Prensa Obrera N° 1405

El gobierno de Macri venía levantando los decibeles sobre los desfalcos de Lázaro Báez, Cristobal López o Ricardo Jaime con dos propósitos definidos. Por un lado, acentuar la extorsión sobre el kirchnerismo y el pejota para lograr los acuerdos parlamentarios exigidos por el juez Griesa. Por el otro, justificar la escalada de tarifazos y ajustes de estos días, en nombre de la “herencia recibida”. O sea, en vez de abrir las cuentas de los Jaime, Cirigliano y compañía, traspasarle el fardo de sus negociados a los trabajadores y a la población. Pero el pase de facturas ha sufrido en estas horas un giro inesperado. Un consorcio internacional de periodistas ha revelado un tendal de empresas off shore radicadas en el paraíso fiscal de Panamá, para evadir impuestos, depositar coimas o fugar capitales de los más diversos países del mundo. De Putin a Cameron, del premier de Islandia a Brasil (incluyendo en este caso a petistas y opositores), todos están involucrados. En Argentina, el consorcio de periodistas investigadores incluyó a La Nación y Canal 13, con la previsible intención de encontrar fondos ocultos de la camarilla K. Efectivamente, aparecieron 'empresas' del grupo Indalo y del secretario privado de Kirchner. Pero además, saltó a la luz una empresa off shore del grupo Macri, que tiene al presidente en su directorio. Las aclaraciones oficiales oscurecen: la empresa, según MM, estaba destinada a realizar “inversiones en Brasil”. Pero, ¿por qué no las hizo desde Argentina? La creación de una firma off shore sólo se explica para evadir las leyes fiscales de Brasil y de Argentina –o sea, 'blanquear' dinero negro en Brasil y volver a “ennegrecer” los beneficios obtenidos, vía Panamá. La cruzada “anticorrupción” ha terminado con los cruzados en el banquillo. Fuga de capitales y deuda externa Bien mirado, Macri ha actuado como lo que es –un empresario argentino de 'pura cepa'. Las firmas off shore son el recurso característico para la fuga de capitales que practica desde hace décadas la burguesía argentina. La nave insigne de 'nuestros' patrones, el grupo Techint, tiene su sede central ¡en Luxemburgo!, el más reputado paraíso fiscal de Europa. Actualmente, se calcula que los capitales argentinos en el exterior rondarían los 350.000 millones de dólares, casi el doble de la deuda pública nominada en moneda dura. Históricamente, esa fuga ha estado asociada a la formación de la deuda externa: por caso, el grupo Macri –con sus afiliadas Socma y Sevel- es recordado por los “autopréstamos” que realizaba desde las cuevas “off shore” a sus empresas, utilizando como testaferros a bancos internacionales. Esas “deudas” luego fueron estatizadas (Cavallo de los '80) o bien pesificadas (Cavallo de fines de los '90). En los últimos años, también se fugaron capitales apelando a la compra de títulos de deuda pública y su reventa posterior en las bolsas internacionales, para hacerse de dólares y burlar los cepos oficiales. En suma: la existencia de empresas off shore ha vuelto a demostrar que la burguesía 'nacional' es una de las principales acreedoras de la deuda externa argentina. La burguesía y el capital financiero ya se han cobrado varias veces esa deuda, como lo revelan sus fondos cuantiosos en el exterior. Sin embargo, continúan reclamando sobre el país una hipoteca que equivale al menos a la mitad de su producto bruto. De la fuga al blanqueo Pero las cuentas sucias de los Macri, Lázaro Báez, López o Rocca son episodios menores en un fenómeno que es inseparable de la bancarrota capitalista –nos referimos a la criminalización de las finanzas internacionales. Desde la quiebra de Lehman Brothers (2008) hasta hoy, los fondos que los grandes bancos del mundo han recirculado desde y hacia los paraísos fiscales se han más que duplicado. La razón es clara: para rescatarse a sí mismos, los bancos han salido a capturar los recursos del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción estatal. Sólo al banco Wells Fargo, se le descubrieron fondos de los narcos mexicanos equivalentes a todo el PBI de ese país. La plata de la burguesía argentina y las comisiones de sus políticos, al igual que las del Petrolao –y las de quienes denunciaron al Petrolao- se han sumado a esa bolsa negra. El gobierno de “Cambiemos” ya pergeña una salida para los tenedores de la plata off shore. El tan mentado 'ingreso de capitales' podría tener la forma de un blanqueo de dinero negro. Los dólares podrían blanquearse por títulos de deuda, y éstos por activos nacionales. Aunque buena parte del patrimonio fue rematado por el menemato, queda un “bocado de cardenal”: las tierras públicas, comenzando por las de la Ciudad de Buenos Aires. Con ese fin, el macrismo y los K han acordado en la legislatura porteña la formación de una “Agencia de Bienes”, cuya cartera de privatizaciones superaría los 10.000 millones de dólares. En este operativo, y para no traicionar su propia historia, es probable que los privatizadores se “presten” a sí mismos, engrosen la deuda externa y luego se la transfieran al Estado, en ocasión de la próxima bancarrota nacional. La riña en los tribunales federales, que se ha agudizado en estas horas, es una lucha para ver qué fracción de los lavadores-evasores se impondrá sobre la otra. Pero por eso mismo, podría también concluir en un encubrimiento recíproco, en aras de poner a salvo los enormes negociados que se relacionan con la quiebra del país. Unos y otros El movimiento obrero y todos los luchadores deben discutir las conclusiones de fondo que deja el Panamá Leaks, incluso en el plano continental. En Brasil, las revelaciones off shore han salpicado a la camarilla gubernamental involucrada en el Petrolao. ¡Pero también ha revelado las operaciones ilegales del principal destituyente del país, el presidente de la Cámara de Diputados! Los Macri de América Latina, que pretendían dar cuenta del derrumbe de los gobiernos nacionalistas, son ellos también parte de la crisis que tiene como telón de fondo a la fuga de capitales y el agravamiento de la polarización social en todo el continente. Asistimos, no a un “fin de ciclo”, sino al derrumbe de regímenes políticos enteros. En Argentina, los que vienen a imponer despidos, el tarifazo y la liquidación de las paritarias acaban de recibir un golpe monumental en su autoridad política. Los ajustadores están flojos de papeles, y hay que hacérselos saber. Que se abran las cuentas de los Macri, Rocca y toda la burguesía argentina; basta de pagar la deuda usuraria; Macri y todos los involucrados en el Panamá Leaks deben comparecer en el Congreso; reorganicemos al país sobre nuevas bases. Desarrollemos a la izquierda y a la clase obrera como alternativa política, contra los partidos y el régimen del vaciamiento nacional.

Foto: Ignacio Smith En primer lugar, porque en medio del ataque general contra el movimiento obrero con despidos masivos, desborde de la inflación, aumentos de tarifas del orden del 400 por ciento promedio, paritarias a la baja, colocó al paro nacional como el método de lucha de la clase trabajadora. El hecho de que la burocracia sindical docente se viera obligada a convocar al paro nacional, que se esforzó por evitar al comienzo del ciclo lectivo, presionada por las grandes luchas de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Mendoza abre una nueva situación en el magisterio y en todo el movimiento obrero. Hugo Yasky, secretario general de la CTA K, lo confesó con todas las letras. En su discurso se sinceró reconociendo que ellos esperaban años de parálisis en el movimiento obrero ante la llegada del gobierno del PRO . La medida de fuerza que protagonizaron maestros y profesores dejó desnuda a la burocracia, a la que le estalló una rebelión docente en la cara, un paro que no buscaron ni prepararon. El paro quemó el argumento de la Celeste de que no se podía pelear, que la gente no daba, porque los docentes habían votado masivamente al derechista Macri. El paro nacional estuvo acompañado por movilizaciones masivas, como por ejemplo las de Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza o Capital Federal. En este último caso, la oposición Multicolor conformó una aguerrida columna, de mil quinientos compañeros, mientras la dirección de CTERA, movilizando a todo el país, sumó alrededor de tres mil docentes. Reclamó con sus consignas el plan de lucha nacional, planteo que también fue coreado por un sector importante de los asistentes llevados por la Celeste . Antes de la marcha central, la Multicolor, los Suteba combativos y la AGD-UBA realizaron un acto independiente en la casa de Neuquén, en repudio del cierre de la causa Fuentealba II, que deja sin culpa y cargo al ex gobernador Jorge Sobisch y a todos los responsables políticos del asesinato de Carlos. Un paro contundente, pero dispar La huelga fue masiva en Buenos Aires, expresando un claro cambio de humor de la docencia bonaerense respecto del gobierno de Vidal , cuya elección fue uno de los puntales del triunfo presidencial de Macri. La tendencia al paro arrastró también a la FEB, que convocó a último momento. También fue masivo el paro en Mendoza (ver artículo), aunque menor que la última huelga provincial, por el impacto de los descuentos que descargó el gobernador Cornejo. Pero fue muy alta la movilización conjunta de la ATE combativa y del SUTE Celeste, a la que también se sumaron veinticinco gremios privados con delegaciones (Unión Ferroviaria, Atilra, Foetra, etc.). En el acto de cierre, Roberto Macho, secretario general de ATE, propuso continuar con 48 horas de paro provincial y la nueva convocatoria a un congreso provincial de delegados. Es que el paro de 24 horas de este 4 de abril fue votado en un plenario conjunto de ATE y la CTA antiburocrática y el SUTE celeste, junto a representantes de los 25 gremios privados mencionados. En el acto que se realizó en Capital, frente al palacio Pizzurno, el secretario general del SUTE destacó esta unidad de acción con la CTA combativa. Mendoza es uno de los laboratorios en los cuales los trabajadores están despuntando mecanismos de deliberación y de acción para enfrentar el ajuste. En Neuquén, a días de que la moción de Tribuna Docente de rechazar el acuerdo a la baja perdiera por 30 votos en el plenario provincial de ATEN gracias al apoyo de la izquierda a la moción celeste, especialmente de parte de Angélica Lagunas y de Izquierda Socialista, el paro fue total. La marcha fue de 10.000 trabajadores y el próximo miércoles paran nuevamente por 24 horas, porque elevaron los descuentos previsionales al 4 por ciento del salario. En Santa Cruz, la huelga fue del 90 por ciento, y ya está en marcha un paro provincial de la mesa de gremios en lucha, que probablemente se adelantará a la semana entrante, ante la persistencia de Alicia Kirchner de ofrecer un 10 por ciento de aumento. El anuncio de descuentos por los 11 paros realizados desde el inicio del ciclo lectivo calentaron más los ánimos. Por iniciativa de Tribuna Docente, Adosac votó oportunamente la necesidad de realizar un congreso obrero provincial para unificar la lucha contra el ajuste de la gobernadora Kirchner, igual que la CTA local. En ese camino, en todos los pueblos y localidades de la provincia están brotando mesas de unidad gremiales, que organizan y llevan adelante las medidas de fuerza. Por arriba y, sobre todo, por abajo, madura el congreso obrero en la provincia de Cristina. En Tierra del Fuego, el 4 de abril cumplieron treinta y tres días de paro y de acampe. La permanencia frente a la gobernación crece. Junto a los docentes y estatales, acampan también gremios privados. Todos los días se suma una nueva carpa, porque se está generalizando la conciencia de que se está ante un ataque general al movimiento obrero que requiere de una respuesta de conjunto. En Santiago del Estero el paro fue masivo, y continúa la huelga indeterminada. El sábado 2 de abril, entre 15000 y 20000 docentes se movilizaron a la ciudad de Termas de Río Hondo (ver artículo). La huelga también tuvo alto acatamiento en Santa Fe (especialmente en Rosario, donde la Amsafe recuperada realizó un acto con más de 1000 docentes), en Tucumán y en Río Negro. Pero en aquellas jurisdicciones en las cuales la burocracia celeste logró regimentar circunstancialmente a las luchas iniciales, el paro fue muy menor. En la Capital Federal, UTE arregló desde el vamos, y el paro no superó el 50 por ciento. En Córdoba, el paro también fue partido, por el rechazo de la base docente a la dirección de la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), que entregó una enorme lucha por un 25 por ciento de aumento en tres cuotas fuera del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). En Salta, la UDP llamó a parar en defensa del gobernador Juan Manuel Urtubey, porque el gobierno nacional no pagó aún los recursos del FONID, aunque los funcionarios salieron a desmentir a la burocracia de la UDP. Desafíos El paro de Ctera es tardío, carece de continuidad de parte de la dirección yaskysta, que es un gran freno a la efervescencia de la docencia. Pero, a pesar de la Celeste, reforzó la tendencia a la huelga que expresaron los grandes conflictos provinciales. Los congresos obreros que maduran en Santa Cruz y en Mendoza o el que funciona de hecho en Tierra del Fuego son ya un patrimonio del que debe apropiarse todo el activismo obrero. Ese es el camino que debe profundizar la oposición nacional docente, delimitándose claramente de la burocracia sindical K, a la cual un amplio sector de la izquierda le sigue arrastrando el ala. Defender una orientación independiente de esta lucha, imponer un frente único de acción de los trabajadores, con marchas y paros coordinados, es esencial para colaborar con las grandes huelgas de Tierra del Fuego y de Santiago del Estero, Santa Cruz o Mendoza, a las que Macri y los gobernadores quieren derrotar por el aislamiento y el cansancio. La burocracia celeste tiene un programa de derrota para estas grandes huelgas. Como señaló Yasky, ellos van por la unidad reaccionaria de las cinco centrales burocráticas y por reclamarle a Macri que cumpla con el pacto de la paritaria a la baja que firmaron, paritaria contra la cual se levantaron la mitad de las provincias del país.

En el marco de la medida nacional de Ctera, en el aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, la docencia mendocina protagonizó un gran paro provincial. Este es el cuarto y marca la tenacidad de los docentes para enfrentar el repudiado ítem aula y el decretazo, que cierra las paritarias. Ni los descuentos ni los aprietes lograron que los docentes, en un nuevo aniversario del Mendozazo del '72, pararan y se movilizaran. Fue más que un paro de la docencia. Fue un paro general de los estatales mendocinos: Mendoza amaneció con las escuelas vacías y hospitales paralizados, los trolebuses y el Metrotranvía no circularon. En la Universidad Nacional de Cuyo el paro se sintió fuerte, en las escuelas privadas el acatamiento fue importante. Judiciales realizó asambleas, al igual que AMPROSS (profesionales de salud). Promediando la mañana las columnas de trabajadores ganaron la calle, diez mil compañeros concentraron frente a la Legislatura para luego terminar sitiando la casa de gobierno. Es de destacar la soberbia columna del combativo ATE, la más grande de la movilización. Este parazo y movilización masiva de los estatales contra el ajuste del gobernador Alfredo Cornejo, tuvo por consignas centrales la anulación del decretazo contra los docentes, el repudio al ítem aula y el respeto por las paritarias libres. También el fin de los despidos y la reincorporación de quienes los sufrieron, el 82% móvil para los jubilados, un salario mínimo igual a la canasta familiar, la eliminación del impuesto a las ganancias y el rechazo a la criminalización de la protesta. Esta gran jornada de lucha fue precedida por un plenario de delegados conjunto de SUTE (docentes) y ATE con más de 700 compañeros. El método de la CTA clasista y los estatales combativos está abriendo un nuevo curso en la lucha de los trabajadores de la provincia. ¿Dónde está esa famosa CGT? Las conducciones cegetistas se vieron obligadas a participar del plenario de delegados con pequeñas delegaciones, en donde comprometieron a parar el 4. Esto hubiera trasformado a la jornada de lucha en una verdadero paro general provincial. Pero los gremios de la CGT finalmente no pararon. El anuncio de que las conducciones amarillas de la CGT participaron del plenario despertó una gran expectativa centralmente en los gremios privados. Los compañeros de las agrupaciones de la Coordinadora Sindical Clasista registraron este fenómeno, todavía limitado pero en ascenso, en distintas concentraciones de trabajadores. La burocracia teme dejar un gran campo libre para el ascenso de los agrupamientos clasistas y antiburocráticos. No es en una mesa de café que se forja la unidad de los trabajadores. Es en la asamblea, en la deliberación colectiva y en la lucha por el conjunto de los reclamos obreros. A fondo contra el ajuste La reacción de los trabajadores contra el ajuste de Cornejo y Mauricio Macri se empieza a expresar de forma organizada. En su intervención al finalizar la marcha del 4, Roberto Macho (secretario general del combativo ATE) marcó una perspectiva de lucha independiente de los trabajadores, única forma de llevar al triunfo la lucha docente y la de todos los trabajadores contra los planes de gobierno de Cambiemos. Denunció el carácter de clase de los planes de Cornejo: “¿Por qué dicen que no hay plata? Si les reducen las retenciones a las mineras que saquean nuestros recursos, subsidian a las empresas como las del transporte o le reducen las cargas impositivas a otras: Cornejo y Macri gobiernan para los capitalistas y pretenden que los trabajadores paguemos la crisis”. Para finalizar, indicó que la continuidad de este plan de lucha debe ser un paro de 48hs y una nueva asamblea de delegados de base de todos los gremios. Esta es la orientación con la que va a intervenir la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, a la vez que reclamamos un inmediato para nacional.

La marcha del sábado 2 de abril fue un nuevo triunfo político contra la ofensiva del Estado zamorista. Durante toda la semana, los dos diarios provinciales y el único canal de aire se dedicaron a atacar furiosamente a los docentes: publicaron en tapa recibos de sueldo con el fin de escrachar a compañeros que cobraron entre 15 y 20 mil pesos (lo que es tramposo, porque incluía el retroactivo de enero-febrero, además de que estos compañeros son una minoría que sufren el triple de carga horaria que el cargo testigo), editorializaron contra la huelga, etc. El secretario general de la CGT local y el secretario general de Sadop (docentes privados) repudiaron el paro en conferencia de prensa, demostrando que la convocatoria de Sadop nacional al paro fue exclusivamente para descomprimir. Las organizaciones K siguieron dándole la espalda a la lucha, y sus dirigentes se dedicaron a repudiar el paro por las redes sociales. A pesar de esto, numerosos simpatizantes del kirchnerismo están de lleno en la lucha; es un principio de quiebra de la base trabajadora y progresista del kirchnerismo con su dirección. Horas antes de la movilización, se 'cayeron' la totalidad de los micros y combis contratados por las organizaciones en lucha: el gobierno puso dinero y presiones para que ninguna empresa transportara a los docentes. Las excepciones fueron los compañeros de localidades de la frontera provincial, que contrataron colectivos de Chaco o Santa Fe y, llamativamente, el sindicato Sisadoc. El operativo represivo no pudo impedir la gigantesca movilización. Docentes de todos los puntos cardinales llegaron a Termas de Río Hondo, muchos de ellos viajando más de 300 kilómetros en tren, autos particulares, micros de línea y hasta a dedo. La marcha conmovió a la ciudad, que se encontraba repleta de turistas. El apoyo popular fue abrumador, incluso de los turistas, que tomaban las banderas y las agitaban. Los punteros del PJ organizaron una fantasmagórica “contramarcha” que no sumó a más de 50 personas, entre ellas concejales y funcionarios oficialistas. Es destacable la actitud de la Directora de Tránsito de Las Termas, quien, para no prestarte a estas maniobras, renunció en apoyo a la lucha docente. En el medio de este proceso, Sisadoc, que rechaza parar y es minoritario, aceptó el convite del gobierno a “dialogar” sin las otras organizaciones y sin medidas de fuerza, rompiendo todos los acuerdos precedentes. Esta actitud ha sido repudiada por el conjunto de la docencia. El 4 de abril, el sindicato Cisadems, ADEM (municipales), Autoconvocados, Tribuna Docente, Alternativa Docente y Docentes en Marcha realizamos una marcha conjunta, que culminó en el Ministerio de Educación, al cual la policía ni siquiera nos dejaba ingresar a presentar un nuevo pedido de audiencia. Finalmente, con la insistencia de la movilización, logramos dejar la nota, escoltados por el Jefe de Policía. Posteriormente, una asamblea de Cisadems decidió la continuidad del paro por tiempo indeterminado. Desde Tribuna Docente llamamos a impulsar un nuevo plenario provincial de delegados escolares para discutir un plan de lucha unitario adecuado a esta nueva etapa.

Los trabajadores de Unilever Pilar iniciaron medidas de fuerza escalonadas, comenzando con paros de 2 horas por turno, por un pliego de reivindicaciones. La adhesión al paro es total y es impulsada por las comisiones internas y el creciente activismo de ambas plantas. El principal reclamo de los trabajadores es la defensa del descanso del fin de semana. Desde hace muchos años, como consecuencia de la flexibilización laboral, son obligados a prestar tareas los días de descanso. Esta situación alcanza al conjunto del gremio (por dar un ejemplo, en Bimbo y en Granix se trabaja obligatoriamente los domingos, incluidos los días de elecciones). Durante el 2014 los trabajadores de Knorr conquistaron el “sábado a la tarde en casa” con una medida que duró más de dos semanas; este años el reclamo conjunto es que los domingos a la noche no se trabaje, sin afectar el salario. El segundo reclamo es una suma puente hasta paritarias de 5.000 pesos por mes, como compensación por el desmadre inflacionario –que como demostraron los informes de Arcor y Molinos, representa un enorme beneficio para las alimenticias. La empresa ofreció una suma de 4.000 pesos por mes –para marzo y abril- pero con la intención de atarla a una paz social insostenible. El tercer reclamo es que la empresa absorba el Impuesto a las Ganancias. A fines del año pasado, Unilever se vio obligada a reintegrar todo lo descontado a unos quince trabajadores por haber consignado erróneamente los descuentos, lo que abrió una intensa agitación entre los trabajadores más antiguos. En la última reunión la empresa reconoció que se trata de un “impuesto al salario” y manifestó tener grandes expectativas de que salgan los proyectos alternativos de Massa, incluso el de Pitrola… Pero de absorberlo, ni hablemos. El cuarto y último reclamo es la incorporación de un servicio de chárter para el personal de Zona Oeste, que asiste a un “Tarifazo” que incluye peajes y combustibles. El paro de los alimenticios de Unilever se inscribe en un gremio convulsionado por la inmensa lucha de Cresta Roja, por los paros en Bimbo, Riera y Stani y por la quiebra inminente del Grupo Canale. Es una demostración de la capacidad de lucha de los trabajadores contra el ajuste, frente a la parálisis de las direcciones sindicales. Unilever es un pulpo anglo-holandés gigantesco, tanto en el rubro alimenticio como de higiene personal. Tiene sucursales en todo el mundo, donde monopoliza una cantidad enorme de mercados entre sus primeras, segundas y terceras marcas. (Axe, Skip, Ala, Ades, Lipton, Knorr, Hellmann´s, Rik, Dove, etc.). Las ganancias de este monopolio son siderales, por lo que todas sus amenazas de que el paro la desestabiiliza son tomadas a modo de broma por los trabajadores. La empresa solicitó una plazo de 3 meses más de “comprensión” para evaluar reclamos que ya cumplieron varios años de espera, lo que desató la bronca de los trabajadores que votaron masivamente por la medida -sumadas las asambleas de Hellmann´s y Knorr, se emitieron 512 votos a favor y 11 en contra. La masividad del paro, respaldada en los votos y en las demostraciones, son la base para nuestra victoria.

Foto: Ignacio Smith Publicamos, a continuación, la respuesta a la carta que el PTS le envió al XXIII Congreso del Partido Obrero. El texto ya fue girado a la Mesa del Frente de Izquierda para su debate. Compañeros: La carta enviada por el PTS al Partido Obrero comete un error de método que no puede ser pasado por alto. Este consiste en proponer una serie de actividades prácticas para los próximos meses omitiendo el contenido estratégico que éstas deben tener. Se trata, sin embargo, de la cuestión crucial que debemos abordar como punto de partida para encarar una acción del Frente de Izquierda. Aunque este método es siempre el adecuado, más aún lo es cuando en el último período han emergido divergencias importantes al interior del FIT, en especial sobre cuál es la delimitación que debe desarrollar nuestro frente y la clase obrera con el kirchnerismo, es decir, con la corriente política que en Argentina pretende encarnar una alternativa de tipo nacionalista burguesa. El seguidismo que el PTS ha realizado al kirchnerismo en el último período pone en cuestión, justamente, “los acuerdos y el programa que nos une”, que son nada más y nada menos que la independencia de clase frente a todas las variantes patronales, incluido el nacionalismo burgués, que se caracteriza por buscar la cooptación del movimiento obrero y popular con una política de colaboración de clases. El Frente de Izquierda nació como la expresión de un sector del movimiento obrero que enfrentó al gobierno nacionalista, mostrando una tendencia incipiente a la independencia de clase. Toda iniciativa que desarrolle nuestro Frente de Izquierda debe tener como propósito estratégico el desarrollo de la independencia de clase, lo que significa denunciar al “frente antimacrista” con el kirchnerismo como una forma de colaboración de clases con la burguesía. Fue sobre esta base que le propusimos al Frente de Izquierda un acto independiente para rechazar el pacto con los fondos buitres en ocasión de la sesión inaugural del pasado 1º de marzo, pero que no prosperó por el rechazo de hecho del PTS e IS. La política de frente único de clase ha sido desconocida por el PTS cuando, en varias oportunidades durante el último período, han resuelto acciones comunes con el kirchnerismo e incluso con el PJ –por caso, cuando marcharon por Milagro Sala junto a Agustín Rossi, Guillermo Moreno, La Cámpora y varios otros, para firmar luego documentos políticos en defensa de los principios de este Estado. Ninguno de los partidos del FIT pusimos en duda la necesidad de repudiar la detención de Sala como principio de criminalización de la protesta social. Muy diferente, en cambio, era servirse de ese principio para un apoyo a lo que Sala representa, como expresión aguda de cooptación del movimiento popular al Estado. El PTS no sólo acompañó aquella marcha, sino que se empeñó –hasta donde le fue posible- en bloquear una iniciativa independiente y de la izquierda por la cuestión de Sala, que finalmente impulsó Memoria, Verdad y Justicia a instancias nuestra y de otros compañeros que rechazaban vivamente actuar en esa crisis como furgón de cola del kirchnerismo. Esta misma cuestión se expresó, si se quiere de forma todavía más aguda, cuando el PTS apoyó la “consulta popular” planteada por el kirchnerismo en la sesión donde se aprobó el acuerdo con los fondos buitre. En un descargo a nuestra crítica por ese voto, se señaló que la moción kirchnerista no aludía a su propia propuesta de pago a los buitres (o sea, lo mismo que cobraron los que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010). ¡Pero en eso consistía la perfidia del plebiscito K! Un bloque históricamente partidario del “pago serial” aparecía con voluntad de plebiscitar la cuestión de la deuda, a sabiendas de que la moción no tendría lugar y –por lo tanto- sólo serviría para blanquear su papel en el hipotecamiento del país. Los partidarios de la “consulta”, por otra parte, conviven –y continúan conviviendo- en el mismo bloque con un conjunto de diputados que votaron el arreglo con los buitres. En esas condiciones, no cabía para el FIT otra conducta que el rechazo al plebiscito y la denuncia de su carácter demagógico y encubridor, como lo hizo Pitrola. El PTS votó a favor, rompiendo el frente único de clase, lo que explica su negativa a realizar un acto independiente del Frente de Izquierda para rechazar el pacto con los buitres, como consignamos más arriba. La divergencia de fondo que debemos discutir vuelve a ponerse de manifiesto cuando el PTS cita la frase de Altamira que afirma correctamente que asistimos en América Latina al “tránsito entre gobiernos de contención de las masas a gobiernos cuyo propósito es desarrollar una iniciativa directa contra ellas”. Pero Altamira plantea que la clase obrera y la izquierda den cuenta de esta nueva situación reforzando su independencia de las formaciones políticas que encarnaron los “gobiernos de contención de las masas”, y no haciéndoles seguidismo político. Siempre volvemos a lo mismo: la necesidad de desarrollar al Frente de Izquierda como un frente único de lucha por la independencia de clase. Para nosotros, la actual transición abre un período que conducirá a situaciones prerrevolucionarias e incluso revolucionarias en el continente. Con el derrumbe de las experiencias nacionalistas o centroizquierdistas, se ha venido abajo una larga tentativa de sometimiento de la clase obrera y de estatización de sus organizaciones, ello, en el cuadro de las condiciones revulsivas que impone la bancarrota capitalista internacional –que ustedes omiten en su carta. Las variantes derechistas que pretenden actuar como relevo carecen aún de los recursos políticos y económicos para asegurar una salida a la crisis planteada. Sus planteos ajustadores ya han revelado sus límites brutales en términos de salida, como se reveló en las propias tentativas de ajuste que emprendieron los K o Dilma como intento final de sobrevivencia para sus regímenes. En esas condiciones, se abre un terreno de intervención excepcional para la izquierda revolucionaria, si encara la lucha contra los ajustadores como un desarrollo aún más agudo de la lucha de clases y, por lo tanto, de delimitación del nacionalismo burgués. Esa lucha, más que nunca, debe ser una convocatoria a la clase obrera a desembarazarse del pasado, o sea, de los agentes políticos y sindicales del nacionalismo fracasado. Si, por el contrario, la diferenciación entre los gobiernos de contención y de “ataque directo a las masas” se convierte en el pretexto para una disolución tardía en el nacionalismo –en nombre de la lucha contra el ajuste o de un “frente antimacrista”- entonces habremos hipotecado, en primer lugar, la propia lucha contra el gobierno ajustador, que invariablemente será traicionada por los socios de Alicia Kirchner, Bertone y otros. Y en segundo lugar, habremos tirado por la borda las grandes conquistas que en términos de independencia de clase arrancamos en el período anterior, y que han tenido en el Frente de Izquierda a su mayor expresión. Estas son las cuestiones de método y de programa fundamentales que debemos encarar como premisas de toda acción positiva del Frente de Izquierda. Si avanzamos en ese sentido se plantea la acción unificada en el parlamento, es decir, la constitución de bloques unificados del FIT en el Congreso y la Legislatura, que hasta ahora han sido fracturados por el PTS que decidió crear sus propios bloques. Pero ¿qué base hay para bloques separados si tenemos un acuerdo principista de programa y de método? Proponemos encarar este debate para clarificar políticamente la posición de cada partido. Un primer desafío, sin duda, será la concreción del próximo Primero de Mayo. Nuestro Congreso ha resuelto, en ese plano, impulsar que el Frente de Izquierda convoque a un acto obrero, socialista e internacionalista, llamando a las organizaciones de izquierda que han apoyado al FIT y a los sindicatos, cuerpos de delegados e internas clasistas. Ese acto, por un lado, debe servir para reforzar una acción dirigida a los grandes sindicatos en pos de un paro nacional y un plan de lucha contra los despidos, el tarifazo, la abolición del impuesto al salario y por paritarias libres. Junto con ello, el llamamiento o convocatoria del FIT debería establecer, en términos políticos inequívocos, nuestra delimitación política del kirchnerismo, su caracterización como partido del ajuste y denunciar su impostura política, cuando pretende erigirse como líder de la oposición política al gobierno ajustador. En oposición a ello, debemos convocar a la clase obrera y al pueblo a desarrollar una alternativa obrera y socialista al gobierno de Macri, para que la clase obrera sea protagonista, no ya de los choques de fondo con los ajustadores, sino también la alternativa de poder a las crisis políticas que tendrán lugar en Argentina. 4 de Abril de 2016

En 1972, en medio de la “Guerra Fría”, el campeón mundial en ajedrez, el soviético Boris Spassky, se enfrentó por el titulo con Bobby Fischer, estrella norteamericana de 29 años, en Reykjavik, Islandia. El extraordinario partido pasaría a la historia como “El match del siglo” y sobre él (y la retorcida mentalidad de Fischer) hace eje La jugada maestra (dirigida por Edward Zwick, Estados Unidos, 2014), recientemente estrenada. Fischer es una figura psicológica atrapante para llevar a la pantalla y la película produce indicios de que sus amplias patologías tenían raíces históricas profundas en esa época de propaganda, persecución y paranoia en que desarrolló su carrera. A eso seguramente hace referencia el titulo original en ingles, El sacrificio del peón (Pawn sacrifice). El film muestra a un niño Fischer criándose sólo a comienzos de los ‘50 en Brooklyn, Nueva York, con una madre soltera acosada por el FBI por sus simpatías izquierdistas. Ella, una enfermera suiza, huyó de la URSS cuando empezaron las purgas estalinistas, lo que no le impidió caer bajo las sospechas del macartismo reinante. Fischer aprendería a jugar al ajedrez de forma autodidacta. Le dedicaba 14 horas por día. Se llegó a decir que fue el jugador de ajedrez que “más cerca estuvo de la perfección”. A partir de su adolescencia, Fischer comenzó a destacarse como un genio en el juego y enfrentó a los campeones soviéticos que dominaban el terreno y la Federación Internacional de Ajedrez. El film marca las diferencias sobre cómo se desarrollaba este deporte en los dos regimenes. “Si los maestros del ajedrez estadounidenses son excéntricos, los rusos son figuras culturales respetadas: incluso se puede conseguir un título en ajedrez en la Universidad de Moscú. Sin embargo, el ajedrez no es un medio para el enriquecimiento intelectual de la masa del pueblo, sino que es usado para la gloria nacional gran rusa” (Pawns in the Cold war – The politics of chess, pubicado en el periodico de iga espartaquista de Estados Unidos en septiembre de 1972). El ajedrez, en rigor, tiene una larga tradición en Rusia, anterior a la revolución. Fue aprovechada por el sistema educacional soviético como aproximación a la matemática y al pensamiento abstracto y se utilizó a sus grandes ajedrecistas para su propaganda política. El film refleja como Fischer sería utilizado, como un peón, por su misterioso representante (posiblemente vinculado a la CIA), mientras que ya sus conocidos y familiares advertían que su estado mental no permitía presiones y, menos, competencias internacionales. Cuando se escapó de la segunda partida contra Spassky, el representante lo comunicó con el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, quien le pidió ganar una partida por el “Rey Richard” (Nixon). A ese nivel de importancia mundial (con millones de espectadores viéndolo en directo por TV) llegó el match desarrollado en Islandia. No muy diferente era la situación de Spassky, un judío ruso que nunca se afilió al PCUS “por diferencias ideológicas”, seguido en sus giras por guardias de seguridad y que terminaría desertando. En medio de sus obsesiones y paranoias (abandonando torneos, efectuando denuncias de conspiraciones soviéticas, exigiendo extravagancias y siempre más dinero de lo pautado a último momento) el ajedrecista se volvería poco a poco un fanático religioso anticomunista y antisemita, que denunciaría a los judíos -él mismo era judío- por controlar Wall Street, negaría el Holocausto y terminaría justificando el atentado a la Torres Gemelas. Fischer también se manifestaría a favor del pueblo palestino y denunciaría el rol de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Luego de jugar un revival del match con Spassky en Serbia durante la guerra civil en aquel país, Estados Unidos -donde alguna vez fue considerado héroe nacional- le quitaría la ciudadanía y moriría sólo en Reykjavik con sus problemas mentales agravados en 2008. Se trata de un film correcto con buenas actuaciones. Zwick logra crear un producto entretenido; el espectador llega a sentir empatía tanto en alguien no muy agradable (Fischer) como por un apparatchik (Spassky) y donde se transforma al “match del siglo” en una batalla de obsesiones, paranoias y egos donde cada sonido y gesto es decisivo. La película, sin embargo, no está exenta de un tono patriotero pro yanqui. La jugada maestra -el ajedrez como instrumento de escenificación política- sumerge al espectador en una era, no muy diferente de la actual, donde el genio y la potencia de la creatividad fueron utilizados y estropeados en función del poder estatal.

La edición de marzo de la revista Fierro (mensuario de historietas que publica Página/12 ), apareció con una edición especial dedicada íntegramente a La Toma , una historia de Emilio Utrera sobre la toma de un taller gráfico por parte de sus trabajadores. La obra del historietista Emilio Utrera cobró relevancia entre los lectores del medio con la aparición en la calle de Barras , una obra que cuenta las internas de las barras bravas del fútbol del ascenso. Ya en Barras se adivina la mirada justa e íntima con la que el autor retrata las pasiones, la violencia y la miseria en las barriadas del conurbano bonaerense. En el caso de La Toma , Utrera se remonta a la crisis del año 2001 para contar un incipiente proceso de despidos y suspensión de pagos en un taller gráfico, una empresa familiar dirigida por un padre con dos hijos. Los primeros telegramas ponen en alerta a un reducido grupo de trabajadores, que determinan tomar acciones para evitar los despidos y el eventual cierre del taller. La historieta narra la evolución de este plan de lucha, dirigido por el compañero más veterano del taller, Papá Pitufo. Cercano a jubilarse, comparte el espacio de trabajo con su nieto Cristian, un silencioso dibujante. El planteo inicial de Papá Pitufo es el de llamar a la izquierda en busca de apoyo, en este caso a un partido llamado "Frente Obrero" (luego vuelve a ser nombrado como "Movimiento Obrero"). El conjunto de los activistas rechaza esa propuesta, rechazo teñido de prejuicios corrientes por aquellos días de 2001: "no metás a la política en esto", "de obrero no tienen nada" "¿cuando vean las banderas del partido van a aflojar?" "Ellos están en la misma: desocupados, miseria. ¿Qué me decís de las banderas?" Cuando los despidos y la bronca avanzan, más trabajadores se suman y se inicia la campaña: volanteada por barrio, apoyo de los familiares, y acampe en la puerta del taller. En esas páginas queda muy bien retratada la policía, como custodios de la propiedad privada al servicio de los patrones. El rol de la burocracia gráfica frente a esta crisis apenas aparece mencionado, tal vez debido a lo intimista y puertas adentro de la historia. Su total ausencia en el conflicto, sin embargo, demuestra una realidad. Sólo en un diálogo se aclara la cuestión: cuando Papá Pitufo hace mención a la otrora perseguida Federación Gráfica, un compañero le responde: "¡Antes eran combativos! Ahora son otros hijos de puta que nos dejaron tirados". Lo que La Toma omite es que el nonagenario Raimundo Ongaro sigue a la cabeza del gremio desde hace décadas. Dentro del taller en donde se sitúa la historieta opera una patota adicta a los dueños, que carnerea las medidas de lucha y muestra su vocación para funcionar como fuerza de choque contra los trabajadores en lucha. En la realidad, esa patota respondería directamente a la burocracia, pero en la historieta aparece ajena a la misma. La interna familiar de los dueños del taller añade un ingrediente interesante, en el que los trabajadores y activistas se ven involucrados, en un doble filo entre ser usados y utilizar esta disputa en su provecho. La cuestión generacional que separa al combativo Papá Pitufo de su joven nieto Cristian plantea la necesidad de la juventud de tomar cartas en el asunto. Cristian retrata de manera certera y elevada el conflicto en las paredes del taller con murales, pero no llega a tomar conciencia de la necesidad de intervenir en la lucha. La Toma , como obra clasista es una rara avis en la historieta argentina actual. El arte de su autor, Emilio Utrera, merece ser leído por el público en general, pero principalmente por los obreros gráficos, para su debate en el marco de ajustes y despidos, y de las cercanas elecciones del gremio.

Luego de tres semanas de conciliación obligatoria por los 118 despidos en el canal de noticias CN23, el Satsaid (Sindicato Argentino de Televisión) firmó un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que finaliza el conflicto con 102 “retiros voluntarios”. La dirección del sindicato dilapida así un potencial de lucha increíble (el primer día los trabajadores ocuparon el canal y cortaron la transmisión) y entre cuatro paredes cierra el conflicto con casi el 60% de la planta en la calle. Lejos de “la resistencia con aguante” que tanto pregonan, y luego de una parálisis y aislamiento total que impuso la burocracia durante casi todo el conflicto, que preparó el terreno para este final anunciado, el Satsaid cierra con un balance de su pro secretario gremial, Julio Barrios, quien afirma que en CN23 "no hubo ningún compañero despedido y que cada empleado tomó una decisión personal. La mayoría optó por aceptar estos retiros voluntarios" (Clarín, 22/3). En momentos donde las patronales del sector están descargando un brutal ajuste sobre los trabajadores y hay en desarrollo luchas como Crónica TV, PPT, Canal 9 de Comodoro, 360 TV, DiputadosTV, permanecer en la parálisis es garantizar el ajuste. Desde la Naranja de Televisión llamamos a deliberar a todos los trabajadores de televisión en cada lugar de trabajo para que se elabore un plan de lucha que enfrente los despidos y lleve a la victoria todos los conflictos en curso por medio de un paro general del gremio. Por la prohibición de los despidos, el adelantamiento de las paritarias y el fin del impuesto al salario. A la extorsión del gobierno macrista, “empleo o salario”, opongamos un plan de lucha por la defensa del salario y todos los puestos de trabajo. ¡Pongamos de pie al gremio de Televisión!

El martes 29 de marzo unas 400 personas se movilizaron para repudiar los reiterados hechos de abuso de menores en Villa Angela, una localidad del sudoeste chaqueño. La reacción se debe al último suceso que involucra a un joven de 22 años que abusó de uno de 13 el 18 de este mismo mes. Ambos se conocían de un club deportivo privado de la localidad. El abusador, ayudante de la institución, condujo al menor hasta el cementerio de la ciudad en horario nocturno donde procedió a cometer el crimen. Ante los ruidos que provocaba la resistencia del menor, el personal de seguridad del cementerio se dirigió al lugar para cerciorarse de lo que sucedía y se encontraron con el hecho. El victimario intentó sobornar al sereno pero el trabajador llamó al 911. Por orden del fiscal, la víctima fue trasladada al hospital, luego a la comisaría y nuevamente al hospital previo relato de lo sucedido por el menor. Inoperancia del hospital y la fiscalía La madre del menor abusado denunció que su hijo estuvo una hora y media en plena madrugada con sólo dos enfermeras que hicieron de personal de contención. Que los médicos en ningún momento se acercaron. También señaló que al fiscal lo conoció recién el lunes 21 y que la asesora del menor y la pediatra de la Justicia se hicieron presentes el domingo a las 18 horas. Debido a esas demoras, la madre decidió abonar 2.000 pesos a un médico particular para que realizara los estudios pertinentes a su hijo. No a otro caso Rojas En esta localidad ya se han sucedió otros casos de abuso. Este mismo año, en febrero, fue denunciada una persona de 26 años quien abusó de una niña de 6. Pero los casos que más impactaron en la opinión pública fueron: la del médico Francisco Castro en 2007, condenado a 18 años de prisión, que filmaba los abusos que cometía; y la del periodista Marcelo Rojas, en 2014, que también poseía material fílmico. Si se tiene en cuenta la conclusión del caso Rojas es entendible el despertar de la población. En este caso, el periodista fue condenado a sólo cuatro años de prisión por abuso de una menor de la cual era el tutor. La condena, en su momento, generó indignación y repudio en la población. Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con la víctima y su familia y llamamos la atención sobre el rol de las instituciones del Estado que deben brindar inmediata atención psicológica, legal y económica a las víctimas. Debe establecerse un lugar físico donde tengan asistencia completa de personal competente, bien remunerado y con los recursos necesarios.

-Tu impresión del Congreso… -Creo que hay concentrado en este Congreso buena parte del destino de la clase obrera y creo que el Partido Obrero está ante el desafío enorme de poner en pie al movimiento obrero ante las condiciones de ajuste que se vienen. Yo considero que no está resuelto el problema de quién va a ser la dirección del movimiento obrero en el futuro y que el PO tiene todas las condiciones para serlo. Es necesario por eso un debate profundo y un esfuerzo muy grande de organización. -¿Cuál es la situación en el Parque Industrial? -Hay una situación explosiva en el parque industrial de Pilar (hubo paros en Riera, en Bimbo, Fernet Branca), una concentración obrera de alrededor de 20 mil trabajadores y que sumando a tercerizados asciende a 50 mil trabajadores. Es un paraíso de los explotadores: no hay delegados, no hay derechos gremiales, etc. Han armado un esquema para superexplotar a los trabajadores. En el parque industrial de Pilar vamos a tener uno de los escenarios más importantes de explosión obrera en el próximo periodo. Si hay una rebelión popular en Argentina y un ascenso obrero, un lugar central es sin dudas el parque industrial de Pilar. Y nosotros tenemos allí una raíz echada, un trabajo de muchos años, y obviamente estamos postulados para dirigirla. * Esta entrevista fue hecha antes del paro en Unilever (véase artículo)

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús terminó cerrando con el gobierno municipal un acuerdo paritario a la baja. El 29% en tres cuotas: 10 en marzo, 10 en junio y 9 en julio. Anualizado es, en realidad, ¡un 23,5%! Considerando que la inflación del último trimestre ha sido del 15% y que la proyectada para este año alcanza el 50%, este acuerdo es una rebaja salarial, una entrega de los salarios municipales que rondarán para julio los 5.000 pesos en promedio, la cuarta parte de la canasta familiar que según la Universidad de Rosario alcanza los 20.300 pesos. Miguel David Pedelhez se suma al conjunto de la burocracia sindical que ha asumido el papel de colaborada con el ajuste que el gobierno de Macri, los gobernadores e intendentes llevan adelante. En esta línea, el concejal Daniel Piccolo, de “La Descartes” (la “carta” de Pedelhez dentro del Concejo) salió a respaldar con todo el acuerdo diciendo: “El mejor sueldo es el que se pueda pagar siempre... no podemos salirnos del presupuesto municipal”. Así es que Piccolo y Pedelhez consideran que hay que achicar el presupuesto familiar de los 5.000 municipales. Son garantes del ajuste de Macri y el intendente, Néstor Grindetti, contra los trabajadores. Fue esta misma política entreguista la que dejó pasar más de 300 despidos de contratados en Lanús sin que existiese ni una medida de fuerza en defensa de los puestos de trabajo. En la discusión paritaria no hubo lugar para una larga lista de reclamos pendientes, como son la precarización laboral de cientos y cientos de municipales que se arrastra desde el kirchnerismo, a los que se suman decenas de nuevos barrenderos municipales con contratos por tres o seis meses, el maltrato laboral que ejercen los funcionarios sobre los trabajadores, y la amenaza de despidos a fines de marzo. Planteamos el rechazo a esta entrega salarial e impulsar un plan de lucha por la reapertura de paritaria: *Asambleas en los lugares de trabajo para impulsar un plan de lucha por la reapertura de la paritaria. Elección de paritarios por sector. *Por un básico de 10.000 pesos, como un paso a la conquista de un salario igual a la canasta familiar. Indexación salarial por inflación. *Ningún despido, reincorporación de todos los compañeros. Pase a planta permanente de todos los contratados y precarizados.

Las palabras de Silvia Torigino, presidenta del Consejo Escolar de Pergamino, el día en que se retiró una placa de la última dictadura ubicada en la escuela 17, han suscitado el repudio generalizado de toda la comunidad educativa. Las declaraciones de Torigino, que dijo “ni vivos ni muertos, desaparecidos”, recuerdan a las del propio Rafael Videla y se inscriben en una línea política más general del PRO y Cambiemos. El ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, afirmó que no fueron 30 mil los desaparecidos, el propio Mauricio Macri adujo que se trató de una “década violenta” y planteó así una especie de teoría de los dos demonios. Se trata de una orientación de la que habló Iván Petrela: la verdad (por la apertura de los archivos) a cambio de la justicia (acabar con los juicios a genocidas). Es el horizonte que fijó el editorial de La Nación el día siguiente de la victoria macrista y que generó el repudio masivo de los trabajadores. Y que niega la lucha de 40 años de los organismos de derechos humanos y organizaciones de izquierda y populares por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Desde el Partido Obrero rechazamos las palabras de la presidenta del Consejo Escolar y pedimos su inmediata renuncia. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

La instalación de máquinas de recarga de la SUBE forma parte de un plan macrista de reducción de personal y flexibilización de tareas en todo el subte. Metrovías y SBASE se proponen reducir el personal de boleterías hasta su desaparición y crear un auxiliar flexibilizado que atienda molinetes, máquinas y público. Para ello apura la puesta en marcha de las máquinas y el pase de 150 boleteros a la nueva categoría de tareas múltiples. El plan “maestro” Metrovias - Macri, no para allí. Incluye la eliminación del guarda mediante el conductor múltiple, la reducción de descanso en tráfico para aumentar la frecuencia con el mismo personal y la tercerización y flexibilización de tareas de mantenimiento mecánico. Mientras tanto, con material rodante obsoleto y mantenimiento insuficiente, se sigue viajando como ganado. La reforma incluye el aumento del pasaje – se va a $7.50 - y el achatamiento del salario del personal. La paritaria está postergada con sumas fijas que promedian el 25% de aumento. Es evidente que no se trata de una modernización tecnológica para mejorar las condiciones de trabajo y del servicio. Al contrario, va a aumentar el grado de explotación de mano de obra y no va a mejorar en nada la prestación. Es una reforma para e incrementar ganancias empresarias y asegurarse también la función de agente de recaudación de la SUBE por cifras millonarias, para todos los transportes. En este marco, la conducción kirchnerista de AGTSyP viene cumpliendo un papel lamentable. Impulsa la reforma macrista. Con el argumento de que no se puede enfrentar el “avance tecnológico”, apoya la polifunción y la instalación de las máquinas. Comprometida con la iniciativa patronal está recorriendo las líneas para imponerla. No sin encontrar una resistencia importante de los trabajadores. Los delegados de estaciones en particular están encabezando el rechazo con medidas de acción, llegando a interrumpir la circulación de trenes en algunas líneas. Para superar este cuadro, la Naranja del subte está promoviendo que se elabore un plan general de acción contra la reforma reaccionaria; ni un puesto de trabajo menos .Que se completen los planteles de estaciones y blindaje de seguridad para las boleterías. Que la AGTSyP exija el control sobre el plan de desarrollo general del subte para verificar que toda mejora tecnológica se realice en beneficio de trabajadores y usuarios. Sobre esta base, promover asambleas de las líneas para frenar el plan patronal

Los docentes santacruceños llevan doce días de paro, a razón de 48 horas por semana. Las movilizaciones han venido sosteniendo un alto número de manifestantes y el paro sigue siendo contundente con porcentajes del 80%. Las marchas se han extendido a muchas localidades y con un fenómeno destacado, que es la unidad en las calles de Adosac, ATE, la CTA y en varias localidades los gremios municipales. A la administración pública recién la citaron a paritarias para el miércoles 6 de abril. A los docentes les ofrecieron 2.000 pesos en negro o el 10%, lo que fue rechazado de plano. El gobierno amenaza con descontar los días de paro y sin dudas se aproximan jornadas decisivas si se animan a descontar, ya que podrían provocar un estallido en los próximos días. Ya se han votado nuevos paros para dar continuidad al de Ctera del 4 de abril. El pico de tensión de estos días estuvo en Caleta Olivia, donde los trabajadores de la Fundación Santa Cruz Sustentable cortaron para reclamar el pago de salarios y a las dos horas apareció la plata. Además, los trabajadores de los planes y cooperativas mantuvieron dos días un corte de ruta impresionante, que coincidió con la mayor movilización de docentes y estatales en esa localidad (más de 2.000) el miércoles 30. Finalmente, Alicia Kirchner auxilió al intendente radical de Caleta con 28 millones y pudieron pagar a los trabajadores de los planes y liberar la ruta. Todo el tiempo estuvo la gendarmería lista para intervenir y la ruta en alerta por esa posible represión, pero nadie se animó a dar la orden, lo que revela la explosividad de la situación. Obreros de una empresa petrolera continuaron cortando parcialmente la ruta 12 entre Caleta y Cañadón Seco, contra los despidos. En Río Gallegos, la marcha docente y estatal del 31 nuevamente fue muy numerosa, y logró destrabar la convocatoria a paritarias de los estatales. Hasta en la pequeña Puerto Santa Cruz se ha formado una mesa de gremios (Adosac, ATE, municipales, Aprosa) que organizó el acto del 24 de marzo, con participación del PO. Han comenzado a movilizarse en conjunto llamando a un paro total de la localidad para el jueves 7 de abril. Por su parte, en Río Turbio y 28 de Noviembre (cuenca carbonífera) también se suceden reuniones y movilizaciones con cada paro, con una destacada intervención de la conducción clasista de la CTA local. Se ha formado una multisectorial que incluye a casi todos los gremios locales, desde ATE hasta Luz y Fuerza, incluyendo a las filiales de Adosac. Y a la última reunión se citó a los concejales de los dos pueblos. Asistieron varios de ellos, que escucharon los reclamos de la figura legal de una YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales) estatal, el aumento salarial, el cese de la intervención de la Caja de Servicios Sociales y el pago en blanco y en tiempo de los salarios, entre otras tantas reivindicaciones. Se está impulsando desde la CTA y con gran consenso entre los gremios la realización de una asamblea comunitaria, para involucrar a toda la población en la crisis planteada por el ajuste nacional, provincial y municipal, así como por la incertidumbre sobre el futuro de la mina y de la usina. La mesa de unidad sindical de la Capital ya ha fijado un paro provincial unificado que va a sumar a la CTA con varios gremios municipales para el 20 de abril. Otro síntoma de la mayor importancia es el triunfo de una candidata independiente y combativa para el cargo de Vocal en el directorio de Vialidad Provincial, que derrotó al candidato oficialista. En reunión de la CTA con autoridades de la Caja de Previsión, nos garantizaron que no hay proyectos para modificar el régimen jubilatorio. La conclusión es que la marcha del 1° de marzo ante la Cámara (principalmente motorizada por la defensa de las jubilaciones) tuvo un efecto persuasivo sobre el gobierno de Alicia Kirchner que ha renunciado (por ahora) a avanzar contra estos derechos. Los municipios de Cambiemos José María Carambia, intendente radical de Las Heras, ha salido a aplicar en su municipio el “aumento” de 2.000 pesos en negro que había ofrecido Alicia Kirchner a los maestros. Para completar, lo hizo por decreto y en cuotas, sin paritaria ni negociación alguna. Facundo Prades, en Caleta Olivia, ha solicitado un crédito de 1.000 millones que va a recontraendeudar hasta a los nietos de los caletenses. El plan “B” de este Intendente “popular” pasa por dejar en la calle a los trabajadores de los planes y cooperativistas y a una parte del plantel municipal. En Río Gallegos, otro radical, Roberto Giubetich, ha vetado una ordenanza que aumentaba los impuestos al casino de Cristóbal López, y en paralelo aumentó las tarifas un 400%. El ministro Rogelio Frigerio estuvo de paso por la provincia y tuvo un encuentro protocolar con la gobernadora, en el cual prometió “analizar” los pedidos de ayuda económica de Alicia K. Lo más grave es que no aseguró la continuidad de las obras de las represas, que ya varios medios aseguran que serán canjeadas con China por la construcción de centrales nucleares. La crisis de empleo entre los compañeros de la construcción está en el peor momento. Una salida política de los trabajadores Los cruces entre Alicia y Lázaro pueden ser el principio del fin. El kirchnerismo corre el riesgo de terminar su carrera por implosión, en el marco de una lucha popular que se extiende a nuevos sectores y a cada vez más pueblos de toda la provincia. El Partido Obrero ha editado una declaración convocando a una profunda deliberación popular a través de asambleas y congresos de bases en todas las localidades y sindicatos, para que los trabajadores puedan establecer una salida propia a la crisis planteada.

Llegó la fecha de inicio de clases, y con ella saltaron todos los problemas que nos dejó la década K: un profundo vaciamiento de la educación en pos de mantener el negocio privado y, de paso, reducir el gasto público. Macri llegó para dar la estocada final a esa política, utilizando los recursos para el pago a los fondos buitres y los subsidios a grandes empresas. El presupuesto a la baja de Vidal en la provincia fue aplaudido e impulsado por el intendente K, Gabriel Katopodis. Las dos caras de la misma moneda: paritarias a la baja, condiciones edilicias ruinosas, falta de insumos para las clases y un largo etcétera. En la Escuela de Artes Visuales “Berni”, las clases fueron interrumpidas por las autoridades. Los trabajadores auxiliares llevaron adelante reiteradas medidas de fuerza por reclamo salarial ya que sólo les ofrecieron un 11%. Frente a esto los estudiantes, reunidos en asamblea, resolvimos apoyar el paro de los trabajadores, yendo en nuestros horarios de cursada a colaborar con distintas medidas que hicieran más conocido el conflicto. Se realizó una masiva movilización el lunes 4 al Consejo Escolar, donde participaron auxiliares, estudiantes y docentes de varios terciarios del distrito. Esto suma a la pelea general por la paritaria, que tuvo que entrar a un cuarto intermedio. Mientras, se aplican descuentos extorsivos por la huelga hasta del 75%, e incluso a trabajadores que están de licencia. El mensaje parece ser que no hay que reclamar, pero los estudiantes no comemos vidrio. Sabemos que la privatización avanza a paso firme, al punto de que quieren tercerizar con una empresa privada la limpieza de las escuelas. En el Instituto Superior de Formación Docente 113 no hay edificio para cursar. Como la cosa ya no da para más, las autoridades alquilan un viejo sanatorio juzgado por los ingenieros de no soportar tanto peso. Los docentes progestión, junto a Unidos por el 113 (agrupación K), convocan a pintar y arreglar el edificio “nuevo”, actuando como rueda de auxilio de la política macrista. Pero aún así para poder cursar los distribuyeron por distintos lugares; de paso y cañazo dividen a los estudiantes, quienes en asamblea deciden cómo dar los próximos pases para conseguir el edificio propio. Las agrupaciones “Punto de Fuga” y “Mariano Ferreyra”, respectivamente, están metidas de lleno en organizar a los estudiantes. Vamos por la triplicación del presupuesto educativo, salarios dignos para todos los trabajadores de la educación, edificios propios y únicos en condiciones para cursar, garantizar las tres bandas horarias y el no cierre de cursos eliminando los cupos. ¡Plata para educación, no para la deuda! Clase pública en Plaza Central San Martín (frente a la municipalidad): jueves 7 a las 18,30hs Asamblea de terciarios en lucha: viernes 15 de abril, 18hs. en el 113

Según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), la tasa de pobreza se ha incrementado del 29% a fines de 2015 al 34,5% en marzo de este año, lo que equivale a 1,5 millones arrojados a la pobreza, alcanzando ahora un total acumulado de 13 millones. A su vez, la tasa deindigencia habría pasado de 5,3% a fines de 2015 a 6,2% en marzo de 2016, es decir un aumento de por lo menos 350 mil personas en situación de indigencia, sobre un total de 2,5 millones. A los elevados niveles de pobreza dejados por el kirchnerismo, el macrismo le ha agregado su “aporte”. Según el informe de la UCA, en abril de 2016 aquella familia cuyos ingresos no llegan a cubrir una canasta básica total (CBT) de 7.877 pesos es pobre. Mientras que ingresa en la indigencia aquella que no llega a los 3.769 pesos que cuesta la canasta básica alimentaria. Y se trata, dicen los autores del estudio, de canastas sin actualizar ( Apertura , 1/4). De ser estos números reales, el llamado “gradualismo” del paquete ajustador ya estaría materializando sus bondades sobre la espalda de los trabajadores. Cabe señalar que los informes de la UCA venían marcando un ascenso de la pobreza en los últimos años del kirchnerismo. Este ascenso explica el apagón estadístico (el último dato sobre pobreza del Indec es de 2013) y la justificación de Kicilof de no ‘estigmatizar’ a los pobres. "Teníamos pensado dedicarnos a la presentación de un informe sobre pobreza y desigualdad de 2010 a 2015, pero ante la situación económica complicada vinculada al aumento del costo de vida y al actual proceso inflacionario nos vimos obligados a abordar la situación actual", declaró Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA. La difusión de este informe revela los temores de la Iglesia católica a un desborde social: las medidas de ajuste tienen un carácter social y político convulsivo.

De aprobarse la reforma, será legalizada la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo por violencia sexual, en uno de los pocos países del mundo donde está totalmente prohibida. Por un ajustado margen a favor en la cámara baja, pasó al Senado el proyecto enviado por el ejecutivo que plantea modificaciones de los Códigos Sanitario, Código Penal y Código Procesal Penal, para permitir el aborto en tres causales. Junto con el Vaticano, Nicaragua, El Salvador y Malta, Chile forma parte del puñado de Estados que penaliza el aborto sin excepciones, como resultado de la continuidad jurídica reconocida por los sucesivos gobiernos de la prohibición absoluta dictaminada por Pinochet en 1989. Según las estadísticas que fundamentan la presentación oficial, entre 2001 y 2012 se realizaron alrededor de 395.905 abortos y 54 mujeres murieron por el proceso de gestación sólo en 2012 -cifras subestimadas por la clandestinidad de la práctica. El 70% de los chilenos dijo estar a favor de la reforma (CEP, julio de 2014; Adimark, julio de 2014; Cadem, enero de 2015). La reacción clerical contra la medida tiene ribetes escandalosos. A las amenazas de excomunión de los diputados católicos que voten a favor, la iglesia ha sumado una serie de manifestaciones que chocaron físicamente con estudiantes universitarios y organizaciones de mujeres. El Arzobispo de Santiago de Chile llegó a respaldar las declaraciones del cura Joannon, quien aprovechó el debate nacional para justificar su actuación como colaborador en el robo y adopción ilegal de bebés en las décadas del `70 y `80 como "pro vida". El rector de la Universidad Católica anunció la objeción de conciencia institucional para la red de atención sanitaria de la UC, que sólo contratará médicos objetores. Es evidente que la incorporación de esta figura no ha morigerado la guerra santa contra la medida y que de aprobarse constituirá un bloqueo principal para la aplicación del aborto terapéutico. El movimiento de mujeres debe tomar nota e incorporar entre sus demandas la eliminación la objeción de conciencia en el ámbito de la salud. El tema ha abierto una grieta en el interior de la Democracia Cristiana, que luego de forzar la votación separada causal por causal, aportó el voto favorable de 14 de sus 22 diputados al conjunto de la norma, incluida la más controvertida de aborto por violación. Una diputada de la DC conmovió al país en una entrevista que se dio a conocer en el curso del debate legislativo, en la que justificó su voto favorable en la experiencia personal de haber abortado dos veces, la primera siendo una niña luego de quedar embarazada producto de un abuso intrafamiliar. Esta división también impactó en el gobierno de la Nueva Mayoría, cuyo jefe de Gabinete es democristiano y declaró luego de la media sanción que “si fuera parlamentario, respecto a la tercera causal estaría en un momento de duda”. Basta de dilaciones, por la aprobación inmediata Si bien la medida plantea trabas burocráticas (doble consulta médica, la obligación de denuncia policial en caso de violación, el requerimiento de la autorización de representante legal de las menores de 14 años o autorización de un Tribunal de Familia y la ya mencionada objeción de conciencia) ofrece un marco de legalidad y trae un reconocimiento en el caso de las niñas menores. Constituye un logro de la lucha de las organizaciones de mujeres y de aprobarse representaría un avance en el plano reivindicativo. Organizaciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el Colegio de Médicos y el de Matronas la apoyan, lo mismo la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, que, a su vez, se manifestó en contra de que se aplique la objeción de conciencia en la salud pública. Desde el ejecutivo habían prometido darle despacho urgente al proyecto, sin embargo ya anunciaron la segunda postergación, de abril a mayo, para "dar tiempo a un debate en profundidad". Esto responde a las contradicciones al interior del gabinete y al fuerte lobby del Vaticano. De aprobarse en Senadores, aún queda el recurso de la apelación ante el Tribunal Supremo Constitucional que la Iglesia católica anunció realizará en caso de sancionarse la ley. Las organizaciones de mujeres no deben depositar su confianza en un gobierno que va por su segundo mandato y sigue dando largas al tema. Las contradicciones al interior del bloque de gobierno plantean la necesidad de desarrollar una lucha política independiente hasta que se apruebe el proyecto.

Los compañeros y compañeras del Partido Obrero de Villa Ortúzar recorrieron distintos talleres gráficos del barrio en apoyo a la gran movilización que protagonizó el gremio el martes 29, cuando quedaron planteadas dos posiciones: la de la lista Verde,que negocia con la patronal a espaldas de los trabajadores aumentos de hambre (28%); y la de la lista Naranja, que realizó asambleas por planta y por turno, que votaron masivamente ir al paro por un 45% de aumento salarial y en una sola cuota. El reclamo de los trabajadores no escapa a la situación política actual, en la cual los "socios" de Ongaro votan con las dos manos el pago a los buitres, que sólo puede ser sostenido con despidos, reducción salarial y tarifazos. En la actividad se comprobó la parálisis de la dirección del sindicato, ya que encontramos talleres donde cobran la mitad del salario correspondiente al del convenio colectivo y en otros donde se trabaja en negro. Los trabajadores de distintas fábricas escuchaban atentos cuando les comentábamos que en las gráficas donde dirige la Naranja tienen mayores reivindicaciones (mayores salarios, bono de fin de año muy por encima del percibido en los talleres "verdes"). A desplazar a la burocracia sindical del gremio gráfico.

Desde que en enero un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires avaló que la policía pueda requerir documentos y requisar pertenencias personales a los transeúntes por “portación de rostro”, centenares de jóvenes fueron sometidos al verdugueo de metropolitanos y federales como en la época de los edictos policiales. El fallo de la Corte porteña revocó dos fallos de primera instancia que habían anulado un operativo en el que un hombre fue detenido en la estación Constitución, después de que le fuera requerida su identificación y él mismo admitiera que portaba un arma de fuego. Al legitimar este procedimiento, la policía se encuentra nuevamente con las manos liberadas para demorar “sospechosos” en la vía pública. El fallo de la Justicia porteña se encuentra apelado y será examinado por la Corte Suprema de la Nación. Detrás de las “nuevas-viejas” prácticas policiales se encuentra el aval también del poder político, que agita el fantasma de la “inseguridad” para reforzar el control policial de la calle, junto al “protocolo” represivo. Obviamente, también constituye un espaldarazo a la institución policial, unida indisolublemente al crimen organizado a lo largo y ancho del país. La decisión del máximo tribunal de la Ciudad coincide con los 25 años del crimen de Walter Bulacio. Walter tenía 16 años cuando fue detenido en la entrada del estadio Obras poco antes de un recital de Los Redonditos de Ricota. Murió pocos días después, debido a un aneurisma provocado por los golpes que recibió en la comisaría. Su caso se convirtió en un emblema de la lucha contra los abusos policiales. El comisario responsable fue condenado recién 22 años después a una pena de tres años de prisión en suspenso. Las movilizaciones por justicia para Walter -que tuvieron un gran impacto en la juventud de aquella época- derivaron tiempo después en la derogación de los edictos policiales, que autorizaban todo tipo de detenciones arbitrarias y otorgaban a la policía facultades propias de los jueces. Los viejos edictos, sin embargo, fueron reemplazados por “códigos contravencionales” y otros reglamentos represivos que continúan otorgando amplias facultades para que la policía actúe a discreción en el “control de la calle”. El gobierno de Macri quiere “reconciliar” a la ciudadanía con la omnipresencia de la policía y de las fuerzas de seguridad, aunque su mirada no está puesta en carteristas y arrebatadores sino en las luchas contra el ajuste y los despidos. Por su parte, los gobiernos K organizaron “Jornadas contra la Violencia Institucional”, que fueron el taparrabo de la continuidad de la policía brava tanto en Capital como provincia. De los 4.644 casos de “gatillo fácil” y muertes en cárceles y comisarías, 3.070 corresponden a los gobiernos kirchneristas, según el informe de la Correpi correspondiente al año 2015. Los K fueron, además, los responsables de saturar los barrios del sur de la Ciudad y del conurbano con Gendarmería y Prefectura. Durante la campaña, Daniel Scioli se comprometió públicamente a ejecutar el traspaso de la Federal a la Ciudad, en caso de resultar electo presidente. La “seguridad democrática” de los nac & pop consistió en el desarrollo de los programas de espionaje y delación como el Proyecto X. En este cuadro, los compañeros de Correpi -abogados militantes de la causa por el crimen de Bulacio- lanzaron la convocatoria a organizar una gran marcha a Plaza de Mayo contra las detenciones arbitrarias y los abusos policiales al cumplirse estos 25 años. Es una lucha que mantiene toda su vigencia. Desde el Partido Obrero y Apel aportaremos nuestro impulso a esta iniciativa.

Los policías Marcos Gordillo, Héctor Ramírez, Leonardo Serrano y Matías Cruz fueron condenados por torturas a penas que van desde los 11 a los 13 años de prisión. Los condenados se hicieron mundialmente famosos hace tres años cuando se difundieron en las redes sociales sus torturas a dos jóvenes en una comisaría del departamento General Güemes. A partir de ese hecho se desarrolló un importante repudio social en Salta y el país, que obligó a la justicia local a llevar al banquillo a los torturadores. Pero además, el caso ayudó a exponer con más fuerza un modus operandi general del aparato policial descompuesto salteño. Así se dio a conocer luego un informe de la ex Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias, disuelta el año pasado por Juan Manuel Urtubey, que precisó el brutal crecimiento de las causas por torturas y apremios ilegales: en 2011 se tramitaron 400 denuncias contra policías, mientras que en 2012 se incrementaron a 774 y ya en 2013 alcanzaron los 1.474 casos. Es decir, que esta condena, que es fruto de la lucha popular y que por lo tanto constituye un avance contra la impunidad y la represión, todavía es la excepción a la regla. Mientras se escriben estas líneas, el jefe de la policía local Marcelo Lami se ha dedicado a encubrir a uno de sus subordinados, autor de un nuevo femicidio. En escandalosas declaraciones mediáticas, Lami, consultado sobre la posible desafectación del policía en cuestión, señaló que él “no se mete en la vida privada de las personas y que la justicia será la encargada de juzgar”… El jefe de policía que considera al femicidio como “un tema privado”, es defendido por Urtubey al frente de la fuerza a pesar de las miles denuncias en su contra, que se acumularon en los últimos tres años. Otra causa gravísima que se discute actualmente en Salta es la muerte dudosa del piquetero Pablo Moreno en una comisaría de Tartagal, un hombre que había sido amenazado de muerte en varias ocasiones por la policía. En un marco más general ha quedado expuesto en el último tiempo, a través de numerosos y continuos escándalos, que la tortura es el ingrediente común con el que se aceita un aparato descompuesto encargado de la represión contra el pueblo y ligado a los peores negocios de un capitalismo descompuesto, como lo son la trata y el narcotráfico. Nos apoyamos en esta conquista de la movilización popular para ir por la investigación integral de todos los casos de torturas, por el esclarecimiento de la muerte de Pablo Moreno y por el desmantelamiento de un aparato represivo autor de los peores crímenes y negociados contra el pueblo.

Luego de definir, en su primera reunión, una gran movilización provincial para el 14 de abril, se volvió a reunir la Coordinadora Provincial por el Boleto Estudiantil Gratuito. El kirchnerismo, que había asistido parcialmente a la primera reunión y no había siquiera tomado la palabra, asistió ahora con una numerosa delegación. Los K, que fueron ajenos al proceso de lucha que arrancó la aprobación de la ley, abrieron su serie de intervenciones llamando a modificar la fecha votada, por cuestiones de “agenda mediática”. Esa supuesta agenda (que incluye la declaración de CFK frente al juez Bonadío) estaría por encima de la “agenda estudiantil”, que reclama una movilización urgente contra el tarifazo, como lo muestra la movilización autoconvocada a Plaza de Mayo por Boleto Educativo para todo el país. De esta manera, propusieron postergar la marcha al 5 de mayo. Frente a esto, la propuesta de la UJS-PO fue incorporar esa fecha para realizar una segunda movilización, en caso que el Boleto no se hubiera reglamentado. Allí, el kirchnerismo planteó que sólo participaría si había una convocatoria única para el 5, argumentando que lo del 14 era “divisionista”. Comprometidos con Vidal Este ultimátum deja a las claras el papel que fueron a jugar las agrupaciones K a la reunión. Pretenden desactivar cualquier medida de lucha para garantizarle la “gobernabilidad” a Vidal, mientras se aplica un tarifazo brutal sobre trabajadores y estudiantes. Patria Grande, frente a la posición de postergar esta medida de lucha rápidamente acepto. Una parte de la izquierda también capituló frente a los planteos K. La Cepa-PCR y el MAS se hicieron eco de la maniobra kirchnerista y plantearon transformar la movilización del 14 en una “jornada de lucha local” en los distintos municipios, y "marchar masivamente" recién el 5 de mayo. Esto se suma al boicot de toda la izquierda al acto frente a la Subsecretaría de Transporte el pasado 29 de mayo, acordado en la Junta Representativa de la FULP, en ocasión de una reunión entre legisladores y el ejecutivo provincial. La adaptación política de estas corrientes se trasladó al documento de convocatoria, donde acordaron omitir la responsabilidad de Scioli, que violó la Ley al no reglamentarla antes de terminar su mandato en la gobernación. Quienes pretenden desactivar la convocatoria, y quienes se adaptan a ese planteo lo hacen sin siquiera haber puesto a discusión el punto con los estudiantes que dicen representar. La UJS-PO impulsa la deliberación de los estudiantes en toda la provincia, para que los estudiantes voten en asambleas, cuerpos de delegados y comisiones un plan de lucha por la Inmediata implementación del Boleto Estudiantil Gratuito. Sostenemos firmemente la convocatoria a la movilización provincial del 14 de abril. De esta manera, acataremos lo votado por la Coordinadora el pasado 29 de marzo, a propuesta de la Junta Representativa de la FULP. Todos a la Gobernación por la implementación inmediata del Boleto Estudiantil Gratuito, sin recortes. Abajo el tarifazo de Macri-Vidal. 14 de abril, 13 hs - Plaza Rocha (7 y 60).

La conmemoración del 34 aniversario de Malvinas simplemente no existió. Una foto del presidente acompañado por tres funcionarios colocando una ofrenda floral en el monumento a los caídos, un mensaje de condolencia vía Facebook y punto. ¿Qué podría decir MM sobre este punto que no lo identifique como un peón de la diplomacia imperialista? Al finalizar la reciente entrevista con el premier inglés, el presidente hizo referencia a la necesidad de afirmar la política del “paraguas” para la cuestión de la soberanía de Malvinas. El “paraguas” de soberanía -que supone dejar de lado el reclamo territorial para avanzar en los eventuales negocios que ofrezca la explotación de las islas y adyacencias- fue establecido en los acuerdos firmados en 1989. En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña saludó la reunión con Macri y consideró que la cuestión de la soberanía no está en discusión. “Nuestra” ministra en el rubro fue más allá, admitiendo la posibilidad de “colaborar” con los ingleses, y no sólo en tareas de investigación. ¿Qué podría decir MM a los ex combatientes o los familiares de los caídos sobre otros puntos? Sus organizaciones reclamaron ante el nuevo gobierno que se avance en el proceso judicial que investiga las brutales violaciones a los derechos humanos producidas por los mandos de las fuerzas armadas contra los soldados y por la actuación de represores de la Esma y de otros chupaderos en Malvinas, Nada se avanzó en este punto durante la “década ganada”, nada se plantea ahora. La guerra de Malvinas fue una guerra de la Otan contra Argentina. Estados Unidos fue un aliado directo e imprescindible para asegurar la victoria británica. MM no puede ir a decirle a los ex combatientes ni al pueblo, como tampoco NK o CFK en su momento, que su gobierno sigue siendo un aliado de la Otan, de Estados Unidos y Gran Bretaña en la política imperialista que hoy se despliega en el Medio Oriente y sostiene la acción criminal del Estado sionista contra el pueblo palestino.

Foto: Javier Entrerriano Las revelaciones sobre las empresas “fantasma” de Macri en el exterior, así como el desfile de los Lázaro Báez y compañía ante la Justicia, nos dejan una conclusión clara: los responsables de la quiebra de la Argentina son los capitalistas y sus partidos. Esa conclusión debería llevar a la confiscación de sus patrimonios mal habidos, a abrir las cuentas de la obra pública y de los servicios públicos; a terminar con la sangría de la deuda usuraria, que tiene como “acreedores” a los propios capitalistas que han fugado capitales. Por el contrario: mientras los imputados desfilan por los tribunales, quieren que nosotros , los trabajadores, nos hagamos cargo del “muerto”. Con despidos, tarifazos o la reducción del salario. Ninguno de los que gobiernan, en el país o en las provincias, tiene autoridad política o moral para hacernos pagar la crisis. ¡Que la paguen los vaciadores! Investigación y repudio de la deuda usuraria. Abrir las cuentas de las privatizadas y la obra pública. Ningún despido. Abajo los tarifazos. Paritarias libres, 82% móvil y aumento de emergencia para los jubilados. Abajo el impuesto el salario. Es la hora de un paro general por estas reivindicaciones.

Ante la crisis política que involucra al Presidente en la dirección de las sociedades offshore, nuestro bloque exigió la inmediata comparecencia de Macri al Congreso para que dé explicaciones. Asimismo, reclamamos el envío de todas las actuaciones del consorcio de periodistas que realizó la investigación, la cual involucra también al kirchnerismo. “Algo huele a podrido en la Argentina”, dijo Néstor Pitrola al comenzar su intervención. Luego, denunció el mecanismo fraudulento de la gran burguesía para evadir impuestos, fugar capitales y ocultar patrimonios. “Mientras 120 mil argentinos se han quedado sin trabajo, su presidente considera normal pertenecer a sociedades para vaciar el país. Con autopréstamos y otros mecanismos de fuga de capitales se fueron 350 mil millones de dólares del país”, denunció el diputado del PO. Pitrola también reclamó conocer la situación de “los 100 argentinos involucrados en esta mega investigación”. Del mismo modo, dijo que “deberían conocerse los 1.500 beneficiados por la disposición de la Afip por la cual Cristóbal López se enriqueció con el dinero de los contribuyentes, no queremos pactos mutuos de impunidad”, remató, quien también asoció este operativo al respaldo que le dio Scioli a Macri. En una sesión marcada por una agenda reaccionaria que debía convalidar decretos de rebajas impositivas a grandes patronales Pitrola señaló: “Nos convocan a una sesión especial con el único temario de avalar los decretazos de ajuste. Pero la urgencia hoy es que discutamos la prohibición de despidos, un aumento de emergencia a los jubilados, la abolición de ganancias en los salarios y jubilaciones, y el fin de la precarización laboral.” AGN y ley de Medios Luego de que el oficialismo y sus aliados (como el massismo) cerraran filas para rechazar la comparescencia de los funcionarios, se discutió la designación de los auditores nacionales. Allí, fue nuestra diputada por Mendoza, Soledad Sosa, quien intervino rechazando las candidaturas propuestas. “No votamos a los que, desde el ’83, garantizaron el pago de la deuda usuraria y la fuga de capitales”, y planteó que los auditores deben ser elegidos por el voto popular . No votaremos -agregó Sole- a quienes representan a las “fuerzas políticas responsables del desfinanciamiento criminal de los servicios públicos, que terminó en la masacre de Once, a los de la patria contratista de los Lázaro Baez y los Caputo”. El turno del diputado salteño, Pablo López, llegó cuando se debatió la ley de medios. “El decretazo de Macri busca organizar el negocio de los medios al servicio de los empresarios que hoy apoyan al gobierno”, denunció López. Y planteó que la democratización de la palabra requiere la elección popular del directorio del Enacom, de la TV Pública y radios públicas”, entre otros puntos.

La escalada de carpetazos -entre las revelaciones de la empresa off shore de Macri y la detención de Lázaro Báez- pone de manifiesto una aguda contradicción política. Por un lado han quedado expuestas las razones de fondo de la bancarrota nacional, que no es otra que el saqueo sistemático de la clase obrera y el presupuesto público en beneficio de la clase capitalista. La empresa off shore de Macri delata la práctica sistemática de toda la burguesía “nacional”: la fuga de capitales. Parte de esa fuga se ha convertido luego en deuda externa, que en sucesivas oportunidades fue estatizada y, por lo tanto, endosada a los trabajadores. La burguesía argentina acumula en el exterior un patrimonio que supera largamente al de toda la deuda pública argentina, y es en buena medida una de sus principales acreedoras. A su turno, la guerra de carpetas saca a la luz el vaciamiento perpetrado por Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime y otros, que se valieron de los presupuestos de la obra pública, las privatizaciones o las concesiones estatales para conformar un patrimonio a costa de la precarización obrera (¡tercerizaciones ferroviarias!) y el desquicio de los servicios públicos, como se demostró en la masacre de Once o el vaciamiento sistemático de las líneas de transporte. Ante la interrupción del flujo de fondos del presupuesto, los vaciadores K no tardaron un minuto en trasladarle el fardo a los trabajadores, como ocurrió con los compañeros del Grupo 23 o los miles de obreros de la constructora Austral en Santa Cruz. La factura, a los trabajadores Pero la contradicción reside en que la gigantesca factura de este desfalco no está siendo afrontada por quienes lo perpetraron, sino que es trasladada a los trabajadores. Ese es el propósito central del gobierno de “Cambiemos” y sus acuerdos con el pejota y el kirchnerismo. La inmensa hipoteca de la deuda externa, que será acrecentada después de los acuerdos con los buitres, quiere ser bancada con un ajuste brutal contra el salario, los gastos sociales y el derecho al trabajo de decenas de miles de estatales. Los desaguisados de Jaime, De Vido y compañía, que desviaron los subsidios para sus cajas paralelas, no han sido siquiera investigados. Al comentar el tarifazo en el transporte, un periodista especializado de La Nación ha debido preguntarse “si efectivamente los costos del sistema son los reales o están cargados de anabólicos” (1/4): pero a renglón siguiente, él mismo se responde que los “anabólicos” son “un esquema de costos promedio que dio ganancias millonarias a las grandes empresas de colectivos” (ídem). Ahora, ese régimen de beneficios garantizados será sustentado con tarifas duplicadas. El carpetazo omite esa cuestión de fondo. Es que su función política es justificar el ajuste y el tarifazo, bajo el argumento de que los sucesivos desfalcos “no dejan otra alternativa”. La detención de Báez es el preámbulo de la indagatoria a Cristina Kirchner, llamada a declarar el próximo 13. La guerra de carpetas, en ese cuadro, sirve a que los ajustadores promuevan una falsa polarización política. La agenda del ajuste -y las luchas obreras que desata- quiere ser desplazada del centro de la situación política -ello, cuando llegan nuevos despidos en el Estado y arrecian las suspensiones en la gran industria. Mientras el gobierno y sus agentes redoblan sus acusaciones a la camarilla kirchnerista, los k buscarán promover una movilización en su defensa el próximo 13. Para el pueblo que vive de su trabajo, la encerrona es evidente. Los acusadores del kirchnerismo no tienen ningún planteo para aliviar al pueblo de los tarifazos o la carga del impuesto al salario -¡ni siquiera de la propia corrupción, que envuelve también a los Macri off shore!”. Del lado del kirchnerismo, no se trata de una convocatoria para rechazar los ajustes o los despidos. Es un llamado para defender a una claque corrupta, fracasada y también ajustadora, como lo revelan las reformas estatales reaccionarias de Alicia Kirchner en Santa Cruz o Rosana Bertone en Tierra del Fuego. Una salida de los trabajadores A la luz de todo lo anterior, es necesario que los trabajadores pasemos en limpio la crisis de los carpetazos en función de nuestros intereses inmediatos y estratégicos. El régimen que ha salido a reclamarnos sacrificios, en la Nación y las provincias, ha revelado su completa falta de autoridad política para hacerlo. Detrás de la enorme bancarrota nacional, está la fuga de capitales y el desfalco del presupuesto que han perpetrado por igual los Macri, Báez o Kirchner. Los trabajadores no tenemos porqué pagar la factura. Para ello, es necesario colocar al programa y la lucha de la clase obrera en el primer plano de la crisis nacional. Es el camino que están recorriendo los docentes santiagueños y mendocinos, los estatales de Tierra del Fuego y de los grandes ministerios nacionales; es lo que reveló por abajo el paro nacional docente del lunes pasado. El programa es claro: anular el tarifazo, abrir las cuentas de todas las concesiones estatales; confiscar los bienes mal habidos de las camarillas empresarias ligadas a las privatizaciones y la obra pública, sobre esa base, reincorporar a los trabajadores despedidos en el Estado y la obra pública; desconocer la deuda usuraria, abrir las cuentas de los Macri, Techint de los bancos y cerealeras -lo que pondrá de manifiesto sus operaciones contra el patrimonio público; ningún despido, paritarias libres e indexación automática de acuerdo a la inflación. Pongamos en pie de lucha a nuestras organizaciones obreras, para que la crisis la paguen los vaciadores. Con este planteo, redoblemos el reclamo por un paro nacional y preparemos un gran 1˚ de Mayo de lucha, obrero y socialista en la Plaza de Mayo.

Los 40 dirigentes de las cinco centrales que desembarcaron en Diputados podrían haber decretado allí mismo un paro en el que no volaría ni una mosca. Sin embargo, se reunieron para evitarlo, al menos por ahora. La convocatoria massista original -el salario no es ganancia- sufrió un desborde sorprendente: todos, sin excepción, marcaron un diagnóstico explosivo, desde despidos hasta el protocolo, colocando una agenda obrera completa. Eso sí, para el debate parlamentario, donde normalmente mueren las reivindicaciones obreras. Como anécdota, hay que señalar que Graciela Camaño y Massa le dieron la presidencia de la reunión a la monodiputada del GEN, Stolbitzer, única voz en tres horas que intentó salvar al gobierno por su ausencia. Pitrola, orador de “los diputados de extracción sindical” del PO, habló también “en nombre de Soledad Sosa, protagonista a esa hora de un enorme plenario de delegados y sindicatos de las cuatro centrales de Mendoza, con idéntico temario que esta reunión”, pero con otros fines: parar la provincia. “No podíamos faltar cuando los representantes de las cinco centrales vienen al Congreso a plantear reivindicaciones vitales del movimiento obrero. Como bancada obrera y socialista, el único lobby que aceptamos es el de la mayoría trabajadora nacional -aunque por ahora el ‘otro lobby’ gana por goleada”, arrancó Pitrola, en un discurso muy comentado, según contaron periodistas presentes (se puede ver en la web del Partido Obrero). El PO se presentó con una declaración que repartió Néstor Pitrola en mano a cada secretario general (ver aparte), y un dossier con cinco proyectos de ley de los diputados del PO que promovemos en todos los parlamentos del país para reforzar la lucha de la clase obrera: prohibición de despidos y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, abolición de ganancias en salarios de convenio, 82% móvil, pase a planta de precarizados y tercerizados y blanqueo laboral. La “panfleteada”, según palabras de Omar Plaini, impactó: Barrionuevo ojeó el cuadernillo y al hablar, después de Moyano, señaló: “estoy viendo los proyectos de Pitrola, los firmo ya”. Pitrola marcó de entrada lo que estaba en juego para el movimiento obrero argentino, señalando que “a unos pasos, en el Senado”, se estaba votando “el leonino pacto con los buitres”, cuya contracara es “el fenomenal ajuste en marcha que ustedes han descripto”. En este punto, Moyano, al cierre, polemizó con Pitrola, considerando que en el cuadro actual el pacto buitre constituye “un mal menor”. En sintonía con la carta llevada a las centrales, Pitrola destacó que va a ser el movimiento obrero con un plan de lucha el que va a “derrotar el ajuste y a arrancar todas las reivindicaciones que acá se debatieron”. En este punto, destacó que si se estaba discutiendo hoy ganancias, era por la realización de “tres paros formidables del movimiento obrero que lo metieron en la agenda y obligaron a una demagogia electoral sobre el punto”. Dijo que por ese motivo “no hay que dejar pasar la oportunidad e ir ahora a fondo y terminar con ganancias en los salarios de convenio y sobre las jubilaciones”, mencionando que nuestro proyecto plantea la abolición al igual que la Asociación Bancaria, que así lo había expresado. Pitrola polemizó indirectamente con el resto de los diputados y las centrales que buscan un consenso para establecer un nuevo Mínimo No Imponible: “es un engañapichanga, ahora mismo hay 200 mil trabajadores más que pagan ganancias antes de paritarias”. En el terreno de los despidos, marcó que “se deben prohibir en forma inmediata por un año y repartir las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, como dice nuestro proyecto. Es un concepto de fondo para ver quién paga la crisis, si los trabajadores o el capital”, marcó. Agregó también a la agenda el 82% móvil y un aumento de emergencia (tomando un reclamo de la mayoría de los sindicatos presentes), además del blanqueo laboral y el pase a planta. Pero nuestra intervención produjo un giro en el debate cuando Pitrola propuso una sesión especial que nadie había mencionado hasta ahí: “En la crisis de 2014 por despidos y ganancias reunimos 104 diputados en cuatro sesiones especiales, hoy aquí, somos quórum y mayoría, pongamos lo que hay que poner sobre la mesa y llamemos a una sesión especial para tratar en forma urgente el tema de los despidos, ganancias y la depresión en los salarios y jubilaciones”. Otros oradores tomaron el planteo, entre ellos Caló, que calculó en 150 diputados los bloques participantes. Pero al cierre, Massa condicionó todo al tratamiento en comisiones y en “consenso” con Cambiemos -es decir mandó el tema a las calendas. Moyano en el cierre, elípticamente, respondió otro planteo de Pitrola: “claro que es grave que no esté aquí Cambiemos, han producido una foto con el movimiento obrero en la oposición, y objetivamente está en la oposición porque es la víctima central del ajuste”. El camionero indicó el “grave error táctico del gobierno de no venir a escuchar”. Cualquiera que participó sintió que una enorme crisis social y política está en marcha en el país. El PO culminó planteando que nuestra acción parlamentaria es para contribuir a la victoria del movimiento obrero contra el ajuste.

El 30 de marzo de 1982, 50.000 trabajadores durante seis horas disputaron las calles a la dictadura de Galtieri. La convocatoria fue hecha por la CGT sin declarar el paro activo ni adoptar medida de organización alguna desde los lugares de trabajo, pero el solo llamado a acompañar a los dirigentes para entregar un petitorio en la Rosada se convirtió en objetivo de lucha. Fue un signo de la bancarrota de la dictadura. Antes de esa jornada, PO planteó:”el gobierno de Galtieri está acabado” y “habrá de terminar peor que Viola”.1 La jornada del 30 de marzo estuvo en el vientre de la mayor crisis nacional del período y marcó el comienzo de un nuevo gran período de ascenso de la clase obrera argentina. La invasión de las Islas por la dictadura militar se produjo el 2 de abril de 1982. Dijimos entonces: “Para luchar contra el imperialismo, ningún apoyo a la dictadura”. Planteamos que la maniobra de la dictadura -la ocupación de las islas para desviar la lucha callejera que había tenido una expresión multitudinaria en la movilización del 30 de marzo de 1982- esa maniobra no era antiimperialista. “No basta la recuperación de un territorio que nos pertenece histórica y geográficamente y que se encuentra en manos imperialistas, para estar en presencia de una acción real de independencia nacional… si la recuperación de Malvinas es para cambiar de amo en el Atlántico Sur o para resolver un litigio que obstaculiza la entrega de las riquezas de la región al capital extranjero, está claro que la acción tiene una apariencia antiimperialista pero su proyección real es un mayor sometimiento al imperialismo”.2 Era imposible que la dictadura condujera una lucha nacional consecuente. Por eso el PO planteo un programa de lucha para intervenir en el momento: “1) denuncia del intento de capitular ante el imperialismo, sea mediante una negociación entreguista [económica o política exterior] o mediante un retiro de tropas a cambio de la devolución gradual y condicionada del archipiélago; 2) reivindicar la intervención de la propiedad de todo el capital extranjero que ya está saboteando o especulando contra la economía nacional; 3) en caso de guerra extenderla a todo el territorio nacional, atacando y confiscando al gran capital imperialista y, por sobre todo, llamar a los trabajadores a armarse; 4) satisfacción inmediata de los reclamos del movimiento de Familiares y Madres sobre los desaparecidos; 5) impulsar la formación de un frente único antiimperialista, que impulse prácticamente este programa.3 Para los socialistas revolucionarios no hay neutralidad entre opresores y oprimidos. Planteado el envío de la flota británica con apoyo norteamericano, PO estuvo en la trinchera de la nación oprimida contra el imperialismo opresor con independencia de la envoltura formal del enfrentamiento -el país oprimido por una dictadura sangrienta frente a una democracia imperialista. Planteamos “La lucha por el derrocamiento de la dictadura sigue vigente, pero ha cambiado de forma, ya que pasa por la lucha para aplastar a la flota y el imperialismo… esta consigna ha sido desplazada relativamente por la de Abajo la flota británica, guerra total (internacional, política y económica) contra el imperialismo”.4 La capitulación de Malvinas fue la forma en que estalló la crisis de la dictadura, que estaba en bancarrota antes del 2 de abril. Ante la rendición del 15 de junio de 1982, PO llamó a desenvolver las masivas movilizaciones de esos días, que fueron determinantes en la caída de Galtieri. “Miserable capitulación. Fuera la dictadura… movilización contra el acuerdo nacional entre el imperialismo y la burguesía de la Multipartidaria, que garantizaba el relevo del régimen militar por uno constitucional que mantendrá la subordinación nacional al imperialismo”.5 1. Política Obrera N˚ 327, 2/3/1982. 2. Política Obrera N˚ 328, 5/4/1982. 3. Idem anterior. 4. Política Obrera N˚ 330, 12/6/1982. 5. Idem anterior.

El diputado del Partido Obrero por el FIT se reunió con la comisión directiva del Sindicato Aceitero de Capital, para presentar el paquete de leyes obreras que defendió el miércoles ante las centrales obreras: prohibición de despidos por un año, abolición de ganancias en los salarios de convenio y jubilaciones, 82% móvil, pase a planta de precarios y tercerizados y blanqueo laboral. La reunión, de dos horas, fue también oportunidad de intercambiar posturas del sindicalismo combativo sobre paritarias y el enorme ajuste en curso. Pitrola declaró al cabo de la reunión: “El planteo aceitero de 20.380 pesos de salario inicial, equivalente a la canasta familiar, marca un rumbo defensivo en las paritarias frente al rodrigazo que está en curso. La combinación de despidos, tarifazos en masa, aumentos de precios, jubilaciones de miseria, congelamiento de planes sociales e impuesto a las ganancias en los salarios es un cóctel explosivo para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores”. “Nuestras leyes son parte de un programa de lucha que puede repercutir en el parlamento sólo a partir de la movilización de los trabajadores, porque las fuerzas políticas que nos gobiernan y nos han gobernado hasta aquí han convalidado el pacto buitre y son parte de la ofensiva patronal. Es hora de un paro nacional”, finalizó Pitrola.

Ante el anuncio del gobierno provincial de un incremento del 4% de los aportes obreros al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), la consejera gremial del Instituto, Gabriela Suppicich, dijo que “el aumento de un 4% en los aportes obreros al ISSN representa una nueva confiscación salarial a la masa de empleados estatales de la provincia”. Explicó que “la jubilación es un salario diferido, por ende la carga de su capitalización debería correr por cuenta exclusiva del Estado-patrón. Sin embargo -añadió-, el principal responsable del quebranto de la Obra Social y la Caja de Jubilaciones es el propio Estado, por las deudas millonarias que los entes gubernamentales mantienen con el instituto, como oportunamente lo denunciamos con la diputada Patricia Jure en la Legislatura”. “Ahora -señaló Suppicich- quieren cubrir este desfalco con el aumento de los aportes obreros y es la antesala al objetivo patronal de aumentar la edad jubilatoria”. Por su parte, la diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Patricia Jure, analizó el trasfondo político de la medida: “La confiscación salarial que decretó el gobierno de Omar Gutiérrez, se inscribe como parte del ajuste más general que el gobierno del MPN está llevando adelante contra el pueblo neuquino”. “Ese ajuste es la precondición para lograr un nuevo endeudamiento de la provincia, que le permita pilotear la crisis fiscal”, dijo Jure y añadió que “por eso, los senadores nacionales del MPN votaron a favor del pacto con los fondos buitres”, para abrir el camino a la toma de nuevos créditos usurarios con destino a las arcas neuquinas, que luego pagarán los trabajadores y los demás sectores populares. “Trasladan la crisis financiera provincial y nacional al bolsillo de las familias trabajadoras”, finalizó Jure. Por su parte, la consejera Suppicich concluyó: “Está planteada la convocatoria a un paro provincial de la CTA, para rechazar el aumento del aporte obrero”. • Abajo el decreto gubernamental. • No al aumento de la edad jubilatoria, restitución de todas las prestaciones. • Que se pague la deuda histórica con el ISSN y todos los aportes patronales adeudados.

El gobierno está a punto de lanzar la venta de acciones de empresas cotizantes en la bolsa en poder de la Anses. La instrumentación de la venta ha quedado en manos de Luis Blaquier, sobrino de Carlos Blaquier, dueño de Ingenio Ledesma, que es quien dirige el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -un fondo de contingencia compuesto mayoritariamente por bonos del Estado, acciones, plazos fijos y otros instrumentos financieros que estaban en poder de las AFJP hasta 2010. No por casualidad, el anuncio ha sido acompañado por la “filtración” de un diagnóstico que está considerando el gobierno. Allí se plantea que, sin considerar los aportes del Tesoro y el superávit del FGS, la Anses cerró 2015 con un déficit de 58.000 millones de pesos, agravado por la restitución del 15% de Ganancias a algunas provincias. La conclusión es que el sistema ha dejado de ser “sustentable” y es urgente una reforma del sistema de jubilaciones. El eje de lo que se intenta fue adelantado por el actual titular del organismo: “una nueva ley jubilatoria que contemple un haber mínimo, lo más universal posible, y luego una parte contributiva”. Donde se lee “haber mínimo” léase asignación asistencial. En 2015, el gobierno CFK hizo aprobar una ley por la que se requieren las dos terceras partes de los votos de ambas cámara del Congreso para aprobar la venta parcial o total de estas acciones. De este modo, el gobierno “nacional y popular” tendía una cortina de humo en el momento que dilapidaba los títulos públicos en poder del FGS, a la búsqueda de una baja de la cotización del dólar. El gobierno especula, ante la actual demolición del peronismo, lograr los 2/3 necesarios para viabilizar el proyecto. La nueva ofensiva sobre los fondos de los jubilados es inescindible de la búsqueda desesperada de fondos en la que está empeñada el gobierno Cambiemos. Al día de hoy, según una estimación de El Cronista, las acciones del FGS suman un valor de 60.000 millones de pesos. Acuerdo El gobierno tendría el acuerdo explícito de una serie de grupos capitalistas. Funcionarios de la Anses “estuvieron haciendo consultas con Siderar (grupo Techint, Paolo Rocca) para una hipotética oferta de recompra de acciones con resultados no asignados… lo mismo le ofrecieron al grupo financiero Galicia, mientras Telecom ya dio el primer paso con el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA)” (4/4). La mirada está puesta, además, en “fondos muy activos en contacto con empresas que resurgieron para ofrecer comparar paquetes accionarios” (ídem). La perspectiva es mucho más siniestra. En un encuentro con empresarios antes de la victoria del PRO, Francisco Cabrera, actual ministro de Desarrollo Económico, planteó que una alternativa era subastar el FGS “en pedazos”, para que entren fondos de pensión del exterior. En todo caso, además de Macri, tanto Scioli, como Massa tenían en carpeta la reventa de estas acciones como recurso para hacerse rápidamente de dólares en caso de llegar a la presidencia. ¿Cómo deben hacerse las cuentas? El vaciamiento de la Anses ha seguido sin pausa de un gobierno a otro. El FGS está compuesto en más de un 60% por títulos públicos y el pasivo omitido -en el que cuenta la deuda con los jubilados- según el informe de la Auditoría 2015 superaba el billón (un millón de millones) de pesos contra un patrimonio neto de 230.000 millones. El punto de vista de los trabajadores exige explicar lo que ocurre y desenvolver un programa. Planteamos: que la Anses sea manejada por representantes de trabajadores y jubilados, que sus fondos sean invertidos en función de asegurar el pago del 82% móvil, un piso equivalente al costo de la canasta familiar y un plan de industrialización y obras públicas prioritarias debatido por un congreso de trabajadores.

Señor presidente, nuestro alegato ha concluido, sólo me resta una última reflexión. Quienes se opusieron a la dictadura, quienes la enfrentaron en tiempo real, quienes continuaron la lucha y quienes, como dice Charly García, hemos nacido con Videla y hoy nos sumamos a esa lucha, no nos dejamos extorsionar con la consigna, hábilmente impuesta por la burguesía de Nunca más. Porque uno entiende nunca más como que no vuelvan a pasar las cosas que se están juzgando, pero nunca más es una consigna no emancipadora, es una amenaza. ¿Nunca más qué? Si no querés que pase de nuevo, nunca más te organices, nunca más reclames, nunca más milites. Es una amenaza para que las nuevas generaciones no emprendan el camino de la lucha revolucionaria. ¡La única forma que no haya nunca más es la victoria de los trabajadores! Por eso, porque no nos han vencido, seguiremos luchando hasta que aparezca el último nieto, hasta que sepamos sobre el último compañero, hasta que se abran de manera irrestricta los archivos y hasta que acabemos con la opresión del hombre por el hombre. Como dije hace tres días cuando comenzamos a alegar, Mariano, Pedro y yo no somos más que mandatarios. Simplemente somos la voz de miles, somos la voz de quienes están sentados aquí con nosotros, como Elia y los compañeros que están sentados en el público, por lo que corresponde que el cierre de este alegato lo hagan ellos: 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ¡presentes, ahora y siempre! Liliana Alaniz, abogada querellante en la causa (Apel)

Foto: Federico I. El 4 de abril concluyó el alegato de Justicia Ya!, que se desarrolló durante tres intensas jornadas. Justicia Ya! Buenos Aires es una querella colectiva integrada por organismos de derechos humanos vinculados con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Está integrada, entre otros, por la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), la Asociación de Ex detenidos-desaparecidos (AEDD), la AGD-UBA, y Cadep. Apel estuvo a cargo de este juicio y de la lectura del alegato, que fue dividido en tres grandes ejes: un marco histórico y jurídico sobre el genocidio, los compañeros y finalmente, la fundamentación jurídica de genocidio, el pedido de penas y el petitorio. El juicio Esma, que se lleva adelante por 789 compañeros detenidos desaparecidos y un total de 55 genocidas (inicialmente eran 68 y la muerte los liberó de la condena), lleva a la fecha tres años y medio de audiencias donde se escucharon a más 800 testigos. Nuestra querella expuso la vinculación de la Iglesia, los medios de comunicación, el empresariado y el Poder Judicial con el objetivo central del golpe, orquestado por la burguesía nacional y extranjera, que fue una embestida que procuró hacer desaparecer a la vanguardia obrera y juvenil. Pedimos que se condene a prisión perpetua por el delito de genocidio a los represores que se están juzgando en esta causa, entre los que se encuentran el “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Ricardo Cavallo y los pilotos de los vuelos de la muerte. Solicitar que se condene por genocidio no es una diferencia menor y es realizada en soledad por Justicia Ya! Se trata de genocidio porque es el represor quien determina cuál es el grupo a exterminar. No es casual que la pertenencia política, sindical, estudiantil, barrial y social de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos haya sido lo que el genocida decidió exterminar. Nadie estaba allí por casualidad, como dijo Pablo Rieznik cuando fue testigo en la causa ABO (Atlético-Banco-Olimpo). La pertenencia a distintos grupos fue graficada el segundo día de alegatos, cuando se nombró a cada uno de los compañeros detenidos desaparecidos, explicando dónde militaban y sus edades. Fue una audiencia abrumadora, donde exhibimos las fotos y edades de cada compañero. Esta lucha sigue Con el cierre de Justicia Ya! concluyó la etapa acusatoria, y el juicio se reiniciará el 18 de abril, cuando sea el turno de los genocidas plantear sus defensas; es decir, que con un pronóstico optimista, habría sentencia hacia finales de año. Más allá de la sentencia y las condenas que puedan recaer, este juicio no agotó la totalidad de casos ni de represores. En una próximaa etapa, quedan casi 400 casos que están demorados en la etapa de instrucción. Una centena de ellos fueron conocidos a la luz de este juicio, entre ellos, los casos de los compañeros de Política Obrera, Fernando Sánchez, Marcelo Arias y Gustavo Grassi. Al mismo tiempo, y en razón que el Tribunal no aceptó la ampliación de la acusación por delitos sexuales, deberán instruirse juicios por las compañeras abusadas. Parte de esos casos duermen el sueño de los justos en el despacho del juez Sergio Torres, quien desde 2010, cuando se remitieron unos 20 casos, dio escasos pasos en la investigación. ¡Viva la militancia! En nuestro alegato, reivindicamos la militancia revolucionaria de los compañeros, a la generación del Cordobazo, a la resistencia dentro y fuera de los campos de concentración, a Madres y Abuelas, a la prensa clandestina como la de Rodolfo Walsh y la agencia Ancla y Política Obrera, que no dejó de distribuirse durante la dictadura, informando y organizando la lucha contra los genocidas. Dejamos al desnudo la continuidad del golpe y los procesos de impunidad, y los unimos a la lucha actual, reivindicando a los sindicatos antiburocráticos como Sipreba. Durante las tres jornadas, la sala estuvo repleta de público, entre ellos los diputados Pablo López y Néstor Pitrola, la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen, Patricia Walsh (hija de Rodolfo y querellante de la causa), los compañeros de la AEDD (algunos de ellos querellantes como Carlos Sueco Lorkipanidse y Enrique Cachito Fukman). Estuvieron también Maria Isabel y Victoria Prigione Greco, de HIJOS La Plata (Isabel nació en la Esma), y Margarita Pinto del Colectivo Memoria Militante. Luego de las palabras finales, cedimos la palabra a los compañeros que estaban en el público y que hicieron vibrar los cristales al grito de ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre!

Han pasado más de 36 días de paro provincial por parte de la enorme mayoría de gremios estatales y el gobierno K de Rosana Bertone no ha logrado quebrar la lucha. Los estatales fueguinos han apelado a paros, movilizaciones, piquetes, cortes de ruta, acampes y demás medidas. Tal es así que el pasado jueves se logró obtener la aprobación del proyecto de ley, mediante la iniciativa popular, de la derogación de todas las leyes de ajuste. Luego de tan solo cuatro días, donde el clima realmente no acompañó, se lograron superar las diez mil firmas que se establecía como requisito. El lunes por la noche en la asamblea el clima era de satisfacción ya que se había logrado muchísimo acompañamiento por parte de la población, formándose filas de hasta media cuadra para poder firmar las planillas por la derogación. Al mismo tiempo, la unión de gremios lograba arrancarle una mesa de diálogo a los legisladores de la oposición, radicales y el MPF. Hay que agregar que a esta reunión se sumó un legislador “arrepentido” del FpV. Respuesta del régimen Ante la avanzada obrera el gobierno decidió dar su propia respuesta. El martes a las 8 de la mañana, en un tiempo record, el juzgado que anteriormente había dado curso a la iniciativa popular decidió intempestivamente declarar “sustancialmente inadmisible” el proyecto. Esta incoherencia denotó que el Poder Judicial se encuentra al servicio del gobierno K. Hay que recordar que a mediados del año pasado, en pleno inicio del juicio a los docentes y camioneros y en la transición entre Rios y Bertone, aparecieron 90 millones de pesos de un Estado supuestamente quebrado para la construcción del edificio del Poder Judicial. El mismo día martes por la tarde se volvió a desarrollar la mesa de “dialogo” y análisis de las leyes y quedó en claro que era una maniobra de los legisladores para desviar el eje y desgastar la lucha. En la mesa hubo legisladores que llegaron a pedir que se levantaran el paro y el acampe. Luego de un cuarto intermedio los legisladores volvieron con una postura altanera, soberbia y hasta sobradora, donde lo único que señalaron fue que iban a recabar la información brindada durante las reuniones para “ver” si los convencíamos de modificar las leyes. Asimismo, dejaron sentada la postura de que la derogación y/o la suspensión del paquete de leyes no estaban en consideración. Una impostura luego de 36 días de acampe bajo la lluvia, la nieve y el frio y con estatales que han sufrido descuentos en sus haberes. Conclusión política Ha quedado demostrado que tanto la gobernadora, los legisladores como el poder judicial confluyen en los mismos intereses de clase. Hoy su interés máximo es hacer pasar este ajuste brutal contra la clase trabajadora. Los tres poderes han tomado una postura: el Ejecutivo envió el paquete de leyes, los legisladores la votaron y hoy el poder judicial ante una iniciativa popular la rechaza de cuajo, demostrando su parcialidad. Los trabajadores debemos profundizar el plan de lucha por la derogación del paquete de leyes de ajuste, la reincorporación de los despedidos, el pase a planta de los PEL y así torcerle el brazo al gobierno.

Los trabajadores del diario Tiempo Argentino resolvieron el pasado 1˚de abril constituir una cooperativa de trabajo con la cual empezar a sacar el diario y otros productos. La decisión llegó después de cuatro meses de lucha, dos de ellos con la redacción tomada. Su constitución es una consecuencia de la perseverancia de una lucha ejemplar. La cooperativa, que se llamará Por Más Tiempo, será constituida formalmente el próximo martes 19 de abril en una asamblea a realizarse en la redacción de Amenábar 23 donde se elegirá por voto directo su Consejo Administrativo. La cooperativa es el resultado de la impasse en la que se encuentra el conflicto. Los trabajadores no han logrado que la empresa pague ni que las autoridades nacionales intervengan. Sin embargo, ni una ni las otras han logrado que los trabajadores se dispersen y se vayan a sus casas hambreados. Para los compañeros de Tiempo, la cooperativa tiene dos sentidos que son complementarios: de un lado, renueva las energías para continuar la lucha por las reivindicaciones pendientes; del otro, aparece como una salida laboral concreta. La cooperativa nace con buena parte del personal presente y organizado en torno de los reclamos por la deuda salarial y la preservación de los puestos de trabajo vía el pago de Repro, la derivación de la deuda por pauta nacional hacia los trabajadores y que no vaya a los bolsillos de los vaciadores, y los embargos preventivos de esos fondos, además de las demandas penales por la caída de la cobertura de salud y el robo de los aportes previsionales. Es decir, existe un programa de acción frente al Estado que le cubre las espaldas a la empresa de Szpolski, Garfunkel, Darío Richarte y Javier Fernández. La constitución de la cooperativa agregará, en realidad, un nuevo campo de lucha para los trabajadores de Tiempo, los que ahora deberán sumar nuevos reclamos al Estado para que éste sostenga el emprendimiento ante el escenario de crisis económica. Expropiaciones, subsidios y créditos formarán parte de estas demandas. La defensa de este programa es fundamental, porque se trata de evitar que la formación de la cooperativa aparte a los trabajadores de un camino de lucha contra el Estado y la patronal. Sólo por esta vía la formación de la cooperativa evitará transformarse en una variante de autoajuste de los trabajadores, como ocurriría si se resignasen a cobrar una fracción menor del salario de convenio. Por eso es crucial que junto a la cooperativa se fortalezca la representación gremial de los trabajadores junto al Sipreba y la unidad con los trabajadores de Radio América y el Grupo 23. Las experiencias realizadas hasta el momento mostraron como las penurias económicas sufridas por las cooperativas ofrecieron un campo propicio para que prospere la cooptación estatal. En este caso la situación adquiere una característica peculiar, siendo que esta cooperativa tiene por objetivo la producción de información periodística, lo que la convierte en un botín apetecible para aparatos políticos. De aquí se deriva la necesidad de preservar la democracia interna de la cooperativa, tanto en lo que tiene que ver con su destino económico como político-ideológico. Una responsabilidad especial recae sobre el Sipreba, que deberá hacer una campaña en defensa de la cooperativa a la vez que continúa su reclamo al gobierno y a la patronal por los reclamos pendientes. Deberá elaborarse un programa especial para plantear de qué modo se distribuye la pauta oficial, e incluso la privada, para evitar que el Estado y la clase capitalista termine asfixiando este emprendimiento obrero. El contexto en el gremio es de un creciente desempleo generado por los despidos que se vienen sucediendo desde fines del año pasado tanto en la prensa escrita, como en la radial y televisiva. Al mismo tiempo, las empresas ahondan sus reconversiones productivas y sus intentos de aplicar la polifuncionalidad. La nueva etapa en la que entra la lucha de los trabajadores de “Por más tiempo” requiere redoblar la lucha por la unidad y la independencia política de los trabajadores de “Por más tiempo” y del conjunto de los trabajadores de prensa.

Desde un comienzo, la campaña naranja empalmó con la lucha salarial, primero con el bono de fin de año y luego con las paritarias, poniendo de relieve que La Naranja es todo un factor en la lucha de los trabajadores gráficos; lo cual la coloca, objetivamente, como una alternativa. Desde fin del año pasado, la directiva verde bajó a todos los delegados la información de que se encontraba discutiendo un bono de fin de año de 6.000 pesos, luego que sería en cuotas y, finalmente, impotentes, informaron que la Cámara patronal ya ni siquiera iba a las reuniones. La respuesta de la burocracia frente a este “desplante” fue nula; por ello, generó un gran impacto en el gremio la noticia de que en varios talleres dirigidos por La Naranja se habían obtenido bonos de entre 4.000 y 6.300 pesos. La agrupación lanzó una campaña de spots y calcos que vienen siendo muy comentados en las fábricas, destacando que nuestro programa no es un objetivo lejano, sino una realidad que La Naranja conquistó y defiende en varios talleres. Algo que vale para la lucha por un salario mínimo igual a la canasta familiar, contra los despidos y por la estabilidad laboral, contra la precarización, por la defensa del convenio y las condiciones de trabajo, marcando un contraste enorme con la Verde, que es un verdadero colador para los despidos y que ha dejado una escala salarial que parte de los 8.000 pesos y queda -en su más alta categoría- debajo de la canasta familiar (ni hablar de sus socios de la Bordó). Y si algo faltaba para terminar de mostrar que el programa de La Naranja no se queda en los papeles, vino la enorme movilización protagonizada por las fábricas, donde se impulsó el paro y la movilización masiva por un aumento del 45 por ciento y contra las negociaciones de espaldas a la base del gremio. La movilización se convocó en 24 horas, al enterarnos que ese día había una reunión con la cámara patronal y que el sindicato, por primera vez en años llamaba a manifestar, pero en su caso por el... 28 por ciento en seis meses. La columna Naranja, que superó en número -y ni hablar en combatividad- a la del oficialismo, fue un “aire fresco” para el conjunto de los talleres del gremio donde no cierra el reclamo oficial. Para enfrentar el ajuste patronal En este contexto de intensa intervención en la lucha salarial y planteando la lucha contra los despidos, la militancia de la lista llega con su agitación a casi cien fábricas por semana, lo cual se amplía con las redes sociales; mientras, con sus delegados y activistas pone en práctica su consigna principal: "para enfrentar el ajuste patronal". La Verde, muy por el contrario, mientras dice estar "en la resistencia" se adapta a las paritarias cortas que impulsan Macri y la UIA para darle un golpe al salario en un segundo semestre recesivo. Reclamando un 28 por ciento, mientras la inflación desde las paritarias pasadas supera el 40. Es que la burocracia ongarista es una expresión más de la política kirchnerista, que intenta ubicarse como oposición a Macri, mientras ejecutan el ajuste con los gobernadores, aportan la mayor parte de los votos para el pacto buitre, y en el movimiento obrero dejan pasar el ajuste. La lucha por la organización y los votos a la Lista Naranja es parte de la lucha por constituir a la clase obrera y la izquierda como una alternativa, desnudando las falsas "resistencias" de los gobernadores del FpV y la burocracia sindical; la lucha clasista contra el ajuste y por las paritarias nos ubican defendiendo este programa en la acción.

Este 6 de abril, los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires desarrollaron un paro total de 24 horas a nivel provincial por la reincorporación de siete compañeros despedidos en enero pasado y contra el plan de ajuste que la gobernación de Vidal trata de imponer en el banco. El gremio bancario todo está movilizado. Ya ha sido convocado un paro nacional bancario para la semana que viene, el jueves 14, por la paritaria. El pasado 1˚ de marzo, ni la represión policial pudo impedir que la columna bancaria hiciera llegar su reclamo por los despidos del BCRA, el Bapro y todos los bancos privados, en ocasión de la apertura de sesiones del Congreso. El acampe contra los despidos lleva ya 50 días, a sólo 200 metros del despacho de Macri. La convocatoria del paro en el Provincia resulta una conquista de todos los trabajadores del banco y es producto de una larga pelea en asambleas en cada sucursal y sector por un plan de lucha propio, contra el privatismo y la precarización que el sciolismo desarrolló a fondo durante los últimos años. Este paro es en contra de una política, la del vaciamiento de la gobernación contra el banco, que se ha venido sosteniendo en el tiempo y se expresa en una orientación privatizadora de cada administración. En este sentido, Vidal y el actual presidente del Bapro, Juan Curutchet, condonan el desfalco de Scioli-Marangoni por 30 mil millones de pesos en los últimos dos años -que la provincia retiró del banco. Resulta imperioso que en cada banco se realicen asambleas contra los despidos, incluidos los encubiertos bajo la falsedad de los retiros voluntarios. No podemos aceptar ni un despido y debemos ocupar los edificios en caso de ser necesario, ese es el método a seguir ante la amenaza de cierre como en el Citibank. Resulta fundamental que le impongamos a la dirección nacional del sindicato la consulta en asambleas de cualquier acuerdo, para romper el cepo que el gobierno nacional trata de imponernos y desarrollar a fondo la pelea contra el impuesto al salario, contra el cual paramos una docena de veces en 2014. Sobran reservas de lucha en el gremio para derrotar el ajuste de Macri y los banqueros, desde la Agrupación Tribuna Bancaria nos planteamos desarrollar a pleno nuestra intervención para profundizar las medidas y llegar a la victoria, en defensa de la fuente laboral y nuestro salario.

El gobierno provincial acaba de realizar descuentos por medidas de lucha en los sueldos de 65.000 auxiliares de educación. En salarios que promedan los 8.000 pesos con el último aumento del 15% en dos cuotas, se calculan descuentos de entre 4.000 a 7.000 pesos, lo que representa un ataque brutal al bolsillo de la mayoría de los estatales. Esta medida es tan nefasta, que alcanza hasta mujeres con licencia por embarazo, personas que sufrieron ACV y otras que padecen cáncer, que por obvias razones no concurren a sus lugares de trabajo ni participan de medidas de fuerza. María Eugenia Vidal cerró una paritaria miserable con el apoyo de UPCN y la Federación de gremios estatales, y en estos días acaba de dictar un decretazo que avecina miles de despidos y el congelamiento de miles de vacantes. La gobernadora pretende descargar la crisis provincial sobre las espaldas de todos los estatales, atacando en toda la línea el derecho a la huelga. Mientras el gobierno avanza con el ajuste, las burocracias de ATE y Soeme convocan a medidas parciales, con paros de 48 horas aislados, sin continuidad ni preparación o con una retención de tareas por tiempo indeterminado, minoritaria en la provincia: así vamos a la derrota. Es necesario un cambio en la orientación del conflicto para quebrar el ajuste y defender nuestro derecho a la huelga. Está planteado más que nunca la convocatoria a un congreso provincial de delegados base con mandato que unifique al conjunto de los estatales, junto a los judiciales y médicos que están en conflicto. Dicho congreso debe resolver un plan de lucha con paros progresivos, arrancando con 72 horas y movilización a la gobernación, por un salario igual a la canasta familiar, contra los despidos, por los pases a planta permanente y la devolución de todos los días descontados por luchar.

El miércoles 6 se realizó un paro nacional de ATE-Trabajo y un masivo corte frente a la sede de Alem del Ministerio contra casi 300 despidos dispuestos por el gobierno. Desde el anuncio de los despidos, hace siete días, hay una paralización de hecho en el ministerio, con un estado de asamblea permanente y retención de tareas. Todas las mañanas, los trabajadores se concentraron en las puertas del ministerio para garantizar el ingreso de los despedidos, mientras delegaciones zonales fueron ocupadas o bloqueadas por sus trabajadores. El 6, un rotundo paro nacional del ministerio fue acompañado por un masivo acto en la sede central. Las asambleas y movilizaciones son las más grandes en la historia del organismo, con picos de participación que superan los 1.000 trabajadores. Incluso la burocracia de UPCN ha tenido que adaptarse a la situación y participar de asambleas. Hasta el momento, los funcionarios han dicho que están dispuestos a reincorporar a las embarazadas, a las personas con discapacidad y los veteranos de Malvinas, lo que representa una ínfima parte del universo de los despedidos. En el Ministerio de Economía -desde el anuncio, la semana pasada, de más de 150 despidos-, su combativa junta interna ha garantizado también a diario el ingreso de todos los despedidos. Además del estado de asamblea permanente y actos en la puerta del edificio, este miércoles 6 se realizó un quite de colaboración, de 11 a 14 horas, convocado por ATE y UPCN, durante el cual la Junta Interna de ATE se movilizó al Ministerio de Trabajo. Las autoridades, en este caso, han planteado, provocadoramente, que estaban dispuestas a reincorporar a sólo cinco compañeros. En las asambleas generales se votó la conformación de un fondo de lucha y se solicitó un plenario unificado de todo ATE para enfrentar los despidos. No es casualidad que las luchas más importantes registradas hasta el momento contra los despidos vengan de juntas internas combativas, que fueron ejemplos de la lucha contra la precarización laboral en los últimos años, y que no responden ni a la Verde ni a la Verde-Blanca. En estos dos organismos, la Lista Bermellón opositora ganó ampliamente en las últimas elecciones de ATE. Desde que se iniciaron los despidos en Economía y Trabajo, ATE Capital no ha convocado a un plenario de delegados, lo que sería fundamental para que el conjunto del gremio delibere ante la nueva situación y resuelva cómo sale a apoyar la lucha de los compañeros y se unifiquen las luchas contra los despidos que se están dando en todos organismos. ATE Nacional sigue dejando pasar los despidos, desde el 24 de febrero que no ha convocado siquiera a un nuevo paro nacional, que ahora anuncia... para el 19 de abril. Desde Tribuna Estatal exigimos la urgente convocatoria a un plenario de delegados de ATE-Capital para hacer frente a los despidos en los organismos nacionales y un paro nacional de ATE de 48 horas con movilización a Plaza de Mayo. Frente a los despidos masivos planteamos el paro y la ocupación de los edificios hasta que los compañeros sean reincorporados.

En menos de diez días, Bariloche sufrió la desaparición y muerte de Micaela Bravo, los femicidios de Ruth Sagaut y Natalia Báez, y la violación de una mujer. El lunes 28, una enorme y espontánea movilización de más de tres mil personas repudió la escalada de violencia hacia las mujeres. El martes 29, una nueva movilización se dirigió al Poder Judicial. Cien personas increparon a jueces y fiscales, repudiando el accionar de la Justicia, que garantiza la impunidad de innumerables casos que tienen como víctimas a las mujeres. Desde violaciones, trata de personas y femicidios, hasta apremios ilegales por parte de la policía a mujeres embarazadas que luchan por el derecho a la vivienda. En la mayoría de los casos, se trata de mujeres trabajadoras de los barrios altos de la ciudad. Mujeres de escasos recursos, quienes además de sufrir violencia de género comparten con sus compañeros la opresión de clase. Desempleo, precarización laboral y trabajo en negro. El Estado es el garante de cada uno de estos flagelos. Según los testimonios de los vecinos y del fiscal Lozada, la desaparición de Micaela podría haber estado vinculada con la trata de personas. Las redes de trata operan con el apoyo del municipio y las fuerzas de seguridad. Los prostíbulos vip ubicados a escasos metros de la municipalidad fueron denunciados por La Alameda en 2013. En aquel momento, bajo la intendencia de la kirchnerista María Eugenia Martini, se les proveía a los proxenetas de libretas sanitarias para las chicas prostituidas. Hoy, los prostíbulos siguen explotando sexualmente a jóvenes inmigrantes de República Dominicana. Las denuncias por violencia de género no son tomadas por la policía, las mujeres son hostigadas y obligadas a continuar conviviendo con sus agresores. Para las fuerzas de seguridad y la Justicia, las víctimas son responsables de sus muertes. En el caso de Ruth, estrangulada por su ex pareja, fiscales y policías buscaron caratular la causa como suicidio. En la misma sintonía buscaron responsabilizar a Natalia de su propia muerte por haber salido a bailar. La respuesta del intendente Genusso frente a la violencia de género fue cerrar la dirección de equidad de género y la casa de refugio a la mujer. Las denuncias de violencia de género recorren la provincia, involucrando al poder político y judicial. Los casos de prostitución infantil en Viedma, con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Social, y los abusos sexuales de funcionarios, sufridos por trabajadoras municipales de Allen, confirman las responsabilidades que le caben al Estado. Se hace imprescindible reforzar la movilización y la organización independiente, para exigir: ni una menos, juicio y castigo a los asesinos de Ruth Sagaut, Natalia Báez y Micaela Bravo, desmantelamiento de las redes de trata, consejo de mujeres autónomocon independencia económica y política.

El sábado 2 se registró un nuevo femicidio en la provincia. Salta ya tiene cuatro casos de femicidios en lo que va del año, dos de ellos a manos de policías. Como ocurriera en otros casos, el femicida es un policía que se valió del arma reglamentaria para cometer el hecho. Vuelve a ponerse de relieve la responsabilidad de la cabeza de la fuerza de seguridad en garantizar impunidad a los violentos. Es por esto que miembros de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, junto a otras organizaciones políticas y de Derechos Humanos, piden la inmediata renuncia del jefe de policía, Marcelo Lami. El femicidio de Jessica Sarapura, de 25 años, vuelve a poner en cuestión la impunidad y el encubrimiento con el que cuentan los violentos en la policía, que llevado a fondo permite eluso del arma reglamentaria para cometer crímenes. Es que como lo demostraron los dos casos de este año y los tres registrados el año pasado, la policía no toma ninguna medida contra quienes tienen denuncias por violencia de género. En 2015 se registraron denuncias previas a los femicidios de Marlene Herrera y Claudia. Incluso, como hacen muchas mujeres, solicitaron a jefes y comisarios que, por lo menos, trasladen a los violentos a otra ciudad para terminar con el acoso, pero no fueron escuchadas. En ninguno de estos casos las autoridades policiales procedieron a dar de baja, a detener ni a retirarles el arma reglamentaria a los policías denunciados. La descomposición de la fuerza policial es total: escándalos por narcotráfico, torturas para “conseguir responsables, casos de ‘gatillo fácil’, apremios ilegales y, sin dudas, esto termina traduciéndose en sus propios hogares”. Cínicamente, el gobernador, por su parte, en el discurso inaugural de las sesiones legislativas, dijo hacer todo lo posible para combatir la violencia que sufrimos las mujeres. Al tiempo que encabeza una política de entrega nacional y de ajuste brutal contra el pueblo, refuerza las fuerzas de seguridad y les garantiza una mayor impunidad. En este cuadro, el jefe de policía, Lami, hizo nuevas declaraciones justificando a los violentos: “es una lástima que se use el arma reglamentaria para cuestiones personales” o “los problemas personales son ajenos a la labor de la policía”. La violencia hacia la mujer no puede ser abordada como un problema privado y aislado. El femicida actúa con total conciencia de lo que hace y de la impunidad con la que cuenta. El policía violento debe ser dado de baja. Ahora el oficialismo anuncia la modificación de la Carta Orgánica de la Policía para que a los policías que tengan denuncias por violencia le retiren el arma. Pero esto no es más que otro espejismo: una institución que está plagada de descomposición y de funcionarios que legitiman la violencia hacia la mujer no puede curarse a sí misma. Por esto, es que exigiremosla inmediata renuncia de Lami y del ministro de Seguridad, responsables políticos de la impunidad de la policía. En el camino de reforzar la organización de la mujer contra esta barbarie. Vamos por una organización, electa y conformada por las mujeres, que le imponga al estado sus reivindicaciones y el fin de la impunidad.

El solo hecho de que Roberto Fernández, el “capo” de la UTA, apareciera en el estrado junto a las patronales y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich -que se lo agradeció especialmente- cuando anunció aumentos del 100% en los pasajes, habla de una complicidad absoluta con el gobierno macrista, las empresas y el tarifazo. Los medios vincularon a dichos protagonistas con un paquete negociado en común, sobre el precio del pasaje, subsidios y aumento salarial. Pero mientras las patronales habrían obtenido un aumento del boleto al doble y un incremento de los subsidios de 500 millones sobre los 2.161 que reciben todos los meses, más una rebaja de 15% en el precio de chasis y carrocerías (La Nación); la UTA, en cambio, se fue con un aumento de 29% en cuotas para doce meses. El cual, anualizado, va a ser bastante menos, mientras la inflación corre a un ritmo de 50% anual. Fernández respaldó el aumento del boleto: “No voy a ser hipócrita, hay que pagar tarifa para funcionar”, dijo el jefe sindical. El pacto con emapresas y gobierno lo lleva a apoyar un aumento en el costo de vida de la población por dos vías: el aumento de transporte y el que éste traslada a todas las mercancías. Los trabajadores de la UTA deben rechazar tanto este aumento salarial a la baja, así como también el aumento del boleto, cuyos costos reales la población ignora. Reclamar una paritaria en serio con asambleas y paritarios electos, y una auditoría independiente, que haga público el movimiento real de fondos de las empresas y los subsidios que, se sabe, son desviados a inversiones privadas de todo tipo.

El conflicto en el Lavadero Belgy, abierto a partir del despido injustificado de un trabajador, ha suscitado un plan de lucha por los trabajadores y un repudio del conjunto de la clase obrera pergaminense. El despido forma parte de una avanzada más general contra el pueblo trabajador que incluye el megatarifazo, las paritarias a la baja y la precarización laboral. Es el ajuste que exigió el capital financiero para acordar el endeudamiento y el arreglo con los Fondos Buitre. Mauricio Davreux, titular del Ministerio de Trabajo en Pergamino, afirmó que en los últimos tres meses fueron más de 400 los despidos en nuestra ciudad, principalmente en la industria textil. Se confirma que el despido de trabajadores estatales precarizados sólo vino a servir de ancla a la totalidad de los trabajadores. La patronal, que argumentó el despido aduciendo que “no se asimilaba con el grupo”, arremete ahora con una nueva extorsión: el cierre de la fabrica, manifestando un virtual vaciamiento de la misma, a costa de los trabajadores. La unidad de la clase obrera se ha convertido en una tarea fundamental en este proceso de ajuste de Macri, los gobernadores e intendentes. Convocamos a todos los sindicatos a pronunciarse contra este ataque al pueblo trabajador, lo mismo que el concejo deliberante. Desde el Partido Obrero de Pergamino nos solidarizamos con los trabajadores de Belgy y llamamos al conjunto de los trabajadores y vecinos de Pergamino a aportar al fondo de lucha. Contra los despidos y suspensiones, preparemos la huelga general.

En la última semana de marzo se produjeron alrededor de 150 despidos en la empresa de telecomunicaciones Nextel, que se suman a otros que se venían dando desde el año pasado en áreas de cobranzas, crédito, ventas, etc. Nextel había sido comprada por Cablevisión/Clarín en septiembre del año pasado, pasando a compartir acciones con el grupo financiero Fintech, que también está dentro de Cablevisión y acaba de comprar nada más y nada menos que Telecom. El objetivo de estos despidos es avanzar en el vaciamiento de Nextel a nivel nacional, cerrando sucursales y edificios y reduciendo la empresa a la que los usuarios denuncian por mal funcionamiento, que se debe a la falta de inversiones en equipos y terminales. Se trata de una política de desguace de Nextel para mantener sólo sus áreas más rentables. Ante los despidos, los delegados y trabajadores de Nextel impulsaron en la mayoría de los edificios asambleas permanentes (en los hechos paro de actividades). Esta medida fue levantada cuando el Ministerio de Trabajo “dictó” la “conciliación obligatoria” a cumplir desde el 1˚ de abril. Pero la patronal no la acató, impidiendo el ingreso de los despedidos, reforzando la seguridad policial en la puerta de los edificios y colocando un enorme vallado en la sede de Paseo Colón. A pesar de esta provocación anti obrera, la directiva de Foetra decidió levantar las medidas de lucha (asamblea permanente, movilización en la puerta, etc.) planteando que “a pesar del incumplimiento de la empresa Nextel, nuestro gremio seguirá respetando el acuerdo al que habíamos llegado con el ministro Jorge Triaca y denunciamos la negativa de la firma en el mismo Ministerio de Trabajo”. Pero el incumplimiento de la “conciliación obligatoria” por parte de la patronal plantea retomar las medidas de lucha inmediatamente. De lo contrario, la farsa de la “conciliación” será un arma para viabilizar este ataque contra los trabajadores. Los sindicatos telefónicos deben intervenir con una política independiente de los diferentes intereses patronales en disputa. Deben defender la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, sin distinción entre planta permanente, contratados, fuera de convenio, convencionados, afiliados o no afiliados. • Ningún despido. De lo contrario, la consigna “si tocan a uno, tocan a todos” es un simple slogan que no se aplica a la lucha real. • Por el correcto encuadramiento de los “fuera de convenio”. No al vaciamiento. • Que se convoque al plenario de delegados de Foetra para votar un plan de lucha por la reincorporación de todos los compañeros despedidos. • Por el adelantamiento de la paritaria salarial. El gremio no puede esperar hasta junio en medio de los descuentos del impuesto al salario y la inflación y los tarifazos. • Por una gran movilización de todo el gremio. Por el paro y ocupación de Nextel hasta la reincorporación de todos los despedidos.

-Hemos dicho en Prensa Obrera que Tierra del Fuego está rebelada… -Ya no sólo se trata de un acampe fuera de la Casa de Gobierno, también hay un acampe bloqueando el acceso a Ushuaia, otro en la plaza principal de Tolhuin y uno más en Río Grande. Excede los límites de un movimiento gremial y sólo estatal y se ha expandido al conjunto de la población y gremios privados. -El ajuste más brutal lo lleva adelante una administración justicialista… - (La gobernadora Rosana) Bertone hace punta en lo que a ajuste se refiere. Ha metido un paquete aumentando la edad jubilatoria. No sólo no ha abierto las paritarias, sino que directamente con este paquete de ajuste hay una rebaja salarial. Este gobierno kirchnerista, en vez de "resistir con aguante", se alinea con las mismas políticas que el macrismo lleva a nivel nacional. -¿Bertone ha cambiado de posición? -Primero ninguneó la lucha. Después, ante la enorme respuesta popular (marchas de más de 15 mil personas), tuvo que recular y hacer modificaciones cosméticas. Finalmente, al constatar que no hay un recule de los luchadores, ha intentado amedrentar con la Gendarmería el acampe de la Ruta 3 y los cortes de Río Grande. Esta represión no pudo ser posible, a pesar de que hubo cuatro pedidos del fiscal correspondiente, porque el titular de la Gendarmería en Tierra del Fuego manifestó que no tiene el personal suficiente y que sería necesario que le envíen gendarmes del norte del país para poder reprimir la protesta.

“Existe una continuidad entre los reyes españoles que nos negaron una universidad por cuatro siglos con el que ayer negó nuestra nacionalidad. Perdura una barbarie incesante entre sus antepasados y Felipe VI”. El escritor puertorriqueño Eduardo Lalo planteó esta crítica en el VII Congreso Internacional de la Lengua Española en San Juan de Puerto Rico. Lo aplaudió media sala de pie. El escritor hizo referencia así a las palabras de inauguración del rey español Felipe VI, quien había señalado: “La Reina y yo sentimos una gran alegría por viajar nuevamente a los Estados Unidos de América y por hacerlo poco después de haber visitado La Florida. Hoy estamos en Puerto Rico, donde también se manifiestan de una manera tan intensa y fructífera nuestra historia y cultura (…). Es la primera vez que un congreso panhispánico de esta serie inaugurada en 1997 se celebra en un país tan íntimamente ligado al conjunto de los Estados Unidos (…). El (idioma) español ha dejado de ser una lengua marginal de emigrantes para integrarse como lengua social y de cultura en la sociedad americana” (AFP, 15/3). Horas antes de hacer ese pronunciamiento en el Congreso de la Lengua (al que asistieron 300 escritores y académicos de 24 países), el premiado Eduardo Lalo (una de las voces literarias más prestigiosas de la isla) había escrito una columna en un diario titulada “Actos de barbarie”. Escribió allí: “En el discurso de Felipe VI se nos anuncia que está contento de visitar Estados Unidos y de descubrir un lugar donde el español 'mestizo' alterna con el inglés. Luego añadiría que éste ‘no es el lugar para tratar la historia de Puerto Rico’. Pues sí, Majestad y señor (director del Instituto Cervantes, Víctor García) de la Concha, este Congreso es el lugar y la ocasión perfectos para tratar esa historia. ¿Dónde sería más pertinente y apropiado?”. Siguió: “Si Puerto Rico, luego de casi 118 años de agresiones y presiones estadounidenses, ha preservado la lengua española y su cultura caribeña y latinoamericana, y las ha desarrollado tanto o más que otros países de América, ha sido por la voluntad, la resistencia y la energía creativa que poseemos. Ignorar olímpicamente el grave problema político de Puerto Rico, del que también son responsables tanto España como Estados Unidos, es cuanto menos un acto de inconciencia o ignorancia” (la columna completa: http://cor.to/idiomapr). En una entrevista con la Revista Ñ publicada días después, Lalo sostuvo: “Los puertorriqueños hablamos español, no hablamos un español mestizo como dijo el rey en la inauguración del Congreso. Dicho esto por un español, resulta abiertamente racista porque lo menos que presupone es ‘mira esta gente, qué raro que habla’. Somos supervivientes. Filipinas perdió la lengua hace 50 años, nosotros no”. En Puerto Rico, el inglés se enseña como segunda lengua, aunque se ha estimado que sólo 10 a 20% de los isleños domina el inglés “muy bien” y, según datos de 2009, nueve de cada diez residentes no hablan el inglés “en un nivel avanzado”. El 95% de los residentes habla español en la casa. El País de España destacó (el 19/3): “La relación de los puertorriqueños con el país del norte resulta compleja. En las calles se respira una auténtica manera de ser latina y el español es una barricada que reivindican con orgullo”. Aún más: durante la inauguración, antes de que comenzara a hablar el rey Felipe VI de España, un activista local (el cineasta Pedro Muñiz) pidió por la libertad del independentista Oscar López Rivera, preso en una cárcel estadounidense acusado de atentar contra el gobierno federal hace más de tres décadas. Puerto Rico es un "Estado asociado" de la Unión Americana que se encuentra en bancarrota, con deudas impagables de más de 70.000 millones de dólares, en poder de acreedores en territorio de Estados Unidos y de bancos locales. Fue un territorio invadido por Estados Unidos en 1898; hasta entonces había sido colonia española. “Aquí el idioma es un hecho político”, señaló el escritor y periodista Héctor Feliciano. El alegato de Eduardo Lalo contra Felipe opera como ese hecho político: la defensa de la cultura como principio de soberanía; es, en ese sentido, una categórica denuncia contra la histórica opresión de España y Estados Unidos contra el pueblo puertorriqueño (en la isla y como inmigrantes en Estados Unidos). Esto debe ser un punto de apoyo en la comprensión política del pueblo de Puerto Rico en el camino hacia su independencia, en la perspectiva de la unión a una América Latina socialista.

Tan sólo dos días después que Cambiemos, el Frente Renovador, el FpV y el PJ aprobaran el acuerdo con los fondos buitre en el Senado, el gobierno de Macri anunció un enorme tarifazo. Esto golpea de lleno a los estudiantes que afrontamos el gasto de dos o más transportes por día para ir a estudiar. Mientras el gobierno de Vidal argumenta "dificultades técnicas" para implementar el Boleto Estudiantil Gratuito, aprobado en 2015, han premiado a las privatizadas con un aumento del 100% en la tarifa del transporte, sin mediar dificultad alguna. El proyecto de ley, cuya aprobación fue conquistada por la lucha de miles de estudiantes y trabajadores de la educación, enfrenta ahora una suerte de "Veto" por parte del Ejecutivo provincial. Primero Scioli violó la ley, que estipulaba que debía reglamentarse en 2015, y ahora Vidal la posterga indefinidamente, demostrando que no está en sus planes aplicar un beneficio de vital importancia para la juventud. La movilización autoconvocada a Plaza de Mayo, el 7 de abril, por un Boleto Educativo Gratuito en todo el país es un síntoma muy positivo de cara a la lucha planteada en la Provincia. De la misma manera, la implementación definitiva del Boleto en provincia de Buenos Aires no sólo sería un golpe al ajuste y el tarifazo de Macri y Vidal, sino que también significaría un impulso para el conjunto de los estudiantes del país. El 14 vamos todos a La Plata La UJS está librando una gran lucha política en toda la provincia para organizar la movilización del 14 de abril hacia la gobernación, frente a la intención del kirchnerismo y Patria Grande de levantar la movilización ya resuelta. La misma fue impulsada por la FULP, que integró a otros centros de estudiantes y gremios combativos conformando una Coordinadora Provincial. Tanto en la UNLP como en el resto de la provincia, el kirchnerismo utiliza sus centros para desmovilizar a los estudiantes. Esto, a espaldas de los estudiantes, y en función de garantizar la "gobernabilidad" al Estado nacional y provincial en medio del brutal tarifazo y la crisis política de los #PanamaPapers. La UJS y otras agrupaciones independientes impulsaremos asambleas, reuniones de delegados y toda instancia de organización, para que el conjunto del estudiantado se pronuncie y, de esta manera, garanticemos una movilización de miles el 14 en La Plata. En el interior, donde el tarifazo tendrá un mayor impacto, se están preparando importantes jornadas de lucha. En particular, en Bahía Blanca el 12 de abril los estudiantes recibirán a Vidal con un pliego de reivindicaciones en defensa de la educación pública, luego de una movilización de cientos de estudiantes por el boleto a mediados de marzo. Pongamos en pie un gran movimiento de lucha de los estudiantes para quebrar el ajuste y el tarifazo, en defensa de la educación pública. El 14 de abril, todos a la calle por la implementación inmediata del Boleto Estudiantil Gratuito.

La jornada de movilizaciones y huelgas del 31 de marzo en Francia encontró en la calle a más de un millón de trabajadores y jóvenes. Es un movimiento que lleva un mes y se concentra en el rechazo a la nueva ley laboral del gobierno socialista. Esta movilización es la más importante en Francia desde 2010, en defensa de las jubilaciones, y en 2006, el movimiento de jóvenes contra la precariedad. A diferencia de entonces, es una lucha contra un gobierno socialista. El ciclo de enfrentamientos entre el movimiento obrero y la juventud contra las políticas de austeridad sigue abierto, mientras la crisis europea ha avanzado cualitativamente. Hay una conjunción entre movilización social, derrumbe político y crisis económica, que ahora tiene su centro en Francia, pero que de diversas maneras se manifiesta en toda Europa. Los gobiernos socialistas y de izquierda están destinados a contener a las masas e imponer la política de crisis (con un coctel variado de austeridad y reactivación). El derrumbe del gobierno Hollande/Valls es paradigmático desde este punto de vista. Si la lucha actual terminara en una victoria, será la calle la que habrá terminado con un gobierno de izquierda y de austeridad, y las consecuencias políticas serían enormes. El esfuerzo dominante del gobierno, de la burguesía, de los partidos y de las direcciones sindicales es evitar este desenlace, pero lo están haciendo en el cuadro de un descalabro. La izquierda del PS precipitó los acontecimientos con declaraciones incendiarias contra el gobierno, el PC no pesa como conciliador y las direcciones sindicales de la izquierda (CGT, FO, FSU, Solidaires) estuvieron obligadas a llamar al retiro del proyecto de reforma laboral y a las jornadas de movilización. El punto es que la propia burguesía duda ahora en comprometerse con una política que hace agua. Una orientación alternativa La conjunción entre clase obrera y juventud es más marcada que en el pasado y los jóvenes dieron el primer paso de la agitación callejera. La organización en asambleas generales y la Coordinadora nacional y regional fue y es un punto de apoyo. De aquí derivan tendencias y orientaciones que diluyen la intervención del movimiento obrero y caracterizan simplemente la existencia de una “movilización juvenil”. No toman en cuenta que la movilización juvenil es minoritaria y que, a diferencia de 2006, no estamos en presencia de una lucha masiva de la juventud apoyada por los trabajadores. El rol fundamental de las asambleas estudiantiles no puede ser “bajarle la línea a las organizaciones y los militantes obreros”, sino convocar a movilizarse conjuntamente con una línea de intervención de lucha de clases. En los últimos días, los sectores y militantes más autónomos han tratado de cristalizar una estructura independiente con reuniones y asambleas en la Plaza de la Republica en París. Intervienen varios centenares de jóvenes y los voceros teóricos practican más bien el mesianismo, ignoran las reivindicaciones y desprecian la organización y a los militantes obreros. Quieren reproducir el movimiento de los Indignados y de la Puerta del Sol, pero no son un factor del movimiento real de la lucha. La organización obrera militante Los ferroviarios huelguistas de Grenoble (en el sur de Francia) redactaron una carta abierta a las federaciones SUD y CGT criticándolas por no haber aprobado la huelga prorrogable y llamando a una extensión del movimiento. En Saint-Denis, suburbio obrero de París, se constituyó una Intersindical. La movilización del 31 comprendió 260 ciudades. En capitales regionales como Toulouse la manifestación fue enorme y en muchos pueblos comprendió también a algunos miles. Una de las fuerzas del movimiento es este carácter nacional y la existencia de centenares de sindicatos locales y/o agrupamientos militantes que son a la vez una palanca y una correa de transmisión. Hay miles y miles de militantes sindicales, cuyo horizonte político puede seguir siendo la izquierda democratizante, pero que están dispuestos a luchar contra el gobierno y los programas de austeridad y que no dudan ahora en diferenciarse de sus direcciones nacionales. Las confederaciones sindicales no ordenan y controlan en el vacío, tienen que contar con esta fuerza. Las próxima jornada está prevista para el 9 de abril. Será una movilización callejera, esta vez un sábado -esto es, prácticamente sin huelgas. La fuerza del movimiento va a depender de la capacidad de los activistas de avanzar en sus pronunciamientos, en su estructuración local, en su capacidad de expresión nacional. Todo y todos por la victoria. Una nueva etapa política puede abrirse.

La resolución política del XXIII Congreso del Partido Obrero abordó el problema de las libertades democráticas. El acuerdo con los fondos buitre y el ajuste sobre las condiciones de vida de las masas se complementa con un ataque sobre los luchadores. La resolución destaca la puesta en pie del protocolo represivo de Macri-Bullrich y el operativo para una reintroducción del Ejército en la vida social, con el pretexto del combate al narcotráfico (una cuestión que el kirchnerismo ya había intentado promover con Milani). “La demagogia derechohumanista que rodea la visita de Obama apunta a un blanqueo histórico del imperialismo, con vistas a esta colaboración represiva en ciernes”, destaca la resolución. La cuestión de las libertades democráticas deja planteada una agenda de lucha. Redoblar la campaña contra el procesamiento de los dirigentes de ATE Mendoza, Raquel Blas y Roberto Macho, primeros imputados por el protocolo antipiquetes; por los compañeros docentes y camioneros de Tierra del Fuego y los docentes de Santiago del Estero, y por el juicio y castigo a los asesinos del obrero de la construcción Darío Avalos. La resolución advierte también sobre la elevación a juicio de la causa contra José Kobak, del PO tucumano, luchador contra el fraude electoral en dicha provincia. Las consignas definidas son: abajo el protocolo represivo, abajo el procesamiento de los luchadores, cárcel común a Pedraza y a todos los represores.

El debate en la Comisión de la Juventud del XXIII Congreso del Partido giró en torno a la convocatoria al próximo Congreso Nacional de la UJS. La fecha escogida, 28 y 29 mayo, coloca la iniciativa en el centro del primer cuatrimestre. La coincidencia con el aniversario del Cordobazo destaca nuestra estrategia política: unir a la juventud con la clase obrera, transformándola en alternativa de poder al régimen del ajuste y la entrega nacional. La convocatoria al Congreso en una necesidad de la juventud. Es imperioso darle un canal de expresión organizada a la enorme deliberación política que desató el ascenso del macrismo y sus primeros cien días de carestía, despidos y tarifazos. La caída de convenios y contratos y la suba descomunal de precios y tarifas golpea directamente al corazón de la juventud precarizada. La consigna del boleto educativo gratuito se está imponiendo en colegios y facultades y ya suscitó movilizaciones en Plaza de Mayo, La Plata y distintos puntos del país. La Comisión debatió acerca de la debilidad del macrismo en la juventud. El propósito de animar una “juventud PRO” está fatalmente condicionado por las características de un grupo empresarial improvisado, cuya ideología radica en las Islas Bahamas y las cuentas offshore. El gobierno tendrá que valerse de las estructuras viciadas de Franja Morada y el peronismo de derecha para viabilizar su política. Las viejas camarillas universitarias, sostenidas a fuerza de convenios y recursos propios durante la última década, ya están girando hacia la Casa Rosada. El kirchnerismo enfrenta este proceso, que es el resultado de su propio fracaso, con una fuerte disgregación política. Unidos y Organizados no pudo formar columna el 24 de marzo: sus agrupaciones están divididas entre el peronismo colaboracionista (Movimiento Evita) y la defensa exasperada de la procesada camarilla K (La Cámpora). Esto ya provocó crisis en los centros que dirigen; en Sociales de la UBA, por caso, La UES se alineó con el sector de Bossio y se presentó en la lista del Consejo Superior de Franja Morada. El papel de bloqueo que estas agrupaciones alimentadas por el Estado pretendieron jugar frente a la radicalización juvenil de 2001 y los sucesivos “estudiantazos”, continúa ahora bajo el gobierno Macri. La verborragia opositora no alcanza para ocultar que lo que prima es la dependencia de las autoridades, intendentes y gobernadores del FpV, metidos hasta el cogote en el ajuste. La Cámpora, que llegó al exabrupto de postular a Insfrán-Moreno para dirigir al PJ, no levantó la voz frente a la represión, los despidos y las huelgas que recorren Santa Cruz, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. La izquierda que tiene por política el acople con el kirchnerismo en disgregación se conforma ella misma como factor de freno. Patria Grande cometió un crimen de “leso movimiento estudiantil” al apoyar al rectorado privatista de Tamarit en la Universidad de Córdoba. La usurpación de la bandera de la Fuba para marchar el 24 de Marzo con La Cámpora y Aníbal Fernández revela un camino sin retorno. El ocaso de los gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas en América Latina es la “caída del Muro de Berlín” para la izquierda chavista. El ajuste del Macri y los gobiernos provinciales pondrá a prueba a las direcciones del movimiento de la juventud. Se abre una etapa de luchas y transición en el movimiento estudiantil. El Congreso Nacional de la UJS es, antes que nada, una instancia de reagrupamiento y movilización política. En los próximos días estará en la calle el manifiesto y el afiche de convocatoria. Nos proponemos una campaña de plenarios y asambleas para interesar a activistas y agrupaciones en barrios, facultades y colegios de todo el país. El financiamiento no es un tema menor, y requerirá una rigurosa planificación de aportes, colectas, fiestas e iniciativas para garantizar el viaje de todos. Pongamos a la UJS al frente de la lucha de la juventud contra el gobierno del ajuste, los buitres y el protocolo. Llevemos a la práctica la gran tarea que el Cordobazo dejó pendiente: desarrollar la unidad obrera-estudiantil en una poderosa organización socialista de masas de la juventud.