, la Justicia federal rechazó su competencia para investigar la desaparición y muerte de Daniel Solano. Desde el juzgado penal Nº 30 se había planteado que la carátula de la causa era “desaparición forzada de persona” por lo que debía entender en su resolución y juicio el fuero federal. El Juzgado federal a cargo de la magistrada subrogante, Carolina Pandolfi, definió que no tiene competencia en este caso. Todas estas maniobras sólo se fundan en la pretensión por parte de la Justicia de dilatar el enjuciamiento y condena a los siete policías procesados y el descenso al jaguel en busca de los restos de Solano. El inicio de este juicio desnudaría una red de complicidades que abarca al Estado rionegrino, la policía, los empresarios y la Justicia. Desde el Partido Obrero de Río Negro acompañamos la lucha por la aparición de Daniel Solano, la entrega de sus restos a su familia y el enjuiciamiento y condena a los responsables materiales y políticos de su desaparición, y a toda la red de complicidades que trabajo para garantizar la impunidad de estos. Para alcanzar la justicia que Daniel Solano y todos los rionegrinos nos merecemos debemos transformar el caso en una causa popular de alcance provincial y nacional. Basta de impunidad. Juicio y castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen contra la clase obrera. Daniel Solano: ¡Presente!

La arremetida contra los trabajadores de la metalúrgica Eitar, ubicada en Quilmes, dio un nuevo paso en febrero pasado, con la profundización de un ajuste que ya estaba en curso. Al mismo tiempo, en Quilmes se sucedían despidos en Finexcor, Raimat, la Cervecería y de 900 trabajadores municipales. Aquellos primeros despidos y suspensiones fueron la prueba piloto de un proceso que ya lleva 9.000 despidos y más de 3.000 suspensiones en las metalúrgicas de todo el país. La variable de ajuste son los trabajadores El preventivo de crisis presentado por la patronal de Eitar es injustificable ya que la empresa sigue produciendo y, como denuncian los trabajadores, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos tres años. Los premios por producción son la prueba de ello. Es decir que, sin ningún impedimento, puede reincorporar a los despedidos a sus puestos de trabajo. El ofrecimiento del 50% de la indemnización en cuotas es una burla y los retiros voluntarios son solamente una forma de ocultar que son despidos encubiertos. Esta extorsión, intenta quebrar el enorme proceso de lucha de los trabajadores de Eitar. La experiencia indica que los “retiros voluntarios” son parte de una estrategia de las patronales para avanzar contra el conjunto de las condiciones laborales. Así fue en Visteon, en Lear, el año pasado, y antes en las metalúrgicas Mahle y Paraná Metal, entre muchas otras. La situación de Eitar sirve como ejemplo de las tremendas limitaciones que tenía la vetada "ley antidespidos" porque no solucionaba la situación de los ya cesanteados al no prever retroactividad, ni frena los despidos por venir, porque habilita el mismo proceso que se está dando en Eitar, el de los "retiros voluntarios" a presión. Es necesario una asamblea general de la seccional del gremio para enfrentar los despidos, defender el salario y la organización sindical. Reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos. Apertura y control obrero de los libros contables de la empresa. Ningún despido: reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario. Por el inmediato desprocesamiento de los delegados Hay que preparar un plan de lucha del conjunto de las fábricas de la zona Sur para enfrentar los despidos y por un aumento del 40% para defender el salario frente a la inflación. Impulsemos una fuerte campaña en Quilmes con actos y movilizaciones por la reincorporación de todos los compañeros. Rodeemos de solidaridad a Eitar y todas las fábricas en conflicto en la zona. Organicemos un plenario de delegados de base de todo el movimiento obrero de la zona sur para enfrentar el ajuste de Macri y las patronales.

El sábado 21 de mayo se llevó adelante,​ en la laguna Arguello de Resistencia, el encuentro de artistas “Arte en las calles”, que se realizó en repudio al constante hostigamiento y censura que reciben los artistas del grupo de cuerda Oreja de Negro por parte de la policía de la provincia. Para perseguirlos, la policía del Chaco argumenta que no se pueden reunir más de tres personas en un espacio público, solventándose así de un método de la dictadura. De la iniciativa participaron Gustavo Cañete (payaso), la murga Los Bacanes del Trocen (murga porteña), la escuela integral de taekwondo Girasoles, Buen Viaje! (músicos), Lecko Zamora (músico recitador), integrantes del coro Chelaalapi (música), la agrupación de capoeira Angola Resistencia y concluyó la jornada Oreja de Negro y una gran participación del público. La policía que persigue constantemente a los artistas es la misma que desató una salvaje represión contra las familias del barrio San Pedro Pescador. La misma que reprimió, persiguió y encarceló en 2014 a estatales, docentes, estudiantes y movimientos sociales. La misma que todos los días persigue a la juventud en los barrios y que aun no ha sido condenada por los apremios y torturas contra los hermanos Del Blanco y por el asesinato del dirigente social Angel Verón. Exigimos el desmantelamiento del aparato represivo del Estado. Basta de persecución a la juventud. No a la censura y persecución de los espacios destinados a desarrollar el arte y la cultura del pueblo trabajador.

El 12 de mayo, Paola -estudiante de la secundaria 66 de González Catán- salió de la escuela y no regresó a su casa. Se trata de otra joven desaparecida en el partido de La Matanza. Ni la intendente, Verónica Magario, ni la gobernadora han hecho nada para frenar las desapariciones y para mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras del municipio y de la provincia. Frente a estos hechos, la policía actúa tardíamente frente a las denuncias y la Justicia coloca a las víctimas como responsables de su situación. Mientras tanto, en la Legislatura duermen todos los proyectos para tratar el problema y ni siquiera se contestan los pedidos de informes. Las redes de trata tienen el camino libre. Pero el barrio no se queda quieto. Desde el primer día, el centro de estudiantes, junto a docentes y familiares de Paola, se viene movilizando. El martes 17 centenares de personas cortaron la Ruta 3. A poco de cumplirse el aniversario de la marcha más masiva de la historia contra los asesinatos de mujeres en la Argentina, las cosas no hay cambiado. Tenemos el desafío estratégico de intervenir con urgencia de cara a la movilización del 3 de junio, por otro Ni Una Menos, llevando un programa independiente que defienda los derechos de la mujer trabajadora: por centros integrales para la mujer en todas las localidades del distrito, por un consejo autónomo de mujeres con presupuesto propio e independencia política. Que aparezcan Paola y todas las desaparecidas. Abajo las redes de trata. El Estado es responsable.

Las negociaciones para unificar a la CGT han provocado, paradójicamente, nuevas divisiones en la burocracia. Ninguno de los realineamientos incluye a los trabajadores. La burocracia sindical de Córdoba está en febriles negociaciones para discutir la “unidad” de las dos CGT provinciales. Paradójicamente, la iniciativa despertó la aparición de nuevas divisiones. El hasta hace poco ultra-K Mauricio Saillén (recolectores de residuos), que preside la llamada “CGT Rodríguez Peña” junto al moyanista Gabriel Suárez, de Luz y Fuerza, decidió marchar el 29 con José Pihén, de Empleados Públicos, enemigo de Suárez y legislador delasotista que dirige la “CGT Córdoba”, donde se nuclean los docentes, judiciales, alimentación y otros gremios filo K. Pero la novedad es la aparición del Movimiento de Trabajadores Cordobeses (MTC), dirigido por el secretario de Empleados de Comercio, Pablo Chacón, al cual se han sumado los metalúrgicos (Rubén Urbano), choferes interurbanos (Aoita), gastronómicos y Luz y Fuerza Regional, entre otros, y que contaría con el apoyo de Omar Dragún, del Smata. El debut de este movimiento contó con la presencia del ministro de Trabajo provincial, Omar Sereno. Los postulados para presidir una CGT unificada son varios y el gobierno ya ha dicho que quiere para la CGT un “perfil productivista” por lo que se inclina por un representante de un gremio industrial, dejando fuera a Pihén y a Suárez. En la pelea con Techint, Urbano y Dragún jugaron para las automotrices, mandantes de Schiaretti -alineado con la provisión china. ¿Y los trabajadores? Lo primero que salta a la vista es que la discusión sobre la organización sindical de los trabajadores a los únicos que no incluye es, justamente, a los trabajadores. La burocracia ha convertido a los sindicatos en apéndices directos de los gobiernos y de los distintos agrupamientos políticos de la burguesía. Entre burócratas sindicales y burócratas del Estado están armando la “unidad” del movimiento obrero. Este solo hecho revela que el papel de la burocracia es colocar a los sindicatos como soporte de los planes de ajuste y entrega. Han apoyado los acuerdos con los buitres, han acompañado el recorte a los jubilados con su total inacción, son cómplices de las suspensiones y los retiros voluntarios. Cuando el gobernador, Juan Schiaretti, habla del “perfil productivista” quiere decir el sometimiento del movimiento obrero industrial a una restructuración sobre la base de una mayor explotación, precarización laboral y bajos salarios. Exactamente lo que piden las grandes patronales. Por un congreso de delegados de base Lo que ni Schiaretti ni la burocracia tienen comprado es el futuro. Las negociaciones por la “unificación” se verán torpedeadas por la lucha obrera (el propio Urbano está más cerca de perder las elecciones en la UOM que de mantenerse en el cargo). La lucha de los trabajadores de la salud es una dura advertencia para el gobierno y los burócratas, así como lo fue el rechazo docente al acuerdo salarial y los paros en las grandes fábricas autopartistas por los despidos. La organización del movimiento obrero y la unidad del mismo son tareas que sólo competen a los trabajadores. Schiaretti nada tiene que hacer ni opinar. No habrá unidad obrera ni lucha independiente sin echar a la burocracia de los sindicatos. A las negociaciones de burócratas y patrones le oponemos el reclamo de un congreso de delegados de bases de todos los gremios para discutir: 1) un programa frente al ajuste; 2) la convocatoria al paro provincial y nacional y un plan de lucha, y 3) la unidad de todos los trabajadores para sostener el programa y la acción.

Macri ha lanzado una ofensiva contra la línea de pasajeros Tirol-Vilelas, que conecta el área urbana del Gran Resistencia. La línea está semiparalizada por la rotura de las dos unidades Apolo para las que no hay repuestos. Además hay tres unidades Materfer que fueron traídas para la campaña de Randazzo, pero no tienen condiciones técnicas para funcionar en el ramal. Así, los casi 400 trabajadores de la línea día a día concurren a trabajar sin poder tomar tareas, mientras que la empresa obliga a realizar tareas que no corresponden al convenio (por ejemplo, pintar casillas o accesos a las estaciones), con la complicidad la burocracia sindical. La respuesta del gobierno nacional a esta situación ha sido anunciar la intención de traspasar el ferrocarril a la provincia, una propuesta alimentada por el ex gobernador Ángel Rozas, quien reivindica el ferrocarril provincial Sefecha, anterior a la incorporación a Sofse. Pero con Sefecha, los ferroviarios cobraban salarios de miseria y no se hallaban incorporados al convenio colectivo de trabajo. Bajo Sofse, la equiparación al salario y a las condiciones de convenio nacionales de los ferroviarios fue una lucha importantísima. El traspaso a la provincia, que se encuentra quebrada, pone en peligro estas conquistas obreras. Ni hablar de que el Chaco no cuenta con los fondos para el sostenimiento de la línea y menos aún para las inversiones que se requieren para reactivarla. Macri aplica ahora contra el ferrocarril chaqueño la medicina que aprendió de Cristina, que traspasó a la Ciudad el subte con los subsidios congelados y sin fondos para inversiones, alentando un tarifazo que repercutió en todo el transporte público. La magnitud del ajuste en carpeta es sencillamente demoledora: implica despidos masivos y reventar las condiciones laborales. El gobierno provincial rechaza la provincialización, pero en los hechos está discutiendo condiciones, como parte de un paquete más amplio de temas de discusión entre la provincia y la nación (donde entran obras públicas, autorización de endeudamiento, etc.). Nuestra agrupación, Causa Ferroviaria, denunció desde principios de año esta situación de parálisis, con una campaña en los medios, junto a usuarios afectados. Propusimos al sindicato un plan de lucha contra el cierre, los despidos y por la reactivación. Esto nos valió el intento de sanción contra el dirigente Oscar Deniz. Preparan la entregada La burocracia Verde anunció, primero, que el tema lo resolvería el titular de la Unión Ferroviaria nacional, Sergio Sassia, “dialogando” con Macri. De esas “negociaciones” no se sabe nada. Ahora largó un petitorio para reclamar la reactivación, pero no plantea medidas de fuerza: prepara una entregada. La situación va generando en la base ferroviaria un clima de movilización, que estaba bloqueado por el temor a los despidos, represalias patronales e incluso del sindicato. Los ferroviarios tenemos la pelota en nuestro campo: la defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones depende de nuestra intervención. Reclamemos al sindicato una asamblea general para tomar medidas de fuerza, y planteemos un plan de lucha nacional. Planteamos abajo la provincialización, abajo los despidos, defensa de las condiciones de trabajo. Reclamamos participación y poder de veto, con representantes electos en asamblea, sobre toda la negociación entre la provincia y la nación. Vamos por una gran campaña de defensa del ferrocarril.

El gobierno provincial de Domingo Peppo y la oligarquía local han colocado la cuestión de la reactivación del ramal C3 del Belgrano Cargas -Avia Terai-Barranqueras- y el puerto de Barranqueras, como punto central de su confrontación con el macrismo. Sucede que Macri pretende desviar el financiamiento para dicha obra en favor del ramal C6, que llega al puerto de Rosario desde el norte de Santa Fe. El ramal (y el puerto) fue construido ¡hace 100 años! pero su reactivación se presenta como un avance histórico para la provincia. Alimentó, en su momento, un primer ciclo depredador del bosque provincial en favor de la explotación forestal que devoró el bosque nativo en favor de grandes consorcios capitalistas (La Forestal), de los cuales el obrajero nativo fue el eslabón más débil. Luego, el ferrocarril asistió al auge y la decadencia algodonera, de la mano de la concentración de la propiedad de las tierras, el ahogo de los campesinos por parte de las acopiadoras, y la baja de los precios del algodón. Así, llegó en estado de nocaut a la década del ´90, cuando el transporte de cargas fue acaparado por la RN 16, absolutamente sobrecargada. El intento actual de reactivación responde al agotamiento de un nuevo ciclo depredatorio: el de la soja. La caída en los precios, junto con costos relativos mayores por la menor productividad de la tierra, golpea las zonas “marginales” como el seco oeste del Chaco, territorio privilegiado de la expansión sojera. Los sojeros dedicaron sus ganancias en el auge a la fuga de capitales o la especulación con ladrillos. Pero ahora, en la etapa de decadencia, reclaman mega obras estatales para salvar la ropa y estirar el ciclo “productivo”. Esta es la cruzada que emprende el gobierno provincial. El macrismo, en tanto, dispara contra el Chaco apuntando a vaciar todo el presupuesto de obra pública, con la consecuencia de 10.000 trabajadores de la construcción despedidos. Un plan de obra pública debe arrancar por resolver las necesidades acuciantes de la población de la provincia: el abastecimiento de agua potable, cloacas, gas, y la conexión del territorio provincial para resolver las urgentes necesidades sociales. Lógicamente, esto implica modificar de raíz el régimen social y productivo de la provincia: terminar con el saqueo capitalista de la tierra y ponerla a disposición de campesinos y consorcios de trabajadores rurales, para transformarla en un factor de desarrollo social para el conjunto del pueblo chaqueño.

Libertad para Belén: adhesiones del movimiento obrero y personalidades a la audiencia pública convocada por Soledad Sosa, de la bancada del PO-FIT. En el marco de una campaña nacional que se extiende y recoge la solidaridad de personalidades de la cultura, el espectáculo y los sindicatos combativos, reproducimos las adhesiones que llegaron a la audiencia, en la que se reclamó la Nulidad de la Sentencia y la inmediata excarcelación de la joven tucumana presa. Adhesión de Juan José Campanella, cineasta y director de la película ganadora del Oscar "El Secreto de sus Ojos". "Quiero expresar mi apoyo al proyecto de la diputada Soledad Sosa. El caso de Belén debería unirnos a todos, más allá de especulaciones políticas o partidarias. Al apelar a la más básica humanidad, debemos dejar de lado otros debates coyunturales y darnos la mano en un gesto de la más profunda humanidad. El caso de Belén representa la permanencia de los más crueles elementos inquisitivos en nuestra sociedad. No solamente debemos hacer todo lo posible para sacarla de la cárcel, sino que todo el caso debe ser investigado. Olvidarnos de banderías y otros debates, para unirnos en una causa humana. Si lográramos eso por una vez sería casi un milagro, pero un milagro que finalmente nos merecemos los argentinos". Adhesión del Sindicato de Prensa de Buenos Aires Desde la Secretaría de Mujeres y Géneros del Sipreba invitamos a todos a participar de la audiencia para reclamar por la libertad para Belén, el próximo jueves 19 de mayo a las 17 hs, a realizarse en la Sala 2 del Anexo del Congreso Nacional. Belén es una joven tucumana que se encuentra detenida desde hace dos años, después de que llegase a un hospital público con una hemorragia que le produjo un aborto espontáneo. La audiencia fue convocada por el Bloque del Frente de Izquierda, contará con la presencia de diputados de diversos bloques y la abogada Soledad Deza, quien se ocupa de la defensa de Belén, además de distintas referentes de organizaciones de mujeres y sindicatos. Convocatoria de la Asociación Gremial Docente de la UBA Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA adherimos a la audiencia pública en apoyo, y como parte de la campaña por “Libertad a Belén”. Repudiamos el escandaloso fallo de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía", por el cual Belén es condenada a ocho años de prisión producto de un aborto espontáneo, padecido hace ya dos años. Repudiamos el accionar de la dirección del Hospital, que violó su derecho a la privacidad y la confidencialidad y permitió que la policía se encontrara presente en la sala donde fuera atendida, a la espera de llevársela detenida. Este caso, como el de Melisa en Bariloche o el de Susana, María y Claudia en Calilegua (Jujuy) y muchos otros que no trascienden a los medios muestran claramente el ensañamiento que la Justicia y los diferentes gobiernos tienen hacia las mujeres. También pone de relieve la urgencia de aprobar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que ya fuera presentado unas cinco veces y que, reiteradamente ha perdido estado parlamentario. No queremos ningún intersticio legal porque las pruebas de su ineficiencia están a la vista. Queremos aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales ya. Exigimos: - Libertad inmediata a Belén -Anulación del juicio y por ende, de cualquier penalización Adhesión Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social - Ciudad de Buenos Aires Desde la Secretaría de Derechos Humanos del Consejo Profesional, y como institución adherente al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en el Congreso de la Nación, expresamos nuestro rechazo a la sentencia del 19 de abril de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, que condenó con ocho años de privación de la libertad a Belén, de 27 años de edad, víctima de la violencia institucional en esa provincia. Exigimos la nulidad del proceso y la inmediata excarcelación de Belén, a quien violaron de modo absoluto su derecho a la salud, a estar libre de torturas y malos tratos, su derecho a la confidencialidad, a la no violencia y al debido proceso. Difundimos e invitamos a participar de la audiencia pública que tendrá lugar hoy, 19 de mayo, en el Congreso Nacional, por la libertad de Belén. Adhesión Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Morayo (Secretaría de Organización) Desde la Secretaría de Organización y el grupo de Profesionales por los Derechos Humanos y de Género en la AGIHM, exigimos la inmediata libertad para Belén y la nulidad de la sentencia en su contra. Decimos: ¡No a la criminalización de las problemáticas sociales! Elia Espen, Integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora Aunque lamentablemente no puedo estar presente en el día de hoy, quiero expresar mi total adhesión en apoyo a la audiencia que están realizando en el día de hoy para pedir libertad para Belén, víctima de una terrible injusticia. Apoyo el proyecto de la diputada Soledad Sosa y la lucha que están librando en el Congreso por los derechos de las mujeres, como el pedido de separación de Dindart de la Comisión de Mujer y Familia que también respaldo. Pedimos libertad para Belén y denunciamos que este juicio significa también un atropello a los derechos humanos. Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano Kosteki Quiero expresar mi adhesión a la audiencia que se realiza en el día de hoy por iniciativa de los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda para exigir la libertad a Belén, víctima de una condena infame a ocho años de prisión que expresa la criminalización de las mujeres pobres y la criminalización del aborto no punible. Me sumo al reclamo de libertad para Belén y el pedido de inmediata anulación de la sentencia. Más adhesiones: Stella Maris Manzano, de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Especialista en tocoginecología y medicina forense, trabaja en el Hospital Zonal Trelew. A partir de la atención del caso de una adolescente de 15 años en Comodoro Rivadavia, a la que asistió en su derecho a interrumpir legalmente su embarazo producto de una violación, la corte de esa provincia se pronunció por el derecho a la interrupción legal del embarazo en 2010, lo que derivó en la sentencia FAL del máximo tribunal del país sobre abortos no punibles dos años después. Nora Cortiñas, Integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora Adolfo Pérez Esquive l, referente de la lucha por los Derechos Humanos y Premio Nobel de la Paz en 1980 por su lucha contra las dictaduras militares en América Latina. Es presidente de Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, entre otros. Silvia Martínez , periodista de Canal 13.

Se desarrolló un paro total en el transporte de pasajeros en la provincia de Córdoba durante los días 21, 22 y 23 de mayo. La medida fue dispuesta por la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor que representa a todos los choferes del transporte interurbano provincial y urbano de todas las ciudades, a excepción de la ciudad Capital donde la representación la detenta UTA. Más de 4000 trabajadores participaron de la medida, que se decidió luego que terminara el plazo de la conciliación obligatoria. La huelga tiene como objetivo reclamar por el 40% de aumento al básico y todos los adicionales, retroactivo a abril, en una cuota y sin sumas no remunerativas. La determinación de la cifra fue impulsada por la oposición combativa a la actual conducción gremial. En el mes de abril esa “oposición” impulsó un petitorio que juntó más de 700 firmas para que la Comisión Directiva de la AOITA convocara una asamblea general donde se discutiera el monto del aumento y el plan de lucha para lograrlo. La conducción no convocó a la asamblea, pero la iniciativa produjo tal agitación que terminó imponiendo el reclamo del 40%. Sucede que el año pasado, los trabajadores de AOITA recibieron un 33% de aumento que se terminó percibiendo totalmente recién en diciembre, mientras la tarifa aumentó por encima del 54% anual. Los aumentos logrados en los años anteriores tuvieron un fuerte componente de sumas no remunerativas y en la mayoría de los casos se desconocieron los retroactivos. El deterioro salarial tiene un largo derrotero. Un volante de la “oposición” expresaba por abril: “En el 2009 el básico del conductor de media era equivalente a 1410 boletos de Córdoba a Villa Allende ($ 2,90). Si hoy el básico se calculara en esos 1410 boletos estaríamos cobrando $24000 aproximadamente, y sin embargo se cobra $16.530 en bruto”. Ante el reclamo salarial, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria que fue acatada sin cuestionamientos por la Comisión Directiva del sindicato. Una vez terminada la misma se decretó el paro, e inmediatamente los trabajadores se instalaron en la terminal de colectivos de Córdoba. El lunes 23 de mayo más de 2500 trabajadores se hicieron presentes en la terminal para bancar el paro. Parecía que la huelga continuaba, pero la conducción logró levantar la medida con la promesa de una reunión con Triaca y una nueva convocatoria a la lucha para esta semana que podría ser un paro de cuatro días. La conducción dejó en claro que no iba a reclamar el pago de los días caídos, “día no trabajado día no pagado” dijo. El empresariado no opuso mayor resistencia al paro. Resulta evidente que buscan nuevos subsidios nacionales o provinciales, o aumento de tarifas para hacer frente al aumento y engrosar sus millonarias ganancias. Quien sí se exaltó fue el gobierno de Schiaretti, que pretendió desalojar la terminal a fuerza de represión, pero la firmeza de los trabajadores desalentó la medida. Sin embargo, el Ministro de Trabajo provincial comenzó una cruzada contra la lucha de AOITA, amenazando con una segunda conciliación obligatoria en el ámbito de la provincia, e incluso imponer un ilegal “arbitraje obligatorio”. Recordemos que la provincia otorgó apenas un 26% a docentes y estatales. La lucha de los trabajadores de AOITA puede y debe triunfar. Solo es necesario desatar todas las fuerzas de los trabajadores, convocando una asamblea general que defina un plan de lucha y la huelga general indefinida. Es importante reclamar la apertura de los libros de las empresas, pues ello dejara claro frente a la población trabajadora quien es el verdadero responsable de que no haya transporte. También quedarán al desnudo los intereses del gobierno de Schiaretti en atacar la lucha; el transporte interurbano, que depende del gobierno provincial, está dominado por los permisos precarios de concesión, los subsidios millonarios y tarifas altísimas que pagan los trabajadores.

Ha ocurrido un hecho muy grave en el Instituto de Energía Nuclear y Radiaciones Ionizantes (IENRI) de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, cuyo director es el ex decano, y miembro del Partido Socialista, Oscar Peire; el vicedirector es Osvaldo Moreira. Una trabajadora del reactor denunció haber recibido acoso sexual por parte de Moreira y presentó como prueba varios mails que recibió de éste, y suma un relato desgarrador, que termina forzándola a irse de Rosario a pesar de la gran emoción que le generaba esta oportunidad laboral. A esto se le suma la promesa de cargos docentes a los que nunca accedió, de modo que trabajó sin nunca haber recibido un peso. Sus dos compañeros del reactor también denuncian fraude laboral y malos tratos por parte de Moreira. Oscar Peire, director del Instituto y miembro del PS, fue debidamente informado del acoso que estaba sufriendo la compañera; sin embargo, jamás emitió respuesta alguna. Una completa complicidad con el hecho. A partir de la publicidad del caso, estalló el escándalo en la facultad y el debate se dirigió al Consejo Directivo. El consejero del Partido Obrero, junto a docentes opositores, planteó la inmediata separación del cargo del acosador y la investigación de los hechos por parte de una comisión independiente formada por estudiantes y trabajadores de la facultad. Frente a la presión por este gran escándalo, la camarilla oficialista del PS que controla la facultad tuvo que acceder a la suspensión preventiva de Moreira, pero la investigación del hecho será girada a Jurídica de la UNR, espacio controlado por las propias camarillas. Además, la suspensión es por un mes, como forma de descomprimir la situación y no una separación hasta que se resuelva el caso. De forma inaudita, unos días después, en un acto de total provocación propia de camarillas reaccionarias que actúan con total impunidad, llegó a los consejeros un informe donde dice que la decana había dado curso a la promoción del cargo docente que el acusado había solicitado antes del hecho. Es decir, el acoso sexual fue premiado mediante la promoción a un cargo docente inalcanzable para el grueso de los docentes. Llamamos a estudiantes y trabajadores de la facultad a emprender una inmediata campaña para que este personaje sea removido de la facultad y el hecho sea investigado por una comisión independiente. Las camarillas ya demostraron que pretenden resguardar a Moreira.

El rector y su "oposición institucional" (La Cámpora) aceptan y hasta festejan el recorte presupuestario. Enorme estafa contra los hospitales universitarios. En una reciente sesión del Consejo Superior, el rector, Alberto Barbieri, anunció con bombos y platillos dos novedades respecto del descalabro presupuestario en la UBA. De los 500 millones anunciados por Macri para que las universidades puedan costear el tarifazo en los servicios (el 1% del total del presupuesto universitario nacional), a la UBA le corresponderían 150, que serían suficientes para pagar la luz y el gas. Al mismo tiempo, anunció que, de los 716 millones para los hospitales universitarios de la UBA (incluidos en el presupuesto 2016), el gobierno se comprometió a girarle 500 millones. Es decir, más de 200 millones por debajo del presupuesto previsto. Sin embargo, el rector explicó que esa partida permitirá “liberar” para gastos de funcionamiento de las facultades y el resto de la universidad una suma equivalente a la destinada al hospital. Los decanos “progresistas K” (Sociales, Filo y Exactas) se mostraron muy conformes. Barbieri cerró filas con su “oposición institucional” para consumar una gran estafa contra el hospital escuela más grande de Latinoamérica, el mismo que el año pasado explotó literalmente por la falta de presupuesto. Corresponde señalar que el presupuesto 2016 tiene una serie de partidas para las universidades que hasta ahora no fueron ejecutadas por 3.200 millones. De todo esto aparecieron solamente una parte de las partidas para hospitales universitarios. Es decir que el Rectorado festeja la reducción presupuestaria por parte del gobierno de Macri. La Cámpora y los decanos del bloque de minoría simplemente se limitaron a decir que el conjunto del presupuesto debía ser ejecutado. Defienden el presupuesto de Kicillof, que le asignó a la UBA una partida que solo le permitía funcionar hasta agosto. La ruta del ajuste El recorte presupuestario a las universidades produjo un cimbronazo nacional. En conjunto con el parazo de los docentes universitarios de todo el país por su salario, las clases públicas por cientos, las grandes movilizaciones por el boleto, la toma de Filo, Sociales y Psico, crearon un estado de movilización en el movimiento estudiantil, docente y no docente como no se veía hace muchos años. Esta situación, indudablemente, hizo al gobierno recalcular parcialmente la hoja de ruta del ajuste educativo y tuvo sus primeros resultados. Sin embargo, ni siquiera estamos frente a la ejecución total del presupuesto ya comprometido el año pasado. En nuestra intervención, contrapusimos las necesidades y reivindicaciones concretas que muestran la insuficiencia del presupuesto. Desde la situación acuciante del Hospital de Clínicas y el Hospital Veterinario, pasando por el reclamo por la gratuidad del laboratorio de idiomas de Filosofía y Letras, hasta la necesidad de asignar presupuesto a la implementación del protocolo contra la violencia hacia las mujeres. Las reivindicaciones pendientes aparecen en todas las facultades y para todos los claustros. Reclamamos por eso la convocatoria a las representaciones gremiales de los docentes, no docentes y estudiantes a la comisión de presupuesto del Consejo que va a discutir la distribución de estas partidas. Vamos a presentar allí un pliego de reclamos del conjunto de la universidad. Al anunciar que “no vamos a tener ningún problema en llegar a fin de año” y dar por finalizada la crisis presupuestaria de la UBA, el rector da por muertos los reclamos de estudiantes y trabajadores, al mismo tiempo que pretende desactivar la continuidad de la pelea. Por el salario docente y no docente, por el presupuesto, por el boleto, sigamos adelante.

Hacia 10 meses que había asumido Menem la presidencia (9/7/1989) -como emergencia ante la renuncia de Alfonsín frente a la crisis- e intentaba imponer su política de privatizaciones y ataque a conquistas de las masas, enfrentando una resistencia obrera. Uno de los periodistas oficialistas de la época (Neustadt) convoco a un acto del SI en la Plaza de Mayo para apoyar la resistida política menemista. Una convocatoria que fue un fiasco. Izquierda Unida (IU), alianza entre el PC y el MAS, convoco como respuesta –principios de abril- a una concentración de “la vereda de enfrente”, por el NO, para el 1° de Mayo. El llamado de IU estaba dirigido a un ala de la burocracia sindical (Ubaldini, secretario de la CGT) y a la centroizquierda que se estaba gestando (Unidad Socialista, etc.). Frente al silencio de estos sectores, IU anunció su acto del 1° de Mayo en un estadio. En esas circunstancias, el PARTIDO OBRERO (PO) denunció que la constitución de un frente de “la vereda de enfrente” era un frente popular, de colaboración de clases, pues pretendía englobar sectores de la burocracia y la burguesía. Y convoco (PO 17/4/90) a un acto del 1° de Mayo en el Parque Centenario por la independencia política de los trabajadores, por “una Nueva Dirección” del movimiento obrero y “Por la Unidad Internacional de los Trabajadores contra la “Santa Alianza” de la Burocracia y la Burguesía Mundial”. Esta última consigna, de gran importancia frente al desarrollo de movimientos de lucha política de los trabajadores en la URSS y los Estados Obreros de Europa Oriental. Giro de IU Repentinamente, IU, convoco a realizar el acto del 1° de Mayo en la Plaza de Mayo. Quedo planteada así la posibilidad de una movilización política contra el gobierno menemo-fondomonetarista. El PO no dudo un momento, levanto su acto en Parque Centenario y llamo a marchar a la Plaza de Mayo. Esto a pesar que para la dirección de IU se trataba de un recurso extremo de forzar un frente con Ubaldini y la centroizquierda. El PO aplicó una táctica histórica frente a una movilización política de los explotados convocados por una dirección oportunista: “apoyar toda movilización…contra el régimen de explotación… señalando al mismo tiempo las limitaciones políticas de sus direcciones, para contribuir de este modo a que puedan ser superadas por los explotados” (PO 24/4/90). Las direcciones del PC y, particularmente la del MAS, pusieron infinidad de trabas a nuestro apoyo y presencia en el acto: se negaron a darnos oradores o cualquier tipo de participación en el acto; condicionaron que nuestra columna no pudiera entrar a la Plaza (estaría sobre el costado de la Catedral); no podía contar con sonido para que no se escucharan nuestras consignas, etc. Pero la convocatoria del acto movilizo a un amplio espectro de la vanguardia obrera y combativa del país. La Plaza se lleno por completo: más de 70 mil asistentes y el PO -saludado por numerosos sectores del MAS, del PC e independientes- ingreso con varios miles de compañeros con sus banderas y consignas desplegadas. La tónica política de los mensajes fue dada por el orador del PC (Vicente, candidato a presidente de IU en 1989) que reitero el planteo de un frente popular con Ubaldini y la centroizquierda (llamando incluso al PO) para “democratizar la sociedad”. La masiva movilización y realización del acto frente a la sede del poder político, en la Plaza de Mayo, fue un golpe para el gobierno, que trato de ningunear y ocultar mediaticamente que la izquierda lleno la Plaza de Mayo con sus banderas rojas y su oposición al entreguismo menemista y su ofensiva contra los trabajadores. Pero el oportunismo desperdició ese impacto y anunció que votaría a Ubaldini (el gran invitado ausente) como cabeza de una lista ‘obrera’ en las elecciones del 91. La primera vez que el PTS carnereó una movilización política a Plaza de Mayo El PO se dirigió al PTS (que venía de romper dos años antes con el MAS) para armar en común una columna por la independencia política. Pero este se negó a ello: prefirió realizar su acto sectario en… Ensenada. La defensa del aparato primó por sobre el interés general de lucha de la clase obrera. Haría falta más de una década para que después del Argentinazo, la izquierda volviera a ocupar la Plaza de Mayo contra el poder político de la burguesía. Y recién desde el 2011 lo hizo el FIT presentándose como una alternativa política frentista de los trabajadores y la izquierda. Desde entonces, las banderas rojas del FIT no faltaron una vez. Solo quedaron afuera quienes como el MST giraron más abiertamente al oportunismo (integración al frente popular con Proyecto Sur de Pino Solanas, etc.) hasta su creciente extinción: este año hizo el 1° de Mayo una choripaneada en el Parque Sarmiento. O como el PCR, que se opone a la jornada de independencia de clase y al frente de independencia política, propugnando un frente de colaboración de clases con el Frente Popular (aunque la CRCR que rompió con esta orientación antirrevolucionaria del PCR, se ha sumado al acto clasista del 1° de Mayo en la Plaza de Mayo).

Luego de una marcha del Seom por la recategorización de trabajadores el gobierno produjo allanamientos y la detención de los compañeros del Seom en sus domicilios. La justicia se ha negado a brindar la excarcelación, un nuevo atropello que demuestra el carácter de recurso político de la detenciones. Los compañeros llevan más de una semana detenidos. El gobierno de Gerardo Morales se ha beneficiado de una relación privilegiada con el gobierno nacional, que le ha permitido adelantos de los fondos coparticipables, ser la primera provincia en firmar el reintegro del 15% de la coparticipación federal, entre las medidas más importantes de apoyo a la provincia. Sin embargo, nada de esto se ha podido reflejar en las condiciones de vida de los trabajadores de Jujuy. Atrás quedaron los anuncios de grandes inversiones en la provincia y de `devolver la dignidad del trabajo`. La situación política provincial se encuentra al borde de un colapso y el gobierno pretende utilizar el recurso político de la persecución y regimentación del pueblo para intentar contener esta situación, que amenaza con volverse explosiva. Desde que asumió el gobierno de Morales, se han perdido cientos de puestos de trabajo, tanto en el ámbito público como privado. Más de mil puestos en la construcción, 700 por el anuncio del cierre de la mina Pirquita. Además, el plan de emergencia del gobierno para el ingenio La Esperanza prevé el desguace de sus tierras y el pase a retiro de 300 trabajadores, despidos y suspensiones en Aceros Zapla. El gobierno viene utilizando las detenciones como un elemento para desviar la atención de los problemas de fondo presentándose como un `garante de la paz` `luchador contra la corrupción` o `reconstructor del Estado`. Nada más lejos de la realidad, se ha aliado con los socios de Milagro Sala, colocando un sector importante de ese movimiento social bajo su designio. Las detenciones del Seom, en particular, son una respuesta del Estado a la organización de los trabajadores que enfrenta el ajuste y que no quieren que descarguen la crisis sobre sus hombros. Las detenciones se produjeron después de arrancar una conquista (recategorizaciones de obreros precarizados), es claro el mensaje del gobierno: marche preso el obrero que lucha, lo que busca amilanar a todo el movimiento obrero. El sindicato ha votado en asamblea una marcha `a pata` desde Yuto y La Quiaca hasta la San Salvador de Jujuy para exigir la libertad de los compañeros. Conquistar su liberación asestaría un golpe al gobierno ajustador de Morales y daría un impulso a los trabajadores para reforzar su lucha por mejores condiciones de trabajo, contra los despidos y el ajuste.

El anuncio de un aumento de $ 4.5 a $ 7.5 – un 67% - de un saque, no tiene que ver con un mejoramiento del servicio del subte. Es una salvajada propia del plan de ajuste del gobierno para volcar sobre la clase trabajadora el peso de la crisis. Y es un abuso basado en un servicio monopólico, esto es, sin competencia, en una ciudad donde el caos del tránsito y del trasporte de pasajeros, lo torna imprescindible. Millones de trabajadores de la Capital y el conurbano pasarán a pagar 15 pesos diarios, sólo por la ida y vuelta en subte, a lo que se agrega el costo de colectivos o trenes, que en muchísimos casos complementan el traslado al trabajo. Un costo que debería estar a cargo de las patronales, como insumo de la fuerza de trabajo que diariamente mueve la producción de sus empresas. Pero que no será pagado, en la medida que los techos de los aumentos en paritarias, queden muy rezagados – por lo bajo 15 puntos - respecto de la inflación estimada. La audiencia pública para considerar el aumento, no es vinculante y se ha demostrado en el pasado ineficaz para torcer la decisión despótica del gobierno. Por otro lado, los costos que maneja Metrovías y Sbase y que deberían fundamentar los aumentos (cerca del 400% bajo la administración Pro de la Ciudad) son totalmente desconocidos. En su momento, la Auditoría de la Ciudad, cuestionó la metodología y la pertinencia de los mismos. A nadie debe escapar que esta escalada del precio del pasaje está vinculada al plan más general de ajuste e incremento del beneficio comercial del subte, que incluye eliminación de puestos de trabajo – como boleteros y guardas - tercerización de tareas, recorte de personal con aumento de la explotación del existente y reducción de salarios. La AGTSyP, que no se ha pronunciado sobre el tema, debe oponerse al aumento, y realizar una campaña a favor de que se abran los libros de Metrovías a una auditoría independiente de trabajadores y usuarios, vinculándolo con la ofensiva laboral en curso por parte del macrismo.

“El veto es una facultad constitucional del Presidente, está en todo su derecho”, con esta declaración Antonio Caló salió a alejar cualquier posibilidad de convocar a alguna medida gremial contra el veto presidencial a la ley “contra los despidos”. Un par de días antes había sostenido que lo que importaba no era si había ley o no, sino que “no haya despidos”. Caló, secretario general de la CGT-K, reveló así que el ataque de parlamentarismo que invadió a la burocracia sindical no tenía siquiera un propósito parlamentario (o sea que salga la ley), si no la clara intención de desviar las fuertes tendencias a la lucha de los trabajadores e impedir que la lucha obrera tome el camino de los petroleros de Comodoro, los docentes y estatales de Santa Cruz o de Tierra de Fuego, es decir, la acción directa. Además, con estas declaraciones, confirmó que el kirchnerismo en el Senado y en Diputados actuó en el mismo sentido que el macrismo: dejar el campo libre para que las patronales suspenden y despidan. Lo extraordinario es que Caló es dirigente de uno de los gremios más golpeados por los despidos y las suspensiones, la Unión Obrera Metalúrgica; o sea si lo que importa son los despidos la UOM ya tendría que haber ido a la huelga general hace rato. Lejos de ello levantó el paro y movilización que iba a haber el 12 de mayo para firmar un acuerdo salarial en cuotas que promedia cómodamente menos del 30% anual cuando la inflación supera el 40%. Caló no actúa sólo como un burócrata enemigo de la acción directa de los trabajadores, que entrega las reivindicaciones obreras a cambio de prebendas y beneficios, es más que eso. La entregada de Caló es parte de su embanderamiento con la causa de Techint que se enfrentó al gobierno de Córdoba por la entrega de la obra de los gasoductos (y por lo tanto de la provisión de los tubos) a los chinos. Siderca mientras tanto suspendió 1200 trabajadores suspendidos y amenaza con despidos. Caló es la pata sindical del sector de la burguesía que se opone a una penetración china en la Argentina. Rocca anduvo por Córdoba haciendo reuniones con industriales locales para alertarlos y proponerles un frente común contra la invasión de la producción china; muchos de los aliados a las automotrices (enfrentadas a Techint) lo escucharon con atención. La alianza con los Rocca lo coloca a Caló en un operativo de mayor alcance: el del realineamiento de Macri con Estados Unidos en la búsqueda del desplazamiento de los chinos y europeos de los negocios de América latina y la penetración de los capitales norteamericanos. Los trabajadores metalúrgicos solo pueden enfrentar los despidos y suspensiones, imponer el sostenimiento de sus puestos de trabajo (incluida la ocupación de las fábricas que cierren o despidan) tomando la lucha en sus manos, organizando las asambleas de fábrica y los comités de lucha. Superar a la burocracia, expulsarla de los sindicatos, es una parte fundamental de la lucha contra el ajuste capitalista y los políticos que lo sostienen.

“Ha vuelto” (Er Ist Wieder Da) Origen: Alemania (2015) Director: David Wnendt Guión; Timur Vermes Intérpretes: Oliver Massucci, Fabian Busch, Christoph Maria Herbst, Katja Riemann. Productores: Mythos Film / Clausen Wöbke Putz Filmproduktion /Constantin Film Produktion “Ha vuelto” (2015), película dirigida por David Wnendt y basada en la novela del escritor Timur Vermes, cuenta la resurrección de Adolf Hitler en la Alemania actual. Es una comedia filmada en un formato que busca aparecer como documental, que combina situaciones graciosas con una interesante profundidad. Se ve, al comienzo de la película, a un Hitler desorientado en la cola de una lavandería, o dibujando retratos de transeúntes para reunir dinero porque quedó varado junto a su compañero de viaje, un reportero fracasado que busca reencauzar su carrera, en su recorrida por el país. Pero a la par de las escenas cómicas, se muestran elementos de la sociedad actual que podrían entenderse como síntomas de una gran crisis social. Por ejemplo, habiéndose Hitler informado sobre el año en el que se encontraba, busca actuar políticamente. Hace un trabajo de hormiga, habla con personas a lo largo del país hasta que logra aparecer en televisión y consigue allí un gran éxito. Nadie lo toma muy en serio, pero esete Hitler siglo XXI va adquiriendo su fama como cómico televisivo. En este punto debe destacarse que la fortaleza de la comedia radica en no presentar una caricatura de Hitler: los discursos que hacen reír al público no están “guionados” para causar gracia; por el contrario, el revivido dictador los dice con toda seriedad. Así, en sus apariciones habla de cuestiones de la Alemania actual, se despacha contra la TV basura y contra los inmigrantes, y declara que el partido político al cual él apoyaría en la actualidad es el Verde (ecologista), porque son “los únicos que se preocupan por la tierra alemana.” El film busca dar cuenta del racismo y la derechización creciente en la sociedad alemana, de la alienación de las personas a partir del consumo masivo de programas de televisión sin contenido y de cómo todos esos ingredientes pueden permitir el ascenso de un nuevo dictador, casi sin que nadie se dé cuenta ni intente evitarlo. En ese punto se observa la debilidad en el film, ya que no busca entender el ascenso del nazismo en Alemania, y del fascismo en general, ni antes ni ahora, como producto de la agudización de las crisis, los conflictos sociales y los choques entre las clases y sus partidos. El nazismo alemán es inentendible sin las revoluciones alemanas fracasadas en el período 1919-23, la crisis mundial iniciada en 1929 y la hiperinflación alemana de 1933, pasando por la política criminal del estalinismo alemán, que permitió la victoria del Partido Nacionalsocialista. Esa complejidad no es tenida en cuenta por “Ha Vuelto”, y el único factor explicativo del ascenso de nuevos Hitler en el siglo XXI se reduce al individuo, la propaganda y la gente acrítica. No obstante, es un film que muestra cómo la barbarie va subiendo escalones ante la crisis capitalista. Barbarie cuyas consecuencias podemos ver en el crecimiento de los grupos neonazis, en los ataques a inmigrantes y refugiados que buscan en Europa la salida a la crisis social en sus países de origen. La comedia está bien planteada porque, a su modo, muestra la catástrofe capitalista para quien quiera verla.

El gobierno nacional nombró en la gerencia de la empresa estatal Intercargo a dos marinos, represores de la dictadura militar. Se trata de Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio, quienes formaron parte de la Escuela Superior de Inteligencia Naval (Esim) de Mar del Plata. Fueron nombrados gerente y subgerente, respectivamente, de la empresa dedicada a la carga y descarga de aviones. Fundada por Alfredo Yabrán, en los ’90 pasó a manos del Estado. Actualmente, su capital accionario se reparte entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. Durante el juicio, conocido como “Base Naval II”, que se llevó a cabo en Mar del Plata, la fiscalía probó que la Esim funcionaba virtualmente como una dependencia de la Esma. La Esma y la Esim operaban mancomunadamente. La Esim prestaba apoyo para el traslado de compañeras y compañeros secuestrados; en especial, de compañeras embarazadas, que eran llevadas a parir a la “maternidad” instalada en la Esma para proceder al robo de niños. Piaggio, entre 1976 y 1978, se encargó de instruir a los reclutas en “la lucha contra la subversión”, desempeñándose como jefe de orientación de Infantería II. Su tarea era formar los grupos que salían a secuestrar a los compañeros; él mismo fue parte de esos grupos de tareas. Por su parte, Giromini revistó en Puerto Belgrano y en la Escuela Naval Militar de Río Santiago, y en su legajo se destaca la calificación de “excelente” para las actividades operativas (secuestros y matanzas). Su participación en la represión se encuentra acreditada por el testimonio de un testigo de identidad reservada que lo reconoció en un calabozo escondido en un médano de la zona del Faro de Mar del Plata. En su alegato en el juicio “Base Naval II”, los fiscales María de las Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele pidieron que se los investigue. Hoy, a tres años de la sentencia, no se ha avanzado un ápice. Finalmente, fueron premiados con cargos jerárquicos en una empresa sociedad del Estado. No resulta un dato menor que los nombramientos lleven la firma del nuevo gerente general de Intercargo, Mario Dell’Acqua, ex directivo de Techint y también egresado del liceo naval militar Almirante Guillermo Brown. Estos nombramientos están inscriptos en las operaciones para “reconciliar” a la sociedad con las fuerzas armadas y terminar con los juicios a los genocidas, retomando la “teoría de los dos demonios”. El gobierno nacional, que, como sus antecesores, sigue manteniendo en secreto los archivos de la dictadura que podrían arrojar luz sobre los autores y víctimas de la dictadura, nombra a dos genocidas en un área sensible para la seguridad nacional. Los diputados del Partido Obrero presentaron un proyecto de resolución en repudio a los nombramientos, en el que pidieron su inmediata remoción y exhortaron al Poder Judicial proceda a su inmediata investigación.

El tarifazo del gas en Río Negro y Neuquén ha desatado una conmoción popular. Especialmente en las zonas cordilleranas de ambas provincias. Pues allí, el tarifazo, en algunos casos supera el 2.000 por ciento. En Bariloche, la iniciativa fue de los vecinos autoconvocados, que salieron a la junta de firmas contra el tarifazo, y en pocos días lograron juntar 30.000. El intendente Gennuso, la Cámara de Turismo, la de Comercio, y la Asociación Hotelera Gastronómica, junto a más de 20 sindicatos se encuentran presentando recursos de amparo, para que la Justicia eche atrás el tarifazo. Una asamblea popular en el Centro Cívico de Bariloche, de la que participaron centenares de vecinos, definió impulsar una movilización multisectorial para el 25 de mayo, contra el tarifazo del gas. En Villa la Angostura (Neuquén), una asamblea popular de la que participó el intendente, también convocó a una movilización contra el tarifazo y se ha lanzado también a juntar firmas para un amparo judicial en rechazo al aumento. El miércoles por la tarde, 20 sindicatos seccionales de Bariloche, reunidos con el intendente Gennuso, convocaron a un paro general con cortes de ruta para el 1º de junio, en oposición al tarifazo. En este cuadro, el gobierno nacional ha convocado a los gobernadores Gutiérrez y Weretilnek a una reunión con el ministro Aranguren, para “buscar una solución al impacto de la suba”. Colapso de la política energética El déficit energético del país, obliga a importar gas desde Bolivia y ahora desde Chile a un precio más alto. Acuciado por el enorme déficit fiscal, el gobierno retiró los subsidios que otorgaba para mantener un precio planchado del servicio, lo que se ha traducido en una disparada exponencial del precio del metro cúbico de gas natural. El tarifazo es una expresión concreta del fracaso de la política energética sostenida por todos y cada uno de los gobiernos, desde el menemismo, pasando por el kirchnerismo, a esta parte. Con la privatización de YPF en los ’90, comenzó un vaciamiento energético que hasta el día de hoy no ha cesado. El festejo del gobernador neuquino Gutiérrez por el aumento del gas en boca de pozo, que habilita a la provincia a tener mayores ingresos por regalías, se ha transformado en un búmeran: lleva al encarecimiento de las tarifas que han generando esta conmoción popular en la mismísima Neuquén. El planteo de la nacionalización integral de la industria hidrocarburífera, sin pago y bajo la gestión y el control de los trabajadores, se debe colocar a debate como la única salida de fondo a la actual crisis. Río revuelto El rechazo al tarifazo incluye a trabajadores, patrones e intendentes municipales. Cada cual, por diferentes intereses se oponen al aumento. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica se opone alegando el “impacto negativo” del tarifazo en la “estructura de costos”, lo que se combina con un “caída del consumo” y “la presión tributaria”. Las patronales del turismo le exigen al gobierno exenciones impositivas y se anotan en el campo empresarial que reclama una nueva devaluación del peso para sostener su tasa de beneficio. En respuesta, el gobierno ha lanzado el viernes un plan de diferimiento, que le permite a pymes, comercios y entes oficiales de todo el país abonar el 50 por ciento de las facturas de abril a septiembre, en cuotas, durante los períodos de bajo consumo: entre octubre de 2016 y marzo 2017. Los intendentes, por su lado, se han visto presionados por la asonada popular. Pero su política encierra enormes contradicciones. Gennuso es un alfil del gobernador Weretilneck, que viene de Córdoba de terminar de cerrar su pleno alineamiento con el gobierno macrista. El gobernador elogió el “federalismo” de Macri, porque este lo sacó de la asfixia financiera de la provincia restituyéndole en cuotas el 15% de los fondos de coparticipación. Gennuso, a su vez, acaba de reconocer por intimación del Tribunal de Contralor un nuevo tarifazo en el boleto de transporte urbano. El intendente de Villa la Angostura, Caruso, es del MPN, el partido de gobierno provincial alineado con el macrismo y lobista del aumento del gas en boca de pozo. Los trabajadores son los más golpeados por los tarifazos, que se carcomen los ya insuficientes salarios. En las barriadas más humildes, donde no existe red de gas y utilizan gas envasado, es donde más caro se paga el recurso, no desde ahora sino desde siempre. El paro general convocado por los sindicatos de Bariloche para el 1º de junio representa una enorme oportunidad. No solo para pelear contra el tarifazo al gas, sino contra todos los tarifazos, por la reapertura de paritarias y la indexación automática de los salarios en función de la inflación y el costo de vida. Por ese programa es necesario desenvolver una intensa agitación, preparando una fervorosa intervención de los trabajadores, que deben encabezarun movimiento popular destinado a derrotar el tarifazo.

La burocracia de Conadu y Adulp reivindica como un triunfo propio el acuerdo que firmó con el gobierno pero, sin embargo, con sus tres paros aislados en un mes y medio (30/3, 13 y 14/4 y 12 y 13/5) Conadu no movió el amperímetro. El mérito de que el gobierno haya retrocedido de sus ofertas iniciales (25 en dos cuotas o 15% como UPCN) pertenece por entero al plan de lucha de la Conadu Histórica, en cuya dirección La Naranja jugó un papel primordial. La marcha del 12 fue un fruto genuino de esa lucha que sacudió el tablero e impactó en los docentes de todo el país Lo más pérfido sin embargo es que la Conadu firma el acta sin una consulta previa en asamblea general en sus gremios de base que hubiese permitido establecer la disposición de lucha de los docentes. A diferencia de la Conadu Histórica, con más de 20 días de paros y dos semanas completas, en la UNLP -por ejemplo- recién nos sumábamos a la lucha. El movimiento estaba en franco ascenso y la única asamblea general que se convocó en el año, con casi 200 docentes, votó el paro de 72 horas, concurrir a la marcha de antorchas con la FULP, y re convocarse en un lugar adecuado para una concurrencia masiva. Y de ahí que la participación de los docentes a la marcha del 12 fue tan grande, como hace años no ocurría. Los estudiantes comenzaban a sumarse con fuerza y florecían las “interclaustros” y las clases públicas con cortes de calle, con las que el kirchnerismo coqueteó al inicio, pero que ya en la semana de la firma boicoteó. La marcha de antorchas el viernes 20 de mayo, con ausencia de los K de Adulp y de los Centros, reunió 5.000 personas con la huelga levantada. Las condiciones para ir por más estaban dadas con claridad. Por ese mismo motivo, y porque probablemente hasta la base que simpatiza con el kirchnerismo habría rechazado la nueva oferta, evitaron convocar una asamblea. En todas las previas -en los gremios de base donde las hubo- el kirchnerismo había rechazado de plano la oferta descalificándola por completo. Al día siguiente la dirección le ponía el gancho a al Acta que apenas se diferencia de la “tajantemente” rechazada en asambleas. En Adulp y Conadu queda de manifiesto el compromiso de la dirección kirchnerista, y de las gestiones de la Universidad con las que está entrelazada, de sostener el ajuste de Mauricio Macri. Que pase el ajuste macrista es la premisa del “volveremos” porque sus gobernadores, intendentes y burócratas sindicales son parte del problema. Esa es la razón de fondo por la que se negaron a marchar a Plaza de Mayo rechazando la moción que hizo la oposición (Frente Magenta) en la asamblea. Si el acuerdo que se firmó supera a todas las paritarias estatales y tiene una vigencia hasta febrero (no hasta mayo como habían firmado los K con su gobierno), eso es gracias a la lucha de la Histórica y su dirección clasista. Los docentes platenses tenemos que hacer este balance. La conclusión que se impone es la necesidad de superar el bloqueo a una lucha real que representa la conducción kirchnerista, atada por completo a las gestiones privatistas de la universidad. No faltarán oportunidades ante el feroz ataque del macrismo.

Foto: Ignacio Smith El veto de Macri a la ley de prohibición de despidos y suspensiones es mucho más que el intento de establecer un acto de autoridad por parte de un gobierno de origen minoritario (en la primera vuelta apenas superó el 30%). Su objetivo de fondo es descargar la bancarrota económica sobre las espaldas de los trabajadores para recuperar la tasa de beneficio del capital. Ofensiva anti-obrera El lugar elegido para anunciar el veto presidencial -la planta de Cresta Roja- deja claro cuál es el “modelo” de Macri. La patronal de Cresta Roja ha reducido en dos tercios el plantel de empleados, ejecutó más de 2.000 despidos y obligó a los trabajadores a renunciar a su estabilidad laboral y antigüedad, dejándolos con contratos basura de renovación trimestral. En pos de ese “modelo”, Macri ya tiene en carpeta una reforma laboral flexibilizadora. El primer paso será una “ley de empleo joven”, la cual, al otorgar a las patronales beneficios impositivos para los nuevos empleados que contraten, termina por ser un incentivo para despedir a los “viejos” trabajadores. Pero el asunto no termina allí. El Ministerio de Trabajo, junto con las cámaras empresarias y la burocracia sindical, han formado comisiones para discutir la “productividad”, que para los capitalistas sólo significa una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Con la excusa de un alto ausentismo, quieren establecer el presentismo a todos los trabajadores y hasta el descuento de los días de huelga. La reforma podría incluir también la ilegalización de las huelgas que no sean convocadas por las direcciones sindicales, en un claro ataque a las luchas por abajo que son motorizadas por el activismo clasista. Esta ofensiva contra los trabajadores tiene su capítulo principal con la desvalorización del salario, que es el resultado de una política consciente y premeditada del gobierno. Los aumentos salariales están muy por detrás de una inflación que supera el 40%, como consecuencia de la megadevaluación y los tarifazos, convalidando una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del orden de los 10 puntos porcentuales. Mientras especulan con la quiebra del Tesoro y del Banco Central, al cual le prestan dinero a tasas usurarias, los capitalistas le imponen a los trabajadores la venta de su fuerza de trabajo por debajo de su valor (la canasta familiar). Cómplices Este objetivo antiobrero envuelve al conjunto de la clase capitalista y sus partidos. Por eso el veto de Macri ha pasado con el aval del Frente para la Victoria y del massismo. En el Senado, donde tiene más de dos tercios de los votos, el FpV ya anunció que no piensa insistir con la ley. Tiene su lógica: los gobernadores que dictan la política en el Senado aplican ellos mismos despidos o rebajas salariales en sus respectivas provincias. Horas antes del veto presidencial, los gobernadores pactaban con Macri un precario rescate financiero de las provincias, a cambio de un monitoreo del “ajuste” por parte del gobierno central. Este pacto del veto y del ajuste incluye a Santa Cruz, gobernada por una integrante de la familia Kirchner. Su pretensión de imponer una paritaria de 15%, cuando la inflación patagónica supera incluso la media nacional por los efectos del tarifazo, ha creado una rebelión provincial. La docencia, los trabajadores del Estado, e incluso los obreros de la construcción están en un virtual estado de huelga general. Una situación similar es la que se vive en Tierra del Fuego, también gobernada por el Frente para la Victoria, donde los trabajadores protagonizan una huelga general que supera los 85 días. La complicidad con el ajuste en marcha alcanza por sobre todo a la burocracia sindical. En un cuadro de despidos, desvalorización del salario y continuidad del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, las cinco centrales sindicales se limitaron a pedirle al Congreso la aprobación de una ley de prohibición de despidos muy limitada (con un plazo de vigencia de sólo seis meses y sin retroactividad para lograr la reincorporación de los 130.000 despedidos de este año). El recurso de ir al Congreso fue la coartada para dejar a un lado los métodos de lucha que tienen los trabajadores para pelear por sus reclamos. Prometieron, sí, que si la ley era vetada convocarían un paro de repudio. Sin embargo, llegó el veto pero no el paro. A cambio de ello, la burocracia negoció por lo bajo fondos para las obras sociales, puestos en el directorio del Pami e impunidad para sus manejos financieros turbios. De este modo la burocracia demostró lo que es: un agente de las patronales dentro del movimiento obrero. Sus intereses de casta se encuentran totalmente diferenciados de los intereses de los trabajadores. Crisis Pero la ofensiva antiobrera que encabezan Macri y los gobernadores en nombre de toda la clase capitalista tiene bases endebles. El alcance de la bancarrota económica corroe la estabilidad del régimen. Las altas tasas de interés han armado una bicicleta financiera que les facilita grandes ganancias a los especuladores pero profundizan la recesión económica. El tarifazo, que beneficia a las privatizadas, no sólo golpea a las familias sino que agrava los costos industriales y comerciales neutralizando las ventajas que les dio la devaluación. Su inviabilidad se prueba en la Patagonia, donde el tarifazo liquida las perspectivas de regiones enteras y ha colocado a varias ciudades a las puertas de la rebelión popular. Temeroso de esa perspectiva, el gobierno del “veto” debió recular parcialmente con los megatarifazos del gas y la luz en el Sur. Pero la crisis no se ha cerrado, porque los aumentos que se terminaron convalidando son igualmente confiscatorios. Este cuadro se agrava considerablemente por la crisis brasileña, que afronta un retroceso económico y productivo de envergadura. La devaluación monetaria organizada por Prat-Gay no logró aumentar las exportaciones, menos aún las industriales, que tienen como destino exclusivo a Brasil. En este cuadro crecen las presiones capitalistas en favor de una nueva devaluación que lleve al dólar por encima de los 20 pesos. La política económica oscila entre la hiperinflación y la recesión económica, dos formas de confiscación de la clase obrera y el pueblo. El golpe de Estado ejecutado en Brasil contra Dilma Rousseff, con la complicidad de Macri, es la última palada de tierra sobre el moribundo Mercosur. Después de competir en ver quién desvaloriza más su fuerza de trabajo, cada gobierno de la región reclama libertad de comercio para cerrar acuerdos con las potencias imperialistas y China. Las burguesías nacionales de América latina han sido incapaces de consagrar la autonomía y la unidad de la región. Sus intereses de clase la llevan a actuar como fuerzas subordinadas del capital financiero internacional, condenando a nuestras naciones al atraso y la miseria social. Nuestra respuesta La crisis ataca y, a la vez, plantea una oportunidad para los trabajadores, ya que pone de manifiesto las bases precarias que tienen el gobierno y los capitalistas para desarrollar una ofensiva en regla. También facilita la comprensión política de la situación, al colocar a todos los partidos patronales en el campo del ajuste. Los intentos del kirchnerismo de actuar como oposición al macrismo no ha superado la prueba de los hechos. Sus gobernadores son los que aplican el ajuste, y sus bloques parlamentarios facilitaron el pacto con los buitres. La clave del proceso político se reduce a lo siguiente: los trabajadores debemos tomar la iniciativa para enfrentar el ajuste en marcha, organizando las luchas contra los despidos, las suspensiones, la carestía y los tarifazos. El programa de esa lucha es claro: ningún despido ni suspensión; ocupación de la fábrica o repartición que cierre o despida, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; por un salario igual a la canasta familiar, hoy en 20.500 pesos; abajo el impuesto al salario; por el 82% móvil y un aumento de emergencia para todos los jubilados, cuya mínima apenas llega a la cuarta parte de la canasta familiar. Nuestra consigna de plan de lucha y paro nacional apunta en esa dirección. Es la necesidad que tienen los trabajadores para derrotar el ajuste y es la forma de mostrar nítidamente la política traidora de la burocracia sindical. Llamamos la atención sobre las grandes rebeliones populares que se van desarrollando en el país, especialmente en la Patagonia Rebelde. Como tantas veces en nuestra historia, la resistencia popular contra los gobiernos antiobreros evolucionó del interior al centro del país. A ese centro político -a la Plaza de Mayo- marcharon días atrás decenas de miles de jóvenes junto a la Conadu H, en defensa de la universidad pública y de los docentes universitarios en lucha. La pueblada masiva en Comodoro Rivadavia, que reunió la marcha más numerosa de la historia de Chubut, impuso la vuelta al trabajo de miles de petroleros. Ese es el camino a seguir para derrotar los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Llamamos la atención, también, sobre el triunfo de una lista combativa y clasista en el sindicato del Neumático (Sutna), que derrotó a la burocracia sindical identificada con el kirchnerismo. Muestra que la recuperación de los sindicatos por parte de los trabajadores es una transición política en marcha, que da cuenta del agotamiento de la burocracia sindical integrada al Estado y del surgimiento de una nueva generación de luchadores obreros. Esa transición se enlaza con otra cuestión de fondo: la superación política del peronismo por parte de una fracción creciente de la clase obrera, que lucha por una perspectiva política independiente de los trabajadores, anticapitalista y socialista. Por referencia a esos extraordinarios avances, todo seguidismo al kirchnerismo, una fuerza del ajuste que se hunde en medio de los escándalos por corrupción, es un crimen y una formidable regresión política. El “frente único” que tenemos que impulsar para derrotar el ajuste debe tener una base de clase, para luchar contra el gobierno y las patronales. Esta es la perspectiva con la que el Partido Obrero desarrolla el Frente de Izquierda. Sobre esta base llamamos a reforzar la lucha contra el ajuste antiobrero y a desarrollar la construcción de una alternativa política de los trabajadores. 22 de mayo de 2016

El veto a la ley que prohibía los despidos por seis meses demuestra quién redacta la agenda de Macri: los grandes capitalistas, que quieren la más completa libertad para despedir o suspender trabajadores. Pero el veto no sólo delata al gobierno. También deschava a los Moyano, Caló o Yasky, que abandonaron cualquier lucha tras peregrinar, durante casi dos meses, por los pasillos del Congreso, donde habían ido a pedirle una “ley antidespidos” a los Massa y a los K, o sea a los mismos que avalaron el pacto colonial con los fondos buitre. Esos bloques se encargaron, primero, de recortar al mínimo los alcances de la ley. Finalmente, no movieron un dedo ante el veto presidencial. Lo mismo hizo la burocracia sindical. En este caso, a cambio del botín de las obras sociales y de puestos en el PAMI. “Dime de qué presumes, y te diré de qué adoleces”. Con el veto, Macri quiso mostrarse “firme”. Pero el tembladeral económico y social no cesa de avanzar. La carestía y la recesión van de la mano. Los dólares sólo ingresan para una bicicleta financiera a costa de los trabajadores de toda la nación. Los que prometieron “reacomodar todo” en cuestión de meses, han agravado todas las contradicciones de la quiebra anterior. En este cuadro, la inquietud popular irrumpe con fuerza. Los tarifazos amenazan con una rebelión popular en las provincias del sur, ya conmovidas por luchas durísimas en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Mientras, la juventud estudiantil gana las calles de a miles, en defensa de sus docentes y de la universidad pública y una rebelión hospitalaria se instala en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Para todos los que batallan contra el ajuste el episodio del veto debe llevarnos a nuevas conclusiones. El porvenir de nuestros reclamos no puede quedar a cargo de las burocracias sindicales. Mucho menos en manos del kirchnerismo, que condujo a una quiebra nacional después de haber pagado 200.000 millones de dólares de deuda usuraria a lo largo de diez años. Hoy, Alicia Kirchner ejecuta un ajuste salvaje en Santa Cruz. Debemos tomar en nuestras manos la lucha contra los despidos, contra los tarifazos, por el salario, por la salud y la educación pública. Impulsemos asambleas y plenarios para enfrentar los despidos y las suspensiones, el tarifazo y la carestía. Para denunciar la entregada de la burocracia sindical y reclamar un paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste. Contra la pretensión de imponernos paritarias a la baja, luchemos por un salario mínimo igual a la canasta familiar -hoy en 20.500 pesos, por la indexación mensual de los salarios, por el 82% móvil y un aumento de emergencia para los jubilados. Frente a los aumentos confiscadores del gas o la luz, decimos: Anular el tarifazo, por la apertura de las cuentas y costos de todas las privatizadas. Para combatir los despidos planteamos el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la ocupación de toda fábrica que cierre y despida. Pero “tomar en nuestras manos” significa luchar también por nuestra independencia política y por una alternativa política de los trabajadores. La caída de Dilma Rousseff en Brasil, que ha cedido sin luchar el gobierno a los golpistas, es un nuevo fracaso de quienes se sirvieron de banderas “nacionales y progresistas” para beneficiar a camarillas capitalistas, o sea, a los Lázaro Báez del continente. A los ajustadores macristas, empeñados en una agresión a fondo a los trabajadores, le oponemos la lucha y la perspectiva con la cual constituímos y defendemos el Frente de Izquierda: el frente único de la clase obrera y la izquierda por nuestras reivindicaciones, y por un gobierno de trabajadores.

Cresta Roja volvió a ser el lugar donde el presidente Macri intentó meter “su relato” de reactivación y defensa del trabajo. Justo allí donde hubo centenares de despidos, represión, rebaja salarial y precarización laboral. Macri decidió anunciar el veto a la “ley antidespidos” en una de las fábricas que es símbolo de despidos masivos del último período. Y la jornada arrancó, inesperadamente para el Presidente, con un paro impulsado desde la base en reclamo del pago de la quincena, que tenía un día de atraso. La disposición a la lucha de este conjunto de trabajadores, que supieron demostrarla durante varios meses, aún está viva, a pesar de las dificultades que enfrentan. Casi 2.000 trabajadores sin reingresar Desde la llegada, a comienzos de año, de las empresas que están operando Cresta Roja, sólo han vuelto a trabajar 1.550 operarios sobre un total de 3.500 que lo hacían antes del conflicto en las plantas de Ezeiza, de El Jagüel y del campo, sin tener claridad aún sobre el destino de los 1.500 trabajadores de empresas vinculadas con el funcionamiento de la avícola. Es decir, que aún continúan sin volver a sus lugares de trabajo en las plantas casi unos 2.000 trabajadores. Por el momento, está funcionando una única planta, la de El Jagüel, manteniendo un nivel de faena de 170 mil pollos por día, menos de la mitad del máximo nivel de la empresa en años anteriores. La empresa Ovoprot, junto a otras dos firmas que son parte del consorcio, asumieron como operadores de Cresta Roja por 180 días (que se cumplen al finalizar junio), con posibilidad de renovar por otros 180 días, y con prioridad para comprarla a fines de 2016, tomándose la inversión realizada como a cuenta de la compra. Un representante de Ovoprot declaró a los medios que ya han comenzado a exportar a Asia y Medio Oriente, y que tienen la intención de concretar la compra de la empresa. La realidad adentro Las condiciones de los 1.550 trabajadores que volvieron a planta son de precarización. Han ingresado con un contrato por 180 días y con un 30% menos de su salario nominal, ya que la patronal recién llegada no paga los premios conquistados ni la antigüedad, que en algunos casos llegaba a los 30 años de fábrica. Si a esto sumamos la gran carestía de los últimos meses, el golpe a los ingresos de estas familias es brutal. El salario ronda los 6.500 pesos por quincena, frente a los 8.500 que percibían en 2015. La empresa ha maximizado beneficios sobre el recorte salarial directo. La realidad afuera Los casi 2.000 trabajadores que aún no han ingresado, sobreviven con un ingreso de miseria y en la incertidumbre sobre sus puestos de trabajo. La línea de desgaste que Macri intenta imponer a los trabajadores de Cresta Roja arrancó con una feroz represión y siguió con un Repro de hambre de 6 mil pesos. Desde febrero, los Repro de 6 mil pesos se han transformado en “adelanto” de la futura indemnización que cobrarán los trabajadores de parte de Rasic; es decir, que en caso de percibir la indemnización correspondiente, ésta recibirá fuertes descuentos. Racionamiento y rebaja salarial La “salida” de Macri fue la que Scioli y los hermanos Rasic intentaron imponer durante 2015 a los miles de trabajadores que salieron a luchar ferozmente contra el racionamiento y el achique salarial. En Cresta Roja continúa vigente el reclamo de ingreso del conjunto de los compañeros en defensa de todos los puestos de trabajo, de la recuperación de las condiciones de trabajo y del salario, y del pago de la deuda de Rasic con los trabajadores.

El tarifazo de Macri-Aranguren ha sufrido un primer recule: el gobierno anunció un tope en el aumento de la tarifa del gas, que no podrá superar el 400 por ciento para las provincias patagónicas y La Pampa, cuando el promedio de aumentos anunciados era allí del 1.200 por ciento. El anuncio llega después de que el gobierno se viera obligado a otra seguidilla de excepciones -clubes y otras entidades- al aumento. El mismo Aranguren declaró el fracaso de su política cuando dijo que hay 3 millones de hogares alcanzados por la tarifa social, lo que demuestra la inviabilidad del aumento. Y aún falta que lleguen las facturas de junio, que serán impagables. La crisis provocada por el tarifazo casi le cuesta la cabeza a Aranguren, al punto que el mismo Marcos Peña tuvo que desmentir la renuncia del titular de Energía. Los gobernadores patagónicos debieron reclamar medidas ante el temor a una rebelión contra las subas en el gas, que provocaron autoconvocatorias, movilizaciones y petitorios principalmente en Río Negro y Neuquén. En Tierra del Fuego, el sindicato de petroleros anunció que el 1° de junio cortaría el suministro del gas hacia todo el país; en Santa Cruz y Chubut, la justicia hizo lugar a los amparos presentados, suspendiendo el tarifazo. El tarifazo del gas en la Patagonia fue más alto que en el resto del país porque no se le había aplicado el aumento que CFK había dispuesto en 2014. Pero los nuevos valores -con incrementos del 2.000 por ciento- constituyen un golpe letal a numerosas actividades y han provocado una fractura en el frente patronal. Por caso, un hotel que pagaba 5.000 pesos por el gas ahora debe pagar 70.000. En cualquier caso, nada iguala el alcance que tiene este masazo sobre los trabajadores: hay unos 4.000 petroleros y trabajadores de gremios subsidiarios suspendidos, y cobran un 40 por ciento de su salario. La combinación de despidos y reducción de salarios con tarifazos se vuelve intolerable. La reunión de Aranguren con los gobernadores sólo fijó un tope para la tarifa domiciliaria, mientras habilitó a financiar en cuotas el 50 por ciento de las facturas de gas de industrias y comercios. Nada de esto resuelve la crisis, en la medida que las tarifas ahora “sólo” se han quintuplicado. En favor de los pulpos Macri y Aranguren han tomado toda una cadena de medidas que benefician a los pulpos petroleros y a los capitalistas amigos de los K: Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, adquirió finalmente los activos de Petrobras en Argentina, gracias a los subsidios y los tarifazos. En esa línea están los subsidios al petróleo por encima del precio internacional, el pago del gas a un valor más caro que el que se importa de Bolivia, y el aumento del 31 por ciento en las naftas La suspensión del subsidio a las distribuidoras de gas y a la electricidad no ha servido siquiera para revertir el déficit fiscal –apenas ha compensado la eliminación de las retenciones al agro y mineras, entre otros beneficios a los capitalistas. El rescate de los negociados de los privatizadores -eso es en definitiva el tarifazo- lleva al hundimiento de la economía del país y de los hogares de los trabajadores. Abajo el tarifazo, apertura de las cuentas de todas las empresas de la cadena energética, nacionalización bajo control de los trabajadores de toda la industria de electricidad, petróleo y gas.

A tres semanas de las elecciones los partidos capitalistas buscan concentrar el voto de los trabajadores sobre la base de establecer una polarización trucha. Las encuestas coinciden que entre las dos primeras fuerzas acaparan alrededor de un 70%, con un porcentaje de indecisos de más de dos dígitos. Sin embargo, la verdadera polarización se da entre los trabajadores y los gobiernos ajustadores. La reciente huelga de 72 horas en el trasporte urbano e inter urbano son una manifestación de ello. Cambiemos y el PJ (De la Sota y los K) tienen una estrategia política común, impulsan un nuevo ciclo de endeudamiento en la provincia y en el municipio, para favorecer el interés capitalista. La garantía de pago es un ajuste, que debe pasar o pasar, por eso ambos votaron el recorte en el cálculo del 11% en las jubilaciones, un salario por debajo de la inflación, tarifazos, y recortes en el Paicor. En oposición a los candidatos del ajuste, para el Partido Obrero, las elecciones del 12 de junio son una oportunidad de preparar al pueblo trabajador en la presente etapa de ajuste y de confrontar programáticamente con los partidos capitalistas. Votar a Lucia Salazar y Federico Calosso (PO) implica pronunciarse por resolver el problema de la falta de vivienda, sobre la base de un banco de tierras y un fondo de la vivienda. Con esta posición impulsamos la creación de empleo bajo convenio para los trabajadores. Sobre la base de esta orientación promovemos un nuevo reagrupamiento clasista en la construcción. Votar al Partido Obrero es un voto para que los centros de salud municipal atiendan las 24 horas, con especialistas bajo convenio, y el fin de la descentralización que favorece la precarización laboral. Cada voto que obtengamos será un pronunciamiento contra la impunidad y corrupción que impera en la ciudad: las empresas amigas siempre se ven favorecidas, como las constructoras, Cotreco, Sat. Para terminar con los negociados y garantizar el derecho al trasporte presentamos un proyecto de municipalización del servicio de colectivo urbano. Nuestra candidata se encuentra en plena campaña hacia el 3 de junio por el #NiUnaMenos, por eso junto al Plenario de Trabajadoras, realizó una agitación sobre el Tribunal Superior de Justicia para defender el derecho al aborto no punible, y viajo hasta Tucumán para reclamar la libertad de Belén. Llamamos a la población trabajadora a sumarse a la campaña. Una alternativa estratégica socialista está en desarrollo. Vamos con el Partido Obrero al Concejo, frente a las alianzas que votaron el pacto buitre, para defender cada una de las reivindicaciones pendientes y por la construcción de una alternativa política de los trabajadores.

El viernes 20 de mayo se realizó en La Plata una masiva marcha de antorchas. La iniciativa surgió de numerosas asambleas en la UNLP y fue tomada por la federación universitaria. Esta modalidad, con una importante historia en el movimiento educativo de nuestra ciudad, iluminó la noche en defensa de la educación pública, en reclamo de un mayor presupuesto y por la implementación inmediata del Boleto Estudiantil Gratuito, que la gobernadora María Eugenia Vidal se niega a reglamentar. La marcha fue una nueva respuesta a los ataques del gobierno, que con su tarifazo y el presupuesto de ajuste “heredado”, hizo estallar por los aires una situación insostenible.La intención de no aplicar el boleto y el fallo que declara inconstitucional el ingreso irrestricto no han hecho más que multiplicar la organización de estudiantes y trabajadores de la educación. La numerosa movilización, que cerró una semana de clases públicas, asambleas y acciones de lucha, como el corte de la Facultad de Derecho en pleno centro, son todo un síntoma de que el proceso está en alza. Es el camino que trazó la Conadu Histórica, que, con 22 días de huelga, con piquetes, clases públicas y el apoyo masivo de los estudiantes, quebró el techo salarial docente que pretendían imponer Macri y Bullrich. Debe ser advertido el rol desorganizador jugado por el kirchnerismo. Sucede que sus agrupaciones se jugaron a fondo a sabotear la movilización y brillaron por su ausencia las banderas de los centros de estudiantes que conducen. La “resistencia con aguante” no puede ir más lejos de sus compromisos con las autoridades universitarias, que festejaron con bombos y platillos la partida del 1% del presupuesto que Macri entregó a las universidades y cerraron una “agenda común de trabajo” con el gobierno anti-boleto educativo de Vidal. A la luz de esto se refuerza la necesidad de defender una política independiente de los estudiantes. Sólo un movimiento sin ataduras al gobierno y las autoridades universitarias del ajuste podrá desenvolver esta lucha a fondo. Más importante que nunca es la convocatoria a una asamblea general de la FULP, que unifique un plan de lucha del conjunto de la UNLP. En ese punto, la política de La Mella-Patria Grande, que evita, hace semanas y de forma deliberada, reunir a la Junta Representativa por estar en desacuerdo con el planteo votado en numerosas asambleas, es un enorme favor al gobierno y al Rectorado. La UJS pondrá sus fuerzas en la concreción de esta instancia, que colaborará con el desarrollo de este movimiento y de un plan de lucha, y con la superación de las direcciones estudiantiles que han convertido los centros de estudiantes en secretarías de los decanatos, el rectorado y el gobierno de turno. El Congreso Nacional de la UJS, a realizarse el 28 y 29 de Mayo en Capital Federal, tendrá como tarea central sacar las conclusiones de esta etapa de lucha política en la juventud, para potenciar este gran movimiento. Para ello es fundamental la estructuración de una dirección juvenil, independiente de los partidos del régimen y las autoridades, que impulse esta perspectiva.

La Junta Representativa de la Fuba convocó al Congreso de renovación de autoridades para el 14 de junio. El Congreso de la Fuba es una parada estratégica para el movimiento estudiantil combativo que acaba de protagonizar la pueblada educativa y continua en pie de lucha contra el ajuste macrista. La Fuba, junto con la Conadu Histórica, es el canal de expresión e impulso de la rebelión universitaria. Esto no es fortuito, sino que se corresponde con la conducción independiente del gobierno y las autoridades que hace 15 años dirige la Federación. La defensa de una Federación independiente y de lucha es, por lo tanto, una tarea de primer orden para los que queremos derrotar el ajuste en la universidad. El papel de la Fuba Tres hechos, antes, durante y después de la gran marcha del 12 de mayo, marcaron la importancia de tener una Fuba independiente. El primero fue la maniobra del rectorado de Barbieri, codirigido por elementos del PJ y Cambiemos, que anunció el miércoles 11 un “aumento” falso de 500 millones de pesos para la UBA, cuando se trataba de la ejecución (sub-ejecución, en realidad) de partidas ya presupuestadas. Inmediatamente Nuevo Espacio-Franja Morada difundió un flyer donde afirmaba que habíamos “ganado” y la crisis presupuestaria estaba resuelta. Es decir, un favor a Macri llamando a no movilizarse -cuando ese presupuesto implica, por ejemplo, una nueva condena contra el Hospital de Clínicas. El hecho que algunos de los centros dirigidos por Nuevo Espacio de todas formas hayan participado de la marcha sólo expresa su necesidad de camuflarse con el movimiento para no perder los centros de estudiantes como ocurrió en 2001, cuando Franja quedó asociada a De la Rúa. La Fuba, por el contrario, denunció la maniobra y llamó a reforzar la movilización. El segundo fue el intento de las gestiones y burocracias sindicales kirchneristas de que la marcha culminara en el Ministerio de Educación y no fuera a la Plaza de Mayo. La lucha política de la Fuba junto con la Conadu Histórica fue decisiva para que la lucha universitaria llegara al centro del poder político. El tercero es la continuidad del plan de lucha resuelta por la Federación, cuando aún quedan muchos reclamos sin respuesta como el boleto educativo. La Fuba está convocando a una Asamblea Interestudiantil frente al Ministerio de Educación para el miércoles 1 de junio y prepara una gran columna estudiantil para la marcha por Ni Una Menos. Los bloques El Congreso de la Fuba parte de una contradicción: mientras el movimiento estudiantil se rebela contra el gobierno de Macri, existe el riesgo de que el gobierno de Macri se apropie de la Federación que impulsa esa rebelión. Esto se explica por la correlación de fuerzas que dejaron las elecciones del año pasado. El bloque de la izquierda que actualmente conduce la Fuba es el que más centros dirige (6 de 13) pero no reúne un quórum propio de delegados que le asegure su victoria. Del otro lado, las agrupaciones de Cambiemos y el rectorado, encabezadas por Nuevo Espacio, dirigen 5 centros y podrían llegar -a partir de la distorsión que implica el pegado con las elecciones obligatorias- a reunir un gran número de delegados aunque tampoco tienen quórum para ganar. El kirchnerismo, a pesar de ser una fuerza minoritaria, volverá a tener un peso decisivo en el Congreso. La conducción del centro de Sociales está partida entre un sector alineado con Nuevo Espacio y el rectorado (La UES) y La Cámpora alineada al decano Postolski. La conducción del Centro de Ingeniería (el MLI) está en un proceso de integración a la gestión radical de la facultad. El kirchnerismo universitario no escapa al cuadro general de sometimiento al PJ y componendas con el macrismo. No olvidemos que Barbieri era “su” Ministro de Educación. Los K, que pretenden hegemonizar la oposición a Macri, no tienen ni las condiciones políticas ni la fuerza para encabezar esta oposición en la UBA. Nuestro planteo En este contexto, el kirchnerismo tendrá que decidir. Por Macri-Nuevo Espacio o por una conducción de izquierda en la Fuba. La UJS emprenderá una gran campaña para mostrar lo que está en juego y llamar a todas las fuerzas a aportar sus delegados para derrotar a Macri y al rectorado. Nuestro planteo apunta a propinar una derrota a los ajustadores y defender una Fuba independiente y de lucha, desenvolviendo las contradicciones del kirchnerismo. Es lo contrario de lo que plantea La Mella (Patria Grande), que pugna por un bloque político común -imposible- con los K. Rechazamos la política de catapultar al kirchnerismo a la conducción de la Federación (“triple presidencia”). Implicaría diluir el carácter combativo de la Fuba en una especie de “frente ciudadano” con una fracción de las autoridades y de la burguesía, reforzando el parcelamiento de la Federación. El Congreso de la Fuba además de votar a la conducción, va a ser una instancia de deliberación y de organización del movimiento estudiantil. Con paneles y comisiones de debate en todas las facultades buscaremos esclarecer los campos en disputa y hacer del Congreso una gran movilización política que golpee al régimen ajustador. En paralelo a la elección de autoridades, el 14 se desarrollará un plenario general para votar un programa y un plan de acción y al día siguiente, aniversario de la Reforma del 18, volveremos a protagonizar una marchar educativa a Plaza de Mayo junto a los docentes. Vamos por el boleto, por el ingreso irrestricto, por el presupuesto y por todos los reclamos.

En la mañana del 24, el gobierno de Cornejo arremetió violentamente contra la movilización de la Intersindical de Mendoza a la Casa de Gobierno, en oportunidad del paro nacional de ATE. La movilización unía reclamos salariales al rechazo del tarifazo en los servicios públicos. La gendarmería arrojó gas pimienta contra los manifestantes y también contra los diputados y concejales presentes. Raquel Blas, dirigente de la CTA provincial, y Roberto Macho, secretario general de ATE, fueron golpeados por las fuerzas de represión. La violencia de los gendarmes se abatió también contra la diputada nacional Soledad Sosa; el diputado provincial Tito Fresina y los concejales Nicolás Córdoba, de Luján de Cuyo, y Federico Telera de Guaymallén, todos ellos pertenecientes al PO en el Frente de Izquierda. Repudiamos la represión y a sus responsables políticos. Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros y organizaciones de lucha que han sido salvajemente agredidos, junto al apoyo a sus reclamos.

El paro docente de este 24 por la reapertura de la paritaria, en el marco del paro nacional de ATE, desencajó a la gobernadora macrista. Con los judiciales y los trabajadores de la salud en conflicto por paritarias, el cierre total de las escuelas la colocó frente al fantasma de la huelga general provincial y, junto a ella, a la posibilidad de un plan de lucha que quiebre efectivamente su ajuste. O sea, lo que las burocracias sindicales de Suteba, Cicop, AJB, ATE y Soeme vienen frenando. La gobernadora criticó el paro de Suteba como intempestivo, y acusó a Baradel de “traición”. Así, se puso a la cabeza de una cruzada contra el derecho de huelga y anunció los descuentos por el día de paro. Vidal recibió el respaldo de todos los funcionarios de la provincia. Pero también se sumaron al coro anti-huelga desde la Casa Rosada. El ministro Triaca ya planteó en el Consejo del Salario que debe aprobarse una normativa contra el ausentismo laboral, el derecho de huelga y los descuentos masivos de los días de paro. Con ese programa, el macrismo y las patronales marchan la semana próxima a la Conferencia Internacional de Trabajo en la OIT. Pero Macri y Vidal no están solos: “yo también descontaba el día”, apoyó Felipe Solá, del Frente Renovador. Vidal y Cía. han mostrado los colmillos contra el derecho de huelga, pero no por los Godoy o el celeste Baradel. Es que el paro docente había sido convocado una semana antes por los Sutebas Multicolor y venía híper masivo en todas las escuelas, sumando a la enorme mayoría de la base celeste que se fue del control de la dirección del Suteba. Así, el paro aislado y lejos del actual cuadro de huelgas y movilizaciones que Baradel había anunciado para fines de junio… ¡tuvo que adelantarlo un mes! Vidal miente cuando dice que los docentes pararon sin motivos. Los docentes fueron masivamente a la huelga por la reapertura de las paritarias, el rechazo a la ley de emergencia administrativa y por un conjunto de reclamos como nombramientos de cargos docentes y auxiliares que faltan en toda la provincia; por infraestructura escolar para terminar con el hacinamiento y el deterioro de los edificios, contra el vaciamiento y el creciente arancelamiento del Ioma, en defensa de la ley jubilatoria y en apoyo a los docentes de Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Santa Cruz. A ello, se suma el repudio a la represión de los trabajadores mendocinos de la combativa seccional provincial de ATE y CTA el mismo 24, en medio de las movilizaciones por el paro estatal. El camino a seguir es el señalado por las bases de la Cicop y de ATE, que votaron en sus congresos de delegados la necesidad de un Congreso de delegados de base docentes y estatales con mandato, que profundice y unifique el plan de lucha que las burocracias sindicales dividen y frenan. Para desenvolver ese plan de acción, promovemos iniciativas comunes de los Sutebas multicolores, de las juntas internas antiburocráticas de ATE, de las departamentales combativas de la AJB, y de los sectores combativos de la Cicop.

Los paros aislados de ATE se asemejan a las "latas" con series viejas que repiten ciertos canales televisivos; ya se conocen los gags y todo el guión. Respecto del accionar de la burocracia, el del 24 de mayo no fue la excepción. Mientras el colosal ajuste que sufrimos los estatales, con despidos y paritarias a la baja, exige un plan de lucha en serio, la burocracia dosifica los paros en forma inconexa, a razón de uno por mes. El argumento de que "la gente no da" queda desmentido por las enormes gestas que protagonizan los estatales fueguinos, santacruceños o de la Provincia de Buenos Aires, muchas veces gracias a su dirección (como Mendoza) y en otras, a pesar de los límites que esta impone. La confluencia en Plaza de Mayo con las seccionales combativas de Suteba, que se movilizaron por sus reivindicaciones y en apoyo a las de los estatales, ilustró un rumbo alternativo de unidad y lucha posible y necesaria. Los oradores del acto central pusieron en evidencia el callejón sin salida al que nos conduce la burocracia. Godoy retomó la cantinela típica de la CTA sobre la "construcción de un paro" para un futuro indeterminado, omitiendo que atravesamos un proceso de meses con despidos en Nación y provincias sin plan ni apoyo real del sindicato a la vanguardia de esas luchas -como Economía, Trabajo o Agricultura Familiar-. Su ladero Isasi llamó a "abrir de inmediato las paritarias sectoriales", lo cual significa aceptar el acuerdo ruinoso de UPCN sin pena ni gloria para el conjunto de los Nacionales. Esta pasividad se intentará disimular, según dicen, con un "referendo masivo" para aprobar o rechazar "la tercera reforma del Estado que pergeñan Macri y Andrés Rodríguez". El llamado a defender un "modelo inclusivo" es una tragedia para los trabajadores, porque el Estado resulta ser un instrumento de la clase dominante -debemos defender nuestros derechos contra el organismo por excelencia de su negación-. Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital e integrante de la fracción K (Verde y Blanca), pronunció un discurso plagado de hipocresía. Vociferó una resistencia épica al "neoliberalismo", pero ocultó que su socio de ATE Neuquén, por caso, carnereó la huelga en forma abierta, llamando a no parar. Insistió en la "unidad del movimiento obrero" un eufemismo que solo refiere a la comunión de la burocracia por arriba -por eso saludó a "Yasky y Micheli, que trabajan para reunir a la CTA"-. Se denunció, correctamente, la represión en Mendoza, pero hubo silencio olímpico sobre las que están aplicando gobiernos K en la Patagonia o Santiago del Estero. ¿Hay que desmoralizarse, entonces? Este panorama es desolador, pero en lo que respecta a una burocracia impotente y desorganizadora, no así a los trabajadores. En Tierra del Fuego, la lucha ha tomado nuevo impulso; en Santa Cruz, crece el acampe contra la propuesta de hambre de K y Macri; en Buenos Aires, hay fuerzas para enfrentar la reforma antiobrera de Vidal; en Mendoza, al compás de su combativa ATE, se desarrolla una unidad del movimiento obrero real (frente a la cual el gobierno recurrió a una feroz represión). A la vez, los trabajadores de Economía y Trabajo no se rinden, y siguen la pelea. El planteo de Tribuna Estatal es desarrollar y difundir estas luchas, y organizarnos en forma independiente por una nueva dirección.

La gran marcha provincial del 18 dejó instalado un acampe frente a la Casa de Gobierno, al que se van sumando nuevos sindicatos que profundizan la lucha emprendida. El caso más emblemático de esta semana ha sido el de los trabajadores viales, que rechazaron la conciliación obligatoria y decidieron una huelga indefinida con cortes de ruta. En la paritaria docente la última oferta suma apenas un 16% en dos cuotas. No hay avances para reincorporar a los contratados de Desarrollo Social (cerca de 400). Alicia Kirchner otorgó un subsidio millonario a la Uocra, lo que motivó una fuerte denuncia del Sitraic, que agrupa cientos de desocupados sin subsidio. Aislamiento del gobierno El viernes 20 se eligió el vocal de los activos en el Directorio de la Caja de Previsión Social. Una lista de la Mesa de Unidad Sindical cuadruplicó a la candidata del gobierno a pesar de sus esfuerzos por mover tropa propia. Hasta en Calafate ganó el candidato de los gremios, un cambio en el humor popular en la villa turística, que ya tenía antecedentes en una marcha contra la corrupción y el aumento de tarifas realizada hace días y que todos los medios han caracterizado como histórica por su masividad y las denuncias contra la Intendencia local. En el acto del 25 de mayo en Río Gallegos, la Mesa de Unidad Sindical se presentó con una delegación para hacer oír los reclamos de la huelga. Nos encontramos con aplausos de la concurrencia que fue a ver el desfile y con la ausencia de la gobernadora y toda la plana mayor del gobierno provincial, que no puede andar por las calles de la capital. La Mesa Sindical ha pedido audiencia con las máximas autoridades provinciales para intentar tratativas de conjunto, que impliquen un piso salarial para todos, la reincorporación de contratados y la solución al reclamo de trabajo del Sitraic. Mientras las acciones gremiales se van llevando en conjunto las negociaciones se desarrollan por sectores y el gobierno maniobra para dividir un plan de lucha cuya principal potencia es la amplitud de la unidad gremial que ha conseguido. A la fecha, los docentes llevan 33 días de paro desde el inicio del ciclo lectivo y muy similar es el caso de ATE. Los municipios tienen por su parte situaciones terminales, y no reciben ayuda ni de la provincia ni de Macri. En general, se han negado a otorgar aumentos y están pagando los sueldos pasada la mitad del mes. Por este motivo, los municipios de Río Turbio y 28 de Noviembre fueron ocupados por sus trabajadores, en una acción impulsada por la Mesa de Unidad Sindical de la cuenca carbonífera. La situación del yacimiento de Río Turbio merece una nota aparte, ya que Macri se apresta a vetar la posible sanción de una ley que crea la figura legal de una empresa carboeléctrica estatal. La difusión de actos de corrupción en las inversiones realizadas en la mina viene a justificar este objetivo macrista. El Partido Obrero ha planteado que salga la ley, que se implemente el control obrero y que se castiguen todos los fraudes realizados en las contrataciones de la empresa. Desenvolvemos así nuestra crítica al gobierno actual de Macri y al anterior de CFK. El gobierno de Alicia Kirchner ‘resiste’ contra los trabajadores y amenaza con descontar los días de paro, mientras los gremios van votando cada semana la continuidad de las huelgas, de los cortes y otras acciones. La CSC/PO viene planteando la realización de asambleas y plenarios intersindicales de bases, para debatir en conjunto los reclamos y acciones que lleven la lucha a la victoria. Esta propuesta encuentra resistencia en varias conducciones gremiales. Vamos a insistir para fortalecer la unidad y comenzar a discutir una salida de los trabajadores ante la crisis provincial.

El gobierno ajustador de la kirchnerista Rosana Bertone ha decidido sentarse, mediante el ministro de Gobierno Gastón Díaz, en una mesa de “negociación”. Luego del gran paro del pasado 18M, acompañado con movilizaciones en Ushuaia y Río Grande, la marcha de antorchas del día viernes 20 en ambas ciudades, con una gran concurrencia, y la trascendencia del conflicto por la represión y detención de los compañeros llevó al gobierno a decidir abrir la puerta para “dialogar”. El gobierno provincial ya se encontraba discutiendo en una “mesa técnica” con los gremios que se encuentran fuera de la Unión de Gremios, los cuales habían decidido abandonar el Acampe y levantar el paro -o nunca lo habían declarado. Esa mesa produjo un acta donde no se defiende la no separación de la caja, la defensa del 82 % para los jubilados, la modificación del cálculo del haber a los últimos dos años de carrera administrativa ni el fin del descuento “solidario”. El problema de la mesa es que no ha logrado avanzar por dos razones: más de 20 entidades sindicales no formaban parte de ella y continúan con las medidas, además, todo lo que se firmó no se ha concretado. El lunes sucedieron dos hechos que hacen notar la intención del gobierno de mantener el ajuste a fondo, el primero de ellos sucedió por la mañana donde la Legisladora Freites, del bloque del FPV, manifestó frente al sector docente que las leyes solo se reglamentarían y que no habría derogación. Por otra parte los jubilados auto convocados llevaron adelante una reunión en la Casa de Gobierno. Por último y más relevante el gobierno decidió convocar a la Unión de Gremios a una reunión el martes a última hora. En la misma se planteó el ingreso de todas las entidades sindicales independientemente de la situación que revisten. Se plantearon puntos similares de discusión, no sin antes hacer referencia a los compañeros detenidos y privados parcialmente de su libertad, que la negociación sea vinculante y que a diferencia de la “mesa técnica” el ámbito de discusión no sea solo la ley 1068 sino todas las leyes que fueran aprobadas el 8 y 9 de enero y que avasallan una enorme cantidad de derechos sobre el pueblo trabajador y plantean un ajuste profundo. En la medida en que no se avance de manera concreta en al menos tres encuentros se continuará con las medidas de acción directa. El plan de lucha continua más vigente que nunca, el jueves 26M está planteado un nuevo paro provincial con movilización, el viernes 27M la marcha de antorchas, la semana entrante la presentación del “amicus curiae” y para el 1º de junio está planteada una enorme movilización convocada también por sectores privados como la UOM y Petroleros contra el ajuste.

El PTS, que ha hecho del sustitucionismo de la clase obrera un método (de fracaso), se atrevió a publicar en su diario virtual, pues no tienen una agrupación docente que haya fijado posición a lo largo del conflicto, una nota denunciando que la conducción de la Conadu Histórica le puso un freno a la lucha. Esto, luego de la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo, como si la misma hubiese existido por generación espontánea, o fuese obra de “autoconvocados”. El PTS se enteró del conflicto un mes después de su comienzo - o al menos ahí lo difundió-, llegando a darle más relevancia a la toma estudiantil de Filosofía y Letras de la UBA, centro que codirigen con el PO, que a los 22 días de huelga nacional. En línea con los K, intentaron borrar a la ConaduH como dirección del conflicto, llegando al desatino de exigir un plan de lucha mientras la ConaduH llevaba 2 semanas de huelga nacional o invitando a hablar a una asamblea estudiantil de Filo como referente de la docencia al representante de Feduba (de la burócrata Conadu). Es falso que “la ConaduH es la única confederación que viene rechazando todas las actas salariales en los últimos 10 años”. Este argumento, es abiertamente kirchnerista (“le rechazábamos todo al gobierno anterior y ahora ante la primera oportunidad le firmamos a Macri”), no sólo porque desconoce que la ConaduH firmó muchas de esas actas, sino porque además oculta lo esencial: que la firma o no firma se decide sobre la base de los mandatos de las asambleas de base, y además, en consultas que sólo en el caso de la AGD llegaron al pronunciamiento de más de 700 compañeros. Los 4 militantes del PTS, incluyendo al ex legislador Christian Castillo, quien volvió a participar de una asamblea del gremio después de mucho tiempo, pretendían reemplazar de esta forma a cientos de docentes que se pronunciaron luego de ponerle el cuerpo a una lucha que el PTS ignoró durante la mayor parte de su desarrollo. En un exceso de faccionalismo, el PTS pretende comparar el aumento de los docentes con el de UPCN, no sólo manipulando los números, sino sin denunciar que la burocracia de UPCN no hizo ni una jornada de lucha, lo que dejó únicamente en manos de ConaduH la batalla contra el techo salarial. Mucho menos se le ocurre decir a sus lectores que la paritaria suscripta es a 10 meses, con una cláusula que obliga a las partes a revisión en septiembre, con un aumento integralmente en blanco -sería de buen periodista comparar con otros gremios-, y más del 55% para las categorías más bajas sin antigüedad y adicionales por título y escala salarial. Lo esencial es invisible a los ojos de los facciosos. Por eso lo más importante a destacar de la lucha docente no podrá leerse en su diario: la ConaduH construyó con 22 días de paro nacional, con miles de clases públicas, cientos de cortes de calle, movilizaciones y una Plaza de Mayo llena junto a la Fuba, el mayor plan de lucha desde 2005, esta vez contra el gobierno Macri. Toda una huelga piquetera.

Los 1.200 trabajadores de Ecotrans marcharon la semana pasada a Plaza de Mayo, donde funciona el Ministerio de Transporte. Acompañados de sus familias, numerosos usuarios y delegaciones solidarias de otras líneas de transporte, como la Línea 60, la movilización fue imponente, haciendo recordar las jornadas memorables que años atrás protagonizaron estos mismos trabajadores en defensa de su fuente de trabajo. Los compañeros de Ecotrans han salido a enfrentar un inminente desguace. El arreglo que ha presentado la patronal, pergeñado en sigilo y a espaldas de los trabajadores, plantea el desmembramiento del servicio y la cesión de sus recorridos a diferentes empresas que se harían cargo de las líneas. El acuerdo dice que se respetarán las condiciones actuales, pero todos los antecedentes desmienten esta afirmación. El desguace va de la mano de pérdida de puestos y condiciones de trabajo y la supresión de recorridos menos rentables -o sea, un deterioro y un recorte de la calidad de los servicios. La fragmentación y dispersión de los trabajadores entre diferentes prestatarios es un campo propicio para que los nuevos concesionarios desconozcan las condiciones de trabajo y el convenio, y se someta a los trabajadores a regímenes de flexibilidad laboral, trabajo en negro y abusos permanentes. El acuerdo dice que las nuevas empresas se comprometen a incorporar 350 unidades nuevas. Pero, entre esas nuevas prestatarias figuran la Libertador General San Martín y Sargento Cabral, las cuales están concursadas. Ello pone en tela de juicio que puedan llevar adelante las inversiones que se comprometieron a hacer en el arreglo. Dichas empresas, que se caracterizan por los atropellos permanentes a su plantel de trabajadores, son manejadas por la Nueva Metropol, cuyo accionista mayoritario es la familia Zbikoski. Este grupo empresario, uno de los principales beneficiarios del proceso de concentración del transporte automotor, tiene una trayectoria funesta en el gremio. En 2013 se hizo cargo de la línea 326, que presta el servicio entre El Palomar, Morón y Liniers. El debut fue acompañado por la alteración del recorrido tradicional, lo que provocó denuncias y protestas de los usuarios. A ello, se unió el despido de trabajadores y empleados. El traspaso incluye un cuestionamiento judicial que aún se discute en sede penal. La Cabaña, otras de las empresas que figuran en el acuerdo, no respeta la frecuencia de los servicios que viene prestando. Los fines de semana deja apenas la mitad del parque automotor trabajando y se estiran más aún los horarios de lo que ya se verifica que ocurre en los días laborables. En relación al régimen laboral, no respetan el convenio con respecto a espera y francos (hacen coincidir los feriados con los francos). Además, no pagan las enfermedades psiquiátricas y hay persecución a enfermos crónicos, a los que llaman para forzarlos a un arreglo y hacerlos renunciar. Tanto en la Cabaña como en la Nueva Metropol, los talleres están tercerizados, con salarios por debajo del convenio de la UTA. No nos podemos olvidar del caso del Expreso Singer, una línea de larga distancia que hacía el servicio entre Misiones y Buenos Aires. Nnueva Metropol vendió la empresa a la firma Ersa, pero antes de traspasarla, a pedido de la compradora -y como condición de venta- dejaron en la calle a más de 40 trabajadores de taller, lavadero, boleterías y además cerraron talleres y servicios. Ersa hizo lo propio con los jefes de Areas y Gerentes, y no se hizo cargo de la parte en negro de los trabajadores, lo que comportó en los hechos una importante rebaja salarial. Mientras tanto, siguen obligando a jornadas de más de 14 horas a los conductores. Importa destacar este caso, pues involucra a Ersa, otro de los grupos empresarios incluidos en la propuesta elevada al juzgado. El remedio, peor que la enfermedad Los compañeros de Ecotrans son conscientes que el remedio que se propone es peor que la enfermedad La experiencia les ha demostrado que, una vez consumado el desguace, las promesas referidas al régimen y estabilidad laboral y la prestación del servicio terminan siendo violadas, y el pato de la boda siempre son los trabajadores y el público usuario. No se nos puede escapar que el desguace entraña la fragmentación de la organización gremial interna, privando a los trabajadores de la principal arma y garantía para frenar la maniobras en curso. Los compañeros han hecho llegar al gobierno y al juzgado su rechazo al arreglo. En oposición al desguace, plantean una salida que privilegie el interés de trabajadores y usuarios, preservando la unidad en la prestación del servicio. El Ministerio de Transporte tiene todas las facultades para instrumentar esta salida. Una asamblea general convocada por el cuerpo de delegados discutirá los próximos pasos a dar en la gran batalla en defensa de los trabajadores y de un transporte para todos.

El llamamiento al V Confederal de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, lejos de ser una convocatoria al desenvolvimiento de un plan de lucha concreto, fue un recurso ante el proceso de disolución que atraviesa. Sesionó el mismo día que el congreso se reunía para votar los proyectos de ley de emergencia ocupacional. Este proceso de disolución es producto de la lucha faccional que tiene como protagonistas al deggenarismo y al michelismo. Esta interna, donde se cuela agazapado el kirchnerismo, ha paralizado a la central en momentos decisivos para el movimiento obrero, que sufre la descarga de la crisis capitalista sobre sus espaldas. Las divisiones políticas, en función de proyectos que nada tienen que ver con construir una herramienta clasista y combativa de reagrupamiento para enfrentar a las patronales y los gobiernos, han reducido la central a una disputa por la caja. La Verde pegó el faltazo al Confederal. Mendoza y Tierra del Fuego. Entre las representaciones sindicales que se nombraron para formar la mesa que presidía el Confederal, se votó al Secretario General de la CTA de Mendoza, Polo Martínez Agüero y el Secretario General de la CTA de Tierra del Fuego, Horacio Catena, por representar a dos provincias combativas. Desde Tierra del Fuego venía el reclamo de que el Confederal se pronunciara por el repudio a la decisión que tomó ATE en esa provincia, retirandose del acampe el mismo día que cinco dirigentes sindicales que conforman la mesa de unidad de trabajadores y jubilados fueguinos, fueran detenidos y golpeados por la policía local. El reclamo por los dirigentes fueguinos fue tomado por unanimidad en el Confederal, aunque no haya sido difundido oficialmente por la dirección. La CTA Mendoza llevaba el planteo de rechazo a la pelea faccional que atraviesa la central, e insistimos en una de las propuestas que desde hace tiempo venimos trabajando en la provincia, el llamado a un congreso de delegados de base de todo el país para votar un plan de lucha y avanzar en la construcción de un paro nacional, y una salida a la crisis. Sobre este planteo ha orientado su acción la CTA de Mendoza, que ha realizado desde hace dos años asambleas abiertas de delegados y trabajadores para reagrupar a los que luchan para enfrentar la política de ajuste, y es sobre esa base que ahora formamos parte de la Intersindical que agrupa a las dos CTA y la CGT; ésta ha desenvuelto plenarios provinciales de delegados, votado paros provinciales, marchas, caravanazos y acampes contra el tarifazo, el cierre de paritarias por decreto, los techos salariales y por la reapertura de paritarias para el segundo semestre del año. Finalmente, se resolvió por unanimidad convocar a un Congreso Nacional Ordinario y Extraordinario de la CTA-A el segundo semestre del corriente año y el llamado a un paro nacional.

Hace un año, medio millón de personas salía en diferentes puntos del país a repudiar la violencia contra las mujeres. La antesala de aquel 3 de junio multitudinario fue una serie de hechos que revelaron al Estado capitalista como fuente de la violencia contra las mujeres, carta fundamental para mantener a raya a una sociedad entera a la que se somete cotidianamente. El 10 de mayo, la joven Chiara, de Rufino, Santa Fe, apareció muerta. Cursaba un embarazo. Su novio, un niño de su edad, confesó el asesinato. La madre y el padrastro, quienes participaron del macabro hecho, quedaron liberados dos meses después por la “justicia”. Al poco tiempo, hubo una pueblada en Monte Hermoso, por la aparición de Katherine. Después de una semana desaparecida, fue encontrada donde ya habían rastrillado. Años antes, el secretario de Seguridad de esa intendencia kirchnerista había sido desplazado de la Dirección de Investigaciones de General Pueyrredón por dejar escapar a un responsable del femicidio de Natalia Melman en Miramar. El ex secretario de Deportes de dicha intendencia estaba fugado, acusado de abusar de menores. A través de las redes sociales se imponía la consigna de #NiUnaMenos para expresar el hastío con la sucesión de muertes y mutilaciones de mujeres. Un año después Este año, nuevamente miles de personas estaremos en las calles. Con enormes debates se han desarrollado reuniones en todas las provincias por la movilización. Las consignas son, en la Ciudad de Buenos Aires, #NiUnaMenos #ElEstadoEsResponsable, junto a otras consignas del movimiento mexicano como #VivasNosQueremos. En La Plata, habrá dos marchas: como ya ocurriera frente a la movilización del boleto educativo, la izquierda y los sectores independientes de un lado, el kirchnerismo, hasta hace unos meses en el gobierno, del otro. El aniversario del #NiUnaMenos nos recibe con ajuste, tarifazos, recortes presupuestarios, retracción de la asistencia a la mujer en todo el país, crecimiento del hambre y la desocupación, impulsados por el gobierno de Mauricio Macri y de los gobernadores. En el campo de la violencia hacia la mujer, el balance no puede ser más lapidario: los femicidios sacuden casi cotidianamente a la opinión pública, mientras que la declamada “preocupación” del Estado y sus gobiernos hacia la cuestión ha quedado en eso -o sea, en declamación. Hace un año, el gobierno y los partidos de Estado pretendían apartar a la cuestión del femicidio de los antagonismos sociales vigentes, reduciéndola a una supuesta cuestión “cultural”. Como si la propia “cultura” o la vida familiar pudieran apartarse de las condiciones materiales de existencia. Ni qué decir que esta concepción terminaba eximiendo al régimen social, al Estado y sus partidos de toda responsabilidad en los femicidios. Pero muy pronto, la “unidad nacional” que se pregonó en torno del 3J se reveló como una ficción: bajo los Kirchner primero y los Macri después, continúa el orden social y el aparato judicial y de represión que amparan la violencia hacia las mujeres. Durante los años del kirchnerismo, subió un 15% el embarazo entre niñas de 10 a 14 años, un indicador de las violaciones sistemáticas de niñas en nuestro país. Hoy, nos enteramos que Belén fue detenida violando la confidencialidad entre médico y paciente, y armándole una causa. Hace dos años supimos de la detención de otra piba pobre en Bariloche -Melisa- frente a un armado judicial muy similar. Para las mujeres, leyes sin financiamiento, ni reglamentación ni aplicación; designación de jueces misóginos, jubilación de jueces justificadores de las violaciones de niños, como Sal Llargues y Piombo, trabajo precario, aborto clandestino, carestía y ajuste. Movilización y lucha política En este cuadro, el nuevo 3J es un escenario de luchas y delimitaciones políticas. Un sector del movimiento que disparó el “Ni una menos” transita la cooptación política con el gobierno macrista, a través de observatorios y consejos asesores que luego se silencian para preservar sus puestos. Otra fracción pretende colgar esta lucha al carro del “volveremos” y de la defensa del kirchnerismo. Nuestra corriente, el Plenario de Trabajadoras, impulsa este nuevo 3J como peldaño hacia la organización de la mujer independiente del Estado y sus partidos, y en unidad con toda la clase trabajadora que enfrenta el ajuste. Durante este último año ha crecido el movimiento de mujeres y la pelea por darle un contenido de clase a la violencia que se desata contra esta mayoría social. Este 3 de junio tenemos que protagonizar otra enorme movilización, para denunciar el ajuste de Macri y de los gobernadores, los asesinatos de mujeres, la criminalización de la mujer pobre como ocurre con Belén y tantas mujeres encarceladas, el aborto clandestino, la desatención sanitaria de la mujer, la explotación sexual, las redes de trata, la impunidad de los hijos del poder. Reclamemos: Libertad Para Belén. Aborto legal, seguro y gratuito. Abajo todas las formas de violencia contra las mujeres. Basta de ajuste, despidos, tarifazos y paritarias a la baja. 3 de junio, todas a las calles.

El primer plenario de delegados de Foetra del año, realizado la semana pasada, marcó un nuevo paso en la burocratización de la dirección Azul y Blanca. El secretario general, Osvaldo Iadarola, manipuló la lista de oradores para evitar que se desenvolviera el debate y cortó la lista cuando quedaban decenas de delegados con mandatos para intervenir. El plenario empezó con la información de la directiva de que se tratarían 3 puntos: 1) la paritaria salarial; 2) las inequidades entre el convenio de la telefonía móvil y fija y 3) los despidos en Nextel. Pero, a mitad del primer punto, la mesa cortó la lista de oradores y votó su propuesta de un 39% para llevara a la mesa de la paritaria, que va de julio de 2016 a julio de 2017. El plenario no pudo debatir el balance de Nextel, respecto del cual Claudio Marín, secretario adjunto de Foetra, planteó que fue un triunfo y un ejemplo para todo el movimiento obrero. Ocultó que durante dos meses mantuvo una “conciliación voluntaria” con la empresa en el Ministerio de Trabajo, sin medidas de lucha y con los despedidos afuera, lo que le permitió a la patronal avanzar con los despidos y retiros “voluntarios”. El resultado fue que, de los más de 100 despedidos, sólo 5 compañeros fueron reincorporados. Y la mayoría de ellos fueron trasladados de sus anteriores puestos de trabajo. Salario Sobre el salario, la mesa planteó una negociación “responsable”; es decir, sin plan de lucha y reivindicando las cuotas y un aumento que no impacta en el básico. Y, algo fundamental, mantuvo la postura de los últimos años de negar el problema del impuesto al salario. En nombre de que sólo afecta a una parte de los trabajadores, omite cualquier lucha por la abolición o para que las empresas se hagan cargo y reintegren los descuentos. Osvaldo Iadarola, que luego de la derrota del kirchnerismo se integró a la mesa nacional del PJ, reivindicó el boicot de la comisión directiva a la movilización masiva del 29 de abril convocada por las centrales sindicales. Y varios delegados, en la línea del secretario general, reivindicaron en el plenario al PJ y al kirchnerismo, ocultando que el ajuste de Macri lo aplican los gobernadores K en provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego y que allí se están produciendo enormes luchas de los trabajadores y que el pacto buitre que habilitó los tarifazos recibió el apoyo del PJ en el Congreso. En las asambleas de numerosos edificios, se abrió paso el planteo de que la paritaria sea en un pago, al básico y defender el poder adquisitivo que se reclame el 45%. La mesa del plenario respondió al pedido de un retroactivo por estos meses de atraso salarial con el planteo de una suma fija (“bono alimentario”); y rechazó los planteos para que la paritaria sea hasta fin de año. Convenio único Sobre el convenio de las móviles, los delegados que pudieron intervenir, se pronunciaron por la equiparación del Convenio de esas empresas (Personal, Movistar y Nextel) con el Convenio de Telefónica y Telecom, por la jornada laboral de siete horas, el aumento salarial y una mayor representación sindical-delegados, entre otras reivindicaciones (ver comparativo www.actnaranja.com / www.cor.to/BoletínACTMayo). El sector de las comunicaciones que más se ha desarrollado, el de la telefonía móvil, se sustenta en miles de trabajadores telefónicos precarizados, con jornadas laborales de 9 horas y un convenio telefónico a la baja. Los trabajadores de las móviles reclaman acabar con esta “inequidad” ya que en un 80% trabajan para las mismas empresas telefónicas. Para tratar de contener los reclamos salariales y de defensa del convenio que vienen creciendo y son una necesidad imperiosa, la directiva de Foetra que mantiene una tregua con el gobierno y con las empresas, trata de agitar el miedo a los despidos. Esto para justificar no salir a una lucha y firmar una paritaria a la baja. Frente a esto, desde la Naranja Telefónica llamamos a desarrollar una organización independiente para intervenir en esa paritaria exigiendo que se informe semanalmente el estado de las negociaciones por el salario y que se reclame la unificación del convenio. Que no se cierre ninguna paritaria sin la aprobación de la Asamblea General.

Varios delegados nos vimos sorprendidos ante la convocatoria al plenario, ya que en diferentes congresos se lo había pedido y nunca se realizaba. “Tal vez la ola de despidos y suspensiones los hizo volver a querer ser la histórica UOM de Villa Constitución”, nos preguntábamos. Lamentablemente, el plenario no fue tal. Sólo fue un acto prokirchnerista tratando de mostrar músculo invitando a múltiples sindicatos, legisladores del FPV. Sólo hicieron uso de la palabra quienes estaban en la mesa. No hubo lista de oradores y mucho menos debate. No se hizo referencia a la paritaria entregada por Antonio Caló o al cierre de Paraná Metal. Tal vez por la presencia en la mesa de Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de la Nación. Si bien se pronunciaron a favor del paro general, este no sería contra los despidos o contra la política anti-obrera llevada adelante por el gobierno nacional sino en contra del veto de Macri y en favor de la ley antidespidos del Senado. Mostraron así la crisis política y la connivencia con el poder de turno de las direcciones sindicales que, mediante el trámite de una ley que nunca saldría, obviaron hacer lo que deberian estar haciendo para que no haya un solo despido. Debemos defender los puestos de trabajo con una lucha en conjunto, con un gran paro general protagonizado no por las distintas burocracias sino por los delegados, comisiones internas y comisiones directivas clasistas. Construyamos el paro general desde cada uno de los lugares de trabajo, tomemos el ejemplo de los compañeros del Neumático que, mediante una política clasista, ganaron el sindicato derrotando a la burocracia y al faccionalismo. Hoy la pelota está en la cancha del clasismo.

Todo indica que la lucha de gangsters por el control del fútbol argentino terminará en un acuerdo. Resulta útil, sin embargo, analizar en qué consiste el botín en disputa, más allá del resultado de la pugna entre el sector que lleva de figurón a Marcelo Tinelli (River, Boca, San Lorenzo, Racing) por un lado y, por otro, el de Hugo Moyano (Independiente) y su yerno Claudio “Chiqui” Tapia (Barracas Central y casi todo el ascenso). La piedra de toque es la organización de una Súper Liga empresarial (se discute si funcionará dentro de la AFA o afuera de ella), que implicará la colonización del fútbol argentino por camarillas empresariales y pulpos extranjeros: un paso decidido de transición hacia un sistema de sociedades anónimas como el que rige en la mayor parte de Europa. El acuerdo que ahora se discute, como se ha publicado en los medios, colocaría a Tinelli al frente de la Liga y dejaría una AFA “residual” a cargo de la programación del seleccionado y del ascenso (de la comercialización y el marketing de la Selección también se haría cargo Tinelli). La crisis, sin embargo, sigue abierta: es que el macrismo recela de darle al camionero y capo de Independiente el manejo de la AFA, aún cuando ésta quede reducida al manejo de los torneos locales. El diario El País, de España, habla de “guerra abierta” entre los dirigentes del fútbol de la Argentina, mientras emisarios del gobierno y de “los cuatro grandes” viajan a Europa para negociar una intervención a la AFA que no provoque sanciones por parte de la FIFA. Moyano, por su parte, ha respondido a las hostilidades de Tinelli (y Macri?) con la amenaza de un “paro del fútbol”. En función del gigantesco negocio en juego, estaría dispuesto a las “medidas de fuerza” que no estuvo dispuesto a hacer por los despidos. Esto se discute en medio de una crisis de profundidad sorprendente: la AFA libró, en solo dos meses, casi quinientos cheques sin fondos por 73 millones de pesos, y el cuerpo técnico del Seleccionado no cobra sus sueldos desde hace siete meses. La “CEOcracia” en el fútbol El más claro expositor del asunto fue Daniel Angelici, capomafia del juego y titular de Boca: “El presidente de la Liga va a ser un CEO, un profesional” (Infobae, 20/5). Angelici tuvo el mérito de decir con todas las letras de qué se trata: “En esta Súper Liga, más allá de profesionalizarnos, vamos a discutir de dinero y yo defiendo los intereses de Boca. Nosotros somos de los clubes que más generamos”. Es cierto, de dinero se trata. De mucho dinero. La única gran mentira de Angelici es que él defienda los intereses de Boca. Ni él defiende a Boca ni su aliado Rodolfo D’Onofrio defiende a River. Ellos representan intereses de camarillas empresariales que buscan repartirse un negocio enorme, y sólo en función de eso les interesan sus clubes. El monto de dinero en juego tiene una magnitud por el momento desconocida hasta por los protagonistas de la lucha mafiosa que se libra en estas horas. A los derechos de televisación y publicidad (sólo por la ropa del Seleccionado, Adidas paga 32 millones de euros y se intenta renegociar por más) se añaden los de las apuestas en el fútbol, un negocio con el que quería quedarse Cristóbal López pero ahora es Angelici el que pretende morder un pastel que aún no entró en el horno. Debe añadirse que el conflicto no es en modo alguno puramente interno. El desembarco de Barack Obama en Buenos Aires y Bariloche fue otro motivo de inquietud en la calle Viamonte y en las oficinas de Clarín y de Torneos y Competencias. Es que en el Air Force One llegaron también dos emisarios del magnate Ted Turner, propietario del pulpo televisivo internacional. Los yanquis se reunieron con el gobierno de las intenciones de Turner (Imagen Satelital SA en la Argentina) de ofrecer hasta 1.700 millones de pesos por la transmisión de los partidos de Primera División, e incluso de quedarse con un pedazo de lo ya comprado por Clarín y TyC; es decir los torneos del ascenso, la Copa Argentina, los amistosos del Seleccionado y los partidos por las eliminatorias para Rusia 2018. Turner también quiere comprar Telefé y C5N. Por otra parte, la Súper Liga se jugará de agosto a agosto; es decir en coincidencia con los campeonatos europeos, lo cual facilitará la comercialización del fútbol local y hará confluir las temporadas de pases. En otras palabras: la colonización se completa. Lo que antaño se llamaba “el semillero” del fútbol argentino es ahora una incubadora, que ya permite a niños de 13 años emigrar a Europa, como fue el caso de Lionel Messi. Los clubes, que tuvieron en el pasado una función progresiva de vida social entre vecinos y simpatizantes, quedarán reducidos a la servidumbre respecto de los dueños del negocio. Las camarillas capitalistas que los gobiernan, y suelen hipotecarlos utilizando la venta de jugadores como garantía, seguirán siendo las socias menores de sus desfalcos, sostenidos a costa de esquilmar a socios y simpatizantes. Una metáfora de la Argentina del endeudamiento crónico y las bancarrotas regulares. Como también ocurre en el país, la quiebra de la AFA querrá ser resarcida con un operativo de recolonización a gran escala. Así, el fútbol se ha convertido en un botín mafioso de capitalistas criollos, burócratas sindicales y pulpos imperialistas. Es tiempo de que socios y simpatizantes del fútbol tomen el asunto en sus manos para terminar con este despojo.

Durante el último mes, el Centro Cultural León León del Frente de Artistas - Partido Obrero estuvo clausurado por parte del Gobierno de la Ciudad. Según el gobierno, los motivos de la clausura son una luz de emergencia del primer piso que no funcionaba y la ausencia de un certificado que indique que el local no produce aceite vegetal. La clausura a León León y otros cientos de espacios culturales independientes de la Ciudad son una puesta en escena orquestada por el gobierno que pretende mostrarse en acción después de que 5 jóvenes fallecieran en Costa Salguero. Pero mientras el gobierno clausura León León, en Costa Salguero todo sigue igual. Como ocurrió en los meses siguientes a la masacre de Cromañón, las clausuras son la coartada mediante la cual el gobierno pretende preservar “los negocios de la noche” que unen a empresarios, policías y funcionarios estatales. Rechazamos las clausuras del gobierno contra los espacios culturales independientes y los locales políticos de la oposición. Para terminar con la “Ciudad Cromañón” hace falta poner fin a los negocios de empresarios de la noche, policías y funcionarios que el gobierno pretende proteger. Por eso, redoblamos nuestro reclamo de juicio político a Larreta.

Al momento de escribirse esta nota el gobierno atacaba con la policía los piquetes obreros en refinerías y depósitos petroleros. Un salto en la militarización de Francia. El enorme levantamiento popular contra el ajuste tiene posibilidades de triunfar. El gobierno está desplegando su arsenal represivo contra el movimiento huelguístico, concentrado en las refinerías y depósitos de petróleo. El primer ministro, Manuel Valls, proclama desde Israel, con aires marciales y guerreros, que “ya basta, es insoportable”. El espectáculo de varias miles de estaciones de servicio sin nafta y las largas colas para obtener el combustible está minando la autoridad del gobierno. La policía comienza a desalojar los piquetes que bloquean los depósitos. Hay una amenaza de requisición contra los huelguistas de las refinerías y rumores de que se podría prohibir la manifestación de mañana jueves, con el pretexto de los enfrentamientos violentos. La violencia contra los manifestantes es permanente y creciente. Se busca un salto en la represión y en la militarización. A pesar de la agitación de la televisión, los partidos burgueses, y los ministros socialistas, que acusan a los sindicatos y a la CGT de provocar el caos, el movimiento huelguístico sigue contando con el apoyo de una parte importante de la población que reclama que Valls retire su ley. El jefe del bloque socialista en la Asamblea Nacional acaba de declarar que está dispuesto a negociar el artículo 2, que concentra la oposición sindical, porque permite los “acuerdos de empresa” contrarios a las garantías de los convenios colectivos y que de hecho liquida el Código de Trabajo. El profundo movimiento contra el ajuste y la destrucción de todo tipo de restricciones a la explotación del capital se ha enraizado, continúa y puede terminar en una victoria. El movimiento huelguístico En la semana pasada comenzó un reguero de huelgas en los depósitos de combustibles y en las refinerías. Sucedió al movimiento de los camioneros, que habían comenzado a bloquear las rutas, y obtuvieron una concesión importante porque el gobierno indicó que el plus por las horas extraordinarias no iba a disminuir en estas empresas del 25 al 10%, como prevé la ley. El martes 17 y el jueves 19 se volvieron a organizar las manifestaciones por el retiro de la ley y la marcha del jueves registró un número mayor de manifestantes. A pesar de todas las dificultades, el movimiento continúa desde hace más de dos meses. Como todo movimiento profundo de las masas en el período actual, detrás de esta sucesión de enfrentamientos, luchas y episodios no hay un plan organizado, una progresión, una dirección, una estructura y una red nacional. Las huelgas se suceden pero son minoritarias y no se generalizan. Con esas características, una nueva huelga ferroviaria se producirá en estos días, y podría repetirse la semana que viene. La CGT anuncia una huelga indefinida en el metro de París para el 2 de junio y hay otro movimiento previsto en los aeropuertos. En algunos lugares de trabajo, como los ferroviarios de Normandía, se estructura un comité de huelga. En algunos puntos y regiones hay una progresión importante, como en Le Havre y Normandía, en Nantes, en Rennes. Cuenta también la tradición y el enraizamiento militante La Intersindical es la organización que llama a las manifestaciones aunque no es la dirección del movimiento. Es una contradicción decisiva. Para el jueves 14 de junio, está llamada una manifestación nacional en París y una jornada de huelgas, pero en nombre del “diálogo” con el gobierno (declaración de la Intersindical del 19 de mayo). Es importante y puede confluir esta vez con un paro nacional y una manifestación, pero faltan casi tres semanas que los activistas tendrán que sostener con sus acciones y movimientos sin ninguna agitación ni apoyo central.

Según informa El País (20/5), en un acto realizado en Zaragoza la semana pasada, Pablo Iglesias, el principal dirigente de Podemos, “rechazó la etiqueta de ‘antisistema’” y aclaró que “más allá de ideologías, lo importante es el respeto por las instituciones, el respeto por la ley, el respeto por la separación de poderes”. Las “aclaraciones” llegan en el marco de la nueva campaña electoral de cara a las elecciones generales del 26 de junio, para las cuales Podemos acaba de sellar un acuerdo con Izquierda Unida. Aunque se había ocupado de denostar a IU como expresión de la “vieja política” con la cual no quería tener relación, para Iglesias, que se formó como militante en las juventudes del PCE, el acuerdo no deja de representar un retorno a casa. No es casual que haya resucitado la figura política de Julio Anguita, histórico dirigente comunista y de IU en los años ochenta y noventa, que es visto como uno de los artífices del pacto. El PCE jugó un rol decisivo durante la llamada “transición”, a fines de los 70, cuando aportó su influencia entre todo un sector de la clase obrera para encarrilarla dentro del régimen político que restauraba a los Borbones. En abril de 1977 su comité central resolvió reemplazar la histórica bandera tricolor de la república por la rojigualda de la monarquía, en todas sus reuniones y actos: en el reciente acuerdo, y para complacer a Podemos, que no incluye a la república en su programa, IU aceptó sacar ese reclamo del programa conjunto; lo mismo hizo con el rechazo a la participación de España en la Otan (eldiario.es, 10/5). No hay que perder de vista, de todos modos, que el frente con IU está dictado menos por el amor que por el espanto: según los sondeos, Podemos estaba perdiendo posiciones respecto a lo obtenido en las elecciones de diciembre. Las declaraciones de Iglesias se producen cuando se cumple el quinto aniversario del 15M, anombre que se le dio a la histórica movilización que tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo de 2011 y abrió la puerta al profundo proceso de movilización de los “indignados”, que sacudió hasta los cimientos al régimen político de la monarquía. En estos años, Podemos logró canalizar las ilusiones de miles de esos jóvenes y no tan jóvenes que habían salido a la calle. Pudo convertirse en la expresión política de buena parte de ese movimiento, explotando, no sus elementos más avanzados, sino los más atrasados: sobre todo los prejuicios contra la “vieja izquierda” (los aparatos burocráticos de la socialdemocracia y los restos del otrora poderoso stalinismo) y los partidos en general. Haciendo eje en la “renovación”, Iglesias se ocupó de domesticar y regimentar a su propio movimiento (desplazando de la dirección al sector ligado al Secretariado Unificado que había participado en su fundación) y al mismo tiempo de ir limando el programa de Podemos de cualquier arista radicalizada. Cinco años más tarde, la reivindicación de “las instituciones” y de “la ley y el orden” apunta a mostrar a Podemos como garante de la gobernabilidad. El objetivo declarado de la alianza Podemos-IU es superar en votos al PSOE... nada menos que para establecer una alianza con el propio PSOE en condiciones más ventajosas. Según el diario Público (21/5), Iglesias destacó “la voluntad de su formación de pactar con el PSOE tras las elecciones del próximo 26 de junio ‘las ganemos o no’”. Todo el eje de la campaña de Podemos es volver a llevar a la Moncloa precisamente a quienes gobernaban cuando estalló el 15M.

La declaración por parte de Maduro del “estado de excepción” el pasado 13 de mayo implicó un nuevo salto en la característica golpista que adquirió el régimen chavista. Mediante esta medida se amplía la capacidad del Ejecutivo para cercenar libertades democráticas, reprimir manifestaciones y emitir deuda. Este “pasaje del bonapartismo plebiscitario al bonapartismo de facto” (Prensa Obrera N°1.410) se desarrolla como experiencia declinante -lo contrario a una afirmación de poder. La camarilla “madurista” se aferra a la conducción del Estado en medio de un impasse extraordinario, pues carece de un programa para afrontar el deterioro monumental de la vida social venezolana. El nacionalismo rentista se derrumba confesando que no tenía alternativa prevista para la declinación de los precios de las materias primas -una negación de cualquier tipo de desarrollo genuinamente autónomo. En este marco de sistemática degradación, la declarada negativa de Maduro y compañía respecto a la realización del referendo revocatorio, para el cual la oposición asegura haber reunido diez veces más que las firmas necesarias, atiza el fuego del golpismo y el autogolpismo. “Evitar un caracazo” A la derecha proimperialista, naturalmente, le importa un bledo “la democracia”; quiere sacarse de encima a Maduro a como dé lugar, pero teme más que a la peste un desenlace que se vaya de control. Idéntico recelo tienen los propios Estados Unidos y el Vaticano, que intentan contener estas contradicciones, comprometidos como están en un delicado reordenamiento general de América, desde Cuba y Colombia hasta los buitres que sobrevuelan Buenos Aires. Las “preocupaciones” sobre una salida militar a la crisis que dejan trascender funcionarios norteamericanos buscan reforzar la extorsión a Maduro para que abandone el poder y dé paso a una “transición ordenada”; sentido similar tuvo la carta del Papa, y la visita de Rodríguez Zapatero -un lobbista de la banca española. El propio Macri viró, y se suma al “equipo” de la “transición ordenada”, tras instar a Malcorra a moderar sus dichos respecto a la “Carta Democrática” de la OEA, y postular, él mismo, “la necesidad del diálogo” (La Nación, 21/5). Existe la preocupación que el desmadre derive en una situación revolucionaria. Quien más claro expresa la cuestión es Capriles: “hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no haya una reedición del Caracazo de 1989. Lo que puede darse en Venezuela son muchos estallidos que generen una situación que se nos escape de las manos” (El País, 20/5). El arbitraje de las Fuerzas Armadas En Venezuela, las Fuerzas Armadas aparecen como un actor ineludible de la crisis, lo cual ilustra otro límite insalvable de la experiencia nacionalista. La división en sus filas es señalada por oficialistas y opositores; Heinz Dieterich, un destacado chavista que aboga por una “retirada táctica”, señaló hace varias semanas que “la fracción del general madurista Padrino López reafirma la política de ‘ni un paso atrás’ de Stalingrado, [mientras] el grupo del general chavista Rodríguez Torres aboga por la política de la retirada táctica: una solución política negociada con las fuerzas del 6-D” (se refiere al bloque que derrotó a Maduro en las últimas elecciones). Cualquiera sea la variante que se abra paso, lo que está claro es que no hay “poder popular” si el destino de semejante crisis reposa en las manos de una camarilla corrompida o de fracciones de un ejército estatal organizado de arriba para abajo. Por una intervención independiente de la clase obrera No nos privamos de insistir: rechazamos que el hundimiento de las experiencias nacionalistas configuren una derrota de las masas -eso dependerá de la lucha de clases, y de la calidad de la intervención de la izquierda revolucionaria para emerger como alternativa política frente a la crisis. La clase obrera debe emerger como factor independiente en la escena política venezolana. La situación excepcional que el país atraviesa pone al rojo vivo la necesidad de la convocatoria de un congreso de trabajadores para discutir una salida obrera a la crisis y reclamar una asamblea constituyente libre y soberana, que sea convocada por un gobierno de trabajadores.

El gobierno de Obama decidió romper el silencio frente al desplazamiento de Dilma Rousseff. El embajador de Estados Unidos en la OEA declaró que el proceso de impeachment contra la jefa de Estado “no es un golpe” y que su país es “respetuoso del Estado de derecho”. El respaldo norteamericano no es casual. El golpista Michel Temer ha dado señales claras de su voluntad de abrir la economía brasileña a las corporaciones yanquis. Uno de los temas estratégicos es la explotación directa de los yacimientos petroleros de la plataforma submarina por parte de las petroleras extranjeras. Esa explotación, hasta el momento, era una prerrogativa exclusiva de Petrobras. La apertura va de la mano del acceso a los contratos de obras públicas asociados al negocio petrolero y, en general, de los recursos naturales, todo lo cual fue un coto cerrado de la patria contratista brasileña. En el tramo final de su mandato, Dilma había intentado ese viraje, ya sin las condiciones políticas para concretarlo. Mientras tanto, el presidente interino ha dado garantías de que el proceso parlamentario contra la mandataria en licencia va a quedar concluido a la brevedad. El canciller, José Serra, a su turno ha trazado una hoja de ruta en la misma dirección, alentando las relaciones directas y bilaterales de Brasil con Estados Unidos y la Unión Europea. Ese rumbo iría acompañado por una rebaja de tarifas, relegando a un segundo plano al Mercosur y alentando una aproximación a la Alianza del Pacífico. El nuevo gobierno apunta también a entrar en la órbita del Tratado TransPacífico (TTP), que regentea Estados Unidos y que apunta sus cañones contra China. En cambio, la gestión del PT había incentivado una asociación con China y Rusia, además de ser uno de los cofundadores de Unasur. Este giro pronorteamericano constituye la piedra basal del gobierno de Temer. Pero habrá que ver si el fomento de “relaciones carnales” con el imperialismo es suficiente para que el presidente interino pueda pilotear la crisis. El escándalo en torno a las escuchas telefónicas que acaba de estallar -confirmando que el proceso de juicio político contra Dilma está unido a la tentativa de desactivar las denuncias de corrupción que envuelve al conjunto de los personeros del régimen- es un golpe a la línea de flotación del gobierno, que asumió en medio de una gran desconfianza popular. Mega-ajuste y choques Pero el recelo se extiende a la propia clase capitalista, que ha delegado en el nuevo gobierno el trabajo sucio de un ajuste en regla. Temer está preparando un plan de austeridad de grandes proporciones. El paquete arrancaría con una enmienda constitucional para limitar de forma permanente el crecimiento del gasto público. Al otorgarle un status constitucional, el gobierno pretende contar con un aval político para lanzar un recorte cuyo blanco central son las partidas sociales. El paquete iría unido a una reforma previsional y laboral, atacando a fondo salarios y jubilaciones y avanzando en la flexibilidad laboral. El reclamo de un ajuste, con el cual la clase capitalista viene marcándole la cancha al gobierno, coexiste con choques y divisiones al interior de ella. El giro pronorteamericano amenaza los negocios de sojeros y del capital agrario, cuya producción tiene como destino principal a China. La incursión de corporaciones norteamericanas puede beneficiar a un sector de la burguesía industrial que se asocie a ese desembarco, pero introduce al mismo tiempo una competencia ruinosa para enormes sectores de ella. Ni qué hablar que esa apertura plantea el pago de patentes y regalías a pulpos farmacéuticos y de agroquímicos (Monsanto), lo que históricamente viene siendo resistido por la burguesía brasileña. Asistimos a una tentativa de colonización imperialista y de reorganización capitalista de alcance continental. El gobierno de Temer deberá probar si tiene la capacidad para elevarse como árbitro en medio de tantas contradicciones e intereses enfrentados. Las revelaciones de escuchas telefónicas, que se ha llevado puesto a uno de los hombres de mayor confianza de Temer, no es ajena a esta guerra. Esta crisis por arriba alienta también las expresiones de disconformismo y protesta popular. Los medios de prensa han destacado que esas expresiones son protagonizadas no sólo por adherentes del PT, sino por sectores opuestos al gobierno de Dilma.La precariedad de la situación pone al rojo vivo el vergonzoso y triste desenlace del PT. Tratándose de un golpe, Dilma tendría que haberse negado a entregar el gobierno y convocar al pueblo a respaldarla. En lugar de eso, terminó capitulando en un final sin pena ni gloria. Existen condiciones para derrotar el ajuste y a los golpistas. El punto de partida para ello es desembarazarse de cualquier atadura con el PT. En la lucha contra los ajustadores, la izquierda y la clase obrera deben luchar para transformase en alternativa política.

El 20 de septiembre de 2015, Noemí Maliqueo (21) fue asesinada por su pareja de un tiro en la cabeza. Marcelo Valdés, el asesino, se había fugado mientras cumplía una condena por robo con arma. Sus antecedentes incluyen violencia de género y narcotráfico. En mayo, el juez hizo lugar a la carátula de femicidio. Se trata de un segundo juicio por esta causa en una provincia en la que no existe ninguna condena bajo ese tipo penal. En 2012, con la reforma del Código Penal, se incorporó el femicidio como figura agravada del delito de homicidio simple, planteando la posibilidad de la cadena perpetua. Pero los asesinatos contra las mujeres aumentan -ahora estamos organizándonos ante el asesinato de María Barrios, de Centenario. Tampoco se redujo la violencia de género por la reglamentación de las leyes 2.785 y 2.786 neuquinas, de protección a las mujeres. Porque el origen de la violencia que terminó con la vida de Noemí está en el régimen social del abuso sexual, las redes de trata, en muchos casos organizado desde el propio Estado. Desde la familia de Noemí y el Plenario de Trabajadoras de Neuquén defendemos la carátula de femicidio y vamos a ir a fondo en las responsabilidades del Estado en este crimen. Porque las peripecias del asesino Valdez sólo pudieron concretarse con la venia policial y judicial, y sólo fue apresado porque nos organizamos, nos movilizamos y desplegamos una campaña. Asimismo, hemos pedido la continuidad de la prisión preventiva de Valdez hasta que se sustancie el juicio oral. La violencia contra la mujer es una forma de control social, el femicidio es su cara más extrema. Porque la descomposición de las relaciones sociales que genera el Estado capitalista permite que la ejecución de esa violencia quede directamente en manos de las parejas o ex parejas. El femicidio es una tercerización perversa de la violencia estatal, implantado como un virus en el seno mismo de la clase trabajadora. Por eso tenemos que enfrentarla movilizados de manera independiente por un nuevo Ni Una Menoseste 3 de junio y por un programa contra la violencia hacia la mujer, que denuncie la responsabilidad del gobierno y del Estado, responsables del ajuste y la impunidad, que desenvuelva un programa reivindicativo -está planteada la lucha por las casas refugio- y organice a la mujer trabajadora detrás de un programa de independencia política de todos los responsables desnudando el carácter femicida del Estado capitalista.