Prensa Obrera N° 1410

Alrededor de 2500 trabajadores No Docentes pertenecientes a 24 institutos diferentes de la Universidad de Buenos Aires, marchamos el 5 de mayo desde Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno. El paro, convocado por la burocracia del gremio Apuba, que nuclea a 13 mil trabajadores, fue en reclamo de que se "ejecute el presupuesto" votado en el Congreso el año pasado y para que se convoque a paritarias. También colaron entre las consignas la eliminación de ganancias y el 82% móvil. En el año 2012 habían sacado un comunicado ante el paro nacional por la modificación del mínimo no imponible, en la que anunciaban el carnereaje y su adhesión al cobro del impuesto al salario. Dos días antes de concretarse este paro de 24 hs con movilización, Macri se reunió con 17 Rectores en representación de las 53 Universidades Nacionales y les prometió la ejecución del presupuesto votado en octubre del año pasado, 500 millones extras y negociación paritaria. El gobierno ajustador le dio respuesta a los reclamos que la Directiva del Gremio Apuba eligió para encabezar la marcha y el paro, el primer paro por cuestiones de demandas laborales convocado en 16 años. Es evidente que no se trata de un mérito del gobierno que privatiza y recorta el presupuesto, sino de un demérito de una Directiva que no se animó a convocar a una sola asamblea, y que no colocó las demandas más sentidas de los trabajadores entre sus prioridades: paritarias sin monto es una entregada que muestra que no hay disposición a luchar para hacer retroceder el ajuste, y pedir “ejecución” de un presupuesto votado hace 10 meses, es una entregada completa porque ese presupuesto, aún con el miserable plus de 500 millones para las 53 Universidades Nacionales, no alcanza para resolver las cuestiones de fondo. Mientras estábamos movilizados, el Secretario General del Gremio de los No Docentes anunció que había sido convocada la paritaria, en manos de la Federación Nacional Fatun, para el próximo 11 de mayo, o sea en los tiempos en los que habitualmente se convoca. Sociales, ejemplo y referencia Antes de salir para la movilización, en Sociales se hizo una asamblea que llegó a nuclear a unos 150 compañeros y compañeras. En ella se ratificó el pedido de una paritaria que no cierre por debajo del 45%, el aumento presupuestario contra el pedido de ejecución del presupuesto existente que hace la Directiva, el reclamo de pase a planta de contratados y tercerizados, plata para las recategorizaciones y para poner en pie al sector educativo y asistencial de la Universidad, vaciado durante los últimos años. Y también reclamamos que la paritaria local salte a 8000 pesos hoy más la indexación de acuerdo al cierre de la paritaria nacional. Marchamos de manera destacada, planteando que el método de convocatoria de las medidas de lucha debe ser la convocatoria a Asamblea, cantamos reclamándola junto al pronunciamiento por un Plan de Lucha hasta derrotar el ajuste. Grandes reservas de lucha y acción anidan entre los No Docentes en contraste con la voluntad de entrega de parte de la burocracia. Sólo desarrollando esas reservas de lucha, haciendo asambleas y votando planes de lucha podremos doblegar a las autoridades del ministerio de Macri y al Consejo Superior que votó el autoajuste hace apenas una semana en una unidad de acción total entre kirchneristas y macristas. ¡Vamos los No Docentes de la UBA!

La Diputada Gabriela Jorge y la Senadora Gabriela Cerrano se reunieron con representantes del Observatorio de Violencia hacia la Mujer, donde plantearon la necesidad del tratamiento de una agenda inmediata sobre los derechos de las mujeres. El Observatorio fue creado por Urtubey para disimular su rabiosa política contra los derechos de las mujeres. Esta política incluye uno de los decretos más retrógrados con relación a la reglamentación del aborto no punible, la educación religiosa obligatoria en el sistema educativo público, la exclusividad de educación religiosa en profesiones claves tales como el Derecho, y la designación de jueces misóginos sin atenuantes. El “observatorio” está integrado por miembros de la Multisectorial de la Mujer de la provincia, docentes universitarias, militantes de Libres del Sur que integran el gobierno provincial, del Partido Socialista y del Frente Grande. Aborto No Punible y Fertilización Asistida Las parlamentarias del Partido Obrero plantearon la urgencia de la creación un Protocolo Provincial de Aborto No Punible que supere la actual reglamentación restrictiva y reaccionaria implementada por Urtubey, la cual atenta contra el derecho de la mujer a acceder a un aborto no punible en caso de violación, por razones de cuidado de salud de la gestante o por inviabilidad del feto. A su vez, plantearon la necesidad acuciante de la adhesión de la Provincia a la Ley de Fertilización Asistida. Actualmente, aunque existe dicho instrumento legal, se impide a la mujer trabajadora acceder a él en los hospitales públicos, al que concurren a causa de los altos costos que tienen en la salud privada. El Estado salteño no garantiza el derecho de las mujeres pobres a ser madres cuando lo desean, ni tampoco el derecho a no serlo. #LibertadParaBelén y rechazo a Robbio Saravia como Juez Frente al reclamo que crece entre el movimiento de mujeres por la libertad para Belén y el reclamo de la nulidad de la condena, las parlamentarias del PO propusieron un pronunciamiento inmediato de dicha institución. El caso de Belén, una joven tucumana acusada de abortar, es un claro intento de criminalización de las mujeres pobres y muestra el tutelaje de la iglesia sobre la justicia y la salud pública. Las legisladoras, Cerrano y Jorge, demandaron un pronunciamiento en contra de la postulación de Robbio Saravia para Juez en lo Contencioso Administrativo. Saravia tiene denuncias de violencia familiar que son de público conocimiento. Su postulación y su posible nombramiento no hacen más que legitimar la violencia hacia las mujeres en nuestra provincia. Las respuestas del Observatorio En todos los casos, las integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, contestaron que el organismo como institución no puede pronunciarse en “casos particulares”. Pero la Senadora Cerrano y la Diputada Jorge pusieron de relieve que en diciembre pasado el Observatorio se pronunció en defensa de la Intendente Vega de Cerrillos, ante agresiones públicas que aquella había recibido. Pero no actuó de igual manera cuando esa misma intendenta encarceló apenas un mes después a siete trabajadoras a las que previamente había despedido. El Observatorio apoya al poder de turno, no a las mujeres que son discriminadas y atacadas por el Estado. La justificación de enemigos de los derechos de las mujeres por parte de las integrantes del Observatorio fue muy lejos. Rechazaron repudiar la postulación como juez de Robbio Saravia, ya que “hay muchos igual a él en la Justicia”. Las integrantes del Observatorio terminan siendo ellas mismas promotoras de personajes oscuros como Gabriela Buabsé, quien fue ascendida a Fiscal luego de haber culpado a una nena de 9 años que fue violada y a su madre, ya que según su informe la pequeña víctima “no se muestra como niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo” (El Tribuno 12/2012). Al día de hoy el “Observatorio” no ha reclamado la separación como fiscal ni ha “observado” el daño que esta funcionaria le inflige a las mujeres salteñas. Las respuestas del Observatorio a los planteos de las bancas del Partido Obrero ponen de relieve la verdadera grieta -entre el poder político y económico y las mujeres pobres de nuestra provincia. Es el responsable de esta situación es del gobierno y sus organismos satélites, creados para embellecer esta políticas. Fuera Robbio Saravia Luego de esta discusión y de las denuncias públicas de nuestras parlamentarias , sumado al repudio popular que generó, el gobernador debió retirar el pliego de Robbio Saravia, un importante logro de quienes defendemos a fondo los derechos de las mujeres en nuestra provincia. Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero, impulsamos la elección de un organismo propio de las mujeres, electo por el padrón femenino desde los 13 años de edad, que tenga independencia política de los gobiernos de turno e independencia presupuestaria para impulsar políticas de defensa de las mujeres, denunciar las designaciones de jueces que ejercen impunemente su poder contra las mujeres pobres y en favor de la minoría que detenta el poder económico y social política y religiosa, en las provincias y en el país.

Mientras 50 mil personas se movilizaban en Comodoro Rivadavia contra los despidos en la industria petrolera, los bloques oficialistas y “opositores” del Congreso tejían una maniobra para neutralizar cualquier disposición que obstaculice la ola de despidos. Y aún más, pretenden avanzar en una mayor flexibilización laboral, en sintonía con los planes del oficialismo. El nuevo jefe del peronismo junto a Scioli, José Luis “Barrick” Gioja, entró en acción para sumarse al operativo de “abrir” la ley antidespidos que aprobó el Senado. Esa media sanción ya había sido una maniobra para recortar a seis meses y sin retroactividad alguna un dictamen previo, de la Comisión de Trabajo de Diputados, que abarcaba desde el 1º de marzo al 31 de diciembre de 2017. Junto a ese dictamen de mayoría en Diputados, está el dictamen de minoría del Partido Obrero, que constituye un programa integral de reparto de horas sin afectar el salario, de expropiación de toda empresa que cierre, apertura de libros a comisiones obreras anulando el recurso preventivo de crisis, amparo y blanqueo del despedido en negro y cuya vigencia es desde el 1º de diciembre pasado hasta el final de 2017. La “apertura” de la media sanción del Senado es capitaneada por Massa y por el bloque Justicialista de la burocracia del Smata, Bossio y los legisladores de Urtubey. Pero al entrar Gioja, se ha transformado en una discusión del “panperonismo”, lo cual compromete en este barro a diferentes alas de la burocracia sindical. ¿En qué consiste la “apertura”? El operativo es transformar la mezquina y autodenominada “ley antidespidos” en una norma de “promoción del empleo y de promoción de las Pymes”. Se trata de una confluencia con la “ley de empleo joven” propuesta por el ministro macrista Jorge Triaca, que consiste en el abaratamiento de la mano de obra de jóvenes de 20 a 24 años. A esa disposición, Massa le agrega, 'filantrópicamente', las personas mayores de 50 – que de todos modos quedarán desplazadas por el empleo joven “promocionado”. La “promoción” consiste en la exención de cargas sociales durante dos años, de manera total o parcial, o sea, un subsidio a las patronales. El apoyo a las Pymes, con el cual se han llenado la boca en el debate parlamentario todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente de Izquierda, pasando por el FPV y todos sus matices, consistirá, o bien en exceptuarlas de la prohibición del despido, o en establecer ventajas impositivas y también de cargas patronales en su favor. Estos subsidios desfinanciarán todavía más al Anses, o al erario público, a costa de los contribuyentes. Hay que tener en cuenta que miles de Pymes son tercerizadas, satélites y hasta testaferros del gran capital. Muchas de ellas facturan fortunas con planteles reducidos, por ser empresas altamente tecnificadas y con mínima mano de obra. En cualquier caso, sea por “empleo joven” o por ventajas impositiva, el abaratamiento de la nueva fuerza laboral invitará a los empresarios a desprenderse del trabajador antiguo, que cuenta con mejores condiciones laborales y salariales. La exención por dos años financia la indemnización mediante retiro voluntario o jubilación adelantada de los más antiguos, habilitando a una reforma antilaboral encubierta bajo el nombre de “primer empleo”. Es una remanida estrategia de flexibilización laboral, para descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores y recomponer la tasa de beneficio del capital a costa de una mayor explotación obrera. Empero, en esta operación “apertura”, que transforma la ley “antidespidos” en “pro-despidos”, todavía persistirían las cláusulas de prohibición de despidos y aún de suspensiones de la norma original del Senado. Pero ello se ´resolvería´ con un veto parcial de Macri. De ese modo los diputados le evitarían al presidente el “costo político” de un veto total contra la “emergencia ocupacional”. Semejante norma hasta podría tener votos oficialistas en el parlamento, que votarían en particular contra las cláusulas antidespidos y que luego, naturalmente, no se sumarán a los dos tercios necesarios para insistir en la ley original y desautorizar el veto. Aún para el caso de dos leyes (una sobre los despidos y la otra sobre los ´incentivos´ a las Pymes), algo que tratan de evitar desde el poder y particularmente desde sus socios políticos Massa o Bossio, se plantearía la aprobación conjunta de ambas –y luego el veto de Macri hacia una de ellas. La perfidia de este operativo político debe ser denunciada con toda su fuerza. Los partidos del régimen, que ya han coincidido en la aprobación del pacto buitre, pretenden mostrarse “preocupados” ante la cuestión del empleo, mientras no vacilan en abrirle paso a una norma cesanteadora y flexibilizadora. Nuestro papel ante todas estas maniobras tiene que ser muy claro. A este operativo, le oponemos un programa obrero basado en el reparto de horas sin afectar el salario, para que la crisis la paguen los capitalistas. Denunciamos el camino de derrota y acompañamiento del ajuste que significa la política de la burocracia sindical, responsable de la parlamentarización de la cuestión, cuando siguen lloviendo despidos a razón de mil telegramas por día. Mientras Gioja abría su despacho para estas “finas maniobras”, 50000 trabajadores y pobladores se movilizaban en Comodoro Rivadavía ante los despidos permanentes en la industria petrolera y todas las actividades derivadas. En Tierra del Fuego, se producía una nueva movilización masiva contra la represión, tras 65 días de huelga. La política de la burocracia debe ser denunciada incluso si llega a la convocatoria a un paro nacional aislado, que sólo apuntaría a descomprimir la tensión que provocaría un veto total o parcial de Macri, en el cuadro de los despidos y de la carestía creciente. Sería parte del paisaje de contención. Nuestra política es armar a los trabajadores para responder con la huelga y la ocupación de los lugares de trabajo ante despidos masivos, y preparar las condiciones en cada gremio para que un paro nacional sea el comienzo de un plan y una lucha de conjunto para derrotar los despidos y el ajuste.

Quince mil personas se movilizaron en La Plata el viernes 6 de mayo para exigirle a Vidal la implementación del Boleto Gratuito para los estudiantes de toda la provincia, triplicando la importante marcha realizada el pasado 14 de abril. La contundente demostración de que este reclamo se extiende y el movimiento se fortalece es un golpe al gobierno provincial, que no ha podido cerrar ningún frente de conflicto (paritarias de estatales, judiciales y médicos) y que deberá hacer frente ahora a la comunidad educativa que retoma la lucha contra el ahogo presupuestario y contra el derrumbe edilicio. Está planteada la continuidad de un plan de lucha que se desarrolle a lo largo y a lo ancho de toda la provincia (hubo acciones en Bahía Blanca, Mar del Plata, Villa Gesell, Junín; además de la masiva concurrencia de estudiantes del Conurbano a la capital provincial). Apuntamos a poner en pie un verdadero estudiantazo por todos los reclamos en agenda, contra el ajuste educativo y los continuos golpes al bolsillo del trabajador. El intento de copamiento del PJ… Tanto la preparación de la marcha del 6 como la propia movilización estuvieron atravesadas por una fuerte lucha política. Ocurre que a tres días de su realización el PJ y Patria Grande informaron a la reunión de la Coordinadora por el Boleto su acuerdo de que la cabecera de la marcha fueran las banderas de la FULP, de un lado de la calzada, y del “Frente de Estudiantes del Conurbano”, del otro; y de que el acto fuera copado por la Celeste de Baradel. El FEC –creado en enero por iniciativa de los intendentes pejotistas que sobrevivieron a las elecciones y por las camarillas universitarias- había hecho su debut en esta Coordinadora (conformada en 2014) un mes antes, cuando asistió para intentar levantar la convocatoria del 14 de abril… porque se superponía con ir a bancar a Cristina en sus declaraciones por el fenomenal negociado del dólar futuro. El acuerdo para montarse al frente de la movilización no solo era inaceptable por subordinar detrás de sí a los gremios de estudiantes y trabajadores de la educación, que vienen peleando por el Boleto desde que el PJ se encontraba del otro lado del mostrador. Se trataba, fundamentalmente, de un operativo para ubicarse de este lado de “la grieta” (el de los que enfrentan el ajuste) tratando de esconder que forman parte del armado de gobernabilidad de Macri y Vidal, apoyando el Pacto Buitre y aprobando el Presupuesto en que se basa la gobernadora para afirmar que el Boleto es “inviable desde lo fiscal”. El intendente de Moreno, Walter Festa, que fue uno de los garantes de la aprobación del presupuesto de Vidal, estaba presente en la columna del FEC. El Frente para la Victoria ajusta y reprime en las provincias que gobierna (Santa Cruz, Tierra del Fuego). Scioli y Mariotto fueron los enemigos número uno del Boleto Educativo Gratuito, excluyendo a docentes y auxiliares primero, y oponiéndose a su reglamentación, después. … a fuerza de patotas Ya en la marcha, el acuerdo entre Patria Grande y el FEC se consumó con un cordón que formó una patota del PJ para impedir, a las piñas, el avance de la columna conformada por la secretaría general de la FULP, la FUBA, los SUTEBA multicolor de La Plata y Ensenada, la AGD-UBA y varios centros terciarios y secundarios. El ataque forzó a la columna independiente a emprender otro recorrido, encabezando a miles de estudiantes y docentes hasta la Gobernación, para luego cerrar con un acto en las puertas de la Legislatura bonaerense. La cabecera del peronismo y Patria Grande desistió de acudir al poder político y se quedó frente al Ministerio de Obras Públicas, demostrando que el contenido político de este acuerdo es el cuidado de la gobernabilidad. Es un espejo del papel de la burocracia sindical como factor de contención del movimiento obrero, que organizó una movilización lejos de la Casa Rosada y el Congreso para disimular su rechazo a convocar un paro nacional. El FEC son los Moyano y los Caló del movimiento estudiantil, los herederos de Curto y Othacehé. Son las agrupaciones que se niegan a motorizar acciones de lucha en las universidades del conurbano donde son dirección, porque son correas de transmisión de las autoridades. El PCR, el nuevo MAS, Izquierda Socialista y casi la totalidad de la izquierda les hizo de comparsa. La lucha política de la UJS Durante los tres días previos a la movilización, la UJS impulsó las incontables asambleas y reuniones que se realizaron en todos los lugares de estudio de La Plata y el Conurbano, para defender la convocatoria y rechazar el copamiento del PJ. Ligamos este rechazo a la reivindicación de la continuidad de un plan de acciones de lucha que lleva más de dos años y que se anotó masivas marchas, organizadas siempre por la FULP, los SUTEBA combativos y ATE junto a centros independientes del Conurbano (nunca los conducidos por los K, que boicotearon sistemáticamente). En todas estas instancias impulsamos además la resolución de nuevas medidas de lucha por el conjunto de los reclamos de la comunidad educativa, en especial la asistencia a la marcha del jueves 12 a Plaza de Mayo. Media docena de facultades de la UNLP votaron nuestra propuesta de realizar un Congreso Extraordinario de la FULP por un plan de lucha para conquistar el Boleto, por presupuesto y en apoyo a la lucha docente. En los colegios e institutos se votaron acciones contra el derrumbe edilicio. La lucha política contra el encorsetamiento del movimiento estudiantil es la pelea por desarrollar a fondo todo el enorme potencial del movimiento educativo para quebrar el ajuste de Vidal y de Macri. En esa perspectiva realizaremos plenarios abiertos en todos los lugares de estudio. En ellos discutiremos, a su vez, la asistencia masiva al Congreso Nacional de la UJS el 28 y 29 de mayo, ante la necesidad de construir una organización socialista de masas de la juventud, que rompa el intento de “agrietar” a la clase obrera y a los jóvenes entre dos variantes igual de aferradas al rescate capitalista a costa de los trabajadores. Al calor de este vasto movimiento de lucha, la juventud debe sacar todas las conclusiones políticas acerca de la necesidad de contar con nuestra propia alternativa política.

Con la titulada “ley de promoción del primer empleo y de formalización del trabajo”, Jorge Triaca está haciendo honor a su prosapia, como hijo del primer ministro de trabajo de Menem. Y, desde luego, también está haciendo honor a la orientación del gobierno Macri, centrado en descargar la bancarrota nacional sobre las espaldas de los trabajadores, junto a los gobernadores y la totalidad de la clase capitalista. La ley se pretende a sí misma como un instrumento para combatir la desocupación juvenil y el trabajo en negro, que, según sus fundamentos, “alcanza al 40%, llegando en algunas provincias al 50%, números más preocupantes aún en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años”. Para combatir semejante flagelo, propone un régimen de amnistía de evasiones, multas y deudas con todo el sistema de seguridad social por parte de las patronales. La norma confluye con el régimen de “primer empleo”, que a su vez propone sensibles rebajas de aportes patronales a los amnistiados. Es decir, es un sistema de premios a los evasores y “negreros” para que dejen de serlo. Pero más allá de la repugnancia que produce semejante premio, el 22 de mayo de 2014, a iniciativa de Cristina Kirchner, se votó una ley de rebajas de este tipo en las empresas de hasta 80 trabajadores (Triaca extiende esto hasta los 200). El propio Triaca marca que esa ley ha fracasado en toda la línea, puesto que en aquel entonces el trabajo en negro estaba en un 34,6% según las mediciones oficiales, y hoy, dos años después, trepó al 40%. Claro, aquella ley tuvo el voto macrista, de renovadores y “progresistas”. Sólo el Partido Obrero la rechazó mediante un dictamen de minoría que es una ley integral de blanqueo real, por la cual todo trabajador que notifique su situación al Estado y a la patronal, será blanqueado y gozará de estabilidad laboral por cinco años. Algo que incluimos en nuestro proyecto actual de prohibición de despidos, bajo la forma de la reincorporación y blanqueo del trabajador en negro que sea despedido. Nuestro proyecto de ley de blanqueo parte de un principio de movilización de los afectados, brindándoles garantías ante el despido, contra el régimen de inspectores, absolutamente impotente y escaso, cuando no cómplice. La disposición de “blanqueo” confluye con la del subsidio a las Pymes por empleo joven de primera vez o jóvenes que hubieran trabajado con no más de 36 meses de aportes. Las exenciones pueden alcanzar hasta el 100% de los compromisos previsionales a determinar en la reglamentación por el Poder Ejecutivo, de manera que se legisla un cheque en blanco. También se establece otro incentivo de hasta el 8% de la masa salarial bruta que provendrá de rentas generales. Semejante subsidio es, desde luego, un poderoso impulso al despido de los más antiguos, con mejores salarios y condiciones laborales, con antigüedad, categorización y distintos derechos adquiridos. Aunque la ley proponga que se aplica sólo al aumento de la plantilla de “contratos por tiempo indeterminado del último trimestre de 2015”, nada impide el reemplazo de trabajadores que son eyectados por retiros voluntarios, jubilaciones adelantadas, cortes de contratos y aún despidos que nadie controla, de no mediar una organización obrera en el lugar. Con estas ventajas, las empresas financian los retiros de los antiguos con las exenciones de los nuevos. Es la gratuidad patronal de una rotación a la baja. Semejante subsidio a las Pymes alimenta otro fenómeno de la flexbilización laboral: las tercerizadas. Las grandes empresas, no comprendidas en el subsidio, acentuarán el método de la tercerización para bajar costos laborales, romper la unidad obrera de convenio y precarizar la mano de obra haciendo más fácil el despido. Muchas de las tercerizadas son testaferras o satélites de las principales. La ley indica que “el Poder Ejecutivo adoptará los recaudos para no desfinanciar el sistema de seguridad social”. Una mera exhortación. Se trata de miles de millones que no están financiados por impuesto sustituto alguno y que inexorablemente desfinanciarán al Anses. Es decir que es un subsidio de los trabajadores al capital y, en el mejor de los casos (que el Tesoro financie al Anses), será un costo a cargo de los contribuyentes. En resumen, la ley Triaca es una nueva transferencia de los trabajadores a los capitalistas con un objetivo estratégico, de fondo, el de una mayor flexibilización laboral. Debemos rechazarla de plano y rechazar cualquier incorporación a las leyes de prohibición de despidos de normas en este sentido, lo que las transforma de ley antidespidos en leyes pro-despidos.

La lucha docente y estudiantil dio un nuevo salto con la decisión de tomar la facultad con clases públicas desde el lunes (ver http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/juventud/filosofia-y-letras-tomada-dia-1 ). Durante el martes, la primera jornada completa con la facultad tomada, las clases públicas se multiplicaron por decenas en cada franja horaria, y realizamos un exitoso corte en Rivadavia y Puán. Las manifestaciones de apoyo por parte de estudiantes, docentes, no docentes e incluso de periodistas y vecinos no paran de crecer. Un hecho destacable de la jornada fue el papel jugado por el kirchnerismo, que gobierna la facultad. La gestión de Morgade se vio obligada a suspender la sesión de Consejo Directivo, y en cada comunicado se evidencia la intención de no confrontar con medidas que producen una inmensa adhesión. Sin embargo, en la votación del presupuesto del Consejo Superior se abstuvieron; y más clarificador fue lo sucedido en el Consejo Directivo de Filo semanas atrás, donde impugnaron nuestro proyecto de rechazar el presupuesto de ajuste. Es un “aporte a la gobernabilidad” de Macri y Barbieri, como los de los senadores del FPV que votaron el Pacto Buitre o la burocracia sindical que deja pasar los despidos y las paritarias a la baja. Esto en nombre de solicitar una partida presupuestaria extra, es decir, en el sentido de los 500 millones anunciados por Macri la semana pasada que representan el 1% de aumento. Sucede que "reivindican" el presupuesto aprobado por el Congreso el año pasado, enviado por Axel Kicillof. Con ese monto, los docentes ad honorem seguirán sin cobrar, los estudiantes seguirán sin becas, y el edificio seguirá en caída libre. Mientras tanto, seguirán haciendo negocios con el Laboratorio de Idiomas, en lugar de garantizar la gratuidad de todos los contenidos, y negándose a financiar las becas de apuntes. La suspensión del Consejo procura evitar que emerjan estas reivindicaciones, que los delatan como parte del régimen ajustador. El trabajo sucio de atacar la toma fue ejecutado por las agrupaciones estudiantiles kirchneristas, agrupadas en el FUP. Junto a Patria Grande, fueron los únicos que se opusieron a la medida en las asambleas, reclamando el “normal funcionamiento” de la facultad, e incluso emitieron un comunicado para despegarse de la misma. El parloteo sobre la “unidad” es un llamado a cerrar filas con la gestión, mientras despotrican contra la unidad efectiva y en la lucha de los estudiantes y trabajadores que defienden la educación pública. Actúan en tándem con las direcciones de la Conadu Yasky (Feduba) e incluso la Fedun de Moyano, que junto a rectores y autoridades universitarias quieren restringir la movilización del jueves al Palacio Pizzurno, evitando colocar la responsabilidad en el centro del poder político. Se trata de quienes entregaron la paritaria docente por 18 meses por un lado, y los que se juntaron con Macri para celebrar la migaja de los 500 millones, por el otro. Nuevamente, los compromisos con el régimen actúan como un freno a la lucha. La enorme asamblea que cerró la jornada, que fue la más grande del año, rechazó este operativo bajo la premisa de que para derrotar el ajuste de Macri y las autoridades es necesario llevar nuestra lucha a fondo. Resolvimos continuar la toma hasta el jueves para concurrir masivamente a la movilización y participar del acto en Plaza de Mayo junto a la Fuba y la Conadu H. A su vez, replicaremos el corte de Rivadavia el jueves a la mañana llamando a todos los centros de estudiantes a producir una rebelión educativa. En la universidad, la verdadera grieta coloca a los estudiantes, docentes y no docentes de un lado, y a las autoridades y el gobierno del otro. Con tomas, cortes, clases públicas y movilizaciones masivas, podemos derrotarlos.

En el marco del ajuste general, se ha agudizado la lucha en torno de la propiedad y el usufructo de los espacios públicos. En Capital Federal hemos visto las consecuencias de la explotación de tierras fiscales en beneficio privado, como sucedió en Costa Salguero con la fiesta mortal de Time Warp, también cómo las rejas empezaron a instalarse por todas las plazas y parques de la Ciudad. Esta tendencia profundiza el desfinanciamiento de los espacios públicos destinados a la recreación, el deporte y la cultura y la confiscación de varios de estos inmuebles en beneficio del lucro privado. Con la anuencia del kirchnerismo y otros bloques patronales en la Legislatura porteña, el Gobierno de la Ciudad, desde hace años, viene concesionado mediante decretos los polideportivos públicos a empresarios privados. Por caso, los usuarios del Polideportivo Colegiales han tenido que salir a enfrentar el decreto que fijaba la licitación de la mitad de ese predio a concesionarios privados, frenando parcialmente la iniciativa. Pese a la oposición de los vecinos, el jefe de Gobierno Larreta ha decidido cerrarlo por tres semanas para desarrollar el evento gastronómico privado “Masticar”, que sólo en el acceso al patio de comidas recauda para entrar 80 pesos por persona. Mientras que el Gobierno de la Ciudad cedió 9 millones de pesos para la organización de este evento, le adeuda al polideportivo las obras de mantenimiento. Este también es el caso del Polideportivo de San Cristóbal, donde desde hace tiempo vecinos y deportistas se están organizados contra el cierre. Frente a las protestas sucesivas, con cortes de calles y murgazos contra el desalojo, se presentaron varios funcionarios para justificar la decisión con el argumento de que el gobierno necesita el predio, aunque ninguno pudo dejar en claro para qué o por qué tiene que ser precisamente en este lugar, donde funciona un merendero que alimenta a centenares de pibes, una responsabilidad que el Estado ha tercerizado sobre una ONG. La defensa del negocio privado y la especulación inmobiliaria por parte del Gobierno de la Ciudad es feroz. Lo sucedido en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, donde una patota del PRO apuñaló en el cuello a un compañero de Boca Es Pueblo, es una muestra de eso. La violenta agresión vehiculizada por un funcionario del CC se da en el marco del "debate" sobre los terrenos de Casa Amarilla, que iban a ser destinados en primera instancia para viviendas sociales, donde se anotaron 12.000 personas para un plan de 4.000 viviendas. Ahora quieren utilizar el predio para el estadio shopping de Boca Juniors. La defensa de los polideportivos públicos es la defensa del suelo urbano para los trabajadores, y del deporte como derecho dela juventud y la niñez a la recreación, la actividad física y el ocio. Con magros salarios, muy por detrás del costo de vida, la cuota de un club privado es un privilegio para unos pocos. Necesitamos una lucha de conjunto contra este ajuste en el espacio público. Por eso convocamos a los vecinos, deportistas y activistas a unificar la lucha de todos los polideportivos. Por asambleas barriales que fijen un plan de lucha por la defensa irrestricta de los espacios públicos, sin rejas ni restricciones, por clubes deportivos accesibles para todos. Movilicémonos al poder político a exigir más presupuesto para deportes y cultura.

Delegados de Foetra de los edificios República, Golf, Humahuaca, Libertad, Talcahuano, Personal Edificio Caballito, Personal Edificio Florida, Sarandí, Talcahuano, Arnet, Humahuaca, Palermo Parque, Floresta, Flores Volta, Culpina y Talar de Pacheco nos hicimos presentes la semana pasada en la sede del Sindicato Buenos Aires, para hacer entrega de un petitorio con la firma de 57 delegados, exigiendo la urgente convocatoria al plenario de delegados para discutir la situación de los compañeros de Nextel (donde se sigue estirando una conciliación “obligatoria” trucha, mientras avanza el vaciamiento de la empresa), la necesidad de un inmediato aumento de emergencia y un plan de lucha por las reivindicaciones. En lo que va del año, y a pesar de la enorme cantidad de reivindicaciones postergadas, no se ha convocado ni una sola vez el plenario de delegados del sindicato. Por el contrario, la dirección del gremio fue una de las pocas que se negó a convocar a la movilización del 29 de abril. Antes le daban la espalda a los paros contra el impuesto al salario y el techo a las paritarias porque estaban alineados incondicionalmente al gobierno K, aliado de las patronales telefónicas. Ahora, con el macrismo, continúan la tregua con las empresas y el gobierno. Pero la bronca en el gremio viene en ascenso por el deterioro del poder adquisitivo del salario en empresas como Telefónica y Telecom, que encabezan el ranking de ganancias que se fugan al exterior. El ajuste, la devaluación, los tarifazos y la inflación plantean una recomposición inmediata de los salarios básicos de convenio y adicionales en un pago y por encima del 40 por ciento. ¡Pongamos en pie al gremio telefónico! Que se convoque al plenario y a asambleas en todos los edificios para abrir una amplia deliberación y elevar un mandato por las reivindicaciones y un plan de lucha. No a la tregua con el gobierno y las empresas. Los 57 delegados y decenas de activistas que respaldamos el petitorio entregado en el sindicato estamos discutiendo impulsar una autoconvocatoria para romper el inmovilismo actual y movilizarnos por la defensa del salario: ¡Paritarias ya!

El PRO y la UCR han impuesto en el Concejo Deliberante la adhesión a la ley provincial de Vidal. "Estamos ante un colapso en la infraestructura", dijo una concejala del PRO. Coincidimos en el diagnóstico, basta ver el hospital Cetrángolo, la maternidad Santa Rosa, escuelas como la Primaria 5 o la Técnica 4, la situación habitacional y la falta de cloacas de los barrios La Loma y Las Flores, por citar ejemplos. Pero la ley votada es opuesta a los reclamos del pueblo. Tiene como único objetivo saltarse todos los organismos de control en materia de licitaciones y compras. Es una ley que sólo beneficia a la patria contratista de amigos del gobierno y a la corrupción municipal y provincial con los sobreprecios y retornos. Necesitamos un relevamiento del estado edilicio de las escuelas y hospitales, un verdadero plan de viviendas que termine con el hacinamiento en los barrios, obras estructurales que terminen definitivamente con las inundaciones, bajo el control y la fiscalización de vecinos trabajadores en las contrataciones y compras.

Mario Coutouné, militante del Partido Obrero de Misiones, se presentó como querellante en la megacausa Esma por haber permanecido secuestrado en el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada desde el 20 de enero de 1978. Mario supo que estuvo cautivo en la Esma casi de casualidad. Visitó el Casino de Oficiales, previo a la intervención realizada por el kirchnerismo, y reconoció el macabro sitio donde estuvo secuestrado. Fue entonces que se presentó ante el juez Sergio Torres para que sea considerado como caso en el próximo tramo del juicio Esma, con el patrocinio de la Asociación de Profesionales en Lucha. En aquel momento, Mario, militante de la TERS y oriundo de la provincia de Misiones, se encontraba en Buenos Aires, alojado en un hotel de la calle Tacuarí realizando investigaciones y denuncias por la desaparición de su hermana Mirta que se encontraba desaparecida. Al salir del hotel, lo increpó un sujeto que tomó a su padre del brazo y lo metió a un zaguán. En ese instante, otra persona saltó sobre Mario, que al verlo se dio cuenta que lo esperaba un enorme operativo con varias personas de civil con pistolas y ametralladoras. Subieron a Mario a un Peugeot 504 celeste y le colocaron una venda, nada supo en ese momento de su padre. Cuando llegaron a su lugar de cautiverio, Mario fue salvajemente torturado con picana eléctrica y le preguntaban insistentemente por su hermana Mirta Noemí Coutouné -militante montonera- que se encontraba desaparecida. Los genocidas tenían consigo una grabación de su otra hermana, Silvia, quien estaba detenida bajo PEN, sobre Mirta. Durante todo el interrogatorio amenazaron con torturar a su padre, a quien habían liberado. Mario fue llevado a “Capuchita” -en el altillo de la Esma- donde estuvo una semana engrillado y encapuchado. Pudo tomar contacto con dos compañeras, que se acercaron a él y le preguntaron por qué estaba allí. Otro cautivo le dijo “Soy el Colo, de Concepción”, pidiéndole que avisara que él estaba allí si lograba su libertad. Mario resistió la tortura. Para desorientar a los represores, dio datos falsos o de compañeros que habían sido asesinados por las Tres A. Luego de un simulacro de fusilamiento, los marinos abandonaron a nuestro compañero en el mismo lugar donde había sido secuestrado. El cuerpo de su hermana Mirta fue recuperado años más tarde por el Equipo de Antropología Forense. De regreso a Misiones, Mario organizó la Comisión de Familiares, donde militó activamente por la aparición con vida de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos. A 39 años de los secuestros de su padre y hermanas, y el suyo propio, Mario puede presentar su reclamo de justicia y condena de todos los genocidas que persiguieron a su familia.

El 5 de mayo se realizó la primera audiencia de la megacausa “Operativo Independencia”, el mayor juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Tucumán. En la misma hay diecinueve imputados -todos ellos ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad- por delitos cometidos contra 270 víctimas. Se estima que el juicio se extenderá por más de un año, la fiscalía tiene anotados 1.500 testigos. A diferencia de los juicios anteriores, que se organizaban según el centro clandestino de detención, éste tiene la particularidad de referenciarse según las fechas en que sucedieron los hechos, por lo cual forman parte de la causa distintos centros, entre ellos el de la “La Escuelita” de Famaillá, primer centro de detención, torturas, violaciones y exterminio del país. El Operativo Independencia fue impulsado bajo el gobierno de Isabel Perón un 5 de febrero de 1975, por medio del decreto 261/75, con el objetivo de "neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos". Fue rubricado por el presidente interino Italo Luder, junto a los ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ya que “Isabelita” se encontraba de licencia, y ratificado por el Congreso de la Nación. A partir de ese momento se abrió paso a la intervención masiva de las Fuerzas Armadas (Ejército y Fuerza Aérea) y otras como la Gendarmería y la Policía Federal, militarizando la provincia. El operativo estaba formalmente dirigido a aniquilar a un foco guerrillero rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero la represión se extendió más allá para terminar concentrándose sobre el activismo y los dirigentes obreros, especialmente azucareros. Durante todo ese período la población tucumana vivió bajo el toque de queda y el estado de sitio. Según figura en la mega causa, el 7% de las víctimas de la represión de Estado fueron integrantes del ERP-PRT o de Montoneros, mientras que un 50% eran obreros azucareros. El resto, empleados públicos, artistas, intelectuales, estudiantes. El Operativo Independencia se extendió hasta 1977. En su primera fase estuvo dirigido por el general Acdel Vilas y a partir de diciembre de1975 pasó el mando de Antonio Bussi, que fue beneficiado por el Punto Final bajo la presidencia de Ricardo Alfonsín y terminó siendo gobernador de la provincia en el período 1995 y 1999 bajo la presidencia de Menem. El Operativo Independencia fue un eslabón clave en la preparación del golpe de Estado de ’76. El gobierno constitucional de la provincia estaba pintado, las decisiones principales eran tomadas por las fuerzas armadas que impusieron un régimen de terror y de completa impunidad en sus accionar. Con posterioridad a la transformación de la Escuela Diego Rojas en la siniestra “Escuelita” de Famaillá, por donde pasaron más de 1.500 detenidos, se fueron abriendo otros centros clandestinos hasta llegar a 30, según datos oficiales. Algunos medios estiman que fueron 80 los centros de exterminio que operaron en la provincia. La megacausa en curso sólo contempla a una parte de las víctimas. Se calcula que hasta el golpe fueron más de 700 las desapariciones y muchas más las víctimas de detenciones y torturas que lograron sobrevivir. Tampoco están contempla a las víctimas del Operativo ya en el período dictatorial, entre ellos el ex soldado Alberto Ledo, cuyo caso debería llevar al banquillo a César Milani, jefe del Ejército bajo el kirchnerismo. El número de imputados es irrisorio. Si bien muchos represores han fallecidos, fueron miles los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que intervinieron en la represión genocida. La fiscalía no involucró en la causa a ningún responsable civil. La gran ausente por decisión de los jueces es María Estela Martínez de Perón, que no fue imputada y tampoco será citada como testigo, a pesar a su responsabilidad política indelegable. Persistir en la impunidad de Isabel y de Juan Domingo Perón sobre los crímenes de la Triple A y del Operativo Independencia es en éste una política de Estado. El Partido Obrero se movilizó junto a otras organizaciones de izquierda y familiares se frente al tribunal el día de la audiencia. Por los 30.000 compañeros, reforcemos nuestra lucha por memoria, verdad y justicia, contra la impunidad de ayer y hoy.

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, recortó el presupuesto para el Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) en las escuelas. Eso implicó que las raciones cayeran de 246.608 en 2014 a 187.028 en 2016, lo que representa un 24% en dos años -ya que no hay números oficiales en 2015. Evidentemente, el endeudamiento de la provincia no fue para mejorar las condiciones de vida y de educación para los trabajadores sino para garantizar negociados y subsidios a los capitalistas. Esta política no es de extrañar: Schiaretti, a través del Ministerio de Desarrollo Social, pretende que con 1,8 pesos por niño funcionen las copas de leche barriales y con 3,4 pesos los comedores, mientras la inflación supera el 40% y los salarios están por debajo del 25%. Es un crimen social. Los funcionarios que responden al mandatario provincial explican que no hay un recorte sino que el Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), a través de un entrecruzamiento de datos, ayuda a identificar a quiénes están en condiciones de acceder al beneficio y quiénes no. Vale aclarar acá que el promedio de ingresos que toman para ese cálculo es de 7.500 pesos, cuando la canasta familiar es más del doble. Según la secretaria general de la gobernación, Silvina Rivero, su principal preocupación es que todo el que necesita “coma”. Para el gobierno de Córdoba, recortando raciones se garantiza que todos los que necesitan comer coman. Es de suma importancia que se dé marcha atrás con este recorte y se extienda el Paicor a todos los estudiantes de la provincia para el nivel primario y secundario. La mayoría de los intendentes del interior que firmaron el llamado Acuerdo Federal con el gobernador que estableció un Fondo de Adhesión Voluntaria para la descentralización de algunos servicios, entre ellos el Paicor, ya está reclamando los fondos para manejarlos ellos como cajas propias, lo que hará que los niños y jóvenes del interior aun sin ser dados de baja por el Sintys no puedan acceder a su ración diaria de comida, algunos intendentes ya están planteando que tendrán que usar algunos de los fondos del Paicor para reacondicionar cocinas comedores y que eso llevará muchos fondos, claramente ya están pensando en obras que costarán varias veces más y nunca se terminarán. Por otro lado, el bloque radical -a través de Orlando Arduh- salió a pedir informes y a criticar el método del recorte por insensible, lo insensible no es el método sino el recorte. El legislador de la UCR, quien aprobó el Acuerdo Federal en la Unicameral, reclama en nombre de los intendentes. Desde el Partido Obrero el Polo Obrero, la UJS, Tribuna Docente estamos llamando a todas las organizaciones estudiantiles y sociales a movilizarnos a la Casa de Gobierno para exigir que se dé marcha atrás con el recorte y por la universalización del Paicor a todos los estudiantes, por el aumento de presupuesto para asegurar su funcionamiento, por la mejora en la calidad alimentaria; así como el aumento del presupuesto de los comedores y copas de leche de todas las organizaciones sociales y piqueteras en las barriadas obreras.

La construcción de un hotel-casino a orillas de la laguna salada de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza) en el noreste provincial, inaugurado por José Manuel De la Sota en noviembre, se ha convertido en un verdadero escándalo que no deja de ocupar la primera plana de los diarios provinciales. Razones no faltan: el prepuesto original era de 40 millones de pesos y hasta ahora se llevan gastados unos 336 millones, a los cuales el gobierno de Juan Schiaretti ha decidido sumar 40 más para terminar obras inconclusas y entregar la explotación del hotel a una nueva concesionaria. Se trata de un hotel de lujo, con canchas de golf, tenis y spa (no habilitados aún), que cuenta con un casino y slots (máquinas tragamonedas) manejadas por la empresa CET del Grupo Roggio, quien tiene la concesión de prácticamente todos los slots en la provincia. El desembolso de los fondos fue hecho por la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado (un ente autárquico dependiente de la provincia) que restó los mismos a los aportes que debe enviar al Ministerio de Desarrollo Social para la ayuda social. Las empresas adjudicatarias de la obra están ligadas en general al gobierno y son parte los habituales contratistas del estado provincial, como el caso del grupo Astori. Es decir, la “patria contratista”. De inicio, la explotación del hotel fue dada a un grupo rosarino que ahora acaba de renunciar a la misma denunciando que les fue entregado sin terminar y sin los servicios comprometidos. Atrás de la renuncia está el hecho de que el negocio parece no caminar, hay escaso número de pasajeros, a su vez el casino funciona a un cuarto de máquina. El sostenimiento de un emprendimiento extremadamente costoso, que según los especialistas en turismo es económicamente inviable, coloca la mira en la corrupción, propia de las obras públicas, y también en una operatoria destinada a lavar dinero. Una de cal y una de arena El escándalo cobró fuerza cuando repentinamente pedidos de informes y presentaciones judiciales hechas por legisladores de varios partidos de la oposición desde el año pasado cobraron estado público. Las denuncias golpean de lleno sobre De la Sota, con el cual Schiaretti en principio cerró filas. El escándalo del hotel no le permitió a De la Sota celebrar lo que pareciera ser un triunfo: la absolución de la ex cúpula de la División Drogas Peligrosas de la policía provincial de los delitos de asociación ilícita y narcotráfico en lo que se llamó el narcoescándalo y que puso en vilo su gobierno en 2013. El gobierno siempre aseguró que era una maniobra montada por el kirchnerismo para desestabilizarlo; ahora un juez probadamente K parece darle la razón. Atrás de esta pudrición de corrupción, juegos y drogas se desliza parte de la lucha política, De la Sota (y Schiaretti también) ha empezado a tomar distancia de Mauricio Macri terciando a favor de una mayor devaluación, y fundamentalmente de los capitales europeos y chinos que en el acuerdo del Presidente con los Estados Unidos quedarían desplazados, es lo que saltó con la obra de construcción de los gasoductos y la pelea por los tubos entre Techint y Schiaretti. De la Sota insiste a su vez en la necesidad de un pacto social entre el gobierno, los empresarios y la burocracia al cual el gobierno se resiste porque privilegia la coalición a la carta y no el cogobierno con el PJ, la burocracia y las corporaciones industriales que le ataría las manos. En el medio de esta danza de cifras millonarias, negociados, se alzan los reclamos populares frente al recorte de la ayuda social (la asistencia alimentaria a los comedores-Paicor), la ausencia de fondos para asistir a las mujeres víctimas de la violencia (¡nueve femicidios en lo que va del año!) y el recorte a los jubilados entre otras penurias. Para terminar con la corrupción, el delito organizado por el Estado y la miseria social es necesaria la intervención activa de los trabajadores.

El jueves pasado, la seccional de Cicop, junto a demás trabajadores del Hospital Km. 32 de González Catán, mantuvo durante varias horas un corte en la ruta 3. Se trató de una acción del plan de lucha votado desde el consejo directivo de la Cicop y que a nivel provincial instaló un hospital de campaña en la plaza del Congreso Nacional. La situación del Hospital Km. 32 es crítica desde la gestión anterior y fue eso lo que le facilitó el ajuste a la nueva gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. El piquete realizado tuvo como eje central el reclamo por la recomposición salarial, sosteniendo que es un acto en defensa de la salud pública; porque el estado rezagado de actualización salarial respecto del nivel de inflación actual, redunda en la renuncia de los trabajadores del sector profesional del hospital que privilegian empleos en otras aéreas de la salud, sumado a esto el traslado de profesionales del hospital a otros nosocomios de la zona genera un vaciamiento masivo en los servicios, decantando en que las condiciones de trabajo sean cada vez peores. En nuestro caso, quisimos darle impacto local al problema, es así que participaron del corte distintos sectores sociales de La Matanza, docentes, jubilados y vecinos de la zona. Ricardo Schiro, dirigente de la Cicop local, manifestó que “para defender el hospital público y para que haya más servicios y sigan funcionando los que ya están, la llave para detener el ajuste de Vidal hoy es la lucha por el salario y la paritaria de Cicop”. Para finalizar la jornada se realizó una asamblea de los trabajadores del hospital, donde se votó la continuidad de plan de lucha, con 96 horas de paro para la semana entrante con acciones locales y sumando a los distintos sectores en lucha.

El hospital de campaña montado en el Congreso por la Cicop fue un hecho político fenomenal: pocas veces lo tuvo un reclamo de la salud pública y estuvieron presentes medios de comunicación, se contó con la solidaridad de trabajadores de distintos gremios, partidos políticos, legisladores, entre ellos la presencia del diputado nacional Pablo López, del PO-FIT. Fue tal el grado de resonancia que tuvo la medida, que obligó a que la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, y la propia gobernadora María Eugenia Vidal tuvieran que salir a justificarse ante la situación planteada por nuestros reclamos. Los medios se enteraron que un profesional ingresante de 36 horas cobra un sueldo apenas mayor a la canasta de pobreza (11.382 pesos en abril, según fuentes de la CGT) e incluso volvieron a mostrar el estado deplorable de varios hospitales del Conurbano. El ascenso de las luchas y conquistas obreras, como la enorme movilización obrera del 29 de abril contra los despidos, tarifazos e inflación, que fue más allá del cálculo de la burocracia sindical, las luchas en Santa Cruz y Tierra del Fuego, la huelga docente de la Conadu Histórica, los aumentos salariales de bancarios y aceiteros, etc., ayudaron a darle a las medidas mayor repercusión. Por otro lado, la inflación al 7% del mes pasado (…) aguijonea aún más la resistencia al ajuste comandado por el gobierno de Mauricio Macri. La gobernadora no la pasa mejor: enfrenta la resistencia estatal (ATE, Astilleros, judiciales, Soeme) y reculó con los descuentos a los auxiliares de educación luego de la toma de consejos escolares (…) A esto se suman frentes abiertos con los estudiantes y nuevos reclamos salariales docentes. En este contexto se encuentra nuestro plan de lucha de casi tres meses y creemos que Vidal no tiene la fuerza suficiente para imponer el ajuste sobre los trabajadores, aun con la complicidad de las burocracias sindicales como Salud Pública y UPCN, que firmaron una paritaria a la baja, sin ningún tapujo. Marcha con judiciales y acciones locales en todas las seccionales Nuestros reclamos son esenciales para defender la salud pública, ya que junto a un presupuesto exiguo que perpetúa la debacle hospitalaria, los salarios a la baja son una garantía de desmantelamiento de personal, con vacantes sin cubrir en innumerables plazas profesionales que ha llevado a cierres de servicios, como ha ocurrido con Neonatología y tantos otros en riesgo y como también sucede con el caso de los recortes a las vacantes para residencias. Los días siguientes serán decisivos para quebrar esta política antiobrera. Extender los días de paro como expresión de la profundización de la lucha, se vuelve esencial a esta altura. En el Congreso de Cicop ya se escucha el mandato de paro por tiempo indeterminado en varios hospitales. En cada movilización, escuchamos invocaciones a la unidad: en los actos conjuntos, en la masiva movilización de los Judiciales y Cicop del 28, que demuestra la vocación de un frente único de lucha. Debemos profundizar la pelea unificando con los demás sectores locales y provinciales donde se discutan acciones conjuntas. La paralización de los servicios demostrará el hartazgo de los trabajadores y obligará a Vidal a desnudar su política de destrucción de la salud pública ante toda la población. Hay que dar un salto cualitativo para reventar esta política: discutamos en cada gremio, la convocatoria a un congreso de delegados de los gremios estatales para un plan de lucha común.

La última semana, el ministro de Ciencia y Tecnología fue noticia por haber firmado “un memorando con Confindustria -la UIA italiana- que prevé crear un fondo de 100 millones de euros que va invertir en empresas argentinas en el rubro agroalimentario” (La Nación, 7/5). El monto no es significativamente grande, pero el propio Barañao destacó que es “el primer ministro de Macri que viaja a explorar oportunidades de inversiones y alianzas” (ídem). El ex ministro K se pone a la cabeza del endeudamiento internacional. En una larga entrevista en Página/12, en la que más allá de la insistencia de la periodista, no hace una sola crítica a Macri, Barañao defiende el ajuste y el arreglo con los fondos buitre. Cuando le preguntan cómo se va a llegar a la inversión del 1,5% del PBI en Ciencia, que prometió Cambiemos, el ministro “de la resistencia” no duda un segundo: “A partir de la mejora en la situación crediticia de la Argentina” (Página/12, 5/5) y agrega que está negociando un crédito del BID de 750 millones de dólares. Barañao es la demostración viva de que la grieta entre macristas y kirchneristas es una ilusión. El ministro K-PRO es la fiel expresión de la burguesía argentina (y extranjera) que abrazó el intervencionismo del Estado, los subsidios y el atraso cambiario mientras le sirvió para sus negocios y ahora gira hacia el capital financiero. Ante los cuestionamientos a los agro-tóxicos del fotógrafo de Página/12 que interviene en la entrevista, Barañao defiende (otra vez) la fumigación con glifosato y aprovecha para festejar la asociación del Invap con el rey de la Soja, Grobocopatel. En este acuerdo, como es la regla, el Estado (Invap) aporta financiamiento y conocimiento, y la empresa se queda con la patente. El sueldo inicial de un investigador (beca doctoral) es de 11.000 pesos y está congelado desde noviembre. Los subsidios para la investigación aumentan un 17,5%, lejísimo de la inflación y de la devaluación -gran parte de los insumos son importados. También en el ámbito científico, vemos emerger la verdadera grieta: entre los ajustadores (macristas y kirchneristas) de un lado y los trabajadores, investigadores y estudiantes, del otro.

El 26 de abril se llevó a cabo la primera reunión de futsal femenino en AFA para definir el formato del torneo de 2016, que recién comenzará en junio. En caso de que se respeten estos tiempos, el masculino estaría jugando su octava fecha antes de que el campeonato femenino empiece. Estamos hablando de sólo cinco meses de competencia y de un torneo que comenzaría cuatro meses después de la pretemporada. La opresión a las mujeres se siente brutalmente en el plano deportivo. Las condiciones materiales, que ya de por sí son insuficientes por tratarse de un deporte amateur, se ven seriamente agravadas por el hecho de ser practicado por mujeres. La mayoría de los clubes no cuenta con un espacio ni un día fijo para entrenar, utilería o la atención médica necesaria en caso de una lesión. Los pases no pertenecen a cada jugadora sino al club, que es dueño de hacer lo que quiera. La violencia y los abusos también están presentes, pero de eso no se habla. En nuestro país, el futsal femenino está creciendo de forma exponencial. Cada vez son más las pibas que se animan a jugar, dejando de lado prejuicios propios y ajenos. Ya no es raro encontrarse con grupos de mujeres jugando en canchitas bajo la autopista y en torneos que antes eran exclusivamente masculinos. Bafi, una liga relativamente nueva, agrupa sesenta y seis equipos entre la 1ra, 3ra y, en algunos casos, 4ta categoría, y está planteada la apertura de una 5ta para niñas de entre 6 y 9 años. Por ley, la Fifa obliga a la AFA a destinar un porcentaje (alrededor de un millón de dólares) a promover el deporte amateur, pero no hay registro alguno de cuánto porcentaje se dedica a cada disciplina, si hay distinción por género o concretamente en qué se ejecuta. AFA, que debería ser una de las principales impulsoras de la actividad, no hace más que poner palos en la rueda. No se trata de incompetencia, sino de intencionalidad política: el deporte es concebido como un negociado y lo que importa es ver quién ocupa el trono que dejó vacante Grondona para seguir garantizando la repartija a costa del patrimonio de los clubes y de la pasión de los hinchas. Estas cuestiones comienzan a discutirse en los distintos clubes. Las mujeres no estamos dispuestas a ser una vez más el último orejón del tarro y no vamos a limitarnos a indignarnos. Nos vemos en la obligación de organizarnos para exigir la apertura de los libros contables de la AFA para ver concretamente a dónde se destina el dinero que debería ir al deporte amateur y la consolidación de un organismo transparente y democrático -con delegados elegidos por jugadoras y cuerpo técnico de cada club- que defina los plazos y las condiciones para realizar las distintas competencias. No estamos solas. Entendemos que esto forma parte de una pelea más general para que el deporte (amateur o profesional) deje de ser el negocio de unos pocos y pueda desarrollarse plenamente como una pasión de multitudes.

Cientos de estudiantes volvieron a salir a la calle este 28 de abril por la culminación de la construcción del instituto terciario y por un paquete de medidas que los beneficien. Entre éstas se encuentra el pedido de validez nacional del título. En los años 2010, 2011 y 2013, las movilizaciones significaron un antes y un después en el avance de la construcción del Instituto de Nivel Terciario Villa Angela (IESVA). En su momento se logró colocar en la agenda del gobierno la obra, que no estaba en los planes de la provincia realizarlo. Estas movilizaciones abarcaron un período de ascenso y caída electoral del kirchnerismo, significando un proceso de delimitación, en ambos períodos, del estudiantado con el ajuste K. Estos se movilizaron, rechazaron el ajuste y consiguieron la construcción del terciario. Actualmente, el macrismo profundiza ese ajuste y el kirchnerismo lo avala con sus gobernadores y senadores. Una unión para la gobernabilidad que busca que la población trabajadora pague los desfalcos en obra pública de los Lázaro, Biancalani, Caputo, Calcaterra y los miles de millones de pesos que fugaron a Panamá. El Chaco no es la excepción de esta unidad de ajustadores, ya que el gobernador Peppo se ha comprometido en ser el garante del ajuste en nuestra provincia. Los aumentos del boleto de transporte interprovincial y urbano, sumado a los ya establecidos en luz y agua, demuestran que está dispuesto a que la crisis la paguen los estudiantes y trabajadores chaqueños. Contra la unidad de los ajustadores. Unidad de estudiantes y trabajadores. ¡Viva la lucha de los estudiantes!

Con gran despliegue publicitario, el presidente Macri envió al Congreso la llamada "ley del Arrepentido". El proyecto consiste en la posibilidad de reducir o eximir la condena a quien brinde "información precisa, confiable y útil" que "evite la consumación o continuación de un delito". El fiscal estará a cargo de comprobar estos requisitos. En nuestro país no hay una ley del arrepentido, sino cuatro. ¿Cuál es el saldo de la aplicación de estas leyes? En el caso Amia, los arrepentidos eran todos falsos y habían sido pagados por la Side. Muchos de los que organizaron aquella delación ficticia fueron presos, incluyendo el juez y sus secretarios letrados. En el caso de la "ley Banelco", coima pagada en el Senado a través de la Side por el gobierno de la Alianza, el delator Mario Pontaquarto fue -al final- el único condenado por el delito que delató. Ante este pobre panorama de victorias, ¿por qué insistir? La insistencia proviene de su utilidad. Esta figura permite, en primer lugar, "fabricar" un arrepentido propio, que confiese información falsa, destinada a desviar la investigación, para desacreditar a los eventuales acusadores o hundir a quien moleste. El periodista Jorge Lanata fue impulsor y luego víctima de esta práctica. El gobierno macrista impulsa esta nueva ley dando todo el poder a los fiscales. Ellos serán los que "comprueben la veracidad de los dichos del arrepentido", como garantes de un acuerdo previo. Los fiscales no dependen del Poder Judicial, sino de las directivas emanadas del Poder Ejecutivo . Es decir: el gobierno los orienta, directamente. El poder para los fiscales es un impulso que viene de los Estados Unidos. Allí el fiscal hace lo que quiere. Perdona o condena. Pone en libertad a culpables, si hacen lo que les dice. El juez solamente bendice los acuerdos. Es un sistema arbitrario, basado en la "razón de Estado". Por eso, los detenidos sin nombre ni acusación de Guantánamo son aún posibles en ese "orden jurídico" donde todo vale. Curiosamente, los fiscales están sometidos a escrutinio, en la mayoría de los Estados deben presentarse a las elecciones generales para obtener su cargo. Este es el modelo que ahora impulsa Macri, pero sin elecciones generales para los fiscales, que son nombrados arbitrariamente, profundizando una línea que ya aplicaron los gobiernos anteriores. La mayoría de la burguesía acepta, por ahora, esta nueva jugada del gobierno, aunque algunos sectores lúcidos de la burguesía manifiestan sus reservas. El penalista Roberto Durrieu, abogado de grandes empresas, advirtió sobre el uso golpista de esta figura, poniendo el ejemplo de Brasil con Petrobras y lo que está ocurriendo, luego de que un "arrepentido" hablase. Lo que importa Pero el problema no son sólo los fiscales. Todas estas leyes, desde la primera hasta la última, son ilegales, de acuerdo con la propia Constitución. En lo que nos compete como trabajadores, violan abiertamente las libertades democráticas conquistadas por nuestras luchas. La Constitución Nacional tiene establecido que "nadie está obligado a declarar contra sí mismo". Poner en prisión a una persona o acusarla, sin procesarla incluso, es- si se la supedita a una declaración en determinado sentido- una forma de extorsión encubierta; si no acepta, el detenido queda preso. Es una forma del secuestro para exigir rescate. La nueva ley llega tan lejos como permitir el arrepentimiento aún antes de estar procesado; es decir, sin que exista prueba concreta de la posible comisión de un delito. El acusado, al declarar, tiene por ley el derecho de mentir. Es un mecanismo de defensa que no puede ser penalizado. Así, entonces, ¿cómo saber si lo que el arrepentido dice es verdad? Lo que se deben buscar son pruebas, no meros testimonios, que incluso pueden ser de personas anónimas (reserva de identidad), respecto de los acusados y la sociedad. Si el arrepentido miente, lo cual es su derecho, muchas personas podrán estar detenidas injustamente durante años, para después pedirles "disculpas". La clase trabajadora debe ser consciente de este ataque a las libertades, caldo de cultivo de todo tipo de provocaciones contra los luchadores. En función de nuestros propios intereses, la consigna debe ser: ¡Abajo todas las leyes del arrepentido! Sólo un gobierno de trabajadores destapará la olla de la podredumbre completa en la que se debate, con sus mezquindades, la clase que hoy nos gobierna.

La campaña contra las provocaciones del defensor de genocidas Juan José Lossino contra la militante de Apel e integrante de Justicia Ya! La Plata, Pía Garralda, suma adhesiones. Lossino -defensor de policías de gatillo fácil, del “padre” Grassi y de represores de la dictadura- reprocha a nuestra compañera “no saludarlo” durante las audiencias del juicio La Cacha, donde Lossino representó al genocida Claudio Raúl Grande. La actuación del abogado fue nefasta. Hostigó sistemáticamente a los testigos de las víctimas y sobrevivientes y apeló a todo tipo de chicanas jurídicas para dilatar el proceso. Por estos, motivos el tribunal N° 1 terminó sancionándolo a él. Ahora Lossino pide ante el Colegio Público de Abogados una sanción contra nuestra compañera por “falta a la ética profesional”. Pía ratificó en su descargo que no saluda a abogados de genocidas. Lossino hace públicas sus provocaciones ahora cuando el fallo que condena al genocida Grande -condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad- llega a la Cámara de Casación. El lobby de Lossino se conecta con la situación política, ya que pretende sumarse a la onda oficial que reclama amnistía para los represores (Lopérfido, editoriales de La Nación y Lanata, etc.). Lossino además tiene fuertes nexos con la Iglesia, con el Colegio de Abogados de La Plata y con el Poder Judicial. Está haciendo lobby activamente para que su “denuncia” avance. Las primeras firmas que llegaron fueron las de las agrupaciones que integran Justicia Ya! La Plata (Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Hijos La Plata, Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, Ceprodh, el Comité de Acción Jurídica, Federación Universitaria de La Plata y La Retaguardia), la de Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo LF) y otras organizaciones de derechos humanos, como Liberpueblo, Correpi, Cadep, Apemia y el colectivo de abogados La Ciega. Desde el movimiento obrero -Pía es además delegada de ATE-, llegaron los pronunciamientos de la CTA Lomas de Zamora, Suteba La Plata, ATE provincia de Buenos Aires yJunta Interna ATE-ATBA. También adhieren Roberto Macho, secretario general de ATE-Mendoza; Víctor Grossi, secretario general Sitraic; Alejandro Crespo, secretario general del recientemente recuperado Sindicato del Neumático, e Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA (docentes universitarios). También acompañan con su firma los diputados nacionales del Frente de Izquierda Pablo López, Néstor Pitrola y Soledad Sosa, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo Ramal y el diputado de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Kane. La lista es interminable y continúan sumándose nombres de dirigentes y organizaciones. Las firmas serán presentadas en el Colegio de Abogados de La Plata. Llamamos a todas las organizaciones y fuerzas políticas democráticas a sumar su adhesión. Derrotemos esta provocación. ¡Cárcel común y efectiva a todos los genocidas! Pronunciamiento NO A LA SANCIÓN CONTRA PÍA GARRALDA Solicitamos que se desestime la denuncia contra la abogada Pía Garralda y se sancione la conducta del defensor Lossino por su repudiable actuación en el juicio por el CCD La Cacha. Saludamos el compromiso militante de nuestra compañera con la memoria, la verdad y la justicia y en la defensa de los oprimidos y de las víctimas del genocidio. Para adherir al pronunciamiento escribí a: apelabogadoslaplata@gmail.com

El viernes 6, un paro y movilización de más de 60.000 trabajadores conmovió a Comodoro Rivadavia, la gran ciudad obrera y petrolera de la Patagonia. Fue la respuesta a la política de despidos, suspensiones, retiros voluntarios y quitas salariales que vienen aplicando los pulpos petroleros -ello, a pesar de la chorrera de subsidios que reciben del gobierno. A partir de la gigantesca huelga, las patronales pusieron en marcha una parte de la actividad petrolera que estaba paralizada. ¡Qué lección enorme para toda la Argentina! El paro activo patagónico logró lo que no consiguieron Moyano, Caló y otros burócratas, que llevan un mes transitando los pasillos del Congreso en busca de una ley “antidespidos”. Una ley que el Senado redujo su alcance a sólo seis meses. Y se limita a los despidos sin causa, y permite a las patronales cesantear trabajadores si presentan “recursos preventivos de crisis”. Por si ello no bastara, Macri se reunió con los popes capitalistas para asegurar el veto si los diputados votan la ley. A sabiendas de ello, el kirchnerismo agita la norma “antidespidos” para encubrir sus propios ajustes y represiones en Tierra del Fuego y Santa Cruz. La burocracia sindical los acompaña, como excusa para no luchar. O responder al veto con un paro aislado y de compromiso. Pero el camino contra los despidos exige otra política, la que mostró Comodoro. La ruta del paro activo y de una lucha a fondo, para quebrar los despidos y las suspensiones. Para imponer el reparto de horas sin afectar el salario. Para que las paritarias cubran la fenomenal carestía, promovida por las patronales y el propio Estado. Es el camino de los aceiteros. Y también de los docentes universitarios, que concretarán este jueves una gran marcha educativa, junto al movimiento estudiantil y a los trabajadores no docentes. Sin dudas, ése es el rumbo.

El parlamento se transformó en un campo de maniobras del conjunto de la burguesía a partir de la “parlamentarización” de las reivindicaciones obreras por parte de la burocracia sindical que eludió, por esta vía, la convocatoria de un paro nacional y un plan de lucha contra el conjunto del ajuste. Primero llegó la maniobra del Senado, con el PJ a la cabeza, recortando la ley a seis meses, luego las maniobras dilatorias de citación a la burguesía y a la burocracia sindical a “exponer” en las comisiones de Diputados, luego la precipitada convocatoria de Macri a las cámaras empresarias para respaldar el veto. En un mes y medio se agotó la experiencia, con un saldo negativo para los trabajadores: salga el proyecto del Senado o salga bastardeado con los subsidios a las patronales, irá al veto de Macri de toda la ley o de los artículos que prohíben el despido y aún de la opción de la doble indemnización por parte del trabajador. Para la representación obrera y socialista se trató de un laboratorio político. Primero marcamos ante las cinco centrales obreras, el 30 de marzo, que el “parlamento está dominado por los lobbies capitalistas que actuarán contra cualquier prohibición de despidos y los demás proyectos obreros, y si no, vendrá el veto de Macri”. El proceso político desenmascaró a cada fuerza política de la burguesía, y hasta desnudó el seguidismo de izquierda. El Frente para la Victoria fue el autor de la gran maniobra del Senado; el Frente Renovador se mostró como el árbitro funcional al macrismo prostituyendo la ley con subsidios a las patronales que promueven el despido en lugar de prohibirlo. Macri tuvo que jugar a fondo la amenaza de veto, rompiendo virtualmente las precarias coaliciones que tejió para la aprobación del pacto buitre. Por su parte, la burocracia sindical tuvo que movilizar limitadamente el 29, se rompió (Barrionuevo, Pignanelli, Venegas y Viviani no fueron) y se quedó con las manos vacías. Los grandes perdedores de este minué son los trabajadores. Al otro día del compromiso trucho firmado en la Rosada despedían 23 compañeros en Massalin, algo que Triaca, como tantas cosas, no pudo respondernos en el debate mano a mano. A esa hora se movilizaban los compañeros del Sitraic contra los 70 mil despidos en la construcción y nosotros éramos aplaudidos por los trabajadores del Ministerio de Trabajo que denunciaron, a través nuestro, el despido de 280 trabajadores. La segunda sesión para tratar una ley (la única que hubo fue por el pacto buitre) en Diputados, será convocada por la oposición lo que marca la temprana crisis de los acuerdos políticos “ley por ley”. El Partido Obrero, en el curso de este intenso debate y crisis política actuó mediante el recurso parlamentario de un proyecto propio, transformado en dictamen de minoría, que lanzamos en diciembre en los albores del ajuste de Macri y los gobernadores, y que constituye un programa integral de lucha de la clase obrera, fundado en el principio del reparto de horas de trabajo sin afectar el salario para que la crisis la pague el capital. Llegamos hasta el final del debate sin apoyar nunca los proyectos oficiales, que pueden constituir un obstáculo a los despidos y a la política estratégica de baja de costos laborales para recomponer la tasa de beneficio de la burguesía, pero que no tienen alcance alguno como programa de conjunto para que la crisis la paguen los capitalistas. Cada intervención parlamentaria ha remarcado la necesidad de la acción directa y ha fijado nuestra posición como contribución al debate de los sectores en conflicto, de los paros nacionales de gremios, de las huelgas en los lugares de trabajo. En este cuadro tenemos que reflexionar el contenido que tendría un paro nacional. Puede resultar disparado como repudio al veto de Macri, en caso de producirse. Se trata de una perspectiva de crisis, pero encuadrada en el operativo de contención de una burocracia sindical que acuerda con el lineamiento de fondo de “sincerar la economía”. Nuestra perspectiva es antagónica al paro de descompresión. Lo nuestro es la reacción huelguística en los lugares de trabajo y provincias y el paro nacional como comienzo de un plan de lucha para que millones de trabajadores movilizados quebremos el ajuste e impongamos un giro copernicano en la situación política.

Ante el fracaso de sus operadores en el Congreso, Macri decidió cortar por lo sano para parar el griterío parlamentario armado en torno a la ley de “prohibición de despidos”. Su convocatoria a los grandes empresarios a la Casa Rosada sirvió para mostrarle al país entero quién manda en la Argentina. Se expuso como nunca el carácter vacuo del parlamentarismo, especialmente cuando se trata de cuestiones que hacen a los intereses de los trabajadores. Detrás de la fachada democrática, la república es siempre una junta de representantes de la clase capitalista. Para éstos, el negocio fue redondo: a cambio de firmar un papel que no los compromete a nada, se llevaron, junto con el compromiso de Macri de vetar la ley, un paquete de beneficios impositivos que en gran parte será instrumentado mediante decretos. Los efectos políticos del pronunciamiento capitalista se hicieron sentir de inmediato. El bloque de Massa entró en crisis quedando en evidencia que su política es funcional a las dilaciones del macrismo y a atenuarle a Macri el costo del veto. El Frente Renovador reproduce en su interior la dinámica política del momento. Se trata de un conglomerado de agentes directos de la Unión Industrial y de burócratas sindicales, en el cual éstos últimos están subordinados a los primeros. Después de todo, es lo que hace toda la burocracia sindical con sus respectivas patronales. La prostitución de la norma contra los despidos había sido iniciada por el propio FpV, cuando decidió reemplazar su dictamen, ya de por sí limitado, por una versión terriblemente desmejorada votada por los senadores. Esta sólo establece una prohibición de despidos por el plazo reducido de seis meses y elimina toda retroactividad. Así, convalida los 150.000 despidos ejecutados hasta el momento, deja en pie la posibilidad de que los capitalistas recurran a los retiros voluntarios para encubrir la reducción de personal y, aún más, los despidos masivos mediante el cierre de empresas. Las limitaciones insalvables del proyecto, sumado al hecho de que será vetado en el caso de que sea aprobado, van en línea con la política del pejotismo y el kirchnerismo, que lo vieron como un recurso para la demagogia mientras aplican el ajuste macrista allí donde gobiernan. Es lo que sucede en Tierra del Fuego, donde la gobernadora Rosana Bertone persigue y encarcela a los trabajadores que enfrentan su brutal ofensiva contra el trabajo, el salario y las jubilaciones, y también en Santa Cruz, con Alicia Kirchner y La Cámpora queriendo imponer a los trabajadores en lucha la paritaria más baja de todo el país. Crisis política El pronunciamiento capitalista operó como un rescate del propio gobierno de Macri, que se muestra incapaz de superar su condición original minoritaria. El régimen de “coalición a la carta” se revela inadecuado para enfrentar una crisis política y económica de envergadura. Los pactos parlamentarios chocan con la fragmentación de los partidos patronales pero, especialmente, con la división de la propia clase capitalista, cruzada por intereses opuestos en puntos cruciales que hacen a su sobrevivencia. Estos choques se traducen en el gabinete nacional, que ha sido loteado entre diferentes lobbys empresariales. El único punto de unidad que han encontrado es el ataque directo a las condiciones de vida de los trabajadores. Contra quienes pretenden desmoralizar a los trabajadores presentando al de Macri como un gobierno fuerte, la marcha acelerada de la crisis mostrará exactamente lo contrario. Un agravamiento de las contradicciones económicas podrá derivar en una crisis de gabinete e incluso en la experiencia de un gobierno de coalición, integrando al massismo o a una parte de él. En estos días, los diarios aportaron abundante información sobre los enjuagues entre Lavagna padre e hijo con Macri, para evitarle al gobierno el costo político de un veto de la ley de prohibición de despidos. Comodoro Rivadavia La verdadera respuesta al pronunciamiento empresarial no vino del Congreso impotente y cómplice del ajuste, sino de la acción directa de los trabajadores. La movilización de 50.000 personas en Comodoro Rivadavia, la más grande que haya ocurrido en la provincia de Chubut en toda su historia, obligó a las petroleras a recular en cuestión de horas, y a poner en marcha -al menos parcialmente- la producción parada. Junto con los obreros petroleros salieron los camioneros, los trabajadores de la construcción, los estatales y docentes. La manipulación del paro por parte de funcionarios -incluidos el intendente y el gobernador- sólo revela el temor “por arriba” a la rebelión popular, en medio del ajuste y los despidos. La lección que deja planteado lo ocurrido en Comodoro debe ser debatida a fondo por los trabajadores: lo que no se logró durante semanas de debate inconducente en el Congreso se obtuvo en el trascurso de horas con un paro y una movilización masivos. No será el Estado capitalista sino la acción directa de los trabajadores la que derrotará la ofensiva patronal sobre el trabajo, el salario y las jubilaciones. Esta conclusión es toda una denuncia de la política de la burocracia sindical, que recurre al parlamento como un recurso para fingir una resistencia a los despidos, mientras deja pasar el ajuste de las patronales, firmando paritarias a la baja o aceptando las suspensiones masivas. Del cuadro general de la situación se desprenden enormes posibilidades para la izquierda y la vanguardia combativa de la clase obrera. La pejotización del kirchnerismo, que se muestra con más nitidez en las provincias gobernadas por el FpV, coloca a la izquierda como la única fuerza que lucha consecuentemente contra el ajuste macrista. La condición para explotar estas posibilidades es desarrollar sistemáticamente una clara delimitación con el kirchnerismo en descomposición. A partir de estas conclusiones, llamamos a profundizar la campaña por un paro nacional y un plan de lucha por todos los reclamos de los trabajadores.

-¿Cómo avanza la campaña de suscriptores a “Prensa Obrera” en los frentes obreros y de trabajo de la zona centro? -Del último número, que correspondió a la campaña por un 1º de Mayo en Plaza de Mayo, vendimos 277 prensas a relaciones políticas; es decir, sin contar las suscripciones de los militantes, que hoy están en un 97% del padrón; esto representó un salto de casi el 80% en relación con el número anterior. El Partido Obrero interviene permanentemente en múltiples conflictos, en los que la colocación de la prensa es el termómetro de nuestra actividad, cuantitativa y cualitativamente. Le da un marco político y una salida de conjunto a todas las luchas parciales que se desarrollan. No fue una casualidad que el salto en la colocación se diera en la semana de las asambleas interhospitalarias de municipales que rechazaron la paritaria ruinosa del Sutecba, las marchas del movimiento estudiantil por el boleto, la movilización de las centrales sindicales el 29 de abril y la movilización del PO a Plaza de Mayo. Fue allí donde no sólo aumentó la venta sino que avanzamos en la campaña por las suscripciones, tanto en hospitales, como entre los docentes de la zona, secundarios y jubilados. Se agitaron más de 30 frentes sindicales y estudiantiles, todos con el periódico, y en todos hubo una buena recepción de nuestras posiciones. En las suscripciones dimos un salto del 100% en la última semana. -¿Qué métodos organizativos han tomado para abordar esta campaña? ¿Cuáles son los objetivos políticos que se han trazado a partir de la misma? -El método que nos dimos es tener un criterio político a la hora de fijar los objetivos de colocación de prensas y suscripciones. No tenemos un criterio administrativo ni comercial del periódico, sino que queremos que sea el gran organizador colectivo y que, por lo tanto, mida el desarrollo de nuestra actividad, que nos permita ver hasta qué punto hemos avanzado con nuestras posiciones políticas. Al calor de esta caracterización es que nos fijamos objetivos numéricos de la prensa en los lugares más importantes de la zona, entre los que se destacan los hospitales Durand, Centro Gallego, Méndez y Ramos Mejía; el Subte A, E y H; además de telefónicos, decenas de colegios secundarios y terciarios, entre los trabajadores de farmacia, el CBC, gráficas, fábricas de la alimentación, grandes sanatorios privados, etc. El objetivo que nos fijamos es que la campaña por las 10.000 prensas nos ayude a estructurar núcleos del Partido, allí donde aún no los haya, mediante la consolidación política de las relaciones obreras. Con este norte abriremos prontamente un círculo de gastronómicos, otro de trabajadores de farmacia y un nuevo círculo de docentes.

Falleció Miguel Morales, un compañero entrañable y gran activista de la lucha por el pase a planta permanente de todos los tercerizados del Ferrocarril Roca en 2010. Era despedido de Ugofe, junto con otros nueve compañeros de la planta permanente que integraron las listas a reincorporar por el Ministerio de Trabajo que el tándem Pedraza-Tomada se encargó de desconocer. Desde ese entonces, había conseguido algún trabajo de seguridad, todos precarios e inestables, también changueó y, en los últimos tiempos, volvió a estar desocupado. Guillermo, otro compañero de esa lucha, nos dio la tremenda noticia de su muerte. Miguel no pudo más y se suicidó. No podemos dejar de pensar que si la lucha hubiera logrado su reincorporación, aún lo tendríamos con nosotros. Desde el más profundo dolor, te decimos: Miguelito, hasta la victoria siempre, por Mariano, por vos y por todos los compañeros caídos bajo este régimen de explotación y miseria.

El naftazo dispuesto por el ministro Juan José Aranguren ha colocado al rojo vivo todas las contradicciones del “programa” económico. Aranguren subió los combustibles un 10% al día siguiente de que el Banco Central “ratificara” una inflación del 25% para este año. Incluso con una desaceleración -que está por verse-, es difícil que la inflación anual no supere el 45%. Aranguren, además, dejó la puerta abierta a nuevos naftazos, de acuerdo a lo que ocurra con el tipo de cambio y el precio del petróleo. Como lobbista liso y llano de los intereses petroleros, el hombre anticipó la dolarización definitiva de los combustibles. Pero el precio del petróleo está en alza, y el propio aumento de las naftas reavivó los reclamos cambiarios de la burguesía exportadora. La “patria sojera” denuncia que el aumento de sus costos se ha devorado la baja de las retenciones (La Nación, 5/5). La UIA, por su parte, afirma que “la paridad entre el peso y el real es la de 1998-2001” (ídem, 24/4) -o sea, la que precedió a la megadevaluación de Duhalde. El naftazo acicatea la devaluación, pero una nueva devaluación provocaría otro naftazo. La tesis de un “reacomodamiento de precios” -y de una estabilización posterior- hace agua por todos lados. La inflación expresa el estallido de todas las contradicciones acumuladas, que están lejos de encontrar un equilibrio. Bicicleta financiera y recesión Pero una nueva devaluación le asestaría un golpe letal a la bicicleta financiera que el gobierno ha reforzado en torno de la deuda del Banco Central con la banca privada, y que alcanza los 40.000 millones de dólares. La renovación de estas Lebac, que se realiza a una tasa cercana al 38% anual, es la base de una rentable bicicleta, que explica el único ‘ingreso de capitales’ logrado por la administración Cambiemos hasta hoy. Los especuladores cambian dólares por pesos para colocarlos en Lebac, con la expectativa de volver a comprar divisas a un valor estable para dentro de seis meses. Esta operación, que algunos califican como “la renta más alta del planeta”, encarece el conjunto del crédito y ha agravado la recesión económica. Es claro que esta bicicleta volaría por los aires en caso de una nueva devaluación. Mientras una parte de los analistas asegura que “el atraso cambiario llegó para quedarse” (Cronista, 5/5), el agravamiento de la crisis brasileña acentúa los reclamos devaluatorios de la burguesía exportadora. Después de un 60% de derrumbe del peso, el déficit comercial con el exterior persiste, y sólo se redujo por la brusca contracción de las importaciones, como consecuencia de la menor actividad económica. El consumo ha caído en los primeros meses del año, y el producto bruto retrocederá no menos del 2% en 2016. La “lluvia de inversiones” no existe, como lo revela el fiasco de los anuncios de Vale en Mendoza. Déficit fiscal y endeudamiento En este cuadro, una fracción del gabinete -y de la propia burguesía- plantea salir de la deuda explosiva del Central en base a un ajuste fiscal de características brutales. Aunque el gobierno paralizó por completo a la obra pública y despidió a trabajadores precarizados, sufre por otro lado una caída de los ingresos del fisco, como resultado de la baja de las retenciones y otros beneficios a los grupos capitalistas. Sólo para cubrir el déficit fiscal, el gobierno prevé una emisión de deuda de 37.000 millones de dólares. Nuevamente, y como en los años del kirchnerismo, un aportante compulsivo a este financiamiento será la Anses, pero percibiendo la mitad del rendimiento que obtendrán los bancos que financiaron el pago a los fondos buitre. El fisco también quiere financiarse con parte de los ahorros que se encuentran en el “colchón”, que se ha reforzado bajo su mandato: 3.700 millones de dólares fueron atesorados en el primer trimestre, ¡y después de que el gobierno se endeudara en 5.000 millones para reforzar las reservas del Central! El derrumbe del crédito y del consumo privado delatan que el conjunto del ahorro nacional sostiene la refinanciación de la deuda pública, por un lado, o permanece atesorado, por el otro. La renta extraordinaria que perciben los especuladores es característica de los períodos previos a una declaración de quiebra. Algunos anticipan que la deuda del Central con los bancos podría ser canjeada por títulos del Tesoro (una reedición del plan Bonex de 1990). Pero esta medida compulsiva desacreditaría al “gobierno de los mercados”, y sería el preámbulo de una crisis política. Sin rumbo A la luz de lo anterior, se comprende que la “dinámica del gabinete (haya) tomado la forma de todos contra todos” (Cronista, 6/5). La guerra del gabinete tiene su correlato en los enfrentamientos al interior de la clase capitalista. El lobby automotriz, autopartista y una parte de la “patria contratista” reclaman contra el acero caro de Techint. Techint, por su parte, culpa de sus costos a la devaluación del real, y-sin decirlo-se suma a las quejas del ‘atraso cambiario’. Lo mismo ocurre con las “economías regionales” (Alto Valle). Esta guerra revela la incapacidad del Estado para hacerse cargo del conjunto de los rescates que reclama la clase capitalista. La pretensión de trasladar el costo de este rescate a la clase obrera deberá pasar la prueba de luchas de fondo y rebeliones populares, como se avizora en los episodios de Tierra del Fuego o Comodoro Rivadavia. Mucho antes de lo previsto, el gabinete de los CEO podría sufrir el destino que ellos mismos le han deparado a más de 150.000 trabajadores cesanteados.

El lunes 9, el Movimiento Evita desarrolló su cuarto “encuentro nacional contra la violencia institucional”. En los años anteriores, estos encuentros eran encabezados por los funcionarios de Cristina, es decir por los mismos responsables de la violencia institucional que se decía querer combatir. Con toda razón la izquierda y los sectores combativos denunciaban la impostura que estaba detrás de estos eventos. En esta oportunidad, y ya con el kirchnerismo fuera del gobierno, la novedad consistió en la decisión de los organizadores de invitar a la izquierda. Los motivos de ello se pueden deducir: tratar de presentar al kirchnerismo como la cabeza de un frente progresista contra el macrismo, que incluya a la izquierda como fuerza subordinada. Para concretar este propósito, el kirchnerismo seleccionó en la izquierda a la fuerza política que le parece más a fin. Esto explica la presencia del PTS y Myriam Bregman, algo que no ha sido aleatorio. Después de todo, el PTS ha actuado en votaciones importantes del Congreso como segundo violín del kirchnerismo. El lugar que se le otorgó al PTS fue el panel central, rotulado “Acuerdo Nacional por el Derecho a Protestar”. Junto con Myriam Bregman estuvo Leonardo Grosso (diputado del FpV, organizador del encuentro), Horacio Verbitsky, Remo Carlotto, Sandra Rodríguez y Victoria Donda, entre otros. Nito Artaza, quien no pudo acudir a la cita, envió sus saludos y convocó a defender un “proyecto nacional y popular inclusivo”. El “acuerdo” concluyó en una reivindicación de la “doctrina de seguridad democrática” que el tándem Verbitsky-Garré arrimó a los gobiernos K (incluido el llamado Proyecto X) y convocó a volver a un aparato represivo “continente y no reaccionario”. Nunca hay que perder la capacidad de asombro: hace menos de seis meses concluyeron más de una década de gobierno que se destacó por batir el récord de asesinados en protestas, establecer condenas a prisión perpetua contra luchadores, montar una maquinaria de espionaje sobre las organizaciones populares, sancionar leyes “antiterroristas” solicitadas por el Pentágono, tercerizar la represión a través de las patotas de la burocracia sindical, tener por vocero a uno de los responsables de la masacre de Avellaneda, nombrar a un carapintada al frente de la Secretaría de Seguridad y a un genocida al frente del Ejército. La participación de Bregman estuvo dentro de los parámetros requeridos por los organizadores. Durante su intervención habló de la continuidad del aparato represivo de la dictadura, de Julio López, del Proyecto X, del artículo 194 y de Milani sin mencionar ni una sola vez a los gobiernos de Néstor y Cristina. Tampoco desarrolló una crítica a la mentada “seguridad democrática”, que es la doctrina “moderna” del imperialismo. Infiltración, espionaje, intercepción de comunicaciones. En eso consiste el sistema “continente”. La adaptación de Bregman al auditorio dominado por la militancia kirchnerista -ad honorem y rentada- llegó al extremo de no mencionar la represión en Tierra del Fuego, a cargo de una gobernadora del FpV ni mucho menos la de Alicia Kirchner en Santa Cruz. En cambio, Bregman sí mencionó la detención de Milagro Sala, pero sin establecer ninguna delimitación, precisamente en un ámbito donde Sala es reivindicada políticamente. Si de “violencia institucional” se trata, la Tupac Amaru es un emblema de tercerización de la “violencia institucional”, alimentada con fondos públicos. Esto lo hemos señalado decenas de veces en los debates con el PTS, cuando rechazaron impulsar una movilización independiente de los K por la liberación de Sala. El franeleo del PTS con Verbitsky no puede escudarse en la defensa del “derecho a protestar”, la cual requiere la acción directa de los trabajadores y no el coqueteo con el kirchnerismo. Les recordamos a los lectores que Verbitsky fue directamente responsable de la detención de los ferroviarios del PO y compañeros de Mariano Ferreyra en diciembre de 2010, a quienes acusó de promover los disturbios en la estación Constitución. Esta maniobra, urdida junto a Nilda Garré, ocurrió cuando Pedraza aún estaba en libertad. La dócil participación de Bregman en el encuentro promovido por el Movimiento Evita es otra manifestación del seguidismo del PTS a la pandilla kichnerista.

La campaña de penetración de la Prensa Obrera, en los frentes sindicales y del movimiento obrero industrial, es la llave para alcanzar una comprensión politica común con más trabajadores que chocan con la burocracia sindical y empiezan a transitar el camino de la independencia política de la clase obrera. El triunfazo en el Sutna fue motivo para desplegar actividades especiales en las tres fábricas del conurbano. Muchos compañeros de Firestone, Fate y Pirelli demostraron verdadero interés por conocer el balance que el Partido Obrero realizó de este triunfo histórico, y por leer las entrevistas al secretario general del Sutna, Alejandro Crespo y al secretario ejecutivo de la seccional San Fernando, José Meniño. Así vendimos muchísimos periódicos en las fábricas del gremio. La campaña va tomando un desarrollo en los frentes obreros semana a semana, con nuevos suscriptos y nuevos lectores de Prensa Obrera. El Sitraic de la zona sur viene sosteniendo un pasaje creciente de periódicos incluyendo a la comisión de la mujer, acompañando un desarrollo de la estructuración partidaria a la par del crecimiento del sindicato. En ocasión del lanzamiento del Sitraic nacional, las delegaciones llegadas desde diferentes lugares del país se llevaron Prensa Obrera. En el Inti, donde existe una nutrida Agrupación Naranja de base, está colocando unos 40 periódicos por número. Los ferroviarios del Roca mantienen un importante pasaje de prensas en la línea. Entre los papeleros, en pleno conflicto por salario, y luego de una movilización de 100 compañeros de las fábricas Kimberly y Smurfit, se pasaron unas 30 prensas. Los docentes mantienen una venta alrededor de unas 800 prensas, destacándose Tribuna Docente de La Matanza, Sarmiento y Varela; está planteado como objetivo a corto plazo la suscripción masiva, como un paso firme hacia la duplicación de estos números. El periódico también se vende en gran número en Unilever, en el Parque Industrial de Pilar. Agitaciones en la Línea 60, Siderca, las automotrices y fábricas de la alimentación significan una penetración del periódico en lugares neurálgicos del movimiento obrero de la zona norte. A reforzar la campaña con todo, ¡por los 10 mil periódicos!

Este jueves 12 de mayo, sindicatos docentes y federaciones estudiantiles de todo el país realizaremos una gran marcha en defensa de la educación y de la universidad pública. Por primera vez, desde los recortes de López Murphy en 2001, la movilización reunirá a la totalidad de los gremios universitarios, e incluso a rectores y autoridades de diversas facultades. La iniciativa se encuentra enmarcada en la semana de paro nacional decretada por la Conadu Histórica, con centenares y centenares de clases públicas, cortes y asambleas a lo largo y ancho del país. En la UBA, los estudiantes ocuparon la facultad de Filosofía y Letras en apoyo a la lucha -medida que se levantará para participar de la marcha. A pesar de que los reclamos son elementales y urgentes -salario, presupuesto, boleto educativo-, la realización de la movilización requirió toda una lucha política. La UJS, en la conducción de la Fuba, y la Naranja, en la conducción de AGD y la Conadu Histórica, fuimos sus impulsores. Uno de los primeros escollos a superar fue la política de La Mella (Patria Grande), que subordinaba cualquier iniciativa de lucha al acuerdo de las burocracias docentes y agrupaciones K. Proponían postergar la movilización al 20 de mayo, supuesta fecha de “consenso” -alejada de la semana de paro de la Conadu Histórica. La FUA de Franja Morada, propuso, sin miramientos, que la marcha se realizara en junio -dándole suficiente aire a “su” gobierno para derrotar a los docentes. Finalmente, el Congreso Extraordinario de Conadu Histórica votó la fecha del 12, que se terminó imponiendo por la fuerza de la necesidad en todas las universidades del país. El debate, entonces, se trasladó al destino de la movilización. Las burocracias docentes y no docentes se plegaron con la condición de que culminara con un acto regimentado en el Ministerio de Educación. La “despolitización” de la marcha no tenía el propósito de destacar el reclamo salarial -varias veces entregado por esos sindicatos-, sino de dejar a salvo los acuerdos que tejieron los rectores con la Casa Rosada pocos días atrás. Lo mismo había ocurrido en la marcha por el boleto en La Plata, cuando los K se negaron a ir a la Gobernación de Vidal -con el “consenso”, también allí, de Patria Grande y alguna parte de la izquierda. La marcha retratará el quiebre de todo un sector del aparato universitario, que se movilizará ahogado bajo la política del gobierno. Pero, al mismo tiempo, se presentará la tentativa de ese aparato corrompido por subordinar a sus intereses al movimiento de lucha de estudiantes y trabajadores. El pejotismo y los K no quieren interferir en la gobernabilidad del ajuste, mientras posan de abanderados de los reclamos que negaron cuando eran gobierno. En las asambleas de Filosofía y Letras, La Cámpora votó en contra de la ocupación, allí también, junto a Patria Grande. Pero no les alcanzó. Las asambleas de Filo, así como todas las que se realizaron en la UBA, ratificaron que el destino de la marcha sea la Plaza de Mayo, el centro del poder político ajustador. Conclusión El jueves marcharemos de Houssay al Ministerio de Educación, y de allí a Plaza de Mayo, donde la Conadu Histórica, la Fuba y el conjunto de las agrupaciones combativas montaremos un acto por el triunfo de la lucha universitaria. Su concreción es una primera victoria del movimiento, que derrotó los bloqueos que emergieron contra su desarrollo, y en particular de la política consecuente que desenvolvimos los estudiantes y docentes del Partido Obrero. La protección política que la “izquierda seguidista” brinda al kirchnerismo, en nombre de la “unidad”, no potencia al movimiento, sino que sacrifica sus energías en honor a los compromisos con el ajuste que mantienen autoridades y burócratas con el gobierno. El propio desarrollo del movimiento confirma la necesidad de poner en pie una poderosa corriente socialista y revolucionaria de la juventud, que ligue su lucha a la de los trabajadores y levante una alternativa independiente al régimen de los ajustadores. Es el objetivo del Congreso Nacional de la UJS, que sesionará el 28 y 29 de mayo en la Facultad de Medicina de la UBA. Desarrollemos estas conclusiones en plenarios y asambleas para multiplicar la convocatoria al Congreso.

La convocatoria a un congreso nacional por la organización socialista de la juventud aparece como especialmente oportuna en medio de la crisis que vive el país. En todo el país estallaron grandes luchas contra el ajuste del gobierno de Macri. La enorme movilización en Comodoro Rivadavia, donde decenas de miles pararon y se movilizaron contra los despidos de los petroleros en el sur, es la expresión más álgida del reguero de luchas contra las cesantías masivas. Las luchas educativas tampoco se hicieron esperar frente a los recortes presupuestarios y salariales. Es el caso de los docentes de Santiago del Estero y Tierra del Fuego; de los docentes universitarios, quienes están en medio de un gran plan de lucha nacional, en rechazo a la miserable oferta del gobierno en la paritaria. Grandes marchas en Rosario, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires aparecen como el inicio de un movimiento de lucha que promete estudiantazos: la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA acaba de tomarse en apoyo a estos reclamos. Quién es quién Las primeras experiencias de lucha contra el macrismo muestran a las claras el papel jugado por cada uno. La burocracia sindical es un freno conciente a la lucha contra los despidos. Hundidos en una rosca parlamentaria, bloquearon cualquier tipo de plan de lucha de los sindicatos, que será la única forma de frenar las cesantías. Pero, del otro lado, surgen importantes experiencias de lucha independiente: el clasismo acaba de recuperar el Sutna, el sindicato nacional del neumático. Por otra parte, el kirchnerismo aparece como otra pata de la “gobernabilidad” que el macrismo necesita para llevar adelante el ajuste. El punto cúlmine de esto fue el voto favorable del FpV en el Senado al pacto con los fondos buitre. En todas las luchas estudiantiles se mostraron hostiles a pelear contra el poder político, y por eso rechazaron en La Plata movilizarse a la Gobernación y en Capital marchar a Plaza de Mayo. Los intereses capitalistas a los que responde el FpV son un lastre para pelear por lo nuestro. Luchar concientemente Organizados de forma independiente del gobierno y las autoridades, podemos derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores en tanto nos liguemos a los trabajadores y el pueblo en sus luchas. En las últimas semanas hacia nuestro congreso nacional, estamos comprometidos con esta tarea todos los compañeros de la UJS. La construcción de una alternativa política propia, que sea un polo de agrupamiento independiente de la clase obrera, los estudiantes y la juventud es una lucha que dejó planteada el Cordobazo. A esta perspectiva pretendemos aportar en el Congreso de la Unión de Juventudes por el Socialismo. La campaña en todo el país avanza con plenarios, charlas y activiades de todo tipo. Sumate. Por la organización socialista y revolucionaria de la juventud, ¡vamos al Congreso Nacional de la UJS!

“Al ‘comodorazo’ fueron 500 trabajadores de Santa Cruz, pero no hemos logrado nada todavía. Hay muchos reclamos pero cada empresa por separado, la culpa de no tener una medida unificada la tiene Vidal (secretario general de Petroleros de Santa Cruz), que era adicto al gobierno K y ahora se quedó sin protección. Hoy, los trabajadores no le creen a los dirigentes gremiales.” Frente a las oficinas de YPF en Las Heras, el martes 10 de mayo hubo una movilización de trabajadores de empresas contratistas “liberados de funciones”, que quemaron cubiertas. Y van a continuar. En Oleosur, también contratista, somos 240 trabajadores y estamos en conflicto, desde abril, por despidos y por la quita salarial. “El gobierno de Macri nos está ahogando”, señaló José, obrero petrolero de Las Heras.

Asistí al acto en el marco de la convocatoria general, el sindicato de los docentes declaró un paro. Una columna formó parte de la jornada en solidaridad con los trabajadores petroleros, en contra de los despidos. La jornada fue impulsada desde el municipio y la dirección del sindicato petrolero, ambos venían desarrollando una política de conciliación con las empresas, podríamos decir que la jornada fue fruto del fracaso de esa política, las petroleras se llevaron los subsidios, mantuvieron los retiros voluntarios y las jubilaciones y aun así siguieron despidiendo. Los docentes venimos de enfrentar a Das Neves desde hace mucho tiempo, sufrimos su represión en su anterior gobierno, ahora nos impuso una paritaria a la baja. El acto lo cerró Linares, si los trabajadores de la educación hubiésemos tenido oradores se hubieran notado las diferencias. Estamos en un periodo de debate, todas nuestras reivindicaciones todavía están en juego, la zona patagónica, nuestra obra social, el impuesto a las ganancias, en los últimos paros no se logró quebrar el ajuste. En la gran huelga del 2013 recibimos el apoyo de un sector de los petroleros en la ruta, necesitamos reunirnos y plantear un reclamo de conjunto, el dinero que se le da a las empresas petroleras es el mismo que se nos niega a los docentes, nuestras direcciones deben llamar a esa unidad, una unidad de los trabajadores. Comodoro estuvo paralizado, pero la movilización estuvo muy lejos de las cifras esperadas, los convocantes no llegan a entusiasmar a toda la población. Esa es nuestra tarea.

El paro de 72 horas anunciado por Avila y compañía frente a la enorme movilización del pasado viernes, ha sido levantado. A unos días del anuncio, el diputado provincial (Frente para la Victoria) y burócrata sindical Carlos Gómez, dijo que se suspendió debido a que PAE subió cuatro equipos y prometió subir más equipos parados. Pero los despidos no cesan y se suceden luchas de trabajadores por empresas, tanto en Comodoro, como en Santa Cruz, donde YPF aplicaría su plan de 2.000 despidos. Es clara la necesidad de un paro nacional y el esquive que hace la burocracia, en este caso kirchnerista. Durante el Comodorazo, las compañías tomaban asistencia y amenazaban con descontar el día y quitar el presentismo, haciendo más significativa la huelga y la movilización multitudinarias. La burocracia sindical perdió representatividad y lo saben. Las bases y delegados petroleros ya no les creen como antes. Los despidos continúan: lo dice un trabajador de EDVSA, contratista de PAE: “Están echando 10 compañeros por día sin importar antigüedad, eficacia, producción. Dicen que les sale más barato indemnizarte que tenerte en la base y no mantener tu actividad”. Y la lucha también: al martes 9 de mayo declararon estado de alerta porque 97 trabajadores tomaron las plantas del grupo Lufkin, son tres compañías de servicios petroleros: General Electric, Lufkin y Copgo. Están de retención y quema de cubiertas en la base. El Ministerio de Trabajo no cumplió con la “conciliación”, a pesar de que impusieron a los trabajadores una rebaja salarial del 25%. Hay 47 despidos, mientras amenazan con 50 más, y exigen que se retrotraigan. Les mandaron a la policía. Ya hubo una toma anterior donde intervino Trabajo, llegaron a un acuerdo y firmaron dos actas, que Nación no cumplió. No piensan levantar la toma. “Arrancamos el conflicto en las tres bases y no lo vamos a levantar hasta que no se levanten los telegramas y tengamos todos los puntos solucionados, merecemos respeto”, “hay dos actas firmadas a nivel nacional y en ningún momento solucionaron los puntos que pedimos (...) no nos vamos a ir hasta que no bajen de Buenos Aires con todos los reclamos solucionados”, dijo Martínez, delegado petrolero.

Más de 60.000 trabajadores pararon el viernes 6 durante doce horas, prácticamente todo Comodoro Rivadavia. El detonante fue el despido de más de 2.000 trabajadores de la industria del petróleo y la amenaza patronal de ir por más. Los obreros petroleros de PAE (en Cerro Dragón), Tecpetrol (de Techint) y también YPF, fueron el eje de la medida, a la que se sumaron los camioneros y los agremiados en la Uocra y la UOM, empleados por las tercerizadas de los pulpos. Pero, en verdad, paró toda la ciudad, porque se sumaron los docentes, los empleados de comercio, bancarios, estatales de ATE, Salud, médicos, choferes de taxis, de gas privado y de Luz y Fuerza, afectados también por los despidos. Una movilización de casi 20.000 personas se concentró entre las rutas 3 y 26, en un acto convocado por la burocracia de los sindicatos y por el intendente Linares, del FpV. A partir de la huelga, se puso en marcha una parte de la actividad petrolera que se encontraba paralizada. PAE ya restituyó tres equipos de producción y fijó un cronograma hasta completar diez más de perforación y un total de 41. Las petroleras no sólo no cumplieron su parte en el acuerdo que firmaron con Macri, Frigerio y Das Neves, por el cual reciben 4.250.000 pesos diarios en conceptos de subsidios - pagados con el naftazo- y que supuestamente los obligaba a detener los despidos hasta el 31 de agosto y a “subir” los equipos que habían sacado de producción, sino que recrudecieron su política cesanteadora. Para ello, apelaron a retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, reducción de horas de trabajo y quitas del 30% del salario (Tecpetrol). Además, las tercerizadas despiden y cuando las reemplazan por nuevas contratistas sólo toman una parte del personal, dejando sin trabajo al 20%. Las pymes, que emplean gasistas, metalúrgicos, soldadores, despiden por decantación. Por día dejan a más de 50 trabajadores en la calle y los petroleros saben que en un par de meses, al no subir los equipos (sin ponerlos a producir), quedarán sin trabajo. La burocracia sindical -con todo el aparato político municipal y provincial- llamó a este segundo paro y movilización del año porque el malestar y la presión de los obreros por los despidos, el impuesto al salario y el pésimo acuerdo salarial (sumas en negro actualmente en 6.000 pesos) iba en aumento, arriesgando su control sobre los trabajadores. ¡Nadie olvida a los combativos Dragones! Se desarrolló todo un entramado entre el camporista Avila, de Petroleros Privados; Linares, el intendente K de Comodoro; Taboada, de Camioneros (Moyano) y Das Neves, el gobernador de Chubut, para que la reacción obrera fuera contenida y no se lleve puesta, como mínimo, la cabeza de Avila (tiene elecciones en el sindicato en dos meses). Das Neves es uno de los acusados en la causa de coimas de Cerro Dragón, de los Bulgheroni, dueños de PAE. La intimación a esta compañía para que suba los equipos fue, claramente, para evitarle males mayores. Por otra parte, Das Neves le entregó a Avila la empresa provincial Petrominera, colocándolo como interventor para que le garantice la paz social. El intendente Linares, que precariza en el municipio con becarios en negro, no podía estar ausente en esta entente. En el acto, tanto Avila como Taboada amenazaron con un paro indeterminado si no suben los equipos y luego firmaron la paz social. ¡Pero los despidos no han parado desde enero, cuando se realizó el primer “comodorazo”! Lo que sí avanzó fue el acuerdo para subsidiar a las petroleras. La burocracia actúa como lobista de los pulpos petroleros, no de los obreros cuyo derecho al trabajo está siendo violado todos los días. Ninguno de los burócratas K o moyanistas plantearon abrir la paritaria petrolera por una urgente recomposición salarial, frente a la escalada inflacionaria. Mucho menos, la perspectiva de una huelga general hasta quebrar el ajuste y los despidos. El “comodorazo” es un síntoma poderoso de la crisis nacional y de la disposición de la clase obrera a intervenir en defensa de sus conquistas amenazadas. Como en todo el país, esa disposición de lucha necesita abrirse camino con un programa y una perspectiva política propios, en oposición a la burocracia sindical y los partidos entrelazados con los monopolios petroleros.

A lo largo del día miércoles se realizaron asambleas en distintas dependencias que se encuentran nucleadas en ATE y ATSA, dos de los gremios que decidieron dejar el acampe con el argumento de que iban a cambiar de táctica frente al conflicto, abandonando la Unión de Gremios que viene sosteniendo el plan de lucha tras el ajuste de Bertone. Desde temprano se realizó una asamblea autoconvocada en el Hospital Regional de Usuhaia, dónde cerca de 90 trabajadores deliberaron sobre la posición de ATE y la necesidad de continuar defendiendo el acampe. La asamblea resolvió movilizarse desde el hospital al acampa a manifestar el apoyo a la continuidad de la lucha. En Desarrollo Social, una asamblea donde participaron alrededor de 30 trabajadores tomo una actitud similar y también aprobó una movilización hasta el acampe. En el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (Ipauss), una asamblea encabezada por una mayoría de los delegados resolvió apoyar el acampe y mantener firme la carpa que tienen instalada afuera de la Casa de Gobierno. La rebelión por abajo expresa el malestar que tienen con la dirección, que decidió en una asamblea de delegados, sin consultar en los lugares de trabajo, votar el levantamiento de las medidas de lucha, por la promesa de parte del gobierno de pagar los días caídos y la posibilidad de alguna negociación respecto a los puntos de conflicto. Estas medidas son una bocanada de aire caliente en momentos difíciles de la lucha.

El gobierno “nacional y popular” de la gobernadora Rosana Bertone, del Frente para la Victoria, se ha transformado en el gobierno que más lejos ha llevado el ejercicio de la criminalización contra los trabajadores desde la asunción de Macri. En la madrugada del jueves, el juez Javier De Gama Soler otorgo la libertad de los cinco trabajadores municipales y estatales de Ushuaia. Pero su libertad fue condicionada por la prohibición de acercarse a la gobernadora o a sus funcionarios, y mantenerse alejados a no menos de 200 metros de los edificios públicos (lo cual le impide la participación en asambleas que siguen discutiendo día a día el conflicto, y el acampe frente a la casa de gobierno). Se llega al punto de restringir su libertad obligándolos a permanecer en sus hogares desde las 22 a las 6. Los trabajadores liberados son los dirigentes gremiales Horacio Gallegos, Roberto Camacho y Juan Manuel Estefoni, pertenecientes al gremio municipal SOEM; José Gómez secretario general de Afep y Alejandro Gómez del Sutef. Este fallo implica la anulación de toda posibilidad de ejercer sus derechos gremiales. La excusa para su detención fue el escrache y los incidentes ante el vicegobernador Juan Carlos Arcando del FpV, el 2 de mayo (http://www.po.org.ar/prensaObrera/1409/politicas/tierra-del-fuego-estado-policial-para-garantizar-el-ajuste). Durante las más de 36 horas que estuvieron detenidos se los mantuvo incomunicados, no se permitió la constatación de su condición física, a pesar de las denuncias de los familiares de los serios golpes recibidos al momento de su detención y de ser solicitado expresamente por la diputada Soledad Sosa y miembros de organismos de derechos humanos. Tampoco fueron indagados en ese tiempo, lo que equivale a decir que se los tuvo detenidos sin acusarlos de nada, a la vez que el operativo policial se convirtió en una amenaza contra el resto de los militantes gremiales que no levantaron el acampe frente a la casa de gobierno e instalaron en forma inmediata una carpa frente al Juzgado. En forma continua circularon amenazas de nuevas detenciones. Al momento de indagarlos se les atribuyó los delitos de instigación a la violencia, lesiones, daños y robo (por el handy que siempre pierde la policía). La elección del delito de instigación pública atribuyendo a los gremialistas haber llamado a violentar la “paz social”, deja al desnudo que el objetivo de la persecución es imponer la paz social a palo y represión, derrotando la huelga. Lo que pretendió ser un recurso de amilanar a los trabajadores se transformó en un nuevo incentivo de lucha, durante toda la jornada se hicieron en todos los lugares de trabajo asambleas que discutieron no sólo mantener el acampe, sino distintas modalidades de paro y movilización.

Luego de la liberación condicionada de los cinco dirigentes gremiales, la respuesta de la población ante tamaño avasallamiento a las libertades sindicales y democráticas fue contundente. Tanto el viernes como el domingo, las movilizaciones nocturnas en repudio al estado policial planteado por la gobernadora Rosana Bertone (Frente para la Victoria) fueron masivas, convocando miles de trabajadores. El movimiento de lucha de los estatales había recuperado la fuerza, fuerza que se había perdido en parte luego del esfuerzo extraordinaria de un movimiento de lucha que lleva más de 70 días. Extorsión del gobierno El gobierno kirchnerista de Bertone no sólo ha imputado a los cinco gremialistas, ha lanzado un tendal de causas penales para el conjunto de los trabajadores que aún se encuentran en la lucha, muchos de ellos ya han sido notificados. En el sector docente insiste en la contratación de rompehuelgas: luego de no poder hacerlo, producto de la lucha, ha llegado al extremo de ofrecer cargos por clasificados y mensajes de texto. El último anuncio oficial es que se iniciarían sumarios administrativos a todos aquellos que participaron del acampe y bloquearon los accesos a Casa de Gobierno. La persecución y la extorsión para quebrar la lucha por parte del gobierno del FpV parecerían no encontrar límites. Los allanamientos a trabajadores que luchan por sus derechos en plena madrugada nada tienen que envidiarle a los grupos de tareas o el terrorismo de estado. Mesa de aceptación El gobierno convocó a una mesa de “negociación” en la ciudad de Río Grande formalmente a todos los gremios, los que se encontraban con medidas de lucha y los que no. Cuando se produjo la acreditación los únicos autorizados a ingresar fueron aquellos gremios que se han alineado con el gobierno, ya sea desde un principio, o los que en el último período han abandonado el método de lucha del paro y el acampe, es decir aquellos que han abandonado la unión de gremios, tal es el caso de ATSA, ATE y Siprosa. Asimismo, el gobierno le impidió acreditarse a los miembros de la Unión de Gremios pretendiendo que los mismos levanten las medidas para poder ingresar a la discusión. Una provocación, lisa y llana. En la “mesa técnica”, los gremios que entraron no pudieron avanzar en ninguno de los puntos previstos, lo cual demuestra la intención del gobierno de continuar dilatando, la mesa técnica tiene 120 días para “trabajar”, es decir que para cuando esta finalice el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (Ipauss) estará disuelto y el paquete de leyes ajuste se habrá implementado. Semana clave El martes, a una semana de la detención de los dirigentes gremiales, la marcha de antorchas convoco alrededor de 700 trabajadores de los diferentes gremios y también participaron trabajadores sindicalizados en los gremios que decidieron abandonar el acampe, se ha gestado una resistencia de las bases que se niegan a claudicar. Existe una merma en la movilización en la que está presente la división que provoco el gobierno con la promesa de arreglar con los sindicatos que se bajaron de la lucha, pero también el desgaste por lo prolongado del conflicto. Es necesario continuar nacionalizando esta lucha para derrotar el ajuste impuesto por el gobierno del Frente para la Victoria y avalado por el macrismo. En Tierra del Fuego se libra una lucha estratégica que marca un precedente que sirva de horizonte para la clase trabajadora. La embestida llevada adelante por Macri y los gobernadores debe ser combatida con el frente único de la clase trabajadora, planteándose una salida independiente de los partidos patronales. Se refuerza la necesidad del paro nacional por la victoria en Tierra del Fuego y la derrota del ajuste.

Hace más de un mes y medio que los hospitales de la provincia de Córdoba vienen luchando por la recomposición salarial, luego de que el gobierno y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), cerraran un acuerdo del 25% para todos los estatales. Posteriormente, y con la intención de dividir la lucha, el gobierno acordó con la agrupación Médicos Unidos una suma de 1.000 pesos en dos cuotas, para el grupo 1 (profesionales), que fue repudiado por todos los sectores, intensificando las medidas de lucha. Ante esto, Schiaretti arremetió con masivos y arbitrarios descuentos sobre los trabajadores de salud. Asimismo, comenzó a imponer la represión a la lucha militarizando el Hospital Misericordia, sin orden judicial alguna, para atacar una carpa sanitaria que pusieron los trabajadores como medida de protesta. Todo este accionar no frenó la lucha de los estatales, que rápidamente redoblaron la organización para exigir que se reintegre en lo inmediato las sumas descontadas, además de conformar fondos de huelga por hospital. La situación de vaciamiento, se agravó luego de que el 1 de mayo pasado se quitara la vida un paciente de 19 años del Hospital Neuropsiquiátrico. En el momento del hecho, había sólo una médica a cargo de todos los pacientes en el nosocomio, que debía también atender las emergencias. El hecho se podría haber evitado. Tanto los trabajadores como los pacientes de este hospital hace años vienen denunciando el cierre de camas, el edificio destruido, la falta de insumos y de profesionales, así como las condiciones de precarización laboral. El miércoles 4 de mayo, más de 300 residentes se movilizaron por las calles de Córdoba, reclamando por el aumento salarial, pero también por la aprobación de una ley provincial que los reconozca como trabajadores y les otorgue los derechos correspondientes. El gobierno provincial niega que sean trabajadores y, por lo tanto, los compañeros no tienen aportes, obra social ni ART, y están sometidos a un régimen terrible de precarización laboral que los lleva a cumplir jornadas laborales de 36 horas continuas. Al calor de la lucha, se ha conformado el “colectivo de residentes”, que funciona con una organización de más de veinte delegados de los hospitales, que se fue sumando a las asambleas, paros y movilizaciones que se desarrollaron en toda el área salud. El legislador del PO y el Frente de Izquierda, Eduardo Salas, resumió todos estos reclamos en un proyecto de resolución, que exige la inmediata destitución del ministro de Salud, Francisco Fortuna. Iniciativa que tuvo gran adhesión entre los trabajadores y repercusión mediática. Conocidos los descuentos, la comisión directiva de ATE resolvió parar el viernes 5 de mayo. Las asambleas de los distintos hospitales comenzaron a votar un paro de 48 horas para los días 11 y 12 de mayo, iniciativa que apoya la UTS. En todos los nosocomios provinciales se discutió y resolvió un plan de lucha unificado de los gremios UTS, ATE y Atsa. Hasta ahora, ello ha sido imposible porque la dirección de ATE desconoce los mandatos de las asambleas interhospitalarias y resuelve las medidas sin consultar al cuerpo de delegados del propio ATE y menos aún a las asambleas de base. La directiva de ATE también se niega rotundamente a marchar a la Casa de Gobierno. El aumento otorgado por el gobierno para todo el año está a punto de ser superado por la inflación que en estos meses es mayor al 20%. La lucha hospitalaria se refuerza. El camino del triunfo está en la unidad de todos los sindicatos y agrupamientos con un plan de lucha unificado, que desarrolle a fondo los mandatos votados en las asambleas de base y en la asamblea general. Es necesario desarrollar también un pliego único de reclamos, una mesa paritaria de todos los sectores y un gran paro provincial, con movilización a Casa de Gobierno.

La situación de los metalúrgicos en Córdoba es crítica. El sindicato seccional ha reconocido que se han producido 350 despidos en lo que va del año y más de 1.200 compañeros pueden perder su trabajo en el período inmediato. La mayoría de las empresas enfrentan suspensiones y despidos, o directamente el cierre. En Valeo se ha impuesto una suspensión ilegal de dos días por semana hasta septiembre, con una supuesta garantía de no despedir. También Venturi se encuentra con suspensiones. En Materfer, los trabajadores enfrentan la persecución patronal que ha despedido 40 trabajadores en la última semana. En Allevard Rejna se hicieron pasar los despidos de 14 compañeros pagando doble indemnización, luego que se parara la planta y se dictara la conciliación obligatoria con los despedidos adentro. En Efacec se cerró la planta a fines del año pasado, también con indemnizaciones incrementadas, previo a la intervención ilegal de la guardia de Infantería militarizando la planta. Todo el proceso de despidos y suspensiones fue impuesto por el gobierno provincial y la dirección de UOM seccional Córdoba, referenciada políticamente con ese gobierno y enfrentada a la UOM nacional. Desde el Ministerio de Trabajo provincial y la conducción sindical se desarrollan todas las maniobras para imponer esta política, llegando al extremo de desconocer la legitimación de los delegados obreros combativos para defender a sus compañeros. Cuando esto falla, aparece la fuerza policial ocupando las plantas como sucedió en Allevard y en Efacec. El actual gobernador, Juan Schiaretti, y el anterior, José Manuel De la Sota, se han negado sistemáticamente a tratar siquiera la ley de prohibición de despidos y suspensiones presentada por los legisladores del Partido Obrero y el Frente de Izquierda. El secretario general de la UOM Córdoba, Rubén Urbano, lejos de resistir los despidos, los impulsa, como lo denunciaron los trabajadores de Materfer. Los compañeros de RAR que han conformado una cooperativa y siguen luchando por la reapertura de la planta, han dejado en claro quiénes son los responsables del vaciamiento, los despidos, la falta de pago de las indemnizaciones y el cierre del establecimiento. Luego de conseguir que la Legislatura se pronunciara por la continuidad, desde los ministerios de Trabajo y de Industria provinciales no se llevó adelante ninguna iniciativa en ese sentido; al contrario, se trata de extorsionar a los compañeros, para que retiren los recursos legales que impusieron en la quiebra. Urbano no ha tomado la más mínima iniciativa que defienda la lucha de RAR. El panorama es negro, si se tiene en cuenta que los gobiernos de Macri y Schiaretti están empeñados en trasladarle la crisis a los trabajadores, tomando medidas que acentúan la recesión y el parate industrial, como es la liberación de importaciones o el haber contratado empresas chinas y brasileñas para construir los gasoductos en Córdoba, con materia prima e insumos producidos en el exterior. El “plan de lucha” de UOM nacional, en Córdoba ni siquiera arrancó. Ahora, Urbano ha convocado a movilizarse el próximo 12 de mayo. La medida puede no realizarse porque la burocracia de Caló plantea un 35% en cuotas y las patronales el 32%, por supuesto, en cuotas. En ese supuesto, Urbano tampoco lo sostendrá. El enfrentamiento entre Caló y Urbano se da sólo cuando se defienden los intereses de los capitalistas. Un extendido activismo viene luchando en las principales plantas, contra despidos y suspensiones y la persecución política y sindical del gobierno y la burocracia. Ese activismo incluso sostiene una importante presencia en los cuerpos de delegados. Su unidad y acción común puede ser determinante. Están dadas todas las condiciones para que madure una medida general, unificada. Es necesario un plan de lucha por el 40% de aumento salarial en una sola cuota, por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y para terminar con los despidos y por la reapertura de RAR. Planteamos que se convoque a los trabajadores a asambleas por fábrica y al congreso de delegados con mandato para decidir un plan de lucha.

El viernes 13 de mayo, la diputada nacional del Partido Obrero - Frente de Izquierda, Soledad Sosa, de la provincia de Mendoza encabezará una delegación que visitará a Belén en el Penal de Tucumán para reclamar su libertad y exigir la nulidad del juicio. Integrarán dicha delegación la dirigente nacional de la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero, Vanina Biasi, la diputada por la provincia de Salta, Gabriela Jorge, la candidata a intendente por la ciudad de Río Cuarto, Córdoba y activista del movimiento de mujeres, Lucía Salazar y la defensora de los derechos de las mujeres tucumana, la trabajadora social Alejandra del Castillo. Por la tarde se realizará una charla donde, junto a la abogada de Belén, integrante de la campaña nacional por el Derecho al Aborto, Soledad Deza, presentarán los argumentos y posiciones sobre el caso.

El 5 de mayo tuvo lugar una reunión de la mesa nacional de la CSC-PO. Se debatió el cuadro del movimiento obrero a la luz del balance de la movilización del 29 de abril. Nuestra iniciativa de constituir una columna de los sectores combativos, bajo la consigna “paro nacional y plan de lucha”, logró imponerse a toda la izquierda contraria a intervenir y marca una orientación general para la actual situación. La crisis de la burocracia no se resuelve con la unificación de las centrales; menos con la política de “dar la batalla en el parlamento”. Esta línea, cuya finalidad es disimular la complicidad con el oficialismo, da lugar a roces y crisis de mayor alcance, como lo prueba (más allá de su derrotero) la ley de emergencia laboral. El ajuste macrista agudiza todas las contradicciones económicas y sociales: crece “el festival de bonos”, la pobreza se dispara al ritmo de la inflación, se derrumba la industria y el consumo. Las huelgas en curso (como la que encabeza Conadu Histórica, objeto de un debate especial en la reunión), así como las rebeliones de Tierra Del Fuego o Comodoro Rivadavia, instalan objetivamente la necesidad del paro nacional; algo que también se abre paso en la conciencia de los trabajadores. Promovemos para ello, un confederal de las cinco centrales con mandatos de asambleas, lo que constituye un método por aproximación, tal el ejemplo del plenario de 700 delegados docentes, estatales y con representación de 25 gremios realizado en Mendoza por iniciativa de ATE Mendoza y la CTA clasista de la provincia. En este contexto de luchas y realineamientos, corresponde justipreciar la histórica victoria en el Sutna, ya que por un lado marca una tendencia antiburocrática de fondo en el activismo y, por el otro, resume una concepción del frente único, opuesta tanto al faccionalismo como al oportunismo. Se trata del frente único con un programa de independencia de clase y un método de democracia sindical, para desenvolver la lucha simultánea contra la patronal, la burocracia sindical y su soporte, el Estado. El paquete de leyes que impulsan nuestros diputados tiene por objeto el desarrollo de un programa para la acción directa del movimiento obrero; tal es el caso del proyecto de prohibición de despidos y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para que la crisis la paguen los capitalistas. La Mesa Nacional fijó políticas especiales para las paritarias de metalúrgicos, alimentación y otras, en torno del reclamo del 40% sin cuotas. Debatir con la vanguardia Estas conclusiones prefiguran lo que será el documento de convocatoria a la conferencia nacional que realizaremos el 2 de julio. El ascenso de Macri no canceló la transición hacia una nueva dirección del movimiento obrero, pero la coloca en un nuevo escenario. Se trata, entonces, de rescatar todas las lecciones y trasladarlas al activismo, a la vanguardia, para preparar un nuevo avance del clasismo. El documento incluirá objetivos precisos de estructuración. Nos proponemos que los debates y plenarios, que tendrán lugar en estos casi dos meses hasta la conferencia, nos permitan consolidar e incorporar a la coordinadora a numerosos sectores con los que venimos desarrollando una experiencia común; eso incluye sindicatos del interior, seccionales y fuertes agrupamientos industriales. Ponemos el ojo en la crisis del peronismo, como sistema de dominación política en los sindicatos, y asociamos la construcción clasista con el desarrollo de la izquierda obrera y socialista. Objetivos y posibilidades La conferencia deberá considerar el llamado a un gran encuentro nacional del clasismo y los sectores combativos, sobre bases diferentes a las que hundieron estas alternativas en el pasado: se trata de apoyarse en las representaciones sindicales reales del campo de la lucha, así como de establecer, en la lucha contra el ajuste de Macri y los gobernadores, una delimitación clara del kirchnerismo y la burocracia. Para llevar adelante estas iniciativas se nominó una “mesa chica” de diez integrantes, una de cuyas responsabilidades será la reedición de El Clasista, periódico de la coordinadora. El plenario votó también la participación de la CSC junto a los compañeros del Sitraic en la marcha que harán el 11 de mayo a la Cámara de la Construcción para reclamar por su convenio y su paritaria; movilizarse el 16 de mayo a los tribunales donde serán sometidos a juicio oral trece trabajadores del taller San José del Subte, por una huelga en 2014; acciones especiales de apoyo a las movilizaciones docentes estudiantiles y a las huelgas de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Asimismo, se resolvió la realización de una reunión nacional el 30 de mayo.

La Lista Verde de Rodolfo Daer retuvo la dirección del STIA Capital, por 3.022 votos -según los datos del propio oficialismo- contra 755 de la Bordó y 282 de la Azul y Blanca. La Bordó denuncia que con procedimientos fraudulentos -cambios de horarios de las urnas, impedir el ingreso de fiscales opositores, votaciones del 100% del padrón donde no llegan fiscales opositores- la Verde intenta despojarla de la minoría. La Verde se encuentra en un cuadro de crisis y resquebrajamientos en todo el país - y el STIA Capital no es la excepción. Prueba de ello es el abandono total de la defensa de los trabajadores del grupo Canale en Cuyo, de Alpesca en Chubut y de Cresta Roja en la zona sur de Buenos Aires. Más reciente es el abandono del ya de por sí insuficiente reclamo de 16.500 pesos al inicial votado por el Plenario de Congresales (lo que representaba un 48% de incremento salarial) para bajarse a 15.000 pesos al inicial (menos de un 35%), abandono que se hizo antes de hacer una hora de paro. Si se tiene en cuenta que la Lista Bordó en la elecciones de 2012 -integrada también por quienes componen hoy la Celeste y Blanca- había alcanzado un 40% de los votos y ganado en 15 fábricas, la votación de la Bordó -perdiendo en sus “bastiones” como Stani, Pepsico y Felfort- representa un fuerte retroceso. Nuestra crítica principal la política de la oposición está relacionada con un problema de método, que es crucial para el clasismo en su desarrollo en el movimiento obrero: la ausencia de una verdadera política de Frente Unico contra la burocracia de la Verde. Esto supone unificar para la acción combatiendo todo faccionalismo. La división de la oposición antiburocrática le allanó el camino de la victoria a Daer. El argumento que esgrime la Bordó de que la Celeste y Blanca “es verde, amiga de Wasiejko en el Sutna y traidores a la lucha de 2009” es un subterfugio; se opone a su propia práctica en 2012 -cuando la Celeste y Blanca ya era acusada de Verde, ya era amiga de Wasiejko y ya se había bajado de la huelga de 2009, y aun así integraron una lista común. Otra expresión de esa ausencia de Frente Único es el rol de las internas de la Bordó (principalmente en Kraft) y de la Transparente en Felfort de no adherir a los paros nacionales convocados por la Federación Alimenticia, con el argumento de que son “inconsultos”. No impulsar a los trabajadores a la huelga los privó de una experiencia de lucha clave, y le quitó la enorme autoridad que la Bordó tenía ganada frente al conjunto del gremio en la huelga de 2009. Esta política conservadora fue impotente frente a los despidos y las tercerizaciones. También la votación expresó que estamos ante un sindicato prácticamente vaciado de afiliados, algo que es promovido de conjunto por la burocracia sindical y contra lo cual el clasismo, si quiere echar a la burocracia, tiene que tener una de sus principales batallas. La no afiliación al gremio expresa el descontento con la burocracia, pero también expresa la ausencia de una política para enfrentarla. El desplome de la Celeste y Blanca en Kraft (169 contra 262 de la Bordó y 246 la Verde) y su elección marginal en todo el gremio demuestra que la ausencia de política -o el discurso antipartidos- podrá servir para ganar circunstancialmente una elección, pero que es indefectiblemente un factor de desorganización en el movimiento obrero. El triunfo de la Verde tiene pies de barro. La burocracia, sus prácticas y su política no tiene base entre los trabajadores, que quieren enfrentar el ajuste. Es necesario que el activismo saque las conclusiones correctas de este retroceso de la oposición en el STIA Capital, para derrotar a Daer y para poner en pie una poderosa oposición en todo el gremio de la Alimentación.

La presidenta de Aerolíneas, Isela Costantini, presentó en febrero un plan de ajuste, apoyado por los gremios, que incluía 1.500 despidos encubiertos bajo la forma de “retiro voluntario”, la “fusión” de Austral con Aerolíneas (para vender sus rutas y marca) y el cierre de escalas internacionales (Nueva York, Barcelona, Roma). El ajuste llegó hace rato A esta altura, Costantini ya había cerrado los vuelos a Brasilia y levantado la escala Río Gallegos del corredor petrolero. También rompió el contrato con SOL, que llevó a su cierre. Fue entonces que pidió al Estado 1.100 millones de pesos para cubrir el déficit hasta fin de año y terminó aceptando 420. En esta puja logró sacar de la empresa a Lopetegui, vicejefe de Gabinete, CEO de LAN y encargado de supervisarla, a quien acusaba de defender los intereses de la línea chilena. Parecía que Isela ganaba esa pulseada, pero no. Ahora, el coordinador de la Jefatura de Gabinete y CEO de Farmacity, Quintana, le informó que en lugar de los 420 le darán 260 millones por el resto del año, lo que alcanza apenas para pagar los sueldos hasta agosto. Un apriete destinado a meter el bisturí a fondo. En las últimas semanas, el gobierno autorizó a LAN y la línea económica Sky Airline a volar desde Córdoba y Mendoza a Santiago de Chile y desde Salta a Perú, lo que triangula vuelos a Europa y Estados Unidos. Avianca ingresó al mercado a través de un negociado de MM, que le vendió su empresa Mac Air para habilitar sus operaciones en Argentina. También desembarcaron la boliviana Amaszonas, que vuela desde Salta y Córdoba a Bolivia. Todo en competencia directa con la “línea de bandera”. Días atrás, el ministro de Transporte, Dietrich, se reunió con un representante de Ryanair, la línea de bajo costo más importante del planeta, y declaró que el Estado no debía subsidiar los viajes en avión de los ricos. Ha trascendido el interés de David Neeleman, empresario brasilero dueño de varias líneas de bajo costo en la privatización de Aerolíneas. Se trata de un plan que exige su reducción brutal, despidos masivos y la entrega del negocio aéreo al gran capital internacional. Buscando al macrismo “progre” Costantini empezó su gestión elogiando con cartas al personal la idoneidad, la voluntad de trabajo de los aeronáuticos y la buena disposición de las conducciones sindicales. En las últimas, se lamenta del corte de subsidios y parece buscar apoyo contra sus enemigos en el gabinete. En las últimas 48 horas pasó de amenazar con su renuncia “el día que los empleados no me quieran” a aceptar sin condiciones el corte de los subsidios. Ahora, analiza la devolución de aviones en alquiler y la reducción del personal de seguridad tercerizado, un sector que ha protagonizado importantes luchas contra los despidos y sus condiciones de trabajo. En este contexto, la carta del K Mariano Recalde, ex titular de la empresa, solidarizándose con Costantini, es una bajada de línea del kirchnerismo a la burocracia para que “colabore” en el ajuste, imitando a CFK y su “frente ciudadano”. Recalde no menciona la responsabilidad de su gestión en el vaciamiento “nacional y popular” de la empresa ni los procesamientos del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por recibir coimas de LAN y de Embraer o de su participación en el negociado de la estatización trucha de Aerolíneas. La burocracia de la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (Fapa), que agrupa a los principales gremios de Aerolíneas y Austral, se declaró en estado de alerta y advirtió contra lo que se viene, pero no piensa tomar medidas de fuerza contra Isela, un sapo que se tragará, pues sería el “mal menor”. Una línea de derrota que ya pusieron en práctica frente al cierre de la aerolínea SOL con la entrega sin lucha de 250 trabajadores aeronáuticos que trabajaban en esa empresa. Asambleas y paro de advertencia Hace pocos días, los técnicos de Austral impidieron la salida de dos aviones Embraer que se enviaban a Costa Rica para su revisión técnica, una tarea que debe ser realizada en los hangares de Austral y para la que se necesita incorporar más personal. Los compañeros exigieron que no se tercerice lo que puede realizarse en la empresa con un costo menor y que se incorpore para ello a los técnicos despedidos de SOL. Toda una respuesta y solución obrera a la crisis. Ese es el camino. Promover asambleas generales en todos los gremios para votar un inmediato paro de 24 horas. A pesar de los diagnósticos pesimistas de buena parte de la izquierda, los aeronáuticos van a dar una dura pelea. La movilización de los técnicos de Apta contra Cirielli, que apoya abiertamente al gobierno, no está cerrada, a pesar de haber conservado el gremio en las últimas elecciones. La delimitación de todas las direcciones burocráticas aeronáuticas es la condición para enfrentar el ajuste. Para ello el activismo necesita dotarse de un programa independiente frente al ajuste macrista.

El cierre de la paritaria municipal, que acordó un vergonzoso 14% hasta fin de año, y luego la de médicos que en tres cuotas promedia un 17%, abrieron un cuadro convulsivo, de lucha, entre los trabajadores del Gobierno de la Ciudad. Es la reacción al rodrigazo que puso en marcha el gobierno de Macri y Larreta y que tiene como contrapartida paritarias de ajuste. En el caso de los municipales, el salario promedio ronda los 10.000 pesos, que ahora se elevará a 11.400 pesos, cuando el propio Gobierno de la Ciudad calcula la canasta familiar para marzo en 17.531 pesos. El 14% no alcanza ni siquiera para cubrir la inflación acumulada desde diciembre, un 15,3%. Las asambleas que rechazaron el acuerdo se extendieron como una mancha de aceite por hospitales, ministerios y dependencias. En el Hospital Durand se montó una carpa de lucha y se realizaron cortes de calle, festivales y ollas populares. Dos plenarios autoconvocados, uno en el Durand y otro en el Ramos Mejía, nucleó a compañeros de ministerios y hospitales afiliados a Sutecba, ATE y no afiliados. Allí se resolvió una jornada de lucha para el miércoles 11 y un nuevo plenario el viernes 13 en el Hospital Santa Lucía. La burocracia de Sutecba defendió el acuerdo con una patota de 400 barras en la sede del sindicato. La directiva K de ATE Capital se pronunció contra el acuerdo, pero sólo realizó un breve acto en el paro del 19 de abril sin plantear ninguna perspectiva. Cuando participó del plenario en el Ramos Mejía tuvo una intervención autoproclamatoria, intentando abortar los plenarios autoconvocados con el llamado a desafiliarse de Sutecba y tratando de que todo se resuelva en sus plenarios. Plantearon una movilización para “fines de mayo o principios de junio”, lejísimos, y sin plantear un plan de lucha. Es el método de los paros aislados que abortan el desarrollo del movimiento y luego lo llevan a medidas débiles que conducen a la derrota. Este proceso empalmó luego con el cierre de la paritaria de médicos municipales, que la burocracia de la AMM cerró en cuotas y de manera inconsulta. Asambleas en la Maternidad Sardá, el Hospital de Niños R. Gutiérrez y el Durand rechazaron el acuerdo. En la Sardá, dirigida por la oposición, se votó un paro y un acto. En el Gutiérrez una asamblea hospitalaria resolvió un paro. En el Durand, una asamblea se rebeló contra la conducción local de la AMM y votó rechazar la paritaria y movilizarse en solidaridad con el Gutierrez el miércoles 11 planteando la necesidad de parar. Los residentes también se levantaron en este proceso. Luego de movilizarse masivamente a la sede de la AMM, votaron un paro de 48 horas el 11 y el 12 exigiendo la reapertura de paritarias, la participación en la mesa de negociaciones y mejores condiciones laborales. Estamos en presencia de una reacción de lucha por el salario que supera la de años anteriores. Desde nuestras agrupaciones, Tribuna Municipal y Tribuna de Salud participamos activamente en todo este proceso, planteando la necesidad de las autoconvocatorias y los planes de lucha unificados. Un plenario conjunto de ambas agrupaciones resolvió el apoyo a todas las medidas de lucha ya votadas, hacia un paro y movilización a Jefatura de Gobierno de todos los sectores. Por una asamblea general autoconvocada de municipales, médicos, profesionales y residentes que vote un plan de lucha. Quebremos las paritarias del ajuste por una verdadera recomposición salarial.

El Guernica, de Pablo Picasso, está en exhibición permanente en la Fundación del Museo de la Reina Sofía, en Madrid. El patrono de esa fundación es el muy católico y monárquico millonario Santiago de Torres Sanahúja, propietario, entre otras muchas cosas, de la galería MS, que funcionó desde 2004 hasta el verano boreal de 2012. Ese año, la MS y su dueño quedaron en la mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española por lavar dinero mediante transacciones con obras de arte. Socio de Torres Sanahúja es David Marjaliza, uno de los principales imputados en la llamada “red Púnica”, aquel entramado de corrupción que hundió en la crisis al gobierno de Mariano Rajoy. En aquel momento quedó a la vista un mecanismo que se conocía desde mucho tiempo antes: el dinero de las “comisiones” (coimas), que grandes empresas como la energética francesa Cofely pagaban a políticos españoles para arreglar sus negocios, era reingresado en el circuito legal mediante la compra de obras de arte que se pagan, o simulan hacerlo, a un precio muy superior a su cotización estimada. Lo mismo ocurre con dinero procedente del narcotráfico, de la evasión de impuestos o de cualquier otro origen ilegal. Las obras de arte son ideales para eso porque, después de todo ¿cuánto vale, por ejemplo, una pintura artística? Vale exactamente lo que un coleccionista esté dispuesto a pagar por ella, no rige en ese ámbito la ley del valor. Además, esas transacciones no pagan impuestos: cualquiera puede entrar en cualquier aeropuerto con un Rembrandt arrollado en un estuche sin que nadie le diga nada, aunque en verdad está ingresando un buen par de decenas de millones de dólares. Los bancos, siempre los bancos Según los entendidos, el comercio de obras de arte es uno de los mecanismos de lavado de dinero más usados después de las operaciones inmobiliarias. También tiene su importante lugar en ese punto la compra-venta de contratos de deportistas profesionales, en especial jugadores de fútbol y basquetbolistas. Por supuesto, todos esos mecanismos resultarían imposibles sin la complicidad activa de los bancos por medio de los cuales se efectúan las transacciones. En materia de dinero ilegal y lavado, los bancos son los verdaderos grandes dueños del negocio. La agencia EFE informó hace unos meses que el dinero lavado en España procede básicamente del narcotráfico y, en menor medida, del comercio ilegal de armas y de la evasión impositiva. Por su lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos considera que España es “la mejor lavandería de Europa”. Washington no puede referirse al territorio norteamericano, claro está, porque en ese caso debería admitir que el principal centro lavador de dinero del mundo es, precisamente, Estados Unidos. Otro modo de lavar dinero con obras de arte es el de las subastas fraudulentas. Un supuesto vendedor saca a la venta, falsamente, una obra de arte. En una puja simulada, un cómplice ofrece determinado monto y se lleva la obra. Luego, terminado el simulacro, la devuelve y cobra su comisión. Menos complicadas aún son las cosas en el ambiente de los marchantes y de las personas que compran y venden obras artísticas con más reservas. En esos ámbitos los controles son mucho menores o no existen. La burguesía crea un mundo su imagen y semejanza, y no puede el arte librarse de esa ley. Está reservado a los artistas, y al pueblo trabajador que defiende la cultura y la civilización, el organizar la rebelión de las obras de arte contra su condición mercantil. Por otra parte, en su decadencia, en su última etapa de descomposición, el capitalismo se vuelve abiertamente delictivo. Por eso, también la lucha por la libertad del arte es lucha contra la dictadura de los banqueros, de las mafias capitalistas.

El 16 y 19 de mayo, a las 10 horas, en el Juzgado Contravencional Nº 20, de Tacuarí 138, Ciudad de Buenos Aires, se iniciará el juicio oral a trabajadores del Taller San José del subte. Se los acusa de interrupción intencional de servicio público, pasible de sanciones monetarias y penales. En el año 2014, la empresa aplicó suspensiones arbitrarias e ilegales a un grupo de trabajadores del taller, que se tomó, legalmente, el día para donación de sangre. Producto de lo cual se tomaron medidas de acción gremial, que derivaron en una mediación en Subsecretaría de Trabajo, donde las sanciones fueron retiradas. Más allá de las acciones realizadas en el taller, en ejercicio legítimo del derecho de huelga, una fiscal hizo lugar a denuncias de la patronal, Metrovías y Sbase, que adjudicaron, arbitrariamente, a estos trabajadores, responsabilidad en otras medidas que nada tuvieron que ver con su conflicto. Como un paro de la Línea D por ascensos no reconocidos o un estado de alerta emitido por la directiva de la AGTSyP, un día antes, por reclamos en paritaria. La fiscal desarrolló en 200 fojas un reconto de conflictos de los últimos años, acusando a los trabajadores del subte de ser un grupo de rebeldes que actúan sin personería gremial. Evidenciando con ello, animosidad contra el legítimo accionar gremial y parcialidad en defensa de medidas patronales represivas. En este caso, como en decenas de otros juicios que están llevando a desfilar a delegados y activistas del subte por tribunales, se aplica la ley del Subte 4.472, cuyo articulado habilita sanciones por acciones que afecten el servicio o la recaudación, aún cuando sean legítimas medidas de acción gremial. Debe destacarse que los trabajadores del taller San José vienen luchando, antes y desde el traspaso del Subte a la Ciudad, contra la precarización del mantenimiento mecánico de las formaciones y las condiciones de seguridad e higiene que afectan tanto a trabajadores como a pasajeros. Temas por los que se han presentado 80 fojas de denuncias ante los organismos de control y pedidos de informes en la Legislatura porteña. Y que fueron y son motivo de persecución por parte de Metrovías y Sbase contra los compañeros. Con este motivo, los trabajadores de San José llaman a los trabajadores del subte y, en general, a todas las organizaciones del movimiento obrero a repudiar esta judicialización sistemática de la lucha obrera en el subte; a reclamar la anulación de éste y todos los juicios, y a encarar la derogación de la legislación que los habilita. La Naranja del Subte se solidariza con los compañeros de San José y llama a todos los trabajadores a acompañarlos al juzgado el 16 de mayo, a las 10 horas. Y reclama la anulación de todos los juicios por luchar, así como también la derogación de la legislación represiva.

Por primera vez en doce años, el principal sindicato de los educadores tucumanos (Atep) tendrá elecciones “normales”: la junta electoral oficializó a las cuatro listas que se presentan. Además de la propia burocracia (Lista Morada y Blanca), se presentan dos listas (la Dorada y la Lista Verde-Roja-Azul), que son desprendimientos del viejo tronco burocrático que encabezó César Zelayarán durante veinte años. Ambas formulan un planteamiento de “democratización” del gremio, limitado a la alternancia y al cambio de estatuto. Estos sectores fueron contrarios a la lucha autoconvocada de 2014 y, en general, a toda lucha. Ninguno plantea la independencia de Atep del gobierno. Son listas no apoyadas en la organización combativa de la docencia, sino en la colaboración con diversos aparatos políticos patronales (UCR-macrismo, PJ opositor). En contraposición con ellas, se presenta la única lista verdaderamente opositora a la burocracia, la Rosa-Marrón-Naranja, expresión de los sectores combativos que, desde hace varios años, vienen luchando por poner en pie a la docencia tucumana. La lista está integrada por más de 150 docentes que, en su gran mayoría, participaron en la gran autoconvocatoria de 2014, que logró movilizar de un modo independiente a varios miles de docentes y está encabezada por Raquel Grassino, principal dirigente de esa lucha, militante de Tribuna Docente y del PO y agrupa a diversas tendencias y luchadores: Tribuna Docente (PO), la Agrupación Marrón (PTS) y la Lista Naranja (vinculada con la Darío Santillán). La lista está conformada sobre la base de un programa de independencia del Estado y de los gobiernos de turno. Propone impulsar, en primer lugar, la lucha por la reapertura de la paritaria y un salario igual a la canasta familiar, el fin de las intervenciones de las Juntas de Clasificación y el curro que desde ahí están haciendo en contra de los docentes y la democratización de la vida gremial, terminando con el unicato sindical. Pero nuestro planteamiento de democratización no es ni declamativo ni formal, es un planteo de organización de la docencia en cuerpos de delegados y redes de escuelas, que será nuestro método en la campaña electoral. Las elecciones son el domingo 26 de junio. La lucha para conquistar el voto a la lista “de los Autoconvocados” debe ir acompañada de una campaña de empadronamiento y organización. Manos a la obra.

Con la concurrencia de más de 100 personas, entre ellos trabajadores de la construcción, ferroviarios, docentes, estatales y otros, se desarrolló, el viernes 6 de mayo una charla en la sede del Sitraic con Jorge Altamira. La introducción a la charla la realizó el secretario general del Sitraic, Víctor Grosi, quien saludó esta iniciativa como un resultado del avance político de los compañeros del gremio que convocaron a esta actividad. También puso de relieve la necesidad de abrir un debate sobre una salida para los trabajadores, en el cuadro donde proliferan los despidos y la pérdida de puestos de trabajo en la construcción. Altamira trazó un balance de la situación política actual, señalando la crisis del macrismo, que se ha manifestado en los últimos días como una crisis de gabinete, por las altas tasas de interés que impulsa el Banco Central para evitar una corrida al dólar. Mientras tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, debido al ajuste del presupuesto, no cuenta con los fondos necesarios para girar a las provincias y así ganarse el voto de los senadores. Señaló que la convocatoria de las centrales obreras del 29 de abril, si bien tuvo una concurrencia numerosa, se desarrolló dentro de los marcos de una movilización del aparato. Por último, destacó la emergencia de una movilización independiente del movimiento obrero, que protagoniza distintas luchas contra los despidos y el ajuste. Allí enmarcó la victoria del clasismo en las elecciones del Sutna nacional contra la burocracia kirchnerista de Pedro Wasiejko, alineada con la CTA de Hugo Yasky. Altamira caracterizó la situación actual como los prolegómenos de una irrupción del movimiento obrero, comparándolo con la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre y la huelga de junio y julio del ‘75, cuando los trabajadores salieron a enfrentar el Rodrigazo desbordando a las direcciones burocráticas del movimiento obrero. Por estos motivos, destacó la importancia del acto de independencia de clase montado por el Partido Obrero e Izquierda Socialista en la Plaza de Mayo el pasado 1° de Mayo y llamó la atención acerca de la acción rupturista del PTS, que abortó una acción común del Frente de Izquierda para consolidarse como alternativa política para los trabajadores.

Foto: Federico I. El miércoles 11 de mayo, el Sitraic protagonizó una imponente movilización, con más de 1.500 trabajadores del gremio, a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y al Ministerio de Trabajo de la Nación, con el reclamo de un aumento de salario del 40%, un convenio Sitraic y la exigencia de puestos de trabajo en la obra pública frente a los miles de despidos que se han producido en los últimos meses. El Sitraic obtuvo el ámbito de actuación nacional y realizó su primer plenario nacional, cuyo resultado se manifestó en una importante columna con trabajadores de La Matanza, Lima-Zárate Quilmes-Varela-Berazategui, Cuartel Noveno y Lomas de Zamora-Lanús-Almirante Brown, delegaciones que son fruto del desarrollo del Sitraic en el conurbano bonaerense y en el interior de la provincia. La Coordinadora Sindical Clasista, el Polo Obrero y el Partido Obrero, participaron de la movilización con una columna solidaria que acompañó al Sitraic durante toda la jornada. La movilización arribó primero a la Cámara de la Construcción, donde se repudió el acuerdo ruinoso del 22%, firmado por la Uocra de Gerardo Martínez, a espaldas de los trabajadores, y se reclamó por un aumento del 40% para recomponer el salario de los obreros de la construcción que se encuentra entre los más bajos de la industria. Allí se realizó un acto donde pudo intervenir Erica Avalos, familiar del trabajador de la construcción Darío Avalos, asesinado por la patota de la Uocra, para denunciar la responsabilidad de empresario Carlos Wagner, integrante del directorio de la CAC, en este crimen contra la clase obrera. El acto culminó con las palabras del diputado nacional Pablo López, quien colocó el problema del paro nacional como un punto de reagrupamiento de las distintas luchas para derrotar el ajuste. Al término del acto la movilización se dirigió a las puertas del Ministerio de Trabajo para reclamar por los más de 70.000 puestos de trabajo perdidos, por un plan de obras públicas para garantizar el empleo y por un seguro económico para los desocupados de la construcción hasta que se regularice la situación de la industria. Fue recibida una comisión del Sitraic que presentó los padrones de desocupados de la construcción relevados por el sindicato en los barrios y en las provincias, con el compromiso del ministerio de atender el reclamo. Esta extraordinaria jornada de lucha puso de relieve nuevamente la emergencia de una nueva alternativa sindical en la construcción, que ha llegado para tirar por la borda las componendas entre los empresarios, la burocracia criminal de la Uocra y el Estado. Se afianza el Sitraic como alternativa gremial para los trabajadores y como una herramienta de lucha para poner en pie a los obreros de la construcción de todo el país.

Hasta poco después de la muerte de Hugo Chávez, el régimen político de Venezuela se jactaba del apoyo mayoritario que recibía de la población a través de numerosas convocatorias electorales. Conformaba de ese modo un sistema bonapartista clásico, casi una copia del modelo original que se desplegó en Europa hace unos doscientos años. La base social de ese bonapartismo estaba constituida por una inmensa masa pobre que vivía en los intersticios del sistema económico rentista del país, y de una gran parte del proletariado de la industria. Cuando en 2008 perdió un referendo acerca de la reforma de la Constitución por una diferencia realmente mínima, el chavismo hizo cuestión de respetar escrupulosamente el resultado por la razón, fundamental, de que contrariarlo habría significado socavar el principio mismo de su régimen político. La contracara del chavismo plebiscitario era la oposición minoritaria, que el oficialismo bautizó por eso como “escuálida”. De facto El contraste con la situación presente no podría ser más abismal. El chavismo perdió en forma aplastante las últimas elecciones parlamentarias y desde entonces no ha hecho más que violentar la autonomía de la Asamblea Nacional a fuerza de decretos y de decisiones del Poder Judicial. El gobierno plebiscitario ha dejado de existir y sobrevive solamente por el apoyo del estado mayor de las fuerzas armadas. La semana pasada, la Corte de Justicia comenzó a intervenir en el reglamento de la Asamblea Nacional, que ha sido privada, en el camino, de la posibilidad de interpelar y objetar ministros e incluso de intervenir en la designación del presidente del Banco Central. Mediante procesos judiciales capciosos, el dúo Maduro-Cabello ha neutralizado a la nueva asamblea, esto con el apoyo militar. Mientras en Brasil, una mayoría parlamentaria abandona el apoyo a su propio gobierno para armar un juicio político a la Presidenta en una clara conspiración con los grandes bancos y la gran industria, en Venezuela también se desarrolla un golpe de Estado pero, en este caso, del Poder Ejecutivo y su camarilla contra el parlamento dominado por una mayoría que fue elegida por representar la oposición política (de derecha) al régimen, instalado y ratificado durante quince años por medio de procedimientos refrendarios. El pasaje del bonapartismo plebiscitario al bonapartismo de facto marca la disolución indetenible de la etapa política bolivariana. En los últimos días se ha acentuado la acción de la diplomacia internacional y del Vaticano por estructurar una salida consensuada del régimen chavista. Resurge entonces el tema del golpismo, en este caso el ‘auto-golpe’, desde el campo militar chavista, para armar un gobierno de transición con la oposición ‘macrista’ tradicional. Es lo que informa el corresponsal de La Nación (4/5), con nombre y apellido. El plan económico de este golpe común de chavistas y escuálidos, fue formulado varias veces por el dueño de la mayor empresa de Venezuela, Polar, que aseguró que el capital internacional estaba dispuesto a cooperar en un plan de rescate financiero, incluida una reestructuración de la deuda externa. El cacareo acerca del retorno definitivo y completo de la democracia en América Latina debería dar cuenta de la serie de golpes de Estado que inauguró el derrocamiento del hondureño Zelaya y que ahora se apodera de Brasil y Venezuela, luego de su paso por Guatemala y Paraguay. En Venezuela, sin embargo, un autogolpe de la camarilla actual está condenado al fracaso -solamente aceleraría el pasaje del gobierno de facto al gobierno de transición. Estas evidencias concluyentes de la crisis de dominación burguesa en América Latina auguran la inevitabilidad del surgimiento de situaciones pre-revolucionarias con alcance condicionado a la calidad de la estrategia política de la izquierda socialista. Experiencia agotadísima El pasaje de un régimen político a otro expresa, sin duda, el completo colapso de la economía de Venezuela, cuyo carácter rentístico-minero se acentuó a lo largo de la etapa chavista. En oposición a un programa de industrialización comandada por el Estado, el chavismo volcó una parte significativa de la renta petrolera en el desarrollo de programas sociales, cuya envergadura es proporcional a la incapacidad de mantener esos programas a lo largo del tiempo sobre la base de la estructura económica vigente. Otra gran parte se desvió hacia el latrocinio oficial, disfrazado en la necesidad de desarrollar una ‘boliburguesía’ -a la Lázaro Báez, Cristóbal López, Electroingeniería o Pampa Energía, asociada al capital chino o ruso. La asociación con el capital extranjero para explotar la cuenca del Orinoco no produjo resultados significativos como consecuencia del rechazo de los monopolios internacionales (incluidos los chinos y los rusos) a cooperar con una explotación comandada por la empresa estatal. Se posicionaron en la cuenca para anotar las reservas de hidrocarburos en las Bolsas donde cotizan sus acciones y para ser beneficiarias de un eventual giro privatizador -casi un calco de lo que ha ocurrido en Brasil. La economía chavista sucumbió mucho antes de la caída de los precios del petróleo, a medida que las elevadas cotizaciones de la década pasada se trasladaron progresivamente a las refinadoras, las empresas de servicios tecnológicos y los bancos. El derrumbe del precio internacional sólo le dio el tiro de gracia: PDVSA tiene una deuda impagable de alrededor de 50 mil millones de dólares, mientras las reservas del Banco Central apenas superan los 10 mil millones de dólares. Un ‘defol’ podría tener lugar con un vencimiento en octubre próximo. Agotados los recursos financieros excepcionales, Venezuela se ve hoy incapacitada para mantener el flujo de importaciones del que depende el conjunto de su economía. El desabastecimiento está demoliendo la vida social. El oficialismo cifra su última esperanza en que un rebote del precio internacional del petróleo le abra una posibilidad de volver al endeudamiento internacional -una quimera. Una crisis adicional, aunque de envergadura, acosa al programa de viviendas, con un creciente reclamo de escrituración, que funcionaría como la apertura de un enorme mercado inmobiliario. Pero, con el hundimiento del chavismo, a los adjudicatarios ya no les alcanza la protección oficial incluso han empezado a enfrentarla abiertamente. El “plan arraigo” se convierte así en su contrario: en el reclamo de un ‘plan’ de privatización que la derecha apoya con gran entusiasmo. Crisis y oportunidades La oposición logró hace pocos días una victoria importante al reunir casi dos millones de firmas para promover un referendo revocatorio del mandato de Maduro. Aunque el oficialismo reconoció el procedimiento, que la prensa internacional atribuye a la presión de varios países y del Papa, se dice que dilataría el proceso hasta enero, cuando la revocatoria podría destituir a Maduro pero sin convocar a nuevas elecciones, o sea transfiriendo el mando al vice, que para esa fecha podría ser Diosdado Cabello, el jefe de la camarilla militar, que no se avendría a aceptar la salida de un gobierno de transición. Venezuela se encuentra en la fase final de una ruptura política. Los cinco meses de macrismo, en Argentina, demuestran que las transiciones de los llamados gobiernos ‘populistas’ a la derecha financiera se caracterizan por una acentuación de las contradicciones económicas, una agudización de la lucha de clases y una tendencia a la crisis política. Sólo para quienes el ‘populismo’ es la única alternativa popular, esta transición es caracterizada como una ‘derrota’, y no como una oportunidad política obrera y socialista. Es desde este estadio más elevado de la crisis de dominación como debe abordarse la nueva etapa. Un referendo revocatorio bajo la presidencia de Maduro es inviable; solamente queda el autogolpe y la disolución de la Asamblea Nacional o el golpe de transición. La clase obrera de Venezuela necesita una política de la izquierda a partir de este escenario. La crisis deberá atravesar numerosas etapas y nuevos desafíos para la izquierda. La oportunidad de un congreso obrero y de la izquierda para plantear una salida de conjunto y un plan de lucha frente a la catástrofe económica está a la vista. En oposición al gobierno y a los autogolpes y golpes pactados, reclamemos una asamblea constituyente libre y soberana convocada por un gobierno de trabajadores. Es un planteo para reunir las fuerzas de clase y de la izquierda, y por esa vía desarrollar una alternativa obrera y socialista a la crisis. Nota extraída de https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/560228490824683