Prensa Obrera N° 1411

En horas previas a la llegada de Macri a la provincia, el gobierno de Gerardo Morales quiere demostrar que tiene “la casa en orden”, es por esto que ha montado un gran operativo policial para detener a los compañeros del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), que vienen sosteniendo una lucha contra la precarización laboral y por el pase a planta permanente. El miércoles pasado, el SEOM movilizó hacia la municipalidad de San Salvador de Jujuy en el marco del plan de lucha que lleva adelante por la recategorización de los trabajadores. Al llegar, encontraron la municipalidad rodeada por las fuerzas policiales, impidiéndoles el acceso, lo que produjo un forcejeo que culminó con las fuerzas reprimiendo la movilización. Ante las amenazas por parte de la justicia de abrir causas a la directiva del SEOM, ésta se puso a disposición de aquélla, por lo que no había motivos para realizar allanamientos y detenciones de la manera en que fueron realizados. El gobierno continúa utilizando la vía judicial como un recurso político. Las detenciones se producen en el marco de un gobierno que está aplicando un rabioso ajuste sobre las espaldas de los trabajadores: miles de despidos, suspensiones, el salario que es devorado por la inflación. Desde Tierra del Fuego con la gobernadora Rosana Bertone, hasta Jujuy con Morales, los gobiernos utilizan la represión para regimentar a los trabajadores que se organizan para enfrentar el ajuste. Desde el Partido Obrero exigimos la inmediata liberación de los compañeros Seillant, Mirkin y Sandoval, y el levantamiento de las órdenes de detención. Repudiamos el accionar de la policía y reclamamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales.

Tras una semana de plan de lucha, los trabajadores de AGR-Clarín obtuvimos un triunfo, elevando el ingreso que tendremos durante el año por encima del porcentaje pautado por la burocracia gráfica. Además del 25 por ciento semestral firmado por el sindicato, obtuvimos 17.100 pesos en tickets que se cobrarán en tres tramos, 4.000 en junio, 4.000 en julio y 9.100 pesos en diciembre. Por otro lado, logramos el reingreso de contratados que habían sido cortados, a pesar de contar con una antigüedad superior a otros compañeros; de este modo hacemos respetar un criterio de antigüedad que impida la discriminación o el favoritismo de encargados; también se logró un principio de bolsa de trabajo y otros reclamos. La lucha salarial comenzó con la pelea en la paritaria general, la cual fue subordinada por la burocracia ongarista -que se dice en “la resistencia- al criterio de las paritarias “cortas” de Macri; con la movilización de la Naranja, que superó la de la propia Verde, se logró destrabar una paritaria en la que las patronales estaban “plantadas” en el 20 por ciento y elevar esa cifra al 25. AGR-Clarín fue el taller que más movilizó en esa jornada, unos 200 compañeros. Tras la firma de la paritaria general, comenzó la lucha por adicionales en la empresa; los trabajadores rechazábamos que el Grupo Clarín, que ha aumentado un 90 por ciento el precio de tapa del diario y un 46 por ciento el de la revista Genios, y que presenta balances donde figura un aumento del 117 por ciento de sus ganancias en 2015, pretendiera “conformarnos” con un 25. Votamos un quite de colaboración, se comenzaron a suceder asambleas, y el propio día en que la patronal formuló la propuesta que se aprobó, se hizo una intensa campaña de prensa y nos disponíamos a marchar a la puerta de la Feria del Libro para visibilizar el reclamo. Mientras la Asamblea General sesionaba, estaban los micros dispuestos en la puerta para continuar el plan de lucha votado. El límite del acuerdo es que no logramos un aumento del básico tal como pretendíamos; como lo expresó con claridad el informe a la asamblea general de la propia Comisión Interna. Sin embargo, en el contexto de retroceso de la situación de los trabajadores gráficos, fruto de la crisis y el conservadurismo de la burocracia sindical que deja pasar golpes patronales en numerosas empresas, el acuerdo arribado fue tomado como un triunfo y aprobado por amplia mayoría. Los trabajadores de AGR-Clarín pusieron de relieve que el ajuste se enfrenta integralmente, defendiendo la estabilidad laboral pero también el salario, echando por tierra los argumentos de las más variadas burocracias sindicales, que en nombre de los despidos entregan el salario. Los trabajadores salimos a pelear la defensa de nuestros ingresos, y con la unidad y la lucha logramos defenderlos, y fortalecer, una vez más, nuestra organización.

La novedad, que alertó a los trabajadores, es que en los últimos días se aceleró la imposibilidad de brindar varios de los servicios y se conocieron las tratativas que viene realizando la patronal a espaldas de los trabajadores, dirigidas a ceder los recorridos a tres empresas, lo cual implicaría el desguace Ecotrans, que cuenta con 1220 trabajadores y cubre diariamente las necesidades de transporte de 200 mil trabajadores del Oeste del conurbano. En la última audiencia frente a la jueza que está a cargo de la convocatoria de acreedores, realizada el pasado jueves 12, los representantes legales de Ecotrans solicitaron un cuarto intermedio de una semana para culminar de cerrar un acuerdo que no tiene nada que ver con las discusiones a las que se viene asistiendo. Los rumores que crecen día a día sobre la cesión de Ecotrans a diferentes empresas del transporte como ERSA, La Metropolitana y La Cabaña, muestran que comienza el desguace de la empresa y la segura eliminación de servicios, restricción de horarios, y empeoramiento de las condiciones laborales. Esta consideración parte de conocer como actuaron cada una de estas empresas cuando tomaron a su cargo otras empresas de la zona Oeste y del resto del país. En definitiva, vienen a hacerse cargo y a administrar a la empresa en peores condiciones que las actuales y a romper con la unidad laboral y gremial que han conquistado los 1,200 trabajadores de Ecotrans y que ha sido la principal garantía para frenar los abusos y la prepotencia de la patronal y lograr que se respete el salario y el convenio. Eso distingue a Ecotrans de otras empresas del gremio en las que impera un régimen de trabajo negrero y la flexibilidad laboral. Desde hace muchos años, los trabajadores de Ecotrans vienen denunciando el vaciamiento y posible desguace de la empresa, realizando presentaciones en la Secretaría de Transporte, en la Comisión de Transporte (CNRT) y en cada una de las audiencias ministeriales, dando cuenta del calamitoso estado al que los hermanos Cirigliano llevaron a Ecotrans. Los Cirigliano, hasta el mismo día 12 presentaron un plan de “gestión” en el cual reclamaban más subsidios y asistencia del Estado para seguir ellos al frente de la empresa. El viernes 13, trabajadores de las distintas cabeceras fueron llegando a la planta Merlo para la realización de la asamblea y allí deliberar sobre el estado de situación y las medidas a adoptar y resolvieron que de ninguna manera se va a permitir el desguace. También reclamaron participar de las tratativas que se vienen realizando sobre el futuro de la empresa, declarando su rechazo a seguir siendo “convidados de piedra” y resolvieron solicitar nuevamente una audiencia con el ministro de Transporte nacional -pedida en diciembre y nunca otorgada- y parar y movilizar el próximo jueves 19 de Mayo junto a los usuarios. También decidieron realizar una gran campaña de difusión con afiches, pintadas y volanteadas para alertar y sumar a toda la población de toda la zona Oeste y alertar sobre la situación de la empresa.

Los mecánicos del taller San José están resistiendo la intención de la patronal de que sean los trabajadores los que se hagan responsables de la desenergización de las formaciones sobre las que trabajan. Un protocolo aprobado hace tres años, entre la parte gremial y la patronal de ese taller, estableció el método de corte de energía, que está a cargo de los supervisores, con control final de los operarios afectados y que fue difundido como modelo recomendado a los demás talleres. Ahora la empresa pretende modificar ese protocolo, colocando la responsabilidad principal de la operación en los trabajadores. Todo esto en una materia como los accidentes por descargas eléctricas, que han costado la vida de 4 compañeros en pocos años y decenas de accidentes laborales en los talleres. Los dos últimos de estos accidentes, con producción de lesiones graves, ocurrieron hace pocos días en los talleres Rancagua y Urquiza. Jefes de Metrovías, con escribanos, se hicieron presentes para constatar la resistencia de los trabajadores y anunciaron sanciones. Pero en una reunión de delegados de taller el 70% decidió acompañar la posición de San José. Esta grave ofensiva empresaria contra la seguridad laboral, como el cuadro general, requieren una respuesta firme e inmediata de la AGTSyP, la organización representante de los trabajadores del subte. Esta respuesta no se ha dado, a pesar de las diversas luchas que vienen llevando a cabo distintos sectores de trabajadores de la empresa. Lea también: "Subte: los conductores y guardas de la Línea B dicen basta"

Avanza en la legislatura bonaerense una Ley de Emergencia Administrativa pedida por el gobierno de Vidal, que permite manejar de manera discrecional el presupuesto-reasignando partidas y contratos con el Estado, salteando controles y plazos de licitaciones y atacando los derechos laborales de los empleados públicos. Esta ley habilita la creación de un nuevo Régimen de Contratación de Servicios, por fuera de la ley 10,430 que regula el trabajo estatal, y que explícitamente no reconoce ningún tipo de estabilidad laboral ni compromiso de continuidad a quienes ingresen a cumplir tareas bajo esta modalidad. Se suma en la misma dirección el decreto 230, que otorga derechos de cesanteo a los ministros, la suspensión de seis meses de las cláusulas de derechos laborales del estatuto municipal y la resolución ministerial que plantea la posibilidad de contratar empresas privadas para reemplazar a los empleados de maestranza de las escuelas. Esta ley, que habilita negociados y multiplica la precarización laboral, ha sido aprobada en el Senado con votos del massismo y el bloque del PJ. En diputados, alcanzarían los votos de la coalición parlamentaria de Vidal con el massismo y el FAP para aprobarla. El acuerdo Vidal-Massa-Stolbizer ha transformado a la Legislatura en una caja registradora que vota a libro cerrado una ley tras otra de poderes extraordinarios para la gobernadora. La sesión de Diputados fue precedida por una movilización importante de trabajadores de la provincia, donde por primera vez confluyeron la mayoría de los gremios que vienen en conflicto por paritarias. Hubo una marcha de 10 mil trabajadores, donde se destacaron las columnas del Astillero Río Santiago (que concurrió por resolución de asamblea contra la conducción de ATE), de Judiciales y Cicop que vienen de paros de 72 horas semanales y de los Suteba Multicolor, que pararon y movilizaron por los reclamos salariales que la conducción celeste ha abandonado. Marchó también una delegación del Suteba celeste, a pesar de que Baradel entregó la paritaria hace meses, por debajo de la inflación y dividiendo el reclamo de los estatales de la provincia. Esta gran movilización, que confluye cuando los conflictos se arrastran hace dos meses, está muy lejos del potencial de un plan de lucha unificado contra Vidal, con la fuerza de los que se han emprendido en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza o Santiago del Estero. La mesa de unidad entre las direcciones de Suteba, Soeme, ATE, AJB y Cicop, se ha limitado a convocar una movilización para rechazar la Emergencia a la sesión del 19, y empezar a pensar un paro sólo para la segunda semana de junio. Pero las paritarias de judiciales, médicos y el Astillero difícilmente esperen otro mes. La paritaria estatal sigue en un 15%, a pesar de la orden judicial de reabrirla, y los docentes vienen parando frente a cada convocatoria masivamente, mostrando la enorme presión por la reapertura de paritarias.La falta de un plan de lucha unificado le ha dado medio año de changüí a Vidal, que gambetea los conflictos abiertos en toda la provincia sin correrse de su plan de ajuste. Ni siquiera se ha hecho un plan de lucha único de los gremios que pertenecen a la CTA Autónoma, llegando a un extremo de dispersión burocrática. Mientras tanto, siguen los despidos en privados, como Massalin, Eitar, Mascardi o Tenaris, sin que ninguna de las centrales se mueva en apoyo a los conflictos en curso. Necesitamos un Congreso de Delegados de Base de todos los gremios, para votar un plan de lucha unificado, como lo empezaron a hacer los trabajadores de Mendoza, como lo hacen los plenarios de delegados de base de los Suteba Multicolores. Se han aprobado mociones en ese sentido en los congresos de Cicop, ATE, y estaba en debate en el de judiciales, que pasó a cuarto intermedio. La movilización del 19 es una gran posibilidad de poner en pie una unidad del movimiento obrero bonaerense para pelear por la derrota del plan de ajuste de Vidal. Es clave marchar el 19 con una gran columna de la izquierda y los sectores antiburocráticos y clasistas para pelear por la unificación de todas las luchas en un plan de acción y un programa común. El pliego de reclamos tiene que incluir a todo el movimiento obrero en lucha: Abajo la emergencia administrativa y los decretazos de Vidal Ningún despido. Ocupación de toda empresa que cierre Reapertura de las paritarias estatales. Ningún trabajador por debajo de la canasta familiar No al tarifazo Aplicación inmediata del boleto educativo gratuito. Triplicación del presupuesto de Salud y Educación

La candidatura de la canciller Malcorra a la Secretaría General de la ONU tiene como trasfondo una negociación de la soberanía nacional de las Islas Malvinas con el Reino Unido y las grandes potencias imperialistas. Según el estatuto del organismo, es requisito necesario para acceder al cargo contar con la unanimidad de los miembros del Consejo de Seguridad, entre los que se encuentra el Reino Unido. En otras palabras, los piratas ingleses tienen derecho a veto. Para sortear este obstáculo, Malcorra ha viajado a Inglaterra y tuvo una reunión con su canciller, que ella misma calificó como “histórica”. Malcorra sigue una hoja de ruta diseñada para congraciarse con los grandes monopolios petroleros, mineros y pesqueros. Se vale para ello de la reciente resolución de la ONU, que reconoce a la Argentina una mayor extensión de su plataforma continental sobre el Atlántico Sur. Dicha resolución ha colocado en manos del gobierno un instrumento de valor extraordinario para negociar una participación subordinada en la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. Ocurre que hoy las posibilidades de los grandes monopolios de proceder a la explotación de esta enorme geografía, que ahora crece en 1.700.000 kilómetros cuadrados y alcanza incluso la Antártida, están limitadas por el litigio sobre la soberanía de Malvinas. Para los monopolios sería de gran importancia eliminar los conflictos jurisdiccionales para poder utilizar en la logística de la explotación el territorio continental, permitiendo una reducción de los costos de extracción, en momentos en que el precio del petróleo ha sufrido una fuerte caída. A la vez, un acuerdo llevaría a anular las disposiciones votadas por el Congreso, que prohíben a las empresas petroleras que realizan exploraciones petroleras en Malvinas o en aguas adyacentes realizar también inversiones en el continente. Este tipo de disposición, aunque pueda ser violada por los monopolios mediante diferentes tipos de arguyas legales y societarias, es contradictoria con el acuerdo de libre comercio que el Mercosur quiere sellar a la brevedad con la Unión Europea -una especie de Alca con el gran capital europeo. Para la Unión Europea, las Malvinas y el resto de las islas del Atlántico Sur son territorio del Reino Unido. El avance de este tipo de negociaciones no sólo significaría un duro revés al reclamo de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, sino que junto con ello agravaría la condición semicolonial del conjunto del país. Por lo pronto, plantearía un saqueo a gran escala de los recursos naturales no renovables del país por parte del gran capital internacional, a cambio de ingresos fiscales que servirán sólo para atender el pago de la deuda externa. El silencio del kirchnerismo ante el avance de esta política entreguista no debiera sorprender. Ya en el pasado, la propia Alicia Castro, que milita en el campo bolivariano del kirchnerismo, expuso en su carácter de embajadora argentina en Londres la posibilidad de avanzar en una suerte de “soberanía compartida” de las Islas Malvinas. Seguía los lineamientos originales de Néstor Kirchner, que había creado Enarsa como un intento de interesar a los grandes monopolios internacionales en la explotación de los recursos energéticos del Mar Argentino. El proyecto sólo tenía andamientos con un acuerdo con el Reino Unido. La crisis con los fondos buitre y la expropiación de YPF pusieron un freno a esa política. Pero la indemnización jugosa pactada por Kicillof con Repsol y el acuerdo con los fondos buitre votado por los senadores del FpV muestran que el kirchnerismo nunca se apartó de esa política estratégica. La defensa de la cuestión nacional del país reclama la denuncia de estos pactos que se negocian en la trastienda.

La patronal le informó a los trabajadores del restaurante Novecento Bellas Artes (Fanzone SA) que deberían cambiar el contrato de trabajo y pasar, de uno de 48 horas semanales a otro de 50 semanales... con el mismo sueldo. Quienes no aceptasen cambiar de contrato iban a ser despedidos, les dijeron. Este ataque provocó que los trabajadores se organizaran inmediatamente. Así, mientras se bajaban platos y se cocinaban carnes, se convocaba a asamblea sobre el final del turno, donde se votó rechazar el nuevo contrato y parar ante el primer despido. En el proceso se recurrió al asesoramiento de los abogados de Apel, que jugaron un rol importante en todo el conflicto. En contraste, el sindicato dio como respuesta a los trabajadores que “si los querían despedir, podían hacerlo” y además se comunicó con la patronal para alertarla sobre la situación, incluso señalando a activistas. Ante la negativa a ceder por parte de los trabajadores, las reuniones con el contador de la empresa comenzaron a cambiar de tono, con amenazas de despidos. En el pasillo, los compañeros comentaban: "Están cagados". Con el primer despido, todas las discusiones empezaron a volverse acción. Se dispuso que la mayoría de los trabajadores entraran para garantizar el paro, mientras que se sumaba una agitación del lado afuera con los despedidos, otros trabajadores, amigos y familiares. Los dueños del lugar son también los de RGB (Telefé). Ante la firmeza de los compañeros de parar hasta que fueran reincorporados los despedidos y la preocupación de que el conflicto tomara estado público, la negociación duró una hora. Los cuatro despedidos fueron reincorporados y del nuevo contrato no se volvió a hablar. Quedó demostrado que depende de la organización y la lucha parar la mano a los despidos y la flexibilización. Esta victoria sirve para fortalecer la organización para enfrentar nuevos ataques e ir por nuestros derechos. Frente a los despidos y el ajuste, la alternativa es la organización obrera.

El cuento “La Madre Especial” de Erma Bombeck (1927-1996) narra cómo imagina que Dios bendice a las madres dándoles un hijo con discapacidades. La realidad es que esa persona mal llamada "discapacitada" no sólo no llegará a ser jugador de fútbol o una bailarina del Bolshoi, sino que deberá superar más barreras que cualquier persona y quizá tenga más frustraciones en la vida. Es un error etiquetar a alguien que convive con discapacidades como “especial” o “con capacidades diferentes” para no ser discriminatorio porque nosotros también somos seres humanos, por lo cual tenemos derecho a los mismos sentimientos y necesidades que todo el mundo. Las etiquetas “especial” y “con capacidades diferentes” esconden la quita de la autonomía de las personas con discapacidades con intención de excluirlas, porque no pueden mantener el ritmo de producción en el sistema laboral que requieren las patronales. El trabajador pierde su autonomía no precisamente al ser despedido sino con el sólo hecho de estar regimentado por la burocracia sindical. En la actualidad no se cumplen las leyes (nacional 22.431 y provincial 10.592) ni el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que obligan a las dependencias del Estado y empresas mixtas a contratar un 4 y un 5 por ciento, respectivamente, de su personal a trabajadores con discapacidades. Corresponde destacar que el impulsor de la modificación del ya mencionado artículo, en 2004, fue el entonces legislador del Partido Obrero Jorge Altamira. Las personas con discapacidades son un gasto para el capitalismo y las prepagas les niegan la cobertura, mientras las obras sociales muchas veces no cubren los tratamientos que les pondrían mejorar la calidad de vida. Para obtener cobertura médica por discapacidad se necesita una pensión por invalidez, que permite entrar en el programa Incluir Salud (ex Profe) o, en su defecto, puede tener Pami si alguno de sus padres (o tutores) son jubilados. A esta situación hay que agregarle que la persona que se quiera jubilar por invalidez, en términos generales no puede estar amparado por ningún beneficio asistencial (asignación universal por hijo, por ejemplo) ni disponer de bienes (ni siquiera su familia) y tampoco contar con familiares obligados a su manutención. En otras palabras: no somos especiales ni tenemos capacidades diferentes, salvo los límites de nuestras discapacidades que nos obligan a entrenarnos desde pequeños para luego poder manejarnos en la vida con mayor facilidad.

El 6 de mayo por la tarde, en la localidad de Ramos Mejía, fueron encontrados los cuerpos de Florencia Mariezcurrena, de 14 años y Soledad Ramos, de 26, asesinadas en un galpón, donde además vivía Soledad con sus dos hijos. Las víctimas fueron encontradas en el lugar, cuando la policía acudió al domicilio de Soledad, por pedido de la escuela de sus hijos de 7 y 9 años, que ese día no habían sido retirados. El sospechoso es el sereno del lugar, Christian Perrone (43). Como antecedente, Perrone fue denunciado por abuso sexual a su hija y se investiga si otra familiar suya también sufrió un hecho similar. Estuvo prófugo y el lunes 9 fue detenido en la provincia de La Pampa, mientras hacía dedo. En este cuadro, queda demostrada la negligencia, la indiferencia y la falta de acción concreta por parte de las diferentes instituciones del Estado ante la denuncia presentada por su ex mujer y la complicidad de la Justicia con los abusadores. Además, se evidencia el problema y la dificultad de acceso a la vivienda que enfrentan las trabajadoras cotidianamente, ya que Soledad vivía junto a sus hijos en ese galpón. En este contexto, desde el Plenario de Trabajadoras creemos que es necesario intervenir con urgencia de cara a la movilización del 3 de junio, por otro Ni Una Menos, llevando un programa independiente, de la clase obrera que defienda los derechos de la mujer trabajadora: por centros integrales para la mujer, por un consejo autónomo de mujeres con presupuesto propio e independencia política. Justicia por Florencia y Soledad. Ni una Menos. El Estado es responsable.

El reciente asesinato de nuestro compañero Juan Manuel Miranda (docente y estudiante) ha conmovido a toda la comunidad educativa de la Berni y vecinos de San Martín. La inseguridad es un problema que afecta, en primer lugar, a los trabajadores. También en esto, los trabajadores son el sector más vulnerable de la población: no tienen las murallas ni la seguridad privada que los proteja del delito. En San Martín, el intendente Katopodis, junto al entonces gobernador bonaerense Scioli y el ministro de Seguridad Alejandro Granados, llenaron las calles con la nueva “policía local” destinando un enorme presupuesto a tal fin, que por supuesto se sostiene en base a políticas de ajuste a la clase trabajadora; políticas que hoy el gobierno de Macri-Vidal continúan y profundizan. Pero el asesinato de Juan Manuel, así como tantos otros, demuestra que el aparato represivo desplegado en las calles no ha servido ni servirá para garantizar la seguridad de los vecinos de San Martín. La presencia de gendarmes y policías de todos los colores no ha servido para evitar delitos cuyas víctimas son trabajadores y vecinos, sino muy por el contrario: es el mismo aparato estatal responsable del crimen de Luciano Arruga, la desaparición de Julio López y el asesinato de Mariano Ferreyra. Nos encontramos frente a una profunda descomposición de las fuerzas de seguridad. El delito en el conurbano bonaerense no podría desarrollarse como lo hace sin cobertura política, policial y judicial. Por eso, ante cada crimen, los vecinos reclaman en las intendencias. Venta de drogas, zonas liberadas, desarmaderos de autos robados y demás rubros se vinculan directamente con la corrupción municipal, con los intendentes y, por supuesto, con la Bonaerense. Porque son ellos, los cómplices, garantes y protagonistas del crimen organizado en todos los órdenes. Nuestro programa Por todo esto resulta necesario remarcar que la falta de seguridad cotidiana es uno de los signos más contundentes de la descomposición del Estado capitalista. Entonces, ¿cómo pretender acabar con el delito y con la inseguridad sin atacar al aparato del Estado que lo encubre y protege, y sin atacar al capitalismo, que se nutre como un parásito del negocio de la destrucción física y moral de la juventud y la clase obrera? Desde nuestra agrupación levantamos un programa en defensa de la población: control de los libros de guardia de las comisarías por asambleas de vecinos; disolución de la podrida policía bonaerense; cárcel a todos los oficiales responsables de organizar el delito; organización de una fuerza de seguridad bajo control de los vecinos y las organizaciones de derechos humanos. La juventud y los trabajadores tienen por delante la tarea de organizarse en forma independiente del gobierno Macri-Vidal y el municipio K.

El gobierno macrista ha lanzado una ofensiva contra la línea de pasajeros Tirol-Vilelas, que conecta el área urbana del Gran Resistencia. La línea está semiparalizada por la paralización de las tres unidades con que se cuenta. Dos de ellas no pueden ser reparadas en el taller ubicado en Cacui, por la falta de repuestos. La tercera fue traída en la etapa del ex ministro de Transporte Florencio Randazzo, pero no reúne las condiciones técnicas como para poder doblar en la curva de acceso a Tirol, por lo cual es inutilizable en el ramal. Así, los casi 400 trabajadores de la línea día a día concurren a trabajar sin poder tomar tareas, mientras el director del ramal (el radical Brianzó) obliga a realizar tareas que no corresponden al convenio, con la complicidad del sindicato (por ejemplo, pintar casillas o accesos a las estaciones). La respuesta del gobierno nacional a esta situación ha sido anunciar la intención de traspasar el ferrocarril a la provincia, una propuesta alimentada por Ángel Rozas, ex gobernador radical y actual senador por el Chaco, quien reivindica el ferrocarril provincial Sefecha, anterior a la incorporación a Ugofe. Pero con Sefecha los ferroviarios cobraban salarios de miseria y no se hallaban incorporados al convenio colectivo de trabajo. Bajo Ugofe, la equiparación salarial al salario y a las condiciones de convenio nacionales de los ferroviarios fue el resultado de una lucha importantísima. El traspaso a la provincia, que se encuentra quebrada, apunta a liquidar estas conquistas obreras. Nuestra agrupación, Causa Ferroviaria, denunció desde principios de año esta situación de parálisis, con una campaña en los medios, junto a usuarios afectados. Propusimos al sindicato un plan de lucha contra el cierre, los despidos y por la reactivación. Esto nos valió el intento de sanción contra el dirigente ferroviario del PO, Oscar Deniz. La burocracia Verde anunció, primero, que el tema lo resolvería Sergio Sassia –secretario general nacional de la Unión Ferroviaria -“dialogando” con Macri. De estas “negociaciones” no se sabe nada. Ahora, largó un petitorio para reclamar la reactivación. La situación va generando en la base ferroviaria un clima de movilización, en principio bloqueado por el temor a los despidos, represalias patronales e incluso del sindicato. Pero la defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones depende de nuestra intervención. Convocamos a discutir un plan de lucha y un programa para enfrentar esta ofensiva.

Docentes, jóvenes trabajadores y estudiantes, vecinos y trabajadores de las autopartistas y otras fábricas que caracterizan a Escobar se reunieron este sábado 14 para escuchar a Jorge Altamira. Además de responder preguntas y desarrollar la caracterización del PO, tanto del gobierno de Mauricio Macri como del golpe en Brasil, Altamira planteó la necesidad de impulsar coordinadoras fabriles para desenvolver la lucha contra el ajuste y la huelga general. El dirigente llamó a los presentes, y a la militancia en general, a multiplicar las charlas y debates con trabajadores y jóvenes del distrito para que la izquierda sea un canal en el reagrupamiento de los trabajadores. Destacó que es necesario para luchar por sus reivindicaciones frente a las falsas propuestas de la oposición política pro-patronal.

En el marco del plan de lucha nacional y como preludio de la inmensa marcha federal, más de 1.500 compañeros se movilizaron al Rectorado de la UNC en la mañana del jueves 12 de mayo, luego de cumplir una nueva semana de paros, clases públicas y asambleas. Incluso, dos días antes se impidió que sesionara el Consejo Superior, que se preparaba para votar un paquete de ajuste. La movilización estuvo encabezada por los combativos docentes preuniversitarios que vienen de concretar las dos huelgas de cinco ad honorem, estudiantes de la UNC, de la Universidad Provincial de Córdoba y de la extensión de Villa María, todos en procesos de lucha, y los trabajadores precarizados del CAJ que vienen de conseguir varios triunfos, y agrupaciones de izquierda. El reclamo de la recomposición salarial del 45%, la ciudadanía para los preuniversitarios, el salario para los ad honorem, el aumento del presupuesto educativo y el rechazo la ley de Educación Superior fueron algunas de las reivindicaciones que direccionaron la movilización. Una vez en el Rectorado, este pliego de demandas fue presentado por escrito y se estableció una instancia de negociación entre el Rectorado y los representantes de las asambleas de los preuniversitarios y docentes ad honorem. En el acto que se desarrolló al finalizar la movilización, la UJS Córdoba planteó que la importante concurrencia de estudiantes universitarios y preuniversitarios establecía la tarea de multiplicar las asambleas en todas las facultades de la UNC. “Hay que organizar la rebelión educativa contra Macri y sus rectores con los métodos de la deliberación, la organización y preparar la ocupación de los establecimientos para conquistar todas nuestras reivindicaciones y la de nuestros compañeros docentes. Tenemos que terminar con el recorte de las raciones del comedor universitario, la insuficiencia de aulas las pasantías y conseguir horarios para cursar y rechazar las pasantías gratuitas”. Sobre la última oferta salarial el Frente de Docentes en Lucha y los preuniversitarios logramos el voto unánime de la Asamblea de Adiuc el rechazo con una contra propuesta quedando establecido que las dos cuotas de aumento sean acumulativas. Que la primera cuota del 18% sea retroactiva a marzo y la segunda del 15% se adelante para agosto. Sin embargo, la conducción kirchnerista de Adiuc (Conadu Yasky) hizo votar en contra del plan de lucha propuesto por los preuniversitarios y la docencia opositora, en primer lugar contra la movilización el próximo 24 de mayo resuelto en la asamblea de los preuniversitarios del Belgrano y de convocar a asambleas en los lugares de trabajo. La burocracia justificó la maniobra aduciendo que el plan de lucha lo debe resolver la junta ejecutiva y la reunión de delegados, así han violado sistemáticamente los mandatos de las bases. La intervención del gremio todo el tiempo fue al desgaste del plan de lucha. Esa conducción se deslegitima cada vez más frente a la docencia, porque es vista como una burocracia incapaz de tomar una sola iniciativa frente al ajuste. Sólo impulsa acciones minúsculas que se contraponen a las huelgas contundentes de los preuniversitarios. Sólo la siguen las agrupaciones estudiantiles kirchneristas de La Bisagra y Patria Grande, también ausentes de la movilización. Párrafo aparte merece la destacada intervención del Frente de Docentes en Lucha (PO e independientes), quien convocó junto a los preuniversitarios a la importante movilización La independencia que mantuvo durante la antigua gestión del kirchnerista Tamarit dotó al FDL de la autoridad y el programa para ser la dirección de la lucha contra el ajuste del actual rector macrista Juri. Los paros y la movilización de los preuniversitarios instalaron la necesidad de conformar una comisión que resuelva problemas de docentes y estudiantes de la UNC. El próximo martes 24 de mayo, a las 17 horas, una nueva movilización hacia el Rectorado redoblará la apuesta para que se constituya. Y, para continuar la lucha vamos por asambleas docentes y estudiantiles en todas las dependencias y por la asamblea general. Por un plan de lucha que prepare la huelga general.

Hace más de un mes, los trabajadores de la empresa Autobuses Santa Fe se autoconvocaron para reclamar contra el vaciamiento empresarial, imponiendo la asamblea general y el paro. La patronal respondió con el despido de seis compañeros. Desde el Ministerio de Trabajo y la UTA seccional se orquestó la conciliación obligatoria, pero con los despedidos afuera. El viernes 5 de mayo, los trabajadores marcharon nuevamente a la huelga en Autobuses, pero esta vez exigieron que se extendiera a todo el transporte. El lunes 9 de mayo, la asamblea de Autobuses se trasladó a la sede sindical y arrancó la huelga general de todo el sindicato, que fue decretada por una parte mayoritaria de la directiva, a partir de las cero horas del día siguiente. De inmediato, los empresarios, el Estado capitalista y la burocracia sindical cerraron filas para derrotar la huelga general. Hasta ese momento, el intendente Mestre había “denunciado” la responsabilidad de Autobuses, pero su objetivo estaba dirigido a que la empresa Ersa, en la cual tiene participación, asumiera los recorridos de aquélla. Ersa ya se quedó con todos los recorridos de la quebrada Ciudad de Córdoba. Existe una disputa empresarial por el control de los negociados millonarios que se cocinan en el transporte, del que usufructúan empresarios, gobierno provincial y municipal. Esos negociados tienen como punto común un fenomenal vaciamiento del sistema, que pagan los choferes y los trabajadores y usuarios. Este año, estas patronales recibirán 740 millones de pesos en concepto de subsidio nacional y 120 millones de subsidio municipal, sin contar el 10% del subsidio al boleto que pagan todos los contribuyentes municipales. Además, el boleto de Córdoba es uno de los más caros del país. Una vez decretada la huelga, el gobierno de Schiaretti estableció todos los mecanismos del Estado para derrotar la iniciativa. Desde el Ministerio de Trabajo se decretó la ilegalidad del paro y se amenazó públicamente a los trabajadores con el despido. El propio ministro llamó a la intervención gremial de la seccional. La Justicia envió sus fiscales a perseguir a los trabajadores que organizaban los piquetes para garantizar la huelga. Se militarizó, con la Infantería, todas las puntas de línea, los recorridos e incluso las unidades. Pero el ataque más certero provino desde la propia UTA. El secretario general Salerno, una parte minoritaria de la directiva local y la UTA nacional desconocieron la medida y se lanzaron con los empresarios y la policía a desorganizar y suprimir la huelga. La sede gremial fue desalojada por completo y también militarizada. Salerno nunca apareció. Este ataque dividió a los trabajadores y los debilitó frente a la patronal y el gobierno. La dirección de la huelga quedó en manos de la fracción mayoritaria de la directiva que había cedido frente a la presión obrera, pero esta dirección no se preparó ni preparó a los trabajadores para la lucha. Esa fracción ha dejado que proceda el vaciamiento, que pasen los despidos y que las patronales avancen sobre un sinnúmero de derechos laborales en un terreno plagado de irregularidades. Así la huelga general de UTA se disolvió, ya entrada la noche del 10 de mayo. Corresponde hacer un balance y sacar conclusiones. Lo primero que hay que decir es que el paro de cinco días de Autobuses Santa Fe es la respuesta más genuina de los trabajadores a dos años de venir sufriendo despidos, regimentaciones, rebajas salariales y el desguace del transporte. Esta situación sólo ha sido revertida en casos aislados y mediante la lucha, como en Trolebuses, donde la movilización de sus trabajadoras logró que se incorporaran siete unidades nuevas. Las posibilidades de los trabajadores de UTA de conquistar sus reclamos no dependen de su fuerza, que es enorme, sino de su dirección y de cómo se prepara cada lucha. Ha quedado demostrado el carácter antiobrero, reaccionario de UTA nacional y de sus seguidores, que ahora se encaminan a la intervención de hecho del gremio y a la separación de la fracción que decretó la huelga. Pero también quedó demostrado que la fracción mayoritaria fue incapaz de defender la huelga. Como queda dicho esa fracción nunca se preparó ni preparó a los trabajadores para la lucha; es más, en varias ocasiones ha sido hostil a ella. Desde que asumió, la nueva directiva nunca convocó una asamblea general, mucho menos denunció el vaciamiento y sus responsables. Y ello porque en esa fracción operan también elementos del gobierno y las patronales. Muchos compañeros han concluido en que hay que hacer como la Línea 60, que lograron la reincorporación de 57 compañeros saliendo a trabajar sin cobrar el boleto. Esa medida puede ser acertada. Pero la conclusión más importante que queda se refiere a la dirección. La lucha sólo puede triunfar si es llevada adelante por una dirección combativa e independiente, que no tenga ningún compromiso con la patronal, ni con sus partidos y funcione mandatada por las asambleas obreras y por sus programas. ¡Viva la huelga general de UTA Córdoba!

¿Qué hacemos los trabajadores cuando no tenemos nada de nada? ¿Cuándo tu vecino, y el vecino de tu vecino están en la misma situación? ¿Cuándo tenés todo por hacer, con todas las capacidades, conocimientos y ni a tus hijos podés dar de comer? Organizar a los desorganizados: esa es la cuestión que bien muestra la obra “El movimiento”. Dramaturgia: Laura Sbdar, Ezequiel Murmis. Actúan: Enrique Biondini, Valeria Blanc, Valentina Britos, Nicolás Mauro, Juan Esteban Montoya, María Pía Poveda, Verónica Volman. Escenografía: Rodrigo Díaz Ahl. Diseño sonoro: Martín Ameconi, Luciana Morelli En: La materia: Malabia 1077, Capital Federal, los sábados a las 22. La obra teatral de Laura Sbdar y Ezequiel Murmis se propone abordar las contradicciones a las que se enfrentó el movimiento piquetero desde su auge, durante la rebelión popular de 2001, hasta el proceso de cooptación y represión (combinadas las dos cosas) vivido antes (presidencia Eduardo Duhalde) y durante el kirchnerismo. El espectador se encuentra con una realidad que tiene vigencia histórica y también actual, porque el movimiento piquetero, a pesar de los ataques recibidos por parte del Estado, la Iglesia, la burocracia sindical y punteros de diversos pelajes, además de asesinatos y encarcelamientos, sigue presente en la escena política. La puesta abunda en situaciones de alto impacto: desde el detalle de no poder bañarte por diez días hasta la tragedia de perder un bebé por no poder parirlo; o qué pasa cuando uno de los miembros de la asamblea consigue trabajo, o qué ocurre con el amor cuando la pareja de dos organizadores se rompe al diluirse esa fuerza intensa que vivieron en común. Sbdar pone en el tapete las dificultades que tuvo el movimiento, que fue parte de un fenómeno más vasto aún: el de las asambleas nacionales piqueteras, ausentes en la obra. Quizás es un interrogante, que da para una segunda parte, sobre qué pasó con los desocupados que pasaron a las fábricas o a puestos estatales o docentes, y que hoy son protagonistas del proceso de recuperación de sindicatos; es decir, de la evolución de parte de ese activismo que hizo su experiencia en las barriadas piqueteras de todo el país. O el ascenso de la izquierda (incipiente) como no se veía desde hacía décadas en nuestro país. Para el debate: la obra, subrepticiamente, sugiere la derrota del movimiento piquetero. Ya que próximas batallas recogerán esa experiencia histórica, metida en la combativa clase obrera argentina, su historia es testimonio vivo.

Los casos de abuso y violación atraviesan transversalmente a la sociedad sin hacer distinción de género ni edad; sin embargo, como todos los flagelos del sistema capitalista que nos gobierna, afecta más profundamente a la clase trabajadora y posee un efecto colateral, que no sólo daña a la víctima y a su entorno, sino que sienta todo un precedente en la comunidad y en el sistema judicial que alienta a que este tipo de situaciones sigan produciéndose. Este es el caso del abuso sexual padecido por un adolescente en el departamento de Andalgalá, que hace ya tres años viene luchando contra un sistema encubridor que permite que curas violadores, como Renato Rasgido, permanezcan en libertad e incluso tengan posibilidades de salir absueltos; y contra una Iglesia que cuenta entre sus filas con pedófilos que valiéndose de su prédica de fe vulneran a jóvenes y niños. Estado e Iglesia no sólo apañan estas situaciones sino que utilizan sus recursos, que son nuestros recursos, para contratar abogados amigos del poder y lograr la libertad de los acusados, para comprar la dignidad de las víctimas y para poner a la comunidad en contra de los propios abusados; por eso, rescatamos la valentía de las madres de las víctimas de los abusos cometidos por curas -Alicia (Andalgalá) y Alejandra (Belén)-, al denunciar este hecho frente a un Estado que juega con una doble moral de bien común y de cómplice, al mismo tiempo en una sociedad muy influida por la Iglesia y la religión. Ni iglesia ni Estado están interesados en resarcir el daño moral y psicológico que se ha causado; por el contrario, se ocupan de encubrir y pasar por alto los graves hechos ocurridos, así mientras en sedes judiciales las víctimas deben asistir y revivir todo lo ocurrido, a unas pocas cuadras en el Obispado local, se discuten aniversarios y reuniones futuras de obispos como si nada hubiera pasado, como si no hubiera nada más importante de que ocuparse. Exigimos: * Cárcel común y efectiva para los abusadores. * Separación de la Iglesia y el Estado. El Estado es responsable de que esto se produzca y de que no se impongan penas ejemplares.

Finalmente, el 6 de mayo se realizaron las elecciones en UPCP, el sindicato estatal del Chaco. Se impuso con el 50% de los votos la Lista Verde de José Niz, reelecto secretario general. El gobierno jugó abiertamente en favor de la Lista Azul, encabezada por Carlos Romero, que responde a la diputada provincial Beatriz Bogado y que alcanzó el 27% de los votos, quedando en segundo lugar. El intento gubernamental de un copamiento directo de la UPCP fracasó. La contienda electoral fue demorada y precedida por importantes batallas políticas. El sector de Bogado y Rubén Cantero (miembro de la comisión directiva de José Niz pasado a la oposición) impugnó la primera asamblea de Junta Electoral, obtuvo en la Justicia su anulación y, a raíz de ello, logró la intervención del gremio por la mora en el recambio de autoridades. La intervención dejó a la UPCP fuera del juego en el momento clave de la paritaria provincial, vehiculizando un cierre por decreto del gobierno en un 30%. Nuestra agrupación -Tribuna Estatal- denunció abiertamente esta maniobra en la campaña. Niz -que tiene un extenso pasado de colaboración con el PJ local- explotó electoralmente el repudio a la intervención, que es uno de los factores que explican la abultada diferencia electoral. Un sector de la izquierda -la Bordó, del PCR- se sumó a la lista del ex secretario general Raúl Vallejos. Vallejos, otrora combativo, llevó en su lista, en el segundo lugar, al promotor de la intervención del sindicato, “Tito” Canteros. La justificación -hacer un frente para disputar la conducción y no una presentación “testimonial”- quedó desmentida por el resultado electoral, dado que la lista quedó tercera. Tribuna Estatal, en un frente con la agrupación Carlos Fuentealba, presentó lista propia, llevando a la cabeza al delegado del Hospital Perrando Claudio Presentado, y a Fabio Arévalo, delegado de la Escuela 60. Nuestro resultado electoral fue escaso -200 votos-, pero hemos dado un gran paso al presentar frente al conjunto del gremio la perspectiva de un reagrupamiento clasista, y de la lucha por un sindicato independiente del Estado. Ahora, vamos por elecciones de delegados en las reparticiones, para organizar y desarrollar las profundas tendencias a la lucha que están presentes entre los trabajadores de la provincia.

En Tierra del Fuego se lleva adelante la versión más cruda del ajuste que se desarrolla a nivel nacional, en este caso, ejecutado por la gobernadora kirchnerista Rosana Bertone. Los trabajadores fueguinos han salido a enfrentarlo de manera ejemplar, incluso soportando los ataques de patotas, la persecución, procesamientos y hasta el encarcelamiento de trabajadores. Con el agravamiento de la crisis provincial, los despidos en la industria electrónica no se hacen esperar. Luego de más de 400 despidos que se contabilizaron en el sector público a principios del año y el ajuste que significaron la aprobación de las leyes de aumento de la edad jubilatoria, el descuento salarial para los estatales y de las jubilaciones, la crisis ha desembocado de lleno en las fábricas de la provincia. La devaluación y los tarifazos han agravado la recesión afectando fuertemente a la industria electrónica fueguina, que depende de insumos importados para funcionar. La inestabilidad que supone este modelo productivo tiene su contracara en los contratos precarios que inundan las fábricas. Se estima que entre los trabajadores que no fueron convocados a renovar los contratos desde diciembre, más la no renovación de los vínculos laborales producidos en estos últimos dos meses, la cifra de caída de puestos de trabajo sería cercana a los 2.500 en toda la provincia. En la empresa Brighstart, de teléfonos celulares, los despidos ascienden a 258 (120 trabajadores de planta permanente y el total de contratados "de planta discontinuo"). En el grupo Mirgor, que cuenta con el socio de Macri, Nicolás Caputo, como su principal accionista, fueron 300 los contratados despedidos a principios de abril. A esto se le suma la situación de la empresa Foxman, donde los trabajadores no cobran sus salarios desde diciembre y fueron abandonados recientemente por la patronal, que se retiró de la fábrica sin dar mayores explicaciones. Además de los anuncios realizados por la marca BGH, que ha reconocido que no habrá renovación de contratos para parte de su personal y que avanzará en la implementación generalizada de planes de retiro voluntario. La seccional Río Grande de la UOM se encontró desbordada de reclamos y rápidamente ante tamaña crisis y potencial toma de fábricas llamó a un congreso de delegados, el cual aprobó por unanimidad el acuerdo salarial que será efectivo en tres sumas no remunerativas divididas en 3.000 pesos en abril, 4.000 para mayo y 4.000 en junio. Este acuerdo ha calmado los ánimos de momento pero la sangría no se detiene ahí. En Ushuaia, la reducción de carga horaria con reducción salarial se acrecienta y, a su vez, se encuentra latente la amenaza de finalización de cientos de contratos en las próximas semanas, a pesar de ello la seccional del sur no ha siquiera llamado a asambleas para combatir la crisis. Tierra del Fuego se encuentra atravesada por un enorme proceso de deliberación y agitación popular. Debemos rodear de solidaridad a los trabajadores de Tierra del Fuego. Su lucha es la de todo el movimiento obrero que enfrenta los ajustes del gobierno de Macri y los gobernadores kirchneristas.

La comisión de legislación penal del Congreso Nacional continúa discutiendo los proyectos de ley que amplían dentro del marco del derecho penal la figura del arrepentido y agentes encubiertos. En la última reunión, Cambiemos pretendió introducir la posibilidad de que los genocidas accedan al beneficio de “canjear” información por impunidad. A través de la figura del arrepentido, a criterio del juez de turno, los represores podrían obtener rebajas de sus condenas e incluso, su eximición. Un camino directo hacia la impunidad. Tras conocerse el repudio de los organismos de derechos humanos, la presidenta de la comisión, María Gabriela Burgos (UCR), se comprometió a retirar su inclusión de la versión final del dictamen. De todos modos, no debemos bajar la guardia. La ampliación de la figura del arrepentido a los crímenes de la dictadura habría sido resultado de un compromiso entre Claudia Rucci -compañera de fórmula de De la Sota en las últimas elecciones- y Patricia Bullrich. Pero también buena parte de la centroizquierda cooptada por el macrismo -como Graciela Fernández Meijide- que propugna la tesis del “derecho a la verdad” para introducir la “reconciliación” de las víctimas con el Estado y las Fuerzas Armadas responsables del genocidio. La inspiración de este proyecto proviene del modelo sudafricano de la “Comisión para la Verdad y la Reconciliación”, que establecía que los autores del apartheid podían negociar con sus propias víctimas confesiones a cambio de perdón. Esto se llevó a cabo bajo una gran presión sobre las víctimas de los principales partidos políticos sudafricanos, el imperialismo y la Iglesia, que acuñó la consigna "sin perdón no hay futuro". El gobierno nacional que -como sus antecesores-, se niega a abrir los archivos de la dictadura, pretende meter por la ventana ahora una figura que beneficia a los genocidas. Esto se inscribe en la línea de las expresiones de Darío Lopérfido y Jorge Lanata sobre la cifra de desaparecidos y de las reuniones que mantuvieron los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con Cecilia Pando y las agrupaciones defensores de genocidas. Rechazamos cualquier intento de reconciliación e intento de negociar “información por impunidad” con los genocidas. Apertura de los archivos. Cárcel común y efectiva para los asesinos de la dictadura.

Se realizará en la Argentina la décima edición del Festival Latinoamericano de la Clase Obrera en Noviembre de este año. Ya están on line su convocatoria, las bases para la inscripción de obras y artistas; y el formulario para adherir a su realización. El Festival Latinoamericano de la Clase Obrera (Felco) que surgió en 2004 por iniciativa del grupo de cine Ojo Obrero llega a su décima edición tras su paso por Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay; así como por su transformación en un festival de todas las disciplinas artísticas que se ha constituido en cada oportunidad de su realización en un punto de reagrupamiento de los artistas independientes. Nacido al calor de las rebeliones populares de fines de finales de siglo, el Felco vuelve a convocar a los artistas a sumarse con su obra. La oportunidad política de su reaparición, no puede ser mayor. Como expresa su convocatoria “el derrumbe de los precios de las materias primas anuncia un ingreso definitivo de nuestra región en la crisis mundial. Las rebeliones populares que recorrieron el continente a fines de los noventa y principios de los dos mil barriendo a los personeros del 'neoliberalismo' no lograron el cometido de la independencia. Los regímenes nacionalistas o centro izquierdistas que emergieron tras esas rebeliones agudizaron unas economías primarias basadas en el saqueo de los recursos naturales, la contaminación del medio ambiente y sostuvieron el trabajo precario. Fueron la fiesta de las mineras contaminantes, del avance de la sojización, la dependencia petrolera y el reconocimiento de un endeudamiento usurario”. Pero advierten: “las famosas 'grietas' que las burguesías pretenden cerrar -entre sí- se abren ahora de forma cristalina entre capitalistas y sus ajustes, de un lado; y los trabajadores y sus condiciones de vida, del otro. Confiamos en la rebeldía de nuestros pueblos”. Sobre estas bases convocan a “los artistas de este país y del resto de América Latina a sumar su producción (...), para colocar en la calle, en los barrios, en las universidades, en los lugares de trabajo, un 'Festival de otra clase', de la clase que tiene la tarea de emanciparse y emancipar así a su pueblo”. El lanzamiento del sitio oficial http://www.felcoargentina.com.ar/ en marcha esta gran campaña. Como en cada edición se presentará un reclamo al Estado para que otorgue financiamiento e infraestructura para realizar el Festival que será gratuito para la clase obrera. Sumemos adhesiones para rodear de apoyo este reclamo.

La situación política reinante, de ataque directo a los bolsillos y a las condiciones de vida de los trabajadores, ha llevado a realizar asambleas de base en lugares menos organizados, en este caso en la escuela de Astilleros. Hace bastante tiempo que no se realiza este tipo de actividades en el sector, en parte por las particularidades de llevarla a cabo con el alumnado presente. Pero esto es sólo una excusa que pone la burocracia y que refleja la falta de práctica por los propios trabajadores. El jueves 5 de mayo se demostró que se puede, incluso que es posible hacerlo fuera de horario de trabajo si la situación lo requiere. El papel de la burocracia, bajo la figura del delegado, fue intentar impedir primero la asamblea y luego regimentarla. Vale recordar que son los mismos que dieron la espalda a la compañera Evret, docente agredida verbalmente y amenazada hace muy poco por un jerárquico de la sección Comercio Exterior del astillero, hecho encuadrado como violencia de género. Las idas y vueltas sobre cuestiones de horarios y tratar de encasillarla llevó a que se realicen en la práctica dos asambleas con docentes que decidieron juntarse de manera voluntaria y revistió el carácter de autoconvocada. Necesidad de un plan de lucha En ésta, se expresó la necesidad de un plan de lucha para conseguir el 39% pronunciado por el gremio ATE, rechazar el cobro de impuesto a las ganancias, realización de una asamblea general, exigir al gobierno provincial la inversión en tecnología para la seguridad de los trabajadores y por último concientizar que con los métodos (paro y movilización) de los trabajadores como lo demostraron los compañeros auxiliares de educación, los aceiteros y los bancarios se pueden conseguir mejoras salariales acordes a la situación inflacionaria que se vive. En la otra, “convocada”, se intentó dividir a los trabajadores de la escuela del resto de la fábrica: ¿a qué sector efectivamente pertenecemos los docentes (convenio o fuera de convenio)? Quedó en claro más allá de tecnicismos o temas de figura legal es que todos somos trabajadores de Astilleros Río Santiago, con diferentes tareas naturalmente, algunos administrativos otros auxiliares, y en su mayoría docentes. Todos somos afiliados de ATE y pagamos la cuota, movilizamos con el gremio, paramos con el resto de la fábrica a pesar de las amenazas de descuento por parte de ciertos sectores de la gerencia. Nos sentimos trabajadores del ARS y ése es nuestro claro pensar. La cuestión de fondo El tema central es la demora en la resolución de las paritarias para el astillero y la paciencia a prueba de balas que tiene el gremio que en lo que va del año y con las paritarias ya vencidas ha realizado por motu propio sólo una marcha a pie hasta el Ministerio de Trabajo y Economía de la gobernación de Vidal. Llamativo también es que aún no se ha realizado asamblea general para decidir un plan de lucha. Este es el punto neurálgico que lleva a autoconvocarnos y/o pedir asambleas para decidir un plan de acción. El gobierno provincial pospuso la propuesta del 28 de abril arrancada por la movilización del 25 del mismo mes, mientras tanto la inflación sigue erosionando nuestros salarios, cabe resaltar que si bien la paritaria se puede aplicar de manera retroactiva el poder adquisitivo por este retraso se ve disminuido. Está claro que la Blanca quiere ayudar al gobierno de Vidal, quitándonos a los trabajadores de ARS de cualquier pelea por nuestras reivindicaciones. La situación del país y de la provincia no parece tener soluciones a corto plazo para los trabajadores, esperemos que las asambleas sean la costumbre, son nuestras herramientas y las utilizaremos. Nada más saludable, en tanto sujetos sociales, que ponerlas en práctica y en donde cada trabajador expone sus posiciones. Sin dudas, una de las conclusiones más importantes es que necesitamos delegados que respondan a los trabajadores que los eligieron.

A comienzos de 2015, el Partido Obrero de Formosa y sus dirigentes Fabián Servin, Sergio Pasuk y Natalia Coronel denunciaron penalmente al gobernador Gildo Insfrán por realizar tareas de espionaje sobre el PO, sus militantes y otros partidos, así como a organizaciones políticas. El escándalo salió a la luz cuando se filtraron más de 200 mails con informes policiales que reportaban directamente al gobernador Gildo Insfrán, dando cuenta de una enorme red de espionaje contra dirigentes opositores, periodistas, dirigentes sociales y organizaciones indígenas como la comunidad qom “La Primavera” y a los dirigentes wichi. Durante este año de “investigación”, la Justicia federal, con asiento en Formosa, tuvo nula actividad. La única medida que llevó adelante fue llamar a los compañeros para que ratifiquen la denuncia. Los jueces no se pronunciaron sobre los pedidos de allanamientos a la policía de Formosa ni se requirieron los informes a los servidores de Internet por los cuales circulaban los mails que la policía remitía a Insfrán y él mismo contestaba desde su propio teléfono. No se realizaron ninguna de las medidas de prueba que solicitamos. El fiscal, por su parte, tampoco impulsó ninguna investigación y, al cabo, solicitó el archivo de la denuncia legitimando a los espías, argumentando que, como los militantes “eligieron desplegar actividades partidarias… no se establece menoscabo o intromisión en el ejercicio de sus funciones”. Temerario. La ley 25520 prohíbe la infiltración, espionaje y recopilación de información de actividades partidarias “en la vía pública”. Pero, además, la infiltración también se realizó en la casa de un compañero, como consta en los mails que presentamos como prueba, donde hay reportes de reuniones en domicilios particulares. Los pasos judiciales indican que el mismo juez será quien resuelva la concesión (o no) del recurso, y en su caso, quedará a cargo de la Cámara de Apelaciones resolver que vuelva a investigarse. Seguiremos librando batalla dentro y fuera de los tribunales por las libertades democráticas y por el desmantelamiento del aparato de espionaje y delación estatal.

El ataque de una patota en la sede de la Comuna 4 es una acción criminal organizada desde el Estado. Fue comandada por un funcionario de la propia comuna, Rodolfo Corzo, quien revista en la Secretaría de Descentralización como agente de Poder de Policía Comunal. Su hijo Rodolfo -con un cuchillo en la mano en las fotos del ataque- también es empleado del gobierno porteño. Ambos responden a Jorge Apreda, presidente de la Comuna 4 y hombre de Rodríguez Larreta. Los agresores fueron identificados por los vecinos que se encontraban presentes en el lugar y que aportaron las fotos. La brutal agresión constituye un verdadero intento de homicidio, que dejó al borde de la muerte a dos militantes. Sin embargo, a casi una semana de los hechos, los agresores continúan en libertad. El accionar de la patota estuvo amparado por una zona liberada en la sede comunal, responsabilidad de Apreda y de su segundo, Diego Weck, quien presidía la reunión. Como en el crimen de Mariano Ferreyra por parte de una patota de la Unión Ferroviaria, se trató de una tercerización de la represión del Estado. El objetivo del ataque fue la defensa del negociado con los terrenos de Casa Amarilla, denunciado por vecinos y organizaciones populares en la reunión del Consejo Consultivo. El acuerdo urdido entre el Gobierno de la Ciudad y Angelici enajenó tres hectáreas que estaban destinadas a vivienda popular y espacio público, en favor de su proyecto de estadio-shopping. El club Boca Jrs. fue el único oferente de una licitación a medida realizada por la Corporación del Sur. En la Ciudad, la privatización de tierras públicas se realiza a través de un verdadero golpe institucional. Las corporaciones como Puerto Madero o del Sur fueron creadas para traspasar “en paquete” las tierras públicas para su venta, sin la aprobación de la Legislatura que ordena la Constitución. Negocios inmobiliarios Está claro que no estamos en presencia de “incidentes” o enfrentamientos, sino de una política del Estado orientada a los negocios inmobiliarios. Para llevarla a fondo, recurre a mecanismos de excepción -o sea inconstitucionales- y a la violencia para-estatal. La lucha contra la Agencia de Bienes, las muertes en la concesión de Costa Salguero y el ataque a vecinos de La Boca ponen de manifiesto la crisis social y política que está engendrando la defensa de los intereses del capital por encima del derecho a la vivienda, el espacio público e incluso la vida de los habitantes de la Ciudad. El avance privatista se desarrolló a través de sucesivos pactos entre el PRO y el kirchnerismo, incluyendo la transa de votos por cargos en organismos de control y la Defensoría del Pueblo. Pero viene desde los gobiernos anteriores, incluso los autodenominados progresistas. La votación en primera lectura de la Agencia de Bienes fue parte de este cogobierno legislativo, y hoy no consigue los votos para su segunda aprobación por la enorme lucha de los vecinos que defienden el patrimonio público. El Partido Obrero exige el juicio político y la destitución de Jorge Apreda, de Diego Weck y el juicio y castigo contra Rodolfo Corzo padre, su hijo y toda la patota que agredió criminalmente a los vecinos de La Boca. Para ello planteamos una campaña en toda la Comuna 4 para reunir las firmas necesarias para un referéndum revocatorio. Es el primer paso para redoblar la lucha contra la venta de tierras públicas para negociados inmobiliarios en Casa Amarilla y en toda la Ciudad.

En Olavarría, desde la UJS-PO impulsamos la lucha por la implementación del Boleto Educativo provincial junto con la lucha local por la sanción de una ordenanza que garantice este derecho. A partir de esto, pusimos en pie una Coordinadora por el Boleto que movilizó a 200 estudiantes el viernes 6 y presentamos un proyecto al Concejo Deliberante (HCD), que tuvo su aprobación este martes por unanimidad. Los estudiantes debemos ahora enfrentar el veto del intendente Galli (PRO) que ya ha utilizado esta potestad para anular otras iniciativas. Sólo el año pasado, las dos empresas locales de transporte recibieron 35 millones de pesos y, luego del aumento del 37% de Macri, serían 48 millones en subsidios para este año. Las millonadas que aportó el Estado Nacional no se tradujeron en un servicio de calidad: han sido utilizadas para capitalizar a las empresas, que incluso diversifican sus negocios. El costo del BEG debe ser absorbido por las empresas. Sobre esta base se juntaron más de 2.000 firmas y se sumaron adhesiones de centros y organizaciones, como la Juventud Guevarista, con quienes constituimos la Coordinadora por el Boleto. En paralelo, los concejales del FpV y el eseverrismo elaboraron su proyecto. Se trató de maniobrar para aislar nuestro trabajo con un claro interés: plantearon crear un “fondo de emergencia” con recursos coparticipables para “financiar” el BEG (un subsidio más, en definitiva). En esta movida de cooptación y desmovilización de los estudiantes estuvo presente La Cámpora a través de su concejal y sus militantes. Ahora, contra el veto y el tarifazo El martes 3 de mayo presentamos el proyecto por el BEG en el HCD. Como Coordinadora nos sumamos a la movilización provincial convocada para el viernes 6. Allí no sólo reclamamos que Vidal reglamente la ley provincial, sino que también exigimos al Concejo el tratamiento y aprobación del proyecto presentado. Centenares de jóvenes de secundarios, terciarios y universitarios, sumados a docentes universitarios y trabajadores de ATE marchamos bajo la lluvia. Finalmente, el martes 10, en sesión extraordinaria se aprobó el proyecto. Junto a esta noticia, el intendente, el macrista Ezequiel Galli, decretó un tarifazo del 32% en el transporte en absoluta clandestinidad. Este nuevo aumento deja expuesto el formidable “esquema de negocios” de las privatizaciones. La Coordinadora, junto a los trabajadores olavarrienses, tiene que exigir la apertura de los libros de las empresas y una investigación de sus costos y el destino de los subsidios (auditoría). Además, se pone de relieve la necesidad de un Boleto Educativo que incluya a auxiliares y docentes. Es necesario prepararse para derrotar un posible veto del intendente macrista al BEG y para lograr mejoras en un servicio de pésima calidad.

Estimados compañeros de Prensa Obrera : Muchos partidos tienen marchas, himnos, canciones, y si bien La Internacional funge como tal, el PO debería tener un himno propio. Un himno que sea una canción bella, que conmueva. Que acaudille a los trabajadores en cada corte y en cada piquete, para cantar en la Plaza y en cada acto, un himno que enamore a los trabajadores y sea envidia de los contrarios. Que acompañe el desarrollo del Partido en la presente etapa y celebre también su muy vigoroso cincuentenario. Porque para sacar "chapa de grande" también hay que tener una muy buena canción para cantar. Sería interesante una convocatoria para un certamen a los efectos de crear dicha obra.

Esposas... es una metáfora sobre las complejidades del mundo contemporáneo (...) un hecho previo -del pasado- ilumina las modulaciones de un presente caótico, e un capitalismo que en su descomposición no puede enterse sino como un sistema que perdió su sentido “¡Quiero un papel protagónico!”, dice la pequeña a su madre, una y otra vez. La pequeña también es guardia de seguridad en la Rumania soviética. Y la madre es la esposa del dictador rumano, estalinista. En Esposas de dictadores I -la obra del dramaturgo alemán René Pollesch que dirige en su versión argentina Luciano Cáceres, más conocido aquí como actor- nada es lo que parece. Luego de un atentado para asesinarla a ella y su marido, la esposa del dictador (Leonor Manso) decide buscar entre sus sirvientas y empleadas una doble que esté dispuesta a asimilarse con su vida. Ella, de paso, podrá despuntar su pasión actoral, que confunde sistemáticamente con su propia vida. La desconfianza minará los lazos entre todos los personajes que, sin embargo, aislados en la cumbre del poder, no podrá más que ser el único sentimiento que los cohesione en su atrincheramiento en los palacios burocráticos de la descompuesta Europa del Este aún en órbita soviética. En la obra, estrenada recientemente en el Centro Cultural San Martín, se superponen y alternan, una detrás de otra, capas de significados tan variados como los recursos utilizados en la representación dramática. La complejidad del mundo representado se refleja en la propia producción material de la obra. La dramaturgia de Pollesch es hija predilecta de la caída del Muro y la reunificación alemana. Luego del derrumbe estalinista, la Alemania unida enfrentó la duda sobre qué hacer con el deficitario y decadente sistema teatral del Este. Una de las principales salas era la Volskbuhne (Escena del Pueblo). Frente a la disyuntiva entre el cierre y la continuidad se eligió seguir adelante. La decisión apuntaba a una renovación estética y para dirigir el teatro se designó al joven e innovador Franz Castorff, precursor del denominado “teatro posdramático”. Uno de los seguidores de esa corriente fue el propio Pollesch, que rápidamente ascendió a la fama como director de vanguardia, trasgresor y rupturista. Aquel joven, formado en la sociología y la filosofía, se hizo cargo de una de las salas satélite del viejo teatro soviético ( La Nación , 22/3). Se lo asocia al mote de “teatro no representacional”: sin diálogos lógicos, sin personajes estables, sin conflicto o nudo tal como el teatro más tradicional lo entiende. Esposas... es una metáfora sobre las complejidades del mundo contemporáneo. Pero lo es desde una perspectiva en que un hecho previo -del pasado- ilumina las modulaciones de un presente caótico, un capitalismo que en su descomposición no puede sino entenderse como un sistema que perdió su sentido, donde los estímulos que circulan no tienen significados propios sino que son máscaras superpuestas de la ruina que intenta ocultar. El entramado de representaciones se exacerba en la obra con un sistema de cámaras en vivo, con camarógrafos que interrumpen las escenas, se visten y transforman, actúan: una obra que, en sus sucesivas vestimentas, no deja de desnudarse; es una obra donde se muestran los modos de producción teatral, todo aquello que en una escenificación tradicional suele ocultarse. Esta particularidad tiene además su inscripción política más potente: en el teatro de Pollesch se corrobora la premisa marxista de que la ideología es una falsa conciencia.

En un fallo emitido el jueves 5 de mayo, la Corte Suprema decidió que el juicio por el derrame de cianuro, generado por la Mina Veladero que opera Barrick Gold, continúe en la órbita de la Justicia sanjuanina. El juzgado federal de Casanello, que “amenazaba” con clausurar la mina, se deberá limitar a juzgar la responsabilidad que pudieran tener en el derrame los funcionarios nacionales del kirchnerismo que tuvieron a su cargo el área ambiental y la minería. Este fallo es lo que pretendía la Barrick y fue recibido con alborozo por las patronales mineras y sus voceros. Tiene un carácter estratégico desde el momento que defiende el armado que surgió de la reforma constitucional del ’94 y que dejó en manos de las provincias la explotación de los recursos naturales apuntaba a darle mayores garantías a los pulpos mineros y petroleros, dada que la debilidad de los estados provinciales que albergan esos recursos, los hacía fácil presa de su colonización por los pulpos. La justicia sanjuanina fue la que bloqueó en su momento la aplicación de la Ley de Glaciares en su momento, también con el argumento de las competencias provinciales en la explotación de sus recursos. Lo mismo pasa en Catamarca, Jujuy, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, todas provincias donde los pulpos mineros y petroleros tienen un peso decisivo en su producto bruto. El fallo de la Corte limita los que llama “excesos de la jurisdicción federal que perjudican las competencias que de acuerdo a la organización federal de nuestro estado, han sido asignadas a las provincias (artículo 50 de la Constitución Nacional)”. Incluso llama “la atención para que se eviten en el futuro procedimientos similares al adoptado en el presente conflicto”. Política de Estado La corte pretende asegurar a los pulpos que solo tendrán que lidiar con las colonizadas estructuras judiciales provinciales como la que armó "Barrick" Gioja en San Juan. Esta es la política de Estado que proclamó Néstor Kirchner a poco de asumir desde la Casa Rosada (ver PO de abril de 2004), dando continuidad a la política minera de Menem, la Alianza y Duhalde. Hoy la Corte la ratifica como lo hizo Macri al anunciar desde San Juan la quita de retenciones a la minería y como lo hizo recientemente Alicia Kirchner al anular todos los impuestos que le había impuesto Peralta a la minería sustituyéndolos por una “contribución voluntaria”.

El día jueves 12 de Mayo aconteció una de las movilizaciones populares más grandes de los últimos años. Alrededor de 80 mil personas sacamos los reclamos de la Universidad pública a la calle: estudiantes, docentes, no docentes y trabajadores en general, en apoyo a la comunidad educativa en pie de lucha, nos hicimos presentes en el Ministerio de Educación y luego marchamos a Plaza de Mayo. La jornada era convocada inicialmente por AGD-UBA y Conadu H, sindicatos docentes universitarios que llevaban adelante durante esas horas su segunda semana de paro con clases públicas y cortes de calle. Pero no solo había sido una semana fría de pizarrones y pupitres en la calle, también se estuvieron organizando asambleas en todas las facultades e incluso interfacultades e interclaustros, la comunidad educativa empezó a discutir cómo quebrar el ajuste de Macri y el Rectorado en la UBA. En esa experiencia nos topamos con distintas maniobras para desestabilizar y desmoralizar el movimiento. Los sindicatos y centros de estudiantes kirchneristas enfriaban la lucha sin convocar asambleas o votando en contra de las principales medidas de fuerza, como los cortes de calle o tomas de facultades. Los agentes directos del Rector, como Nuevo Espacio, salieron a echar lastre detrás del movimiento de estudiantes que salía a la calle diciendo que ya habíamos ganado ante el primer aumento de presupuesto (que por cierto no alcanzaba ni para pagar la luz de las facultades hasta fin de año). Desde ya que ni los reformistas ni los K querían movilizarse al poder político, pero fue evidente la necesidad de llevar a fondo esta batalla para exigir una respuesta inmediata a nuestras demandas. Pese a las trabas, la organización pudo más y decenas de miles de personas hicimos nuestras banderas, pancartas y salimos a reclamar mayor presupuesto para las universidades públicas, 45% de aumento para los docentes, salario para los ad honorem, boleto educativo y más, culminando la jornada en Plaza de Mayo. Cuando el asfalto de microcentro todavía estaba caliente, el Ministro de Educación Esteban Bullrich salía por los medios de comunicación (que habían hecho caso omiso a esta histórica movilización) a anunciar un nuevo aumento de mil millones de pesos para las universidades. Horas más tarde los docentes recibían una propuesta de más del doble de la original respecto de sus paritarias. Por un lado, vemos que en la unidad docente-estudiantil y en las manifestaciones callejeras, como también lo demostró la experiencia de lucha en defensa del Hospital de Clínicas el año pasado, está el camino para avanzar en la conquista de nuestros derechos. Pero no podemos dejar de ver en esta experiencia que incluso los aumentos de presupuesto y salarios que ganamos no solucionan los principales problemas de nuestra Facultad: más de 9000 docentes ad honorem, escasa oferta horaria y libertad de cátedra en todos los años, hospitales en pésimas condiciones y sin recursos, biblioteca con déficit de libros, horario recortado y cerrada los sábados, etc. Este camino también nos demostró la necesidad de recuperar nuestros centros de estudiantes y los sindicatos docentes y no docentes, muchos hoy en manos de burocracias estudiantiles y sindicales al servicio del rectorado y el gobierno. Pero esto recién empieza, que no nos cuenten la historia, sigamos escribiéndola nosotros.

Los estudiantes paraguayos están protagonizando una lucha extraordinaria en defensa de la educación pública. Este movimiento de protesta viene desarrollándose desde el 2015. Sin embargo, ha adquirido un protagonismo mayor en los últimos días. Desde el 3 de mayo y luego de ocupaciones y movilizaciones durante tres días consecutivos, los estudiantes han logrado derribar a la ministra de educación Marta Lafuente. El comienzo de esta rebelión tuvo su epicentro en el Colegio Nacional República Argentina en Asunción, cuando estudiantes ocuparon el establecimiento. Estos métodos de lucha fueron acompañados por el pueblo paraguayo, puesto que “recibieron el apoyo de estudiantes de otros centros educativos, de universitarios y del resto de la sociedad paraguaya, que acercó víveres, agua y mantas, e incluso pasó la noche frente al colegio para impedir que la policía (los) desalojara” ( Página 12, 6/5 ). A partir de allí, cientos de colegios de todo el país, entre ellos privados, se adhirieron a esta medida y también fueron ocupados. Las tomas de colegios se conjugaron con movilizaciones docentes-estudiantiles hasta el Ministerio de Educación y Cultura exigiendo la renuncia de la ministra Lafuente, quien trató de resistir a la rebelión estudiantil dejando en claro que no pensaba renunciar al cargo. En las calles, miles y miles de personas coreaban: “fuera Marta, que se derrumbe la corrupción, no la educación”, “ahora vamos por vos Cartes”, en referencia al presidente paraguayo. Finalmente, la movilización estudiantil logró la renuncia de la funcionaria. Crisis educativa La falta de inversión en infraestructura fue una constante de la gestión de la ministra, cuando asume en 2013. Lafuente prometía mejorar estas deficiencias. Sin embargo, al mes de su asunción, el techo de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré se desplomó, causando heridas a 13 alumnos y a una docente. Con esto se demostró que la estructura de los colegios estaba al borde del colapso. Poco después se reeditó el mismo problema, pero en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción, donde se calló el techo de uno de los pabellones, lo que provocó la clausura del mismo. Otro detonante de la rebelión estudiantil fueron las denuncias de corrupción y sobrefacturación en compras por parte del Ministerio. Lafuente es conocida por miles de docentes que fueron perseguidos al ejercer el activismo sindical en defensa de salarios adeudados y por reclamar paritarias. En 2013 unos 26.000 docentes encaraban una huelga que duró casi un mes en reclamo de mejores condiciones de jubilación y la ministra decidió descontarles los días no trabajados ( ABC Color , 5/5). Perspectivas Tras una conferencia de prensa organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) y la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy), los estudiantes indicaron que las movilizaciones no se detendrán. “No estamos conformes con un cambio de cara, queremos un cambio en el sistema educativo” ( Página 12, ídem ), apuntaron. Al mismo tiempo, los estudiantes exigieron que se duplique el presupuesto. Camila Benítez, una de las estudiantes que timonea esta lucha, advirtió “que esta es apenas la primera victoria del estudiantado y que las acciones reivindicativas seguirán” ( ídem, 6/5 ). La lucha de los estudiantes pudo triunfar, estas luchas marcan un guía para el pueblo paraguayo.

Apple informó un balance parcial del año con una caída generalizada en las ventas en 13 años. El producto estrella, el iPhone, ha reducido sus ventas por primera vez desde que fue presentado en 2007. Las acciones, vienen reflejando esos resultados con pérdidas del 30% desde su máximo. Su capitalización, la mayor de Wall Street, se ha recortado en 40 mil millones de dólares desde que anunció su balance en abril, equivalente al valor en bolsa de Netflix. Apple en 2003 tenía una valuación en bolsa de 5.000 millones de dólares. Luego de la reciente caída la capitalización aún supera los 500.000 millones de dólares. Se multiplicó por 100 veces en solo 13 años, superando el aumento de sus ganancias. Su valuación en bolsa refleja la burbuja de valuaciones desligadas de sus ganancias que ha creado la Reserva Federal (el Banco Central), con créditos a tasas bajas y una gigantesca emisión, facilitando que la empresa compre acciones para inflar su valuación. Una práctica habitual y difundida entre las grandes empresas. Menores ventas y menores ganancias Las menores ventas de iPhone, donde concentra el origen de sus ganancias, reflejan varios problemas para las empresas y la economía global. Las ventas tuvieron menor demanda en Estados Unidos (un 11%) y mucho menores en China donde cayeron 26%. Reflejando el menor crecimiento económico. Y se suma que el gobierno de China le cerró los “e-book” y los “servicios digitales”, restringiendo su actividad. (NYT, 26/4). Otra fuente de dificultades son las exportaciones, los analistas dicen que Apple y otras “muchas compañías han sido dañadas por un dólar fuerte” (ibdm) que dificulta y reduce las exportaciones. Los pronósticos de la misma empresa es que las ventas seguirán declinando y prevé menores ingresos que en el primer trimestre del año. Efectivo sin destino y debilidad de sus acciones Las extraordinarias ganancias de años anteriores han dejado grandes cantidades de efectivo sin destino rentable. Acumula reservas que ya alcanzan los 232 mil millones de dólares, un dinero ocioso que no tienen destino en que invertir. El agotamiento del incentivo de las bajas tasas, las empresas con menores ganancias Según Thomson Reuters, las ganancias empresarias están cayendo 5,2 por ciento en el primer trimestre respecto del año pasado. En Europa, las empresas agrupadas en el índice Stoxx 600 (las mayores de Europa) registran una disminución de ganancias del 18 por ciento. (FT, 4/5) La caída de la tasa de ganancias de Apple es común de amplios sectores empresarios. Y revela el agotamiento de los intentos de reanimar la economía de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa con emisión monetaria y bajas tasas. La caída de precios en sus acciones es un golpe a la estrategia del directorio, que ha invertido fortunas en compras de sus propias acciones para mantenerlas en niveles elevados. Ahora están produciendo pérdidas financieras que se suman a las operativas. Apple no está sola Otra empresa emblemática como Twitter reveló resultados desalentadores, con menores ingresos y débiles proyecciones. Exxon Mobil, el gigante petrolero altamente endeudado, fue degradado y perdió la triple A de su deuda por primera vez desde la gran depresión. “Año miserable para los bancos”, titula Wall Street Journal y dice que “las acciones sufren la continuidad de las bajas tasas” (10/4). Las dudas de la Reserva Federal sobre las tasas y mantenerlas sin cambios está deteriorando los balances de los bancos. Bajas tasas y en algunos casos tasas negativas de interés globalmente han erosionado las ganancias bancarias. Mientras que una declinación de las materias primas al inicio del año aumentan las preocupaciones sobre las exposiciones a deudas de las empresas en energía y sectores mineros. Los bancos centrales con las bajas tasas y emisión monetaria están produciendo lo contrario de lo declamado, la crisis iniciada en 2008 ha tenido avances en su agravamiento con la política monetaria y ha reducido su capacidad de intervención. Un columnista del Financial Times concluye que los pobres ingresos empresarios, “pueden explicarse como parte de las primeras etapas de un mercado a la baja en los EE.UU.” (5/5)

Los trabajadores griegos desarrollaron la cuarta huelga general contra el gobierno de Syriza ante la aprobación, por parte del Parlamento, de una reforma fiscal y jubilatoria exigida por la Unión Europea y el FMI. Esta reforma establece un recorte de las jubilaciones (para algunos de los que se retiran a partir de 2018, sería de entre el 15 y 35%) y forma parte de una paquete de medidas que incluye también un nuevo aumento del IVA, un aumento de impuestos sobre las pequeñas empresas y “un aumento considerable del impuesto sobre la renta. El mínimo no imponible bajará de 9.545 a 8.636 euros” ( Ambito.com , 9/5). Sólo la coalición en el poder (Syriza y la extrema derecha de Griegos Independientes) votó la reforma: todo el arco opositor, incluyendo los ajustadores del pasado (como Nueva Democracia), le dejó hacer el trabajo sucio y prefirió no incinerarse con ella. Con esta reforma, el gobierno de Tsipras busca destrabar la primera parte de los fondos del memorándum suscripto en 2015 y hacer buena letra ante los ministros de finanzas del Eurogrupo, que se reunían para evaluar la marcha del plan de ajuste. Aunque en líneas generales coinciden en la necesidad de profundos recortes contra las masas y el remate de activos estatales, hay diferencias entre el FMI y la UE sobre el rescate a Grecia. El Fondo “ve irrealizables las metas que quiere Europa: superávit primario del 3,5% del PIB en Grecia en 2018 y pago íntegro del pasivo” ( El País , 6/5). Apuesta a algún tipo de reestructuración, que los europeos resisten porque deberían cargar con el peso de su refinanciación. Una variante que se discute es que la reestructuración no consista necesariamente en una quita. “Sería suficiente con una reestructuración de plazos y periodos de gracia de la deuda”, según la jefa del FMI, Christine Lagarde. Experiencia Aunque varios medios señalan que las manifestaciones frente al Parlamento fueron inferiores a las que se desarrollaron durante el paro de febrero y algunos gremios (como los controladores aéreros) no participaron esta vez del paro, la huelga de 48 horas convocada por los sindicatos públicos (Adedy) y privados (GSEE) paralizó por completo el transporte público y los hospitales, y fue muy fuerte entre los marineros (se paralizó el servicio de transporte a las islas), periodistas, y en el correo. También se movilizaron los agricultores. “Basta de masacrar la seguridad social”, “detengan la monstruosa reforma” y “no a la disolución del sistema de pensiones”, fueron algunas de las consignas ( Página 12 , 9/5). El gobierno griego volvió a reprimir a los manifestantes en las inmediaciones del Parlamento. El carácter aislado de los paros y la ausencia de una dirección revolucionaria le permiten a Tsipras un margen de maniobra para imponer el ajuste. La izquierda revolucionaria tiene por delante el desafío de contribuir a darle a estas múltiples manifestaciones de resistencia que vienen protagonizando los trabajadores, una expresión política que apunte a transformar a la clase en alternativa de poder.

Mientras el juez Claudio Bonadio ordenó el procesamiento de Cristina Kirchner por la causa del dólar a futuro, y el “cerco judicial” a los K avanza en distintos frentes, funcionarios del gobierno prefieren darle un corte a las persecuciones penales a Lázaro Báez y compañía “porque estas cosas no se sabe dónde terminan y, sobre todo, en quiénes terminan” (Clarín, 7/5). Más claro, agua: los señores prefieren, razonablemente, curarse en salud. Báez y su familia son dueños de 212 propiedades, más de 400 mil hectáreas en total. Ese dato alcanza por sí solo para indicar que durante la década kirchnerista hubo un método de saqueo sistemático a las arcas del Estado, una operatoria mafiosa que empieza a develarse en ¿toda? su magnitud. Seguramente, algo similar se encontraría si se investigaran las actividades de Cristóbal López o Rudy Ulloa. La “burguesía nacional reconstruida” de los Kirchner es una asociación delictiva a gran escala. Las derivaciones y los alcances de todo esto son por el momento impredecibles, pero algo es seguro: su resolución no se producirá en el terreno judicial sino en el de la política. También pueden preverse los límites que encontrará este remedo de “mani pulite” argentino. Veamos. Parte de la plata robada por los Kirchner iba a Lázaro Báez mediante la contratación de obra pública, y Báez la devolvía por diversos mecanismos (el alquiler de habitaciones hoteleras que no se ocupaban, por ejemplo). En muchísimos casos esas obras ni siquiera se hicieron, se contrataban únicamente para que Báez cobrara los adelantos y “retornara” el dinero a la familia Kirchner. Asociación ilícita M-K En el caso de las represas Kirchner y Cepernic (su construcción está detenida desde hace cuatro meses) Báez se presentó a la licitación asociado con la empresa Iecsa, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, aunque en ese caso perdió con otros “burgueses reconstruidos”: Enrique Pescarmona y Eduardo Eurnekian, en sociedad con el grupo brasileño Camargo Correa. Calcaterra y Nicolás Caputo (beneficiado con más de 1.000 millones de dólares en obra pública por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión macrista, y el negocio va en crecimiento exponencial) son “los Báez” del Presidente. Báez y Calcaterra también intervinieron juntos en el negociado del Gasoducto del Norte, en una licitación amañada por Julio de Vido. Hay más, mucho más. La compañía aérea provincial Aero Chaco, por ejemplo, liquidada durante la gobernación de Jorge Capitanich. Cuando se produjo el desguace, Báez le compró aviones a precio vil. En esa época, las rutas que cubría Aero Chaco pasaron a Mac Air, la empresa de aviación de los Macri, vendida poco después a Avianca (las rutas chaqueñas mejoraron en mucho su cotización). Ahora, la sociedad Calcaterra-Macri-K ha tenido una mala noticia: mientras la ex Presidenta declaraba en el despacho de Claudio Bonadio, la Sala IV de la Cámara de Casación decidía reabrir el caso Skanska, la compañía sueca que pagó coimas abultadas a funcionarios kirchneristas y emitió facturas falsas por muchos millones de pesos. Pues bien, una de las empresas más comprometidas en aquel escándalo es precisamente Iecsa, propiedad de Calcaterra. Los límites políticos de la investigación empiezan a avizorarse. El fiscal Guillermo Marijuan ya mostró su primer recule: “No amerita detener a Martín Báez”, le dijo a la prensa. La mujer de Báez había amenazado, en su momento (luego se desdijo, seguramente después de recibir algún llamado), que si detienen a su hijo “Lázaro habla, y si no habla él voy a hablar yo”. Es un pacto mafioso: la libertad de Martín Báez a cambio del silencio de su padre. Esto es un pozo negro de profundidad todavía desconocida, pero está claro que el pueblo trabajador no puede permitir que la Argentina siga gobernada por semejante sumidero.

A nadie escapa que el cerco sobre la ex Presidenta y los funcionarios del gobierno anterior, que a esta altura es lo más notorio de la acción de los jueces federales, le permite al gobierno de Cambiemos disimular el tembladeral político y económico en que está sumido. Los negociados de los K -la “herencia recibida”- actúan como coartada y pretexto para presentar al ajuste como inevitable. Macri explota de ese modo el destape sobre los “peajes”, las sobrefacturaciones y el lavado de dinero de la administración CFK. El arbitraje de la Corte Ahora bien, la Justicia, desde la Corte Suprema hacia abajo, está actuando con una autonomía política que rompe los moldes de su actuación anterior. “Aunque la suspicacia argentina crea lo contrario, la administración Macri tiene menos que ver con esta situación que la propia dinámica de los jueces”, señala un editorialista de Clarín. Fue el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el que instruyó a los jueces a terminar con la “impunidad” y conminó al juez Sebastián Casanello, el magistrado que lleva la causa principal contra Lázaro Báez, a activarla luego de un prolongado letargo. Pero también fue la Corte la que planteó, en su momento, la devolución del 15% de los fondos coparticipables, reservados hasta ahora a la Anses, Córdoba, Santa Fe y San Luis, y abrió los reclamos del conjunto de los gobernadores que hasta el día de hoy reclaman la extensión de aquel fallo. La Corte acaba de adoptar un fallo estratégico a favor de la Barrick, que deja en manos de las provincias el manejo de los recursos naturales, como durante el menemato (ver nota en nuestro sitio web). Del otro lado del mostrador, la Justicia mantiene imputados a Macri; al intendente de Lanús, Néstor Grindetti (PRO), y al empresario macrista Nicolás Caputo por sus vínculos con las compañías offshore. En la investigación a Báez, está en la mira otro empresario: Ángelo Calcaterra, primo de Macri. Este papel político de la Justicia, cuya lupa se posa también en el actual gobierno, podría explicar el ataque virulento de Elisa Carrió contra los jueces federales y la propia Corte, exigiendo conocer sus declaraciones juradas y denunciándolos por corruptos. En este rol de arbitraje, los jueces se han asociado crecientemente al Vaticano. Lorenzetti, junto a Casanello, Servini de Cubría y otros jueces federales han sido invitados a un congreso sobre justicia, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado que inaugurará el papa Francisco en Roma, en junio. Al congreso han sido invitados el fiscal Federico Delgado, quien tiene imputado a Macri por los Panamá Papers (y a los funcionarios macristas de ciudad por el desastre de Costa Salguero) y Carlos Vera Barros, juez federal de Rosario que actuó en su momento en sintonía con el kirchnerismo. El Papa repetiría la invitación a un encuentro similar hacia fines de año “para revisar cuánto de lo que se dijo que se iba a hacer se hizo” -es decir un monitoreo constante. La injerencia de la Justicia y el Vaticano en el proceso político es una señal inconfundible del grado de disolución del régimen político y de sus partidos. El macrismo está lejos de haber reconstruído uno alternativo. Jueces y gobernabilidad La “gobernabilidad” se sostuvo, hasta ahora, primero en base al gobierno por decreto, luego mediante un sistema de acuerdos con protagonistas diferentes en cada caso, que apuntó al bloque de gobernadores e intendentes y que incluyó a la burocracia sindical. Este régimen político es el que está trastabillando, lo que explica las voces a favor de un acuerdo político de carácter “más permanente”. La injerencia de la Corte y del Vaticano en el proceso político es el producto de esta situación: tienden a reservarse para un papel de arbitraje frente al vacío político que puede llegar a producir el fracaso del gobierno oficialista y el desmoronamiento del peronismo. La izquierda revolucionaria tiene un ancho campo para actuar y convertirse en protagonista de la crisis política.

Foto: Jorge D. Riquelme Las respuestas que el Congreso no puede ni quiere dar a los reclamos populares, los trabajadores de la Patagonia han decidido buscarlas por sus propios medios. En Santa Cruz, la provincia gobernada por Alicia Kirchner, una masiva movilización de 10.000 trabajadores hizo una extraordinaria demostración en defensa del salario, las jubilaciones y el trabajo. Anunciaron nuevos paros de docentes y estatales para derrotar el ajuste de un gobierno corrompido hasta la médula. En Tierra del Fuego, los trabajadores realizaron una nueva jornada de huelga general, cuando muchos gremios ya llevan más de 80 días de paro contra la contrarreforma jubilatoria y las paritarias a la baja del gobierno. Se trata de una derrota en toda la línea de la política represiva seguida por la gobernadora del Frente para la Victoria, Rosana Bertone. En Chubut, los trabajadores de Comodoro Rivadavia realizaron días atrás la concentración más grande de la historia de la provincia, para enfrentar los despidos de los monopolios petroleros. Los trabajadores de la Patagonia rebelde saben bien a qué se enfrentan: el ajuste del gobierno de Macri es aplicado en sus provincias por los gobernadores del FpV y del kirchnerismo. Estas movilizaciones se enlazan con la que llevan adelante los universitarios, que ocuparon la Plaza de Mayo con miles de personas, con la juventud que pelea por el boleto, y con los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que enfrentan el ajuste de Vidal. El valor de estas luchas es que ponen en cuestión quién paga la crisis: si los trabajadores o los capitalistas. Por eso no es casual que la burocracia sindical, agente de las patronales en el movimiento obrero, no movilice a los sindicatos en defensa de los trabajadores. Llamamos a seguir el ejemplo de la Patagonia rebelde, multiplicando las acciones de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. Luchemos por estructurar una alternativa política de los trabajadores.

La sesión en la Cámara de Diputados del miércoles 18 seguramente quedará en la historia por su carácter pérfido. A través de un acuerdo político espurio, macristas y kirchneristas pactaron terminar con la llamada “ley antidespidos”. Para ello, montaron una pantomima: los macristas decidieron modificar su voto, cambiando el rechazo por la abstención. Por esa vía permitirían que el proyecto que viene del Senado quede aprobado, a pesar de no tener éste una mayoría de votos en la Cámara de Diputados. Macri lograría así su objetivo de sacarse el tema de encima y aplicar el veto que viene anunciando desde hace semanas, y para el cual recogió un amplio respaldo en la clase capitalista. La frutilla del postre consistió en que el macrismo retiró el proyecto para que la Justicia pueda allanar el departamento de Julio De Vido, en la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito. Kirchnerismo El Frente para la Victoria y el kirchnerismo participaron conscientemente en esta farsa. Primero decidieron dejar de lado el de por sí estrecho proyecto presentado en Diputados, para hacer suya una versión limitadísima votada en el Senado, que excluye la retroactividad, reduce el alcance de la prohibición a seis meses y mantiene los “recursos preventivos de crisis”, por los cuales los capitalistas le transfieren a los trabajadores los costos de las bancarrotas económicas. Pero, luego, el propio bloque del PJ-FpV del Senado se desentendió de este proyecto. Sus mandantes, los gobernadores, hicieron un gesto claro: el mismo día que debía tratarse la ley en Diputados se reunieron con el gobierno nacional en Córdoba para firmar un acuerdo de distribución de la coparticipación federal, que tiene otra vez tendrá como víctima a los fondos jubilatorios de la Anses. Al final, y como era previsible, la cuestión de los despidos había sido agitada como un instrumento de chantaje y negociación. La llave maestra para que esta puesta en escena se consume hasta el final la tuvo la burocracia sindical, que jugó el papel más cínico de todos. En los días previos a la sesión ya hicieron saber a los diarios que el veto de Macri no sería respondido con un paro nacional y un plan de lucha. Para que no haya dudas al respecto, Andrés Rodríguez, burócrata máximo de UPCN, decidió en las vísperas de la sesión de Diputados firmar un acuerdo salarial con el gobierno que es ruinoso para los trabajadores, que empieza con un 7% y que termina en un 31%, luego de innumerables cuotas. La burocracia se valió del recurso del proyecto de prohibición de despidos para no convocar a medidas de acción directa, en primer lugar contra los propios despidos, tampoco por la abolición del impuesto al salario -aceptando de hecho que el tema pase al año 2017- ni por aumentos salariales que permitan recuperar lo perdido por la carestía. La burocracia sindical actuó en defensa de su caja, recibiendo un aumento de los fondos de las obras sociales y en representación de los intereses de sus respectivas patronales. Massa Macri aceleró los términos de la maniobra parlamentaria, viabilizando la aprobación del proyecto pejotista del Senado, ante el peligro que un rechazo de éste derivara en la aprobación del proyecto de Massa. Dicho proyecto contiene, junto con las cláusulas de prohibición de despidos por seis meses y de doble indemnización, una serie de subsidios importantes para los capitalistas. Muchos diarios destacaron que Macri no quería afrontar el alto costo fiscal de estos subsidios ni darle a Massa un protagonismo político. Pero, en realidad, la explicación es otra. La función de los subsidios en el proyecto de Massa es lograr la recuperación de la tasa de beneficio del capital mediante una combinación que incluya la reducción del precio de la fuerza de trabajo con el aporte de fondos públicos a las patronales. Macri, en cambio, quiere tentar a los capitalistas con una reforma laboral flexibilizadora, que tendrá su primer capítulo con la llamada “ley de primer empleo”. Ya Triaca hizo saber que llevará al Consejo del Salario Mínimo la propuesta de establecer el presentismo y el descuento de los días de huelga. Balance La perfidia que se desplegó por parte de todos los bloques políticos patronales no debiera sorprender. El Congreso que convalidó el pacto con los fondos buitre no será quien pare los despidos y suspensiones. Esto fue lo que señaló nuestro bloque el 30 de marzo ante los secretarios generales de las cinco centrales en el Congreso. En esa oportunidad, anticipamos que la “parlamentarización” de los reclamos llevaba a un callejón sin salida. El proyecto que presentamos sirvió para plantear un programa obrero frente a la crisis y para desenmascarar los límites de los otros proyectos. Insistimos en que los trabajadores deben valerse de la acción directa y de sus métodos históricos de lucha para conquistar sus reivindicaciones. Sólo cuando eso ocurre el Congreso puede convalidar triunfos conquistados con la lucha. Este es el camino que marcan las grandes luchas que crecen especialmente en el sur del país, como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Comodoro Rivadavia, y que también tuvieron su expresión en la Ciudad de Buenos Aires con la masiva movilización universitaria a Plaza de Mayo, en las luchas estudiantiles por el boleto en La Plata y el reanimamiento del movimiento piquetero ante el crecimiento de la pobreza. Se tratan de luchas que superan el chaleco de fuerzas de la burocracia sindical y enfrentan por igual a gobiernos macristas y kirchneristas. Asistimos a una bancarrota económica que plantea nuevamente la cuestión de fondo que cruza al país: si la crisis la pagan los capitalistas o los trabajadores. Esta es la “grieta” que debemos desenvolver, desarrollando todas las potencialidades que contienen las luchas de los trabajadores y estructurando una alternativa política independiente, anticapitalista y socialista.

Mediante la presentación de un proyecto sobre tablas repudiando el golpe institucional en Brasil, el Partido Obrero inició un debate en Diputados que no tenían previsto los bloques de la burguesía. Esta misma iniciativa habíamos tenido en la sesión especial fracasada por prohibición de despidos (véanse los video de las intervenciones en ambos casos en Prensa Obrera digital). Nuestro proyecto establece una clara delimitación del gobierno de Dilma Rousseff, tanto en su breve texto como en los fundamentos. Marcamos que el gobierno del PT ejecutó una política de endeudamiento y ajuste para descargar él mismo la crisis capitalista sobre las masas hasta agotar sus recursos políticos. Que el gobierno Temer busca una reorganización capitalista y de las fuerzas políticas de la burguesía para mejor llevar la ofensiva contra las masas hasta el final. Dejamos establecido que los golpistas son la derecha del PMDB que formó parte de la alianza con el PT, totalmente comprometida con la corrupción de la red de negocios que sostuvo al gobierno que endeudó al Estado de Brasil en un billón de dólares más una deuda privada de 290 mil millones y desató una recesión y una desocupación que va alcanzando el 12 por ciento. Esta delimitación resulta vital cuando Lula y Rousseff han formado parte del bloque de gobiernos nacionalistas y de centroizquierda que han salido al rescate del capital financiero mediante gobiernos de cooptación y de contención de las masas que integró e integra el kirchnerismo, hoy “en la resistencia” en la Argentina. El debate, aunque breve, resultó una escuela política. Cambiemos salió en contra con los tapones de punta para encubrir el compromiso macrista con los golpistas. El FR de Massa, aplaudido por el FpV, apoyó el tratamiento, reivindicando un proyecto de Myriam Bregman (PTS) que no plantea una delimitación del gobierno de Dilma Rousseff. Luego se sumaron otros proyectos. Ganó la votación para su tratamiento por 140 votos a 92, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas. Es un debate de clarificación política fundamental que ya dimos en la Plaza de Mayo, en oportunidad de la ruptura del PTS del acto unitario por la independencia política de la clase obrera en Argentina y en América Latina, desde donde planteamos que un congreso de trabajadores de Brasil ponga a la clase obrera en la discusión de una salida de los trabajadores. Es decir que llevamos al Parlamento el planteo de repudiar un golpe institucional en la línea de los que ya hubo en Honduras y Paraguay, pero no colocando a la izquierda revolucionaria y a los trabajadores como furgón de cola de ninguno de los grandes bloques que disputan la salida a la crisis capitalista en América Latina. Otra vez la ruptura de un bloque único por parte del PTS ha tenido la función política de hacer seguidismo a la burguesía.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, refrendó lo adelantado en enero de este año: el ex centro clandestino de detención Esma se convertirá en un “Centro Cívico de Derechos Humanos de Latinoamérica”. Según Avruj, ello consistiría en ceder las construcciones y oficinas de la ex Escuela Mecánica de la Armada a todas las agencias “humanitarias” de la ONU y convertir el predio en una plaza. “Este predio hoy está cercado, perimetrado por las rejas, separado de la sociedad, y justamente por la misma temática queremos hacerlo amigable y acercarlo a la gente”, dijo el funcionario macrista. ¿A quién se le ocurre que el testimonio crudo de los crímenes de Estado cometidos en la Esma deba reciclarse en un espacio “amigable”? Ironías de la política: a un gobierno que enrejó todas las plazas de la ciudad de Buenos Aires ahora le molesta el enrejado éste. El asunto se inscribe en los operativos de “reconciliación” que el macrismo pretende hacer avanzar infructuosamente. Fue el kirchnerismo -como bien señaló Avruj- el que comenzó este camino de “resignificación” de este ex centro clandestino. Entregó sus edificios a La Cámpora y agrupaciones afines e instaló allí también las sedes del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y del Centro Internacional de Derechos Humanos de la Unesco. Los funcionarios K celebraron asados electorales que fueron repudiados por todos los organismos de derechos humanos independientes. El Instituto Espacio para la Memoria, que administraba la Esma y demás campos de concentración ubicados en territorio porteño, fue desmantelado a partir de un acuerdo con el PRO, cuando la Ciudad de Buenos Aires cedió los ex centros clandestinos a la Nación. En aquel momento, el objetivo perseguido por el kirchnerismo era escapar del ámbito judicial, donde los organismos de derechos humanos pertenecientes a Justicia Ya! presentamos un recurso para preservar el Casino de Oficiales, donde los K finalmente establecieron un “relato museográfico” que glorifica a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La Esma debe ser conservada y preservada tal cual está porque aún constituye medio de prueba para los procesos judiciales que aún restan llevar adelante. Compañeros como Mario Coutouné -dirigente del PO de Misiones, “chupado” cuando era todavía un adolescente-, reconocieron muchos años después el Casino de Oficiales como su lugar de cautiverio. Asimismo, todo el predio de la Esma -y en particular su campo de deportes- formaron parte de la maquinaria genocida. ¡Fuera los organismos imperialistas de la Esma! Ninguna manipulación K-MM. Que se preserve como testimonio del genocidio cometido por el Estado con el respaldo de los partidos del régimen, la burguesía local, el imperialismo y la Iglesia.

La modificación reciente del régimen de calificaciones en la provincia de Buenos Aires reinstala los aplazos a partir de tercer grado. Este tipo de reformas no busca elevar el nivel de la formación integral de los niños y jóvenes, sino ajustar a las escuelas a las necesidades del capital, en medio del actual cuadro de derrumbe de la educación, del congelamiento del presupuesto educativo, de la agudización de la crisis de infraestructura y edilicia, de la paralización de la obra pública, así como de la pobreza masiva de los niños y adolescentes que concurren a la escuela pública. Por esta misma razón, la modificación del régimen académico fue completamente arbitraria e inconsulta. Ni docentes ni padres fueron convocados. Así, el gobierno Cambiemos, igual que el “nacional y popular” antes, evade su propia evaluación, como responsables del hundimiento de los cuatro aspectos cardinales para recuperar la educación pública. Uno y otro son los hacedores de la degradación educativa, la desintegración de las condiciones económicas y sociales de la población, el deterioro sistemático de las condiciones de trabajo, salario y capacitación de la docencia, así como la descalificación y devaluación de los contenidos, en función de generar una cada vez más amplia mano de obra descalificada al servicio de las necesidades de las empresas. Al presentar esta nueva manipulación, la gobernadora María Eugenia Vidal y su director general de escuelas, Alejandro Finocchiaro, ocultan su responsabilidad cuando silencian que la verdadera cara de la crisis educativa se refleja, en primer lugar, en la miseria social que estalla en las escuelas, donde el 42,6% de los niños y adolescentes del conurbano bonaerense está en la pobreza y el 9,4% sufre indigencia porque en sus hogares no hay siquiera para la alimentación básica. La cifra representa 1,3 millones de chicos de hasta 17 años que son pobres. Y, de ellos, 290.000 indigentes. Por el contrario, pretenden demostrar que la crisis es por el “populismo educativo” -según Gustavo Iaes, referente educativo de Sergio Massa- que habría alentado la falta de esfuerzo de parte del alumnado. El verso de este planteo se desnuda cuando las normas del “populismo educativo” que denuncian macristas, massistas y académicos de todo cuño fueron votadas por todos ellos en el Consejo Federal de Educación durante los últimos doce años. Incluso, la modificación promulgada en septiembre de 2014, en el marco de la resolución 174/12 del Consejo Federal de Educación, para revisar los modos de evaluación y considerar como una unidad pedagógica los primeros años de primaria, nos indica que no se trata de un antagonismo entre dos “concepciones” pedagógicas diferentes, ya que el organismo citado lo conforman todos los ministros de Educación del país. Maniobra contra las víctimas Esta modificación encubre un ataque para penalizar a los estudiantes y docentes, bajo el verso de la “calidad educativa”. Presentado como un debate frente al relato K en la educación, introduce la estandarización de los contenidos, la sanción, el salario por mérito y la diferenciación presupuestaria al interior del sistema educativo. El Instituto Evaluador, sancionado en 2013 en la Ciudad de Buenos Aires y ahora nacionalizado, tiene ese objetivo. Ya lo expresó el actual ministro de Educación Esteban Bullrich, al declarar que las escuelas que rindan bien obtendrían estímulos (recursos), estableciendo una suerte de ranking de docentes, estudiantes y escuelas otorgando a cada cual su presupuesto y salario. Sin lugar a dudas, un ataque también al Estatuto Docente. Esta línea fue ratificada con el anuncio de la gobernadora sobre las evaluaciones para octubre en el área de Lengua y Matemáticas, señalando que “la evaluación también permite focalizar los problemas: cómo se forman los docentes o detectar fallas” (Clarín, 9/5). Y agrega que el problema es la capacitación docente. La inconsulta medida intenta sentar en el banquillo de los acusados a los trabajadores de la educación y a los niños, quitando la responsabilidad del Estado. Una tendencia de años y que la propia Ley de Educación Nacional, sancionada durante el gobierno K, habilita. Es lo que ratifica Vidal, quien tiene previsto realizar a partir de la última semana de octubre, y durante un año, una “evaluación institucional”. “Es una medida inédita en nuestra provincia y alcanzará a 10.000 instituciones de gestión estatal y privada”, adelantaron los funcionarios. Será con la intervención de “capacitadores” asignados a la tarea de revisar distintas funciones de los colegios. Los “capacitadores” vienen a actuar como síndicos de la quiebra educativa. Llamamos a enfrentar este nuevo ataque a la educación pública.

Del 9 al 13 de mayo se realizaron las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de Artes (ex Iuna). En todas las carreras se eligieron los consejeros departamentales y los consejeros superiores. En Audiovisuales, Formación Docente, Visuales y Movimiento se realizaron además las elecciones de Centro de Estudiantes. Derrota de las autoridades universitarias En el departamento de Visuales, el más grande de la universidad, el Frente de Izquierda conquistó la conducción del centro de estudiantes y la mayoría en las elecciones de consejo. La campaña del Frente de Izquierda se centró en la denuncia de que bajo la dirección de El Vendaval (La Mella - Patria Grande) el centro de estudiantes y los consejeros estudiantiles “pegaban el faltazo”. La oposición de El Vendaval a la lucha estudiantil tiene una razón de fondo: en la UNA, Patria Grande esta absolutamente integrada a las autoridades universitarias del “progresismo” K. El resultado de esta lucha política fue contundente y la izquierda ganó la elección por casi 40 votos (8%). En Movimiento, el BUM, la agrupación que encabeza la UJS, ganó una vez más el centro de estudiantes contra la lista de La Mella. En consejo, donde el padrón para votar es mucho más restrictivo, se impuso la lista de las autoridades ligadas al kirchnerismo. Aquí también Patria Grande jugó para las camarillas funcionando en tandem con la lista de las autoridades para atacar a la combativa dirección del centro. En Formación Docente y Dramáticas también se impusieron listas de izquierda en las elecciones. En FD, una lista de activistas independientes de izquierda derrotó por amplio margen a Patria Grande mientras que en Dramáticas, la Chekspeare (Juventud Guevarista) se quedó con todos los consejeros desplazando a La Pulsión (K) de la minoría del consejo. Audiovisuales es el único departamento donde las listas de las autoridades consiguieron un triunfo. Después de haber ganado las elecciones del año pasado por amplio margen, Machuka (Nuevo Encuentro) ganó esta vez por apenas 13 votos (2%) contra la lista de izquierda (El Frente). ¿Cómo seguimos? Los resultados abren una nueva etapa en la universidad con la izquierda al frente de la mayoría de los centros de estudiantes. La movilización de más de 1.000 estudiantes de la UNA en la marcha educativa del jueves 12 es un síntoma de que el movimiento estudiantil se empieza a poner de pie. En toda la universidad se empiezan a organizar asambleas para enfrentar el ajuste. El presupuesto que ha otorgado el gobierno cuestiona la propia continuidad de la universidad que funciona con un déficit mensual de casi 3 millones, mientras el 80% de los edificios de la UNA son alquilados. La crisis ha desatado una nueva ofensiva de las autoridades sobre las carreras que ya han impuesto mayores restricciones al ingreso (crearon el Cino, una especie de CBC de la UNA). En este cuadro convulsivo, se realizarán las elecciones de decanos y rector durante los próximos dos meses. En este cuadro, la UJS impulsa la organización de un congreso estudiantil convocado por los centros de estudiantes para poner en pie la federación estudiantil de la UNA y organizar la lucha en defensa de la universidad contra el ajuste.

Foto: Javier Entrerriano No nos equivocamos cuando pronosticamos que el Congreso Nacional de la UJS -que se realizará este 28 y 29 de mayo en la Facultad de Medicina- tendría lugar en el contexto de grandes luchas. La marcha universitaria, y popular, de más de 70 mil personas que copó el centro porteño el jueves pasado fue la expresión más alta de una tendencia que recorre al conjunto del movimiento estudiantil y la juventud. Se trató de una verdadera pueblada educativa, como no se veía en muchos años, motorizada por el empuje de la huelga docente que puso en pie la dirección combativa de la Conadu Histórica. Los miles y miles de manifestantes que llegaron hasta la Plaza de Mayo superaron los mecanismos de contención montados por el kirchnerismo, que restringió su protesta al Ministerio de Educación. La batalla política por el destino final de la movilización se decidió en los días previos, cuando masivas asambleas estudiantiles votaron abrumadoramente por llevar el reclamo hasta la Casa Rosada; o sea, al centro del poder político que ejecuta el ajuste, los tarifazos y el ataque a la universidad pública. La fuerza motriz de esta lucha política fueron la Fuba y la Conadu Histórica, sin las cuales no se hubiera logrado que la Plaza de Mayo desborde de denuncias contra los funcionarios que prometieron el desfinanciamiento de las universidades del conurbano, avalaron el fallo contra el ingreso irrestricto y señalaron que el boleto educativo no es prioridad ni está en la agenda del gobierno. El desarrollo irrefrenable del movimiento de lucha hizo saltar por los aires todos los mecanismos de contención y regimentación, corporizados en los rectores y aparatos burocráticos oficialistas y ex oficialistas. El rector peronista de la UBA, Alberto Barbieri, y su agrupación Nuevo Espacio (Franja Morada), difundieron el día previo la mentira de un aumento de 500 millones para la UBA, con el único objetivo de desmovilizar. En realidad, se trataba de la subejecución de una partida para hospitales ya presupuestada en 2015, que implica aumento 0 (cero) para el Hospital de Clínicas -que sigue en estado vegetativo. Así y todo Franja Morada no tuvo más remedio que plegarse a la movilización bajo el peligro de quedar en el campo de Macri -como en 2001 había quedado en el de De la Rúa. La cobardía del kirchnerismo, que rechazó sistemáticamente ir a la Plaza de Mayo, desoyendo el mandado de las asambleas de los centros que ellos mismos dirigen, se explica por su integración a las camarillas profesorales que dirigen las universidades y las burocracias de los sindicatos docentes y no docentes. Después de todo, como denunciamos desde Plaza de Mayo, el presupuesto que Macri ejecuta es el elaborado y votado por Kicillof y compañía cuando aún eran gobierno. La Cámpora no cuestiona la orientación privatista de la universidad que supone los convenios con multinacionales y las decenas de miles de docentes “ad honorem”. En Sociales, las asambleas y la toma de la facultad se concretaron contra el centro K. En facultades que no dirigen, como Filo, también se opusieron a la ocupación, que fue masiva y ganó la atención de los grandes medios. La izquierda no abordó la movilización de forma homogénea. La Mella-Patria Grande evitó pronunciarse por marchar a Plaza de Mayo. Su línea fue mantener los compromisos con decanos y agrupaciones K hasta el último minuto -se desplazaron a la Plaza una vez que constataron que la concurrencia era masiva. El papel de furgón de cola del kirchnerismo ya había tenido su antecedente negativo en La Plata, donde los acuerdos con los K bloquearon una marcha unitaria por el boleto a la Gobernación y llevaron a la división del movimiento. El Congreso de la UJS debatirá a fondo las conclusiones de estas primeras luchas contra el gobierno macrista y votará resoluciones para profundizar este ascenso de la juventud. Ocupará un lugar central la campaña por la defensa de la de la Fuba y la Fulp como federaciones independientes y de lucha, contra el lastre que implica esta política de sometimiento al nacionalismo de Chevron y Lázaro Báez. La pueblada universitaria, como los levantamientos de la Patagonia (Comodoro, Tierra del Fuego, Santa Cruz), desmienten la versión interesada que asimilaba la derrota de Scioli y el FpV a una derrota de las masas. La juventud y los trabajadores están poniéndose de pie y pueden quebrar el ajuste en curso. La condición es estructurar una dirección independiente, sin ataduras con el régimen, que despliegue todas las energías que anidan en el movimiento. A este objetivo estratégico apunta el Congreso Nacional de la UJS, que reunirá a miles en el aniversario del Cordobazo. Por la organización revolucionaria y socialista de la juventud.

Después de la inmensa marcha del jueves 12, el gobierno del ajuste nos entregó una nueva propuesta, que fue considerada en asambleas de toda la Conadu Histórica. En menos de 72 horas, los docentes participaron de masivas consultas en cada una de sus universidades. En la UBA, por ejemplo, participaron más de 250 compañeros en asambleas y opinaron vía internet más de 700 docentes. Con estos resultados el congreso de Conadu Histórica mandató a sus paritarios a llevar una contrapropuesta. En la misma se remarca la conquista de arrancarle al gobierno el cierre de la paritaria en febrero, terminando con la postergación que impuso CFK en 2013 cuando, con la colaboración de las burocracias K, nos aplicó una paritaria de 16 meses, llevándonos a junio, separándonos del conjunto de la docencia nacional. El aumento ofrecido (18% en mayo y 15% en diciembre, por 10 meses) se evaluó como insuficiente. Si bien logramos quebrar el techo del gobierno, aspecto clave de la política del ajuste, las asambleas, apoyadas en la fuerza del movimiento, reclaman mayor porcentaje global y adelantamiento de las cuotas. La contrapropuesta votada por el Congreso consiste en el reclamo de un incremento del aumento general y un adelantamiento de las cuotas, incluyendo, además, el pedido de que la paritaria siga abierta y la formación de comisiones específicas, como la de rentas para los ad honorem. Están las condiciones para poder imponernos. El plan de lucha de la Conadu Histórica, con sus 22 días de paros, cortes y clases públicas en todo el país generó un movimiento de la docencia como no veíamos desde 2005. Obligó a la autodefinida “oxidada” burocracia de Conadu (Yasky) y a los otros gremios entregadores a venir a la rastra. El movimiento estudiantil se solidarizó activamente con la huelga, levantó la bandera del boleto educativo y puso en evidencia la desfinanciación de un presupuesto elaborado por el gobierno K y los rectores, que ahora implementa el gobierno Macri. La movilización de más de 20.000 personas a Plaza de Mayo convocada por la Conadu Histórica, luego del acto en el Ministerio de Educación, no sólo quebró el techo del gobierno o de cuotas en 2017, marcó la delimitación política con las burocracias sindicales que entregaron los últimos años el salario docente y que, junto a los acuerdos de decanos del PJ y K y de los rectorados con el gobierno nacional, tabicaron el reclamo docente al Ministerio de Educación sin que el mismo llegue al centro del poder político. El kirchnerismo, que actuó a la rastra hasta acá, que convocó a paros aislados, que arremetió contra toda propaganda de lucha de la Conadu Histórica, que no quiso marchar a Plaza de Mayo, ahora no se plantea ni un minuto más de lucha. Su única propuesta fue “el mejor plan de lucha es no firmar”, lo cual no pasa de una impostura. El congreso de Conadu Histórica resolvió proponer a las federaciones estudiantiles combativas una nueva marcha nacional el 15 de junio por el reclamo de presupuesto y la lucha por el boleto. Nos estamos dando un método para ganar. Nos quedan las paritarias por abajo de la canasta familiar, los aumentos en cuotas y el impuesto de ganancias en los salarios que son pesadas cargas para el movimiento obrero en general y que podremos enfrentar de conjunto con un paro nacional, que el conjunto de las centrales ningunea y por el que se pronunció el congreso de la Conadu Histórica.

Entrevistamos a la esposa de un compañero petrolero -¿Cómo arrancaron la jornada de lucha los obreros petroleros? -Los delegados de (Jorge “Loma”) Avila, de petroleros, no llevan las acciones contra tantos despidos, entonces los obreros hacen retención de servicios con alguna excusa: porque no tienen las camperas, el trailer no tiene agua, etc. Esa es la presión de la base que no se ve. Les han dicho: “No te vamos a salir”. Y un día perdido significan 100.000 dólares para PAE. Si Avila no convocaba, el petrolero iba a ir por su propia cuenta. En realidad, esto está pendiente porque Avila no va a solucionar los problemas: firmó la paz social por tres o cuatro equipos, ¿y lo demás? Los despidos no pararon, los trabajadores de las empresas que están con piquetes dicen: “Nos cagamos en la paz social”. -¿Cómo ves el panorama de las petroleras? -DLS es la mayor empresa de servicios de PAE, y presentó quiebra. La empresa mayor del grupo, la noruega Acher, va a absorberla pero sólo con el 80% de los trabajadores. Ellos no quieren pagar la crisis. Lo del subsidio a la exportación de PAE es una fuga de capitales, porque el Estado le paga por lo que exportan, y ellos se llevan los dólares, al exterior. Hablamos con un trabajador de Comercio, empleado en un supermercado de Chubut -Cuál es la situación de los trabajadores de comercio en la provincia? -Las leyes que favorecen a los obreros son ínfimas y los empresarios las desplazan permanentemente. Nosotros, en el mismo supermercado, sacamos sueldo a cuenta trabajamos para comer, como esclavos. Ya hace dos años, hicimos un planteamiento a la empresa. Y reaccionó echando a dos delegados, pero ahora nos juntamos todos. -¿Cómo participaron el 6? -Nuestro sindicato sólo adhería moralmente. Le dijimos al delegado que eran unos cagones y quedaríamos como cobardes, porque esto es algo histórico. El delegado dijo: “Vos tenés que hacer lo que te dice el sindicato”. Pero los obligamos a adherir moral y efectivamente, no fuimos a trabajar. No dejamos entrar a nadie a trabajar y 50, de los 150 de la plantilla total, nos fuimos a la ruta. -¿Qué opinás de la paz social de Avila? -Conozco el paño de la clase empresarial y los sindicatos, sé que se está politizando. Y el empresariado lo está enmarañando. El sindicato tendría que haber sacado el paro para marcar la cancha. Sacar el paro nacional.

El miércoles 18, la Unión de Gremios convocó a parar nuevamente la provincia en contra del paquete de leyes de ajuste y contra el tarifazo que se vio reflejado los últimos días en las facturas de gas. El acatamiento se acrecentó respecto de los últimos días, llegando en sectores como la docencia y el municipio de Ushuaia al 50%. También se vio sumamente incrementada la movilización durante la mañana helada (3ºC) y teñida de niebla en la localidad de Ushuaia. Se marchó desde el acampe hasta la Legislatura, donde se entregó un petitorio para que la Legislatura sesione, ya que los dichos desde el gobierno fueron que “mientras el conflicto persista no habrían sesiones”. La movilización superó holgadamente las 2 mil personas. Más allá de los integrantes de la Unión de Gremios, se sumaron los trabajadores de Gobierno, del Ministerio de Educación, de Ambiente, del IPAUSS y del Hospital Regional nucleados en ATE y en ATSA, respectivamente. También a esta última movilización se plegó la comisión interna de la fábrica ex Renacer, la cual expresó su total desacuerdo con el ajuste que está llevando adelante la gobernadora Rosana Bertone. Una gran movilización: a pesar de lo extenso de la lucha, la persistencia y la unidad de los trabajadores no sólo continúa intacta, sino que aumenta con expresiones de los sectores privados que se ven afectados por los despidos, el tarifazo en los servicios y en el impuesto inmobiliario.

“La crisis petrolera la enfrentamos entre todos” dice un cartel al ingreso a la ciudad de Comodoro Rivadavia, colocado por el intendente kirchnerista Carlos Linares. El “todos” incluye a los pulpos petroleros y a los gobiernos de la provincia y de la ciudad. Es un planteo engañoso, porque son los obreros petroleros los que, superando la división en decenas de sindicatos que les provocó la privatización de los ’90, y convocando al resto de trabajadores, organizaron el paro activo que conmovió la ciudad el 6 de mayo. Esta jornada significó un avance respecto del anterior paro activo, ocurrido en enero, cuando las propias compañías llevaban a la movilización las listas de los obreros que iban a participar, porque querían negociar el subsidio con el nuevo gobierno de Macri-Aranguren. Bulgheroni (dueño de PAE) logró que sigan subvencionando el barril criollo y la exportación del crudo Escalante, como ya lo habían hecho Cristina-Kicillof. La suspensión de los despidos y el reestablecimiento de los equipos de producción, acordado en febrero, no fue cumplido por los pulpos petroleros ni sus empresas satélite. El descontento obrero hizo que la burocracia sindical llamara al nuevo paro activo. La burocracia y los pulpos Esta vez, las petroleras amenazaron a los obreros, para impedir su concurrencia y la burocracia de los sindicatos -que no pudo evitar la huelga, trató de evitar la movilización. Esa medida logró que PAE, la petrolera más importante de Comodoro, reestableciera la producción en cuatro torres. Pero, Jorge “Loma” Avila, secretario general del sindicato de petroleros, firmó la paz social y levantó el paro de 72 horas anunciado durante la movilización. Una nueva medida de fuerza hubiera podido lograr triunfos más contundentes sobre los despidos. Nuevamente, los trabajadores enfrentaron esta agachada y recurrieron al piquete en las empresas -las del grupo Lufkin-, y allí triunfaron con la reincorporación de los 47 despedidos. Y siguen este método en SP y Metropet (contratistas de YPF), y desde el lunes en DLS, la contratista más importante de PAE que presentó quiebra. Carlos Gómez, legislador del FpV y burócrata petrolero, le echa la culpa a los neuquinos, porque los equipos que YPF sube en Neuquén los levantan de la Cuenca de San Jorge. Pero es que la sola amenaza de una pueblada en Neuquén -aún en boca del senador del MPN y secretario general de los petroleros de esa zona (Guillermo Pereyra)- fue lo que produjo esta reacción de YPF. Avila se ha reunido con el gobierno nacional sin la más mínima declaración, mientras los obreros combaten en los piquetes y con retención de servicios el incumplimiento de la patronal: Enap, de Sicpetrol, levantó otro equipo afectando a 600 trabajadores. El Partido Obrero desarrolla una campaña en esta enorme concentración obrera, atravesada por todo tipo de luchas, también en la educación (ver artículo en página 10). Los compañeros reciben muy ávidos Prensa Obrera, que presenta el método de la huelga y la movilización para parar los despidos y manifiestan su interés en organizarse con el PO.

El conflicto en la provincia más austral del país lleva 80 días. Los estatales nucleados en la Unión de Gremios no han dado el brazo a torcer en la lucha por enfrentar el ajuste de la gobernadora K, Rosana Bertone. En la última semana, el conflicto ha logrado propagarse más allá de la isla. La participación, encabezando la Marcha Educativa junto a docentes y estudiantes, por parte de los compañeros que fueran detenidos, fue el puntapié para que la lucha se terminara de nacionalizar. En el escenario central de Plaza de Mayo, José Gómez, secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos (Afep), expuso sucintamente el modo en que los trabajadores fueron apresados en plena madrugada en forma violenta por el grupo comando y las medidas de ajuste instauradas por el gobierno del Frente para la Victoria con el aval expreso del macrismo. Luego de la conferencia de prensa en el Congreso Nacional el lunes 16, de la cual participaron los diputados del Partido Obrero Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo López (Soledad visitó la provincia en dos ocasiones para llevar solidaridad), los compañeros han logrado instalar la problemática en los medios televisivos nacionales, algo que hasta el momento no había sucedido. Las grandes movilizaciones En la provincia, el viernes 6 se realizaron dos importantes movilizaciones de antorchas a pesar del frío y la lluvia. Una en Ushuaia, donde acudieron más de mil trabajadores, y otra en Río Grande. El reclamo ya no es sólo de los estatales, han comenzado a salir a la calle quienes han recibido el feroz aumento de la tarifa de gas. Lo que se venía anunciando desde la Unión de Gremios tristemente se concretó. Los aumentos fueron desde un 500 hasta un 1.200%. El descontento popular se acrecienta y más aún con la noticia de que la luz aumentará en lo que queda del semestre un 166%. Los días pasan, el gobierno mantiene su postura, juega al desgaste, la mesa técnica se reunió en dos ocasiones y aún no se ha avanzado en la firma de algún punto de acuerdo. Los seis puntos planteados continúan sin ser tratados, habiendo transcurrido más de 16 días desde la primera reunión. En esta mesa técnica se encuentran participando aquellos gremios que han abandonado el acampe o que nunca llegaron a participar, y esta dilatación ha generado que muchos afiliados de ATE y ATSA retornen al acampe o incluso nunca se hayan ido de él, dado que asambleas de distintos sectores votaron continuar con el plan de lucha inicial. En respuesta a este ajuste y manteniendo el reclamo original del conflicto que es la recuperación de derechos que fueran arrebatados en enero con el paquete de leyes, la reincorporación de los compañeros despedidos, el pase a planta de los PEL, el miércoles 18 la Unión de Gremios convocó nuevamente a un paro masivo y una enorme movilización por la mañana en la ciudad de Ushuaia. El conflicto desprende conclusiones políticas, es que tanto kirchneristas como macristas han actuado como verdugos de los trabajadores imponiéndoles un ajuste brutal para afrontar los pagos a los fondos buitre e intentar hacernos pagar los costos de la crisis. El camino a seguir es arduo, pero es la unidad de los trabajadores, expresada en la Unión de Gremios, que actúa como frente único de clase, la única que puede llegar a torcerle el brazo ajustador al gobierno y los poderes del Estado que se encuentran a su servicio.

Una movilización de más de 10.000 trabajadores, la mayor que se recuerde desde el inicio de los paros activos y las huelgas contra el gobierno del Frente para la Victoria comandado por Alicia Kirchner, ocupó literalmente el centro de Río Gallegos. Marcharon trabajadores de Adosac, municipales, judiciales, Vialidad, ATE, Sitraic y otros gremios. La oferta de aumento salarial del gobierno de Alicia Kirchner a los estatales de Santa Cruz fue el 10% del básico, la menor que se pueda registrar respecto de cualquier propuesta hecha en la Nación y en el país. En la provincia de las bóvedas increíbles, el gobierno K pretende hacer pagar este desfalco a los trabajadores. La jornada comenzó con cortes en la mañana, protagonizados por trabajadores de Vialidad. Ese mismo día, varios gremios comenzaron huelgas por 72 horas. Un dato no menor de la organización del movimiento de lucha de los trabajadores es la constitución de la Mesa de Unidad Sindical, una coordinación que se ha puesto en pie en 14 localidades de la provincia. Al cabo de la movilización se desenvolvió un acto público en el que intervinieron distintos representantes sindicales y políticos. Miguel del Plá, en nombre de la Coordinadora Sindical Clasista-PO, destacó el papel clave de la Mesa de Unidad Sindical en la organización de la lucha en la provincia y la necesidad de que los trabajadores impongan una salida propia a la crisis de la provincia, para lo que llamó a organizar un congreso de trabajadores. Marcelo Ramal, de la dirección del PO y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, reivindicó a la clase obrera de Río Gallegos que, una década atrás, cuando los Macri y sus socios de Cambiemos callaban frente a los atropellos a los trabajadores (docentes, en primer lugar) que enfrentaban la destrucción del salario y de las condiciones de trabajo en Santa Cruz, se pusieron al frente de la respuesta popular contra el gobierno falsamente nacional y popular. Al finalizar la movilización se resolvió instalar un acampe en la Casa de Gobierno con la participación de todos los gremios en lucha. Un excelente final para una lucha redoblada.

Una marcha de alrededor de 3.000 docentes universitarios, no docentes, estudiantes, gremios y trabajadores en defensa de la educación pública, recorrió las calles de Comodoro el 16 de mayo, en el mismo camino que la gran marcha educativa de Buenos Aires. La movilización salió de la universidad y llegó hasta la plaza Roca, donde se realizó un acto. Dos de sus principales oradores dan su testimonio. Gloria Herrera, secretaria general de ADU, sindicato de docentes universitarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Conadu Histórica: “Estuvimos el 6 como sindicato, con un grupo de docentes. En la misma Marcha Educativa de Buenos Aires se hizo referencia a la jornada de lucha. No puede ser que el gobierno recorte el presupuesto a la universidad, mientras da dinero a las mineras, al campo. A fines de febrero comenzaron nuestras paritarias, estamos en mayo ya vamos por la séptima reunión. Hicimos varios paros y la comisión directiva desarrolló una campaña en los centros de estudiantes para que apoyen las medidas. Es importante defender la educación pública para que los hijos de los obreros puedan llegar a la universidad”. Matías Silvera, secretario de acción gremial de la Federación Universitaria Patagónica: “Comodoro es hoy un centro de lucha obrera y estudiantil. Se sumaron los colegios pre universitarios -el CUT está de paro hace más de 20 días- , el Instituto de Educación Física, los no docentes. Vamos a defender la educación pública sea el gobierno que sea, no pedimos nada nuevo. Le hablo a la clase política, a los sindicatos que vean lo que están haciendo porque falta presupuesto y falta el boleto gratuito. Les decimos que no se metan con la educación pública". Un estudiante expresó su discrepancia con la presencia de funcionarios políticos (intendente Carlos Linares) y de la universidad, y pidió que se retiren, provocando el aplauso de todos. El Partido Obrero estuvo presente, con una adhesión contra el ajuste del gobierno nacional, los gobernadores y la burocracia sindical, y con Prensa Obrera, que fue adquirida por muchos de los movilizados.

Con presencia de representantes de localidades de la Confluencia y zonas Centro, Norte y Sur de la provincia, el sábado 14 de mayo sesionó el Congreso del Partido Obrero de Neuquén. Participó, en representación de la dirección nacional del PO, el compañero Gabriel Solano. Caracterización El congreso estableció una caracterización de conjunto de la situación política provincial. El apoyo del MPN al pacto con los fondos buitre forma parte de su política de nuevo endeudamiento de Neuquén con el capital financiero, a tasas usurarias. En ella busca apoyarse para pilotear la enorme crisis fiscal de la provincia. La potencial quiebra del fisco es consecuencia de la tentativa del gobierno de estimular la tasa de beneficio del capital, destinando los fondos estatales a los sobreprecios de la patria contratista, a los subsidios y exenciones impositivas al capital petrolero, del juego, minero e inmobiliario que opera en la provincia. La caída del precio internacional del petróleo agravó esta situación. La aplicación de un violento ajuste sobre los trabajadores y las masas neuquinas, es la garantía que el MPN ha colocado para acceder al crédito internacional. Así lo confirman los acuerdos salariales que no cubren la inflación, firmados recientemente con las burocracias de los sindicatos estatales, el aumento de los aportes personales al Instituto de Seguridad Social del Neuquén y el ajuste presupuestario sobre educación y acción social. Pero la lucha de docentes y estatales, de los estudiantes secundarios y de la comunidad universitaria, muestra que los explotados van a resistir el ajuste. En la base del gremio petrolero, afectado de lleno por las suspensiones y los despidos, crece ostensiblemente el malestar con el burócrata sindical Guillermo Pereyra. El MPN pasó de respaldar al gobierno kirchnerista y apoyar la candidatura de Scioli, a integrarse ahora al elenco de gobernadores que respalda al macrismo. Este hecho marca los fuertes elementos de continuidad entre ambos gobiernos. Este alineamiento ha neutralizado el rol opositor del intendente capitalino Quiroga. Y la oposición del Frente para la Victoria, el FyPN de Rioseco y el UNE-FG, tiene límites insalvables, pues apoyaron el pacto buitre y, donde gobiernan, son los ejecutantes del ajuste y la represión contra el movimiento obrero y popular. En oposición a los partidos del sistema, el Congreso del PO trazó como objetivo estratégico el desarrollo de una alternativa política de la clase obrera y la izquierda. Clase obrera El Congreso reivindicó la gran movilización en Comodoro Rivadavia, como la vía para derrotar el ajuste y los despidos, ante el naufragio de la ley antidespidos en el Congreso y, especialmente, ante el recule de Pereyra de realizar una marcha petrolera contra los despidos. La diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Patricia Jure, se valdrá de su lugar en la Legislatura provincial para denunciar las dilaciones parlamentarias y convocar a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud a potenciar su organización independiente y a desarrollar su lucha. Como parte del desafío de desarrollar una alternativa política de los trabajadores y la izquierda, se votó poner en pie a la Coordinadora Sindical Clasista en la provincia, atendiendo a la necesidad imperiosa del movimiento obrero regional de superar el papel de contención que las burocracias sindicales ejercen contra los trabajadores. Pero el nacimiento de la CSC es fruto, también, de un balance crítico de la experiencia realizada por el movimiento obrero combativo en la región, que llega a esta fase de la crisis habiendo perdido importantes posiciones. Sucede que la política faccional y divisionista de diversos grupos fue la responsable de que la dirección de Aten (docentes) retorne a manos de la burocracia K. El “sindicalismo de base” del PTS y la Marrón en el Sindicato Ceramista, fue la matriz ideológica que habilitó el planteo autogestionario (‘fabrica sin patrones’) y la adaptación al kirchnerismo, aislando a los ceramistas del resto del movimiento obrero combativo, como se reflejó en la no participación de Zanón en los paros nacionales. Finalmente, el rechazo y el sabotaje del PTS al frente antiburocrático para recuperar la CTA, liderado entonces por la Aten recuperada, terminó en el retorno de la burocracia a la Junta Interna del Castro Rendón, dirigida por ellos. La CSC nace en Neuquén para reivindicar un sindicalismo clasista, vinculado con la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera, y defender el método del frente único de clase contra el capital, su Estado, sus partidos y las burocracias sindicales. El Congreso resolvió impulsar un plenario de la Coordinadora Sindical Clasista para el 11 de junio; reforzar la campaña contra los despidos y suspensiones; desenvolver una fuerte campaña por un plan de lucha en defensa del ISSN, “contra la reforma reaccionaria de la dirección de ATE-CTA”; el impulso del proyecto por Casas Refugio y preparar una fuerte movilización para el aniversario del #NiUnaMenos; reforzar la lucha de estudiantes y docentes por más presupuesto para educación y por el boleto educativo gratuito; y la participación de la UJS (juventud del PO) a su Congreso Nacional del 28 y 29 de mayo en Capital Federal. Al finalizar, el Congreso eligió una nueva dirección partidaria y una comisión política provincial para el desarrollo del PO en toda la provincia.

El 7 de junio se realizarán las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de Córdoba. En simultáneo, más de 120 mil estudiantes elegirán las nuevas conducciones de los centros y consejos en 15 facultades, en el marco del fuerte ajuste propiciado por el gobierno nacional y provincial, y la huelga de la docencia universitaria de todo el país, que se extiende al movimiento estudiantil. El nuevo oficialismo -Franja Morada, PRO y PJ- se abroquela para pasar la política de ajuste y privatización. Se busca completar la tarea emprendida por el kirchnerismo universitario durante sus nueve años de gobierno. El nuevo rector, Hugo Juri, ya anunció que impulsará el sistema de créditos (recorte de carreras y planta docente), el ciclo básico de dos años (mayor deserción) y una reforma política para que entren los capitalistas directamente al gobierno universitario. En su gabinete aparecen los personeros de Monsanto y del Hospital Italiano, entre otros. El ajuste golpea fuerte en la propia universidad. La pobreza, el vaciamiento y la privatización, el sometimiento de la universidad a los intereses capitalistas y los negociados se descargan como un ataque sistemático en contra de las aspiraciones más sentidas del conjunto de los estudiantes. Cuando la reforma de la LES estableció la ilegalidad de los cupos de ingreso, kirchneristas y radicales de la UNC se las ingeniaron para presentar un cupo más restrictivo. Se sufre la falta de docentes y el trabajo superprecarizado, así como también el déficit de aulas y establecimientos. El comedor universitario no da abasto y las becas son ínfimas. Los desafíos La huelga que los docentes universitarios y las masivas movilizaciones del 12 de mayo son una expresión clara de los desafíos que enfrenta el movimiento estudiantil de la UNC, el cual está llamado a intervenir activamente en la crisis capitalista, junto a los trabajadores. Pero Franja Morada y La Bisagra -kirchnerista-, lejos de impulsar esta tarea, son los representantes de Macri, Cristina y Schiaretti y de las camarillas privatistas. La variable de establecer una corriente 'progresista' integrada al régimen de camarillas, ha fracasado completamente. En la última asamblea universitaria se quebró el Frente 20 de Diciembre cuando Sudestada (Patria Grande) se fue con el kirchnerismo. La tarea del 7 de junio es reagrupar a las fuerzas de izquierda y combativas junto al activismo, y luchar para recuperar los centros de estudiantes que se encuentran paralizados por Franja Morada y La Bisagra, en primer lugar Filo y Psico. Para ello, es necesario conformar un frente único electoral con un programa de lucha. El frente único debe batallar por el voto, pero a la par es necesario llamar al estudiantado a participar activamente en la campaña y en la lucha. Desde la UJS impulsamos la asamblea general por facultades, la instancia natural y democrática de organización de los estudiantes, e impulsamos la convocatoria de una asamblea interfacultades que vote un plan de lucha general contra el ajuste. Hacia el interior del frente único, la asamblea es el método que garantiza su desarrollo. Sin embargo, esta comprensión no es común en la izquierda, que prefiere el método de aparato y camarilla para establecer las alianzas electorales o impulsar el divisionismo. Ese método es utilizado por el PTS, que se esfuerza por separar a las fuerzas del Frente de Izquierda en la UNC, replicando aquí su seguidismo a los K. Con la presentación de listas en trece facultades, la UJS se pone en la primera línea por establecer un frente de izquierda y del activismo en la Universidad de Córdoba, a la vez que participa activamente de la organización de la lucha contra el ajuste macrista. Llamamos a las fuerzas de izquierda a reagruparse en este sentido.

A menos de 30 días de las elecciones, el Partido Obrero de Río Cuarto está realizando una gran campaña basada en una agitación y propaganda obrera y socialista. Las encuestas hablan de una polarización electoral entre Hugo Yuni (UCR junto al PRO-PS-FC) y Juan Manuel Llamosas (PJ acompañado por los K). Es decir, una pelea entre los representantes del acuerdo con los buitres y la escalada ajustadora a nivel nacional y provincial. Los radicales, que deben enfrentar el rechazo al gobierno del actual intendente de su partido, basan sus expectativas en aparecer como representantes de la “ola amarilla” de Cambiemos; por eso han entregado la dirección de la campaña al PRO, que prácticamente no existe en la ciudad. A esa línea de colonización partidaria se sumó el Partido Socialista y el juecismo. Hasta ahora no ha bajado ninguna figura de peso, sólo la senadora Rodríguez Machado, dirigente de la ex Ucedé, hoy PR, quien vino a Río Cuarto a defender la orientación prodespidos del macrismo, en una ciudad que tiene alrededor de dos dígitos de desocupación. El PJ delasotista marcha primero en las encuestas sumando al kirchnerismo. El gobernador de Córdoba viaja seguido a Río Cuarto para anunciar promesas de obras; para tapar su propio ajuste asocia a Cambiemos con el gobierno que se va que tiene un 69% de imagen negativa. Los grupos capitalistas dominantes en la zona están ligados a la soja y la exportación, son partidarios de una fuerte devaluación y se han alineado atrás del PJ. Ante la pretensión de los ajustadores y compañía de acaparar el voto de los trabajadores planteamos la consigna: “Vamos con el Partido Obrero al Concejo contra los candidatos del ajuste y la impunidad”. Batallamos por el voto para ingresar al Concejo Deliberante y con el objetivo de dar la pelea electoral y estructurar una fuerza política de los trabajadores. La campaña va creciendo y las próximas visitas de nuestros diputados nacionales Pablo López, Soledad Sosa y Néstor Pitrola servirán para darle a la campaña el carácter de lucha política integral contra los ajustadores. Contra el ajuste y la impunidad Río Cuarto es una de las capitales del trabajo en negro y la desocupación. La devaluación y la inflación sólo trajeron para las familias obreras la pérdida del poder adquisitivo que repercutió en la parálisis del comercio, una de las principales actividades de la economía de la ciudad. A esto hay que sumarle el parate en la construcción, cada vez son más los compañeros albañiles sin trabajo. En este marco, el Partido Obrero recorre los barrios, entregando casa por casa nuestra plataforma electoral, realizando reuniones con trabajadores de la salud, la educación y asambleas en diferentes barrios, para organizar el voto a una alternativa obrera y socialista. Estamos propagandizando proyectos de ordenanza para desarrollar la obra pública e impulsar el trabajo. Contra los especuladores inmobiliarios, planteamos un plan de vivienda y urbanización de villas. Estas obras son posibles con la estatización del juego y el destino del 30% de las ganancias al municipio, tal cual lo expresamos en un proyecto, en el mismo escrito establecimos límites al horario de funcionamiento y asistencia al ludópata. Para terminar con los negociados del transporte levantamos el planteo de la municipalización del mismo. Se acerca la movilización del “Ni una menos” y la demagogia electoralista crece. Yuni dice que la mitad de su gabinete será compuesto por mujeres, Llamosas prometió las casas refugio que su gobierno provincial no hizo durante 16 años. Mientras tanto, nuestra candidata, Lucía Salazar, recorre las barriadas populares y va a los medios denunciando que la cuestión de la opresión de la mujer no se limita a la “violencia machista” y que es necesario un programa de conjunto que defienda a la mujer trabajadora, un punto de vista socialista. En ese sentido viajó a Tucumán llevando la solidaridad del colectivo organizador “Ni una menos” de Río Cuarto, para decirle a Belén que el pedido de su libertad será uno de los ejes de la movilización del 3J.

Una serie de provocaciones patronales contra los trabajadores del subte pretenden quebrar toda defensa de derechos adquiridos, para aplicar un plan general de ajuste y flexibilización laboral, que elimina el puesto de boletero en estaciones, del guarda en tráfico y la tercerización del trabajo de talleres de mantenimiento. El plan no tiene como propósito mejorar el servicio, sino optimizar el beneficio económico en un servicio de trasporte monopólico. Se acompaña del anunciado aumento del pasaje a 7,50 pesos y de la postergación de la paritaria. Los trabajadores de tráfico de la Línea B y los mecánicos de San José, se han plantado y han logrado unos primeros triunfos. La conducción K de la AGTSyP, viene dejando pasar los golpes, derrochando el capital acumulado por uno de los sectores más combativos del movimiento obrero. Los trabajadores del subte deben hacer el balance de estas peleas parciales ganadas, para superar la pasividad derrotista de la conducción.

Los trabajadores de tráfico de la Línea B resolvieron realizar medidas de acción directa ante la negativa de la empresa de reintegrar los descuentos salariales, de hasta 20 días, aplicados a delegados y trabajadores que se negaron a dar una vuelta más, porque ello afectaría el tiempo máximo de exposición en el túnel. Las líneas A y D se declararon solidarias con la postura de la B. Es una aspiración de Metrovías, ejecutor de un programa de ajuste del gobierno macrista, el aumentar la frecuencia del tráfico, sin tomar nuevo personal y afectando el tiempo de descanso de conductores y guardas. Usos y costumbres de larga data aseguran un tiempo mínimo de descanso de este personal, para evitar la fatiga bajo tierra, un peligro para la seguridad del servicio, por la monotonía y oscuridad de los túneles, las luces intermitentes, los gases, el ruido y otros factores que hacen -según los compañeros- que llegado un punto, no distingan si están yendo o viniendo. En la Línea B se ha hecho de esta defensa de la seguridad una causa innegociable ante las presiones sistemáticas de jefaturas y Recursos Humanos. Al cerrar esta edición, los trabajadores han ganado un primer round. Con el paro votado, la patronal se ha avenido a reintegrar el dinero descontado y poner a prueba por 60 días si los diagramas de tráfico propuestos por los compañeros cubren las necesidades de tráfico. Una experiencia que deberá extenderse al resto de las líneas. Con esa unidad y determinación, el conjunto de la AGTSyP debe salir al paso de la ofensiva macrista.

Este viernes 13 de mayo, en el marco de la campaña nacional por la Libertad para Belén, llegó a Tucumán una delegación integrada por Soledad Sosa, diputada nacional; Vanina Biasi, dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero; Gabriela Jorge, diputada por la provincia de Salta, y Lucía Salazar, dirigente del PDT de Río Cuarto y actual candidata a intendente; para apoyar el reclamo nacional de Libertad para Belén. Se realizó una conferencia de prensa cubierta por los principales medios de la provincia, explicando los alcances del fallo contra Belén y la importancia de fortalecer la campaña por su libertad. Se mostró cómo la violencia institucional que se ejerció y se ejerce contra Belén constituye una clara política para aleccionar a las mujeres. El armado del fallo es expresión también de la Justicia alperovichista y su continuidad con Marzur, responsable del encubrimiento sistemático a todos los atropellos del poder, algo que se vio con claridad en el caso de Paulina Lebbos. Cerca del mediodía se participó de la concentración en Tribunales, convocada por las organizaciones de mujeres para acompañar el pedido de nulidad de la sentencia realizado por la actual defensora de Belén, la abogada Soledad Deza. Este paso es fundamental en la lucha por la libertad de Belén, ya que inicia la pelea para lograr que se revea el fallo y se la absuelva. También se reclamó por el cese de la prisión preventiva, pedido realizado el 3 de mayo también por su abogada, y que la Cámara todavía contestó. Por la tarde visitaron a Belén en el penal con el acompañamiento de su abogada, Soledad Deza, para transmitirle todo el apoyo y contarle las iniciativas que se están tomando a nivel nacional para lograr su libertad. En medio de las circunstancias crueles que Belén atraviesa mostró fortaleza y mucha integridad para encarar esta lucha que sabe que no es fácil. Hizo extensivo el agradecimiento a todas las mujeres y personas que sin conocerla la apoyan y que saber eso la fortalece para seguir. “Somos su voz afuera”, dijo. Las militantes del movimiento de mujeres le propusieron dirigir una carta al conjunto de las mujeres que el próximo 3 de junio saldrán a las calles por su caso y el de todas las mujeres violentadas por este régimen social. A la tarde se realizó una mesa panel con la temática “Violencia institucional contra la mujer. El caso de Belén y la lucha por su libertad” con una nutrida concurrencia. Soledad Deza, su abogada, explicó uno a uno los atropellos del Estado contra Belén y el estado de la causa. Planteó que, si este fallo pasa, se reforzará la clandestinidad del aborto y la disyuntiva que les queda a las mujeres pobres que recurran a un aborto es la cárcel o la muerte. Soledad Sosa mostró que las instancias judiciales y las iniciativas parlamentarias que se van a tomar deben estar respaldas por la movilización y la lucha en las calles llamando a redoblar los esfuerzos este 28 de mayo, día de lucha por la salud de las mujeres, y en este 3 de junio en el #NiUnaMenos. Vanina Biasi explicó la función de disciplinamiento social por parte del Estado hacia las mujeres y cómo el fallo pretende colocar un antecedente de jurisprudencia reaccionaria contra las mujeres. Esta campaña la continuaremos con la organización de una audiencia pública en el Congreso por la Libertad de Belén y la realización de charlas, actos y movilizaciones.

A pocas horas de haber conquistado el sindicato, la patronal de Pirelli anunció un plan de suspensiones, donde pretendía dejar sin funcionamiento la planta durante diez días en el transcurso de dos meses, pagando el 75% del salario al conjunto de los trabajadores. El argumento de la patronal fue una caída en la producción de 150 mil cubiertas. Cuando se iniciaron las discusiones con la patronal, estaba asumiendo la nueva dirección de la seccional de Merlo. Esta, junto a la dirección del sindicato central, rechazó que los trabajadores paguen con su salario los retrocesos de la producción. Al mismo tiempo, señalaron que luego del acuerdo ruinoso del ex líder del sindicato, Pedro Wasiejko en Pirelli, los compañeros percibían un salario inferior al resto de las fábricas del neumático. La convocatoria a asambleas generales de todos los turnos, que estaban previstas para comenzar la nueva etapa de organización colectiva de los compañeros de Pirelli, contaron con la presencia de casi la totalidad de los trabajadores, quienes señalaban que las asambleas eran un hecho histórico, ya que nunca nadie había puesto a consideración de los trabajadores las diferentes situaciones, arregladas por el sindicato entre cuatro paredes con la patronal. Luego de varias discusiones con la empresa, la patronal de Pirelli aceptó abonar el 100% del salario, suspendiendo los domingos como jornada laboral por el plazo de dos meses. Es importante aclarar que el acuerdo contempla todos los adicionales y el pago de horas que implicaría el domingo como día laboral. Los trabajadores de Pirelli cobrarán lo mismo que si fueran a trabajar los domingos. Esta propuesta final fue explicada y discutida en las asambleas generales de cada turno, con la seccional y el sindicato a la cabeza de todas ellas. Ha comenzado una nueva experiencia en el gremio del Neumático de la zona oeste, donde el conjunto de los trabajadores será protagonista. Los compañeros de Pirelli son, sin duda, los más rezagados en términos salariales y en condiciones de trabajo en general. La masiva participación en las asambleas generales y la nueva situación, dada la conquista de la seccional y el sindicato, han producido un enorme debate en la fábrica sobre el conjunto de los problemas que afectan a los trabajadores. Este estado de deliberación general se repite en todo el gremio, donde este acuerdo del pago del cien por cien ha sido una gran noticia para el resto de los trabajadores. Al mismo tiempo, la patronal de Fate intentó evadir el pago de los 5 mil pesos, que había negado previo a la elección nacional. Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, los representantes de la empresa acercaban una propuesta de pago al sindicato, frente a la inminencia de medidas que garantizarán el pago que ya había recibido el resto de los trabajadores del Neumático. Estos son los primeros pasos de la nueva dirección del Sutna, que tiene por delante un enorme trabajo de organización de todos los trabajadores.

El gobierno de Larreta decidió incumplir el acuerdo que se había alcanzado con el movimiento piquetero y cooperativista de la Ciudad. Sus funcionarios del Ministerio de Acción Social hicieron saber que no pensaban respetar las conquistas logradas con la ocupación de la nueva sede de la Jefatura de Gobierno. El incumplimiento alcanza al porcentaje de aumento para los trabajadores precarizados (cooperativistas) y, especialmente, al compromiso de crear 250 nuevos puestos de trabajo. La respuesta inmediata de las organizaciones fue ocupar parte del edificio del ministerio y convocar a una nueva movilización, que fue nuevamente masiva. De parte de Larreta no está en juego solamente una cuestión presupuestaria: quiere derrotar a un movimiento de lucha que está en un franco ascenso. La precarización en el gobierno de Larreta y el PRO Larreta también aplica un revanchismo contra un movimiento que ha sacado a relucir la miseria social de la Ciudad. La toma logró hacer visible la situación de alrededor de 2.500 trabajadores que realizan tareas de limpieza y barrido de calles, recolección de residuos en las villas, pintura y limpieza en escuelas e insfraestructura social. Lo hacen mediante la conformación de cooperativas de trabajo que prestan servicio para diferentes áreas del gobierno, una forma trucha de contratación para evadir el contrato directo bajo relación de dependencia del Gobierno de la Ciudad. Los desocupados deben entrar forzosamente en este régimen precario por un salario que ronda los 5.000 pesos. El sueldo no se liquida de manera individual por parte del Estado o el organismo contratante, sino que es la cooperativa la que luego de recibir los fondos realiza el pago a los asociados. La cooperativa es un intermediario, legal en algunos casos, pero, fundamentalmente, es el régimen de las Milagros Sala y los punteros del PRO de las villas para hacerse de una caja en base al manejo discresional de las liquidaciones. Una gran parte de los trabajadores están sometidos al régimen de los punteros que se quedan con gran parte del salario, tienen trato preferencial en las oficinas del gobierno y son la correa de transmisión del oficialismo en las villas para aplicar las políticas de urbanización trucha. La lucha por el trabajo Hace más de dos meses, el Polo Obrero comenzó una campaña de empadronamiento junto con el plan de lucha nacional. Luego de dos grandes movilizaciones se logró la apertura del Argentina Trabaja y 500 nuevos puestos, pero ese plan no está implementado en la Capital, por lo cual enfrentamos una dificultad mayor, pero la movilización del miércoles 11 y la ocupación de Jefatura mostró que las fuerzas del movimiento están pujantes. Semana tras semana, nuevos compañeros se suman a las asambleas y a la movilización. En los barrios donde estamos presentes, se concentran los trabajadores de la construcción y de los talleres de textiles y muchos otros son chagarines o viven de la venta ambulante o en ferias. La recesión y el ajuste brutal contra el bolsillo obrero está afectanto sobremanera a estos sectores. Ante el incumplimiento de Larreta, está planteado multiplicar el movimiento de lucha, extendiendo su masividad y organización. Este es el camino que seguirá el Polo Obrero para obtener el triunfo de las reivindicaciones.

En la movilización educativa del jueves 12 de mayo vendimos más de 500 periódicos. Este gran piqueteo de Prensa Obrera se dio en el marco de una marcha educativa masiva, como hace muchos años que no se daba en nuestra ciudad. También fue el cuadro de una victoria política de nuestra orientación, que defendió desde el principio ir a la Plaza de Mayo frente a los K y otros que buscaron que termine en el Ministerio de Educación. Además, montamos un gran operativo de colocación del periódico haciendo eje en el Congreso de la UJS (que se realizará hacia fin de mes), el proceso de rebelión docente estudiantil de las facultades y en la necesidad de parar los despidos con grandes manifestaciones obreras.

La lucha obrera y popular contra la nueva ley del trabajo ha entrado en una nueva fase. El gobierno decidió evitar el debate parlamentario porque estaba en minoría y expuso así su descomposición. La respuesta ha sido la organización de una nueva serie de movilizaciones y acciones obreras, y una semana de manifestaciones y huelgas. Para aprobar su ley, el gobierno ha utilizado un mecanismo profundamente antidemocrático, pero propio del régimen político: un artículo de la Constitución (49-3), que permite que un proyecto se convierta en ley sin ser votado por el Parlamento. La única posibilidad de impedir su aprobación es que se presente una moción de censura que se apruebe por mayoría y haga caer al gobierno. El gobierno utiliza el 49-3 porque no tiene mayoría y porque prevé que tampoco la habrá para derribarlo. El procedimiento fue incluso más caricaturesco. Se impidió no sólo la votación de la ley, sino incluso su discusión en el recinto de los diputados; se sabía que algunos artículos clave podían ser rechazados por la izquierda del Partido Socialista. Esta trató de presentar su propia moción de censura, además de la de la derecha, una ruptura entre un gobierno y una parte de su mayoría que no tiene antecedentes. Finalmente, no obtuvieron las 58 firmas necesarias. El gobierno de Hollande está en el aire y puede seguir porque falta menos de un año para las próximas elecciones. Triunfó en 2012 porque hubo un voto popular contra la derecha y contra el presidente saliente, Nicolás Sarkozy, pero el programa del presidente Hollande fue siempre no sólo capitalista sino de austeridad. Esa tarea fue diviendo y licuando a los socialistas, mientras se fortaleció la derecha. La movilización actual tiene, por lo tanto, un significado profundo: es una ruptura de la masa de activistas (lo que Francia llama “el pueblo de izquierda”) con el gobierno del PS a través de una lucha popular contra el ajuste capitalista, con el apoyo de la población. Enfrentamiento general Tratar de frenar esta crisis con un cerrojo parlamentario es intentar tapar el cielo con un pañuelo. Las centrales síndicales decidieron llamar a nuevas jornadas de lucha; la agitación política continúa con “La noche de pie” y la denuncia de la represión policial. Las movilizaciones están llamadas para el martes 17 y el jueves 19; la noche del lunes deben comenzar los piquetes y las huelgas parciales de los camioneros (muy perjudicados por la ley); el miércoles 18 está programada una huelga ferroviaria y también huelgas en el subte y en los aeropuertos. Las confederaciones síndicales confiaron hasta último momento en una salida parlamentaria y quieren evitar a toda costa un enfrentamiento directamente político con el gobierno. Su táctica es la movilización controlada y repetida. Han fracasado hasta ahora en asegurar el orden. Las huelgas y concentraciones están en el centro de la escena porque expresan la fuerza del movimiento obrero, con todas sus limitaciones. Esta fuerza encarna en una capa de militantes. Por ejemplo, el 23 de abril se ha constituido el llamado On bloque tout (Bloqueamos todo), con decenas de estructuras sindicales de base (sobre todo, de la CGT y SUD) y centenares de activistas. Es un grupo minoritario pero no aislado. Una nueva reunión nacional está prevista el 18 de mayo, para darle continuidad al salto cualitativo que puede producirse esta semana. En la CGT, en FO, en SUD, hay múltiples agrupamientos con la misma orientación de base. El activismo sindical y de la juventud es enorme; la experiencia política europea de Podemos y Syriza bloquea en parte este desarrollo, pero los núcleos más militantes y anticapitalistas están avanzando. Como en toda expresión de lucha de masas, la riqueza es enorme y la burguesía quiere apresurar una derrota. Cuenta también con la represión y pretende utilizar los enfrentamientos con los grupos independientes. En la movilización del sábado 28, estos grupos se enfrentaron con el servicio de orden de la CGT. Una manifestación policial está prevista para el miercoles 18. La tensión social y política es muy fuerte; la intervención del movimiento obrero y sus militantes marcará el curso de este período.

“En los últimos meses muchos compañeros, cronistas, movileros de otros medios, han quedado literalmente en la calle. Insisto con esto porque los periodistas queremos preguntar pero para preguntar necesitamos trabajar. Mi solidaridad con todos ellos”. Fue parte del discurso de Mario Massaccesi al recibir su Martín Fierro al mejor cronista/movilero. No fue el único: también el humorista Sebastián Presta (Duro de Domar), el guionista Pablo Ramos (Historia de un Clan) y el panelista Jonatan Viale recordaron a los colegas sin trabajo. Sin embargo, como era de esperar, casi toda la atención de la noche se la llevó Jorge Lanata y el grupo de kirchneristas, conducido por Daniel Fanego, que lo chifló e insultó desde la mesa 43, en el fondo del salón. Lanata les agradeció a Héctor Magnetto, José Aranda y compañía porque “PPT nunca hubiera podido salir al aire sin un canal que lo bancara periodística y técnicamente, y le diera libertad total para salir”. Así, la “libertad de prensa” depende del arbitrio de los patrones, de los dueños de los pulpos capitalistas de la comunicación. La “libertad de prensa” está reservada a los grandes propietarios; ellos, y solo ellos, tienen “el derecho” de decidir qué se emite y qué no. Lanata hizo el elogio del periodismo empresarial, que por supuesto no defiende verdad alguna sino sus intereses y únicamente sus intereses. Por otra parte, Lanata sostuvo que “en general, a los países les va mal por todos los que nunca dicen nada” en referencia a las “mayorías silenciosas”. El periodista se valió de la enorme tribuna que representa el evento, para lanzar una exhortación a los votantes de Macri, a exteriorizar su respaldo al gobierno. Aunque no fue una cadena nacional al estilo clásico, se trató de una variante de ella, que se valió del monopolio ejercido por los grupos empresarios de los medios de comunicación. De todos modos, la exhortación es tardía. Lanata se ha impuesto a sí mismo la tarea quijotesca de revitalizar a un gobierno cuyo capital político se viene consumiendo aceleradamente. Pretende prolongar artificialmente los efectos de la victoria de Macri, cuya imagen se viene desmoronando en forma proporcional al ajuste y su secuela de inflación y tarifazos. Lanata volvió a atacar al “periodismo militante”, a aprovechar el armado mediático corrompido del kirchnerismo para atacar en general a la militancia y al periodismo que va más allá de “las dudas”, del periodismo de investigación que, en efecto, duda y desconfía de sus propias fuentes, que chequea y verifica pero, además, busca transformar en acción, en praxis, los resultados de sus investigaciones. Lanata ignora ex profeso la historia del periodismo desde la aparición del primer periódico de masas durante el primer cuarto del siglo XIX: The North Star (La Estrella del Norte), publicado por obreros cartistas. El primer mass media de la historia fue un periódico obrero, los grandes medios de la burguesía fueron una respuesta a ese fenómeno. La historia del gran periodismo es, sí, la del periodismo militante que se propone transformar la realidad que analiza y sobre la que informa. Por último, “la grieta” de la que habló Lanata es otra falacia, una falsificación. El kirchnerismo no abrió grieta alguna; por el contrario, vino a cerrar la grieta abierta por el Argentinazo, la que abre todos los días la lucha obrera contra el ajuste y los atropellos patronales.

La marcha educativa del jueves 12 permitió colocar más de 500 periódicos. La prensa apenas salía de la imprenta cuando ya estaba en la calle acompañando a los estudiantes universitarios, terciarios y secundarios, y a los docentes de la universidad en lucha. El Partido Obrero, y sobre todo la UJS, organizó un gran operativo de venta a lo largo y a lo ancho de las columnas, y se observó una gran aceptación al título: “Comodoro: así se paran los despidos”. También difundimos las notas de convocatoria a esa misma marcha, el artículo que anuncia la toma de Filosofía y Letras y la convocatoria al Congreso de la UJS, por una organización socialista y revolucionaria de la juventud. Pero esta actividad con el periódico no es un hecho aislado: la venta en piqueteos y en mano está subiendo en todos los frentes, como lo demuestra la colocación de PO en los hospitales (frente en el que nuestra prensa se vende con el planteo de la necesidad de la huelga general para lograr un aumento del 45% para todos los municipales y los médicos de la Ciudad). Esta actividad se produce al calor del descontento frente a los acuerdos vergonzosos que firmó el Sutecba y la Asociación de Médicos Municipales. En las villas porteñas, donde el Polo Obrero resurge con fuerza, Prensa Obrera se vende planteando la necesidad de la organización de los desocupados por trabajo y contra el hambre. También crece su pasaje en los locales barriales que realizan agitación en las esquinas, pidiendo el juicio político al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por la zona liberada contra la juventud en el episodio de Costa Salguero, el “Cromañón del PRO”. Del periódico N°1.408, que convocaba al acto de la Plaza de Mayo, se colocaron en la Ciudad 2.311 periódicos. Lo cual muestra un crecimiento, desde que comenzó la campaña, de un 100% en la colocación de la prensa en la regional. Estos resultados demuestran su vigencia como herramienta de agitación política y como semanario de análisis socialista para generar una conciencia clasista en los trabajadores y ganar a todos los lectores a la construcción de un Partido Obrero de masas para luchar por un gobierno de los proletarios. Esto recién empieza. Ahora estamos discutiendo un plan de venta de 4.000 periódicos en la Capital. con el objetivo de 1.000 suscripciones, sobre la base de un pasaje en mano que hoy es de más de 500 compañeros.

La burguesía ha mandatado a Michel Temer, a avanzar en el trabajo sucio de un ajuste a fondo. El presidente interino había prometido un paquete de medidas que significaba un ataque muy severo a los jubilados y asalariados, a lo que se agregaría un recorte importante de los planes sociales. Pero Temer debe llevar adelante esta empresa en medio de un tembladeral. Por sobre todas las cosas carga con la hipoteca de encabezar un gobierno sospechado por los mismos cargos de corrupción que se le imputan a Rousseff. Pero, a diferencia de ésta, ni siquiera puede invocar que su gobierno proviene del mandato popular. El 60 por ciento de los senadores encargados de decidir la suerte de la presidenta suspendida están procesados por la Justicia. El desplazamiento de Eduardo Cunha, titular de la Cámara de Diputados, fue impulsado por el propio Temer, que intenta despegarse de sus aliados más impresentables y quiere levantar una imagen seriamente cuestionada por la abrumadora mayoría de la población. Si bien Temer dijo que no temía ser “impopular” y tomar las medidas que hicieran falta, evitó en el arranque “los temas económicos más espinosos, como la reforma de las jubilaciones o la alteración del sistema de indexación de los salarios” (La Nación, 17/5). Tampoco hubo una referencia clara a los planes sociales. La vaguedad de los anuncios acerca del ajuste se reflejó en la reacción de los “mercados”. La caída de la bolsa con que se recibió la primera jornada de gobierno de Temer es una señal de desaprobación de la clase capitalista. Los círculos empresarios le acaban de bajar el pulgar a la tentativa del nuevo ministro de Hacienda de imponer un nuevo impuesto. Se trata de la Contribución Provisoria al Movimiento Financiero (CPMF), “públicamente detestado por el empresariado brasileño, especialmente el del poderoso Estado de San Pablo” (Clarín, 17/5). Este anuncio provocó, de entrada, la primera crisis de gabinete. El flamante secretario general de la Presidencia, Geddel Vieira Lima, mano derecha del titular del Ejecutivo, rechazó la estrategia. La burguesía ha salido desde el vamos a marcarle la cancha al nuevo mandatario, exigiendo que todo el peso de la crisis sea descargado sobre los trabajadores. Un arranque demasiado “tímido” como el que se produjo en este debut podría provocar tempranamente un desencanto en la clase capitalista y la pérdida de apoyo de grupos empresarios clave que fogonearon su asunción. Temer esta jaqueado en todos los frentes. Los primeros pasos por poner en marcha la reforma laboral despertaron la condena generalizada de todos los sectores del movimiento obrero, incluida la central Fuerza Sindical, su principal aliada en este campo. Los anuncios de Temer, aunque no satisficieron las expectativas de la burguesía, fueron suficientes para desatar cacerolazos y manifestaciones de descontento en las principales ciudades del país. Una experiencia agotada Existen condiciones para librar una batalla contra el ajuste y derrotar al nuevo gobierno. Pero esa tarea excede la capacidad y las posibilidades del PT. A la par del distanciamiento de la clase capitalista que le soltó la mano, el PT viene sufriendo un deterioro acelerado de su propia base de apoyo popular. Las concentraciones convocadas por el PT fueron retrocediendo en cantidad de concurrentes. La jornada de movilizaciones y paros que convocó la CUT, coincidentes con la sesión del Senado que debía decidir la suerte de Rousseff, pasó sin pena ni gloria. La medida de fuerza fue acatada a cuentagotas en la clase obrera fabril y entre los trabajadores. La presencia en las calles se limitó a cortes sostenidos por apenas unos centenares de militantes. La central obrera ni siquiera tomó la iniciativa de convocar a movilizaciones generales en las principales ciudades. Este triste desenlace no proviene de la fortaleza del golpismo sino de las limitaciones insalvables del PT. Rousseff, Lula y sus seguidores no tienen para ofrecer un programa alternativo al que plantea la derecha. Hasta último momento, se empeñaron en protagonizar el giro neoliberal y el ajuste que ahora tardíamente denuncian que pretenden llevar adelante sus contendientes. En estas condiciones, la suerte de la presidenta desplazada ya estaba echada. Eso explica que ella se abrazara desesperadamente a un recurso palaciego que se reveló inservible. Confió en que el máximo tribunal del país (STF) oficiara de árbitro, cuando el Poder Judicial se ha constituido en uno de los vehículos de la conspiración golpista. Perspectivas El nuevo gobierno deberá demostrar si cuenta con la capacidad y los recursos económicos y políticos para pilotear la crisis. Ingresamos en una nueva transición política convulsiva. El desenlace actual no cierra la crisis, solo es un episodio de ella. El fracaso de Temer podría precipitar la convocatoria a elecciones adelantadas. Temer debe mirarse en el espejo de Macri, y en el impasse que atraviesan los ajustadores argentinos. Dicho sea de paso, el silencio completo de la Casa Rosada delata la complicidad del gobierno argentino con el golpe brasileño. Los cinco meses de macrismo demuestran que las transiciones de los llamados gobiernos “populistas” a la derecha financiera se caracterizan por una acentuación de las contradicciones económicas, una agudización de la lucha de clases y una tendencia a la crisis política. Es desde este estadio más elevado de la crisis de dominación como debe abordarse la nueva etapa. Los trabajadores deben condenar resueltamente el golpe y oponerse al gobierno de Temer, pero desde una postura independiente, desembarazándose de cualquier atadura al PT. Los dirigentes del PT prometen una “resistencia” que no llevaron adelante cuando fueron gobierno. Se trata de una impostura: Rousseff no cayó resistiendo al capital sino pactando con él. La clase obrera debe emerger con factor independiente en la crisis. En estas circunstancias cobra mayor relevancia el llamado a convocar un congreso de delegados de base de las centrales obreras, organizaciones y tendencias del movimiento obrero para enfrentar al ajuste y discutir un salida obrera frente a la crisis nacional. Los sindicatos combativos -empezando por Conlutas- y la izquierda deben ponerse a la cabeza de esta iniciativa.

El régimen represivo turco liderado por Tayyip Erdogan envió a juicio a seis mujeres militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP) por haber convocado al día internacional de la Mujer (8 de Marzo) en solidaridad con las mujeres kurdas brutalmente masacradas y perseguidas por las fuerzas de seguridad de Turquía. El 6 de marzo, las militantes del DIP se encontraban repartiendo panfletos que denunciaban la represión estatal sobre el pueblo kurdo, e invitando a las mujeres a unirse a la movilización en Corlu, una ciudad industrial al este de Estambul. Estas mujeres, internacionalistas y revolucionarias, son acusadas de realizar “propaganda terrorista” por el Estado turco -que utiliza todos los medios a su disposición para llevar adelante una guerra civil contra el pueblo kurdo y la clase obrera turca. El terrorismo es de Erdogan y de su régimen de excepción, responsable de las masacres de Suruc (20 de julio) y Ankara (10 de octubre), y del sitio sobre Kobane. Precisamente, el panfleto del DIP denunciaba que el año pasado las fuerzas de seguridad estatales habían violado, matado y arrastrado el cuerpo desnudo de la guerrillera kurda Ekin Van en la ciudad de Varto, en medio de la campaña de Erdogan para propagar el terror en la población. Las militantes detenidas se solidarizaban con la causa kurda y con la lucha de las mujeres kurdas. El DIP llamó a convocar, a lo largo y ancho del país, grupos de autodefensas compuestos de mujeres que enfrenten la violencia del Estado. También hizo una convocatoria internacional a “todas las fuerzas que luchan contra la opresión de la mujer y por los legítimos derechos del pueblo kurdo, a expresar su solidaridad, de la manera que les parezca apropiada, a los defensores de este caso antes de la sesión de apertura de la corte de Assize en Corlu, el próximo jueves 26 de mayo”.